miércoles, 18 de agosto de 2010

Los impuestos que vienen. Por José María Carrascal

A la postre, pagará, como siempre, la clase media, que es a la que pueden controlarse sus ingresos.

LA forma más sencilla de saber qué ocurre hoy en España es oír lo que dice el Gobierno y pensar lo contrario. Sin importar quien habla, presidente, vicepresidentas, ministros o portavoces. Mentirán siempre. Se han metido en tal lío, han abierto tantos frentes, han cometido tales errores que ya no saben por dónde salir. La mentira es el atajo más fácil, pero incluso mentir les está resultando difícil, por contradecirles no ya la realidad, sino sus propias declaraciones.

Fíjense en lo que está ocurriendo con la subida de impuestos. ¿No habíamos quedado con que bajarlos era de izquierdas? Ahora resulta que lo de izquierdas es subirlos. «Pero no a la sufrida clase media», dice con su voz más meliflua el presidente. Entonces, ¿a quién? Pues los ricos no pagan el impuesto de las personas físicas. Tienen su dinero en sociedades, que cotizan aparte. Total, que a la postre, pagará, como siempre, la clase media, que es a la que pueden controlarse sus ingresos.

Otro tanto ocurre con lo de «pagamos menos impuestos que en los países de nuestro entorno», que ha filtrado el Gobierno junto a una serie de estadísticas muy floridas. Aparte de que ya sabemos que hay tres formas de mentir, engañando, ocultando la verdad y con estadísticas, ayer mismo, ABC demostraba que el IRPF español está por encima de la media europea. Eso, olvidando que los servicios que reciben los ciudadanos del norte y centro Europa son superiores a los que recibimos nosotros.


Pero prepárense para una subida de impuestos, porque se han quedado prácticamente secos y necesitan más dinero que un desierto la lluvia. Lo necesitan para subvencionar el paro que no cesa, para pagar las deudas internas y externas, para cuadrar el presupuesto que se echa encima, sin tener la mayoría necesaria. El PNV pide un precio exorbitante por los siete votos suyos, no solo en metálico, sino también en política. Aunque ya verán cómo al final terminan entendiéndose, pues ni al PNV le interesa que caiga un Gobierno contra las cuerdas, ni al Gobierno le interesa quedarse desnudo de presupuesto ante unos mercados internacionales que ya le miran con desconfianza. Así, de mentira en mentira y de trampa en trampa, va tirando.

Y es que sigue empeñado en afrontar la crisis desde el ángulo opuesto al correcto: el de recaudar más en vez de gastar menos. Es el gasto exorbitante de las muy distintas administraciones españolas lo que ha llevado a nuestra economía al foso en que nos encontramos y nos impide salir de ella. Es ese gasto lo que habría que recortar, en vez de subir la carga impositiva. Pero convencer a Zapatero de que se equivoca es algo así como ladrar a la luna.


ABC - Opinión

Gastroenteritis. Por Alfonso Ussía

No puedo remediarlo. He usado todo tipo de excusas para cancelar compromisos perezosos adquiridos con excesiva anterioridad. La mejor de todas, sin duda alguna, es la imprevista dolencia de una gastroenteritis. Una cosa así no se discute, y menos aún, se pone en duda. Cuando un hombre, con la voz entrecortada por el desasosiego, anuncia por teléfono que sufre de una sobrevenida y nada agradable gastroenteritis, el interlocutor y organizador del acto cancelado acepta inmediatamente la justificación. Sí, padecí una gastroenteritis, una correntía tan verdadera como inoportuna. Don Camilo cumplía ochenta años y no tuve fuerzas para presentarme en estado tan débil y mortificante. Le llamé y se lo dije. A los pocos días, recibí un tarjetón lamentando mi ausencia: «Guadalajara, 19 de mayo de 1996. Muy querido Alfonso: No somos nadie. ¡Y pensar que una cagalera te apartó de mi felicidad compartida por doscientos amigos! Mil gracias por tu recuerdo de los viejos tiempos, y por tu felicitación por la generosidad del Rey para conmigo; cuando me lo dijo, me quedé sin respiración. Ahora salgo para Galicia, pero a mi vuelta te dejaré en el Miguel Ángel los recuerdos que teníamos preparados para Pili y para ti. Para los dos, un abrazo muy fuerte de vuestro Camilo José». Unos meses más tarde, cenando en su casa con los Mingote, los Campmany y los Umbral, y amenazado por un compromiso que le daba mucha pereza cumplir le ordenó a Marina, su mujer. «Marina, mañana llamas a ese pelmazo y le dices que tengo gastroenteritis». «Alfonso la tenía cuando tu cumpleaños y tú no tienes nada», le replicó Marina. «Pero queda muy bien», sentenció Camilo, muy feliz con su falsa colitis.

