lunes, 23 de agosto de 2010

Estatuto. Desacato y democracia. Por Agapito Maestre

Es menester que la oposición, el PP, haga pedagogía política. O este partido se moviliza para explicar cómo se está destruyendo la democracia o tendremos que aceptar que es un partido colaboracionista del resentido Zapatero.

La reacción del Gobierno contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es propia de un régimen despótico. Bajo formas sedicentemente democráticas, puestas en valor por casi todos los medios de comunicación al servicio del "institucionalismo" socialista o popular, asistimos al desmontaje socialista de la Constitución sin que el PP parezca enterarse de lo que sucede. La democracia, en verdad, muere lentamente en España con la colaboración de las principales agencias de socialización política, pero su principal guía es Zapatero.

Las declaraciones sistemáticas del presidente del Gobierno sobre cómo encajar y alojar las leyes orgánicas, e incluso la propia Constitución, en la parte del Estatuto declarado inconstitucional por el Alto Tribunal reflejan de modo explícito la baja, casi nula, calidad de nuestra democracia. El problema es gravísimo, entre otros motivos, porque la oposición, el PP, denuncia con la boca chica tal proceso; es cierto que Rajoy ha reiterado que las sentencias de los tribunales hay que respetarlas, pero eso no es suficiente para detener la estrategia resentida y revolucionaria de Zapatero para desmontar el "régimen democrático".


La desatención, el descomedimiento y la falta de respeto que el Gobierno de Zapatero presta a las reglas de la democracia en general, y al acatamiento de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña en particular, es de tal envergadura que parece haber llegado la hora de que el PP ponga en funcionamiento todos los recursos que aún alberga el mortecino sistema democrático español para parar al "Robespierre" de La Moncloa, que nos anunció en el último Consejo de Gobierno la decisión firme de reformar el Poder Judicial para adoptarlo a los deseos de los socialistas y nacionalitas catalanes. Ya no se trata de falta de respeto a las leyes, sino de convertir la ley en el derecho del más fuerte, es decir, la ley es lo que dice y hace el Gobierno.

Porque esa decisión traspasa todos los límites permitidos por una democracia basada en el Estado de Derecho, o mejor, en la división de poderes, es menester que la oposición, el PP, haga pedagogía política. O este partido se moviliza para explicar cómo se está destruyendo la democracia o tendremos que aceptar que es un partido colaboracionista del resentido Zapatero. O el PP se suma y pone el altavoz a las críticas formuladas por la Defensora del Pueblo sobre las pretensiones de Zapatero de adoptar la Constitución al inconstitucional Estatuto de Cataluña o tendremos que sospechar que sólo está interesado en el Poder. O el PP pone pronto en funcionamiento político la figura jurídica del desacato, e incluso trata de procesar por alta traición a los principios democráticos a Zapatero, o pensaremos que está de acuerdo con los socialistas para reformar la ley orgánica de la Institución del Defensor del Pueblo, o sea, que está de acuerdo con eliminar cualquier atisbo crítico del Defensor del Pueblo contra el antidemocrático gobierno de Zapatero.


Libertad Digital - Opinión

¿Quién pagó la deuda?. Por César Alonso de los Ríos

EL PSOE trata de distraer con las primarias de Madrid, y Antón Elorza dice que el País Vasco debe estar preparado para la inminente desaparición de ETA. Los constitucionalistas ven muy complicada la ruptura de la unidad jurisdiccional que preconizaba el Estatuto catalán, pero ZP no descarta un entendimiento con CiU. En julio, Montoro no tuvo que romper sus vacaciones porque el vencimiento del pago de la Deuda no supuso la catástrofe que habían anunciado las tertulias y la noticia económica quedaba reducida a la rapidísima recuperación de una molestia del banquero Botín, clave de nuestra seguridad. Pero, quizá, la prueba más significativa de la relajación con la que la gente está viviendo la situación es que de la cuestión de Melilla esté quedando, no tanto el mensaje político por el que se manifestó Aznar (cuando ya estaba resuelto el contencioso con Marruecos), sino el temor de que, a pesar de la crisis, España vuelva a representar la esperanza para millones de africanos. Se ha vuelto a hablar de inmigración y de pateras y, quizá por lo mismo, ha causado tanto impacto la construcción de una Mezquita en Nueva York en la zona castigada por los yihadistas. El peligro religioso del socio «turco».

En esta situación mucho menos insoportable de lo que unos deseaban y otros temían, el PP sigue sin aparecer como el partido que dirige la oposición hacia unos objetivos claros. Confiando en la brutalidad de la crisis, ridiculizó cualquier movimiento esperanzador del Gobierno como aquella visión, efectivamente ingenua, de unos inexistentes «brotes verdes» en el árbol de la economía. No se daba cuenta la dirección del PP de que no cabe la respuesta al optimismo voluntarista basada en la pasividad. Para la ciudadanía, lo más estimable sigue siendo la comunicación inteligentemente basada en la imaginación y la lucha por el cambio.


