miércoles, 21 de julio de 2010

Mercaderes del color cubano. Por Gabriel Albiac

La compra de Moratinos se hace en cheque contra los principios políticos y morales de la UE.

«YA no hay inguna razón para mantener la Posición Común» de la Unión Europea hacia la dictadura Cubana: Miguel Ángel Moratinos expresaba lo que él llamaba «su creencia», hace apenas dos semanas, en el curso de su visita de amistad a los hermanos Castro. Y respaldaba su fe, echando mano a las íntimas confidencias de enigmáticos «colegas» europeos, entusiasmados ante la perspectiva de que, «si conseguíamos zanjar la cuestión de los presos, pues lógicamente se levantaría la Posición Común… Espero que ahora mis colegas europeos respondan a lo que era el compromiso».

Prescindamos de la mala sintaxis y el gusto por el anacoluto del ministro. Atengámonos sólo a su contenido:

1. La Posición Común de Europa frente a la dictadura fue fijada en 1996, por iniciativa del entonces presidente español, José María Aznar.

2. Esa Posición Común es juzgada hoy por Moratinos como un grave error desde su origen.

3. La permuta de las penas de prisión contra diecinueve presos políticos cubanos por penas de destierro debería bastar para el restablecimiento de relaciones plenas con la dictadura.

4. Un indefinido bloque de ministros europeos de exteriores estaría aguardando la coartada que Moratinos les tiende para anudar lazos de amistad con Castro.

A fuerza de repetirla, la fórmula «Posición Común» corre el riesgo de no decir nada. No está de más recordar sus términos literales. En 1996, cuando fue aprobada, esa condena del medio siglo de dictadura se asentaba sobre principios elementales para la democracia: la UE constataba el endurecimiento de la dictadura tras el derrumbe soviético y buscaba asentar condiciones para una transición hacia la democracia, similar a la de los países del Este en los años noventa. Básicamente, «respeto de los derechos humanos» e inicio de «un constructivo diálogo político, enfocado a los resultados» de consolidar la cooperación entre todos los sectores de la sociedad cubana para una salida pacífica a la putrefacción económica y moral. Las medidas constrictivas de la UE buscaban «promover el proceso de transición a una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, al igual que una recuperación y mejoramiento sostenible de los estándares de vida de los cubanos».

¿Qué pasó luego? Que el castrismo se enquistó. Y que la represión contra toda disidencia se hizo más recia. Hasta culminar en la oleada represiva del año 2003, como consecuencia de la cual buena parte de la tan frágil oposición cubana acabó en presidio. Sin garantías judiciales y en condiciones de detención bestiales. Algunos de aquellos rehenes de Castro han sido ahora «comprados» por Moratinos. No seré yo quien reproche que se pague a un torturador para salvar del dolor a un inocente. Lo sórdido aquí es que el ministro español no ha pagado en metálico y rindiendo cuentas claras, lo cual hubiera sido humanitariamente elogiable y políticamente legítimo. La compra de Moratinos se hace en cheque contra los principios políticos y morales de la UE, a cuyos miembros exige que rectifiquen su condena de la dictadura. Sin que un solo ápice del castrismo haya sido desmontado. No es mal negocio para los hermanos Castro. Que en esto del chantaje son artistas.


ABC - Opinión

ETA. Rubalcaba y Trillo. Por Agapito Maestre

La tercera iniquidad, seguramente la más horrorosa desde la perspectiva política, consiste en negarle un sentido democrático a las víctimas, o sea, nunca las víctimas deberían participar en el proceso público qua víctimas.

Cayetano González, un buen periodista y antiguo asesor de Jaime Mayor Oreja en el Ministerio del Interior, mantiene que las relaciones entre Rubalcaba y Trillo son, por decirlo suavemente, radicalmente asimétricas y desiguales. Más aún, según mi buen amigo Cayetano, de cada diez veces que se reúnan estos personajes para tratar asuntos relacionados con ETA, pocas, quizá ninguna, serán las ocasiones en las que Trillo logre imponer sus criterios. En otras palabras, si diez veces se entrevistara el ministro del Interior de Zapatero con Trillo, sin duda alguna, las diez veces saldría engañado el comisionado del PP sobre política antiterrorista.

No comparto la tesis de mi amigo, porque no creo que Rubalcaba sea tan listo y Trillo tan torpe. Por el contrario, creo que Trillo es tan cuco y listillo que ha conseguido hacernos creer la tesis de Cayetano, pero lo cierto es que el jurídico-militar, señor Trillo, lejos de ser el engañado, consigue hacernos creer que el pérfido es Rubalcaba. No sé, en verdad, si Trillo es el mejor personaje del PP para pactar con Rubalcaba la política antiterrorista, entre otros motivos porque tiene que ocultar algunos asuntos escabrosos de su pasado en la cartera de Defensa, pero no me cabe la menor duda de que es el hombre idóneo del PP para apoyar la política penitenciaria del Gobierno de Zapatero con los terroristas de ETA.

Trillo, sí, apoya por completo, como se ha encargado de pregonar la prensa amiga de Zapatero, la política penitenciaria de Rubalcaba para sacar de la cárcel a asesinos de ETA. Trillo es un hombre tan celoso de la "democracia" institucional, o mejor, reducida a las convenciones institucionales, que antes que prestarle apoyo a la sociedad civil, por ejemplo, a una asociación de víctimas del terrorismo, se entregaría a los designios del ministro del Interior. Por lo tanto, si Trillo no sale en los próximos días a rectificar las declaraciones de Rubalcaba sobre los beneficios penitenciarios de los etarras supuestamente arrepentidos, tendremos que pensar que también él considera que en la cárcel de Nanclares de Oca ya "no hay ningún preso de ETA".

Semejante barbaridad sólo es concebible en un Gobierno que no sólo olvida a las víctimas de los criminales de ETA, sino que pretende construir sobre su sangre un nuevo Estado. El PP estaría en lo mismo que el PSOE, o sea, sería menester pasar página cuanto antes del gran crimen de ETA y los independentistas contra el Estado de Derecho. Bastaría un leve arrepentimiento de unos pocos terroristas para decir que estamos ya en otro capítulo de la historia. Falso. Nunca una sociedad democrática y libre puede dejar de castigar a quien la ponga en cuestión. Sobre la sangre de los españoles asesinados por el terror no se puede construir un nuevo "Estado". Eso sería una maldad, una perversidad, un crimen de guante blanco. Sin

embargo, por desgracia, sobre esta vileza ha estado operando el Gobierno de Zapatero desde el año 2004. En realidad, como he dicho en otras ocasiones, son tres las iniquidades perpetradas por el Ejecutivo de Zapatero. Primera, han querido y, en cierto modo, han conseguido montar un nuevo Estado sobre el sufrimiento de los españoles. Segunda, exigen políticamente discreción a la víctima y, al final, han impuesto a través del dinero que la mayoría de las víctimas guarden silencio; por fortuna, aún quedan muchas voces dispuestas a seguir gritando: "Memoria, dignidad y justicia". Y la tercera iniquidad, seguramente la más horrorosa desde la perspectiva política, consiste en negarle un sentido democrático a las víctimas, o sea, nunca las víctimas deberían participar en el proceso público qua víctimas.

