domingo, 5 de diciembre de 2010

¡Que se vaya Zapatero ya de una maldita vez!. Por Federico Quevedo

No cabe otra salida, no hay otra opción. El deterioro al que ha llegado este país de la mano del presidente Rodríguez no puede continuar bajo ninguna circunstancia. Los controladores aéreos han puesto en la picota al Gobierno que se ha visto obligado a tomar una medida extraordinaria como ninguna otra, mientras su presidente guardaba un vergonzoso silencio. Este Gobierno está acabado, muerto, sentenciado, mientras el país se desmorona y ofrece al exterior la imagen de un declive imparable y demoledor.

Miren, ni yo ni nadie va a justificar nunca la actitud de los controladores aéreos, una actitud que roza el chantaje, pero la responsabilidad que los propios controladores tienen en esta situación no resta ni un ápice de la que tiene el propio Gobierno que ha sido el que ha conducido a los controladores a esta huelga salvaje tomando una decisión absolutamente arbitraria e injusta por la forma en que se ha tomado, sabiendo además que hacerlo así iba a tener consecuencias dramáticas.

Luego lo único que cabe decir es que este Gobierno es tan responsable del secuestro de los ciudadano como los propios controladores, y es el único responsable de haber llegado a este extremo, de haber llevado al país a una crisis que por sus consecuencias puede ser igual a la que en 1981 provocaron unos guardias civiles entrando con sus armas en el Congreso de los Diputados, un 23 de febrero de triste recuerdo.


En otras circunstancias, la lógica conduciría a pedir la dimisión del ministro de Fomento, José Blanco, por no haber sabido manejar esta situación, por haber intentado desde el principio demonizar al colectivo de los controladores y situarlos en el ojo del huracán, como una especie de bestia negra contra la que éste Gobierno iba a luchar como si el propio Blanco fuera una especie de Ricardo Corazón de León en misión histórica, olvidando que si los controladores gozan de los privilegios de los que gozan es porque los sucesivos gobiernos de este país se lo han permitido, incluido el de Rodríguez Zapatero. Pero la lógica aquí se ha visto superada por las circunstancias.

Este país se está viendo conducido a una situación insostenible, hasta el punto de que nunca en los más de treinta años de democracia habíamos vivido un estado de alarma como el actual, y la única salida para superar esta situación, para que este país recupere la dignidad y la tranquilidad, es que éste Gobierno desaparezca, que el presidente Rodríguez convoque ya de una vez elecciones generales anticipadas y permita a los ciudadanos españoles elegir un nuevo gobierno que permita afrontar el futuro con decisión y con un programa de reformas intenso que devuelva la confianza y la credibilidad en este país.

La actitud del Gobierno, y la de muchos dirigentes socialistas, está siendo absolutamente despreciable. Escuchar en boca de Gaspar Zarrías o de Juan Fernando López Aguilar acusaciones al PP de estar detrás de esta huelga salvaje y de defender los intereses de los controladores, es cuando menos propio de auténticos sinvergüenzas. No es el PP el que ha llevado a esta situación, sino la ineptitud del Gobierno, su necesidad de encontrar chivos expiatorios, lo que ha terminado por provocar el secuestro de cientos de miles de personas que querían viajar y se han tenido que quedar en tierra y en muchos casos sufriendo auténticos dramas personales.

Sí, los controladores son responsables, pero el Gobierno no puede eludir en ningún caso la suya, una responsabilidad que, sin embargo, se queda sin castigo ‘legal’ y sólo podrá ser dirimida en las urnas. ¿Sabían el día anterior lo que iba a pasar si se aprobaba ese decreto, y aún así lo aprobaron? Eso solo puede calificarse de auténtica insensatez, y demuestra hasta que dimensión de incompetencia ha llegado este gobierno y su presidente, un presidente que por toda reacción ante esta crisis ha ofrecido la única respuesta que sabe ofrecer: esconderse y callar. Que se vaya, que se vaya de una maldita vez.


El Confidencial - Opinión

Uno, otro y el mismo. Por Germán Yanke

Dice el tópico que, sobre todo desde que en mayo anunciara el primero de los ajustes, el presidente del Gobierno es «otro», que nada tiene que ver con el animoso optimista antropológico, el de las reformas «progresistas». ¿No habrá, sin embargo, algo común entre los dos Rodríguez Zapatero, algo que le defina políticamente tanto en los momentos de bonanza, en los que actuaba por si mismo, como en los de penuria, en los que se mueve sólo empujado? Quizá una constante sea poner delante la supervivencia particular a las políticas generales, que se han visto dañadas tanto a favor como en contra del viento.

Ya en la oposición, tras ser elegido secretario general por la mínima, forjó su papel político «por agregación», concediendo lo que fuese a los barones a cambio de la tranquilidad de su liderazgo. Al llegar al poder, protegió a determinados sectores —muy respetables— olvidando a menudo a la generalidad de los ciudadanos, y cambió a los barones —a costa de una destrucción paulatina de la ideología tradicional del PSOE— por los presidentes autonómicos.

La supervivencia por encima de unas políticas generales que cada día son más imposibles. Reivindicarlas, por cierto, no es estar en contra del Estado de las Autonomías, sino impedir que se convierta en un absurdo imposible de sostener. No hay, ante la crisis, plan global posible sin políticas generales. Ni políticas activas de empleo, como se vio en la teatral reunión del presidente con los dirigentes regionales del partido, ni reformas estructurales en el entramado de desorden y vetos que se ha creado, ni mercado único ni ahorro serio para limitar el déficit, la deuda y su coste. «Otro» Rodríguez Zapatero no es el que pone en duda una socialdemocracia que para él ya era un recurso retórico, sino el que se enfrente a este desorden. Y todavía no lo hemos visto.