Todo este preámbulo tiene un objetivo. Ofrecerle modelos de excusas a Zapatero para cancelar sus citas. El tío las cancela así como así, sin dar explicaciones. La buena educación exige siempre una justificación, aunque ésta pertenezca al ámbito de la mentira. Días atrás le dio plantón a Gómez y ayer fueron los grandes constructores los plantados. Le ofrezco una relación de excusas. «Tengo que acompañar a mis hijas a comprar ropa porque no me fío de su gusto». «Me he tenido que ir a Marbella a pagar el pufo que han dejado los Obama». «Estoy buscando a Moratinos». Y la mejor: «Ayer comí salpicón de mariscos y tengo gastroenteritis».

No conozco a nadie que viva tan alejado de su agenda como Rodríguez Zapatero. Vale menos una cita de Zapatero que una gestión de Valdano. Creo que ya no existen, pero a don José Luis le vendrían muy bien las «Luxindex», unas agendas que tenían muchas separaciones con cartulinas plastificadas de todos los colores con las que era imposible equivocarse. Tuve que dejar de usarlas por efectivas. Claro, que no es lo mismo la dejadez y aparente descortesía de un humilde escritor que la de un Presidente del Gobierno. Y también entiendo lo de la gastroenteritis. Que un individuo cualquiera padezca esa eventual porquería no es igual a que la sufra un genio de la política internacional y planetaria. La gente, que es malísima, se reiría de él. Pero algo tendrá que hacer para no adquirir fama de mal queda. Plantar a Florentino, Rivero, Entrecanales y compañía no está bien visto cuando son ellos los que están financiando las obras públicas. Agenda, Zapatero, agenda. Y una última recomendación. En la hoja correspondiente al 20 de agosto, escriba «Melilla». Y cámbiese el reloj de muñeca para recordar lo que quiere decir «Melilla». Que actúe de una puñetera vez, que parece marroquí.


La Razón - Opinión

De hormigón armado. Por M. Martín Ferrand

Ni Zapatero es un arcángel ni los presidentes de las grandes constructoras integran un grupo angelical y benéfico.

NI importa mucho si fue José Luis Rodríguez Zapatero quien canceló su reunión, prevista para hoy, con los presidentes de las grandes compañías constructoras o si fue al revés. Lo que queda claro es que al presidente y a su Gobierno no les gustan la luz ni los taquígrafos. Prefieren las sombras de la confusión y las palabras evanescentes. De ahí los espasmos, hijos de las encuestas y de los globos sonda, que marcan el ritmo monclovita y, también, la mala costumbre de gobernar de espaldas al Parlamento, como si el poder que manejan, muchas veces con exceso, les hubiera sido otorgado como un don sobrenatural por el mero hecho de llevar en la solapa un emblema con un puño y una rosa.

Ni Zapatero es un arcángel ni los presidentes de las grandes constructoras integran un grupo angelical y benéfico. El uno y los otros van a la suya y así es como debiera ser si, aunque solo en ocasiones, la suya coincidiera con la nuestra. Con los intereses generales, colectivos, de la Nación y no únicamente con las ambiciones electorales de un partido o las cuentas de explotación de unas empresas acostumbradas a trabajar con menos recursos propios, y mayor endeudamiento, de lo que marcan los cánones clásicos. Quizás no tenga nada que ver con lo que digo; pero el recién fallecido Francesco Cossiga, en sus días como presidente de la República, le preguntó a un colega italiano de los ahora plantados empresarios españoles de obras públicas: «Usted, ¿qué es lo que construye?». Con los respetos y ceremonias que son del caso, respondió el emprendedor: «Yo, señoría, construyo voluntades».