En fin, si Trillo no sale a rectificar las declaraciones de Rubalcaba, entonces tendremos que creer que apoya las tres grandes iniquidades de los socialistas en la lucha contra el terror.


Libertad Digital - Opinión

El escorpión y los etarras. Por M. Martín Ferrand

Los etarras arrepentidos que regresan a sus pueblos vuelven, al tiempo, al escenario de sus crímenes.

HAY una franja de asuntos políticos, casi siempre próximos a las competencias de Interior, en la que entran en conflicto el derecho de los ciudadanos a la información, a saber lo que pasa y nos afecta, y el deber que algunos altos cargos del Estado tienen de obrar con prudencia y sigilo. Es el caso de la política consensuada entre el PSOE y el PP —entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Federico Trillo— para aliviar la situación carcelaria de los etarras que, desobedientes a la organización asesina a la que pertenecen, muestren arrepentimiento y digan proponerse un futuro cívico de integración democrática y hábitos civilizados.

José Luis Rodríguez Zapatero, de quien se puede dudar de su talento, pero no de su constancia, siempre tuvo en la cabeza la inscripción de su nombre en los anales de la Historia por ser el líder capaz de terminar con ETA y cerrar un capítulo especialmente doloroso y dominante en nuestra convivencia a lo largo del último medio siglo. Sigue en ello y puede defender su actitud con los antecedentes que, con mayor o menor intensidad y confianza, le proporcionan las iniciativas emprendidas al respecto por todos los jefes de Gobierno que hemos conocido desde el arranque de la Transición e, incluso, en los últimos tiempos de Francisco Franco.

El asunto es delicado y no podría justificarse por la nobleza del fin que se pretende cualquier método que pueda llevar hasta él; pero, aun entendiendo que la actitud de los responsables debe circular entre la moralidad y la legalidad, surgen problemas prácticos de fácil comprensión y difícil solución. Los etarras arrepentidos que regresan a sus pueblos y sus casas y reclaman los gestos de la cotidianidad vuelven, al tiempo, al escenario de sus crímenes. ¿Cuáles pueden ser, al encontrárselos, los sentimientos y las reacciones de quienes, no hace mucho tiempo, fueron sus víctimas? La misma autoridad que, en su día, no pudo defender y preservar la vida y los intereses de las víctimas es la que ahora facilita la recuperación ciudadana de los victimarios.

La situación es compleja y, salvo por lo que respecta a las filtraciones periodísticas acostumbradas y siempre unidireccionales, debe celebrarse la discreta actitud de Rubalcaba y sus interlocutores en el PP. Ojalá pueda aplicárseles una vieja anécdota peliculera. Cuando rodaba Centauros del desierto, alarmado por la noticia de que un escorpión había picado a John Ford, Merlan Cooper, el productor del filme, llamó a John Wayne para interesarse por la situación del mítico y genial director. Ford está bien, le dijo Wayne, el que ha muerto es el escorpión.


ABC - Opinión

Crisis. El peligro de un ZP sin presión de los mercados. Por Emilio J. González

La reducción de la prima de riesgo de España que está teniendo lugar en estos días no es tan buena noticia como parece, porque puede dar lugar a que ZP vuelva a las andadas y no se haga todo lo que se tiene que hacer.

En este país vivimos una situación tan disparatada que una noticia que, en términos objetivos, es buena, bajo Zapatero se convierte en preocupante. ¿A qué me refiero? Pues ni más ni menos que a la reducción de tipos de interés y del diferencial con el bono alemán que los mercados están aplicando a la deuda pública española.

En los últimos días, el diferencial con Alemania, que llegó a alcanzar en este mismo mes de julio máximos históricos desde que el euro entró en vigor, ha empezado a reducirse y lo hace, además, de forma rápida. Lógicamente, este comportamiento se tenía que trasladar a las emisiones de deudas que está realizando el Tesoro en el mes decisivo para el Gobierno, aquel en el cual ha rozado la suspensión de pagos de España. Sin embargo, los mercados, después de aplicar el castigo lógico en forma de prima de riesgo, ante los temores justificados por la más que maltrecha situación española, ahora consideran que ese peligro no es, ni mucho menos, tan grande como habían previsto. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha sido gracias al Gobierno? Para nada. El verdadero temor de los mercados no residía tanto en la deuda pública española como en la salud del sistema financiero, que está dañado, es cierto, pero ni tanto como suponían los inversores ni puede que tanto como los de otros Estados miembros de la Unión Europea. Los famosos test de resistencia a la banca europea parece ser que es lo que dicen, al menos por las filtraciones del contenido de los mismos que se van sabiendo, y los mercados actúan en consecuencia. De hecho, y como ejemplo, el BBVA, que se quejaba semanas atrás de que el grifo de la financiación estaba cerrado para las entidades españolas, esta misma semana ha conseguido abrirlo y colocar 2.000 millones de euros entre inversores internacionales. Y es que por mucho que unos y otros traten de crear una mala imagen de los demás para que no se fijen demasiado en lo desordenado que tienen el patio de su casa, la verdad, al final, acaba por salir a la luz, de lo cual se están beneficiando tanto los bancos españoles como la deuda pública que emite el Gobierno y, por tanto, el conjunto de la economía, que puede empezar a ver como fluye la liquidez hacia la misma y a tipos de interés por ahora cada vez más bajos.


Como es lógico, cualquiera que entienda un poco de economía tendría que congratularse por este cambio de actitud de los mercados hacia nuestro país. El problema es que esto sucede en la España de Zapatero y, precisamente, en el presidente del Gobierno reside la clave de por qué una buena noticia como ésa puede acabar en desastre. ZP es un político que ha demostrado más que sobradamente que, en materia económica, sólo hace lo que tiene que hacer cuando los mercados le presionan, y mucho, para ello. Ahora esa presión está remitiendo y, por tanto, va desapareciendo el leit motiv que llevó al actual inquilino de La Moncloa a hablar de reformas estructurales y de recortes en el gasto público. ¿En qué va a quedar todo ello si los mercados no aprietan? Por las experiencias recientes en este sentido, mucho me temo que en agua de borrajas.