ABC - Opinión

Los partidos como problema. Por Jesús Cacho

Con España -o al menos su espacio aéreo- otra vez en manos militares, algo que no ocurría desde el final de la Guerra Civil, el presidente Zapatero parece haber alcanzado sus últimos objetivos en lo que a desgobierno se refiere. Llamativa -por decirlo suavemente- la situación de un país descoyuntado, que reclama a gritos cambios legislativos en profundidad capaces de reconciliar a los españoles con su condición de tales. Con la actualidad volcada hoy en el caos aeroportuario, cumple aquí aludir a la situación de unos partidos políticos convertidos en el primer obstáculo que se yergue a la hora de hacer realidad las demandas ciudadanas que piden solucionar los problemas de nuestra democracia con más democracia. La profundidad de la crisis económica que vivimos, en efecto, está dejando muy en segundo plano los dramas que se desarrollan en el seno de los partidos, grandes y pequeños casi sin excepción, enzarzados en soterradas luchas por el poder entre clanes y banderías, con desprecio de los problemas generales. El Partido Popular, que navega con el viento de las encuestas en popa rumbo a La Moncloa, se enfrenta a un problema de consecuencias potencialmente graves si Mariano Rajoy no lo gestiona con tiento. Me refiero a la decisión del ex ministro Francisco Álvarez-Cascos de volver a la política activa con la misma liberalidad e idéntico desparpajo con que un día, abril de 2004, y sin pedir permiso a nadie, decidió dejarla para pasar a mejor vida de ciudadano de a pie.

El pasado sábado, 27 de noviembre, el ex ministro de Fomento reunió a una decena de alcaldes del PP asturiano en la sede del partido en Pola de Siero, al objeto de seguir sumando apoyos en su intento de encabezar la candidatura del partido a las autonómicas de mayo próximo, pasando por encima de la candidata del sector oficialista en la región, que lo es también de la dirección nacional, Isabel Pérez-Espinosa. El alcalde de Pola, José Antonio Noval, casquista confeso, se encargó de reunir a un ramillete de modestos regidores mal pertrechados para negarse a los deseos del poderoso ex secretario general, ex vicepresidente y ex ministro de Aznar. Lo llamativo del caso es que el susodicho, asturiano de origen, no se conforma con ser el candidato a la presidencia del Principado sin más. Quiere, además, tener el control del partido en Asturias, para lo cual exige la convocatoria de un Congreso extraordinario destinado a colocarle en la presidencia del PP asturiano en detrimento, entre otros, del mayoritario sector oficialista que lidera el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo.
«Para hacer creíbles sus pretensiones el ex ministro ha alimentado la leyenda de que, cual nuevo Don Pelayo, su candidatura “barrería” en Asturias al PSOE, asunto que no sólo carece de apoyatura empírica, sino que se da de bruces con el sentido común.»
Ni que decir tiene que la guillotina empezaría a funcionar en tal caso con una eficacia que dejaría en anécdota la pericia demostrada en la materia por la Gironda hace ahora doscientos y pico años. Para hacer creíbles sus pretensiones el ex ministro ha alimentado la leyenda de que, cual nuevo Don Pelayo, su candidatura “barrería” en Asturias al PSOE, asunto que no sólo carece de apoyatura empírica, sino que se da de bruces con el sentido común, puesto que su sola presencia en las listas contribuiría a movilizar a todo el electorado asturcón de izquierdas. El aludido, vecino y residente en Madrid, se ha presentado en el despacho de Rajoy en un par de ocasiones para, con el verbo taimado de quien solo aspira a servir, hacer oficial su candidatura. He ahí un hombre dispuesto, a sus 63 años, a sacrificarse de nuevo por sus semejantes sin pedir nada a cambio y sin necesidad de hacer dinero, a menos que la familia Masaveu mande otra cosa. No por casualidad algunos medios han comentado que el líder del PP le había otorgado su apoyo. Falso. He ahí, también, uno de esos temas made in Rajoy que el de Génova pensó solucionar dando hilo a la cometa. Por desgracia, el paso del tiempo no ha hecho sino enconarlo.

Cascos le oculta la verdad a Rajoy

Lo que Paco Cascos no dijo al presidente del PP es que el PSOE, que sigue muy de cerca la pelea asturiana, le espera con la guadaña levantada para el caso de que finalmente lograra hacer realidad sus pretensiones. En Fomento guardan cuenta pormenorizada de las compras de obras de arte efectuadas por el Ministerio/s cuando nuestro hombre ocupaba esa cartera. El propio José Blanco, actual titular, ha comentado en privado que las cifras pagadas son “un escándalo”. Se trata de compras realizadas en 2002 y 2003 a la Galería Marlborough que entonces dirigía Maria Porto, actual esposa del político. Un reportaje firmado por Manuel Rico en enero de 2004 y publicado en la revista Interviú afirmaba que Fomento se había negado a “aclarar si la adquisición de los cuadros se realizó a dedo, si existe algún informe técnico que respalde la decisión de Cascos, si fue el ministro en persona quien firmó la orden de compra y cuánto gasta el ministerio al año en obras de arte”.

Lo relevante del caso es que alguien con poder bastante en el Gobierno ha hecho saber al asturiano, a través de persona interpuesta, la “total determinación” del PSOE de sacar a relucir esta historia si llegara a competir por la presidencia de Asturias. El intermediario, asturiano también, rico, conocido y amigo a la par de Cascos y Blanco, ha hecho llegar a su destino la respuesta del aludido: “Me ha pedido por favor que no pongáis en circulación ese material, porque no va a ser candidato”. En el entorno socialista aseguran también que en el muestrario de fazañas del ex ministro popular figura también algún episodio inmobiliario que le vincularía al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y al caso Gürtel.

Pero sí a va ser candidato o, al menos, tal pretende. En Génova se malician que las primarias que el aludido persigue en el Principado podrían servir de coartada para relanzar de nuevo la incógnita sobre el liderazgo de Rajoy en el Congreso del partido que deberá celebrarse antes de las generales de 2012 y después de las municipales y autonómicas de mayo próximo. Nada de lo comentado sería posible si Cascos no contara con sólidos apoyos dentro del partido, empezando por Javier Arenas y Ana Mato en la calle Génova y siguiendo por José María Aznar, omnipresente a la hora de tejer y destejer dentro del ala más dura del partido. Al aludido no le falta razón: si a Rodrigo Rato ha sido necesario regalarle una Caja de Ahorros, a Mayor Oreja un sillón cuasi vitalicio en Estrasburgo como premio de consolación, y al propio Aznar –hoy en un simple comisionista en negocios de todo tipo, usando para ello el aval de un PP que considera bien mostrenco suyo- la presidencia de la Fundación económicamente mejor dotada de España, ¿qué menos podía reclamar para sí un Paco Cascos dispuesto a convertirse en virrey de Asturias de por vida?

