miércoles, 22 de septiembre de 2010

Huelga a la huelga. Por José María Carrascal

Impedir el derecho a trabajar viola los derechos individuales de los empleados de los colectivos de la nación.

NO hay mucho ambiente en la calle ante la huelga del día 29. Unos, porque no les parece oportuna, otros, porque no les inspiran confianza los líderes sindicales que la han convocado y no pocos, porque no pueden permitirse perder el salario de ese día, el caso es que el entusiasmo es mínimo. Ni siquiera en las organizaciones sindicales. Ya conocen el comentario de Fernández Toxo: «Una putada». Como se va al dentista, porque no hay otro remedio, tras la putada que les ha hecho el Gobierno con los recortes.

En realidad, estamos ante una huelga que no gusta a nadie. El Gobierno ha tomado las medidas de ajuste porque se las imponía Bruselas. Los sindicatos han convocado la huelga porque tenían que reaccionar para salvar la cara y el público general, por alguna de las tres razones arriba descritas. ¡Con lo bien que vivíamos todos, el Gobierno convencido de que su única tarea era acabar con el PP, los sindicatos conchabados con él y los españoles convencidos de que éramos ricos! Hasta que la puñetera crisis vino a acabar con ese castillo de naipes.


Los sindicatos son los más apurados. De no actuar, y fuerte, quedará al descubierto lo que son: un grupo más de presión, y ni siquiera de la entera clase trabajadora, sino sólo de los trabajadores con empleo fijo, cada vez menos, y de sus dirigentes, arropados por los «liberados» y por cuantos en «cursos de formación» o actividades similares viven del dinero del Estado. De ahí que se la jueguen en esta huelga y hayan puesto a todo vapor su maquinaria para que sea un éxito. Una baja de participación evidenciaría lo poco que pintan.

Y como son conscientes del ambiente que reina en la calle, esto es, de los muchos que están dispuestos a acudir al trabajo, tratan de impedírselo, dejando en la mínima expresión el transporte público, que es el medio usual de desplazamiento para la inmensa mayoría de la población. Es decir, que si muchos no llegan a su trabajo, no es porque no quieran, sino porque no pueden. Lo que nos conduce a un viejo problema no resuelto: el de los servicios mínimos, sobre todo en los transportes públicos. Pues si hay un derecho a la huelga, hay también un derecho a trabajar. Impedir este último viola los derechos individuales de esos trabajadores y los colectivos de la nación. No hay derecho superior en una democracia, donde el bien común prevalece sobre cualquier otro. Pero resulta que la huelga sigue sin regular, siendo fundamental. Más, cuando el derecho a la huelga incluye el derecho a hacer huelga a la huelga. Pero pedir a nuestros políticos que se ocupen de las cosas trascendentales es pedir peras al olmo. Ellos, a lo suyo, las próximas elecciones.


ABC - Opinión

Marruecos. El fotomatón de Zapatero. Por Pablo Molina

Zapatero, Moratinos y el resto de la tropa del Consejo de Ministros con sus mejores galas y posando con su sonrisa más inteligente son el documento histórico que resume el periodo más grotesco de la reciente historia de España. Para ponerle un marco.

Zapatero ha tenido siempre una querencia especial por la instantánea y su reciente escapada a Nueva York nos permite comprobar que el posado fotográfico sigue siendo una de las principales aficiones del presidente, por encima tal vez de la pesca con mosca o la lectura de Suso del Toro.

Todos recordamos con cierta ternura los terribles esfuerzos que tuvo que realizar un sufrido Moratinos para que su jefe se hiciera un retrato con Bush, asaltado con la guardia baja mientras caminaba por un pasillo inhóspito de Bruselas, en el marco de una operación que si no fuera por los personajes que la urdieron podríamos denominar "de inteligencia".

Ahora le ha tocado pasar por el fotomatón de Moratinos a Mohamed VI, ya presente en el álbum privado de Zapatero, aunque el testimonio gráfico de aquella primera toma de contacto, con el mapa de las Canarias, Ceuta y Melilla de color marroquí, no sea como para enseñarlo a las visitas.


Mientras Ceuta y Melilla soportan el acoso del régimen marroquí, los problemas de inmigración ocasionados por los naturales de nuestro vecino del sur se agudizan y la Unión Europea amenaza con firmar un acuerdo comercial abusivo con el sultán que puede llevarse por delante a media industria agrícola del sureste español, Zapatero, con la ayuda inestimable de Moratinos, está centrado en lo único que realmente le importa como presidente del Gobierno del Reino de España, sacarse una foto con el causante de esos problemas como dos turistas japoneses frente a la Giralda.

