miércoles, 25 de agosto de 2010

Ardor claudicante. Por Edurne Uriarte

Las graves la política exterior y de seguridad del Gobierno van se caracterizan por la inacción y la claudicación.

De la Vega ignora que Ardor Guerrero, el concepto con el que ha pretendido descalificar a los críticos del Gobierno en materia de seguridad y exterior, es el himno del Arma de Infantería, con lo que una vicepresidenta del Gobierno realiza la singular proeza de burlarse del Ejército más que de sus críticos. Y, una vez más, pone de manifiesto las graves deficiencias de su política exterior y de seguridad que van mucho más allá de la ignorancia y se caracterizan por la inacción y la claudicación.

Y, lo que aún es peor, por la reivindicación de esa inacción y claudicación. Zapatero, con una rueda de prensa para «felicitarse» por la labor diplomática y de inteligencia en la liberación de los secuestrados Villalta y Roque. Es decir, por la brillante operación de pagar millones de dólares al terrorismo islámico y gestionar la liberación de un terrorista. Cosa que el presidente no duda en exhibir y reivindicar sin el menor átomo de vergüenza ni duda moral, reiterando que la política claudicante es su principio político.


De la misma forma que el ministro de Interior presume de la cesión ante las provocaciones de Marruecos. Y lo reivindica como una alternativa a «la política a cabezazos» de la derecha en Melilla frente a su política inteligente y sensata que consiste en una ridícula visita a Rabat para dar finalizado un conflicto que, según el propio Gobierno, no existía. Y en el abandono de su propia policía y en la aceptación de los intolerables ataques machistas a las mujeres.

Brice Hortefeux, el homólogo francés que está en sus antípodas, ha hecho una perfecta definición de todo lo anterior este lunes en Le Monde dirigiéndose a la izquierda francesa: «Ustedes están cegados por el sentimiento dominante de los sedicentes bien pensantes que, regodeándose en su propio pensamiento, renuncian a actuar».


ABC - Opinión

Lo que nos espera. Por Andrés Aberasturi

Aseguran quienes saben de eso que en economía no hay milagros: hay soluciones o políticas socialista, socialdemócratas, liberales etc. pero milagros, los justos. Una crisis como la que estamos viviendo se puede afrontar de muy diversas formas y de ahí la imposibilidad de un acuerdo entre el PP y el PSOE. Las propuestas de Rajoy están por probar porque, pese a lo que digan en Génova, las situación a la que tuvo que hacer frente Aznar cuando llegó a la presidencia no es la de ahora aunque algunas datos puedan aparentar lo contrario. Sus soluciones funcionaron entonces pero no sé hasta qué punto serían válidas ahora.

Lo que si parece mas claro es que el Gobierno de Zapatero va de un lado a otro sin decidirse por nada que dure mas de un par de semanas. Y eso, me temo, los mercados no lo entienden. Lo que nos espera va a ser un otoño duro y un invierno frío. Los brotes verdes son realidades que duran lo que duran los sueños de una noche de verano pero que se empeñan convertir en realidad y que, además, estaban previstos: desde la creación de empleo estacional a la subida de turismo que, lejos de ser una buena señal, nos deja claro que algunos de los países de nuestro entorno, están ya saliendo de la crisis y se permiten el lujo de volver a veranear en España.


Pero el Gobierno se enfrenta a muchas patatas calientes, unas propias y otra ajenas. La buena marcha de la economía alemana terminará subiendo los tipos y esto repercutirá sobre las hipotecas que todos tenemos y muchos no pueden ya pagar. Los desmentidos sobre una posible subida de impuestos sólo se entiende ya desde la certeza de que van a subirlos, entre otras cosas porque ya nos conocemos esa película y lo que dice José Blanco es mucho mas creíble que lo que desmiente la vicepresidenta económica.

Y el crédito que no llega. Y la reforma laboral que vaya usted a saber. Y la huelga que se va a quedar en nada. Y el recorte en el gasto en obra pública que ya no va a ser el que era. Y unos presupuestos generales para todo el estado que los aprobara, o no, el PNV. Demasiadas incertidumbres y muchas realidades que no favorecen ni un clima de confianza ni un futuro inmediato especialmente optimista. Hasta no es descartable que volvamos a la recesión.