Rubalcaba y Blanco quieren quitarse de en medio a Chacón

Todos ellos representan la especie del “político profesional” que Paul Johnson calificó como “la peste del Siglo XX” y, al parecer, también la del XXI. Permitir a Cascos adueñarse de Asturias sería repetir el modelo de Fraga con Galicia: de Oviedo solo le sacarían con los pies por delante. Significaría la vuelta al pasado de una derecha rancia que se da de bruces con la idea del nuevo PP que pretende poner en circulación un Rajoy que se ha rodeado de gente como Feijóo, Basagoiti, Cospedal, Bauzá, Santamaría y tantos otros. Es el drama de un PP que sigue sin haber finiquitado su transición desde el partido de la derecha autoritaria que encarnó Aznar a un nuevo modelo de partido capaz de dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad española. Un partido, en suma, necesitado de llegar al poder para, desde el Poder, hacer borrón y cuenta nueva con ese PP del pasado que se resiste a morir.
«La posición de debilidad interna del leonés es tan evidente que días atrás su entorno de colaboradores más cercano le hizo llegar un escrito donde le pedían, lisa y llanamente, la dimisión.»
A morir se resiste también Rodríguez Zapatero, convertido en el lastre que, después de poner España al borde del abismo, amenaza hundir para mucho tiempo al propio PSOE. La posición de debilidad interna del leonés es tan evidente que días atrás su entorno de colaboradores más cercano le hizo llegar un escrito donde le pedían, lisa y llanamente, la dimisión. Puesto que él se ha convertido en parte del problema de España, que no en la solución, era mejor disolver las Cámaras y convocar elecciones generales cuanto antes, para que el elegido por los españoles apechugara con la ímproba tarea del ajuste. Este episodio está detrás de los intensos rumores que esta semana inundaron Madrid en torno a la posibilidad, que algunos citaban para anteayer viernes, de un anuncio “sensacional” del Presidente. Se ignora su el autor o autores del escrito siguen vivos o a estas horas han sido pasados por la quilla.

En el maremágnum desconcertado que vive España, la alianza entre José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba sigue moviéndose a toda velocidad en previsión de acontecimientos urgentes. Con la idea ya expresada en esta columna de APR como candidato a la presidencia y Blanco como amo del partido, el dúo se ha empleado a fondo en las últimas jornadas en la delicada tarea de “pasaportar” para Cataluña a Carme Chacón, una mujer que se ha consolidado como Ministra de Defensa -primera fémina en un cargo de tanta importancia- y que cuenta con sólidas aspiraciones, sometidas, cierto, al albur de los acontecimientos, para aspirar un día a la presidencia del Gobierno de España. Los aludidos han hecho correr la especie de Chacón abandonaría el ministerio para ir a hacerse cargo de ese barco a la deriva que hoy es el PSC. Las ganas de embarcarse en semejante chalupa que siente la aludida son próximas a cero. “Como ya han hecho con Trini, estos simplemente quieren despejar el área de penalti de cualquier potencial candidato a disputarles el poder en el PSOE”, asegura un alto cargo socialista. Así están las cosas en los grandes partidos españoles, mientras el país se congela a golpe de infortunios.


El Confidencial - Opinión

Hartazgo. Por Alfonso Ussía

Este Toledo, actor sin películas ni escenarios, estalinista tostón y gamberro, está consiguiendo lo que, pocas semanas atrás, parecía imposible. Que empecemos a sentirnos hartos del Sáhara y los saharauis. Este hartazgo no significa que nuestras simpatías vuelen hacia Marruecos, el Sultán y su régimen tirano. Nada de eso. Lo conseguido por Toledo es que sintamos –y escribo en plural porque son muchos los que me han hecho llegar sus impresiones– que lo más conveniente para nuestra salud es dejar de mirar hacia el desierto.

No tiene sentido alinearse en el mismo equipo que este Guillermo Toledo que se ríe de los cubanos que mueren voluntariamente por la libertad de sus compatriotas haciendo huelgas de hambre de verdad, sin fotógrafos amigos, sin tratamientos médicos, sin visitas de amiguetes y sin vainas de aminatus, que pasó, como la inefable Hebe de Bonafini, la gorda porteña, de víctima a conferenciante de lujo.

Ignoro las razones que han llevado a los productores de cine y empresarios teatrales a olvidarse del actor Toledo. Lo que está claro es que lleva meses sin tener la oportunidad de demostrar, una vez más, sus muy limitadas cualidades para la interpretación. Pero si la figura más representativa de las reivindicaciones saharauis es Toledo, que se reivindiquen ellos y a su manera. Mi mirada hacia el sur termina en Ceuta y Melilla. Toledo me ha borrado los horizontes.


El Sáhara y los saharauis no se reúnen clamorosamente en torno del Frente Polisario, de igual modo que no todos los súbditos de Mohamed adoran a ese rey inventado que parece que desayuna yogures de cortisona. El Frente Polisario no se va de rositas de la memoria del pasado. Las balas que dejaron sin vida en el desierto a los últimos soldados de España en el Sáhara no vinieron de armas marroquíes, sino del Polisario, muy generosamente entregadas por lo que todavía era la Unión Soviética y el eterno enemigo de Marruecos, la por entonces Argelia socialista. La ONU lleva treinta años sin entender nada, y ahora el actor Toledo pretende explicarnos el problema. Que se lo explique a otros. Estando Toledo ahí, que nadie cuente conmigo. Porque este malencarado con pretensiones de actor representa lo contrario que yo defiendo y defenderé durante toda mi vida. La libertad. Ese concepto de tres sílabas tan mal utilizado por quienes lo odian. Toledo es el comunismo derrumbado, el ecologismo «sandía» y las cárceles de Cuba. Y la libertad pasa por la desaparición de los últimos ripios del muro comunista, por el ridículo de todos los movimientos sociales disfrazados desde su derrumbamiento y por el final de la tiranía asesina de los Castro. Después de ser detenido por hacer el gorila en el Congreso de los Diputados, Toledo decía que no había hecho otra cosa que manifestar su libertad de expresión. Si en lugar de Bono, el presidente del Congreso hubiera sido Toledo, con el apoyo mayoritario de diputados afines a la ideología de Toledo –es decir, no elegidos por la soberanía popular sino impuestos por el partido gobernante–, de Bono nada sabríamos a estas alturas. Toledo odia lo que el noventa y cinco por ciento de los ciudadanos europeos se han ganado a pulso. La libertad y los derechos humanos. Parece marroquí. De ahí mi cansancio de seguir mirando más allá de Ceuta y Melilla, a las que dedico, como español, toda mi fuerza enamorada.