Del mismo modo que, cuando los años eran de vacas gordas, las grandes empresas constructoras no nos ofrecían, para celebrarlo, peajes gratuitos ni carreteras sin cargo al Presupuesto, cuando las vacas son flacas debieran dejar para ellos mismos la pena y el sufrimiento. Están tan acostumbrados a que el Estado, a través de sus distintas Administraciones, sea su cliente fundamental, y muchas veces facilón, que carecen de la musculatura y el espíritu de sacrificio que proporcionan el mercado verdaderamente libre, donde la competencia parece más limpia y menos condicionada a los porcentajes que Pasqual Maragall le señaló a Artur Mas y a los aires políticos dominantes en cada momento.

Las grandes constructoras, grandes pedigüeñas, no quieren parecerlo; pero, incluso para quienes no tenemos ninguna tentación socialdemócrata, resulta ya cansado que, como en la canción de Atahualpa Yupanki,

«las penas y las vaquitas
se van por la misma senda;
las penas son de nosotros,
las vaquitas son ajenas».

ABC - Opinión

¿Qué pasa en Melilla?

Activistas marroquíes y el PP alientan de forma temeraria un conflicto sin causa conocida

La tensión en la frontera con Melilla lleva camino de convertirse en una crisis diplomática grave sin que, hasta el momento, nadie haya ofrecido una explicación clara y convincente acerca de cuáles son sus causas. En un primer momento, el Gobierno marroquí acusó a la policía española de infligir malos tratos a los subsaharianos que entraban en la ciudad autónoma, un extremo desmentido desde el Ejecutivo de Zapatero. Sobre este trasfondo, diversas asociaciones desde el lado marroquí, y el principal partido de la oposición desde el español, se han propuesto complicar en su propio beneficio el problema.

La carga de la prueba recae en quien acusa, y, por tanto, corresponde a Rabat identificar con precisión los incidentes en los que dice basar sus protestas. Y el Gobierno español, por su parte, está obligado a enfrentar la tensión a través de cauces que no alimenten el equívoco. No es fácil entender que se invoquen unas relaciones calificadas de excelentes cuando es evidente que atraviesan un momento de dificultades, aunque se ignore su gravedad. Tampoco se comprende una estrategia que coloca al Rey en primera línea, al tiempo que Exteriores se mantiene al margen y cede la iniciativa a Interior.


Sean cuales sean las causas de la tensión, no es admisible que organizaciones marroquíes exhiban carteles vejatorios para la policía española e impidan el tránsito de mercancías por la frontera. El respeto a la sociedad civil no puede justificar la inhibición de las autoridades marroquíes. Los afectados últimos del boicoteo son, sin duda, los habitantes de Melilla, pero sus organizadores están coartando la libertad de sus conciudadanos.

Desde España, el PP ha optado por el oportunismo. La visita a Melilla de su portavoz Esteban González Pons fue una exhibición de populismo veraniego. Sus declaraciones, propias de un agitador, buscaban un cierre de filas nacionalista. Solo a un inconsciente se le ocurre decir, pocas horas antes del inicio de los anunciados bloqueos, que la situación en la frontera es de "máxima tensión" y que el Gobierno tiene que recuperar la "tierra de nadie" existente entre las fronteras de España y Marruecos. Pons debería aprender del presidente de Ceuta, el popular Juan Vivas, quien manifestó su apoyo a las acciones emprendidas por el Gobierno y el Rey ante Rabat. El PP tiene que colaborar en la solución del problema. Hasta ahora ha optado solo por echar gasolina al fuego.


El País - Editorial

Desamparo emocional. Por Ignacio Camacho

Ceutíes y melillenses ven en la tibieza de los dirigentes políticos el reflejo de una sociedad desentendida.

