lunes, 6 de diciembre de 2010

Las consecuencias de la inacción. Por Juan Velarde Fuertes

Desde que en el verano de 2007 estalló una evidente, y muy fuerte, crisis económica, la mayor crítica que se puede hacer a los responsables de la política económica española es la de la inacción. En primer lugar se negó que la depresión pudiera llegar a España, a pesar de que era obvio que seríamos sacudidos con fuerza por lo sucedido a partir de aquella fecha, dado el alto grado de endeudamiento que tenían nuestras empresas financieras, no financieras y las economías domésticas y perteneciendo la española no sólo a la Unión Europea, sino a la Eurozona, lo que la abría mucho a las consecuencias del exterior. Posteriormente, cuando la presencia de una clara recesión era palpable, se manifestó que era debida, exclusivamente a factores exógenos. La inacción estaba así automáticamente justificada, porque al ser, por definición, exógenos todos los causantes de la crisis, era absurdo pensar que algo se pudiera intentar desde España.

Más adelante, cuando las perturbaciones españolas, por nuestro peso en la economía mundial, amenazaban la situación de muchas otras economías, diversos dirigentes foráneos presionaron con fuerza para que el Gobierno español comenzase a tomar medidas de reacción ante la crisis, que al ser fuertes, evidentemente tendrían costes políticos. Piénsese que por nuestra culpa, el euro se puede tambalear. Su descenso significa una subida del dólar, con lo que Estados Unidos resultan perjudicados en sus posibilidades de exportar, y por supuesto, otro tanto sucedería con el yuan chino. Las evidentes serias advertencias desde Bruselas —y por supuesto desde Berlín—, desde Washington-Nueva York y desde Pekin se explican con facilidad, sobre todo si recordamos las jornadas de mayo de 2010. Pareció que todo iba a cambiar a causa de la dureza observada en la acción de las grandes potencias económicas sobre España. Sin embargo, si bien se aceptó hacer reformas, pronto se tuvo la evidencia de que el talante oficial español no comulgaba con eso.


Recordemos cómo estas reformas, aparentemente prometidas, se aplazaban. Por ejemplo eso sucede con el asunto de la financiación de las pensiones, a pesar de que no es posible continuar con el planteamiento actual, y no digamos en otros aspectos relacionados con el Estado de Bienestar. Pero otras veces se retrocedía tras unas manifestaciones iniciales de asunción de lo solicitado, y se hacía de tal modo que esterilizaba incluso lo poco que se había llevado adelante de reforma. Cabalmente eso es lo que ha sucedido en la obligada alteración a fondo, si es que se deseaba mejorar, del mercado del trabajo. También se observó que en ciertos aspectos de la cuestión, se concluía por aceptar algo tan obvio, como el no proseguir el cierre de centrales nucleares. Pero se dejaron tal cantidad de flancos al descubierto, mientras se actuaba con lentitud extraordinaria —basta recordar lo que acontece con la localización de los cementerios nucleares para entenderlo—, que tampoco de ahí se obtenía fruto apreciable alguno. Y como una especie de colmo, a quienes denunciaban que esta política no era congruente, con nuestras necesidades, al temer que estas denuncias llegasen a oídos de quiénes del exterior habían presionado para hacerlas, se acusó de antipatriotas a tales denunciantes.

Naturalmente, al no hacer nada, al endeudamiento inicial privado, se unió uno colosal público. Con una competitividad arruinada al no llevar adelante reformas estructurales, el déficit de la balanza comercial conseguía que el déficit por cuenta corriente se situase —último dato comparativo conocido— en los doce meses que concluyen en agosto de 2010, en los 73.800 millones de dólares, la cifra mayor en la economía mundial, tras Norteamérica. Tanto en 2009 como en 2010, el sector público respecto al PIB ofrece los déficit mayores de nuestra historia, al menos desde 1850, con lo que su versión, en forma del endeudamiento, se incrementa. Pero, además, el no hacer nada ha ahuyentado las IDE, las inversiones directas extranjeras, o sea, no las a corto plazo, que han pasado a contemplarse como un elemento esencial del desarrollo desde la aportación inicial del profesor japonés Akamatsu del «desarrollo en cuña», iniciada en 1935, pero conocida en Occidente únicamente tras la publicación de su artículo «A Theory of Unbalanced Growth in the World Economy», aparecido en «Weltwirtschaftliches Archiv» en 1961. Simultáneamente nuestros empresarios comprendían —y hacían bien— que más allá de nuestras fronteras los negocios eran mucho más suculentos, con lo que tampoco por ahí venía alivio para nuestro endeudamiento exterior.

A partir del 22 de noviembre de 2010, y sobre todo tras el «martes negro» del día siguiente, 23 de noviembre, todo ha cambiado y continúa cambiándose de modo acelerado. Un dato clave. Los bonos a diez años alemanes, el 27 de diciembre de 2009, tenían un tipo de interés en los mercados, del 3,32%. El de los españoles era el 3,94%, o sea, un 0,62% más; el 26 de noviembre de 2010, o sea once meses después, exactamente, porque el 27 de noviembre es sábado y no hay cotizaciones, el tipo de interés alemán es de un 2,69%, descenso que facilita la actividad, cada vez mayor de ese país, mientras que el español ha saltado nada menos que al 5,24%, que ya por sí mismo frena absolutamente nuestra posibilidad de salir de la crisis, acentúa el endeudamiento y sitúa el diferencial en un colosal 2,56%. El corolario es, por supuesto, desempleo y freno a la actividad, o sea, caída del PIB y el riesgo de que la decepción que surge en los mercados pudiera aun castigarnos con más dureza en un inmediato porvenir. La salida ha sido casi dramática: vender la plata de la casa —liquidar aeropuertos y lotería, reducir gastos en desempleados—, que se edulcoran con algunas medidas de estímulo a las PYMES. La inacción tiene costes terribles.


ABC - Opinión

Zapatero. ¿Por quién doblan las campanas?. Por Pedro de Tena

Es la hora de una moción parlamentaria que censure a Zapatero y al PSOE. No hay tiempo para más. Se ganará o se perderá, pero se representará a millones de españoles que estamos hasta la coronilla de ser el hazmerreir del mundo y de nosotros mismos.

Lo que se ha vivido en los comienzos de este puente del día de la Constitución, precisamente, es algo inolvidable, por lo triste, por lo grave, por lo indigno y por lo innecesario. Es triste ver a nuestro país en un estado de postración tan humillante. Es grave comprobar cómo el Gobierno de nuestra Nación no sabe nada ni entiende nada ni prevé nada. Ni la crisis, ni la situación social, ni el estado de los aeropuertos. Es indigno el trato que los ciudadanos recibimos de quienes debieran ser nuestros principales servidores: ni información, ni responsabilidad. Todo a golpe de efecto, de improvisación, de ocurrencia. Y es, decididamente, innecesario contemplar hecatombes como la de ayer y anteayer en países desarrollados y democráticos cuando hay mecanismos suficientes para decidir el cambio que ya es urgente e inaplazable. Zapatero es incapaz. Bien. Pues vamos a hacer que deje de hundirnos cada día más y apliquemos los procedimientos de una sociedad madura.