No puede haber un movimiento serio, ni una reivindicación justa si el dirigente de todo ello es Toledo. A ver si se enteran los saharauis.


La Razón - Editorial

Estado de alarma. Por José María Carrascal

Los militares siguen resolviendo los grandes problemas españoles.¡Menudo avance!

TRAS haber adoptado la ortodoxia más conservadora en economía, han querido imitar a Reagan en los aeropuertos. Pero ni eso. Ante una huelga de controladores civiles, Reagan los envió a casa, donde aún siguen, poniendo en su lugar a controladores militares. Ellos, en cambio, los han movilizado y amenazado con penas de cárcel, tras decretar un «estado de alarma» que ni siquiera sabíamos que existía. O sea, que los militares siguen resolviendo los grandes problemas españoles. ¡Menudo avance!

No voy a defender a los controladores aéreos, y no por haber sufrido más de una vez la arrogante tiranía que ejercen sobre aviones y pasajeros, sino por estar, por principio, contra las huelgas de funcionarios y asimilados, que no pueden chantajear a la ciudadanía en defensa de sus privilegios. Pero menos aún voy a defender a un Gobierno que nos tiene sometidos a la tiranía de su incompetencia, improvisación y sectarismo. En este caso, pese a llover sobre mojado y librar desde hace tiempo un pulso con los controladores, su huelga salvaje le ha cogido tan desprevenido como a los centenares de miles de viajeros atrapados en los aeropuertos. O como la crisis económica y sus espasmódicas convulsiones. El ministro de Fomento nos ha dicho que «los controladores militares comenzarán los cursos de adaptación en los próximos días y su formación será rápida». ¡Pero, hombre! ¿Cómo es que esos cursos no se han hecho todavía? Aparte de que en ese terreno no se improvisa. Me dirán que los controladores militares sirven ya los aeropuertos de Valladolid y Murcia. Contestaré que entre esos dos aeropuertos y los de Barcelona y Madrid media un mundo. En los primeros aterriza y despega un avión cada hora. En los segundos, cada minuto. Reagan pudo hacer el cambio en las torres de control porque los Estados Unidos tienen miles de controladores militares experimentados en centenares de base por todos el planeta. España ¿cuántos tiene? ¿Y cuál es su experiencia para la complejidad del tráfico aéreo civil? Francia, en situación semejante, hizo en 1973 el experimento y lo pagó con un accidente aéreo. Con vidas humanas no se juega. Es por lo que aquí han tenido que amenazar a los controladores aéreos con la cárcel, y menos mal, porque de haber sido sustituidos, a estas horas hubiéramos podido tener una catástrofe.
Pero a uno se le ocurre preguntar: ¿por qué no se toman medidas tan contundentes ante otro tipo de huelgas salvajes, como las de los transportes urbanos y nacionales? ¿Es que los viajeros por tierra no son tan dignos de atención como los aéreos? ¿O es que el Gobierno se ha atrevido esta vez por tratarse de un colectivo que no goza de las simpatías generales? Aparte de necesitar que se olviden sus fracasos, su ineptitud, su continua improvisación. Que es el verdadero estado de alarma.


ABC - Opinión

Reformas. Empaquetados. Por José T. Raga

¿Qué hay de la efectividad de la reforma laboral aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado? ¿Van a ser estas medidas anunciadas el miércoles y llevadas el viernes al Consejo de Ministros igual de efectivas que aquella reforma?

En este caso no me refiero a ir bien vestido y curiosamente arreglado, ya que, puesto a buscar acepciones figuradas, estaría más cerca de aquel sentido que el paquete tenía para los que íbamos a la mili, que no era otro, como recordarán los que acudieron a aquella cita, que el de castigo. Pues sí, al presidente del Gobierno no le basta con mandar, porque gobernar, lo que se dice gobernar, me da la impresión que no merece tal vocablo para este desgobierno en el que estamos inmersos, ni siquiera le basta con arruinarnos con sus mandatos, sino que además disfruta metiéndonos paquetes, castigándonos con unas medidas que, o no entran nunca en vigor, aunque estén publicadas en el Boletín Oficial del Estado, o no sirven para lo que pretenden oficialmente.

El miércoles pasado, cuando uno menos se lo esperaba –ya que había creído a ministras y secretarios de Estado– anunciaría un nuevo paquete de medidas, que llevaría hoy al Consejo de Ministros, las cuales pretenderían, a decir del presidente, favorecer la inversión y el empleo. Yo, que ya saben ustedes que soy muy mal pensado, o mejor dicho, que esta gente me ha obligado a ser mal pensado, me recelo que este nuevo paquete se produce para ver si se nos olvidan los otros que todavía están sin cumplir. Porque la música de favorecer la inversión y el empleo es una cantinela que hasta el más duro de oído la tararea ya con soltura inaudita.

Yo, sinceramente, si el presidente hubiera tenido un rasgo de honestidad en la presentación, y hubiera dicho que lo que nos anunciaba era para hacer caja, pues no tiene un duro y no sabe cómo va a pagar lo mucho que debe, me habría parecido lógico que dada su incapacidad para hacer crecer los recursos, optase por la venta de partidas del patrimonio del Estado, a fin de conseguir lo que debería conseguir con una gestión de Gobierno eficiente.


Por otro lado, cada semana tiene que soportar una, cada vez más agria, bronca de las autoridades europeas, que últimamente ni se creen las cifras que les entrega –nosotros tampoco, pero nosotros somos el pueblo llamado a sufrir– teniendo que sacar dinero de donde sea, aunque para ello tenga que vender lo que gobiernos más eficaces acumularon en épocas anteriores.