HACE tiempo que entre la población de Ceuta y de Melilla existe un sentimiento de desamparo casi tan intenso como el de su españolidad, y acaso no resulte aventurado decir que en cierto modo el primero es consecuencia del segundo. Los habitantes de esas ciudades temen que su acendrado sentido de pertenencia se haya convertido en una extravagancia en la España del pensamiento débil y la nación de naciones, y se ven a sí mismos como eventual cabeza de turco de la pusilanimidad diplomática de un Estado al que consideran demasiado pendiente del cambiante humor de la monarquía marroquí. Esa sensación de abandono no prevalece sólo en los momentos críticos en que Marruecos aprieta la presión, ni alcanza en exclusiva a la responsabilidad del Gobierno; ceutíes y melillenses recelan también a menudo de la propia solidaridad de sus compatriotas peninsulares, y en la tibieza de la dirigencia política ven el reflejo de una sociedad desentendida en la que no encuentran el suficiente apoyo moral ante la inestabilidad perpetua de su condición fronteriza.

Por eso en situaciones de tensión como la actual es importante que la opinión pública nacional exprese sin tapujos su respaldo a esos españoles que a día de hoy acaso sean de los pocos que aún se empeñan en seguirlo siendo, y que merecen por ello el amparo emocional colectivo que la diplomacia les niega por dudosas razones estratégicas. Más allá de la crítica política al Gobierno de turno y a la tradicional pasividad de las instituciones oficiales, Ceuta y Melilla necesitan que la España de la calle dé calor a su voluntad de resistencia y entienda sinceramente la dificultad real de su posición límite. Los habitantes de esas dos plazas no sólo reclaman protección gubernamental frente a la hostilidad táctica de Marruecos, sino su derecho a una conciudadanía igualitaria y a un compromiso de adhesión sentimental tan explícito como el de cualquier otro territorio.

Y es verdad que les debemos una expresión más cálida de cohesión, que por otra parte es el único modo de que el Gobierno se sienta implicado sin ambigüedad en la defensa de los intereses territoriales. Somos nosotros, los ciudadanos, los que debemos exigir que el ministro de Exteriores comparezca en una crisis de la que se ha ausentado clamorosamente, o que la ministra de presunta Igualdad defienda a las mujeres policías del ofensivo hostigamiento de las autoridades marroquíes. Somos nosotros los que tenemos que enviar al otro lado del Estrecho el mensaje inequívoco de que sabemos que aquello es a todos los efectos un trozo de España. Quizás sea improbable que ese testimonio resuelva los problemas de estrés político en una zona tan tirante, pero al menos puede aliviar el aislamiento de unos compatriotas que se sienten como la guarnición de Fort Apache.


ABC - Opinión

Uriarte. No sufras más por nosotros, Nacho. Por Carmelo Jordá

En su brevísimo perfil biográfico en la página del PP no aparece ninguna empresa, ningún destino, ni una oposición ni tan siquiera un mísero cargo en una compañía de titularidad municipal.

El presidente de las no tan Nuevas Generaciones del PP, Nacho Uriarte, nos desvelaba este domingo en una entrevista en La Razón dos datos de especial relevancia política: el primero su pasión por el yogur de chocolate, el segundo su pánico por convertirse en un profesional de la política, una situación que de llegar a producirse le haría "huir nadando de eso".

Tan definitiva frase la pronuncia un hombre que con 30 años recién cumplidos no sólo ocupa el puesto más elevado en la organización "juvenil" de los populares sino que es diputado en el Congreso, que creo que algo cobran, y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, cargo que no sé si está remunerado pero que no parece propio de un señor que simplemente pase por allí.


El caso es que no se conoce, suponemos que por modestia del propio interesado, actividad profesional alguna del señor Uriarte fuera de la política. Tiene ciertos estudios, sin llegar al nivel de licenciatura eso sí, pero en su brevísimo perfil biográfico en la página del PP no aparece ninguna empresa, ningún destino, ni una oposición ni tan siquiera un mísero cargo en una compañía de titularidad municipal.

