viernes, 10 de diciembre de 2010

Mariano sale de la siesta

ETA. La maldad de la Audiencia Nacional. Por Agapito Maestre

La sentencia de la Audiencia Nacional negando la calificación delito de enaltecimiento del terrorismo a estos tres individuos es una inmoralidad, entre otras razones, porque considera al derecho al margen de la argumentación ética.

Estoy harto de oír hablar del mal. Abundan los discursos y las chácharas sobre las mil formas de comprender el mal. Las retóricas del mal se empeñan en buscarle razones. Causas. Pero resulta imposible justificar el mal sin caer en la impostura de negar lo obvio: si hay mal, y el terror de ETA es un mal, entonces hay alguien que lo padece. Existen víctimas. Cuando alguien juzga un delito sin referirse a las víctimas, algo grave está pasando en su "razonamiento". El sufrimiento es la barrera del pensamiento, incluidas las "razones" y "argumentaciones" que pudieran exhibirse en una sentencia judicial. El límite del derecho es el sufrimiento de las víctimas.

Es imposible delimitar el mal causado sin hablar de las víctimas que lo sufren en sus carnes, o sea, físicamente. Ahí reside el principal problema de la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a tres individuos de enaltecimiento del terrorismo sin referirse jamás a las víctimas. ¿Por qué no le piden los magistrados a los procesados que hagan pública condena de los crímenes de ETA? Sería una prueba de buena fe del tribunal y, sobre todo, una manera de escuchar el sufrimiento de las víctimas. Es obvia, pues, la injusticia de la Audiencia Nacional al absolver del delito de enaltecimiento de terrorismo a tres individuos que han estado repetidas veces procesados, encausados y condenados, por defender el terrorismo o ejercerlo. Más aún, esas personas no han hecho otra cosa en su vida que justificar de múltiples formas el terror de ETA.

Los tres individuos absueltos por la Audiencia Nacional jamás han rectificado, criticado o, sencillamente, mostrado una señal de contrición sobre el dolor físico y moral, sufrimiento sin más, que ha provocado ETA y todo su famoso entorno a miles de seres inocentes; menos aún han pedido perdón a las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional se integra en esa trama política e intelectual, nacionalista y socialista, que se preocupa antes por justificar, razonar y darle "sentido" al mal terrorista que ayudar a la víctima del terrorismo.

La Audiencia Nacional, como el Gobierno de Zapatero, quiere acabar con el terrorismo no sólo sin prestarle ayuda alguna a la víctima, sino sobre todo justificando su sufrimiento, el dolor, el mal causado sobre seres inocentes. Acaten los políticos y ciudadanos, como he dicho otras veces, todas las sentencias judiciales, pero no habrá progreso jurídico ni democrático si esas mismas sentencias no son discutidas. En un sistema democrático nadie, y menos la justicia, está libre de ser cuestionada por los ciudadanos libres e independientes de cualquier dogma. Discutamos, discutamos y discutamos hasta el final las sentencias de los jueces porque en esa discusión nos va la vida democrática.

La sentencia de la Audiencia Nacional negando la calificación delito de enaltecimiento del terrorismo a estos tres individuos es una inmoralidad, entre otras razones, porque considera al derecho al margen de la argumentación ética, y, por supuesto, es muy discutible jurídicamente, porque considera que la lógica jurídica no tiene relación con el sentido común. Quienes consideren que en este fallo de la Audiencia Nacional existe alguna coherencia argumentativa, tendrán que demostrar esa afirmación, porque las inexistencias no se prueban.


Libertad Digital - Opinión

La coartada de ZP y el chivo expiatorio. Por José Antonio Navas

Los controladores han servido como coartada perfecta para decretar una situación que de hecho ya padecen los españoles.

El Gobierno se niega a reconocer el problema de los controladores aéreos como un conflicto laboral y prefiere introducir el debate político por el atolladero judicial, con la Fiscalía anunciando penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición. Nadie osará defender, ni siquiera matizar con atenuantes, el plante de los supuestos responsables del control del tráfico aéreo en nuestro país que, de una manera indirecta, han facilitado que el presidente se suba al pedestal de la necesidad para convertir en virtud los defectos de su nefasta gestión.