No sé si entretenidos como están con las primarias en particular y las municipales en general, tendrán tiempo para otras cosas que no sea prometer y prometer para ganar. Pero tanto el PSOE como el PP tienen por encima del poder la obligación de trabajar para toda la sociedad española y muy especialmente para esos casi cinco millones de parados que ningún milagro ni ninguna promesa van a devolver al mercal laboral.


Periodista Digital - Opinión

Pasteleros gubernamentales. Por M. Martín Ferrand

Nuestro CNI pone las guindas donde los franceses instalan la autoridad y la dignidad. Empalaga.

SON tantos los pasteleros que trabajan en el obrador de José Luis Rodríguez Zapatero que, más que un Gobierno, eso parece una repostería. Pastelear —contemporizar con miras interesadas— es la actividad principal de un equipo que, en función de su actividad edulcorante y falsaria, consigue aliviar el deterioro que ya se hubiera llevado por delante a cualquier otro Gabinete capaz de instalarse en el paro millonario, la deuda creciente y el déficit suicida. Pero donde más luce la capacidad pastelera del zapaterismo es en cuanto se relaciona con la política exterior. Ignoro si las recetas son del propio presidente, las perpetra Miguel Ángel Moratinos, colaboran en su factura Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado o si son más, y menos conocidas, las manos del poder que hacen la masa y dosifican la miel y el azúcar que, en demasía, nos diferencian del proceder de otros países, como Francia y el Reino Unido, con más larga experiencia en la especialidad y mayor rigor en sus actuaciones.

En las últimas horas, el viaje del titular de Interior a Marruecos y la liberación de Albert Vilalta y Roque Pascual constituyen un alarde pastelero sin parangón entre las cancillerías occidentales. El ministro ha resuelto un conflicto que, según el Gobierno en el que se integra, nunca existió y los rehenes de Al Qaeda del Magreb se les aparecieron, de repente, a los periodistas como si se tratara de un espectáculo de David Copperfield.

El ministro que no quiso ir a Melilla para respaldar moralmente a la Policía que de él depende, viajó a Casablanca para cumplimentar a Mohamed VI y, con gran destreza en las mañas pasteleras, convirtió en «cosa del pasado» unos sucesos que todavía no han concluido. Si no le ponemos condiciones a la eficacia, que le caben las éticas y las estéticas, lo de Rubalcaba sería de nota; pero la realidad es panorámica, no se concreta en un único punto y el pastel resultante, sin negar su dulzura, no favorece el aspecto del escaparate exterior de España.

Lo de los cooperantes de la ONG secuestrados el pasado noviembre en una caravana en la que no lucía ninguna bandera española y sí varias cuatribarradas, es otra tartita de la pastelería monclovita. La vergüenza es algo que, parece, ya no se lleva en la vida política; pero resultaría exigible el sonrojo gubernamental después de conocer el mensaje emitido por los secuestradores-libertadores de Vilalta y Pascual. Es, dijeron, «una lección a los servicios secretos franceses para que lo tengan presente en el futuro». Nuestro CNI pone las guindas donde los franceses instalan la autoridad y la dignidad. Empalaga.


ABC - Opinión

Izquierda. Zapatero y la violencia. Por Agapito Maestre

Zapatero es el único político de referencia que sigue teniendo una cierta "izquierda intelectual" europea con Zizek a la cabeza, que hace de la rehabilitación del momento violento de la revolución su principal argumento político.

Entre la inmensa bibliografía existente en castellano sobre la estatura moral de Rodríguez Zapatero, dejo a un lado su altura política, noto un déficit importante. No existe biógrafo, crítico, o analista político español, hasta donde yo alcanzo, que haya estudiado en algún capítulo de su obra la valoración que la izquierda intelectual europea más totalitaria ha hecho del presidente del Gobierno de España. Es, sin embargo, una tarea extremadamente instructiva para saber cual es la relación política y, por supuesto, moral de Rodríguez Zapatero con el fenómeno de la violencia en general, y del terrorismo en particular.

La sustitución de la política por la violencia, o mejor, la apología de la violencia como vía para acabar con el esfuerzo ciudadano, es decir, político para construir espacios comunes de convivencia, es el principal argumento de esta izquierda para reivindicar su pasado criminal, especialmente estalinista, por una parte, y por otra le sirve para justificar todos los fenómenos de violencia antisistema a los que hemos asistido en los últimos años en Francia o Inglaterra. Es necesaria, pues, la violencia para acabar con la pobreza y la marginación. La política se queda corta. Es menester la revolución.