Es más, en el terreno económico, Zapatero no es un político que actúe con una estrategia de medio y largo plazo, bien diseñada para resolver los problemas. Por el contrario, como a él la economía no le importa demasiado, se mueve por impulsos cortoplacistas y cuando algo deja de ser un problema, o una amenaza, se olvida del asunto para dedicarse a otras cosas. Lo vimos, por ejemplo, con las promesas en febrero a los mercados para frenar la escalada de la prima de riesgo y, una vez conseguido el objetivo, se olvidó de ellas. O con la reforma laboral, que la descafeinó en cuanto el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y los mercados se tranquilizaron acerca del plan de ajuste de la economía española. Con esta forma de ser y de actuar de ZP, es lógico pensar que, ahora que la presión sobre la deuda española remite y los mercados se repliegan, el presidente del Gobierno vuelva a hacer lo mismo. Al fin y al cabo, todo es cuestión de carácter.

Lo malo es que, por mucho que los mercados levanten la presión sobre España, nuestros problemas siguen ahí y los inversores siguen escrutando nuestra economía con mucho cuidado. Y si no seguimos por el camino del ajuste presupuestario y del saneamiento de nuestra economía, por mucho que ahora se alivien las cosas, en cualquier momento éstas pueden dar un giro de ciento ochenta grados. Puede bastar, por ejemplo, una mala noticia sobre el incremento de la morosidad, sobre la evolución del paro, sobre alguna caja de ahorros para que vuelvan a dispararse todas las alarmas y puede que, entonces, ya no nos den más oportunidades. Por eso, la reducción de la prima de riesgo de España que está teniendo lugar en estos días no es tan buena noticia como parece, porque puede dar lugar a que ZP vuelva a las andadas y no se haga todo lo que se tiene que hacer. Ese es el problema, y no sólo por lo que puedan decir o hacer los mercados, sino porque mientras no se completen los muchos deberes pendientes, no se podrá superar la crisis.


Libertad Digital - Opinión

Mentiras de piernas largas. Por José María Carrascal

Esto es zapaterismo puro y duro: sí, no y todo lo contrario al mismo tiempo. ¿Cómo se puede gobernar así?

«SEÑORES catalanes —respondió Ortega y Gasset a Companys en las Cortes republicanas—, se quejan ustedes de que no nos ocupamos de su problema. Desde que se ha abierto este Parlamento, no ha habido asunto que más horas haya consumido que el vuestro, que más atención, enojos, querellas haya ocasionado a la política parlamentaria». Palabras, como tantas de Ortega, que podrían repetirse tres cuartos de siglo más tarde. El último Debate sobre el estado de la Nación ha sido en buena parte un debate sobre el nuevo Estatuto catalán, ya que el anterior no les satisfacía. Pero lo más enojoso es que los nacionalistas catalanes no se han puesto de acuerdo ni entre ellos, ni con los socialistas. Dan ganas de decirles: «Señores catalanes, ¿qué quieren? ¿La independencia? ¿Un estatuto constitucional? ¿Un estatuto anticonstitucional? Díganlo claramente. Porque si no lo dicen, no hay forma de seguir adelante ni de ocuparnos de lo realmente importante, que es la crisis económica que nos ahoga. Pues el espectáculo que están dando es como para pensar que ustedes no están capacitados para autogobernarse, y que si un día tuvieran que hacerlo, Cataluña sería una olla de grillos o algo peor».

Claro que el ejemplo que les está dando el Gobierno central no es para menos. Creíamos que la sentencia del Tribunal Constitucional cerraba el asunto del estatut. Así lo había declarado el presidente. Pero ante la protesta de los catalanes, resulta que no, que no está cerrado, y Zapatero ha dado un triple salto mortal, aceptando primero la sentencia, para comprometerse luego a recuperar, con todos los instrumentos políticos y jurídicos a su alcance, aquellos contenidos del estatutrechazados por el alto tribunal. Y por si ello fuera poco, incluyendo una referencia a la «realidad nacional catalana», pero sin las disposiciones del Constitucional que quitaban a esa realidad toda validez jurídica. Esto es jugar no ya con dos, sino con tres barajas: la española, la catalana y la suya propia, que es la única que le vale.

Aunque tampoco debe sorprendernos lo más mínimo. Es zapaterismo puro y duro: sí, no y todo lo contrario al mismo tiempo. ¿Cómo se puede gobernar así? ¿Cómo se puede inspirar confianza a la oposición, a los demás gobiernos, a los mercados, a la opinión pública? Nada de extraño que lo único que ansíen hoy los españoles sea largarse de vacaciones lo más lejos posible y olvidarse de Zapatero. Pero se lo encontrarán a la vuelta. Las mentiras tienen las patas muy largas en nuestro país desde que él gobierna, o hace que gobierna, con permiso de vascos y catalanes que ni siquiera se sienten españoles.


ABC - Opinión

Los nacionalistas mantienen a Zapatero bajo protectorado. Por Antonio Casado

Varapalo parlamentario múltiple al Gobierno. Por cuenta de las propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de la Nación. La más sonada se refiere a la congelación de las pensiones. El Congreso le sacó tarjeta roja y le pidió que dé marcha atrás.Tampoco prosperó una moción presentada por los socialistas en la que se expresaba el malestar de Cataluña por la reciente sentencia sobre el Estatut, así como la voluntad de esta fuerza política de “preservar y garantizar plenamente el anhelo de autogobierno de los ciudadanos catalanes”. Ahí el PSOE tuvo a todos los grupos en contra.

Pero conviene matizar. Estas votaciones de ayer -aprobadas 39 propuestas de las 90 sometidas a discusión-, no tienen carácter vinculante. Son como cartas a los Reyes Magos. Y no causan mayores desperfectos en la imagen de un Gobierno que sobrelleva a duras penas su aislamiento parlamentario. Cuestión aparte era la decisiva votación sobre el llamado techo de gasto, que es la llave de paso para abordar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. En este caso sí puede decirse que el Gobierno hubiera caído en un agujero negro de haber sido derrotada su propuesta. No ocurrió.


Costaleros parlamentarios

Sin que esté escrito en ninguna parte, los nacionalistas vascos y catalanes, después de su cena madrileña del lunes, se han comprometido a repartirse el trabajo de costaleros parlamentarios de Rodríguez Zapatero. Se trata de mantenerlo bajo protectorado en Moncloa. Ayer le tocó a CiU evitar la derrota del techo de gasto presupuestario propuesto por el Gobierno (7,7 % respecto al ejercicio anterior). Y en otoño le tocará al PNV evitar la derrota de los Presupuestos Generales para el año 2011 para que Zapatero no se vea abocado a disolver la Legislatura y convocar elecciones generales antes de tiempo.

Al menos, de momento, el Gobierno sale de las cuerdas. Aunque en el Senado se rechace esta mañana el techo de gasto, cosa bastante probable, la propuesta volvería al Congreso donde se repetiría la votación de ayer. La intensa jornada parlamentaria, por lo tanto, confirmó el escaso entusiasmo de los nacionalistas por hacerle el trabajo al PP.