Ello implica que Mariano Rajoy no puede seguir como iba, legítimamente hasta ahora, observando el deterioro del adversario. Es que lo han dejado claro el viernes y el sábado de este diciembre que siempre recordaremos, es que lo que se deteriora gravemente es España, no Zapatero. Es que los que sufren la realidad de una crisis económica de la que este Gobierno ni sabe ni entiende ni solventa son los millones de españoles cargados de paro e hipotecas, que no pueden hacer nada salvo esperar que la política democrática funcione. Para que realmente funcione, Rajoy tiene que reaccionar de manera inmediata. El ha sufrido incluso los desgarros de este desgobierno en el aeropuerto de Lanzarote. Así no puede seguirse. No va a conferirle más legitimidad continuar esperando el hundimiento del adversario. Nos estamos hundiendo todos. Es la hora de una moción parlamentaria que censure a Zapatero y al PSOE. No hay tiempo para más. No queremos que haya más tiempo para nada más. Se ganará o se perderá, pero se representará a millones de españoles que estamos hasta la coronilla de ser el hazmerreir del mundo y de nosotros mismos.

El PSOE, vía Rubalcaba, tratará de presentar lo que está pasando como un ejercicio de autoridad. Militarización, estado de alarma, derrota de los controladores... todo va a ser manejado como un ejemplo de buen Gobierno. Nadie va a creerle pero tienen que intentarlo. Rajoy tiene que poner de manifiesto que todo es improvisación, ridículo, parche, distracción y maniobra. Nadie podrá creer que el jueves, este Gobierno de este señor no supiera nada de lo que iba a pasar cuando el viernes dictó el decreto que permitía la militarización. Nadie puede creer que sean los controladores los únicos irresponsables –que lo son–, en este desaguisado. Nadie puede creer que un Gobierno no haya sido capaz de evitar el desmoronamiento de la imagen de España, a hachazo limpio, desde hace meses. Necesitamos un Gobierno digno de tal nombre. Rajoy debe hacer lo que hay hacer.

Y no quiero ni pensar que los controladores hayan sido escogidos como chivos expiatorios de una crisis mal llevada para mostrar cómo es de eficaz, in extremis, un Gobierno que nos ha mentido día tras día desde antes de las elecciones de 2004. No quiero ni pensar que todo haya sido pensado, provocado, diseñado para dar un golpe de timón en un momento de crisis general. Pero recuerdo que el Real Decreto de Militarización se aprobó el mismo viernes, día 3, por la mañana. ¿Por qué no diez días antes?

¿Por quién doblan las campanas? Rajoy debe estar atento. Si no hace lo que debe hacer, pueden estar doblando no sólo por Zapatero. También pueden estar doblando por él.


Libertad Digital - Opinión

Un test al sistema. Por César Alonso de los Ríos

Al revisar la terrible experiencia del caos aeroportuario de este fin de semana ¿cómo han quedado en sus papeles Rajoy, Zapatero, el Rey y, sobre todo, el sistema? Supimos los españoles que el Rey había firmado electrónicamente, al otro lado del charco, la militarización de la navegación aérea a petición del Consejo de Ministros. Si en otra cumbre iberoamericana tuvo el Monarca tuvo que pedirle silencio a Chávez, en esta le ha tocado cumplir con el delicadísimo encargo, constitucional, del Gobierno. Por ello pudimos deducir la existencia de Zapatero. Hecho el encargo, salio del escenario mientras le dejaba la comunicación a Rubalcaba y la gestión a Blanco. El papel de Rajoy fue el de un sufrido usuario que trató de representar a los compañeros de viaje que le había deparado el infortunio. Habló por él González Pons. Este y Zarrías iban a contextualizar partidariamente el debate sobre la solución militar del estado de alerta provocado por los controladores.

¿Quiso Zapatero que la sociedad valorara el significado de su silencio? ¿Quiso que el pueblo llegara a vivir la angustia, la inseguridad masiva, sin la presencia del padre protector o le dejó este papel al Rey al retirarse sin más? La actitud de Rajoy se presta a algunas preguntas. De algún modo lanzó las críticas tanto al Gobierno como a los controladores desde el papel de «hombre cualquiera» al que le resignó la dirección «popular» cuando cabía temer la huelga salvaje. ¿Y el Rey? Bastó su firma para terminar con la alarma. No disponen de tal poder otros Estados. Por esa razón la medida debe ser tomada con el carácter extraordinario, casi sagrado, que tiene. La experiencia que ha vivido la sociedad en estos días decembrinos, marianos y constitucionales ha sido tan costosa como impagable. Unos seres enloquecidos y rabiosamente insolidarios han llevado al sistema español a una prueba inédita hasta el punto de hacerle responder en términos positivos. Sin que sirva de precedente.


ABC - Opinión

Controladores, terrorismo corporativo y estado de alarma. Por Antonio Casado

Muy mal tiene que gestionar el Gobierno este conflicto -no lo descartemos-, si con semejante apoyo de la opinión pública y de la clase política no acaba de una vez por todas con la chulería de los controladores aéreos. Nunca hubo tanta coincidencia en la reprobación de un colectivo acostumbrado a practicar la huelga salvaje con toma de rehenes. Terrorismo corporativo se llama eso. Cargas de profundidad contra la imagen de España, intolerables ataques al derecho de libre circulación y graves daños a la causa de nuestra recuperación económica.
«Nunca hubo tanta coincidencia en la reprobación de un colectivo acostumbrado a practicar la huelga salvaje con toma de rehenes.»
Se repitió la historia del año pasado por estas fechas. La misma desde que en 2005 AENA denunció el famoso convenio colectivo de 1999 que convirtió a los controladores en unos privilegiados. Los mejor pagados del mundo (sueldo medio de 350.000 euros anuales, aunque algunos doblaban esa cantidad) con el nivel de productividad más bajo del mundo. Así, desde hace cinco años, cada vez que toca renegociar el caducado convenio de 1999, se reproduce el chantaje si la empresa contratante no renueva los privilegios. Tales como jubilaciones a los 52 años cobrando 170.000 euros anuales el resto de su vida, control absoluto sobre el acceso a la profesión y organización del trabajo. Ahí entraba la asignación de horas extraordinarias, que disparaba sus nóminas (se pagaban hasta el triple de las normales).

El Ministerio de Fomento les paró los pies en febrero de este año al regular por ley las condiciones que ellos querían obtener por convenio. Pero no se dieron por vencidos. A cada intento de renovar el convenio vuelven a utilizar su enorme poder conminatorio. Lo volvieron a hacer a las 17.00 horas del viernes pasado, al iniciarse el puente vacacional más largo del calendario. Decidieron no incorporarse al puesto de trabajo en número suficiente para paralizar el trabajo en las torres de control.

Por considerar cubierto, en su particular modo de contabilizarlas, el cupo de horas trabajadas (1670 más 80 adicionales) legalmente contemplado en la normativa aprobada en el decreto ley del 5 de febrero de 2010 (convertido luego en ley aprobada por unanimidad en el Congreso). Pero sobre la marcha cambiaron la excusa. Y lo que inicialmente era estrés y ansiedad por haber superado el número de horas convenidas se convirtió en estrés y ansiedad por la militarización de sus funciones, decidida por el Gobierno en su decreto del viernes por la noche. A partir de ese momento la competencia sobre el control del tráfico aéreo, tanto el militar como el civil, se transfería al Ministerio de Defensa por razones de interés general.

Lo consideraron una provocación. Aprovechando algunas lagunas del decreto, se negaron a firmar las incorporaciones y en los aeropuertos continuó el desbarajuste. Pero el estrés y ansiedad de los controladores quedaron abolidos de un plumazo con la firma del Rey y del presidente del Gobierno al pie de decreto que declaró el estado de alarma el sábado a mediodía. Mano de santo. A medida que iban recibiendo la comunicación derivada de su nuevo estatus, donde el abandono del puesto de trabajo se valora a la luz del Código de Justicia Militar, se fueron incorporando a las torres y, salvo casos muy concretos de indisposición debidamente certificada, el estrés y la ansiedad no fueron obstáculo para la paulatina recuperación de la normalidad.