Curiosamente, la visión que tiene Rodríguez Zapatero de la pobreza, la violencia y el terrorismo no difiere mucho de esa "vieja-nueva" izquierda. Hay terror y violencia, según el presidente del Gobierno, porque existe pobreza. Así pues, no es la concepción de Rodríguez Zapatero de la violencia, como alguno pudiera sospechar, oscura y retorcida, sino que es, por el contrario, transparente, diría más, diabólicamente transparente. Todo vale, emulando a Trotsky, para acabar con la pobreza, es decir, para hacer la revolución. La consecuencia inmediata que se desprende de esa concepción es obvia: la violencia deja de ser el monopolio legítimo del Estado; en efecto, de acuerdo con una de las premisas fundamentales en el actual proceso de reideologización de la izquierda intelectual europea, Rodríguez Zapatero ha demostrado con creces que el monopolio legítimo de la violencia ya no es algo único, como nos enseñara Weber, de los Estados de Derecho, sino de cualquier grupo violento que haga valer el terror como vía política.

He ahí el preciso contexto en el que hemos de analizar la negociación del gobierno de España con la banda terrorista Al Qaeda para liberar a los cooperantes de Barcelona. Ya sé, es obvio, que Rodríguez Zapatero ha negociado varias veces de tú a tú con violentos y terroristas, especialmente dramático es el largo, tortuoso y aún vigente proceso de negociación con los criminales de ETA, pero es que el último caso, el de los cooperantes de Barcelona, no sólo ha sido alabado por Al Qaeda, sino que ha sido convertido por los terroristas en el modelo, en el arquetipo, que debería imitar Occidente para tratar con ellos de tú a tú... Terrible.

Y es que Zapatero, cosa que ha pasado desapercibida entre los analistas políticos españoles, es el único político de referencia, reitero, que sigue teniendo una cierta "izquierda intelectual" europea con Zizek a la cabeza, que hace de la rehabilitación del momento violento de la revolución su principal argumento político. El rearme ideológico, o mejor, la vuelta al vale todo, incluida la violencia y el terror, del estalinismo y, por supuesto, del trotskismo, que también en esto coinciden estos dos ismos, tiene en Rodríguez Zapatero uno de sus iconos contemporáneos. El terror jacobino, esa violencia institucional que se toma como medida temporal y de emergencia, o sea, como si fuera algo extraordinario para hacer frente simultáneamente a la insurrección interna y a la agresión exterior, se convierte en definitiva.

Daré otro ejemplo de violencia, ahora de carácter institucional, esgrimido por Zapatero el pasado viernes en el último Consejo de Gobierno que señala el inicio del curso político. Zapatero, como si se tratara de un nuevo Robespierre, experimentado en el terror bolchevique, nos amenaza con adoptar todo tipo de medidas para que lo injusto, lo violento y lo anticonstitucional del Estatuto de Cataluña sea el patrón de comportamiento de todas las leyes, especialmente de la Constitución, para el nuevo régimen que él lidera. He ahí la tarea que le ha encomendado al titular del Ministerio de Justicia: adapte la legalidad a la ilegalidad. Baja la apariencia zen de Zapatero se esconde uno de los "gobernantes" más violentos que ha dado España, y mira que ha dado, en su historia.


>Libertad Digital - Opinión

Fin bueno, ejemplo malo. Por José María Carrascal

Da la impresión de que los ciudadanos del primer mundo hemos perdido el sentido del riesgo físico.

QUE Albert Villalta y Roque Pascual estén de nuevo en casa sanos y salvos es un alivio para todos. Pero es lo único bueno del episodio. Solucionar un secuestro pagando el rescate exigido y poniendo en libertad al jefe de los secuestradores es rendirse ante el chantaje, lo que, según los expertos, lo promueve, al mostrarles que somos chantajeables. Claro que intentar el rescate por la fuerza puede ser peor, y costar la vida de los secuestrados, como ha ocurrido con el rehén francés. Lo que se recomienda es aguantar, ya que a los secuestradores tampoco les interesa perder su mejor y única baza: el rehén. Pero es más fácil pagar. No ha sido por tanto un éxito, sino una capitulación ante los terroristas. La renuencia de Mauritania a dejar en libertad a su jefe detenido y condenado deja muy claro cuáles son las consecuencias: mayor prestigio en el Magreb de Al Qaeda, que si destina el rescate recibido —estimado en varios millones de euros— a procurarse material más sofisticado, podrá ampliar su radio de acción, con lo que la seguridad y estabilidad de aquellos gobiernos se hará aún más precaria. Así que, repito, alivio. Pero de tirar cohetes o enhorabuenas, nada de nada.