Ahora bien, vender el 49% de AENA, que le está dando tantos quebraderos de cabeza, y el 30% de Loterías y Apuestas del Estado, ni se le puede aplicar el término privatización, pues el control lo sigue teniendo el sector público, igual de manirroto que venían siéndolo, ni puede decirse que se incentiva la inversión, porque invertir es sinónimo de crear y, en este caso, nada se crea, pues, lo que supuestamente invierte el sector privado es igual a lo que desinvierte el sector público, es decir, un simple cambio de manos, por lo que el resultado para la economía, a efectos de inversión, es, cero patatero, señor Zapatero. Sólo habría estado usted más glorioso, si hubiera enfatizado que privatizar es de socialistas. Le aseguro que todos nos habríamos divertido mucho más escuchándole semejante aseveración.

Si no hay crecimiento, no habrá creación de empleo, al menos de empleo sólido y productivo. Ya sé que usted se lo encuentra hecho eso de contratar empleo público, pero ese, el público, necesita empleo privado cuyos impuestos permitan financiar el coste del público. Entre sus medidas, lejos de reducir el gasto público, que es a lo que prioritariamente debería dedicarse, anuncia la contratación de 1.500 orientadores en las Oficinas Públicas de Empleo, para facilitar la generación de actividad y la creación de empleo. De momento, de lo que usted puede estar seguro, es de que ya habrá 1.500 empleados más, pero no era eso a lo que nosotros llamábamos empleo ni puestos de trabajo. Y prefiero no entrar en la cuestión de quién va a garantizar que el orientador esté orientado, cuando todo el Gobierno que usted preside no puede estar más desorientado y, sin embargo, usted feliz.

Los incentivos a las pequeñas y medianas empresas –ampliación de la base tributaria para la aplicación del tipo reducido del 25%, así como la de la ampliación del umbral de cifra de negocio para su calificación, además de la libertad de amortización– no puedo estar más de acuerdo en lo que tenga de reducción de esfuerzo fiscal, es más, yo sería más generoso ampliando esa benevolencia, también a las que no son pequeñas ni medianas.

Pero ¿no teme usted las sonrisas de estos empresarios en el momento presente? Lo digo porque quienes en estos momentos no están pagando impuesto de sociedades –qué más quisieran ellos– no les supone ningún incentivo que les baje un impuesto que no pagan, o que se les permita amortizar más aceleradamente, incrementando un coste que les originará más pérdidas contables. Lo que necesitan esas y otras empresas es más y mejor financiación, y ésa se la está comiendo usted toda con la deuda pública que le están comprando las entidades financieras, con perjuicio de la financiación al sector privado.

Y señor presidente, antes de terminar: ¿qué hay de la efectividad de la reforma laboral aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado? ¿Van a ser estas medidas anunciadas el miércoles y llevadas el viernes al Consejo de Ministros igual de efectivas que aquella reforma? Nosotros ya estamos preparados para todo, pero ni Europa ni esos que usted llama los mercados, creo que estén dispuestos a ser tan tolerantes. Dese cuenta que usted mismo y su Gobierno consideran que cualquiera –la oposición, los medios de comunicación, la Sra. Merkel, etc.– tienen más capacidad de convicción en el desánimo de la que usted y su Gobierno ejerce en la euforia. A mí me parece real, pero que sea usted quien lo proclame, me parece abusivo, salvo que acto seguido salga con su maleta del Palacio de la Moncloa.

A lo mejor es la solución para todos: para usted y para los españoles.


Libertad Digital - Opinión

Estado de alarma y algo más. Por M. Martín Ferrand

Una vez aplaudido el gesto, cabe preguntarse: ¿está Zapatero en condiciones políticas y personales para su cargo?

TAN acostumbrados estamos a que el desorden y el caos, el incumplimiento de la ley, no sean causa suficiente para producir el efecto de una severa reacción gubernamental, que la decisión del Gobierno de decretar el «estado de alarma» ante los desmanes de los controladores aéreos ha merecido, al instante, la aprobación ciudadana y de las fuerzas políticas en presencia. Una vez aplaudido el gesto, por lo que tiene de sorprendente en un Gobierno acomplejado y consentidor, cabe preguntarse: ¿está José Luis Rodríguez Zapatero en condiciones políticas y personales para ejercer la responsabilidad de su cargo? Escaso de respaldos parlamentarios que no sean «de pago», contestado en el seno del PSOE, desanimado por la quiebra del buenismo y perdido en delirios revanchistas y de grandeza, el presidente navega por las aguas procelosas que van, en lo exterior, desde las intolerables amenazas de Marruecos a su inasistencia a la Cumbre Iberoamericana y, en lo interior, desde una crisis económica con riesgo de «rescate» por parte de las UE y, pasando por el temario que apunta Wikileaks, a la sedición fáctica de los controladores aéreos. Zapatero es un náufrago en ese océano y los notables del PSOE, los que le sostienen en el cargo, debieran ser los primeros, por autoridad y proximidad, en dilucidar si los acontecimientos han desbordado a su líder o si no cabe hacer más para atajar los problemas que se van presentando.

En la rebelión de los controladores, un caso flagrante de desacato al ordenamiento vigente, hay que decir, y no en su descargo, sino como acusación al ministro de Fomento, que el problema no es nuevo y que viene arrastrándose con parches y disimulos desde hace varias legislaturas. Especialmente desde que José Blanco nos vendió la burra de su eficacia al resolver (aparentemente) el último conato de motín por parte de tan bien retribuidos como mal orientados empleado públicos. En la crisis presente, en la que la ineficacia de Fomento ha requerido la intervención del Ejército, sería razonable la dimisión del titular de la cartera que, instalado en la astucia del ya veremos, da manotazos totalitarios para reparar unos daños a los que su departamento no es ajeno.

En ese inquietante barullo no se debe pasar por alto que el líder de la oposición, víctima en Lanzarote del desbarajuste aéreo, limitara su reacción a la de un viajero contrariado. En esa circunstancia y en su posición no basta con señalar la responsabilidad del Gobierno. Cabe exigir un plus de discurso y un apunte de solución que le jerarquice y sirva de pedestal en su propósito gobernante.


ABC - Opinión

Reformas. ¡Que nos intervengan ya!. Por Emilio J. González

Zapatero sigue embarcado en un pulso peligroso con la UE y con los mercados, ya más por obstinación que por otra cosa, jugando a que a él nadie le dice lo que tiene que hacer y sin querer cambiar lo más mínimo su política de gasto público.