Queda claro que a los catalanes de CiU no les interesa hacer olas en vísperas de sus elecciones. No tomarán ninguna iniciativa que empuje a Rodríguez Zapatero a convocar elecciones generales anticipadas. Y en noviembre, a la vista de la nueva aritmética de la política catalana, ya revisarán su estrategia. En cuanto a los vascos del PNV, necesitan tener de su parte a los socialistas para garantizarse la continuidad del poder en las Diputaciones Forales, especialmente la de Álava, después de las elecciones municipales de 2011.

A los nacionalistas de Mas y Duran les tocó ayer facilitar la aprobación del techo de gasto para salvar el primero de los grandes escollos en el futuro político de Zapatero. Y a los nacionalistas de Urkullu y Erkoreka les toca facilitar la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2011 a finales de este año. El precio a pagar por Zapatero va a estar en todas las coplas a partir de ahora.


El Confidencial - Opinión

Cena para tres. Por Ignacio Camacho

De postre podían elegir la cabeza del presidente, pero tenían más apetito de poder que de elecciones anticipadas.

LOS líderes del nacionalismo vasco y catalán, Urkullu, Mas y Duran Lleida, se fueron a cenar el lunes en Madrid para discutir la duración de la legislatura. De aperitivo les sirvieron un Gobierno abierto en canal, asado vuelta y vuelta en la parrilla de la minoría parlamentaria, y de postre podían elegir la cabeza del presidente, pero tenían más apetito de poder que de elecciones anticipadas. Al final se sintieron generosos y en vez de pedir sorbete de Zapatero se sirvieron una ración doble de soberanismo a la carta y, según su inveterada costumbre, ordenaron que enviasen la cuenta al Palacio de la Moncloa, donde siempre hay alguien de guardia dispuesto a hacerse cargo de la factura. Sobre todo si viene acompañada de una botella de oxígeno político para brindar por la buena voluntad de los comensales.

Como democristianos que al fin y al cabo son, los dirigentes del PNV y CiU aprietan pero no ahogan. Utilizan los debates para construir severas y altisonantes críticas retóricas y luego encuentran una casuística muy alambicada para escabullir las consecuencias de sus reproches. Exprimen la debilidad del Gobierno en su beneficio y administran con tacto de expertos el banco de los favores. Pasan por responsables y actúan como ventajistas. Son maestros de la ambigüedad evangélica: su mano derecha finge no saber lo que hace la izquierda.

Para ejercitar ese doble juego del que lleva décadas sacando tajada, el nacionalismo ha convertido la política española en un mercado negro. Con González y con Aznar se tasaba de antemano el importe en especie y en metálico del trato y luego las partes se limitaban a cumplir lo convenido con mayor o menor honorabilidad; con Zapatero, sin embargo, han visto la rentable posibilidad de especular sobre la marcha con precios que suben según la ley de la oferta y la demanda. La crisis económica, el pacto vasco y el lío del Estatuto catalán han elevado la prima de riesgo que debe sufragar el Gobierno: su estabilidad relativa cotiza con tasas de bono alemán y las emisiones no son renovables. Como el Estado anda corto de fondos va a tener que hipotecarse con concesiones políticas.

Pocas oportunidades van a tener los especuladores de encontrar un gobernante tan dispuesto a pagar sobreprecio por su supervivencia. El mismo Zapatero declaró su desesperación de acreedor en apuros decidido a pignorar el poder a interés abusivo: «Cueste lo que cueste». Y vaya si le va a costar. En cada debate parlamentario, en cada ley, en cada reforma, en cada presupuesto, le van a obligar a pasar por caja con un montón de prebendas, favores y concesiones de autogobierno. Sólo que esta vez ni siquiera podrá comprar apoyos; se tendrá que limitar a alquilarlos por el tiempo que decidan sus arrendatarios. Y cada vez que éstos se reúnan a cenar juntos sabrá que en el menú está escrito el final de su mandato.


ABC - Opinión

Blanco. No me estresen al controlata.. Por Pablo Molina

Lo último que quiero es que la persona que se encarga de que mi avión aterrice, circule y despegue de forma segura esté al límite de la extenuación por el cansancio acumulado o al borde de un ataque de nervios por las acusaciones injustas del Gobierno.

Si hay un gremio con el que la administración debería ser especialmente considerada en cuanto a sus derechos laborales ése es el de los controladores aéreos, unos señores (y señoras) de cuya labor depende la seguridad de los que utilizamos el avión, especialmente los que lo hacemos a menudo.

Montarse en un avión ya supone un cierto grado de intimidación, porque eso de que un artefacto de varias toneladas se eleve por los aires y pueda maniobrar en el despegue y el aterrizaje es algo que el ser humano no comprende de forma intuitiva. Sólo falta que, además de tener que aceptar esa aparente contradicción de las leyes de la naturaleza, uno deba andar preocupado por si el controlador que se ocupa de su vuelo lleva veinte horas a base de cafeína en vena y ya tiene dificultades para ver correctamente la pantalla de datos de la que depende tu vida y la del resto de ocupantes de la aeronave.


No sé lo que gana un controlador aéreo y supongo que, como en todas las profesiones, habrá golfos y vagos mezclados con trabajadores responsables que se toman su labor con toda seriedad. Si es cierto que ganan lo que dicen que ganan, y eso provoca una envidia invencible, lo mejor que puede hacer la administración es contratar a más personal y eliminar todas las horas extras y demás pluses. Y si el ministro Blanco no es capaz de cuadrar las cuentas de AENA, que busque otras fórmulas de gestión, porque es difícil admitir que una función esencial en una economía moderna como el control del tráfico aéreo no pueda ser rentable gestionada con criterios de pura empresarialidad.

Los que frecuentamos el uso del avión hemos experimentado en las últimas semanas algún tipo de retraso, oficialmente achacado a la "congestión del tráfico aéreo" y oficiosamente a que los controladores están practicando una huelga encubierta. En contra del sentir mayoritario de los afectados, a mí me da igual llegar un poco más tarde a mi destino si lo voy a hacer de forma segura y si para solucionar ese problema, sea el que sea, hay que contratar a más controladores es deplorable que el Gobierno regatee un dinero que despilfarra en los asuntos más absurdos.

Lo último que quiero es que la persona que se encarga de que mi avión aterrice, circule y despegue de forma segura esté al límite de la extenuación por el cansancio acumulado o al borde de un ataque de nervios por las acusaciones injustas del Gobierno. Espero que se alcance pronto una solución, pero conociendo la capacidad de Pepiño, no sería raro que el hilo musical de los aviones consista dentro de poco en el Santo Rosario.


Libertad DigitaL - Opinión

La puntilla. Por Andrés Amorós

La realidad lamentable es que el nacionalismo, apoyado en este seudoprogresismo, va a conseguir lo que quería. Dentro de una semana, Barcelona se habrá empobrecido culturalmente un poco más, en contra de su tradición abierta, mediterránea, y los catalanes habrán visto cercenada una más de sus libertades.