Ante la incapacidad para desenredar la maraña, Zapatero ha recurrido a la más patética solemnidad para aventurar incluso la prórroga del la situación de emergencia si continúa lo que el Gobierno entiende como una actitud de chantaje por parte de los controladores. El estado de alarma durará hasta el domingo día 19 y no será hasta el 21 cuando el Pleno del Congreso resuelva la eventual prolongación del decreto acordado el sábado. El lunes día 20 es la fecha mágica para comprobar el grado de resistencia de los empleados de Aena y la prueba del nueve que fundamentará la decisión del Gobierno. Zapatero tiene hasta entonces para sacar a pasear su mano izquierda, representada por Rubalcaba, sin saber lo que hace la mano derecha que maneja José Blanco como gran adalid en la militarización de los controladores.

El ministro de Fomento se ha salvado de la quema porque el presidente no puede mostrar flaqueza en sede parlamentaria, pero el vicesecretario del PSOE no debería confiar su suerte a una renovación del estado de alarma. Los controladores, con sus pompas y sus obras, han servido como coartada perfecta para decretar jurídicamente una situación que ya padecen de hecho muchos miles de españoles, pero si la emergencia persiste de oficio será Blanco quien se coloque junto a sus adversarios en el centro de la diana como chivo expiatorio de Zapatero.


ABC - Opinión

Políticos. Mentir sale gratis. Por Florentino Portero

Los nuestros mienten con descaro y los de tierras afectas a la Reforma hacen gala de una hipocresía que revuelve el estómago al más cínico de los comensales. En democracia, para bien o para mal, los políticos son expresión de la sociedad que los vio nacer.

Un amable lector me pide que trate de explicar por qué en unos países la mentira tiene un coste político y en otros no; por qué, a fin de cuentas, en España los políticos mienten sin límite ni pudor y no pasa nada. Sin querer meterme en honduras sociológicas o antropológicas me atrevo a apuntar algún argumento que nos puede ayudar a entender cómo hemos llegado a la penosa situación en la que nos encontramos.

España es una democracia, con todo lo que ello implica. Los ciudadanos tienen la última palabra, por lo que la política se convierte en un ejercicio de comunicación entre los partidos y la ciudadanía. Los responsable políticos construyen un discurso en función de los intereses, valores y sentimientos de su potencial electorado. Cada segmento tiene sus características, del mismo modo que cada nación tiene su peculiar y exclusiva "cultura" política porque, por muy europeos que todos seamos, la política italiana no se desarrolla en los mismos términos que la francesa, ni ésta que la británica... En democracia la política es una expresión "cultural" más, en el sentido que a esta palabra le dan los antropólogos.


La mentira se vive de forma muy distinta en el mundo católico, donde siempre estamos a tiempo de arrepentirnos y confesarnos, que en el protestante, donde lavar nuestro expediente no resulta tan fácil. La historia cuenta, como cuenta la educación y siglos de convivencia en torno a unos valores determinados. En España mucha gente miente y eso no se vive como un problema sino como un mecanismo, más o menos legítimo, de defender intereses personales o corporativos. Cuando un partido político prepara un programa electoral se da por descontado que nadie se lo va a leer, ni siquiera aquellos cuyos nombres aparecen en la papeleta.

En España los políticos mienten porque son españoles, como españoles y mentirosos son sus electores. No es verdad que los españoles se escandalizan porque sus políticos les engañan. Rodríguez Zapatero lo hizo durante su primera legislatura sobre la negociación con ETA y no le supuso coste político alguno, negó la existencia de la crisis económica durante la campaña electoral y aún así once millones de electores le refrendaron su confianza. ¿No ha expresado el PP su rechazo a la reforma, léase reducción, de las pensiones cuando es perfectamente consciente de que en el caso de llegar al poder le tocará hacerlo?

Los españoles denuncian indignados que se les miente sólo cuando la mentira va unida a un daño a sus intereses. Algo semejante podemos decir de la corrupción, compañera de viaje de la mentira, que el español disculpa porque, si pudiera, quizás haría lo que supone que el político hace, pero que critica cuando va unida a la incompetencia en la gestión de los asuntos públicos.

¿No es acaso Pérez Rubalcaba el político más admirado por la izquierda precisamente porque es quien más y mejor miente de entre los suyos? ¿No se lamenta la derecha por no contar en sus filas con alguna joyita de similares condiciones?