José Luis Rodríguez Zapatero ya está prácticamente a punto de conseguir lo que hace tres años pocos hubieran sido capaces de imaginar: que la octava economía del mundo, la que presumía de un crecimiento más que boyante y una creación de empleo envidiable, iba a acabar intervenida por la Unión Europea por culpa de un presidente tan inmaduro como incapaz, que ha convertido una crisis seria en un drama económico y social sin precedentes en la España contemporánea, que amenaza, incluso, con destruir a la propia unión monetaria europea.

Es muy sintomático al respecto lo que está sucediendo estos días. De entrada, Zapatero se ha quedado a presidir el Consejo de Ministros en lugar de viajar a la Cumbre Iberoamericana, cuando de la reunión del Gobierno no ha salido más que la ratificación de las medidas que anunció el pasado miércoles por la vía de urgencia, el anuncio de lo que ya se veía venir –la subida del impuesto sobre el tabaco con la excusa de que su consumo es perjudicial para la salud– y el acuerdo de aprobar a finales de enero la reforma de las pensiones para ver si así convence a los mercados y a la Unión Europea de su predisposición a tomar las decisiones que sean necesarias para superar la crisis. Pero el hecho de que los líderes de la UE, con los que está en contacto casi permanente, quieran tenerle cerca por si acaso hay que convocar un Consejo Europeo extraordinario y de forma inmediata, tras la bronca monumental que le echaron el pasado lunes en Libia, lo que indica es que España puede estar a punto de tener que ser intervenida para evitar males mayores. Porque lo tratado en el Consejo de Ministros para nada justifica la ausencia de ZP de la cita iberoamericana. Y es que todo esto viene precedido por una semana en la que la prima de riesgo de España se ha disparado y sólo se ha corregido cuando el BCE ha actuado comprando deuda española y cuando los mercados han empezado a entrever que las autoridades comunitarias van a tomar cartas en el asunto del problema español, ya que el presidente del Gobierno no hace nada por resolverlo.


Las medidas que acaba de aprobar el Ejecutivo suponen también un nuevo síntoma de que España se encuentra próxima a la intervención. El Gobierno va a quitar a los parados que ya no tienen prestación por desempleo los 420 euros de ayuda que venían recibiendo porque ya no puede pagarlos. Va a privatizar parte de Aena y de Loterías del Estado porque no tiene dinero y necesita como sea reducir el volumen ingente de deuda pública que tiene que emitir los próximos meses y que el mercado no le va a aceptar. Y lo mismo cabe decir de la subida del impuesto sobre el tabaco, cuyo único fin es recaudatorio, por mucho que pretendan vestirlo de otra manera. Y todo esto después de que se conociera esta misma semana que el Gabinete está adelantando emisiones de deuda para tener dinero ya que pintan bastos para España en los mercados porque ni el déficit público se corrige como pretende el Gobierno que se crea todo el mundo, ni la economía va a crecer como a Zapatero le gustaría, un sueño que acaba de expresar en la CNBC estadounidense. La situación de la Hacienda española, por tanto, es prácticamente de quiebra, a pesar de que ni se devuelve a las empresas y autónomos el dinero correspondiente al adelanto del pago por IVA, ni las administraciones están pagando a sus proveedores. Esa quiebra, si no se hace de forma controlada, puede provocar que el euro salte por los aires. De ahí que la UE esté a punto de intervenir nuestro país.

Zapatero, además, no hace nada para evitarlo. Este viernes tenía que haber sido el de los grandes anuncios de recorte del gasto público, del Estado y las autonomías, que no de la Seguridad Social. ¿Ha oído alguien alguna palabra al respecto? Pues no, porque quien está al frente de los destinos de nuestro país sigue sin querer dar su brazo a torcer y tienen que venir los demás a forzarle a hacer lo que no quiere hacer. ZP, en este sentido, sigue embarcado en un pulso peligroso con la UE y con los mercados, ya más por obstinación que por otra cosa, jugando a que a él nadie le dice lo que tiene que hacer y sin querer cambiar lo más mínimo su política de gasto público, cuando por donde hay que empezar para salir de la que tenemos encima es por ahí.

Es triste que un país que concluyó el siglo XX de forma tan brillante empiece el siglo XXI de manera tan lamentable, hundido en la miseria y controlado por la Unión Europea. Dadas las circunstancias, sin embargo, eso es lo mejor que nos podría pasar, a pesar de que implique una quita de la deuda pública que acabe durante años con la posibilidad de volver a captar esa inversión extranjera tan necesaria para impulsar el crecimiento económico y generar empleo; a pesar de que el pago de la deuda va a costarle mucho a la sociedad. Pero todo esto siempre será mejor que permitir a Zapatero que siga haciendo de las suyas porque por doloroso que sea el camino que nos aguarda en los próximos años, con reformas muy duras de por medio, mucho peor sería si a ZP se le deja por más tiempo seguir haciendo de las suyas. ¡Que nos intervengan ya!


Libertad Digtal - Opinión

Estado de alarma

ESPAÑA vive desde ayer en estado de alarma por primera vez desde la instauración democrática a causa de la huelga salvaje de los controladores que ha obligado a cerrar el espacio aéreo nacional durante más de veinte horas. La decisión, adoptada a primera hora de la mañana en un Consejo de Ministros extraordinario, estuvo precedida por la militarización del control aeroportuario y ha puesto fin a una pesadilla que han sufrido en carne propia cientos de miles de pasajeros y, de alguna forma, todos los españoles. El coste en términos económicos será muy considerable y a efectos de imagen es evidente que la marca «España» ha sufrido un serio quebranto cuando más delicada es la coyuntura internacional. La extraordinaria gravedad de lo acontecido desde la tarde del viernes, día en que empezaba el puente de la Constitución, exige un análisis riguroso y sin concesiones sobre el comportamiento que han tenido los distintos actores de un motín que marcará un punto de inflexión en la organización de la navegación aérea española. Nuestros cielos no pueden estar al albur de un puñado de irresponsables.

