martes, 17 de agosto de 2010

Amigos amorosos. Por Hermann Tertsch

Quizás pronto otro íntimo amigo, Mohammed VI, decida estrechar nuestras relaciones ocupando algún islote.

ES evidente que lo negará con obstinación e insidia la caverna del facherío que son todos aquellos españoles que no agradecen esta era de armonía, equilibrio y desarrollo que gozamos desde hace más de un sexenio y que entrará en nuestra historia como «zapaterismo». Pero lo cierto es que, quieran o no los antipatriotas, reaccionarios, cristianos, radicales liberales, peperos, neocon y demás enemigos del progreso, nunca nuestra España ha disfrutado de tan buena imagen y superlativa generosidad como ahora, cuando ya conocen bien a nuestro presidente fuera de nuestras fronteras. Y no crean que hablo sólo de Zimbabue, donde la población aclama las subvenciones españolas a sus organizaciones de homosexuales, uno de sus vectores más pujantes del desarrollo. O de Mauritania y Senegal, cuyos líderes políticos tanto prosperan gracias al dinero público español cuyo flujo es inversamente proporcional al de pateras que desde sus costas se acercan a las nuestras. La África subtropical sabe muy bien que España se comporta con hidalguía, no aires de zafio comerciante como Francia y otros. Los otros europeos, pero también la voraz China o el imperialismo americano, exigen favores o influencia cambio de ayudas. España sólo suplica se eliminen los inconvenientes que previamente se le han creado. El Gobierno socialista español es realmente un amigo amoroso. Que no repara en gastos cuando se trata de promover su infinita simpatía y ese estupendo concepto de las relaciones internacionales de que todas las ideas de bondad en el exterior han de ser obligatoriamente subvencionadas por su propia ciudadanía. Y que siempre es comprensivo cuando un régimen tercermundista con dificultades decide crearle unas cuantas a España para paliar algo las propias. Dado que el prestigio de nuestro país como donante nada exigente se ha extendido por los siete mares, no son pocos los Gobiernos que antes no sabían ni dónde estamos y hoy reclaman nuestra atención y generosidad, unas veces con un secuestro, con una partida de pateras, problemas consulares u ofertas entusiastas para la Alianza de Civilizaciones. Siempre encontrarán una respuesta en una partida presupuestaria por escondida que ésta vaya.

Pero nadie vaya a pensar que esta nueva visión de la generosa omnipresencia española se limita a las ayudas directas de dinero efectivo que reparten todos los ministerios con cariño. Por bienvenidas que éstas sean. Cuando un amigo tiene estrecheces, allí estamos para ayudar. Gibraltar por ejemplo. Mr. Caruana vive estrechamente junto al Estrecho en un pedazo de roca. Quiere crecer. Ahí está el Gobierno español dispuesto a echarle una mano. Primero le otorga categoría de parte en una mesa en la que por lógica solo había dos partes, la del país que demanda su recuperación de la soberanía y la del que desde el Tratado de Utrecht la mantiene. Buen regalo. Pero hay más. Para paliar la estrechez física de Mr. Caruana, se le permite ampliar su territorio. Cierto, no con conquistas bélicas. Dios nos libre. Sólo con camiones que aumentan la superficie de Gibraltar en detrimento de las aguas españolas. Y si nuestra Guardia Civil aún insiste en proteger estas aguas nuestras, se le advierte que ha de acomodarse al talante. Quizás pronto otro íntimo amigo, Mohammed VI, decida estrechar nuestras relaciones ocupando algún islote o puesto fronterizo español. Entonces veremos lo que es el auténtico amor del que somos capaces.

ABC - Opinión

Ser español resulta caro. Por M. Martín Ferrand

A pesar de ello, José Blanco dice que los impuestos que padecemos son «bajos» y hay que subirlos.

SALVO los vecinos de autonomías uniprovinciales, que solo soportan cuatro, los españoles sostenemos el peso político y económico —fiscal— de cinco Administraciones públicas: la correspondiente a la UE, donde los funcionarios y los gastos se multiplican como conejos; la Nacional, decreciente en funciones y presupuestariamente creciente; la Autonómica, sede de todo tipo de abusos y despilfarros; la provincial —las Diputaciones—, cajón de sastre para el dispendio, y la Municipal, que suele ser mala pagadora y pésima organizadora de sus recursos. A mayor abundamiento, las Autonomías insulares, a falta de diputaciones, enriquecen el gasto público con los cabildos canarios y el consejo mallorquín. El resultado, a la vista de tantas Administraciones y hecha la proporción entre lo que nos cuesta como contribuyentes y lo que recibimos como ciudadanos, es que ser español resulta caro. Mala relación calidad precio.