A grandes males, grandes remedios. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer en nombre de los intereses generales frente a una gravísima alteración en el funcionamiento del transporte aéreo, que es un servicio público esencial. El servicio se ha normalizado, de hecho. Y espero que se hayan creado las condiciones para acabar de una vez por todas con esta pesadilla. Es decir, con la capacidad de chantajearnos a todos que tiene este colectivo de profesionales.


El Confidencial - Opinión

Lo que nos faltaba. Por José María Carrascal

En esta España de Zapatero y sus enanitos, lo normal se convierte en extraordinario, y lo extraordinario, en normal.

QUE los controladores son los culpables no sólo lo sabemos. Lo sabíamos. Entonces, ¿por qué no se evitó el caos que desencadenaron? Dicho de otra forma: ¿sorprendió al Gobierno o lo esperaba? Lo primero indicaría incapacidad. Lo segundo, perfidia.

El contencioso con los controladores viene cociéndose de antiguo y ya el verano pasado estuvo a punto de convertirse en batalla abierta. En tales condiciones, elegir la víspera del puente más largo del año para el duelo con ellos era, cuanto menos, temeridad. ¿Nadie en el Gobierno cayó en ello? ¿O se eligió precisamente para dar una muestra de autoridad ante un colectivo que goza de nulas simpatías entre la ciudadanía por su prepotencia y sus sueldos astronómicos? No lo sé, pero es legítimo preguntarlo, ante la magnitud de las consecuencias, que no se limitan a los daños físicos y económicos causados a centenares de miles de personas, sino que alcanza al prestigio de España, tan deteriorado últimamente.


¿Que, dada la situación, no había otro remedio? Es muy posible, pero entonces, ¿por qué se llegó a esa situación? El Gobierno no tenía un plan B, como en tantas ocasiones de emergencia anteriores, y si el que tenía fue el que puso en práctica, es como para echarse a temblar. Pues decretar el estado de alarma no es bueno, ya que crea más alarma, y ya hay bastante alarma en España y sobre España como para aumentarla.

Gobernar en democracia no consiste en resolver los problemas manu militari, sino, primero, evitar que surjan y, de surgir, encontrar la manera de encauzarlos con el mejor daño posible. Y aquí, los daños han sido inmensos. Esto, que aparece en la primera lección de todo manual de buen gobierno, no parece saberlo ese nuevo primer ministro que tenemos, por no hablar ya del presidente, que, fiel a su táctica de dejar a otros que se rompan la cara por él, desapareció de escena en los momentos más críticos de esta nueva crisis. Mientras Rubalcaba, hinchando pecho por haber conseguido doblegar a los controladores, nos anunciaba: «No habrá caos en Navidad». ¡Pues vaya proeza! Eso no es nada extraordinario. Es lo que se supone ocurra, lo normal, aunque en esta España de Zapatero y sus enanitos, lo normal se convierte en extraordinario, y lo extraordinario, en normal. Así nos va.

Como tampoco es ninguna proeza resolver el conflicto con un colectivo de poco más de dos mil personas echando mano del Ejército. El Ejército no está para sacar las castañas del fuego a un gobierno que no supo prever las consecuencias de sus decisiones, y que si las preveía, es tan culpable como los perpetradores. Y menos, todavía, el Ejercito está para devolver el prestigio a unos políticos que lo han perdido. ¡Ellos, los antimilitaristas! Lo que nos faltaba.


ABC - Opinión

Wikileaks. El País contra la información. Por Agapito Maestre

¿Existe alguna información relevante en esos documentos de la política exterior de EEUU referente al 11-M? Si no existe nada sobre el particular, entonces paso de investigar sobre la seriedad de Wikileaks.

Wikileaks, esa extraña "organización mediática internacional sin ánimo de lucro", ha dicho que es imposible hacer negocios en Marruecos sin pasar previamente por el palacio de Mohamed VI. Nadie puede hacer un negocio en Marruecos sin dar una fuerte mordida a su primer mandatario. La principal organización suministradora de información de El País –hasta trece páginas, empezando por la mitad de la portada, le dedicaba ayer domingo el periódico de la calle Yuste a la cosa de Wikileaks– mantiene que "la corrupción alcanza a las más altas esferas del poder en el Marruecos de Mohamed VI". Para El País y su citada fuente de información, haciéndose de nuevas, "la influencia y los intereses comerciales del Rey y de algunos de sus asesores son evidentes en cada proyecto inmobiliario".

¿Qué hay de novedad en esta noticia? Nada. En mi opinión, no aporta nada a lo que ya sabíamos. No se añada nada que no supiera hace años el mundo entero. Todo era sabido. En realidad, no hay noticia; lo de Marruecos es tan poco, desde el punto de vista de la información, como que Gadafi o la presidenta de Argentina han sido investigados por posibles deficiencias mentales. Son cosas que saben todos los que están un poco informado por los medios de comunicación. Son casi cotilleos de diplomáticos. Algo parecido sucede con la supuesta revelación de que el programa nuclear iraní levanta recelos en los países árabes; la información es tan vieja como la intermediación de EEUU entre palestinos y judíos para formar dos Estados. Todas las noticias, en efecto, que el diario El País destacaba ayer, y que eran extraídas de Wikileaks, son de ese jaez. Nada. Humo.


Sin embargo, hay mucho que comentar; para empezar no creo que sea descabellado preguntarse por qué periódicos serios se prestan a tal cambalache. Si la calidad informativa de los 250.000 documentos que anunciaba ayer El País es parecida a lo que ya se ha publicado, entonces sospecho que esto es un gran montaje. Una degradación de la llamada prensa seria. Se vende como noticia lo archisabido. Aparece como un gran descubrimiento lo que todo el mundo sabía, o peor, ya fue publicado. No hay nuevas noticias. Lo nuevo es el engaño a la hora de darlas, otra vez, como si fueran novedades. Acaso por eso las noticias casi quedan reducidas a titulares, o peor, basta a veces una palabra para crear un espectáculo apocalíptico. Falso.

No tengo aún un juicio formado sobre qué sea exactamente Wikileaks. Sé, naturalmente, como cualquiera que lea la prensa nacional e internacional, que es una extraña agencia de noticias que está filtrando, o quizá vendiendo, a periódicos importantes del mundo unos supuestos documentos secretos de la política exterior de EEUU. Pero eso es tanto como decir que no sabemos quién está detrás del asunto. Mientras se aclara, me permito lanzar la siguiente sospecha: ¿No estaremos ante un proceso de degradación de la noticia muy parecido al envilecimiento que los realty-show nos ofrecen en la televisión? Si fuera así, entonces no dudaría en mantener que el Gran Hermano se ha instalado en Der Spiegel, The New York Time, Le Monde, The Guardian, Al Jazeera y El País. La degradación de la prensa a través de la divulgación de ese tipo de documentos es un hecho... Se vende como noticia, o sea como algo nuevo, lo viejo.

Yo sólo me creeré algo de todo este montaje de Wikileaks si El País, o cualquier otro periódico juramentado con los directivos de esa agencia al servicio de la humanidad, hace una prelación de esos 250.000 documentos y nos dice cuáles y por qué son los más relevantes. Hay, no obstante, una pregunta clave para un español de bien: ¿existe alguna información relevante en esos documentos de la política exterior de EEUU referente al 11-M? Si no existe nada sobre el particular, entonces paso de investigar sobre la seriedad de Wikileaks.