Hasta ayer mismo, algunos aficionados barceloneses de buena voluntad confiaban en que el tradicional «seny» catalán se impusiera para que la amenaza a la libertad de ir a los toros no se llegara a cumplir. Lamentamos tener que reconocer hoy que se equivocaban.

No es extraño. En todos los ámbitos de la vida, tendemos a negar lo que nos resulta imposible de comprender y difícil de aceptar. Es la vieja táctica del avestruz: mejor engañarnos que desesperarnos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado?: «No hay que ser catastrofista», «las cosas no están tan mal», «no se ha roto nada...» La realidad indiscutible es que, limitándose a decir eso, no se arregla nada.


También me aferré yo a la esperanza, en un momento, de que Convergencia no quisiera aparecer con esta imagen de prohibición antipática ante el resto de los españoles, por si necesitaba alianzas con un partido nacional para gobernar; que Unió, de acuerdo con su tradicional ideario, defendería la libertad de los empresarios catalanes que arriesgan su dinero en el negocio taurino; que Esquerra tendría difícil justificar ante sus electores por qué defiende los «correbous», a la vez que ataca a las corridas de toros; que el Partido Socialista Catalán no querría verse mezclado en esta historia tan turbia...

Una vez más, incurríamos en lo que los americanos llaman «wishful thinking»: confundíamos la realidad con nuestros deseos. La puntilla ha sido la pirueta —una más— del socialismo catalán, que, en contra de lo que siempre había afirmado, da ahora libertad de voto a sus diputados autonómicos ante el proyecto de ley de prohibición de la Fiesta. De este modo, algunos socialistas votarán a favor, y otros, en contra: así, la prohibición de la Tauromaquia parece segura. De nada sirve ya argumentar que habían prometido lo contrario, ni recordar las ilusiones que se basaron en la presunta afición taurina del presidente Montilla y de su mujer: ni siquiera ha manifestado él cuál será el sentido de su voto, con el pretexto de no influir... Ni Poncio Pilatos lo hubiera hecho mejor. También en este tema, Montilla no puede permitir que nadie le adelante: «Yo, más nacionalista catalán que nadie», parece repetir. Aunque, con el habitual desparpajo de algunos políticos, sigue cargando la exclusiva responsabilidad de la probable prohibición sobre los hombros de sus rivales de Convergencia. ¿Habrá alguien tan ingenuo como para creerlo?

En los periódicos catalanes acabo de leer dos noticias de innegable trascendencia. En primer lugar, Convergencia i Unió cree tener ya asegurada la mayoría absoluta, ante el desplome del tripartito, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y las piruetas de Zapatero. Además, en una encuesta que publica «La Vanguardia», el número de los catalanes que apoyan la independencia supera, por primera vez, al de los que se oponen.

¿Tiene todo esto algo que ver con la prohibición de los toros? ¡Por supuesto! Convergencia cree que ya no necesita alianzas ni se preocupa demasiado de su imagen en el resto de España. El socialismo catalán incita a la rebelión contra la sentencia sobre el Estatuto y el presidente del Gobierno promete buscar las vías para orillarla... Al lado de todo eso, ¿van a dudar los nacionalistas en prohibir la Fiesta? ¡Claro que no! Cuestiones mucho más graves, objetivamente hablando, están planteando ahora, sin el menor respeto a la libertad de los españoles, en su conjunto...

Una vez más, hay que recordar lo que manifestó Albert Rivera, en el acto del Liceo que organizó ABC. El sentido de sus palabras era clarísimo: «Si este acto se planteara como una defensa de la Tauromaquia, yo no hubiera venido, porque no soy aficionado. Vengo porque el lema habla de libertad: la libertad de ir a los toros el que lo desee». Esa es la libertad que ahora se impide. El trasfondo político de toda la cuestión es evidente, aunque algunos intenten negarlo con la cantilena de que no hay que convertir esto en un «debate identitario». ¿Quién lo ha afrontado así? ¿Se van a prohibir a la vez la caza y la pesca en Cataluña? Para todo el que no tenga telarañas en los ojos, el motor básico de este proyecto de prohibición resulta evidente: el deseo de eliminar de Cataluña cualquier signo que en el mundo entero se identifique con la cultura española. Eso es justamente la Fiesta de los toros : lo tiene que reconocer cualquier observador imparcial, sea aficionado o no.

De nada ha servido recordar que la Tauromaquia ha sido, desde hace siglos, una Fiesta catalana: el número de plazas, los toreros catalanes, los críticos, los artistas, los empresarios. Cualquiera recuerda los nombres de Pablo Picasso, Néstor Luján, Mario Cabré, «Chamaco», Joaquín Bernadó, Pedro Balañá...

Ahora mismo, en Céret, las corridas de toros se llenan de «senyeras» y barretinas, se escucha «Els Segadors» y el alcalde, sin ningún complejo, da un bando, el domingo 11 de julio, «prohibiendo las manifestaciones reivindicativas anticorridasen un radio de 150 metros alrededor de las Arènes». Repito: no sirve de nada recordarlo. El nacionalismo sabe apoyarse en el presunto «progresismo», tendencioso e ignorante. Un solo ejemplo. Conviene recordar un reciente artículo del catedrático de Filosofía Jesús Mosterín —uno de los «expertos» que declaró ante el Parlamento catalán en contra de los corridas— en el que dice textualmente:

«De hecho, el riesgo del torero es mínimo... El mayor riesgo que corre es el de ser herido por las banderillas que sus propios banderilleros le han clavado al bovino... Las estadísticas muestran que en los últimos veinte años ningún torero ha muerto en la plaza». Rubor intelectual daría contestar con datos a semejantes muestras de ignorancia de un presunto «experto».

La realidad lamentable es que el nacionalismo, apoyado en este seudoprogresismo, va a conseguir lo que quería. Dentro de una semana, Barcelona se habrá empobrecido culturalmente un poco más, en contra de su tradición abierta, mediterránea, y los catalanes habrán visto cercenada una más de sus libertades. Hay otro aspecto que no debemos olvidar. Tampoco —me temo— han sabido defender la Fiesta suficientemente los profesionales de la Tauromaquia, dentro y fuera de Cataluña.

Por todo ello, sentía yo una profunda melancolía el domingo pasado, en la Plaza Monumental de Barcelona, cuando unas voces se alzaban y unas pocas pancartas aparecían, en los tendidos, reclamando libertad: parecía un viaje hacia atrás en el tiempo, a épocas felizmente superadas.

Recordaba yo a Paul Éluard, que da título a Elena Quiroga: «Escribo tu nombre: libertad». Y al padre común Cervantes, en boca de la pastora Gelasia: «Libre nací y en libertad me fundo...».

