miércoles, 8 de diciembre de 2010

Aniversarios, alarmas, picaresca. Por José María Carrascal

Zapatero es así, y no hay forma de cambiarlo. Toma la realidad por el pito del sereno y a los españoles, por pardillos.

¿SABEN la última de Zapatero? ¡Cómo no la van a saber si la soltó ante las cámaras en plena recepción del Congreso! «El estado de alarma resolvió la crisis en menos de 24 horas». El estado de alarma se decretó a las once de la noche del viernes, y la situación seguía igual de caótica en los aeropuertos el sábado a la misma hora y bastante parecida el domingo. Escribo esta «postal» el martes, y todavía hay pasajeros buscando su avión. Pero Zapatero es así, y no hay forma de cambiarlo. Toma la realidad por el pito del sereno y a los españoles, por pardillos. «¡Qué lástima —debe de estar diciéndose— que la crisis económica no pueda resolverse militarizando los mercados!». Será interesante ver, de todas formas, si envia ingenieros militares a obligar a los maquinistas del Metro o de la Renfe en huelga a reincorporarse al trabajo. Cometido, dicho sea de paso, que no se enseña en las academias militares, pero que puede incorporarse a sus planea de estudio si él sigue en La Moncloa.

O puede ser, sencillamente que, como apunta Ignacio Camacho, Zapatero sea ya sólo el presidente nominal, mientras el efectivo sea ya Rubalcaba, verdadero comandante en jefe de esta operación de arrasar al enemigo y adulterar la realidad, en las que es especialista. Aunque tampoco haya estado muy fino esta vez. «El Gobierno sabía que eran posibles conflictos agudizados hasta navidades, dado que los controladores ya habían superado el límite anual de horas de trabajo», declaró a una emisora de radio. Si el Gobierno sabía de la posibilidad de esos conflictos con los controladores, ¿por qué decretó la rebaja de sus sueldos y el aumento de sus horas de trabajo justo cuando cientos de miles de españoles se disponían a volar? Si no fue para crear tal caos en los aeropuertos que pudiera justificar darles en la cabeza con el estado de alarma, fue una falta de previsión monumental. Y casi más grave es que se les obligara a trabajar habiendo sobrepasado su límite de horas de trabajo, cuando éste requiere un máximo de atención y plena forma física. Claro que esos son detalles que parecen importar poco al presidente y su válido.

No sé si un día sabremos lo que pasó el 3 de diciembre de 2010 en España, como no sabemos lo que pasó el 23 de febrero de 1981. Lo que sí sé es que no nos lo han contado todo. Y de lo que estoy seguro es que no nos lo contarán mañana Zapatero ni Rubalcaba en el Congreso. Claro que no han conseguido poco: que, con el jaleo, se olviden los 426 euros que, al mismo tiempo, quitaban a los parados sin subsidio. Que para ellos representan bastante más que para los controladores su rebaja de sueldo. Por cosas como ésta llamamos listo a Rubalcaba. En España, siempre ha gustado la picaresca.


ABC - Opinión

Anacronía en Wikileaks. Por Gabriel Albiac

¿A quién que no juegue a tomarse a sí mismo el pelo puede haber sorprendido lo que WikiLeaks ha filtrado?

INTERNET es el mundo, su calco a escala 1:1. Todo es visible en él. Lo que es lo mismo: nada en él es visible. Ni en mayor ni en menor medida que en el mundo físico. Y todo, al igual que en éste, debe ser descifrado. Es decir: todo engaña.

WikiLeaks es una herramienta. Sólo. Una de tantas como tiene a su alcance quien se mueva en la red con un poco de soltura. Parte del principio que hace a Internet extraordinaria: que un usuario privado, sin más medios que un portátil y la conexión wifi que le da la cafetería de la esquina, esté en condiciones de competir de tú a tú con el más poderoso —esto es, el más tecnologizado— de los poderes políticos, militares o económicos. Así son las cosas. Nadie sabe si esto durará mucho, pero desde que se inició la andadura de los jóvenes cerebros en la red, allá por el inicio de los noventa, nadie ha conseguido poner coto a su osadía. A mí, que veo en internet, sobre todo, el mayor dispositivo de cooperación académica y científica de la historia, confieso que estos chicos me cayeron siempre simpáticos.


No carece de riesgos, claro está, su envite. Bien menores, la verdad, si se comparan con las elementales aberraciones que a diario toleramos a los gobiernos. Al de China, por ejemplo, a la rentabilidad de cuyo mercado vimos rendirse a las naciones que participaron en sus sórdidos juegos olímpicos, en su arrasador control de la red telemática, en su boicot a un Premio Nobel al cual no juzgan simpático. Al lado de lo que dejamos pasar en China, Irán, Marruecos, Cuba, Venezuela, la mayor parte de África…, los excesos de los hackers son, seamos serios, una broma.

Y como broma hubiera sido lo lógico tomarse el alud documental de WikiLeaks. Porque, ¿a quién que no juegue a tomarse a sí mismo el pelo puede haber sorprendido lo que WikiLeaks ha ido filtrando? Si tomamos lo que se refiere a España, la cosa es especialmente cómica: que Zapatero es un chisgarabís, que a Moratinos lo trataban en Washington como al portero de un caudillo bananero de quinta o que el único de este gobierno de incompetentes al que no hay que perder de vista ni un segundo por si acaso es al oscuro Rubalcaba, son cosas que hasta la menos mundana monja conoce en su clausura.