A pesar de ello, el ministro José Blanco, a quien se le hinchan los mofletes cuando sopla para inflar un globo sonda, dice que los impuestos que padecemos son «bajos» y hay que subirlos. Podría ser que así fuera; pero, 1) ¿es función del titular de Fomento la proclamación de la política fiscal que perpetra el Gobierno con vistas a los próximos Presupuestos?; 2) si se tiene en cuenta que el Gobierno Zapatero acaba de subir el IVA y engordado otros tributos, ¿debiera hablarse de otra subida fiscal sin hacerla preceder de una drástica reducción del gasto público, excesivo en las cinco Administraciones que nos castigan el bolsillo?; 3) dado que ya no es de izquierdas bajar los impuestos, ¿el anuncio de Blanco conlleva una nueva orientación ideológica de su jefe político?; 4) ¿cuando se habla de presión fiscal en España se incluye en ella el costo de la Seguridad Social y todos los impuestos específicos de las cinco Administraciones que sostenemos?; y 5) ¿José Blanco es un personaje real o se trata de un muñeco que utilizan, con artes de ventrílocuo, José Luis Rodríguez Zapatero, sus tres vicepresidentes y algún otro miembro del Gabinete?

Cuando parecía que Pepiño se ganaba el derecho a ser don José, a la consideración, aunque eso no sea mucho, de una de las mejores cabezas del Gobierno, el mozo se reviste con unos hábitos que no son los suyos y nos da, también, doctrina hacendística. Algo que ya hizo el verano pasado y que, lejos de convertirle en el hazmerreír de turno, pasamos por alto. No debimos hacerlo de ese modo porque, reconfortado por el poder que ostenta y el halago, sincero o interesado, de los suyos, el ignorante termina por dárselas de sabio.


ABC - Opinión

Anuncio de subida. Los impuestos de Pepiño. Por Emilio J. González

Eso de que los impuestos en España son más bajos que en la UE y, por ello, tienen que incrementarse no es más que la excusa para subirlos sin que medie razón alguna para ello excepto el deseo de Zapatero de gastar y gastar más.

A estas alturas ya sabemos de sobra que José Blanco es en el Gobierno algo más que el ministro de Fomento; es el alter ego de Zapatero, que habla para decir lo que el presidente quiere que se diga sin que el actual inquilino de La Moncloa sufra por ello el consiguiente desgaste político. Así es que cuando Pepiño habla de cualquier cosa ajena a su departamento, ya sea relacionada con la política del Ejecutivo o con las cuestiones internas del PSOE, detrás de él se encuentra la mano de ZP moviendo los hilos. Por tanto, cuando el titular de Fomento ha dicho este pasado fin de semana que los impuestos van a subir en España porque son más bajos que en la Unión Europea en realidad no era él quien estaba hablando, sino Zapatero a través de sus palabras. Un aspecto este de suma importancia a la hora de valorar el verdadero alcance de esa nueva y dolorosa estrategia de política económica del Gabinete que va a volver a machacar a los ciudadanos.

Eso de que los impuestos en España son más bajos que en la UE y, por ello, tienen que incrementarse no es más que la excusa para subirlos sin que medie razón alguna para ello excepto el deseo de Zapatero de gastar y gastar más, a pesar de la grave crisis económica y fiscal que vive nuestro país. El presidente del Gobierno se niega a aplicar con fruición la tijera a partidas de gasto público totalmente innecesarias, pero que conforman la arquitectura ideológica de su estrategia política, y con ello condenó en un principio a uno de los pocos capítulos de gasto público que en estos momentos justifican su existencia, esto es, la inversión en infraestructuras. Ahora, sin embargo, Zapatero ha cambiado de idea. Sigue defendiendo sus gastos políticos pero también quiere apostar por las infraestructuras, en parte por las críticas que le han llovido por su estrategia de política presupuestaria, en parte para intentar relanzar la economía a base de gasto público en este capítulo y, en parte también, porque cree que, a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas, jugar de nuevo con esa partida presupuestaria puede depararle réditos electorales. Pero como no hay dinero para tanto dispendio, y como la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional nos exigen seguir recortando el tremendo "agujero" de las cuentas públicas españolas, pues a subir los impuestos y, de paso, a volver a dar más peso al Estado en la actividad económica, que es otra de las cosas que le ponen a ZP.