Barcelona es el último bastión de una batalla perdida ya muchas veces. Se había pedido a las organizaciones taurinas de fuera de Cataluña que no intervinieran mucho, para no suscitar reacciones. Es un caso claro de esa estrategia de una oposición «de bajo nivel», que suele conducir a la catástrofe: haría bien el PP en contemplar este ejemplo...

Las conclusiones son obvias: en definitiva, deciden los nacionalistas, crecidos ante una marea general que creen imparable. Pastelea el socialismo catalán —también en esto—, contradiciendo lo que tantas veces habían sostenido. Ha sido la puntilla: libertad, ¿para qué?... Lo siento por Cataluña. Y no solo, ni en primer lugar, por los toros.


ABC - Opinión

No vamos. Por Alfonso Ussía

Un numeroso grupo de amigos e incondicionales habíamos alquilado dos autobuses para viajar a Rodiezmo. Llevábamos años con el antojo y teníamos ilusión por cumplirlo. Pero me temo que nos vamos a ver forzados a cancelar la excursión. Un contratiempo de última hora puede obligar a Zapatero a cancelar su compromiso, y sin Zapatero, el acto de Rodiezmo carece de interés. Es como visitar el Zoo de Madrid para admirar al oso panda y toparse con un cartel que anuncia que el oso panda está constipado y no se le puede ver. Se siente una profunda decepción, y si hay niños entre los decepcionados, el llanto es inevitable. Por ese lado, hay que agradecer a Zapatero su sinceridad. No podrá trasladarse a Rodiezmo por problemas de agenda. Las agendas son así. Se llenan de citas, apuntes y compromisos, y no tienen corazón. Con lo felices y contentos que estaban los mineros de Rodiezmo ensayando la ovación unánime al compañero presidente.

Entre los amigos que nos hemos quedado a dos velas con el chasco, destaca uno por su mal carácter. No está dispuesto a dejarse llevar por su melancólica irritación. Es votante del PSOE y confía plenamente en las medidas que Zapatero ha adoptado para emerger de los fondos de la crisis económica. Pero la cancelación de la cita con Rodiezmo de Zapatero le ha puesto al borde de los nervios y reconoce hallarse navegando en una mar de dudas. «José Luis siempre da la cara», dice con orgullo. «Pues en la presente ocasión ha dado el culo», le ha respondido otro de los integrantes de la fallida excursión, más crítico y menos entusiasta. Es lo que hay.

No puede resultar agradable ocultarse de la opinión popular. Me comenta un allegado a Zapatero, que éste le ha tomado un poco de miedo a la reacción de los mineros engañados. Y que ésa, y no la apuntada en la agenda, es la causa de su incomparecencia en Rodiezmo. En la agenda se lee: «5 de Septiembre. No puedo ir a Rodiezmo como es mi deseo porque viene a verme a La Moncloa Moratinos». No parece un motivo razonable para incumplir su promesa. A Moratinos lo tiene siempre a su disposición, vestido con corbata o de afgano venido a más. Claro, que también Carmen Chacón, la ministra de Defensa, no ha querido enfrentarse al chorreo público de los toledanos en la inauguración del Museo del Ejército en el «heroico Alcázar», que así lo definió el General Coll con sobradísima razón. Y ha hecho bien la ministra de Defensa. Si su presidente no da la cara, ¿por qué tiene ella que aguantar las pitadas y los abucheos de la ciudadanía?

Lo que no entiendo es la ausencia de Rajoy en la inauguración del Museo del Alcázar. Con toda probabilidad, otro problema de agenda. La agenda de Rajoy la hace y deshace el esposo de Celia Villalobos, Arriola o algo así, que está a un año de conseguir lo que se propuso cuando a su Celia le dejó Aznar sin ministerio. Que el Partido Popular no vuelva a ganar unas elecciones. Rajoy tiene que saber, que por encima de detalles discutibles, su electorado quiere y respeta a los soldados de España y a su Historia, y a sus héroes. Y que los toledanos no le iban a pitar. Muy mala confección la de la agenda del dirigente de la Oposición.

Pero hoy lo que me importa y afecta es Rodiezmo, la decepción de mis amigos, la cancelación de la excursión y la pérdida de la señal que hemos depositado en la empresa de autobuses. Con nuestra asistencia que no cuenten. Si Zapatero no va, nosotros no vamos. Así de claro y rotundo.


La Razón - Opinión

Encuesta. Un país de funcionarios. Por José García Domínguez

Esa encuesta constituye el vivo reflejo de un modelo educativo no sólo ajeno, sino abiertamente opuesto al paradigma económico y cultural que rige en las sociedades occidentales.

Según recentísimo sondeo, el rebaño que ansiaría pastar en el Presupuesto de por vida ya agrupa al 75 por ciento del censo. Así, la suprema aspiración de tres de cada cuatro españoles, su particular nirvana, consistiría en amontonar expedientes, trienios y tedio a la sombra de un negociado estatal cualquiera. Y, si bien se mira, lo único en verdad extraño es que aún quede alguien por ahí que pretenda cosa distinta. A fin de cuentas, algo debe estar fallando en el desarrollo práctico de la LOGSE cuando, veinte años después de su puesta en marcha, todavía un cuatro por ciento de los jóvenes desea ganar dinero y prosperar arriesgándose a crear empresas con el auxilio de su personal ambición.

Porque hay una coherencia absoluta entre los valores de lo que han dado en llamar "la comunidad educativa", rigurosa antítesis moral del mundo que rige extramuros de colegios e institutos, cofradía siempre presta a anular el afán de superación en la cama de Procusto que responde por pedagogía progresista, y la endémica aversión al riesgo que revela la demoscopia. He ahí, pues, el fruto más destilado de su afán nivelador; la inopinada consecuencia última de la paidocracia que la inspira, arquetipo perfecto de un mundo sin precios y sin responsabilidad individual; negación definitiva, radical, de los principios del sistema de mercado. Y es que, desoladora, esa encuesta constituye el vivo reflejo de un modelo educativo no sólo ajeno, sino abiertamente opuesto al paradigma económico y cultural que rige en las sociedades occidentales.

Todos, sin jerarquía ni distinción, soñándose funcionarios. ¿Cómo no reconocer ahí el triunfo definitivo de esos ingenieros de almas –muertas–, los pedagogos, funesta tropa que no se percibe servidora de las necesidades de la comunidad sino que, muy al contrario, propugna que sea ella, la sociedad, quien se someta a su patológico desvarío igualitario? Y pensar, ingenuo de mí, que aún me escandalicé al comprobar que eran fotogramas de El Padrino los que ilustraban el más común de los manuales de Economía usados en el bachillerato. Don Vito Corleone, revolver en ristre, icono docente del capitalismo liberal. Insisto, lo raro, inaudito mejor, es que subsista ese cuatro por ciento. En fin, ya lo advirtió el clásico: hay gente pa to.


Libertad Digital - Opinión

¿Qué vale un soldado?