Cierta prensa alemana acusa de superficiales a nuestras ministras, pero si supieran de la pasión de ZP por el retrato cambiarían el objetivo de sus dardos. Zapatero, Moratinos y el resto de la tropa del Consejo de Ministros con sus mejores galas y posando con su sonrisa más inteligente son el documento histórico que resume el periodo más grotesco de la reciente historia de España. Para ponerle un marco.


Libertad Digital - Opinión

Frases históricas. Por M. Martín Ferrand

El presidente del Gobierno se conforma con el clic de una cámara que le inmortalice para la posteridad.

RICARDO III de Inglaterra, con la ayuda de William Shakespeare, pasó a la Historia por haber gritado, en los campos de Bosworth, en Leicestershire: «¡Mi reino por un caballo!». Le sirvió de poco porque Enrique Tudor recogió del suelo la corona ensangrentada del rey descabalgado y ordenó que echaran su cadáver al río. José Luis Rodríguez Zapatero, también en la escuela de los dichos solemnes y heroicos, y sin la ayuda de nadie, se sentó en la ONU junto al rey de Marruecos, Mohamed VI, después de pronunciar una frase que bien pudiera servirle —ojalá que dentro de muchos años— como epitafio: «La foto es lo más importante». Sabe el presidente del Gobierno que ni los tiempos ni su propia conducta política favorecen la hipótesis de que los poetas épicos del Reino le dediquen sus composiciones y, realista que es el hombre, se conforma con el clic de una cámara digital que le inmortalice para la posteridad.

El seguimiento de la actualidad acuña frases casuales, impensadas, que sirven para medir la hondura de sus protagonistas. Esta es una de ellas. Zapatero se sentó en un escaño del Congreso, como diputado por León, en 1986. Lleva así un cuarto de siglo con la obsesión continua de rellenar su álbum con instantáneas singulares y lo va consiguiendo. Es una colección costosa, especialmente para su partido, que se desdibuja y enflaquece con la jibarización de sus cabezas rectoras, y para España, que vive sumida en el paro, el déficit y la deuda; pero que colma la ilusión de un devoto de lo instantáneo.


Si hubiéramos tenido más suerte en el castingde nuestra vida política, secuestrada por una partitocracia estéril, el presidente de turno, mejor que en Ricardo III, se hubiera fijado en Enrique IV de Francia —para nosotros, Enrique III de Navarra— que, puestos a esculpir frases en la piedra de la Historia, en alarde de pragmático cinismo y consciente de sus propios objetivos, saltó de protestante a católico con solo un dicho sencillo: «París bien vale una misa». Quizá nuestro Felipe II le escribió el guión, pero fue un buen rey para los franceses. Una foto, marcada por la prepotencia de un banderín de sobremesa, marca la distancia entre quien, mejor o peor, sirve los intereses del Estado que encarna y, quien peor o mejor, trata de sobrevivir en un conflicto continuo y pluriforme. Ahora, obsesionado por la inevitable fotografía del 29-S, la de la consumación del potencial matonismo sindical, da palos de ciego en un escenario planetario, su sueño dorado, en el que ofrece lo que no tiene y, además, carece de los debidos poderes parlamentarios para poderlo ofrecer. La foto es lo más importante.

ABC - Opinión

Junta de Andalucía. El PER de la memoria histórica. Por José García Domínguez

Hay que ser muy cínico para pretender que las heridas del alma humana se cicatrizan no ya con dinero, sino con algo de calderilla esparcida en periodo de celo electoral.

Casi perplejo, leo en los papeles que la Junta de Andalucía acaba de instaurar el PER de la memoria histórica con apenas tres décadas y media de retraso sobre el horario previsto. Así, las provectas ancianas que testifiquen haber sido vejadas en su dignidad durante la dictadura recibirán una ofensa añadida con cargo a la democracia: 1.800 euros de propina en concepto de "reparación moral". He ahí la última humillación que el Poder les tenía reservada en vida. Y es que hay que ser muy cínico para pretender que las heridas del alma humana se cicatrizan no ya con dinero, sino con algo de calderilla esparcida en periodo de celo electoral. Quienes inocentes sufrieron la barbarie incivil de aquellas dos Españas atroces, hombres y mujeres, todos, requieren "paz, piedad y perdón", en estremecedor lamento de Azaña, no unas cuantas monedas depositadas encima de alguna mesa electoral bajo la atenta mirada de Griñán y sus capataces.