Por otro lado, para haber llegado a la tierna edad de 26 abriles a la presidencia de las juventudes de su partido es de suponer que ingresó en las mismas poco después de salir de la pubertad, sin tan siquiera haber cumplido completamente con el trámite de la adolescencia.

Desde entonces, casi a la par que le salía la poblada barba que luce hoy en día, debió de tener que trabajar duramente (es un decir) en el seno de la organización para ir escalando posiciones, esquivando las intrigas propias de los partidos políticos y entregándose al proyecto con una determinación quizá digna de mejor empeño. Así, aportando ideas, pisando cabezas y moviéndose con singular habilidad por las covachuelas de Génova (más difíciles de conocer y dominar que las mazmorras de Mordor) alcanzó su posición de privilegio en las NNGG y, posteriormente, un sillón en la cámara de la Carrera de San Jerónimo.

Pero ahora nos enteramos de que su vocación no es la política profesional, de que él en realidad deseaba hacer otra cosa aunque todavía no sepamos el qué y de que ha sacrificado su larguísima juventud (tiene treinta tacos y sigue siendo un "juvenil"), suponemos que en aras del bien público. Y encima el bien público, la vida es en ocasiones terriblemente injusta, tampoco parece haberse enterado mucho de la esforzada labor de Uriarte.

Así las cosas, no queda sino hacer un llamamiento público, casi una súplica: Nacho, para ya, no sufras más por nosotros, deja de ser diputado, hazte mayor saliendo de las Nuevas Generaciones y abandona Génova con lágrimas en los ojos, acabas de cumplir los 30 y te mereces ser feliz.

Además, tampoco es que te vayamos a echar mucho de menos.


Libertad Digital - Opinión

La mezquita imposible

Sin prejuzgar los delgados límites entre la tolerancia y el ejercicio de la libertad de culto, de construirse en la Zona Cero, la mezquita estaría cargada de un simbolismo muy alejado de los principios que aseguran defender sus promotores.

Si el objetivo de la construcción de la mezquita «Cordoba House» en las inmediaciones de la Zona Cero era contribuir al entendimiento y la coexistencia de las religiones, es evidente que desde ese punto de vista es ya un fracaso completo. La fuerte polémica que el proyecto ha engendrado en la calle se ha trasladado a la arena política, donde la ofensiva del Partido Republicano ante la posibilidad de levantar un complejo religioso en tan significado lugar ha encontrado un fuerte apoyo popular; tanto que incluso en el partido del presidente, una figura de relevancia como es Harry Reid, líder de los demócratas en el Senado, ha hecho suyo el sentimiento mayoritario de los norteamericanos y ha mostrado también su rechazo a la ubicación. Sin prejuzgar los delgados límites entre la tolerancia y el ejercicio de la libertad de culto, no se puede ignorar que de construirse allí, la mezquita estaría cargada de un simbolismo muy alejado de los principios que aseguran defender sus promotores. El mismo Barack Obama se ha dado cuenta de que no podía sostener abiertamente el proyecto porque para dar satisfacción a unos, causaba dolor e indignación a muchos otros, lo que confirma que el presidente debería haber meditado mejor sus palabras antes de dar a entender que apoyaba una idea que divide profundamente a la sociedad norteamericana.

Nueva York tiene muchas otras mezquitas, lo que demuestra que no es el hecho en sí lo que incomoda, sino la decisión de situarla en el mismo lugar en el que se produjo un atentado criminal, cometido por fanáticos que se arrogaban la condición de defensores de la religión islámica. La mejor manera de demostrar que el Islam no defiende aquel asesinato masivo sería precisamente situar la mezquita en otro lugar.