ABC - Opinión

Tribunal Constitucional. ¿Quién bloquea qué?. Por Emilio Campmany

Con la actual composición, el TC tumbaría, por utilizar el fino lenguaje prisaico, ese canto a la vida que es la ley del aborto. Y eso explica que el PP no quiera ni oír hablar de renovar a los magistrados.

Las campanas prisaicas llaman a rebato porque el Constitucional está por declarar contrario a nuestra carta magna la ley del aborto. ¿Cómo podría atreverse a tanto? Pues nos explican en ca’ Janli que el PP bloquea la renovación del alto tribunal porque ahora mismo son mayoría los contrarios a la constitucionalidad de la ley al haberse pasado un progresista, Eugeni Gay, al bloque conservador. De forma que, con la actual composición, el TC tumbaría, por utilizar el fino lenguaje prisaico, ese canto a la vida que es la ley del aborto. Y eso explica que el PP no quiera ni oír hablar de renovar a los magistrados que deberían haberlo sido hace tres años ni los que toca renovar en noviembre de este año. Pero, Julio M. Lázaro y Fernando Garea, que son quienes firman la noticia, ocultan algunas cosas relevantes.

La primera es que Eugeni Gay tiene de progresista lo que yo de fraile. Fue designado por el PSOE, pero por indicación de Convergencia i Unió, porque los socialistas se llevan muy bien con los nacionalistas y siempre les dejan comer algo de su plato. Y los catalanistas designaron a un abogado de catolicismo militante, sector Unió, que, si le dejan, se cargará sin el menor remordimiento la ley del aborto socialista.


Pero, sobre todo, no cuentan que fue el PSOE quien bloqueó la renovación del Constitucional en 2007 para asegurarse que María Emilia Casas siguiera siendo la presidenta del Constitucional. Y, precisamente con ese fin, modificaron la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal, introduciendo la norma de que, mientras no fuera renovado el Constitucional, el presidente nombrado seguiría siéndolo a pesar de haber expirado el término de 3 años que fija la Constitución. Es verdad que en 2007 deberían haber salido tres magistrados conservadores y tan sólo uno progresista, la Casas, a cambio de 2 y 2. Pero, aun así, los constitucionalistas seguirían siendo mayoría al contar con el voto del progresista Manuel Aragón. Así que el PSOE prefirió seguir en minoría tan exigua con tal de seguir conservando la presidencia y posponer las votaciones todo lo que hiciera falta.

Luego, en 2008, murió Roberto García-Calvo, un conservador, y el PP exigió ser él quien designara al sustituto, puesto que fue ese mismo partido quien designó al fallecido. Los votos habían pasado de 7 a 4 a 6 a 4. Los constitucionalistas seguían teniendo mayoría. Pero, si el PP tragaba con que se hiciera la renovación del Senado sin que fuera renovado García-Calvo, la votación quedaría 5 a 5 y decidiría el voto de calidad del presidente que ya no podría ser María Emilia Casas, puesto que le tocaba ser renovada. El PP no quería renovar si no se le permitía nombrar al sustituto de García Calvo, pero, sobre todo el PSOE no quiso arriesgarse a que el nuevo presidente fuera un conservador o, aún peor, Manuel Aragón y que éste, en calidad de presidente, forzara las votaciones que María Emilia Casas había venido retrasando y que el estatuto fuera derrotado en toda la línea.

Y ahora que han salvado los muebles del estatuto a base de evitar la renovación y mantener en contra de lo que dice la Constitución a María Emilia Casas en la presidencia durante seis años, les entran las prisas por renovar a ver si se quitan de encima al meapilas que les endilgaron los de Unió. Y la culpa de todo es del PP. Hay que fastidiarse.