LOS CULPABLES. No cabe ni debe caber ninguna duda de quiénes son los únicos causantes del caos aéreo: los controladores y su sindicato de casta. Si les asistían algunas razones en su pulso personal con el ministro de Fomento, y en verdad así era, ayer las perdieron todas de golpe. Su intolerable prepotencia al paralizar el transporte aéreo no tiene parangón con el abuso de otras huelgas salvajes. No sólo se han burlado de los ciudadanos, cuya angustia e indignación desprecian, sino que además han puesto en peligro la seguridad de un sector estratégico para la nación. No tienen excusa ninguna, y al traspasar las líneas rojas de la reivindicación laboral han cavado su propia tumba como colectivo y se han degradado como seres avarientos e insensibles a la penuria de millones de parados. Su rendición en toda regla es una victoria para la inmensa mayoría.

EL GOBIERNO. El presidente Zapatero ha acertado al actuar con contundencia y eficacia. Su deber era reabrir el espacio aéreo, defender los derechos de los pasajeros y restablecer la normalidad. Lo ha hecho con escrupuloso respeto a las leyes y a la Constitución. La declaración del estado de alerta es un instrumento que la Carta Magna pone a disposición del Ejecutivo para hacer frente a situaciones de emergencia. Por tanto, nada hay que reprochar al Gobierno por su gestión de la crisis y por su decidida voluntad de no doblegarse a los controladores. Otra cosa es su desastrosa negociación previa con los sindicalistas, que tras año y medio de tira y afloja ha terminado de la peor manera posible e imaginable. No es de recibo que el Consejo de Ministros aprobara, al comienzo de un puente que mueve a millones de viajeros, nuevas normas laborales. El ministro de Fomento lanzó un órdago a los controladores en el día más crítico posible. Las consecuencias del desafío están a la vista de todos. No es así como se resuelven los contenciosos laborales y nadie mejor que unos gobernantes socialistas para saberlo. Por otra parte, se ha echado en falta la comparecencia pública de Zapatero dada la gravedad de la situación. Si no da la cara cuando declara el estado de alarma, ¿cuándo la dará?

LA OPOSICIÓN. Sería deseable que la legítima pugna política no sirviera de cortina de humo para encubrir la responsabilidad de los controladores, pero tampoco para absolver al Gobierno de su notorio fracaso negociador y de su inoportuno decreto que hizo de espoleta. El PP está en su derecho de exigir a Zapatero que explique el origen y la causa del caos. Y no tiene razón el PSOE cuando acusa al PP de haberles regalado a los controladores su estatus de privilegio: los socialistas llevan casi siete años en el poder y han sido incapaces de resolver la pésima gestión de AENA y de embridar a los profesionales del control aéreo. Endosar la culpa a un decreto de hace 11 años sólo demuestra impotencia.

SOLIDEZ INSTITUCIONAL. Es en situaciones extremas como la de ayer cuando se ponen a prueba la solidez institucional y la salud democrática de un país. Resulta muy satisfactorio comprobar que nuestras instituciones han reaccionado con plena normalidad y sin crujidos, desde la Jefatura del Estado, que en la persona del Rey intervino desde Argentina para convalidar los decretos pertinentes, hasta la Fiscalía General, que ya ha abierto diligencias a un centenar de controladores para depurar responsabilidades penales. Es más discutible que el Consejo del Poder Judicial deba salir en apoyo del Gobierno. En todo caso, es justo que los españoles nos felicitemos por la eficacia de los mecanismos constitucionales, lo que tal vez sirva para que los nacionalistas irredentos aprecien un poco más la Constitución de todos.


La Razón - Editorial

El Gobierno se impone

Una vez doblegado el desafío de los controladores, el sector debe ser reformado de forma inmediata.

La huelga salvaje de los controladores aéreos durante 24 horas, resuelta con medidas tan urgentes como inéditas (militarización del servicio y estado de alarma), hace inexcusable para el Gobierno reformar un sector crucial para lograr su imprescindible estabilidad a largo plazo. No lo tiene fácil. La actitud irresponsable de los controladores al abandonar masivamente sus puestos de trabajo el primer día del puente más importante del año es una nítida señal de que el Ejecutivo se enfrenta a un colectivo correctamente calificado de insensato por el vicepresidente Rubalcaba, en el que difícilmente se puede seguir confiando para controlar el tráfico aéreo español.

La militarización y la movilización obligatoria ha sido la única medida capaz de torcer el brazo a un grupo endiosado de privilegiados que ha echado un pulso al Estado sobre las espaldas de cientos de miles de ciudadanos indefensos. Y que de paso ha causado un grave perjuicio al sector turístico, uno de los pocos que empezaba a emitir señales positivas en una crisis que mantiene en el paro a más de cuatro millones de personas, así como a la imagen y solvencia de España en el exterior. El incivismo y la inadmisible actitud de los controladores -poco más de 2.000 profesionales a los que sucesivos Gobiernos, empezando por los del PP, han permitido irresponsablemente acaparar más poder de lo saludable en cualquier sociedad desarrollada- cobra mayor gravedad precisamente en este deteriorado contexto económico.


El paulatino regreso a la normalidad iniciado ayer no debiera ser interpretado por los poderes públicos como el punto final de una situación que, pese a su gravedad, las cortas vacaciones del puente de la Constitución pueden hacer olvidar. En su perfil actual, este colectivo no es de fiar, como crudamente ha quedado demostrado. Las sanciones laborales y penales a las que se han expuesto los controladores deben ser aplicadas con rigor. Pero, además, se impone la reforma profunda y urgente de su oficio, ya esbozada en la ley que, en febrero pasado, fijó nuevas condiciones laborales y redujo sus desorbitados salarios.

La reforma de febrero devolvía la organización del trabajo a AENA (los controladores se la habían apropiado con Álvarez Cascos de ministro de Fomento), preveía la concurrencia de empresas privadas para el control aéreo y facilitaba la formación de nuevos controladores -350 con carácter inmediato, dijo entonces el ministro Blanco-. Solo un nuevo y urgente marco laboral será capaz de arrebatar a los 2.300 trabajadores del sector la capacidad de tomar como rehenes a centenares de miles de personas para hacer valer algunas de sus extravagantes reivindicaciones. Una capacidad que presumiblemente recuperarán si el Gobierno no corta por lo sano cuando, en 15 días, el servicio deje de estar militarizado.