Es verdad que en todas partes cuecen habas, pero así como los hermosos judiones que crecen a orillas del bravo Eresma no son iguales que las deliciosas fabes que nacen en los suaves prados asturianos, los políticos de cada país reflejan las características de la sociedad que los elige y patea. Los nuestros mienten con descaro y los de tierras afectas a la Reforma hacen gala de una hipocresía que revuelve el estómago al más cínico de los comensales. En democracia, para bien o para mal, los políticos son expresión de la sociedad que los vio nacer. De ahí la vieja sentencia de que cada nación tiene los políticos que se merece.

Espero haber respondido a mi amable lector, aunque dudo mucho que este artículo le haya levantado el ánimo.


Libertad Digital - Opinión

¡Hasta aquí hemos llegado!. Por M. Martín Ferrand

Las enfermedades hereditarias solo caben en las personas, las sociedades pueden redimirse de ellas.

CUANDO, el pasado sábado día 4, el Gobierno decretó el estado de alarma para encarar, de frente y por derecho, el reto provocador planteado por los controladores aéreos, o por parte de ellos, el gesto acreditó a José Luis Rodríguez Zapatero y puso en valor a los ministros implicados en el caso. Gobernar es enfrentarse a la realidad y la afición española a los paños calientes hace que en pocas ocasiones el Ejecutivo, como corresponde, conjugue el verbo ejecutar. Ayer el Congreso le refrendó al Gobierno una sobredosis de alarma y, como decía mi abuela Rafaela, las sobredosis no son buenas ni aunque fueran de agua bendita. La prolongación del estado de alarma nos permite la sospecha de una parte sumergida del iceberg del conflicto o, peor todavía, una licencia para aliviar al Gobierno de los incómodos, pero imprescindibles, trámites que, en el Estado de Derecho, exige la liturgia garantista.

Lo que resulta sorprendente cuando se profundiza un poco en estas cuestiones es comprobar que en el Congreso se contemplan como fenómenos sobrevenidos. Tal cual crecen las setas en el bosque después de la lluvia, así parecen pensar muchos diputados que se suscitó un colectivo de dos mil y pico paisanos desmedidamente retribuidos y autorizados a campar por sus caprichos. ¿Nadie tiene responsabilidades en la germinación, cultivo y desarrollo del problema? Desde Joaquín Garrigues Walker, el primer ministro del ramo después del estreno democrático del 15-J del 77 hasta el ínclito José Blanco, ¿no hay nadie que tenga que entonar la palinodia y confesarse parte del problema? La norma que hoy esgrimen los controladores viene del tiempo en que fue titular de Fomento Rafael Arias Salgado, un personaje tan singular que pudo ser, antes que con José María Aznar, ministro de la Presidencia con Adolfo Suárez y de Administración Territorial con Leopoldo Calvo Sotelo.

La Transición, cuyo balance es claramente positivo, nos obligó a un pasivo democrático no deseable y muy embarazoso. Así se sostienen, desde usos sindicales a formas judiciales, muchas malas costumbres colectivas. En el caso de los controladores, en lugar de escarbar tratando de encontrar una responsabilidad «de los otros», ¿no resultaría más constructivo y benéfico para la ciudadanía que los partidos trataran de, especialmente en asuntos como este de escasa carga ideológica, consensuar el principio de una nueva etapa más funcional y acorde con los usos internacionales? Las enfermedades hereditarias solo caben en las personas, las sociedades pueden redimirse de ellas con un simple grito: ¡Hasta aquí hemos llegado!. Y ni un paso más allá.


ABC - Opinión

Rajoy pone en su sitio a los controladores y al Gobierno. Por Antonio Casado

Como era previsible, y así lo anticipé ayer en esta esquina de El Confidencial, Mariano Rajoy, víctima del desbarajuste aeroportuario del pasado fin de semana y líder del principal grupo de la oposición (con el PSOE suma el 83,8 % de los votos y el 92 % de les escaños) apoyó las medidas adoptadas por el Gobierno sin dejar de reprocharle imprevisión y desidia desde que el Congreso puso en sus manos la herramienta legal (decreto-ley del 5 de febrero, tramitado en abril como ley) que, según la presentó entonces el ministro de Fomento, José Blanco, iba a servir para terminar de una vez por todas con el poder conminatorio de este privilegiado colectivo profesional.