Por lo demás, sólo tendrán derecho a cobrar esa pedrea las que aseguren haber sido ultrajadas entre 1939 y 1950. Inopinada, sorprendente rehabilitación del gallego, sobre todo, viniendo de donde viene. Pues, según se infiere del dictamen de la Junta, justo a partir de ese año el régimen de Franco nunca más agravió el honor de persona alguna, ni hembra ni varón. Pensar lo contrario nos abocaría sin remedio a una conclusión teñida de muy sórdida bajeza; a saber, que el PSOE ha esperado con paciencia de Job al deceso de las mujeres en verdad llamadas a ingresar el aguinaldo antes de consumar a bombo y platillo su implantación.

¿Y cómo no imaginar en la madre patria del Buscón Don Pablos el mercado negro de póstulas, escapularios y salvoconductos antifranquistas que debe haber irrumpido a estas horas en todas las casas del pueblo de Despeñaperros hacia abajo? Repárese a los efectos esperpénticos de rigor en que bastará con la firma de un Juan Gallo, comisario –o así– para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía , con tal de poder agarrar al vuelo los mil ochocientos. En fin, que ya estoy viendo a María José Campanario con su santa madre disfrazada de Mariana Pineda, haciendo disciplinada cola ante el negociado del tal Gallo. Y si no, al tiempo.


Libertad Digital - Opinión

Política de maniquí. Por Ignacio Camacho

Zapatero tiene tan interiorizada la prioridad de las apariencias que la formula con una naturalidad casi irreverente.

LA política contemporánea se ha vuelto casi completamente bidimensional: huérfana de ideas y a menudo también de principios, en ella sólo importan el alto y el ancho de las imágenes. Los programas se han convertido en spots, los proyectos apenas sirven como soporte de decorados de atrezzo y los discursos han sido sustituidos por fotogramas. No es un problema exclusivo de la escena española, aunque el zapaterismo ha alquitarado esa tendencia de banalidad formalista en la esencia de un estilo de gobernar. La posmodernidad política ha licuado los debates hasta transformarlos en un ejercicio de escaparatismo.

El presidente del Gobierno tiene tan interiorizada esa prioridad aparencial que la formula con una naturalidad irreverente, sin importarle que se le vea el cartón de sus intenciones. Su frase ante Mohamed VI en Nueva York —«lo importante es la foto»— la suscribiría en su fuero íntimo cualquier otro líder posmoderno, desde Obama a Sarkozy, pero sólo a él se le ocurre expresarla con esa espontaneidad demoledora que quintaesencia su manera de entender la política como un permanente posado ante una cámara. No se trata ya de que el medio sea el mensaje, sino de que el mensaje no existe más allá del cartón del photocall. Por eso se le ve tan a gusto en foros como la asamblea de la ONU, donde prevalece una retórica de galería y estupendismo que permite a los próceres del mundo retratarse por su perfil más solemne y favorecido. Naciones Unidas es un teatro de vanidades en el que los gobernantes se hacen a sí mismos un liftingde universalidad sobre las arrugas de desgaste que envejecen la fachada de su política doméstica.


Entre esas candilejas de superficialidad nuestro hombre se mueve con una soltura complaciente; en el escenario reparte sonrisas luminosas y brinda con generosa galantería al sol de la solidaridad internacional, y en los encuentros bilaterales se entrega sin tapujos al arte de la representación iconográfica. Con su técnica de vaporización y reducción al vacío, al modo de los alquimistas de la nueva cocina, Zapatero destila la diplomacia —ya de por sí relacionada con el protocolo— en un alambique de fotogenia donde se depuran los contenidos y hasta las palabras para extraer tan sólo la esencialidad figurativa. Aunque últimamente a su entorno se le escapan los detalles y permite que le madruguen los símbolos; el séquito alauita se adelantó a colocar en primer plano de la instantánea una bandera de Marruecos para marcar el territorio de las prioridades. Puestos a hacer política de maniquíes, Mohamed estuvo más atento a la oportunidad de apropiarse del escaparate.