Sorprende la sorpresa. O no, no sorprende, cuando uno sabe un poco a quién pertenece el rostro que hace de ella máscara. Todo vale en un mundo que ha borrado las fronteras entre información y análisis, entre realidad y deseo. Un mundo en el cual repetir en tono de solemne trascendencia huecas trivialidades, acaba por transmutar la nada en algo. Y por volvernos imbéciles.

Debiera sorprendernos, sin embargo, el arcaísmo con el cual se cierra este sainete. A Julian Assange no se le ha detenido por los gravísimos delitos de alta traición o de atentado contra la seguridad pública que se vienen exhibiendo desde que empezó su caza. Quizá porque, en ese terreno, es muy dudoso que exista materia penal. A Assange se le detiene por lo que en otro tiempo menos dado al eufemismo se hubiera llamado «asunto de faldas» y hoy «delito de género». Y un como eco lejano de los años más grises de la guerra fría —los del «caso Profumo», por ejemplo— retorna. Es el túnel del tiempo. Anacrónica ironía.


ABC - Opinión

Gasto público. Crónicas del despilfarro. Por Guillermo Dupuy

No seré yo quien considere innecesaria la supresión también de esos 426 euros para parados sin prestación; sin embargo, no deja de resultarme obscena cuando constato que sólo sirve para hacer sostenible el despilfarro.

«La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines ilimitados y medios escasos que tienen usos alternativos.»

Lionel Robbins


Carmelo Jordá nos hizo la semana una espléndida crónica de la nueva ronda de subvenciones para el "desarrollo" que el Ministerio de Exteriores ha dotado nada menos que con 25 millones de euros. No me resisto, sin embargo, a recordarles algunas de ellas, como los 137.000 euros destinados a un colectivo de gays y lesbianas del Perú; el cuarto de millón de euros al programa guatemalteco "Mujeres Mayas fortaleciendo el tejido social para la promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas con justicia y dignificación"; los 332.000 euros destinados a ver cómo las ladrilleras de la región de Cuzco pueden reducir los gases de efecto invernadero, o los 207.000 euros para algo tan esencial para el desarrollo de Camboya como el "Estudio de la problemática de género en su producción acuícola".

Mención aparte merecerían las cinco subvenciones que, por un importe de 1.175.000 euros, van a recibir los territorios palestinos. Lo digo porque, en este caso, el despilfarro tiene aun más aspecto de trinque, si tenemos en cuenta que la población de Gaza y la de Cisjordania apenas alcanzan juntas los 4.100.000 habitantes.


Aun con un importe de mucha menor cuantía, yo también les quería hablar de la no menos desvergonzada imaginación a la hora de justificar el derroche que la Junta de Andalucía ha mostrado al subvencionar con 18.000 euros una guía de "ecofeminismo". Si no saben qué es esto, la guía que subvenciona Griñán se lo aclara: "un nuevo proyecto ético y político para plantear una alternativa a la crisis que atraviesa esta sociedad consumista e individualista actual, desde una óptica femenina".

No se crean, no se refiere a la crisis económica que ha llevado a Andalucía a rozar el 30% de paro, no. Se refiere a la crisis que atraviesa el lenguaje periodístico, que debería abordar, "desde una perspectiva de género", la información sobre medio ambiente. Así, en dicha guía, y en las jornadas celebradas en un hotel de lujo de Sevilla, cuyo coste no se ha querido dar a conocer, se exige a los medios de comunicación que, en lugar de "el hombre", "el interesado", "los ciudadanos", "los andaluces" o "los futbolistas", se diga "la humanidad", "a quien interesa", "la ciudadanía", "el pueblo andaluz" o "quienes juegan al futbol". Vamos, que no contentos con meter mano en el bolsillo del contribuyente, quieren hacer lo mismo con el diccionario.

Lo más hiriente de todo es que estas noticias, que sólo son un botón de muestra de nuestro inmenso despilfarro público, han coincidido en el tiempo con noticias tan dramáticas como la supresión del subsidio para desempleados sin prestación o con la de que el 40 por ciento de los desempleados viven en hogares con todos sus miembros en paro.

No seré yo quien considere innecesaria la supresión también de esos 426 euros para parados sin prestación; sin embargo, no deja de resultarme obscena cuando constato que sólo sirve para hacer sostenible el despilfarro.


Libertad Digital - Opinión

Bandoleros del siglo XXI. Por Martín Ferrand

El proceder de Julian Assange es equiparable al de un chorizo que saltara la tapia de una embajada.

EL diario que dejó de ser independiente (de la mañana) para convertirse en global (en español) viene publicando una selección de los documentos secuestrados por WikiLeaks al Departamento de Estado norteamericano. Vaya por delante mi respeto por esta exclusiva informativa que El País nos va suministrando en pequeñas dosis. En lo que llevamos visto, con más cotilleo de salón que enjundias de despachos principales, queda claro que, entre bastidores, la diplomacia ha degenerado a un arte de menor cuantía y, en las alcantarillas, al trabajo de unos trapalones de parecida dimensión e idénticas hechuras que el «enemigo» al que tratan de neutralizar y que, en el mejor de los casos, está en la frontera de lo inmoral con lo ilegal. Es tan sorprendente saber que José Luis Rodríguez Zapatero es un «astuto felino de la selva» que cabe plantearse si la catarata informativa suministrada por WikiLeaks es el fruto de una hábil piratería o la consecuencia de una bien orquestada campaña propagandística.