Libertad Digital - Opinión

La extraña huelga. Por Gabriel Albiac

La convocatoria de elecciones es ahora legalmente imposible. Para eso sirvió también la extraña huelga.

«RAYO que fulmina antes de que el trueno pueda ser escuchado», el Estado debe —según Gabriel Naudé— golpear siempre en el silencio y en la sombra. El rayo fulminó anteayer a los controladores aéreos. Sin que, al parecer, percibiesen ronronear sobre ellos tormenta alguna. Los controladores aéreos son, en España, la cabeza de turco perfecta. Sólo a su terca necedad cabe atribuir la completa ausencia de cálculo de los riesgos que ponerse en tal papel de chivo expiatorio acarrea. Y que cabe en un axioma de Carl Schmitt: el eficaz funcionamiento del poder se asienta sobre la acertada construcción de un enemigo, acerca de cuya definición «decide sólo el Estado como unidad política organizada». Contra la amenaza de ese enemigo, se puede fácilmente soldar a todos aquellos que se reconocen en la normalidad que los enfrenta a aquel que, con indiferencia de sus reales vicios o cualidades, dispara el automatismo de nuestra colectiva alarma, de nuestro recelo o de nuestra antipatía.

Puede que ninguna otra profesión resulte, en España, más antipática que la de controlador aéreo. Sus miembros se lo han ganado a pulso. Con la aquiescencia de gobiernos que jamás abordaron la tarea de abaratar el mercado, acabando con el control gremial del acceso al oficio. Convertidos así en casi una casta, poco pueden reprochar a otra más poderosa —la de los políticos— que haga uso sacrificial de ellos, ahora, para lavar parte de sus propias culpas ante un electorado furibundo.


La cronología de este fin de semana tiene valor didáctico: el viernes aprueba el Gobierno medidas que rompen los acuerdos a los que hace meses llegó con los controladores; esa misma tarde comienza la huelga; a la mañana siguiente, con el cielo español ya bloqueado, el Presidente toma la decisión —prevista en la Constitución, artículo 116.2, y la Ley Orgánica 4/1981, artículo 4— de implantar el Estado de Alarma. Lo asienta sobre dos de sus supuestos (4c y 4a): «paralización de servicios públicos esenciales», más «catástrofes, calamidades o desgracias públicas», ya que el apartado 4c no puede ser aplicado sin la concurrencia «de alguna de las demás circunstancias o situaciones» que contemplan los otros tres apartados del artículo. Cabe cierta duda en cuanto a comparar el caos de viajeros con los ejemplos de «catástrofe, calamidad o desgracia» que enuncia la ley, «tales como terremotos, inundaciones, incendios forestales o accidentes de gran magnitud». Pero supongamos que sea homologable; se trata, al fin, de términos lo bastante polisémicos.

En lo que no hay polisemia ni puerta abierta a la interpretación es en lo que para el «Estado de Alarma» dicta el artículo 116.5 de la Constitución: "No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo ». Lo cual, tras la declaración de continuidad que —en ausencia del inexplicadamente desaparecido Presidente Rodríguez Zapatero— realizó el domingo por la tarde Pérez Rubalcaba, despeja, al menos, una incógnita: la convocatoria de elecciones anticipadas es ahora legalmente imposible. No haya alarma. Para eso sirvió también la extraña huelga. Rayo que fulminó. Sin trueno.


ABC - Opinión

Estado de alarma. ¡Qué casualidad!. Por Emilio Campmany

ZP tratará de sobrevivir todo cuanto pueda con la amenaza de que, si no le dejan, convoca elecciones y se joroban todos. Pues bien, esa amenaza es un arma que ya no tiene. Y, qué casualidad, por haber decretado el estado de alarma.

Ya ven, el mundo está lleno de casualidades. ¿Qué probabilidad hay de que el fin de semana que el presidente decide no viajar a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno luego se vea obligado a decretar el estado de alarma? Debe ser muy baja. ¿Y qué probabilidad hay de que, a los pocos días de que los empresarios del entorno del Rey pidan un golpe de timón, el presidente no tenga más remedio que, por otros motivos, declarar el estado de alarma? Tampoco debe ser muy alta. Y, sin embargo, qué casualidad, en España se han dado las dos cosas. Y qué casualidad, que la primera vez que ha habido que decretar en España un estado de emergencia, quien lo ha anunciado ha sido Rubalcaba.

Al parecer, lo fue también que el decreto que se sabía que iba a enfurecer a los controladores lo aprobó el Consejo de Ministros del viernes anterior al puente de las Conchas. Tiene también guasa que el decreto que impone el estado de alarma no lo haya firmado Zapatero y lo haya hecho, uy qué casualidad, Ramón Jáuregui, el nombre impuesto por Rubalcaba en la última crisis.

Yo no sé si el decreto es constitucional o no. Ni si la militarización de los controladores es legal o no. Ni siquiera sé si, para resolver el grave problema planteado por los controladores, era indispensable decretar el estado de alarma. Lo que sí sé es que, mientras el estado de alarma esté vigente, y Rubalcaba ya ha advertido que lo estará todo el tiempo que sea necesario para garantizar que los controladores no vuelvan a armarla, el presidente del Gobierno estará legalmente privado de una de sus más importantes facultades constitucionales, la de disolver las Cámaras y convocar elecciones generales (artículo 116.5 de la Constitución española).


¿Y para qué iba Zapatero a forzar un decreto que le priva de una facultad que nadie le puede obligar a emplear? Eso mismo diría yo si le hubiera visto comparecer para explicar la medida adoptada o, al menos, hubiera visto su firma al final del Decreto. Pero ninguna de las dos cosas ha ocurrido.

En el PSOE saben que, como aclara la encuesta de El País de este domingo, las elecciones generales que se convocaran ahora las perderían por goleada. Y saben igualmente que si dejan a Zapatero al frente del Gobierno hasta que se celebren, lo más probable es que también las pierdan. Su única oportunidad de victoria pasa por que Zapatero dimita y se ponga al frente del Gobierno alguien con pinta de ser capaz de enderezar el rumbo. Y si tal relevo pudiera hacerse antes de las autonómicas y municipales, mejor que mejor, a ver si algunos presidentes autonómicos y alcaldes socialistas son capaces de salvar los muebles.

La cuestión es que quienes se postulan para sustituirle, al menos Rubalcaba y Bono –pero debe de haber más– quieren que la dimisión se produzca en el momento que más le convenga a cada cual, por lo que pueden estar interesados en que Zapatero aguante o que dimita según cuando sea. Y, mientras tanto, él tratará de sobrevivir todo cuanto pueda con la amenaza de que, si no le dejan, convoca elecciones y se joroban todos. Pues bien, esa amenaza es un arma que ya no tiene. Y, qué casualidad, por haber decretado el estado de alarma.

Sigan muy atentos a la pantalla que seguirán pasando cosas.


Libertad Digital - Opinión

El traje gastado. Por Ignacio Camacho

El Gobierno ha puesto en tensión los límites de las garantías con la cuestionable declaración del estado de alarma.