Para ZP y Moratinos es más importante la resolución sobre el estatuto de Cataluña que los soldados que se juegan la vida en territorio afgano.

MIGUEL Ángel Moratinos tenía prisa. Se fue de gira por Asia Central con una generosa delegación de medios de comunicación que él no consideraba incómodos. Primero hizo escala en Almaty por los rescoldos de una presidencia de la OSCE de ignota relevancia. Después se llegó a Qala i Naw, en la provincia afgana de Badghis, donde fue revestido con los atalajes de los señores locales —«longui» y «chapan»— proclamando una excepcionalidad de rito que no lo es tanto como se vendió a los medios españoles; en el caso de alguno de nuestros aliados se ha concedido la misma merced al embajador en Afganistán. Y, finalmente, fue a Kabul, donde se reunió con el presidente Hamid Karzai y el ministro de Exteriores, Zalmai Rasool.

Concluidas esas entrevistas, Moratinos consideró llegada la hora de volver a España. Y mientras caían sobre Kabul el secretario general de la ONU y cuarenta ministros de Asuntos Exteriores —Hillary Clinton incluida— el ministro de Exteriores español creyó más relevante —según declaró— volver a Madrid a votar las resoluciones no vinculantes del debate sobre el Estado de la Nación. Ese es el valor que dan Moratinos y Zapatero a la presencia de las tropas de España que arriesgan su vida en Afganistán. Es más importante la resolución sobre el estatuto de Cataluña, que encabezaba las votaciones de ayer tarde, que los soldados que ponen su vida en juego en territorio afgano. Y prueba del valor que dan Zapatero y Moratinos a la vida de nuestras tropas es que en lugar del ministro quedó en Kabul la secretaria de Estado de Cooperación. Y aunque a este Gobierno le gustaría creer que nuestro Ejército es un cuerpo de socorristas, en Afganistán están librando una guerra que exige un liderazgo político. No una cooperante.

ABC - Editorial

La debilidad del Gobierno

Las votaciones de las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación evidenciaron ayer una realidad que es imposible maquillar: el Gobierno afronta su etapa parlamentaria más difícil de toda la legislatura. El Ejecutivo sólo logró salvar una de las medidas que le puede dar más margen de movimiento en los próximos meses: el techo de gasto presupuestario con el que contará el Gobierno para 2011, resolución que fue aprobada gracias a la abstención de CiU y de Coalición Canaria, por lo que los 169 votos socialistas fueron suficientes para que esta medida trascendental siga su curso. Ésa fue una de las pocas satisfacciones de los socialistas, que vieron cómo se cerraba el Debate sobre el Estado de la Nación con nueve derrotas –cinco más que el año pasado– y con el dato más que preocupante al ver que salían adelante ocho propuestas de la oposición.

El Ejecutivo vio cómo no salía adelante una de sus iniciativas «estrella»: la propuesta de resolución pactada entre el PSOE y el PSC sobre la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Estatut, que no logró el apoyo de los grupos nacionalistas catalanes CiU y ERC, al entender que esta propuesta no incluía la declaración que aprobó el viernes pasado el Parlamento de Cataluña, que gravitaba sobre el preámbulo de la norma catalana, que fue cuestionado por el TC.


Pero quizá el correctivo más severo fue ver cómo toda la oposición se unía para aprobar la propuesta para que el Gobierno no aplique su decisión de congelar las pensiones contributivas en 2011 con el fin de ahorrar 1.500 millones de euros y que tampoco retrase la edad de jubilación. De esta forma, los grupos de la oposición pactaron una enmienda transaccional al entender que esta medida del Gobierno traicionaría el espíritu del Pacto de Toledo, algo que siempre se le ha reprochado al Ejecutivo.

De esta forma se escenificaron ayer la soledad y la debilidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y la vuelta del verano no va a ser más venturosa si se confirma que CiU no apoyará los Presupuestos Generales del Estado, a lo que se suma la incertidumbre que ha suscitado el encuentro entre Artur Mas, Josep Antoni Duran i Lleida y el líder del PNV, Íñigo Urkullu. A pesar de que su contenido no ha trascendido, nadie ignora que ambas fuerzas nacionalistas están buscando puntos de consenso con vistas a la votación de los Presupuestos Generales del Estado.

Así las cosas, el Gobierno tendrá que hacer numerosos encajes de bolillos y no pocas concesiones, que puede que no siempre se ajusten al interés general, si quiere lograr una estabilidad parlamentaria que le permita ejercer su labor gubernamental sin sobresaltos. Visto lo visto ayer, parece que va a ser bastante complicado que los socialistas lleguen a un pacto consistente con alguna de las fuerzas políticas del Congreso, que transmiten la sensación, cuando no la confirmación, de que dan por amortizado al actual Ejecutivo hasta el punto de que no están dispuestas a darle ningún balón de oxígeno que le facilite llegar al final de la legislatura.


La Razón - Opinión

Sospechoso estrés

Las bajas masivas de controladores coinciden con la aplicación de sus nuevas condiciones laborales

Es poco creíble el repentino aluvión de bajas que está registrando el colectivo de controladores aéreos españoles. Los 2.300 profesionales del sector exhiben una larga historia de huelgas de celo, en demanda de sus privilegiadas condiciones y aprovechando la repercusión de sus acciones, como para otorgarles ahora la presunción de inocencia; máxime cuando tal avalancha de bajas, que triplican a las de hace solo cinco meses, coincide con un mayor tráfico aéreo por el periodo estival y con la entrada en vigor del decreto ley (luego convertido en ley) que modificó sustancialmente sus privilegiadas condiciones laborales.

El sindicato mayoritario de los controladores (USCA) achaca el absentismo al agotamiento del personal, al estrés y la angustia que produce un trabajo tan intenso. Es una explicación poco convincente, habida cuenta de que lo que imperaba en el sector antes del decreto ley era una prolongación exagerada de la jornada laboral a base de horas extras muy generosamente pagadas. De modo que la solución al agotamiento difícilmente debería ser una reducción de dicha jornada. Metidos en su propia trampa, la respuesta más sencilla al desfallecimiento de los controladores españoles, cuyo trabajo es similar al del resto de los europeos, con sueldos inferiores, sería dudar de su capacidad para asumir su carga de trabajo.


Apenas quedan dudas de que estamos ante una huelga encubierta e ilegal. De manera que hay que aplaudir la decisión del Ministerio de Fomento de preparar el desembarco de controladores militares para casos excepcionales; y lamentar las críticas oportunistas del portavoz del PP, González Pons, a la supuesta imprevisión gubernamental. Solo cabe reclamar de Fomento y de AENA que los cursos de adaptación de los militares a la ordenación del tráfico civil sean realizados con el máximo rigor, de manera que se siga primando la seguridad ante todo.