En el ojo de ese huracán de efectos mediáticos y uso político aparece la figura de su promotor, Julian Assange. Un personaje al que persigue la policía sueca por delitos más clásicos que los informáticos y al que ayer detuvo la policía del Reino Unido. Para muchos se trata de un héroe y eso es, precisamente, lo que más inquieta en este caso que marcará precedentes en los tribunales de Justicia y en las redacciones de los medios informativos. Venderle como un Robin Hood de la libertad en la red, como se intenta, parece excesivo. Mientras no podamos llegar al fondo de la cuestión, es un delincuente que, con violencia, ha tenido acceso a documentos e informaciones con propietario conocido. Su proceder es equiparable al de un chorizo que, en descuido de los agentes de seguridad, saltara la tapia de una embajada, o cualquier otro edificio público, y se llevara, contra la voluntad de sus custodios, documentos no destinados al general conocimiento. Es más, como muchos de esos papeles afectan a la seguridad de varios Estados, puede incluirse en el apartado reservado a los terroristas internacionales.

Internet es un soporte único para la comunicación en libertad, uno de los cimientos del futuro tecnológico y del comportamiento social de las personas. Por ello conviene ser escrupulosos en su uso a partir del respeto a la propiedad de las fuentes y los archivos. El mundo no pude quedar en manos de un puñado de hackersque, por alguna patológica razón, gozan de prestigio y simpatía entre quienes pueden ser sus víctimas. Assange y los demás son bandoleros del siglo XXI. Sin romanticismo alguno.


ABC - Opinión

El triunvirato de la Moncloa y los controladores aéreros. Por Antonio Casado

Los controladores siguen sin tener razón aunque pidan disculpas y comprendan la indignación de sus víctimas por el desbarajuste del fin de semana. Ahora tratan de poner su mejor cara en las redes sociales, donde sostienen sin pestañear que se les niega el derecho a la huelga y que los abandonos del puesto de trabajo -o las no incorporaciones- fueron espontáneos.

Tampoco mejora su posición ante la opinión pública por el hecho de que el caos aeroportuario lo aproveche la derecha furiosa, que no es precisamente la que representa Rajoy, para embestir contra Zapatero, Rubalcaba y Blanco, con extravagantes teorías conspirativas. Algunas tan sofisticadas que, en realidad, sobreestiman la capacidad política y el coeficiente intelectual del triunvirato de la Moncloa.
«Ahora que se opta por la firmeza frente al chantaje, de esas mismas bocas salen sapos y culebras contra las medidas adoptadas para desactivar una huelga salvaje.»
Lo curioso es escuchar esas teorías sobre la intrínseca maldad de los tres sátrapas en las mismas bocas de quienes en anteriores desafíos de los controladores -siempre en fechas estratégicas, siempre con toma de rehenes-, denunciaban la debilidad del Gobierno con recurrentes apelaciones a la militarización y el despido colectivo (Reagan en la memoria). Ahora que se opta por la firmeza frente al chantaje, de esas mismas bocas salen sapos y culebras contra las medidas adoptadas para desactivar una huelga salvaje y restablecer el orden en el tráfico aéreo.

Más vale volver a poner los pies en el suelo y ser razonables frente a lo ocurrido y lo que puede ocurrir si no se gestiona bien el conflicto a partir de ahora. Gestionarlo bien supone hacer realidad la premonición del ministro de Industria, Miguel Sebastián, cuando dice que un caos semejante no se va a repetir nunca más. Ojalá. Porque la militarización de las torres y la declaración del estado de alarma no son herramientas de uso ordinario. Sí lo son las medidas disciplinarias y el funcionamiento de la Justicia ante tan clamorosos casos de incumplimiento laboral e incluso presuntos delitos. El descarado boicot al tráfico aéreo, que es un servicio público esencial que debe garantizar el Gobierno, no puede quedar impune.

Formación de nuevos controladores

Eso, por un lado. Por otro, al Ministerio de Fomento y, en su caso, al de Defensa les corresponde tomar las medidas necesarias para la formación de nuevos controladores, a la luz de la normativa europea en materia de aviación civil. Algo que debía haberse hecho ya. Era una de las previsiones derivadas del decreto-ley del 5 de febrero, el resorte legal que, según declaró entonces el ministro Blanco, iba a servir para impedir que los controladores aéreos siguieran perjudicando a los ciudadanos para mantener sus privilegios. Aquella norma disponía -y dispone, porque no está derogada-, que la dirección y organización del servicio de control aéreo, la configuración operativa y la determinación de los turnos de trabajo, pasaba a depender de AENA.

Además, autorizaba la formación de 500 nuevos controladores. O la contratación de otros ya formados, nacionales o extranjeros. Pero me temo que no se ha avanzado demasiado en la aplicación de aquella norma, que fue una herramienta legal que el Congreso puso a disposición del Gobierno -en su posterior tramitación como ley- para evitar que los controladores volvieran a usar a los ciudadanos como rehenes.

Eso es lo que Mariano Rajoy le va a reprochar mañana en el Congreso al presidente del Gobierno. Con toda razón. En el uso de sus deberes como líder de la oposición. Sin que eso suponga ponerse de parte de los controladores, que no es el caso. O negar al Ejecutivo el apoyo a las medidas adoptadas, que no se lo va a negar.