ABC - Opinión

Una victoria de la mujer

El Congreso aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que en un plazo determinado tome las medidas necesarias para que los anuncios de prostitución desaparezcan de los periódicos generalistas. No podemos por menos que felicitarnos de este acuerdo porque, más allá de que LA RAZÓN lo haya lanzado e impulsado desde hace meses, quien verdaderamente sale ganando en esta batalla es la mujer, su dignidad y sus derechos. Es verdad que la proposición parlamentaria podría haber sido más audaz, pero cuenta al menos con el apoyo de todos los grupos políticos y marca claramente el camino a seguir. No ha sido una proposición fácil de sacar adelante. Presentada en solitario por UPN y apoyada por el PP con la intención de que el Gobierno suprimiera la publicidad institucional de aquellos diarios generalistas que publicaran anuncios de contactos, los grupos de izquierda se sumaron a la iniciativa pero poniendo condiciones, entre ellas dejarle al Gobierno las manos libres para elegir la forma de llevarla a cabo. En todo caso, dispone de cuatro meses desde que reciba el dictamen ya solicitado al Consejo de Estado para presentar una propuesta al Congreso, de modo que la voluntad de los parlamentarios no se quede en un brindis al sol o en pura declaración de intenciones. Ésa es también la voluntad del propio presidente Zapatero, que ya en el último Debate sobre el Estado de la Nación se manifestó en la misma línea. Lo deseable sería que fueran los propios medios de comunicación afectados los que tomaran la iniciativa y suprimieran los anuncios que vejan la condición femenina y reducen a la mujer a simple mercancía. Por coherencia editorial y por respeto a los lectores, los periódicos de calidad no pueden permitirse la incongruencia de publicitar en unas páginas lo que se condena en otras. En Europa, el caso español es algo excepcional. Pero si aún así y después de la votación de ayer en el Congreso dichos medios persistieran en su actitud, no se les puede reprochar a los gobernantes que adopten las medidas más adecuadas para cumplir el mandato parlamentario. Nunca es aceptable que los poderes públicos intervengan en los delicados mecanismos de los medios de comunicación y cuanto más alejados estén unos de otros, mayores garantías habrá de libertad e independencia. Pero al igual que desde el Gobierno se promueven de diversas formas, empezando por la económica, aquellas iniciativas de los medios de comunicación tendentes a mejorar la convivencia y el servicio público, también en el caso que nos ocupa es lícito que prime a los periódicos que han erradicado de sus páginas la publicidad de prostitución aun a costa de un sacrificio económico nada desdeñable. Por otro lado, la Administración debe ser imparcial, pero no ciega ni insensible a la hora de programar sus campañas publicitarias. Sería contraproducente, por ejemplo, publicar anuncios en defensa de los derechos de la mujer en las mismas páginas que divulgan contactos de explotación sexual, muchos de ellos insertados y financiados por las mafias de la prostitución y de la trata de blancas, como ha demostrado fehacientemente la Policía.

La Razón - Editorial

Gobernar no es fotografiarse

Nos encontramos una vez más con un "Zapatero en estado puro", con alguien que, más que reconocer la importancia que la imagen tiene en política, ha hecho de la fotografía una forma de gobierno o, más bien, un sustituto de gobierno.

Poco le importará a Zapatero que el balbuceante portavoz socialista en el Congreso no haya sabido qué responder del encuentro entre el presidente del Gobierno y Mohamed VI, del que, por no saber, Alonso no sabía ni siquiera dónde se había celebrado. Al fin y al cabo, ha sido el propio Zapatero el que, al estrechar la mano del monarca alauí, ha destacado que "la foto es lo más importante" del encuentro y el que, en rueda de prensa, no ha informado del mismo salvo con vaguedades.

Nos encontramos una vez más, y tal y como ha denunciado la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, con un "Zapatero en estado puro", con alguien que, más que reconocer la importancia que la imagen tiene en política, ha hecho de la fotografía una forma de gobierno o, más bien, un sustituto de gobierno. Naturalmente lo que busca con ella es dar una imagen engañosa, transmitir la idea de que la realidad se cambia con una instantánea. Pero estas no son más que eso, imágenes efímeras no siempre fieles con la realidad y con las que desde luego ésta no puede modificarse.


El mismo encuentro que, con posterioridad, Zapatero ha mantenido con la elite de Wall Street, un día después de proponer una tasa para las transacciones financieras internacionales, no buscaba más que eso, hacerse la foto; como si la imagen de cordialidad con esos directivos ya consiguiera, por sí sola, hacer realidad que los inversores extranjeros no guardan ya recelo alguno de la economía española.