Por supuesto, en todo esto el Ministerio de Economía no pinta nada porque, a fin de cuentas, todo ello viene de Moncloa y cuando las ideas se pergeñan allí, a Zapatero le da igual ningunear al ministro o vicepresidente que toque, en este caso a Elena Salgado. Y más aún si los técnicos del Ministerio advierten que este no es momento de seguir subiendo los impuestos porque ello supone un nuevo lastre para superar la crisis económica, ya que la mayor presión fiscal deprimirá aún más tanto el consumo como los márgenes empresariales y, como es de sobra conocido, ello implica menos crecimiento económico y menos empleo. Pero a Zapatero eso le da igual. Piensa que con un nuevo tirón del sector de la construcción financiado con dinero público, o sea, con más impuestos, se generará el suficiente empleo y la suficiente actividad económica que permita compensar los efectos negativos de ese nuevo apretón al bolsillo de los ciudadanos.

Estamos ante un nuevo ejercicio de improvisación en materia de política económica, porque esto no responde a un plan a medio y largo plazo bien estructurado sino que, como siempre, es fruto de las necesidades y ocurrencias de ZP y por ello le da igual que la estrategia de los países que están saliendo de la crisis, como Alemania o Francia, sea la de bajar impuestos, justo lo contrario de lo que él hace. Zapatero quiere seguir a lo suyo y cualquier justificación, por falsa y rebuscada que sea, le vale.

Lo malo es que al presidente del Gobierno le están marcando de cerca los mercados y, posiblemente, no le dejen salirse con la suya. Después de que el diferencial de tipos con Alemania se redujera en julio en alrededor de un punto, ya está volviendo a subir y a acercarse a los dos puntos, porque los mercados temen tanto las recientes palabras de Zapatero prometiendo un mayor gasto público como, sobre todo, que la economía española es una economía débil y sin capacidad de crecer. La estrategia de Zapatero y Blanco no hace más que persistir en este error al tratar de reeditar el anterior patrón de crecimiento, basado en la construcción, que nos metió de hoz y coz en la que estamos ahora. Y eso es lo que están penalizando los mercados en estos días.

Claro que como ZP no ha hablado de subir impuestos, sino que ha sido Blanco el que lo ha dicho, al inquilino de La Moncloa le queda margen para rectificar, una vez más, si los mercados vuelven a meter presión, como ya están empezando a hacer, y aquí paz y después gloria. Sin embargo, los mercados ya se están dando cuenta que Zapatero solo hace lo que tiene que hacer bajo su presión y, en cuanto la relaja, vuelve a las andadas, con lo cual, el día que se harten, que puede que no esté muy lejos, aquí nos vamos a enterar de lo que vale un peine.


Libertad Digital - Opinión

El apretón. Por Ignacio Camacho

La maquinaria de gasto clientelar del Gobierno funciona con el combustible fiscal de las clases medias.

ESTE Gobierno tan, digamos, flexible a la hora de decir la verdad y tan experto en rectificarse a sí mismo resulta de una sinceridad y una exactitud aplastante cuando anuncia subidas de impuestos, aspecto en el que los ciudadanos serían sin duda indulgentes con las mentiras. Pero en materia fiscal no mienten ni dan marcha atrás, como ha podido verse en julio respecto al IVA. El año pasado el ministro Blanco, que ejerce de vicepresidente de facto, dejó caer el aviso por estas mismas fechas y en septiembre ya estaban los primeros papeles en los presupuestos. Así que quedan pocas esperanzas de que el nuevo anuncio sea un globo sonda; nos van a apretar las tuercas, y no va a ser leve la factura. El Gobierno volverá de vacaciones mirándonos fijamente el bolsillo de la cartera.