El Confidencial - Opinión

Filtraciones. Wikileaks y la democracia. Por Agapito Maestre

He ahí, insisto, el "Gran Hermano" en la prensa. El País imita los reality-show más cutres de la televisión.

Asisto con desgana al espectáculo de Wikileaks. Es viejo y manido. Se llama manipulación de la información, o peor, trata de hacer pasar por información lo que no es sino una mercancía sin relevancia ni trascendencia para los ciudadanos. Leo, pues, con dejadez los malos relatos que se construyen sobre unas supuestas exclusivas pirateadas al Gobierno de los EEUU. Es cierto que apenas hay nada nuevo que reseñar. Todo es archisabido o intuido. ¿Dónde reside pues el núcleo del escándalo? Los medios que se hacen eco de los "secretos" de Wikileaks, supuestamente serios y bien informados, parece que buscan la verdad cuando, en realidad, sólo quieren imponer su propio punto de vista, o peor, hacen pasar por información algo que dejó de serlo hace tiempo.

El oficio del periodista consiste básicamente en una búsqueda de conocimiento y una transmisión veraz de esa información. Pero El País confunde el oficio de informar con publicar por entregas el libro que le ha comprado a una empresa llamada Wikileaks, que ha "robado" una información, supuestamente secreta, al Gobierno de los EEUU. El problema es que todo lo publicado es filfa. Sabido. Por lo tanto, el oficio de informar, que soporta unas obligaciones, ha sido doblemente dañado: ni aparecen nuevos conocimiento ni se transmite nada que tenga validez. El escándalo de Wikileaks no afecta únicamente a la deontología profesional del periodista, sino que es un ataque a la democracia.


En efecto, es casi una verdad de hecho que la democracia sólo funciona cuando los electores están bien informados. La función de la información es clave en el sistema democrático. ¿Qué información novedosa aparece en estos "relatos" de casi ciencia-ficción a los que está dedicado casi por completo ese periódico? Ninguna. Por ejemplo: ¿Quién no sabía, hace ya tiempo, que la China comunista persigue a Google? Todos los sabíamos, pero El País saca ese asunto en la primera página de su edición del domingo pasado con todo lujo de detalles. He ahí, insisto, el "Gran Hermano" en la prensa. El País imita los reality-show más cutres de la televisión.

Algo similar podría decirse de los otros periódicos que, junto a El País, han hecho de la "información-basura" de Wikileaks su principal fuente de noticias. Todos ellos olvidan que su primera función es producir información al margen del poder, o mejor, fuera del campo de la lucha política. El fenómeno Wikileaks pone en evidencia la deriva de la prensa escrita, que es similar en muchos aspectos a los grandes medios de comunicación audiovisual. Las mismas tendencias de encanallamiento de la televisión son mimetizadas por la prensa escrita a través de Wikileaks. Esos periódicos hacen pasar por normal y cotidiano, sin duda alguna, algo que es absolutamente anormal y viejo; este periodismo ha claudicado de su primer deber fuera: producir información y, posteriormente, generar opinión plural para que los ciudadanos orientarse en un sistema democrático.

El principal objetivo de cualquier periodismo serio es ofrecernos una información diaria, sin ella es imposible orientarnos en un mundo siempre cambiante, pero los periódicos concentrados en publicar algo, digamos Wikileaks, que no resiste los criterios mínimos para decir que es relevante para los ciudadanos han claudicado de su oficio. La falta de responsabilidad es absoluta, porque nos venden por fresco lo que está podrido, y por nuevo lo ajado. Han abdicado de su principal función política (sic), a saber, producir, crear y suministrar al mundo información que, en sentido estricto, está fuera del campo de la lucha política entre los partidos políticos, e incluso al margen de lo que opinen o dejen de opinar los servicios de secretos de un país determinado.

Mucho me temo que la basura de Wikeleaks sea imposible de reciclar. Estamos asistiendo al final de la prensa seria. Nos anuncian el Apocalipsis, o sea, el descubrimiento de un misterio, cuando los ciudadanos ya le dieron de lado hace tiempo.


Libertad Digital - Opinión

La cultura de la impunidad. Por Edurne Uriarte

Hay un consenso generalizado sobre el comportamiento chantajista e intolerable de los controladores.

Hay un consenso generalizado sobre el comportamiento chantajista e intolerable de los controladores. También sobre la pertinencia del estado de alarma. Algo es algo. Pero ahora es imprescindible establecer las bases para que chantaje semejante jamás vuelva a ocurrir. Y para eso es necesario acabar con la cultura de la impunidad que ha permitido que los controladores se atrevieran a llegar a donde han llegado.

Y eso sólo será posible si los partidos dejan a un lado el juego Gobierno-oposición que acaba responsabilizando siempre a los políticos de todos los errores, abusos, ineficacias y tropelías y exime a los individuos y a la tan elogiada sociedad civil. Es cierto que lo hizo el PSOE con el PP a cuenta del Prestige, por ejemplo, cierto que probablemente lo haría ahora si el Gobierno fuera del PP. Pero necesario también que las responsabilidades individuales, las de los controladores, dejen de quedar diluidas en el juego político. Lo que exige un apoyo total del PP para que los auténticos culpables respondan de sus abusos.