PARA celebrar el Día de la Constitución, el Gobierno ha puesto en tensión los límites de las garantías con la cuestionable declaración del estado de alarma ante un conflicto laboral. Es lo que el zapaterismo lleva haciendo casi siete años: forzar la Carta hasta reventarle las costuras y acelerar su desgaste como si fuera un traje estrecho. El presidente ha ofrecido siempre la sensación de sentirse incómodo en el marco constitucional, y al no tener mayoría ni encontrar consenso para reformarlo ha optado por situarse en márgenes fronterizos hasta bordear el fuera de juego. La erosión de la modernidad ha precipitado el envejecimiento de la norma dejando al aire insuficiencias y vacíos, pero su vigencia habría aguantado mejor sin la tensión a la que la ha sometido la continua fricción con la ingeniería aventurerista de Zapatero.

Aunque a día de hoy la Constitución parece susceptible de reforma, pulido y amejoramiento, todavía es capaz de sostener la convivencia nacional con un alto grado de integración y ha alcanzado con razonable eficiencia una longevidad inédita en la triste historia de las libertades en España. Prueba de ello es que aún no se ha alcanzado un nivel de acuerdo político ni social superior al que logró alumbrarla, y ése es precisamente el requisito imprescindible de cualquier modificación futura. En un momento en que ni siquiera es posible un pacto para estabilizar la economía, pensar en una reformulación constituyente representa una quimera voluntarista. No existe generosidad en la vida pública ni queda un átomo de aquel patriotismo tolerante y conciliatorio que hizo posible la refundación democrática. De la crispada y sectaria atmósfera actual sólo podría salir un invento bastante peor que el vigente.


Sin embargo, la imprescindible regeneración que exige una España en grave crisis de atrofia y deterioro aconseja empezar a plantearse la actualización de las bases legales que impulsen un nuevo despegue. Más pronto que tarde habrá que revisar a fondo un modelo territorial que ha hecho crisis, reordenar las funciones del Estado, analizar el fracaso de algunas instituciones y acaso reinventar el sistema electoral. A medio plazo va a ser necesario un pacto de Estado capaz de definir nuevas reglas válidas para otras cuantas décadas, y conviene que las fuerzas hegemónicas piensen en ello cuando aborden sus programas electorales si pretenden alcanzar una cierta altura de miras a la medida de sus responsabilidades.

Entretanto, bastaría con que Zapatero deje de estirar las junturas de la Carta para arreglarse a su antojo a base de reventarle los márgenes; justo en vísperas de la efemérides de hoy ha utilizado el estado de alarma con una ligereza como mínimo discutible. Y por si no fuese suficiente ha solventado la crisis de los controladores con una invención extraconstitucional de facto: la copresidencia del Gobierno.


ABC - Opinión

Controladores. Alerta. Por José García Domínguez

En esta feliz corrala de comadres irresponsables, solo la muerte resulta tan segura como la impunidad cierta de cuantos bárbaros se amotinen bajo cualquier bandera incivil. Presidente, rinda de una vez un servicio a España: despídalos.

Ya puestos, y con los controladores, esa altiva aristocracia obrera, en posición de firmes, ¡ar!, no estaría de más otro Real Decreto imponiendo la urgente desmilitarización del periodismo. Algo así como una Ley Azaña que ordenase el rompan filas generalizado, con el preceptivo pase a retiro tanto de las kábilas al servicio del Gobierno como de sus iguales, los reclutas del disciplinado somatén devoto de Génova 13. Sería un primer paso con tal de que nunca más les faltase el valor de emitir juicios sensatos cuando sus señores, llámense Zetapé, Pilatos o Don Mariano, no deseen incurrir en "juicios de valor"; un primer paso a fin de enterrar ese atavismo tan celtíbero, el que por norma antepone el "nosotros" y el "ellos" a la verdad desnuda.

Y es que el genuino estado de alarma que hoy suscita España procede de los modos asilvestrados que legitima el sentir dominante, tara de la que la prensa no deja de constituir triste reflejo. A fin de cuentas, aquí, ya no hay distancia moral alguna entre esos cafres que profesan la alegre insurgencia del botellón los fines de semana, y la miríada de autoridades y particulares que se declaran insumisos a las leyes y los tribunales según se les antoje. Anomia ecuménica que se extiende a izquierda y derecha con pareja frivolidad. Al punto de que el imperativo categórico de obedecer las normas casi se antoja risible prejuicio propio de simples y beatas. Nada extraño si se repara en que autoridad y autoritarismo han devenido sinónimos indiscernibles en el errático canon cultural de este lado de los Pirineos.

Y quien ose revolver en tales cuestiones, es sabido, será tenido al punto por un fascista nostálgico de la dictadura. Deriva ética, la nuestra, gracias a la cual el imperio de la Ley ha acabado sometiéndose al célebre mandato de Gemma Nierga: "¡Dialoguen!". De ahí, por cierto, que jamás suceda nada, llámense los saboteadores doctor Montes, energúmenos del Metro de Madrid o delincuentes (presuntos, of course) del sindicato de controladores. Por algo, en esta feliz corrala de comadres irresponsables, solo la muerte resulta tan segura como la impunidad cierta de cuantos bárbaros se amotinen bajo cualquier bandera incivil. Presidente, rinda de una vez un servicio a España: despídalos.


Libertad Digital - Opinión

Cataluña: ¿Y ahora qué?. Por Francisco Rodríguez Adrados

«El mundo no está ahora para nacioncitas, basta echar una mirada a Europa para darse cuenta. Crear, para seis o siete millones de personas, una nación y un gobierno, con ministros, monolingüismo a la fuerza y recursos varios para desalentar a la oposición, se traduce a la larga en daño».

AL día siguiente de unas elecciones como estas, es natural que muchos reclamen la victoria. Y, por supuesto, Convergencia y Unión lo hacen con derecho pleno, el PP también, si se compara el pasado. Y los socialistas y sus socios independentistas del tripartito han perdido el poder. Y los nacionalistas aventajan en resultados al PP y Ciutadans.

Pero esta es solo la primera mirada. En la segunda vemos que los votos de Convergencia y Unión no llegan al 40 por ciento de los votantes y, dado que éstos vienen a ser un 60 por ciento del censo, es claro que sus votantes son el 40 por ciento del 60 por ciento, es decir, en torno a una cuarta parte de los catalanes. Y sumando los votantes de todos los partidos salvo PP y Ciutadans, resulta que son un 70 por ciento de aquel 60 por ciento de votantes. Si los votantes hubieran sido todos, el 100 por cien del censo, esos partidos tampoco habrían alcanzado la mayoría absoluta.

En suma, lo que todos saben: el voto nacionalista no llega en Cataluña al 50 por ciento. Y téngase en cuenta que en este cálculo hay mucha simplificación, porque no todos los partidos son iguales y Convergencia, por ejemplo, ha fluctuado mucho. Si ha barrido para casa ha tenido también posturas de colaboración. Ahora está ensoberbecida y resentida por la intervención del Tribunal Supremo y las promesas incumplidas de Zapatero.


Pero debería razonar y no respirar por las heridas. Porque, presumiblemente, pronto va a tener enfrente, en Madrid, a un partido más sólido que el socialismo tipo Zapatero. Y en Cataluña va a tener, ahora, una cierta libertad, sin los independentistas al lado. Y es un tanto a favor la buena imagen de algunos de sus hombres, como Durán Lleida. Por lo demás, Mas es un hombre cabal, no alguien que se encuentre a gusto junto a ETA ni reciba regalitos folclóricos ni vaya a Israel a hacerse fotos cómico-sacrílegas. Ni toma posturas demagógicas como ciertos personajes ante los cuales Carod es un moderado.