El objetivo es el IRPF, que es el único impuesto del que se puede extraer una recaudación significativa. Las figuras especiales «para ricos» no tienen impacto cuantitativo serio. El Gobierno busca a toda prisa dinero para mantener su maquinaria clientelar y no está dispuesto a recortar el gasto corriente de su hipertrofiada burocracia porque eso es precisamente lo que trata de mantener en el mayor volumen posible. Quiere pasta fresca y ésa está en el tributo de la renta, que en realidad es una imposición sobre las nóminas, la única bolsa contributiva de la que es imposible escapar con fraudes y triquiñuelas. Así que van a por ella. Nuestra socialdemocracia se ha convertido en un inmenso aparato clientelista que funciona con combustible fiscal; agobiado por el efecto del tímido ajuste de junio en sus expectativas de voto, el zapaterismo se dispone a exprimir a las clases medias para mantener de cualquier modo en marcha el tren de sus repartos de dádivas, contratos y subvenciones. Más madera.


El incremento de otoño se va a sumar a las subidas ya aprobadas en las autonomías bajo control socialista, lo que equivale a que muchos contribuyentes van a sufrir un alza cercana de entre el tres y el cinco por ciento: grosso modo, esos ciudadanos tendrán que trabajar casi un mes más para el Estado. Y encima los motejarán de ricos con la demagogia al uso en la retórica socialdemócrata, que suele criminalizar el éxito a escala modesta. Pero de las palabras de Blanco, que alude a la financiación general de los servicios públicos, se deduce ya una intención mucho más generalista: están estudiando subir varios tramos o crear otros nuevos, porque sólo con los tipos recaudatorios marginales no van a sacar lo que necesita la máquina de gastar.

Lejano queda el tiempo de la alegre posmodernidad en que bajar los impuestos era de izquierdas. El presidente se ha reconvertido por enésima vez a sí mismo. Para volver a los orígenes: ser de izquierdas consiste en penalizar el ahorro, frenar la inversión y lastrar el crecimiento. Como toda la vida.


ABC - Opinión

Apología del terrorismo. Homenajes a ETA, con o sin licencia. Por Guillermo Dupuy

¿Se habrían cruzado de brazos el alcalde de Barcelona o el consejero de Interior si el asesinato en el que colaboró esta "presa política" a la que ahora se quiere homenajear, en lugar de ser de un concejal del PP, hubiera sido de alguno de sus hijos?

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto este lunes diligencias para investigar el homenaje a la colaboradora de ETA, Laura Riera, convocado para el próximo sábado en el barrio barcelonés de Gracia, y ha solicitado informes a las Fuerzas de Seguridad para tratar de determinar si podría ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Es difícil de imaginar que semejante acto pueda constituir otra cosa si tenemos en cuenta que ya en la propia convocatoria del mismo se califica de "presa política catalana" a quien, según la sentencia que la condenó, no tiene más "mérito político" que haber facilitado a la banda terrorista, desde su puesto de administrativa en la base de datos de Tráfico del Ayuntamiento de Tarrasa, el número de matrícula de varios objetivos de ETA, entre ellos el del vehículo del concejal del PP de Viladecavalls Francisco Cano, que fue asesinado con una bomba-lapa en su coche el 14 de diciembre de 2000.

Lo que resulta verdaderamente sorprendente es que desde el Ayuntamiento de Barcelona se escuden en el supuesto hecho de que no tienen "constancia oficial" de la próxima celebración de este acto, cuando lo cierto es que ha sido organizado por la Coordinadora de Fiestas Populares (CFP), está convocado en la plaza Raspall de Barcelona y forma parte del programa alternativo de las fiestas de Gràcia, según consta en la Programación de la Fiesta Mayor de 2010 de la Comissió de Festes Populars. Eso por no hablar de la web y de los carteles que lo publicitan por la ciudad y las protestas que, antes de la intervención de la Fiscalía, habían llevado a cabo representantes del PP, de Ciutadans y de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia.


¿Es que acaso en Barcelona se pueden organizar sin licencia actos en plazas públicas y convocar marchas por calles adyacentes con antorchas encendidas, tal y como en homenaje de esta y de otras colaboradoras de ETA, han anunciado que van a hacer los organizadores del acto? ¿Se habrían cruzado de brazos el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, o el consejero de Interior, Joan Saura, tal y como han hecho en esta ocasión, si el asesinato en el que colaboró esta "presa política", en lugar de ser de un concejal del PP, hubiera sido de alguno de sus hijos?