Inequívoco alegato del presidente del PP contra los únicos culpables directos de lo ocurrido. “Nuestra condena no conoce atenuantes de ninguna clase. Si alguna razón pudo haber asistido a los controladores, ellos mismos se encargaron de fulminarla con su conducta”, dijo ayer Rajoy en el pleno parlamentario en el que Rodríguez Zapatero rindió cuentas sobre las decisiones del Gobierno. Especialmente la militarización de las torres, el viernes por la noche, y la declaración del estado de alarma, el sábado por la mañana.


Según Rajoy, el Gobierno cumplió con su deber de restablecer la normalidad ante la actitud intolerable, por ilegal e ilegítima, de “unos controladores aéreos que abandonan su puesto de trabajo, bloquean el espacio aéreo español y menosprecian los derechos de sus compatriotas”. Lo cual no impidió al presidente del PP señalar con datos y argumentos el pobre balance de las actuaciones previstas e indicadas en aquel decreto-ley que cambió el régimen jurídico-laboral de estos profesionales y fue presentado en rueda de prensa del Consejo de Ministros como la solución definitiva “para evitar que los controladores volvieran a tomar a los ciudadanos como rehenes para mantener sus privilegios” (José Blanco, viernes, 5 de febrero).
«Rajoy devuelve a Zapatero la doctrina Prestige, aplicada por el PSOE al Gobierno Aznar. El culpable es otro, pero la responsabilidad política es del Ejecutivo.»
Todo lo demás está en los manuales. De la política, se entiende. Rajoy devuelve a Zapatero la doctrina Prestige, aplicada por el PSOE al Gobierno Aznar. El culpable es otro, pero la responsabilidad política es del Ejecutivo. O una gran parte de la misma. Por supuesto. Y quien está institucionalmente obligado a exigirla en el Parlamento es la oposición. En este caso, por imprevisión y desidia del actual Gobierno en relación con los proveedores civiles de este servicio, la homologación de controladores militares, la formación de nuevos profesionales (hasta 500 se anunciaron entonces), las aclaraciones que no se hicieron a su debido tiempo sobre el significado de las horas “operativas” en el cómputo anual, etc.

Rajoy, en fin, puso en su sitio a los controladores y al Gobierno, pero no amontonados. Cada uno en el suyo. Fue, a mi juicio, una buena intervención. La de alguien con sentido del Estado. En su condición de aspirante a la Presidencia del Gobierno no podía mimetizarse con quienes más a su derecha hacen caldo de cerebro sobre una supuesta trastienda de la crisis de los controladores que sólo está en su imaginación. Incluidos los que se rasgan las vestiduras por si el estado de alarma puede ser declarado anticonstitucional (hay quien habla de “golpe de estado”). Seguro que viven angustiados por los posibles efectos de este palo a la democracia. Seguro que duermen con los ojos abiertos por si en cualquier momento Zapatero acaba con las libertades “manu militari”. Manda huevos.


El Confidencial - Opinión

Claves de ZP. Por César Alonso de los Ríos

La imagen de debilidad le viene dando un buen resultado a ZP.

La imagen de debilidad le viene dando un buen resultado a ZP. Posiblemente esta haya sido la clave que llevó a los controladores a la utilización de una estrategia suicida y que les permitió imaginar que tenían al Gobierno contra las cuerdas. Desprestigiado por la situación crítica de la economía española ¿tendría fuelle para oponerse a su chantaje? No podían sospechar que, en realidad, estaban entrando en el terreno de ZP. Como recientemente les ha pasado a los sindicatos. ¿Qué podría ser de él sin la ayuda de UGT y CC.OO., sin el blindaje obrero? ¿Acaso no se llegó a decir que Méndez era su verdadero vicepresidente? Incluso llegó a creérselo el propio ugetista. Hasta que él y Toxo, despechados, decidieron montar la famosa «huelga general» de la que iban a salir trasquilados…

Con algunas de sus actuaciones ZP da la impresión no solo de debilidad sino de gobernante poco previsor que, al actuar tardíamente, se mete en callejones y tiene que terminar tomando medidas indeseables, repugnantes para su ideología y, por lo mismo, para su popularidad. Me refiero a la congelación de las pensiones, a la retirada de las ayudas de cuatrocientos dólares a los parados o la militarización de la navegación aérea…

En cierto sentido ha heredado de Felipe González el gusto por el desconcierto no sólo en relación con la derecha sino con posibles corrientes del PSOE pero nunca hasta el punto de romper esquemas como el de su antiamericanismo durante su liderazgo en la oposición. Hoy queda claro, y no sólo por los papeles de Wikileaks, que sus desafíos al Imperio estuvieron dictados por el electoralismo. El único punto que parece ser un dogma para ZP es la alianza con el PNV y CiU. Esta es, además del oportunismo ideológico, su otra clave política. Esto es lo que verdaderamente le importó del debate de ayer y lo que obligará a Rajoy a tener que ganar en el 2012 por mayoría absoluta.