No es de extrañar en un presidente de Gobierno que durante años aparcó la reforma laboral sin más provecho que hacerse la foto con los agentes sociales que supuestamente la estaban negociando; todo para luego llevar a cabo, tarde y mal, un simulacro de reforma que no goza ni de consenso ni de alcance alguno. De hecho, ya desde los tiempos en los que estaba en la oposición, Zapatero ha entendido la fotografía como una forma de hacer política, no siempre con los resultados esperados. Así, aquella insultante instantánea, en la que aparecía sentado al paso de la bandera americana, con la que Zapatero quiso irresponsablemente mostrar su oposición a la intervención aliada en Irak, fue sustituida, una vez en el Gobierno, por un denodado esfuerzo para tratar de hacerse, como sea, una foto con el ex presidente norteamericano que transmitiera la idea de que las relaciones con Estados Unidos eran, pese a todo, muy cordiales.

Eso, por no recordar aquella foto con la que, siendo líder de la oposición y en plena tensión con Marruecos, Zapatero quiso transmitir sus buenas relaciones con Rabat con una foto junto con Mohamed VI en el que aparecían en un mapa Ceuta, Melilla y las Canarias como territorio marroquí. Aquella foto, tanto como la de ahora en Nueva York, expresan cuál es la supuesta "cordialidad" y "respeto" de los que habla Zapatero: la del que no se hace respetar y del que cree que los problemas se solucionan echando mano de una cámara fotográfica. Mas, como bien ha advertido Soraya Sáenz de Santamaría, la "fotogenia" no crea empleo, no resuelve los problemas económicos de España y no sirve para defender los intereses de los españoles ante cualquier Estado vecino.


Libertad Digital - Editorial

Pesimismo judicial

Puede que el propósito de fondo que anima al Gobierno sea una justicia débil, fragmentada y sin instituciones fuertes, pero el resultado es un deterioro inaceptable del sistema judicial.

LA apertura del año judicial estuvo ayer protagonizada por las críticas unánimes de jueces y fiscales a la política del Gobierno sobre el Poder Judicial, aunque la Asociación Profesional de la Magistratura prefirió responsablemente no implicar el acto solemne presidido por Su Majestad el Rey con la reivindicaciones de las demás asociaciones. En todo caso, se trata de una unanimidad sin antecedentes que pone de manifiesto el descontento general entre los profesionales de la Justicia. Razones no les faltan porque la Justicia ha sido para el Gobierno socialista, ante todo, un campo de batalla política, desde el Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo, pasando por las elecciones a las Salas de Gobierno de los órganos colegiados o al Consejo Fiscal, sin olvidar las presiones al Consejo General del Poder Judicial. Transcurridos más de seis años de mandato socialista, la reforma legal de la Justicia sólo se apunta el asalto al CGPJ en diciembre de 2004 para cambiar las reglas de nombramiento de magistrados del Supremo y la nueva oficina judicial, en 2009, cuya implantación, a día de hoy, es valorada negativamente. Por otro lado, el impacto de la crisis económica ha hecho mella en la justicia civil, mercantil y laboral, con un incremento de asuntos ingresados y pendientes que habría requerido medidas de choque, y no sólo nuevos proyectos de ley, a plazo indefinido, sobre mediación o arbitraje.

En este contexto de críticas justificadas de jueces y fiscales, el Gobierno sigue su agenda y ha lanzado dos objetivos claramente políticos para la Justicia: traspasar a los fiscales la instrucción de los procesos penales y buscar sucedáneos legales al Estatuto de Cataluña, después de que el TC eliminara gran parte del proyecto de segregación judicial que se encerraba en esa norma estatutaria. Ni el desapoderamiento de los jueces de instrucción ni la creación de Consejos autonómicos de Justicia que compitan con el CGPJ son necesidades urgentes ni estructurales de la Administración de Justicia en España. Incluso son contraproducentes y, en el caso de los Consejos autonómicos, tienen un claro riesgo de inconstitucionalidad. Más urgente es estabilizar la oficina judicial con plantillas profesionalizadas, desarrollar procedimientos de trabajo que agilicen la burocracia judicial y atender, en la medida que permita el ajuste del gasto público, sus demandas profesionales. Puede que el propósito de fondo que anima al Gobierno sea una justicia débil, fragmentada y sin instituciones centrales fuertes, pero el resultado es un deterioro inaceptable del sistema judicial.

ABC - Editorial