Por mucho que desde el Ayuntamiento o desde la Generalidad se excusen ahora diciendo que no han concedido licencia para ese repugnante homenaje, que evidentemente constituye en sí mismo un delito de enaltecimiento del terrorismo, no podemos, desgraciadamente, sino dudar de su condescendencia. Entre otras cosas, porque en este asunto llueve sobre mojado. Ya el pasado mes de febrero, y en un espacio municipal como son las cocheras de Sants, se celebraron unas "Jornadas Antirrepresivas" en las que también se rindió un homenaje a dos colaboradores de ETA, Zígor Larredonda y Diego Sánchez, condenados en el mismo juicio que envió a prisión a Riera.

No nos enredemos pues en si se ha concedido o no licencia para estos actos de apología del terrorismo. Denunciemos, que no es poco, que los proetarras, simplemente, no la necesitan.


Libertad Digital - Opinión

Obama y sus generales

EL general Stanley McChrystal lo expresó de una forma tan grosera que tuvo que ser destituido.

EL general Stanley McChrystal lo expresó de una forma tan grosera que tuvo que ser destituido y aunque su sucesor, el general David Petraeus, lo ha hecho de forma más diplomática, ambos han revelado que existe una contradicción entre la posición de los militares que dirigen la guerra de Afganistán y la del presidente norteamericano, Barack Obama. La Casa Blanca está buscando una retirada más o menos expeditiva, y los generales insisten en que no sería razonable abandonar aquel país antes de estar seguros de que se han alcanzado los objetivos que se fijaron al inicio de la misión. El secretario de Defensa, Robert Gates, ha tenido que salir en defensa del presidente, pero lo ha hecho anunciando que también él abandonará su puesto.

Obama se está dejando arrastrar por el cansancio de la opinión pública, al igual que muchos dirigentes políticos aliados que acusan el esfuerzo político de seguir apoyando un conflicto al que no se le ve salida. Está claro que si el objetivo fuera la retirada, lo mejor sería dedicarse a ello cuanto antes, porque a partir del momento en que se ha tomado esta decisión, cualquier sacrificio futuro carece de sentido. Pero eso sería un error gravísimo, porque también haría inútiles todos los esfuerzos realizados hasta ahora y, lo que es peor, dejaría en evidencia a la Alianza Atlántica por no haber tenido la determinación política de cumplir sus propias metas.

La guerra de Afganistán pesa cada vez más en los países aliados y todo el mundo espera que termine cuanto antes. Pero debe terminar con la victoria clara de la OTAN, con la derrota de los talibanes y con un Afganistán estable puesto en manos de sus ciudadanos. Cualquier otra opción no haría más que trasladar la guerra a escenarios más cercanos.


ABC - Editorial

Vacío diplomático

En el balance de la gestión de los últimos gobiernos socialistas, no parece que la política exterior vaya a aparecer entre sus éxitos. El departamento de Miguel Ángel Moratinos ha desarrollado una diplomacia marcada por las arriesgadas alianzas, la debilidad estructural, la incapacidad para actuar con visión estratégica y una serie de erráticas decisiones que han desembocado en una pérdida de peso específico en el contexto mundial. En estos años, nuestra diplomacia se ha obstinado en tomar el pulso tarde y mal a la mayor parte de las crisis internacionales y a los conflictos bilaterales.

Marruecos ha sido un paradigma de esas actuaciones fallidas y, a remolque de los acontecimientos, de esa tendencia a rehuir las dificultades y a meter la cabeza bajo el ala. La actual crisis provocada por Rabat ha puesto otra vez de manifiesto estas carencias. El mutis del ministro Moratinos en un asunto de esta complejidad, del que increíblemente nada se sabe a pesar de los cinco comunicados de protesta marroquíes, los bloqueos en el paso de Beni Enzar y los incidentes continuos con los policías españoles, la ausencia del embajador en Rabat y los recientes relevos en los Consulados Generales de España en Tetuán, Larache y Nador demuestran un vacío diplomático insólito. Es probable que la presencia del nuevo embajador, Alberto Navarro –de vacaciones hasta el 1 de septiembre–, en la capital de nuestros vecinos del sur no hubiera impedido que la crisis se desatara, porque el rey de Marruecos ha movido los hilos en un escenario en el que España carece de la iniciativa y el empuje necesarios, pero esta circunstancia no obsta para remarcar que la desatención diplomática actual merma la capacidad de respuesta y es el mejor síntoma de la desorientación exterior de nuestro país, que tan adecuadamente personifica el ministro Moratinos.