Claro que para que eso ocurra el Gobierno tendrá que mantener un mínimo de coherencia. La que ya se ha resquebrajado antes siquiera de que tenga lugar la sesión del Congreso de mañana. No se puede decretar un estado de alarma, responsabilizar a los controladores y pedir el apoyo de la oposición si es el propio Gobierno el que rectifica horas después y señala que los culpables son, en realidad, unos pocos y la mayoría actuó coaccionada. Que eso se debe a la inexistencia de controladores para sustituir a los posibles sancionados. Pues ahí sí entra el juego la responsabilidad del Gobierno, de éste y de los anteriores. ¿Cómo es posible que no se hayan formado más controladores en todos estos años? ¿Cómo es posible que los controladores militares no tengan ya la homologación de la UE? ¿Esperan al caos para tomar medidas?


ABC - Opinión

¿Marcha atrás?. Por Alfonso Ussía

Intuyo que con este artículo no voy a aumentar mi círculo de amistades. Va de las autonomías, de esa ruina total. El café para todos nos sale por el ojo de la cara que ya no tenemos. Hoy he compartido mesa, mantel, viandas y copas con un grupo de amigos montañeses. En Santander. Todos ellos profesionales y empresarios. Abogados, arquitectos, médicos, ingenieros y algún héroe dispuesto a sacar su pequeña o mediana empresa adelante. Una tercera parte de ellos considera que la autonomía de Cantabria ha perjudicado gravemente el desarrollo económico de la provincia. Que se ha multiplicado por diez el número de funcionarios. Que Cantabria carece de nervio industrial para soportar los gastos de una autonomía uniprovincial. Que los montañeses pagan los sueldos de centenares de cargos públicos perfectamente prescindibles. Y que la población de Cantabria, apenas quinientas mil personas, no tienen capacidad de coacción ante el Gobierno de Madrid. No hay montañeses asesinos, ni partidos políticos que chantajean con el crimen, ni dirigentes que animan al separatismo como en la vecindad oriental de La Montaña. Se ha hablado de la promesa incumplida de Zapatero a Revilla respecto al AVE. Y me lo ha preguntado un ingeniero de Caminos. ¿Tú crees, elecciones aparte, que al Gobierno socialista le interesa invertir miles de millones de euros para que el AVE llegue a Santander? ¿Tú crees que Zapatero ha planteado en serio esa posibilidad a Revilla? Mi respuesta a la segunda pregunta ha sido afirmativa. Otra cosa es que Revilla se haya creído la mentira de Zapatero. En ese aspecto, Revilla no es nada original. Comparte su capacidad de ser engañado con millones de españoles.

Cantabria carece de fuerza para seguir luchando y sobreviviendo en soledad. Más industrializadas están La Rioja y Murcia, y tampoco tienen el futuro asegurado desde la soledad.

Las características históricas de Asturias no me sirven. La Montaña era en gran parte Las Asturias de Santillana. Y Asturias, cercenado el porvenir de la minería, tampoco cuenta con industria y población suficientes para mantenerse en solitario. ¿Una unión de Cantabria y Asturias? Difícil, pero no imposible. ¿Una reincorporación de La Montaña a la vieja Castilla? Supondría un paso más natural. Ya no serían quinientas mil personas las olvidadas por el Gobierno central, sino una decena de millones. Y aunque me fastidien los tópicos y los lugares comunes, la unión hace la fuerza.

Navarra, por sus especiales características, aglutina todos los requisitos para ser una comunidad autónoma uniprovincial. Entre otros motivos, por constituir la garantía de la unidad de España. Prueba de ello es la obsesión vasca por colonizar no sólo a sus tierras y a sus gentes, sino a su Historia. Pero Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia harían muy bien en diseñar su futuro desde perspectivas más amplias. Madrid equivaldría al Distrito Federal mejicano, y su potencial económico e industrial avalan su singularidad. No se trata de acabar –ya es tarde–, con el llamado Estado de las Autonomías, sino de recalificar algunas de ellas en su propio beneficio y del resto de España. De eso se hablaba, con elegantes discrepancias, sin alzar el tono, sin herir a nadie, en una mesa compartida por una veintena de ilustres montañeses con un madrileño de invitado. ¿Por qué no la marcha atrás?


La Razón - Opinión

Rajoy. Sangre de horchata. Por José García Domínguez

Como cuantos en verdad poseen madera de líder, se sabía de memoria la primera lección del oficio: finge que la gente te importa. Sin embargo, los tecnócratas de Génova, amorfos espíritus de opositor con ríos de horchata corriendo por sus venas...

Resultó inevitable. Uno contemplaba a aquel varón circunspecto en el andén del aeropuerto, el gesto contrariado, cansino el ademán, ese aire inquieto, mirando de reojo el reloj, una y otra vez, sin cesar; impoluto el uniforme de señorito de provincias franco de servicio, así la raya del pantalón, exacta, impecable, como milimétrica la precisión del nudo de la corbata; el hastío presidiendo su semblante todo. Uno contemplaba a don Mariano, decía, y le vino a la mente la estampa épica del canciller Schröder. Botas de lluvia en ristre, la camisa arremangada, sudorosa la frente, manchado de barro como uno más; aquí y allá dando ánimo a la buena gente, siempre a su lado, hora tras hora, hasta el final. Huelga decirlo, cuando nadie daba un duro por él, ganó las elecciones.