ABC - Editorial

El lastre de las constructoras

La sorprendente suspensión del encuentro entre el presidente del Gobierno y la cúpula de las grandes constructoras ha puesto el foco en la delicada situación del sector. Más allá de las distintas versiones que circularon sobre la cita malograda, lo sustancial es el horizonte de incertidumbre que se abre para un sector clave y fundamental de la economía española, no sólo por el impacto de la crisis, sino también por las dificultades añadidas del recorte de la inversión en 6.400 millones en obra pública decidido por el Consejo de Ministros. Esa controvertida medida, encuadrada en el paquete de ajuste fiscal, ha agudizado las complicaciones para las grandes compañías y para el entramado de empresas auxiliares que operan al calor de los contratos. El estado de la situación es el de un sector sobredimensionado y con márgenes de beneficios reducidos, que afronta un escenario de restricción de la demanda y una morosidad pública de gran envergadura. Las cifras hablan por sí solas del pesado lastre que soportan las constructoras por la incapacidad de las administraciones públicas para hacer frente a sus compromisos de gasto. Según los últimos datos disponibles de la patronal del sector, Seopan, el Estado les adeuda 6.500 millones, las comunidades autónomas 4.000 y los ayuntamientos 6.000 millones de euros. Si a eso añadimos el frenazo impuesto por el Ministerio de Fomento, parece sensato y más que conveniente que el Gobierno escuche y atienda las inquietudes y necesidades del sector.

Hablamos de empresas privadas, pero también de sustanciales intereses públicos. El escenario arrastra consecuencias sobre las que el Gobierno parece no haber reflexionado lo necesario. En términos de empleo, el sector estimó ayer mismo que el último ajuste en la obra pública supondrá una pérdida de 72.000 puestos de trabajo en el corto plazo, y que a dos años y medio se incrementará hasta 160.000 empleos. En un país que va camino de los cinco millones de parados, el futuro planteado por la Administración para la obra civil no es conveniente ni oportuno. Hay alternativas viables que no pasan por una catarsis de estas dimensiones en un sector, conviene no olvidarlo, que supuso el 10 por ciento del PIB nacional en 2009, y el 10,3 por ciento del empleo del país. La ineficiencia de las administraciones públicas en la gestión de los recursos no la pueden pagar ni las empresas ni los trabajadores. El país necesita un ajuste para contener el déficit y tiene ingentes partidas recortables, pero es un tremendo error, por muy sencillo que resulte políticamente, concentrarlo en un capítulo esencial para el crecimiento como el de las infraestructuras, que además presenta unas tasas de retorno fiscal relevantes: de cada 100 euros que se gastan, 59 regresan a la Hacienda. Por todo ello, resulta necesario hablar urgentemente con las constructoras, apostar por esta inversión productiva en tiempos de crisis, agilizar el crédito y proteger, en suma, a un sector generador de riqueza y de trabajo. La recuperación de la economía no podrá arrancar si no retiramos el lastre político que castiga a decenas de miles de empresas.

La Razón - Editorial

Dilemas de Zapatero

¿Qué ajuste perjudica menos a la recuperación: recortar obras públicas o subir impuestos?

Las principales empresas de la construcción y el presidente Zapatero han cancelado, por su excesiva visibilidad, la reunión prevista para hoy. El ministro de Fomento ha lanzado un globo sonda sobre una posible subida de impuestos con el argumento de que no podemos tener servicios de primera con tributos de segunda. ¿Hay alguna relación entre ambas noticias? La reunión con los empresarios era consecuencia de las quejas del sector por el drástico recorte de 6.400 millones de euros en inversiones en infraestructuras aprobado por el Gobierno en mayo pasado. Las empresas habían advertido de que esa reducción costaría miles de empleos. También habían llamado la atención sobre la alta morosidad de los Ayuntamientos españoles con las grandes empresas de la construcción, muchas de las cuales son concesionarias de servicios públicos como la recogida de basuras y otros. Problema, el de la morosidad, agravado por la prohibición de nuevo endeudamiento de las asfixiadas corporaciones municipales.

El Gobierno ya sabía que un recorte tan grande de las inversiones tendría efectos sobre el empleo, pero en el momento crítico en que lo decidió, bajo la presión de los mercados internacionales, una reducción del déficit público como la que planteaba Bruselas (del 11% al 3% del PIB en cuatro años) solo era creíble si se basaba en las principales partidas de gasto: los salarios de los funcionarios, las pensiones y las inversiones públicas. Pero esto último era contradictorio con el objetivo de contener la recesión y el paro.