Una lección, sin embargo, podemos sacar del episodio y es que la mejor forma de evitarlos es no propiciarlos. Pero da la impresión de que los ciudadanos del primer mundo, cuyo mayor peligro es quedarnos sin empleo, hemos perdido el sentido del riesgo físico. E igual nos tiramos del balcón del hotel a la piscina que nos marchamos a los lugares más remotos a hacer senderismo u obras de caridad. Sin enterarnos antes de los riesgos, e incluso enterándonos, como son las lluvias torrenciales en el subcontinente asiático o la situación explosiva en el África subsahariana. No ya los periódicos, la televisión nos muestra a diario escenas dramáticas de lo que allí ocurre. Pero el blanco, europeo, desde su alto nivel de vida, parece pensar que aquello no va con él. Y cuando esos riesgos le atrapan, se queda tan sorprendido como impotente. Entonces, sí, entonces todo son llamadas al gobierno, a los gobiernos mejor dicho, movilización de la diplomacia, marchas de solidaridad, vigilias emotivas y gastos cuantiosos para procurar el rescate. Todo porque a unos ciudadanos hechos y derechos les ha dado por ir adonde no se recomienda ir.

Ya sabemos que la vida en el mundo desarrollado es aburrida y escasa de emociones fuertes. Pero conviene no pasarse con ellas. Lo que intento decir es que si alguien quiere hacer senderismo u obras de caridad, tiene abundantes oportunidades de hacerlo en su propio país sin ponernos en vilo a todos, empezando por sus familias y, desde luego, sin salir en el telediario.


ABC - Opinión

Celebrar el fracaso. Por Ignacio Camacho

No ha lugar al triunfalismo. Cuando media un rescate fracasa el principio de legalidad y sólo triunfa el del mal menor.

EL único final feliz posible de un secuestro consiste en la rendición, entrega o captura de los secuestradores después de haber puesto en libertad a sus víctimas. Cuando media un rescate fracasa el principio de legalidad y triunfa el del mal menor, ante lo que sólo cabe una alegría matizada por el retorno salvo de los rehenes, que se produce a costa de una quiebra del orden y del derecho. En el caso de los cooperantes catalanes nadie que albergue sentimientos decentes puede dejar de compartir su alivio por el final de la pesadilla, pero el Gobierno no tiene nada que celebrar porque sencillamente ha claudicado. La comparecencia del presidente Zapatero fue un gesto de triunfalismo inaceptable; no admitió preguntas porque él mismo sabía que no tenía respuestas. Respuestas presentables en un líder democrático.

El pago de rescates es un viscoso dilema ético —elegir entre dos males— en el que resulta difícil encontrar respuestas claras. Quienes parecen hallarse en posesión de contundentes certezas de barra de bar deberían contrastarlas situándose con honestidad en la posición de las víctimas o en la de las autoridades encargadas de decidir sobre el chantaje. La preservación de la vida de los rehenes como bien de protección prioritaria suele entenderse como la solución más razonable desde el punto de vista pragmático; todas las demás son sangrientas. En España ha habido sentencias judiciales que han apreciado en la entrega del dinero atenuantes de fuerza mayor, y a ellas conviene atenerse antes de emitir veredictos morales genéricos. Ahora bien: si hay que pagar se paga aceptando que no queda más remedio, pero con discreta resignación y sin sacar pecho encima. Presumir de gestionar adecuadamente el sometimiento a una amenaza es ufanarse de hacer bien lo que no está bien hecho. Y aunque ha habido precedentes —en el episodio del «Alakrana»— en que hasta eso se ha resuelto de forma incompetente y chapucera, el Estado no se puede vanagloriar de una derrota. Para jactarse ya están los terroristas, cuyo arrogante comunicado constituye una humillación tan penosa como la libertad negociada del responsable del secuestro.