También contemplaba uno el ramillete de favoritos, ése que prestaba escolta a Rajoy el día de autos, pensando si alguno repararía en la ocasión que estaban a punto de perder. ¿A ninguno se le ocurriría agarrar al jefe, arrancarle la chaqueta y los gemelos, arrastrarlo hasta la multitud, ponerle un café de máquina con el vasito de cartón entre las manos, y convocar allí mismo una rueda de prensa, codo a codo con las víctimas de aquella pandilla de mafiosos y saboteadores? Aunque la pregunta se revelaría ociosa al instante, cuando dirigente y dirigidos dieron en acelerar el paso con tal de tornar a la placidez del coche oficial antes de emprender rumbo a algún retiro lejos del mundanal ruido. Así, observando cómo se alejaban, uno no podía dejar de preguntarse de dónde deben salir esos tipos del PP.

Recuerdo a Jordi Pujol comiendo butifarra y compartiendo porrón con las asociaciones de tenderos, haciéndoles creer que era igual que ellos. Mandó veintitrés años. Y es que, como Schröder, como cuantos en verdad poseen madera de líder, se sabía de memoria la primera lección del oficio: finge que la gente te importa. Sin embargo, los tecnócratas de Génova, amorfos espíritus de opositor con ríos de horchata corriendo por sus venas... ¿De dónde los sacarán? Pero si una col de Bruselas transmite más empatía que la plantilla al completo de los maitines o como le llamen a la vaina ésa. Y pensar que van a ganar.


Libertad Digital - Opinión

Ni escuela ni despensa. Por Ignacio Camacho

La descentralización educativa ha perpetuado la España bipolar y diluido la enseñanza como cuestión de Estado.

SI leer es protestar contra las insuficiencias de la vida, como ha dicho el Nobel Vargas Llosa en la Academia de Estocolmo, los españoles estamos educando a nuestros jóvenes en un peligroso conformismo. Los resultados del informe PISA sobre la educación en la OCDE reflejan de nuevo graves insuficiencias de los escolares españoles en comprensión lectora y en orden intelectual. Las autoridades se alivian por la mejora relativa respecto a hace tres años, pero hemos empeorado desde el comienzo de la década. Cuando se trata de aprendizaje, que es por definición un proceso evolutivo, la estabilidad supone estancamiento y el retroceso es puro y simple fracaso. Al cabo de treinta años de democracia la enseñanza continúa siendo el gran problema nacional y el principal lastre para la competitividad del país, pero la dirigencia pública no es capaz de levantar la mirada por encima de las urgencias de plazo inmediato. Hemos perdido al menos diez años y vamos camino de desperdiciar otros tantos; cuando la recesión acabe habremos acumulado un retraso crítico.

Cada entrega del PISA constituye para España un mazazo en las vértebras del sistema educativo. La última representa, además, una radiografía del desarrollo nacional, que divide la Península en dos mitades como una falla tectónica. En resultados, en inversiones y en rendimiento, el Norte y el Sur configuran dos Españas bipolares cuyas diferencias revelan la ruptura de la cohesión y dibujan el mapa de un problema de igualdad de oportunidades que no ha sabido resolver el régimen autonómico. La descentralización ha perpetuado y hasta ampliado las distancias y ha diluido el carácter de la enseñanza como cuestión de Estado.

De este marasmo sólo se sale con un acuerdo que a día de hoy resulta quimérico en una escena pública fracturada por el sectarismo. Hace decenios que la educación es un arma arrojadiza en la política española, una herramienta reversible según la alternancia partidista. Hemos acumulado baterías completas de leyes, planes y programas incapaces de mejorar la calidad educativa, y hemos dejado las aulas en manos de una gavilla de ideólogos de tres al cuarto obsesionados con la ingeniería social. El pacto de Estado es mero mantra retórico de una clase dirigente enfrascada en la porfía banderiza que no ha dado una sola muestra seria de entender la enseñanza como una prioridad intocable. Medidas de galería como el reparto de ordenadores conviven con índices inaceptables de fracaso escolar, y principios irreprochables de igualitarismo y paz se mezclan con un absoluto abandono del esfuerzo, el mérito o la ejemplaridad. Al final, los chavales no comprenden lo que leen ni saben resolver elementales problemas matemáticos. Siglo y medio después del regeneracionismo de escuela y despensa, la despensa se nos ha quedado vacía y la escuela está llena de una juventud desorientada.