Zapatero declaró la semana pasada en Mallorca que una vez controlada la presión sobre la deuda española y tras dos trimestres de (ligerísimo) crecimiento, tal vez podría moderarse el recorte previsto en obra pública. La colocación, ayer, de más de 5.500 millones de euros en letras del Tesoro a un interés inferior al de la anterior subasta se considera prueba de una mayor confianza en la deuda española. Pero el mismo Zapatero advirtió en Mallorca de que la recuperación puede sufrir un parón en el tercer trimestre. Lo que significa que la situación es frágil y que cualquier aumento del gasto en infraestructuras debería compensarse con recortes en otras partidas.

A no ser que el efecto de la suavización del recorte de gasto se equilibre mediante una subida de impuestos. Es lo que ha sugerido el ministro de Fomento. La propuesta ha indignado a la oposición, pero nadie se la ha tomado a broma, porque hace justo un año dijo algo parecido y poco después se aprobaba la subida del IVA. Ese antecedente hace dudar de que, de producirse, sea una subida solo "para los que más tienen", como dicen Zapatero y Blanco. El riesgo para la economía es que frene el despegue del consumo; y el político, que si, como otras veces, acaba afectando sobre todo a los asalariados de las clases medias, irrite aún más a ese sector, sin cuyo apoyo ningún partido ha ganado nunca unas elecciones.


El País - Editorial

Violencia de género y desigualdad ante la ley

La sentencia avala una lamentable normativa que no sólo ha demostrado absoluta ineficacia a la hora de mitigar lo que quería combatir, sino que conculca principios constitucionales tan elementales como la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia.

La sentencia que ha respaldado la constitucionalidad del artículo 148.4 del Código Penal, alumbrado en su actual redacción por la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Genero de 2004, supone un aval a una lamentable normativa que no sólo ha demostrado su absoluta ineficacia a la hora de mitigar lo que quería combatir –los casos de violencia doméstica, especialmente los sufridos por mujeres, no han hecho otra cosa que aumentar desde que entró en vigor– , sino que respalda la vulneración de principios constitucionales tan elementales como la igualdad ante la ley o el derecho a la presunción de inocencia.

El artículo 148.4, que había sido recurrido por la juez titular del juzgado nº 2 de Albacete, establece que la pena por agresión puede ascender a entre dos y cinco años de prisión "si la víctima fuere o hubiese sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por análoga relación de afectividad", mientras que si la mujer fuera la agresora, la pena no podría superar los tres años de cárcel. Una mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional no ha querido ver, sin embargo, ese evidente trato desigual por mera razón de sexo, alegando que el objetivo de la normativa no es otro que "prevenir las agresiones que, en el ámbito de la pareja, se producen como manifestación del dominio del hombre sobre la mujer". Semejante argumento, no viene, sin embargo, sino a consagrar una discriminación de raíz, pues se supone que lo que hay que combatir por igual es toda situación de dominio y toda manifestación de violencia que esta genere, con independencia que sea del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre.


Naturalmente, se dan muchos más casos de violencia domestica ejercida por el hombre sobre la mujer que viceversa, pero esto es un dato estadístico, no un fundamento jurídico. Aunque en este último terreno, también sea cierto que, ante un mismo hecho delictivo, pueden existir circunstancias agravantes o atenuantes de cara al castigo, estas circunstancias no pueden venir predeterminadas y para todos los casos por el sexo del agresor o de la víctima, salvo que se quiera naturalmente elevar a precepto constitucional la paternalista expresión de "sexo débil" para referirse al género femenino.

Y es que por mucho que los magistrados interpreten que la normativa sólo pretende agravar el castigo cuando la víctima es "especialmente vulnerable", la ley y el artículo del Código Penal que la refleja otorga per se esa condición a la mujer por el mero hecho de ser mujer, mientras que al varón tiene que acreditar semejante circunstancia de vulnerabilidad para serle concedida. Así mismo, y refiriéndonos ahora al agresor, la ley y ese artículo del Código Penal establece una especie de principio de culpabilidad, al presumir, sin posibilidad de prueba en contrario, que toda acción lesiva del varón hacia la mujer posee una finalidad discriminatoria, razón que justificaría la mayor gravedad de la conducta.