Ni el Gobierno ni su presidente pueden ignorar que este desenlace va a tener consecuencias. Los terroristas son ahora más fuertes y disponen de más medios, y los ciudadanos somos de alguna forma menos libres, por no hablar del enojoso agravio comparativo con otros Estados menos transigentes. El mensaje de debilidad es evidente, y bajo la alegría elemental del retorno de nuestros compatriotas queda el sinsabor amargo de un fracaso moral y político que no merece autocomplacencia ni euforia. Quizá tengamos que resignarnos a admitir que a veces nos toca perder como fórmula de supervivencia. Sea, pero preservemos al menos la dignidad de no celebrar nuestras propias frustraciones.


ABC - Opinión

Cooperantes. Cuentos crueles sobre ONGs. Por José Antonio Martínez-Abarca

Así son ciertas Oenegés, determinadas togas cándidas del universalismo. Se ofrecen a salvar a los países pobres y al final los países pobres deben salvarles a ellos, volviéndose de paso más pobres.

Hace un tiempo saltó el escándalo de las Oenegés cuyo objeto social no era realmente el que decían, o que se embolsaban el dinero incauto para dedicarlo a otros fines no especificados, como por ejemplo el enriquecimiento privado. Ahora, a propósito de esos sospechosos activistas de Barcelona por los que hemos tenido que pagar siete millones de euros a Al Qaeda en concepto de rescate, debería saltar el escándalo de las Oenegés que no ayudan a quien dicen ni a lo que dicen sino al contrario, que se dedican a entorpecer las misiones para las que teóricamente se encomiendan. Las Oenegés que aseguran, con su atolondrado cuando no criminoso deambular por el mundo, de que los países que dicen estar arreglando se mantengan rigurosamente en peores condiciones de las que existían con anterioridad a recibir a esas Oenegés en su territorio. El planeta no necesita aficionados. Y tontos que viajen tampoco faltan: siempre hay los suficientes en origen.

Los buenos sentimientos de según qué Oenegés me recuerdan a aquel "cuento cruel", especialmente cruel, del dandi Villiers de L'isle Adam, la tortura de la esperanza. La historia de un judío enmazmorrado por los monjes de la Inquisición en espera de su tortura y muerte se escapaba, en un descuido de sus rectores, de su salvífica prisión, y en el último momento antes de alcanzar la libertad se veía postrado débilmente ante el abrazo afectuoso de un religioso que no podía contener las lágrimas por la egoísta tentativa del purgado, atrayéndolo hacia sí con amor y susurrándole: "¿Qué, hijo mío, en la víspera, probablemente, de tu salvación deseas dejarnos?". La esperanza de haber casi escapado de sus "benefactores" era la atroz forma de hacer sufrir a base de buenos sentimientos. Como aquel condenar "a toda la eternidad menos un día" de Ramón Gómez de la Serna: la esperanza de que llegara el día lo hacía perfectamente insufrible.

Así son ciertas Oenegés, determinadas togas cándidas del universalismo. Se ofrecen a salvar a los países pobres y al final los países pobres deben salvarles a ellos, volviéndose de paso más pobres. Someten a esos países pobres a la "tortura de la esperanza", restregándoles por los morros lo bien equipados que van, el confortable tedio occidental del que han tenido que escapar y lo rico que es el Gobierno al que hacen intervenir cuando su pellejo está en juego. Y, mientras, la teocracia terrorista engorda gracias a ellos, teniendo muchas más posibilidades de hacerse con el control del país que antes de la llegada de los que iban tan resueltamente a mejorarlo.

Cuidado con los buenos sentimientos, porque según qué Oenegés superan en resultados cualquier crueldad imaginada. Dos o tres expediciones más que salgan desde el confortable nacionalismo catalán para hacer un mundo mejor y nos quedamos sin mundo que arreglar.


Libertad Digital - Opinión

CiU, insumisa fiscal

CiU comete el error de alentar agravios comparativos que sólo perjudican a los ciudadanos y generan reacciones de antipatía que los catalanes no merecen.