ABC - Opinión

Descontrol educativo

El informe PISA, que desde el año 2000 mide la calidad educativa de los países pertenecientes a la OCDE, es demoledor con España. Los datos publicados ayer ponen de manifiesto la deplorable mediocridad de la escuela española, que se sitúa a 12 puntos de la media en conocimientos matemáticos, científicos y literarios. Es decir, en todo. A lo largo de esta década, la preparación de los jóvenes españoles ha caído en picado y ni siquiera el maquillaje estadístico aplicado por el Gobierno socialista ha servido para lavar su imagen entre los países desarrollados. Si hace diez años la calificación española alcanzaba los 493 puntos, en 2010 ha bajado a los 481, un retroceso muy por encima de la media de la OCDE. Al parecer, la causa del bajón radica en el alto porcentaje de alumnos repetidores, que en nuestro país se sitúa en el 36%, uno de los más altos del mundo. Sea como fuere, resulta sarcástico que el Ministerio de Educación hablara ayer de «estabilidad» de la educación española. Efectivamente, no hay nada más estable que algo muerto e inerte. Y lo que muestra este tercer informe PISA es el encefalograma de un cadáver. Ése es el fruto de una ley, la Logse, que pusieron en marcha los gobiernos socialistas de Felipe González y que recuperó el primer Gobierno de Zapatero por motivos estrictamente ideológicos y partidistas. Aznar impulsó, aunque algo tarde, una ambiciosa reforma que se plasmó en la Ley de Calidad de la Educación, pero que jamás vio la luz debido a la victoria del PSOE en 2004. La conclusión está a la vista de todos y no ofrece dudas: España ha perdido una década no sólo para ascender en el ránking de calidad, sino que además ha bajado hasta situarse a la cola de las naciones desarrolladas. La gran «aportación» de la era Zapatero a la escuela española es la imposición de una nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía, cuyos propósitos de adoctrinamiento, al estilo de la FEN franquista, han suscitado una amplia oposición y objeción de conciencia entre los padres de los alumnos. Los tres ministros de Educación que se han sucedido en los últimos seis años han sido incapaces de liderar una reforma profunda, rigurosa y responsable para devolver a la escuela la calidad y excelencia perdidas. La hipoteca ideológica, típica de una izquierda que pefiere adoctrinar antes que formar, ha lastrado el consenso básico que necesita España en este terreno. El ministro Gabilondo, que llegó al cargo con la firme voluntad de enderezar un sistema educativo fabricante de mediocridades, se ha desvanecido en discursos diletantes y estériles. Ha fracasado. Tal vez no haya percibido en toda su dimensión lo que la sociedad española se juega en el envite. Ya no se trata de que las agencias o los informes de calificación internacionales nos dejen en ridículo. Lo realmente importante es que en la escuela nos jugamos el futuro de la nación, la formación de las nuevas generaciones y la competitividad de un mercado de trabajo que no tiene otra salida que el valor añadido aportado por el conocimiento. Sin embargo, la realidad que refleja el informe PISA es muy otra: una indigencia educativa que es consecuencia de la estulticia del Gobierno socialista.

Libertad Digital - Editorial

Cerco a Assange

La detención del fundador de Wikileaks se produce en pleno acoso al portal de filtraciones.

ESCEs difícil evitar la hipótesis fuerte de que la detención ayer en Londres de Julian Assange, por acusaciones de coacción, violación y acoso sexual procedentes de Suecia, tiene algún tipo de motivación en la profunda inquina que los estamentos oficiales de Estados Unidos han proyectado sobre el fundador de Wikileaks por el empeño de sacar a la luz los secretos de su diplomacia. La última filtración de más de 250.000 documentos reservados y confidenciales del Departamento de Estado, cuyo impacto se ha acrecentado por la labor de sistematización y contextualización llevada a cabo por cinco periódicos de referencia mundial, ha provocado reacciones furiosas en Washington, comprensibles en algunos casos, pero absolutamente disparatadas en otros, como exigir que se trate a Assange como un terrorista y a la organización que dirige como incursa en le legislación sobre terrorismo puesta en pie en EE UU tras el 11-S.

Las acusaciones que se han formulado en Suecia contra Assange tienen relación con delitos comunes y no con su actividad profesional. De momento, EE UU está estudiando cómo formular una acusación que, partiendo de la revelación de los secretos de sus guerras en Irak y Afganistán y de su diplomacia, así como del daño que se le ha podido infligir por ello, termine por llevar al fundador de Wikileaks ante la justicia norteamericana. No lo tienen fácil los fiscales estadounidenses, pero están en ello.


Frente a las denuncias que se han presentado en Suecia, Assange tiene menos defensa política -y habrá que ver si también jurídica- que frente a la que le pudiera venir por su actividad en Wikileaks. Esas denuncias se admitieron primero, se descartaron luego y se reabrieron después por la fiscalía, para acabar llevando a la petición de extradición del fundador de Wikileaks a Reino Unido. A Assange no le queda, pues, otra opción que colaborar con la justicia para defenderse de acusaciones que considera falsas y evitar una condena que daría un excelente pretexto a sus enemigos para acabar con su organización, sometida ya a un acoso informático y financiero sin precedentes.

La detención de Assange y su puesta a disposición judicial augura un proceso de extradición que llevará su tiempo y en el que la justicia sueca tendrá que precisar los hechos y los delitos de los que se acusa a Assange ante unos jueces británicos estrictos y puntillosos, como se mostraron con el caso del dictador Pinochet.

Si sale bien librado de las denuncias, a Assange le corresponderá seguramente enfrentarse a una acusación mucho más grave: la que le puede llegar de EE UU por revelar los secretos de su diplomacia. Sería más grave en virtud del poder de quien puede formularla, pero muy difícil de articular en los tribunales -Assange no es funcionario, ni tiene la nacionalidad estadounidense; tampoco es el autor de la filtración sino su divulgador- y ante la que cabe esperar una recia defensa política y jurídica.


El País - Editorial

España necesita con urgencia el cheque escolar

Hay que restaurar los valores del esfuerzo, la excelencia o la competencia dentro y fuera de nuestras aulas; y una herramienta básica para ello sería el cheque escolar: permitir que cada familia escoja la escuela que considere mejor para sus hijos.

España lleva ya dos décadas sometida a la más desacomplejada ortodoxia pedagógica de la izquierda y los resultados no han podido ser más calamitosos. Al generalizar la idea de que el esfuerzo y la excelencia son prejuicios burgueses que hay que eliminar de una sociedad progresista, el PSOE ha logrado extender la mediocridad a todo el país, sesgando las expectativas laborales de las nuevas generaciones.