Aunque no tenga reflejo en los artículos ahora recurridos, téngase en cuenta además muchas otras situaciones que alienta esta antijurídica norma, como es el hecho de que basta que una mujer presente una denuncia para que ya se tomen medidas contra el varón, muchas veces bajo la presunción de que el hombre es culpable. Así han proliferado numerosos casos de denuncias falsas, muchas veces utilizadas como medio para obtener mejores condiciones en los procesos de divorcio, que han hecho padecer a muchos hombres auténticos calvarios hasta que han podido demostrar su inocencia.

El Tribunal Constitucional ha perdido, pues, una magnífica oportunidad para restablecer una igualdad de las penas, con independencia del sexo del agresor y de evitar la discriminación del varón a la hora de obtener protección de las autoridades.

Decía un artículo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que "la ley debe ser igual para todos, tanto cuando protege como cuando castigue". Seguimos creyendo que este precepto tenía y tiene buen reflejo en los artículos que en nuestra Constitución proscriben cualquier clase de discriminación, incluida las que apelan a razón de sexo. Una mayoría de magistrados no han querido, sin embargo, verlo, y han preferido comportarse como mera correa de transmisión del poder político que los han designado para el cargo. Y ante esta circunstancia no podemos sino acordarnos también de otro artículo de esa misma Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que dice que "toda sociedad en la que no se encuentre establecida la separación de poderes carece de Constitución". Así de claro, así de triste.


Libertad Digital - Editorial

Por la memoria de las víctimas

No hay libertad pública ni derecho fundamental, sea de reunión o de expresión, que se sobreponga a la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo.

La Audiencia Nacional tiene en sus manos evitar que el próximo sábado se consume en Barcelona una nueva humillación a las víctimas del terrorismo, con el homenaje previsto por grupos independentistas de izquierda a la colaboradora de ETA, Laura Riera, quien abandonará la cárcel después de haber cumplido condena por prestar apoyo al sanguinario comando Barcelona. La información exclusiva publicada por ABC sobre este acto de exaltación terrorista ha dado lugar a una cadena de reacciones, que ha acabado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Pablo Ruz, ha solicitado informes sobre la organización del homenaje. Es evidente que el procedimiento penal tiene que respetar unos trámites y que el juez ha de contar con información policial contrastada. Sin embargo, no cabe duda de que la apariencia de lo conocido hasta el momento es más que un indicio de delito. Celebrar la excarcelación de una terrorista es, en sí mismo, una forma de enaltecer su actividad criminal, al margen de cuáles puedan ser los contenidos de los discursos o los eslóganes que se le dediquen. Por tanto, la propaganda del acto y su intencionalidad son elementos integrantes de una manifestación enaltecedora de la violencia. Si no, no tendría sentido rendir homenaje a quien colaboró con un comando etarra autor de atentados mortales.

Es lamentable que la protesta del grupo municipal del PP y de las asociaciones de víctimas, y la denuncia de Dignidad y Justicia —la Fiscalía ha ido a remolque de los acontecimientos—, no cuente con el respaldo del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, cuya pasividad es un ejercicio de deslealtad con la unidad democrática frente al terror. No hay libertad pública ni derecho fundamental, sea de reunión o de expresión, que se sobreponga a la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo. Tampoco es preciso esperar a que los jueces se pronuncien siempre, porque hay comportamientos que pueden no ser delictivos, pero violentan la convivencia. Y ahí deben intervenir las Administraciones Públicas, como primeras responsables de la paz social. El consistorio barcelonés sigue lavándose las manos ante un acto que, si se celebra porque la justicia no lo prohíbe, será igualmente indigno y habrá contado con su cooperación necesaria. Con actitudes así, nunca se habría aprobado la Ley de Partidos Políticos, ni se habría ilegalizado a Batasuna, ni se habría limpiado el Parlamento de Vitoria y parte de los ayuntamientos vascos de la presencia etarra.

ABC - Editorial