Los nacionalistas catalanes deben comprender que las circunstancias no son de color de rosa para ellos, y menos para los demás nacionalistas, sus discípulos. En Barcelona aprendió Sabino Arana y de todos ellos aprendieron los nacionalistas gallegos. Todos han sufrido la reacción por sus excesos. Pienso que Mas podría recordar la moderación que ha tenido otras veces, evitando así un desastre para todos.

Ese nuevo fantasma del concierto económico, es decir, de fracturar a España en dos (con mala suerte en diecisiete), es una desgracia para todos. Y es contraproducente ese exhibicionismo por el mundo entero, llenándolo de propaganda y autobombo, de catalán en todas las universidades. La verdad es que en el ancho mundo eso no interesa. No por nada, hoy a las naciones y a las lenguas se les pide volumen. Y todas esas imposiciones a los que no hablan el catalán en Cataluña, dan mala imagen.

El mundo no está ahora para nacioncitas, basta echar una mirada en torno (a Europa y más allá) para darse cuenta. Crear, para seis o siete millones de personas, una nación y un gobierno, con ministros, embajadores, quizá una línea aérea, monolingüismo a la fuerza y recursos varios para desalentar a la oposición, se traduce a la larga en daño —para ellos y los demás.

Sí, Convergencia y Mas han obtenido buenos resultados, pero deberían hacer examen de conciencia, porque es fácil que hayan llegado al tope. Ya ven lo sucedido a los maximalistas. Ven, fuera ya de Cataluña, las desgracias de naciones pequeñas, derrochonas y arrogantes. Mas da buena imagen y los nacionalistas catalanes han tenido éxitos. Pero Convergencia, en sus últimos gobiernos, fue prepotente, muchos catalanes se pasaron al socialismo. Se lo oí decir a amigas de Barcelona. Ahora los prepotentes han sido los otros. Que Convergencia aproveche. La bola ha girado a su favor... y al del PP, que tiene un buen futuro. Pero les conviene (nos conviene) que no se pasen. Según están las cosas, no pisar el freno en las curvas —y hay muchas— es peligroso. La verdad, los hombres de mi edad tenemos buen recuerdo de Barcelona, cuna de poetas y escritores en español, a más de en catalán. Hay un grupo de helenistas selectos que descienden de José Alsina, yo contribuí a llevarlo a la Universidad de Barcelona, donde creó discípulos. Todos hemos colaborado juntos. Mariano Bassols, catedrático de Barcelona, creó la colección Alma Mater de Clásicos griegos y latinos, la única en España con texto antiguo y traducción española. Murió, ahora la dirijo yo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, son casi 100 volúmenes, en ella han colaborado siempre los catalanes. Esto no es sino un mínimo ejemplo del proceder correcto. O eso pienso.

De otra parte, los nacionalistas deberían darse cuenta de que las cosas han rodado para ellos de una manera demasiado fácil. No hubo nacionalismos hasta 1900, digamos, ni Cataluña ni el País Vasco ni Galicia fueron nunca naciones. Aunque había habido posiciones distantes, cuando Olivares, cuando la guerra de sucesión. Antes, Castilla había cometido errores, no admitió a los catalanes en América (sí en el XIX en Cuba). El nacionalismo surgió, como decía Jesús Pabón, de poesía y aranceles. Infatuación por una historia más bien mitificada y por una buena racha económica, hija del talento y el trabajo de los catalanes —y la protección económica de España.

Montaron, a base de quejas justas e injustas, todo un movimiento. Y su éxito fue que los apadrinó la izquierda española (ellos, los más, no están a la izquierda, ya se ve). Lo hizo para comprar votos y mayorías. Hubo el pacto de San Sebastián, que trajo la República, en ella la izquierda ayudaba a la Generalitat —hasta que Azaña y los demás se cansaron de aguantar, hay que leer lo que escribieron—. Lo peor de todo, Companys proclamó el estat cataládesde el balcón de la plaza de Sant Jaume. La República española lo venció. Franco vino mucho después.

Cataluña, pese a todo, creció bajo Franco. Y hubo en principio una buena entente en la nueva democracia. Pero se volvió a la alianza con la izquierda, el gran juego que había fracasado y que acaba de fracasar una vez más. Hay que decirlo, los catalanes cobraron bien su apoyo: la izquierda y hasta la derecha abandonaron la causa de la España total. Y ellos se crecieron. Vino otro Estatuto (luego más Estatutos y Leyes), vinieron las lamentaciones y la constante exigencia de ser los primeros. Volem l' Estatut, era su grito. Uno y otro y otro y que no los tocaran, nada era suficiente.

En un momento, la UCD prefirió como solución el café para todos. Pero no fue café para todos, Cataluña fue la autonomía number one: avanzó paso a paso, imponiendo su lengua, imponiéndolo todo, dijera lo que dijera la Constitución, haciéndonos la vida difícil. Los partidos españoles lo toleraban todo, eso sí, conseguían sus votos. Callaban. Un gran resentimiento contra Cataluña se extendió por España. Sería ya hora de apagarlo.

Aumentar ahora la dosis de nacionalismo sería locura. Mejor olvidar ilusiones frustradas, aprovechar el buen momento, llegar a acuerdos. Las inmersiones y exclusivismos y las multas y todo eso debe irse quedando en el camino, no cabe en el mundo de hoy. Igual el gasto loco seguido de lamentos y exigencias. En su lugar, concordia, ayuda mutua. Igualdad, humildad de todos. No otra cosa. Los tiempos no están para el ya viejo juego, bien se ha visto. Las elecciones han sido un signo de racionalidad. Creo que muchos catalanes lo saben. Juntos podemos, es el momento. Que no interpreten que ahora el mundo es suyo.

Separados, ¿quién va a rescatarnos cuando nuestras economías se hundan de una vez? En las dificultades, hay que aprender y salvarse juntos. Echar fuera inoportunas prepotencias. Ya no valen. No hay mal que por bien no venga. Es buen momento.


Francisco Rodríguez Adrados es de las Reales Academias Española y De La Historia

ABC - Opinión

Hora de responsabilidades

A lo largo de ayer los aeropuertos españoles recobraron paulatinamente la normalidad bruscamente alterada por la huelga salvaje de los controladores. La declaración del Estado de Alarma ha surtido efecto inmediato al forzar la incorporación a las torres de control de prácticamente todos los técnicos de vuelo. En consecuencia, se ha apaciguado la crispación social creada y miles de pasajeros ha podido retomar sus vacaciones amenazadas. Todavía subsistirán desajustes y contratiempos en el tráfico aéreo, pero afortunadamente la crisis ha sido conjurada y los cielos de nuestro país vuelven a su tráfago habitual. No obstante, el paisaje del campo después de la batalla es desolador. Es hora de hacer balance, de exigir responsabilidades penales, laborales y políticas, y de tomar las decisiones necesarias para que no se vuelva a repetir algo semejante. De las consecuencias penales ya se ha encargado la Fiscalía de Madrid, que empezará la tramitación después del puente. De los efectos disciplinarios y laborales de la huelga dio noticia ayer el ministro de Fomento al informar de que se ha abierto expediente a 442 controladores, prácticamente todos los que el viernes y el sábado debían haber permanecido en su puesto de trabajo. Será la inspección laboral la que determine la sanción pertinente a cada uno de ellos, incluido el despido. Deberá hacerse con ecuanimidad y justicia, pero también con la severidad que corresponde a una acción gravemente irresponsable, socialmente inaceptable y económicamente muy gravosa. En cuanto a las responsabilidades políticas, LA RAZÓN adelantó ayer que el presidente Zapatero comparecerá el jueves en el Congreso para justificar la declaración del estado de alarma, como legalmente es preceptivo. Pero debe ir más allá y explicar por qué el Consejo de Ministros lanzó un órdago a los controladores el día en que empezaba el puente de la Constitución en vez de dejarlo para una fecha menos comprometida. ¿Qué pretendía con este reto descarado? ¿Es verdad, como dijeron Rubalcaba y Blanco, que el Gobierno tenía indicios de un plante general si se aprobaba el decreto? ¿Es ésa la causa de que Zapatero no viajara a Argentina? Son muchas las preguntas que exigen respuestas claras y creíbles. Lo exigen los cientos de miles de pasajeros afectados y todos los ciudadanos. Esto no tiene nada que ver con la pugna partidista, la cual no debería salirse de madre con difamaciones ni demagogias, como ocurrió anteayer con un portavoz socialista, el cual propaló que el PP había conspirado con los controladores. Finalmente, es imprescindible reformar de arriba a abajo la gestión del tráfico aéreo. No es de recibo que un puñado de profesionales, por más que su competencia y valía técnica sean incuestionables, tengan en sus manos la posibilidad de paralizar un país y poner en jaque su seguridad. Con gran estupor hemos comprobado lo vulnerable que es el Estado y cómo su seguridad salta por los aires en apenas unas horas por decisión de unos pocos cientos de funcionarios. Ningún colectivo puede monopolizar en sus manos resortes tan poderosos que son capaces de dejar inerme a toda la sociedad.