Los controladores aéreos han perdido todas las batallas en los últimos meses, incluida la judicial. La Audiencia Nacional dio el visto bueno a la reducción de sus salarios (de 350.000 euros anuales de media) en un 40%. Eran sueldos abusivos para jornadas de trabajo insuficientes (1.200 horas anuales) que, por tanto, había que completar con horas extras, lo que engrosaba los emolumentos de algunos hasta los 700.000 euros anuales, unas cifras que hablan por sí solas. Estos técnicos podían, además, acogerse a una baja voluntaria definitiva a los 52 años sin merma salarial.

El mejor camino para terminar con tales condiciones de privilegio y evitar nuevos conflictos es el emprendido por el Gobierno, que intenta introducir racionalidad y sensatez en el trabajo de un colectivo al que antes nadie osó plantar cara. Que la Seguridad Social y la Fiscalía investiguen a fondo las bajas es una buena noticia. Solo una verificación minuciosa evitará el abuso o el linchamiento indiscriminado de un colectivo tan amplio.


El País - Editorial

Los etarras y el temor al castigo

La certeza y el cumplimiento íntegro de las penas no es sólo un acto de justicia a la que tienen imperecedero derecho las víctimas, sino también la mejor forma de disuadir a los etarras que siguen en libertad y en situación de cometer nuevos atentados.

La noticia de que nueve etarras, que cumplen condena en la prisión alavesa de Nanclares de Oca, disfrutan de beneficios especiales consistentes en permisos de salida de 36 días al año, que podrían ampliarse a salidas todos los días del año para estudiar o trabajar, ha causado, según la CEP, una "honda preocupación en la policía"; una preocupación que también está justificada si tenemos en cuenta las desvergonzadas declaraciones de Rubalcaba, en las que el ministro niega la condición de etarras a dichos presos con la excusa de una supuesta "petición de perdón a las victimas" y de una no menos supuesta "condena de la violencia".

Decimos "supuesta" porque no existe constancia pública de dicho arrepentimiento. De hecho, el informe solicitado al Ejecutivo por el Sindicato Unificado de Policía sobre cada beneficio penitenciario, en el que se señale el nombre del terrorista, las indemnizaciones que ha satisfecho y el documento en el que conste su arrepentimiento y petición de perdón ha sido denegado por el ministro Rubalcaba con el bochornoso argumento de que "hablar de estos temas no beneficia a nadie".


Por otra parte, aunque ese arrepentimiento se hubiera efectivamente producido y las indemnizaciones por responsabilidad civil se hubieran satisfecho, eso no borra el hecho de que los veinte asesinatos por los que fue condenado Luis Maria Lizarralde –por citar a uno de los presos beneficiados– fueron perpetrados por un criminal que pertenecía y actuaba en nombre de ETA.

Que el manido y mal aplicado argumento del "palo y la zanahoria" no lleve a nadie a engaño: claro que la política penitenciaria puede y debe servir para debilitar a la banda terrorista. Pero si sirve es porque la certeza y el cumplimiento íntegro de las penas no es sólo un acto de justicia a la que tienen imperecedero derecho las víctimas, sino también porque es la mejor forma de disuadir a los terroristas que siguen en libertad y, por tanto, en situación de cometer nuevos atentados. No es el arrepentimiento de los que están presos sino la disuasión de los que aun están en situación de atentar contra nosotros a lo que se debe dar prioridad. Y es que si no queremos que la "zanahoria" debilite la disuasión que procura la certeza y la severidad del "palo", los beneficios penitenciarios sólo se deben conceder a aquellos que han hecho no sólo un público e incuestionable acto de arrepentimiento por sus crímenes pasados, sino también una oferta de colaboración para detener y en su caso condenar a los que todavía empuñan la pistolas. Ese fue el caso de Soares Gamboa, uno de los pocos casos de etarras arrepentidos en los que los beneficios penitenciarios no han sido contraproducentes para la lucha antiterrorista. Lo demás es dejar las llaves de la cárcel al condenado y, por tanto, anular la disuasión que debe conllevar la pena de prisión.

Ante un Gobierno con la trayectoria que ha tenido el de Zapatero, que sigue en manos de los nacionalistas para poder sobrevivir, y que de la falta de transparencia en su política penitenciaria hace virtud, no podemos bajar la guardia. Hacerlo sería tanto como olvidar el pasado de los presos etarras a los que beneficia sin tregua.


Libertad Digital - Editorial

Fomento y el descontrol aéreo

Millones de personas se desplazan por nuestro espacio aéreo y tienen derecho a una razonable previsión sobre la duración del viaje y a una plena garantía de seguridad.

HACE pocos meses, la opinión pública valoró positivamente la firmeza del ministro de Fomento para encauzar el conflicto de los controladores aéreos a través de un decreto ley que obtuvo el máximo apoyo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, está claro que José Blanco sigue teniendo algunos deberes pendientes y su imagen de político enérgico no se corresponde con la evolución posterior de los acontecimientos. En los últimos días, miles de pasajeros han sufrido las consecuencias de un enfrentamiento que no cesa y que amenaza con extenderse desde los aeropuertos de la zona mediterránea a Madrid y otros lugares de España. Aunque la Unión Sindical de Controladores Aéreos niega la existencia de una «huelga encubierta», el exceso de bajas médicas por estrés y depresión suscita sospechas generalizadas. La situación se agrava, además, con la huelga —en este caso, formal y declarada— de los controladores franceses. Entre unos y otros, los ciudadanos se convierten en rehenes de un Gobierno que no se atreve a impulsar la imprescindible ley orgánica reguladora del derecho de huelga y de un colectivo profesional, altamente cualificado, cuyas reivindicaciones no deberían perjudicar a los intereses generales.

El ministro de Fomento manifestó ayer la intención del Ejecutivo de utilizar a los controladores militares para ordenar el tráfico aéreo civil, al tiempo que amenazaba con despidos y otras medidas legales. No obstante, fuentes militares han dejado muy claro que esta medida es más fácil de anunciar que de cumplir, porque requiere un periodo de adaptación a las nuevas obligaciones. Existen, en efecto, serias dificultades técnicas e incluso jurídicas para atribuir a los militares de un día para otro unas funciones que entrañan una enorme responsabilidad. En pleno periodo veraniego, millones de personas se desplazan por nuestro espacio aéreo y tienen derecho a una razonable previsión sobre la duración del viaje y —por supuesto— a una plena garantía de seguridad. Fomento y los controladores tienen que ser conscientes de que no pueden jugar al límite en un asunto tan delicado. Por supuesto, la ley debe ser cumplida y habrá que examinar una por una las bajas laborales con el máximo rigor. Ningún beneficio particular puede cuestionar el mantenimiento del transporte aéreo en su condición de servicio esencial para una sociedad moderna y desarrollada. En todo caso, también Fomento debe calibrar sus reacciones para, más allá de las palabras, poner el orden necesario en el actual descontrol aéreo.

ABC - Editorial