LA sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y la precampaña electoral en Cataluña han desencadenado una competición entre los partidos políticos para ver cuál formula una propuesta más estrambótica y ajena a la realidad. A falta de un hipotético referéndum sobre la autodeterminación —la reincidente ensoñación identitaria del nacionalismo catalán alimentada irresponsablemente por el Gobierno central durante estas dos legislaturas—, el dirigente de CiU Oriol Pujol se ha descolgado animando a los catalanes a declararse «insumisos» fiscales al modo en que lo hicieron en 1898 los empresarios, cuando el Gobierno de Francisco Silvela ordenó una subida de impuestos para cubrir el déficit derivado de la pérdida de colonias en el exterior. No es que CiU, que presume de rozar ya el poder por el enorme desgaste sufrido por el tripartito, proponga ideas inasumibles basadas en una mezcla de chantaje y victimismo. Es que CiU, sencillamente, apela a la ilegalidad como recurso electoralista incurriendo en una profunda contradicción: la de exigir un día la regulación de un concierto económico para Cataluña similar al vigente para el País Vasco o Navarra, y pedir sin tapujos, al día siguiente, la independencia. El «cierre de cajas» planteado por Oriol Pujol sin que haya sido corregido por Artur Mas no es más que otra burda expresión de la imperiosa necesidad que tiene CiU, tras dos legislaturas alejada de la Generalitat, de recuperar el poder con mensajes extremos que le permitan restar votos al PSC y a ERC. Envuelto en una «profunda catalanidad» para evitar que Cataluña «acabe siendo una gran Murcia», CiU comete el error de alentar agravios comparativos que sólo perjudican a los ciudadanos y generan reacciones de antipatía que los catalanes no merecen.

ABC - Editorial

Solidaridad amenazada

El secuestro de los tres cooperantes españoles en el Magreb ha iluminado dramáticamente el lado más oscuro y peligroso al que se enfrentan las ONG en los países subdesarrollados y en las zonas conflictivas. Según datos de la Comisión Europea difundidos ayer por la comisaria de Ayuda Humanitaria, Kristina Georgieva, en los últimos diez años se ha mutiplicado por tres el número de cooperantes muertos (de 30 a 102) y casi por cinco el de los secuestrados (de 20 a 92). «La seguridad está más comprometida que nunca», ha sentenciado Georgieva. Aunque el trabajo de los cooperantes nunca ha estado a salvo de la violencia, engendrada precisamente por la pobreza y la injusticia contra la que luchan, es evidente que el empeoramiento de las condiciones exige un cambio de actitud. Terroristas, bandas organizadas de delincuentes, narcotraficantes y sátrapas locales han descubierto en el cooperante occidental una tentadora fuente de ingresos y de propaganda. Minusvalorar esta realidad es un suicidio. Como es natural, no se trata de anular proyectos o de suprimir programas de ayuda, lo que sería nefasto para millones de personas que confían su supervivencia a la ayuda humanitaria de los países ricos. De lo que se trata es de planificar las acciones con el rigor y la seguridad necesarios. La experiencia de Acciò Solidaria es lo bastante concluyente como para ponerla de ejemplo de lo que no se debe hacer en una zona altamente volátil. Pero no basta con que las ONG extremen la prudencia. También es responsabilidad de los poderes públicos velar por la integridad de los ciudadanos y por la ejecución segura de sus proyectos mediante la evaluación de los riesgos, el asesoramiento y la asistencia sobre el terreno. Al mismo tiempo, es necesario que los organismos internacionales, empezando por la ONU, refuercen la figura del cooperante y le brinden mayor protección física y jurídica. Las organizaciones solidarias y de voluntariado son un activo fundamental de nuestra sociedad, y en ellas participan activamente miles de personas, la mayoría de forma altruista. España tiene una larga tradición de ayuda a los países pobres, como lo atestigua la presencia permanente en ellos de veinte mil misioneros, educadores y personal sanitario. Proteger y fortalecer este impulso solidario, que no cesa de crecer día tras día, es tarea de todos, pero también de las administraciones públicas. En este punto, convendría apelar a la responsabilidad y al rigor para que no se dé gato por liebre y no se utilice la generosidad ajena para el beneficio personal. O, peor aún, para enjuagues ideológicos destinados a comprar voluntades políticas. Carecen totalmente de sentido y son una estafa a la sociedad esas ONG cuya principal fuente de financiación son los organismos públicos; con apoyo social muy limitado y sin peso específico, apenas son una cáscara vacía que se nutre de subvenciones «amigas» destinadas a mantener su burocracia acomodada, y cuyas actividades en el exterior se parecen más a los viajes turísticos que al duro trabajo solidario. En suma, sin caer en alarmismos, el vasto movimiento solidario deberá revisar su forma de trabajo para evitar riesgos sin frenar su actividad.

La Razón - Editorial

Solución opaca

La crisis diplomática con Marruecos se resuelve sin que se aclare cómo y por qué comenzó.