La Razón - Editorial

Nunca sucedió antes

Los papeles del Departamento de Estado iluminan el envés de la diplomacia americana.

La lista parece interminable. La diplomacia estadounidense ha espiado al secretario general y otros altos funcionarios de la ONU, hasta llegar a escudriñar el número de sus tarjetas de crédito. Los Gobiernos árabes del Golfo presionan para que Washington lance una guerra contra Teherán, antes de que Irán se convierta en potencia nuclear y los arrodille. El Gobierno islamista moderado de Turquía afronta la continua resistencia de los militares laicistas y se teme la existencia de una agenda oculta islamista. Más. Pekín ordena un ciberataque contra Google, a finales de 2009, y a la vez planea dejar caer a su tradicional aliado estalinista en Corea del Norte a cambio de hegemonizar la futura península coreana unificada. Pakistán apoya bajo mano a grupos terroristas mientras aumenta su arsenal nuclear. Para hacer negocios en Marruecos hay que contar con la mordida de la casa real, que mantiene su Ejército en pésimo estado. Arabia Saudí es la principal fuente de financiación del terrorismo islamista.

La lista afecta a todos los continentes. La estabilidad emocional de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, preocupa a propios y extraños; en vida de su marido le trasladaba buena parte de los asuntos oficiales. Las relaciones cubano-venezolanas son tan estrechas que los espías de la isla campan a sus anchas por el país petrolífero. Los cubanos también tienen mayor influencia en Bolivia: trataron a su presidente de un grave tumor en la nariz. También a Europa. La coalición democristiana-liberal alemana renquea por el carácter reservón y temeroso de la canciller. El presidente francés, el más proamericano desde De Gaulle, acredita una personalidad despótica.


Y a España. El Gobierno de Zapatero convino en minimizar las diferencias posbélicas con Washington; en difuminar los vuelos aéreos de la CIA; mostró un doble perfil en la persecución de los asesinos del periodista José Couso; y la fiscalía desempeñó un papel polémico en el devenir del procedimiento por las torturas en Guantánamo. Contra lo mil veces prometido, el ex presidente Aznar se manifestó dispuesto a volver a la política en caso de que España le necesitase. Y además de lo resumido hasta aquí, lo que pueda salir todavía de los papeles del Departamento de Estado, que este periódico junto a otras cabeceras internacionales está revelando, a partir de una masiva filtración practicada por la organización Wikileaks. Significativamente, su fundador está siendo perseguido por la Interpol, y su sitio boicoteado y cancelado.

La publicación de lo reseñado ha conmocionado a la opinión internacional y sobresaltado a los Gobiernos, que en muchos casos aducen argumentos falaces para minimizar o descalificar la explosión informativa. La seguridad de las personas se ha garantizado eliminando nombres y datos que pudieran ponerla en peligro, como el lector ha podido comprobar. Los medios que han publicado las revelaciones han actuado dentro de los límites que dibujó el Tribunal Supremo de EE UU en el caso de los papeles del Pentágono, optando por la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Respecto a la relevancia de las informaciones, las páginas de este periódico hablan por ellas mismas.

No hay antecedente histórico alguno de un ejercicio periodístico de tanto alcance, ni por el número de países concernidos ni por la relevancia de las informaciones, que afectan prácticamente a todos los conflictos abiertos en el mundo. Estas revelaciones iluminan un submundo político sobre el que existían ya las más fundamentadas sospechas, pero pocas pruebas y certidumbres. Por eso hoy la ciudadanía es más libre que ayer, y los grandes poderes se saben más vigilados. Y es un avance trascendental, aunque se conjugue desde la modestia del periodismo.


El País - Editorial

Una huelga salvaje para defender sus privilegios laborales

Ni rebelión cívica contra el Gobierno ni abnegada defensa de nuestras libertades: si el PSOE les hubiese concedido todas las prebendas que exigían, ni les hubiésemos oído rechistar ante todas las salvajadas que ha cometido y sigue cometiendo el Gobierno.

La ilegal y salvaje huelga que iniciaron los controladores el viernes por la tarde y que fue interrumpida un día más tarde por el Gobierno, estado de alarma y militarización mediante, ha oscurecido el debate en torno a las reivindicaciones de los controladores, el motivo por el que, según alegaban, abandonaron sus puestos de trabajo y retuvieron a 300.000 personas en los aeropuertos.

El conflicto entre Aena y los controladores viene recrudeciéndose desde que en febrero de este año el Ejecutivo aprobara un decreto ley en el que incrementaba el número de horas ordinarias de su jornada laboral desde 1.200 al año hasta 1.670. Los controladores alegaron que la seguridad aérea se veía seriamente comprometida por esta "excesiva" carga de trabajo, aunque lo cierto es que, desde que en 2005 caducó su primer convenio colectivo, la gran mayoría de controladores ya venía trabajando alrededor de 1.800 horas anuales a través de la realización de más de medio millar de horas extraordinarias que a la sazón también estaban extraordinariamente pagadas.


El auténtico motivo de protesta, pues, no era que se les obligara a trabajar más, sino que se les rebajara de manera muy apreciable el sueldo minorando la cantidad de horas extraordinarias que podían realizar; algo contra lo que no debería de haber habido demasiado que objetar teniendo en cuenta que con el advenimiento de la crisis Aena pasó a perder enormes cantidades de dinero y que sus enormes salarios procedían de haberse convertido en un oligopolio dentro de un monopolio público.

Y es que, en efecto, los controladores, pese a que en público sostuvieran lo contrario, se sentían muy a gusto con la limitación de plazas que el Ejecutivo socialista venía imponiendo. La ecuación era sencilla: Aena no estaba sometida a la competencia y sus trabajadores más valiosos, tampoco. El resultado de todo monopolio siempre es el de elevar los precios, y aquí no hubo excepción.

Los controladores trataron de oponerse de dos modos a este decreto de Fomento. Por un lado, lo recurrieron ante la Audiencia Nacional, pero ésta desestimó su demanda. Por otro, si bien no declararon una huelga formal, sí desarrollaron continuamente huelgas de celo responsables en gran medida de los frecuentes retrasos en los aeropuertos españoles; su objetivo era conseguir una posición de fuerza a la hora de negociar el segundo convenio colectivo.