Nueve meses después de aquella pregonada reforma poco se ha avanzado. Resulta posible discutir, como hace el PP, si el decreto que cuantificaba las obligaciones horarias de los controladores tenía que aprobarse el mismo día en que se iniciaba el largo y esperado puente de diciembre, o debía haberse hecho antes. Argumentos que en ningún caso justifican la virulencia de su portavoz, González Pons, al arremeter contra el único Gobierno que ha intentado hasta ahora organizar de manera razonable un sector tan crucial y con tal potencial para dañar los intereses colectivos. Una capacidad de intimidación adquirida en parte con la anuencia de Gobiernos del partido del señor Pons que prefirieron mirar hacia otro lado y eludir sus responsabilidades en este ámbito. El PP, una vez más, ha sido incapaz de renunciar a sus bajunas tácticas electoralistas mientras más de medio millón de personas permanecían atrapadas en los aeropuertos españoles.


El País - Editorial

Caos aéreo, control público

Precisamente porque el control aéreo es hoy un servicio público primordial hay que arrancárselo al Estado de las manos y devolver su gestión a la sociedad civil.

Cuando un servicio esencial para la sociedad está confiado en exclusiva a un reducido grupo de trabajadores dependientes del poder político, existe siempre la posibilidad de que los ciudadanos acaben siendo rehenes en las polémicas laborales entre empleado y empleador.

Ningún estado consciente de su responsabilidad puede permanecer durante décadas bajo la amenaza latente de que unos obreros privilegiados decidan paralizar una actividad esencial, provocando enormes perjuicios al resto de los ciudadanos, a la economía nacional y a la imagen exterior del país. Sin embargo, y por desgracia, esa es la situación que, con los controladores aéreos, vivimos en España desde hace décadas.

Es un hecho que ningún Gobierno de la democracia ha tenido agallas para resolver una situación anómala dónde las haya como el estatus de la empresa pública AENA y los controladores aéreos que de ella dependen. De forma asombrosa para una sociedad moderna, los distintos Gobiernos se han sometido sin excepción al chantaje de un minúsculo grupo de trabajadores que ha decidido incluso el número de puestos de trabajo cuya provisión debía convocarse según los años.


Ninguna empresa privada admite que sus trabajadores la dirijan, pero en las corporaciones públicas ésta es una norma no escrita. Sin embargo, las propias exigencias de la vida actual dificultan cada vez más que los ciudadanos acepten una situación aberrante como la vivida ayer en los aeropuertos españoles, fruto precisamente de confiar la gestión de un servicio indispensable al Estado y sus funcionarios. Como ocurrió en la huelga salvaje del Metro de Madrid, los usuarios dan por buenas las molestias causadas a condición de que se pongan los medios para que nunca más vuelvan a repetirse.

Precisamente porque el control aéreo es hoy un servicio público primordial hay que arrancárselo al Estado de las manos y devolver su gestión a la sociedad civil. La iniciativa privada tiene incentivos suficientes para evitar estas situaciones, porque su éxito depende exclusivamente de la garantía en la prestación del servicio de forma adecuada, aunque para ello deba renovar por completo una plantilla que sea improductiva o que no sepa estar a la altura de las circunstancias.

Por desgracia, los socialistas de todos los partidos tiemblan ante la mera posibilidad de que un servicio de estas características se transfiera a las empresas especializadas del sector. Pues bien, que se den una vuelta por los aeropuertos estos defensores de "lo público" y expliquen su tesis a los viajeros secuestrados la próxima vez. Apostamos a que los ciudadanos les sacan de su error en tan sólo un par de minutos.


Libertad Digital - Editorial

Sobreactuación. Por Ignacio Camacho

¿Era necesaria esa escenografía apocalíptica, ese frufrú de uniformes, ese dramatismo de excepcionalidad crítica?

A los españoles, tan arbitristas, nos gustan sobremanera las soluciones autoritarias, las decisiones expeditivas, los asuntos zanjados por la vía del puñetazo en la mesa. Los controladores aéreos, acostumbrados al chantaje estratégico y al abuso sistemático de su posición de ventaja, se merecían una respuesta a la altura de su inaceptable desafío, y aún se merecen una reclamación de daños y responsabilidades con la legislación laboral e incluso el Código Penal por medio. Hay indiscutible consenso social en que ya era hora de que esta cierta chulería desaprensiva de unos empleados de élite encontrase la horma de su zapato. De acuerdo. Pero…

Pero ¿era necesaria esa escenografía apocalíptica, a medio camino entre la noche de tricornios del 23-F y el caos paroxístico de «Aterriza como puedas»? ¿Era imprescindible ese frufrú de uniformes, ese aire de excepcionalidad crítica de los jefes de Estado Mayor en un gabinete de crisis, con el Rey en América y el jefe de la oposición bloqueado en Canarias? ¿No ha habido una sobreactuación política en la creación de una atmósfera de emergencia con el despliegue de coroneles por los aeropuertos como si estuviese a punto de producirse una invasión de alienígenas? ¿Es el estado de alarma una medida constitucionalmente aceptable sin mediar catástrofe natural ni desabastecimiento básico?


Ítem más: ¿Ha sido el de este fin de semana un conflicto sorpresa o estaban las autoridades al corriente de la amenaza supuestamente inesperada? Salvo que el Gobierno sea mucho más desavisado e incompetente de lo que parece, que es mucho, resulta evidente que la regulación unilateral del horario de los controladores iba a crear problemas que nadie podía desconocer. Pese a ello, la decisión se mantuvo y se plasmó en una fecha crítica, con cientos de miles de viajeros a merced de cualquier contingencia en el puente festivo. La posibilidad de que esos ciudadanos hayan servido de tablero humano de un siniestro ajedrez político es inquietante y los convierte en rehenes no sólo de los controladores, sino del propio poder ejecutivo.

Un poder que ha sufrido evidente daño en su mermado prestigio por muy satisfecho que se encuentre de su rápido golpe de autoridad. La actitud delictiva de los controladores no exime al Gobierno de su responsabilidad sobre el deterioro de la imagen global del país. La incompetencia de Fomento para solucionar el conflicto del control aéreo se alarga demasiado en el tiempo y causa daño irreparable al sector turístico. Por último, el clamoroso silencio de Zapatero constituye una manifiesta abdicación a favor de Rubalcaba, que ha manejado a su gusto la situación según su tenebroso manual de agitación y dramatismo. Aunque acaso todo este cataclismo civil haya servido para enterarnos, a la postre, de por qué el presidente no viajó a Argentina…


ABC - Opinión