Unas conversaciones entre los ministros del Interior de España y Marruecos de las que apenas se conoce el contenido resolvieron una tensión en torno a la frontera de Melilla de la que no se sabe cómo ni por qué comenzó. Ese es el insólito resumen de una crisis diplomática que, al parecer, tampoco lo ha sido, al menos para el ministro de Asuntos Exteriores español. Las relaciones entre España y Marruecos son cruciales para la estabilidad en una región sobre la que planean algunos de los principales riesgos que enfrenta la comunidad internacional en estos momentos, desde el narcotráfico a la trata de seres humanos, pasando por el blanqueo de capitales o el terrorismo. Los asuntos son suficientemente graves como para definir un modelo de relaciones que no esté a merced de la improvisación.

Lo que importa en las relaciones no es que sean excelentes -como no dejan de repetir ambos Gobiernos en comunicados cada vez más estereotipados-, si por ello se entiende que no existen contenciosos. De lo que se trata es, por el contrario, de que sean estables y previsibles, de manera que encuentren solución rápida, y también transparente, los inevitables contenciosos que surgen entre países vecinos y con intereses divergentes en algunos ámbitos.


Ese modelo de relaciones existía hasta que la diplomacia del ex presidente José María Aznar lo desbarató, y no ha sido sustituido por ningún otro. En líneas generales, consistía en un compromiso de abordar la solución de cada contencioso surgido dentro de su ámbito específico, evitando que se proyectara sobre el conjunto de las relaciones. Además, Ceuta y Melilla se mantenían fuera de la agenda bilateral, para lo que resultaba imprescindible que los responsables políticos evitasen gestos teatrales como los que realizó el anterior presidente estando en la oposición y también en el Gobierno, aunque disfrazándose de candidato electoral. Ahora, además, como ex jefe del Gobierno. El precio que ha habido que pagar por esos gestos es que hoy Ceuta y Melilla están en la agenda bilateral.

El ministro Rubalcaba dijo en Rabat que los recientes incidentes fronterizos de Melilla eran cosa del pasado. Es una gran noticia que España y Marruecos hayan decidido pasar página sobre ellos. Solo que falta por saber cuáles han sido esos incidentes cuya existencia ha reconocido el ministro. A lo largo de este verano, el Gobierno marroquí presentó cinco notas de protesta en las que se vertían graves acusaciones contra la policía que controla el paso fronterizo de Melilla. Hasta el momento, el Gobierno no ha desmentido esas acusaciones con la claridad y la contundencia que requieren, tanto para restablecer el buen nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, cuyo trabajo se desarrolla en condiciones de extrema precariedad, como para que los ciudadanos puedan entender qué desencadenó la crisis y cómo se ha resuelto.


El País - Opinión

La impunidad de los "Rafitas" y de los "Rafaeles"

A la práctica impunidad que la Ley concede al menor, por horrible que sea el delito que haya cometido, se suman ahora la falta de severidad con la que se castigan los llamados "delitos menores" y los retrasos en la administración de justicia.

Hay crímenes que, con el tiempo, caen fácilmente en el olvido y que tan sólo los sacan del recuerdo algunas efemérides. No es el caso del asesinato de Sandra Palo: A la naturaleza especialmente espantosa del crimen de esta joven, que fue quemada todavía con vida tras ser violada e insistentemente atropellada por unos jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 19 años, se une el encomiable y permanente esfuerzo de los padres de la víctima por lograr, no sólo que el crimen de su hija caiga en el olvido, sino también que sea reformada la injusta Ley del Menor por la que uno de los asesinos –"El Rafita"– quedó en libertad y sin antecedentes penales tras cumplir en un centro para menores escasos cuatro años de condena.

Hay, además, otra circunstancia que contribuye a que este crimen no deje de ser recordado por los medios de comunicación, y no es otra que la insistencia con la que este criminal ha seguido delinquiendo tras ser puesto en libertad, ya una vez alcanzada su mayoría de edad. Este martes ha vuelto a ser detenido por el robo de un vehículo, lo que supone el quinto arresto por delitos contra la propiedad desde que el pasado 25 de junio concluyeron los tres años de libertad "vigilada" que siguieron a sus cuatro años de internamiento.