El cambio del representante marroquí en España es una pieza en este puzle que aún está por encajar. Su condición de activista saharaui arrepentido y la posición del Gobierno español en el conflicto del Sahara son circunstancias nada ajenas al presente episodio.

Tampoco es una lectura admisible que el objetivo del Gobierno fuera reducir la crisis con Rabat a un mero encontronazo fronterizo, sin protagonismo para el ministro de Exteriores y con toda la responsabilidad para el titular del Interior, con el propósito de limitar su alcance y asegurarse una respuesta más ágil. Con todo, habrá que aguardar a la visita de Pérez Rubalcaba a Marruecos del día 23 y confiar en que sus buenas relaciones y resultados en materia de terrorismo islamista e inmigración permitan reconducir el episodio.

Pero más allá del papel del ministro del Interior, el último brote de tensión en esta frontera ha evidenciado la torpeza crónica del Gobierno para calibrar y responder a las provocaciones marroquíes. Los países que no se hacen respetar, que no tienen la determinación de actuar a tiempo y de modo enérgico, sin que ello suponga renunciar al diálogo, están condenados a pagar un alto precio por sus vacilaciones.


La Razón - Editorial

Impuestos: la puntilla para la economía española

Si el Gobierno termina llevando a cabo la reforma fiscal que ha anunciado, y es muy probable que así sea ya que subir impuestos siempre ha sido de izquierdas, la economía española se va a resentir gravemente.

A pesar del polémico e insuficiente plan de recorte de gastos que el Gobierno anunció el pasado mes de mayo las cuentas públicas siguen sin cuadrar. Hacienda cada vez recauda menos y los gastos siguen siendo cuantiosos por el empecinamiento de Zapatero en no tocar partidas presupuestarias muy onerosas, o en meter mano de una vez al desbarajuste contable de las autonomías. Así las cosas, con la Unión Europea y el FMI mirando de soslayo la preocupante evolución de la economía española, al Gobierno no le queda otro camino que apretar la tornillería fiscal a la clase media, que es quien está pagando todos los platos rotos de la crisis económica.

Subir impuestos se convierte así en la última –y previsible– tabla de salvación que le quedaba a Zapatero para poder afrontar otro año infernal, 2011, víspera electoral, que se promete aún peor y más conflictivo que el presente. Las bolsas de voto cautivo que mantiene el PSOE en Cataluña y Andalucía y los grupos de presión que viven al calor del poder exigen ser remuneradas, y no existe otro modo de hacerlo que abriendo de nuevo la espita del gasto público, ya sea en infraestructuras o en cualquier tipo de dispendio millonario encaminado a mantener la lealtad de las clientelas habituales.


Por añadidura, Zapatero no sabe de austeridades, heredó una envidiable coyuntura económica de los gobiernos de Aznar y no conoce otra manera de gobernar que gastando a manos llenas. Durante los años de bonanza esos recursos se los proporcionaba la extraordinaria actividad de la economía española fruto de la expansión del crédito y la subsiguiente burbuja inmobiliaria. Secos los dos manás de financiación pública el Estado se debate entre contraerse, que sería lo lógico, o mantener su elefantiásico tamaño actual. Privado de la política monetaria, el Gobierno sólo cuenta con una herramienta "política" para mantener el gasto: elevar los tributos tanto como sea necesario, aún a riesgo de estrangular definitivamente a la deteriorada economía nacional.

En una situación tan delicada como la actual endurecer la fiscalidad es una de las peores ideas posibles y algo muy difícil de vender ante la opinión pública, sacudida por el drama del desempleo, la restricción crediticia y la falta de expectativas. Por esa razón el Gobierno ha empezado tan pronto a preparar el terreno y lo ha hecho con una media verdad económica. Porque de los dos modos que hay de conocer la carga fiscal que soporta una sociedad ha escogido el que, estadísticamente, más le favorece, pero el económicamente menos fiable.