ABC - Opinión

Su Excelencia. Por Alfonso Ussía

Aparte de los formidables dibujos de Borja Montoro, no me acaba de divertir la ola de caricaturas de Zapatero, Rubalcaba y Blanco vestidos con uniforme militar. Pero el humor es libre, afortunadamente. Y no me gusta porque considero un insulto a la dignidad militar su identificación con estos personajes. Miguel Ángel Rodríguez, que está sobrado de ingenio y coña marinera, se refiere al ministro Blanco como «coronel Blanco». Y acierta, pero no del todo. Blanco apunta más alto.

Recuerdo el viejo edificio de la calle de San Roque y su Servicio de Documentación, mi primera vivencia periodística. Lo dirigía Guillermo Medina. Ahí estaba el gran José Luis Martín Prieto, algo menos gordo, con un poco más de pelo y todo su talento hacia el futuro. Y Víctor de la Serna Arenillas, siempre en conversaciones con las hojas naranjas del «Financial Times». Y Joaquín –Jimmy–, Giménez-Arnau, poeta emergente, amigo de Alberti, de Ory, y de Carlos Oroza, el último bohemio de nuestra Literatura. Y María Antonia Iglesias, que por aquellos tiempos no había descubierto todavía su inagotable caudal de sectarismo y mala leche. Gente valiosa. Entró un novato, aún más inexperto que yo, y Guillermo Medina le encargó que redactara la visita de doña Carmen Polo a la Virgen de Atocha.


El chico tituló su primera crónica con lógica falta de originalidad: «Doña Carmen Polo de Franco visita a la Virgen de Atocha». Guillermo, que terminó siendo diputado por UCD, amonestó al atribulado novato por sus confianzas con doña Carmen. «Excelentísima señora. Se pone excelentísima señora». Y el chico fue obediente, quedando así su definitivo trabajo: «Doña Carmen Polo de Franco visita a la excelentísima señora Virgen de Atocha».
José Blanco no tiene ambiciones de coronel. Los coroneles mandan regimientos, y esa limitación molesta sobremanera al ministro Blanco.

Él está hecho para mandar más y a más gente, civil y militar, sin restricciones. Zapatero y Rubalcaba están de capa caída, pero Blanco manda mucho, como ha reconocido el deslenguado José Bono. Y no es alto de estatura física, es gallego y su apellido tiene rima consonante con el pasado. Oigo la voz de David Cubedo en el No-Do: «Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Blanco»…

Una pesadilla. Pero en el mal sueño no veo a Blanco uniformado. El uniforme de los militares, admirables desde cualquier punto de vista y que conforman hoy en día unas Fuerzas Armadas plenamente leales con la libertad y la democracia –eso, la Constitución–, no se merece vestir a quien ha sido el máximo responsable del Estado de Alarma decretado por el Gobierno más alarmante de nuestra Historia reciente. A Blanco lo que le importa, salvajada a un lado de los controladores, es su sueldo. Como a Zarrías. Resentimiento de chachas antiguas, según Salvador Sostres. También fue salvaje la huelga del Metro y por aquello de que podía perjudicar a Esperanza Aguirre nadie decretó nada y el Gobierno estuvo detrás del paro que afectó a millones de personas. Blanco no se comporta como un militar aunque eche mano de ellos para cubrir sus errores. Admira a los hombres que no conocen la mentira desde su condición de gran mentiroso. Son lógicas las caricaturas, pero ásperas para quienes tenemos a los militares como un ejemplo permanente. Y en su intención, se quedan cortas. Blanco no quiere ser el coronel al que su inferior le informa de la situación del regimiento. Vuelve la pesadilla. Blanco en el balcón principal del Palacio Real. Y el grito de la multitud socialista: «¡Blanco, Blanco, Blanco, Arriba España!».