Ignoramos si en el momento en que ustedes lean este editorial, "El Rafita" habrá ya sido puesto nuevamente en libertad condicional. Lo que sabemos es lo poco que los jueces tardaron en hacerlo en las cuatro ocasiones anteriores, con la excusa –desgraciadamente legal– de que se trataban de "delitos menores". Lo que sabemos, también, es que el demencial sistema de administración de justicia que padecemos no ha hecho otra cosa que reforzar la sensación de impunidad de muchos "Rafitas", tanto cuando eran menores de edad como cuando han dejado de serlo.

Y es que a la lenidad de nuestras leyes, se le une el problema no menor de la dilación de la justicia. Si la Ley del Menor prácticamente otorga impunidad a los autores de cualquier delito –por horrible que sea– cuando se trata de menores de edad, la falta de severidad de la Ley para los llamados "delitos menores" y los retrasos en la administración de justicia constituyen nuevos beneficios para los delincuentes, ya sean estos menores o mayores de edad.

Naturalmente, hay que graduar la severidad de la pena en función de la gravedad del delito, así como evitar al máximo posible la reclusión de quien no ha sido todavía juzgado. Pero la solución debe ser agilizar los procesos judiciales y elevar proporcionalmente la severidad, y no que los delincuentes entren y salgan de comisaría como de su casa y que utilicen la libertad provisional para acumular más y más causas pendientes.

Si este delincuente, antes de asesinar a Sandra Palo, hubiera sido severamente castigado por supuestos "delitos menores" como el de herir a varios viandantes con una escopeta de perdigones, tal vez nunca hubiera llegado a violar y asesinar. Y, desde luego, si la Ley del Menor no le hubiera evitado el castigo que merecía por tan horrible crimen, no habría seguido delinquiendo con posterioridad ni estaría ahora en disposición de volver a cometer crímenes tan abyectos como los que nunca pueden caer en el olvido.


Libertad Digital - Editorial

Las sombras del rescate

Como ya ocurrió en Somalia, el mensaje que captan los terroristas es que nuestro país es vulnerable a las presiones, a diferencia de otros Estados miembros de la UE.

OCHO millones de euros parece ser la cantidad desembolsada por la liberación de los cooperantes españoles en poder de la franquicia magrebí de Al Qaida, además del canje de los rehenes por el mercenario responsable del secuestro, condenado en Mauritania y trasladado a Malí. Ningún gobierno reconoce abiertamente el pago de un rescate, no sólo porque se trata de una conducta ilegal, sino también por evidentes razones de prudencia política. Sin embargo, todos los indicios apuntan en ese sentido y el silencio oficial alimenta los rumores y las suspicacias. El Ejecutivo no da explicaciones, y ello contribuye a ofrecer una muestra de debilidad que perjudica seriamente la imagen de España en una región especialmente conflictiva del planeta. Como ya ocurrió en Somalia, el mensaje que captan los terroristas es que nuestro país es vulnerable a las presiones, a diferencia de otros Estados miembros de la UE. Sin duda, la vida y la libertad de los secuestrados es un valor de máxima relevancia, pero conviene no olvidar que el dinero obtenido por los secuestradores sirve para financiar a una organización terrorista que funciona a escala global y está dispuesta a realizar nuevos atentados contra intereses españoles.

La presencia de las ONG en zonas de alto riesgo genera una lógica inquietud en la opinión pública. Nadie pone en duda las buenas intenciones de quienes prestan ayuda humanitaria a los más desfavorecidos, pero la prudencia se impone en estas circunstancias porque se trata de territorios donde los delincuentes actúan a sus anchas y ningún Estado garantiza la seguridad. Como es notorio, cualquier incidente obliga después a complejos esfuerzos diplomáticos y supone un coste notable en dinero público, por vías directas o indirectas. Si las organizaciones persisten en sus planteamientos, el Gobierno debería exigirles requisitos muy rigurosos e incluso impedir unas actuaciones que —más allá de su valoración subjetiva— suponen un perjuicio objetivo para el interés público. La sociedad española contempla con lógica satisfacción la libertad de Vilalta y Pascual, pero observa con grave preocupación las muchas zonas de sombra que concurren en este asunto y, en particular, el nuevo deterioro de la imagen internacional de España. Tal vez si el Gobierno ofreciera algunos datos más concretos, sin vulnerar las reglas de la discreción en asuntos tan delicados, habría más elementos de juicio para comparar la actuación de nuestras autoridades con la de otros países que sufren también estas agresiones injustificables.

ABC - Editorial