En agosto incluso llegaron a amenazar con convocar una huelga en plenas vacaciones de verano, pero a última hora se echaron atrás para no ver gravemente empeorada su imagen ante la opinión pública y, sobre todo, al creer que disponían de un as en la manga: si todos ellos se negaban a realizar horas extraordinarias, tenían calculado que las 1.670 horas ordinarias anuales no servirían para cubrir todas las necesidades aeroportuarias, de modo que las torres de control se quedarían vacías en algún momento de diciembre, momento en el que Gobierno y Aena se verían forzados a suscribir un convenio colectivo donde se consolidaran todos sus privilegios.

Pero esta treta tenía un problema: la definición que Aena y los controladores daban a una hora de trabajo ordinario no coincidían. Mientras que los controladores insistían en que en las 1.670 horas anuales se incluían también las actividades laborales de carácter no aeronáutico, Aena insistía en que no: los permisos sindicales, las bajas o las imaginarias (las horas fuera de su puesto de trabajo en las que los controladores permanecen localizables y disponibles) no computaban a efectos de horas máximas. Ante la confusión, la distinta interpretación de las partes y el inminente agotamiento de las horas máximas según las calculaban los controladores, el Gobierno aprobó el pasado viernes un decreto ley en el que clarificaba este punto, dándole la razón a Aena y frustrando las aspiraciones de Usca de poder negociar un privilegiadísimo segundo convenio desde una posición de fuerza. Tal fue el berrinche por el fracaso de su errada estrategia, que ese mismo viernes se levantaron de sus puestos y extendieron el caos por todos los aeropuertos españoles.

Los hay que han querido presentar la huelga salvaje como un ejercicio de rebelión cívica contra el Gobierno, pero nada puede haber más alejado de la realidad. Los controladores simplemente defendían sus prebendas laborales conseguidas a expensas de todos los españoles (pues sus inflados sueldos y condiciones no estaban sometidos ni a la competencia empresarial ni a la competencia laboral). Y para ello la vía ordinaria debe ser la de recurrir el decreto ante los tribunales o, en todo caso, declarar una huelga por el procedimiento legal.

No hay justificación alguna para el inadmisible comportamiento de este colectivo; ni en las formas ni en el fondo tenían razón y por ello hay que llamar a las cosas por su nombre aun cuando ello nos haga coincidir en muchos puntos con el Ejecutivo más nefasto de nuestra historia: los controladores cerraron el espacio aéreo español para conservar sus privilegios laborales. Ni rebelión cívica contra el Gobierno ni abnegada defensa de nuestras libertades: si el PSOE les hubiese concedido todas las prebendas que exigían, ni les hubiésemos oído rechistar ante todas las salvajadas que ha cometido y sigue cometiendo el Gobierno. El escollo para su mutuo entendimiento fueron las monedas de plata, no la dignidad de nuestra democracia. Esperemos que esta vez sí haya sanciones serias.


Libertad Digital - Editorial

Es la hora de rendir cuentas

Los controladores van a responder ante los Tribunales y el Ejecutivo habrá de hacerlo ante el Parlamento y la opinión pública. Y ya no habrá un caos aéreo que lo disculpe todo.

EL Estado de alarma no es, en absoluto, la mejor de las situaciones para celebrar el trigésimo segundo aniversario de la Constitución, pero es el que corresponde por las decisiones tomadas de manera extraordinaria por el Gobierno para zanjar expeditivamente el chantaje de los controladores aéreos. Es el primer caso en que un Gobierno democrático utiliza este recurso constitucional extremo, cuya aplicación al boicot en los aeropuertos suscita dudas legales y reservas políticas, al margen de que, en efecto, haya sido eficaz para disuadir al colectivo de chantajistas que paralizó el espacio aéreo español durante veinticuatro horas. Se ha sentado un precedente que, aunque ahora aporte al Gobierno motivos de satisfacción, el día de mañana puede ser un recordatorio molesto. La imposición de medidas restrictivas de derechos, como la movilización forzosa de un grupo de ciudadanos, no debe tomarse a la ligera, ni aplaudirse a ciegas en aras de un pragmatismo por el que el fin siempre justifique los medios. Los valores democráticos están en juego cada vez que un gobierno usa prerrogativas de esta naturaleza. Además, es inaudito que una crisis de tal envergadura no haya sido suficiente para una comparecencia del presidente del Gobierno, especialmente si fuera cierta la versión que sostiene que anuló su viaje a Bolivia y Argentina dada la probabilidad de que se desencadenase la crisis que efectivamente se ha producido.

La alarma se va a mantener pese a que el espacio aéreo esté abierto y los controladores se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo. Si el Gobierno considera que así debe ser, ha de disponer del margen necesario para administrar la situación. Pero, paralelamente, deben tomar cuerpo todas las responsabilidades anunciadas. Se sabe que AENA ha abierto expediente a 442 controladores por los sucesos del viernes y el sábado; y que la Fiscalía tiene incoadas diligencias de investigación por los posibles delitos cometidos con motivo del boicot al control aéreo. Unas y otras iniciativas deben contar con la misma publicidad con que han sido anunciadas, para que la opinión pública pueda ejercer un control democrático sobre las consecuencias de una decisión tan grave como la de militarizar a un grupo de ciudadanos y poner al país en estado de alarma. Estas decisiones no pueden quedar en nada. No pueden diluirse en una nebulosa administrativa y judicial que prolongue sine diela rendición de cuentas. Por eso, la rectitud del Gobierno se va a medir en varios frentes. Y uno de ellos es, desde el sábado mismo, la depuración de responsabilidades. Transparencia y publicidad son las dos obligaciones que pesan sobre las instituciones competentes de hacer valer esas responsabilidades. A estas alturas, ya se echa en falta una declaración pública de la Fiscalía sobre los trámites que van a seguir sus investigaciones y los delitos por los que va a acusar a los controladores.

También pesa sobre el Gobierno el compromiso inaplazable de adoptar urgentemente las reformas necesarias para reestructurar el control aéreo en España. Esta es la tarea que debió haber emprendido el Ministerio de Fomento cuando los controladores demostraron hace meses su capacidad para bloquear el derecho de los ciudadanos a desplazarse libremente a través del espacio aéreo. Si se hubieran tomado los acuerdos necesarios para ampliar la plantilla, para traspasar a la Administración el control de acceso a la profesión o para acreditar a los controladores militares con las pertinentes licencias europeas, el poder de coacción de los controladores civiles habría disminuido de forma considerable. Y aunque estos hubieran cometido el mismo chantaje, el Gobierno no tendría que asumir la responsabilidad que ahora le pesa por tanto omisión y pasividad.

Con el estado de alarma, el Gobierno entierra una protesta —abusiva e intolerable— bajo el peso de la autoridad militar. Una más de las paradojas que tiene que vivir la izquierda española. Pero la militarización es un paliativo para quince días, no la solución del problema, que sigue requiriendo lo que hasta el momento se ha demostrado que no existe: un Gobierno con agenda, con sentido de la planificación y con aptitud para tomar y ejecutar las decisiones adecuadas. Los próximos días serán para el Gobierno de Rodríguez Zapatero como una segunda manga de esta crisis. Los controladores van a responder ante los Tribunales y el Ejecutivo habrá de hacerlo ante el Parlamento y la opinión pública. Y ya no habrá un caos aéreo que lo disculpe todo.


ABC - Editorial