Libertad Digital - Opinión

Visita a Rabat y Al Qaida

La visita que el ministro del Interior realizará hoy a Rabat ha sido precedida inopinadamente por la liberación de los dos cooperantes españoles secuestrados desde noviembre por Al Qaida, Roque Pasqual y Albert Vilalta. Al margen de los datos concretos, esta venturosa circunstancia dota al viaje de Rubalcaba de una dimensión que va más allá de los problemas fronterizos y de los roces policiales entre ambos países. La amenaza del terrorismo islámico tiene la fuerza, la persistencia y la entidad suficientes como para justificar, por sí sola, una larga entrevista entre los ministros español y marroquí encargados de la seguridad ciudadana. Es necesario, qué duda cabe, deshacer los malentendidos y las fricciones que han marcado las relaciones durante este mes de agosto, con sobreactuaciones y desmesuras por parte marroquí que son impropias de una buena vecindad. Es de esperar que el ministro Rubalcaba, que no es manco en habilidades diplomáticas, ponga las cosas en su sitio y a su homólogo marroquí en el suyo. Es inaceptable, por ejemplo, que se insulte y se veje a las mujeres policía españolas, como también es inadmisible que se denigre a la Guardia Civil, que tantos cientos de vidas salva cada año en aguas del Estrecho. La opinión pública española está hastiada del acoso recurrente de Rabat a Ceuta y Melilla, y espera del Gobierno una actitud más nítida, más inequívoca y más enérgica que la exhibida durante este mes de agosto. En realidad, la pasividad del Ejecutivo ha sido tanto más preocupante cuanto se ha limitado a solicitar del Rey una llamada telefónica al monarca alauita, gestión que a juzgar por los resultados no es descabellado calificar de prematura. Como bien expresó días atrás Juan José Imbroda, presidente de Melilla, la obligación de Rubalcaba es pedir explicaciones a Rabat, no darlas. Al menos en lo que concierne a los contenciosos de su departamento. Pero con la misma convicción, porque lo valiente no quita lo cortés, el ministro español debe fortalecer los acuerdos de cooperación para luchar contra la amenaza terrorista islámica. El último informe del Departamento de Estado norteamericano no deja lugar a dudas: España está en el punto de mira de Al Qaida como «objetivo preferente». El secuestro en Mauritania de los cooperantes españoles no es fruto del azar, sino que obedece a una estrategia pacientemente planificada que los terroristas ejecutarán cuantas veces puedan, porque su razón de ser es secuestrar y atentar a quienes tienen por enemigos mortales. Por tanto, y más allá de roces fronterizos y suspicacias de vecino avinagrado, cabe esperar mucho de esta visita en materia antiterrorista. Sería inaudito que se repitiera un ataque criminal como el del 11-M, cuyos autores conocidos procedían o tenían relación con Marruecos, lo que no conviene olvidar. Y de nuestro vecino depende también en gran parte que Al Qaida no arraige y se propague por el Magreb, poniendo en riesgo la estabilidad de la zona. Si a ello se añade un apaciguamiento de la «guerra» de las mezquitas que se libra en tierras españolas entre diferentes tendencias y obediencias, el viaje de Rubalcaba no habrá sido inútil ni baladí.

La Razón - Editorial

Se cumplió la ley

ESCRIBE AQUÍ EL ENCABEZAMIENTO

EN un Estado de Derecho, lo lógico y natural es cumplir y hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales. Así ha ocurrido en el barrio barcelonés de Gracia, donde —en ejecución de la orden dictada por la Audiencia Nacional— los Mossos y la Guardia Urbana han actuado con eficacia para impedir el homenaje organizado por grupos radicales a la terrorista Laura Riera. Cuando cada uno hace lo que debe, las cosas funcionan de forma razonable: el fiscal solicitó la suspensión del acto, el juez Pablo Ruz la acordó con argumentos bien fundados y las fuerzas de seguridad ejercieron sus funciones en los términos legalmente establecidos. En efecto, impedir la concentración de los grupos antisistema —que ayer todavía pretendían reclamar la libertad del único detenido— era la fórmula más adecuada para que no se produjera un acto de enaltecimiento del terrorismo y para permitir a los ciudadanos disfrutar de las fiestas de su barrio en paz y libertad.

Lo sucedido estos días en la capital catalana debería mover a una seria reflexión a las autoridades autonómicas y municipales. El presidente José Montilla estuvo muy desafortunado con su afirmación de que «no le constaba» la existencia de tal homenaje a la activista de ETA, cuando todo el mundo sabía que estaba en marcha. A su vez, el alcalde Jordi Hereu se lavó las manos hasta el último momento, dejando toda la responsabilidad en manos del juez y adoptando una postura de inaceptable «neutralidad». Hay que dejar de lado extraños complejos y ejercer la autoridad democrática con absoluta normalidad y al servicio del Estado de derecho, que no puede ser alterado por la imposición de grupos antisistema. Menos mal que al final cada cual estuvo en su sitio, la ley se aplicó con absoluta normalidad y, sobre todo, se impuso el sentido común.

ABC - Editorial

Pavimentando el camino de nuevos secuestros

Un Gobierno de un país serio no puede ceder al chantaje terrorista. Poco importa que este se produzca en el País Vasco, en Mauritania o en Somalia, el hecho es el mismo y lo único que consigue es legitimar el terrorismo e incentivar nuevos secuestros.

Aunque al cierre de esta edición aún no haya confirmación oficial, todo parece indicar que los cooperantes españoles en el Sáhara han sido liberados por parte de sus captores, un grupo terrorista vinculado con Al Qaeda. La cadena de televisión Al Arabiya asegura que se han pagado entre cinco y diez millones de euros por los rehenes junto a la extradición a Mali de Omar Uld Sid Ahmed Uld Hame, conocido como Omar Saharaui, único condenado en Mauritania por el secuestro de los españoles.