La mascarada pasa por convencer a los españoles de que son los que menos impuestos pagan de Europa aunque, en rigor, sea exactamente lo contrario. En lugar de tomar el indicador de "esfuerzo fiscal", que es el que ofrece una imagen más fiel de la carga tributaria que cae sobre un individuo, han tomado el de "presión fiscal", que no pasa de ser una simple relación entre recaudación y PIB. Así, se da la paradoja de que Luxemburgo tiene una "presión fiscal" nominalmente más alta que España a pesar de que los impuestos son sensiblemente más bajos en el Gran Ducado.

Los impuestos no están directamente relacionados con el PIB sino con las rentas sobre las que se aplican. Un 18% de IVA es más en España que un 25% en Dinamarca, país que duplica la renta per cápita española por mucho que José Blanco se empeñe en lo contrario. Lo mismo podría decirse de las retenciones del IRPF, que en España no son precisamente bajas, del 43% en su tramo máximo, casi la mitad del salario bruto anual de un tipo de trabajador muy productivo.

Si el Gobierno termina llevando a cabo la reforma fiscal que ha anunciado, y es muy probable que así sea ya que subir impuestos siempre ha sido de izquierdas, la economía española se va a resentir gravemente y muy probablemente se consiga justo lo contrario de lo que se persigue, es decir, que, tras el saqueo inicial, se recaudará aún menos. La salida de la crisis –si es que se sale– será aún más ardua con una economía ya definitivamente esclerotizada por el gasto público y condenada a bajas tasas de inversión.


Libertad Digital - Editorial

Un Gobierno esquivo

Los máximos responsables del sector de la construcción acudían a convencer a Zapatero de la inviabilidad de afrontar los recortes en obra pública. Pero todo ha quedado en el aire.

LA cancelación por parte de Moncloa de la reunión que el presidente del Gobierno tenía prevista para mañana miércoles con los presidentes de las principales constructoras arroja aún más incertidumbre sobre el rumbo del Ejecutivo socialista en materia económica. Los máximos responsables del sector que hasta el estallido de la crisis fue uno de los principales motores de la actividad económica de este país, acudían a la cita con el propósito de convencer a Zapatero de la inviabilidad de afrontar los recortes en materia de infraestructuras y obra pública porque, de llevarse a cabo, el daño sería tan «tremendo» que no sólo dejaría «inerme» al sector sino que podría sumir al conjunto de la economía española en una recesión de incierto horizonte. Su pretensión era que el Gobierno pusiese en marcha, tal y como ya le habían pedido en julio, un plan de reestructuración similar al puesto en práctica con la Banca. Pero todo eso ha quedado en el aire cuando más necesario era que se aclarasen las decisiones definitivas a tomar; especialmente después de que el propio Zapatero anunciase la semana pasada desde Palma de Mallorca un posible alivio en los recortes y su ministro de Fomento, José Blanco, se descolgase el fin de semana con una suerte de aviso a los españoles de que si queremos disfrutar de unas infraestructuras de primera, tenemos que «homologar» nuestros impuestos con los del resto de los europeos; mensaje que sólo puede interpretarse como la pública renuncia del Ejecutivo a cualquier otro tipo de medida anticrisis que no pase por una subida de la presión fiscal. Esta decisión sería, además de errónea —en el mapa europeo de los tipos máximos del IRPF España ya está por encima de Francia o el Reino Unido, a la par con Alemania, y sólo por debajo de Suecia, Dinamarca y Holanda—, francamente injusta, puesto que tampoco es asumible que la solución a los problemas de las constructoras, o de cualquier otro sector, se derive sobre las espaldas de los trabajadores.

La confusión y el desconcierto siguen presidiendo las decisiones de un Gobierno que la oposición ha calificado muy apropiadamente de «descompuesto» y que retoma el nefasto discurso económico de la era González. La incapacidad de Zapatero para cuadrar las cuentas del Estado y evitar constantes castigos de los mercados a nuestra deuda es más que preocupante y la política de bandazos y globos sonda a la que se ha abandonado, justo lo que menos necesita el país, aun tratándose del mes de agosto.

ABC - Editorial