Y es que si la tasa de desempleo juvenil más elevada de todo Occidente no fuera una prueba lo suficientemente palpable de que nuestro sistema educativo no produce ni científicos, ni empresarios, ni ilustrados sino mayoritariamente parados, el informe PISA de 2010 vuelve a poner el dedo en una de las llagas más abiertas de nuestra sociedad y de nuestra economía: no estamos instruyendo adecuadamente a los niños y adolescentes españoles; al contrario, nuestro sistema público diseñado por la izquierda los está condenando o al fracaso escolar o padecer unos estándares educativos muy deficientes en comparación con los países de nuestro entorno.


El fracaso de la LOGSE no admite paños calientes y, pese a ello, ni el PP ni, por supuesto, el PSOE han intentado derruir este fallido marco educativo. Mas, a la vista de sus paupérrimos resultados, es hora de desmontarlo de arriba abajo: ya sea por convicción de que la pedagogía socialista no funciona o porque el atraso educativo es uno de los lastres más antisociales y más contrarios a la promoción económica que puede padecer una comunidad, ambos partidos deberían ponerse de acuerdo para emprender una reforma educativa ambiciosa que dotara a España de una nueva organización educativa estable y eficiente.

Por desgracia, el PP es demasiado mojigato para proponer nada medianamente radical capaz de solucionar este entuerto, y el PSOE, lejos de estar preocupado por la igualdad de oportunidades, emplea las leyes educativas como una herramienta para criar votantes socialistas adoctrinando a los púberes.

Pero los principios educativos que funcionan, los liberales, están ahí listos para ser aplicados por cualquier político responsable y valiente. A pequeña escala, hasta donde le deja la actual camisa de fuerza de la pedagogía izquierdista, la Comunidad de Madrid, de la mano de Esperanza Aguirre, los ha puesto en práctica con extraordinarios resultados: los escolares de esta región poseen, según el informe PISA, un nivel educativo superior al de Suecia, Estados Unidos o los Países Bajos.

Es necesario, pues, ir un paso más allá y restaurar los valores del esfuerzo, la excelencia o la competencia dentro y fuera de nuestras aulas; y una herramienta básica para ello sería instaurar el cheque escolar: permitir que cada familia escoja el centro de enseñanza que considere mejor para sus hijos. De este modo, cada escuela competiría por ofrecer la mejor formación para los alumnos y, de paso, despojaríamos a los políticos de esa peligrosísima arma que es utilizar los planes de estudio para inculcar el ideario de su partido a los más pequeños.

España requiere con urgencia de una reforma educativa y esta pasa, entre otros puntos, por el cheque escolar; un imprescindible contrapeso a la degradación de la enseñanza y al afán adoctrinador de nuestras elites gobernantes.


Libertad Digital - Editorial

Lecciones de una crisis

El mantenimiento del estado de alarma es constitucionalmente muy grave y mereceuna respuesta convincente y razonada.

A medida que amaine la indignación social por el boicot de los controladores a la navegación aérea en España durante las primeras veinticuatro horas del puente de la Constitución, será más fácil analizar las decisiones que ha tomado el Gobierno y someterlas a una valoración política y legal. Su eficacia ha quedado fuera de duda, pero la eficacia es un argumento insuficiente en un Estado de Derecho y ante una gestión política que merece una retrospectiva de meses y no sólo a corto plazo. La ausencia de antecedentes sobre la declaración de un estado de alarma impide un juicio comparativo de la decisión del Gobierno, pero al mismo tiempo aconseja abrir un debate sobre los supuestos en que pueden adoptarse estas medidas extremas de alarma, excepción y sitio, previstas por la Constitución y desarrolladas por una ley de 1981. Conviene este debate porque hay expertos que cuestionan que el estado de alarma fuera el adecuado para la situación provocada por los controladores, y no el de excepción. Es obvio que el Gobierno eligió la primera porque la declaración de alarma sólo depende del Consejo de Ministros, mientras que el estado de excepción debe ser declarado por el Congreso. Ahora bien, la facilidad de gestión no puede ser la clave única de elegir una medida u otra.

Otro punto difuso de la decisión del Gobierno es su intención de mantener el estado de alarma por dos meses, cuando la ley ordena que estas medidas estén vigentes lo indispensable «para el restablecimiento de la normalidad». Si los controladores están en sus puestos de trabajo y funciona la navegación aérea, el Gobierno tendrá que justificar la prórroga de esta situación excepcional. Más importantes es que, de una vez por todas, modifique sustancialmente el régimen profesional del control aéreo para que no sea posible, sin necesidad de medidas extremas, otro secuestro masivo en los aeropuertos. También habrá de analizarse si fue legalmente correcto que la militarización de las torres de control precediera al estado de alarma que movilizó a los controladores. Parece que el orden lógico era el inverso. Muchas de estas cuestiones necesitarían ser abordadas en una ley de servicios esenciales, cuya definición y regulación permitiría aplicar respuestas determinadas a situaciones de boicot en transportes y abastecimiento. Por eso es conveniente que el PP pregunte y el Gobierno responda. Lo que está sucediendo en España es constitucionalmente muy grave —el mantenimiento de un estado de alarma— y merece una respuesta convincente y razonada.

ABC - Editorial