Que ha habido pago, y que éste ha sido millonario, queda fuera de toda duda. Los terroristas no acostumbran a secuestrar por placer, siempre exigen algo a cambio, generalmente gran cantidad de dinero en concepto de rescate, al que suele acompañar alguna concesión de tipo político o judicial. Los camaradas de Omar Saharaui han hecho un pleno en una operación extremadamente larga, casi nueve meses. Se llevan un rescate muy generoso y la extradición de uno de los suyos al país donde el comando ha permanecido refugiado todo este tiempo.


La importante ahora es saber de dónde ha salido el dinero. El Gobierno, el único que puede reunir y entregar esa cantidad, mira hacia otro lado y pide "responsabilidad" para desviar la atención. Como en secuestros anteriores, en el de los buques Playa de Bakio y Alakrana, o en el de la cooperante Alicia Gámez –que viajaba con los dos que han sido liberados–, Zapatero vuelve a bajarse los pantalones ante los terroristas accediendo a sus demandas pecuniarias.

Desde esta misma tribuna hemos advertido ya en varias ocasiones que lo último que puede hacer un Gobierno democrático de un país serio es ceder al chantaje terrorista. Poco importa que este se produzca en el País Vasco, en Mauritania o en Somalia, el hecho es el mismo y lo único que consigue es legitimar el terrorismo e incentivar nuevos secuestros.

Tal vez por esta razón tan elemental, tan al alcance de cualquiera, Zapatero lleva dos años lidiando con secuestradores en África y, según parece, pagando hasta el último euro que éstos le exigen. La liberación de Albert Villalta y Roque Pascual de la que, desde un punto de vista humano, cabe alegrarse, se convierte así en el preámbulo del siguiente secuestro. Los que han mantenido a los dos cooperantes privados de libertad durante nueve meses en algún rincón del desierto, tienen desde hoy mucho más dinero para perpetrar nuevos crímenes y un aliciente añadido para secuestrar españoles.


Libertad Digital - Opinión

Zapatero, ante su otoño más gris

El Gobierno tendrá que asumir el coste de una negociación extrema con el PNV para aprobar los Presupuestos, de la primera huelga general en su contra y del progresivo desgaste de Zapatero.

LA reentrada del curso político se presenta harto compleja para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que los apoyos del PNV parecen a día de hoy imprescindibles para evitar una prórroga de las cuentas públicas que situaría la legislatura ante el abismo, obligará al Ejecutivo a aceptar cualquier exigencia extrema —cualquier chantaje— de los nacionalistas vascos, que se ven en una posición de fuerza por primera vez desde que perdieran el Gobierno vasco a manos de Patxi López. El «no» adelantado de CiU a apoyar los Presupuestos y la inminencia de las elecciones catalanas marcadas por el severo desgaste del tripartito en general, y del PSC de José Montilla en particular, dificultan el margen de maniobra de Rodríguez Zapatero, que en principio tampoco podrá contar con ERC ni con Izquierda Unida, seriamente enfrentados al Gobierno tras los «tijeretazos» al gasto social. A ello Zapatero tendrá que sumar el coste de las consecuencias políticas y sociales que se deriven de la huelga general convocada para el 29 de septiembre por los sindicatos mayoritarios, castigados por el Gobierno durante la negociación de la reforma laboral y obligados a recuperar ante sus afiliados una imagen de autonomía tras asumir que su ridícula sumisión al Gobierno en los últimos años paradójicamente no les ha granjeado más rédito que el de sentirse traicionados.

El Gobierno afrontará su peor otoño en una situación de gran debilidad, con un gabinete desgastado, nutrido mayoritariamente de ministros sin apenas peso político, con una imagen creciente de deterioro cada vez más censurada por los ciudadanos, y con síntomas evidentes de división interna y contestación a la Ejecutiva Federal. Esto es, de contestación a Rodríguez Zapatero. La pugna entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez por el control del PSOE madrileño, que se dirimirá en las «primarias» de este partido a principios de octubre, no será con seguridad un caso aislado ante la cita crucial de las municipales y autonómicas de 2011. Más aún, puede llegar a mermar seriamente la hasta ahora incontestable autoridad interna de Rodríguez Zapatero y debilitar su liderazgo en la fase definitiva de la legislatura. Enfrente, el Partido Popular y Mariano Rajoy están llamados a conservar la ventaja que hoy en día le conceden unánimemente todos los sondeos de opinión sin descuidar la labor de oposición. El PP incurriría en una pasmosa ingenuidad si dejara transcurrir los meses en la creencia de que los errores de Zapatero, por sí mismos, van a despejar a Rajoy el camino hacia la Moncloa.

ABC - Editorial