La Razón - Opinión

Gentucismo. Por Hermann Tertsch

Llámenlo rufianismo, llámenlo gentucismo. Hemos conseguido que mande la calle, el callejón del gato. Por cojones.

LES aseguro que pasé la tarde pensando en el título que al final no lleva esta columna. Me lo había regalado —impensable en bandeja, mejor en tartera sobre un hule—, la inefable ministra de Sanidad. Era el título ideal. Pero la venerable cabecera del ABC, el espíritu de los Luca de Tena, los más de cien años del diario, despertaron en mí un miedo reverencial que me han llevado a esconderlo aquí en el texto. Esta columna debía haberse llamado «Los cojones de Pajín». Y, no les voy a engañar, me ha dado no sé qué. Es un pudor irracional. Porque, al fin y al cabo, es puro lenguaje ministerial. Pero vayamos a los antecedentes. Resulta que doña Leire Pajín, ministra responsable de nuestra salud gracias a su ineptitud para dirigir la organización socialista de Ferraz, nombró a una amiga —una tronca, que se supone diría ella— como delegada del Gobierno en el Plan Nacional contra la Droga. La amigota de tierras alicantinas no cumple con los requisitos. Al parecer para este cargo, director general u otros de rango similar, hay que ser funcionario en capacidad A o B. Y ella sólo es auxiliar administrativa. Eso, como comprenderán, a esta altura de la fiesta, ya no irrita a nadie. Con unas sólidas ideas socialistas y feministas uno —perdón, una— puede en este país ya dirigir y presidir lo que sea, por supuesto todo en la administración, y pronto también una orquesta filarmónica o un instituto de física cuántica. Lo importante es el progresismo creativo. Como dice Zapatero, «lo que no se estudia se retiene con más facilidad». En una comida en la sede del ministerio que tan sabiamente dirige, doña Pajín presentó el 17 de noviembre a su nuevo fichaje, compañera de mil fiestas, a un grupo de diputados y senadores. Alguien debió ser tan descortés como para recordarle a Pajín la regla administrativa que no cumple su amiga que, si a alguien pudiera interesar, se llama Nuria Espí de Navas. La respuesta fue contundente. Doña Leire en estado puro: «Sólo faltaría que la ministra no pueda nombrar a quien le salga de los cojones». Y tiene razón doña Leire, con dos pelotas. Las reglas, los reglamentos, las leyes, las jerarquías, los escalafones, las normas, son trampas saduceas de la reacción, que es machista por mucho que se esconda tras el femenino. Y que intentan evitar que las chicas sencillas del pueblo asuman poder. Por eso los progresistas están dinamitando todas las estructuras funcionariales. Resulta absolutamente contraproducente tener funcionarios que deben su cargo a sus cualificaciones y oposiciones. Porque pueden creerse a salvo de la voluntad política que a su vez es la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo español es que Pajín mande. Que ahora no nos vengan algunos estrechos con monsergas. La derecha lleva gobernando, según nos cuentan los magos de las ciencias sociales del progreso, unos cinco mil años. La izquierda auténtica, los herederos de la impoluta democracia de la II República, tan sólo siete. «Ahora nos toca.» Por eso hay que romper ahora todas las reglas y, cuando molestan, también las leyes. Por cojones. Por eso hay que convertir todas las carreras funcionariales, —judicatura o diplomacia, administración y policía— en un alegre gruyere por cuyos agujeros entren pizpiretas con el puño en alto las chicas del barrio, amigas para siempre, y los jóvenes y jóvenas libres de la intoxicación del estudio clasista. La resistencia ha sido menor de lo que temían los lozanos soldados del progreso. Han tenido ayuda de todos los que temen a la excelencia y de los que no han sabido defender la meritocracia. La selección negativa es un hecho. Llámenlo rufianismo, llámenlo gentucismo. Hemos conseguido que mande la calle, el callejón del gato. Por cojones.

ABC - Opinión

Controladores. Que vuelva Maleni. Por Emilio Campmany

Rajoy ha estado bien, porque la única conclusión segura de esta crisis es que Blanco es un inútil. Para esto, ya podía Zapatero haber dejado a Maleni, que al menos es más divertida y que cada día que pasa la echo más de menos.

Ha estado cumbre Rajoy la mañana de este jueves. Parafrasear a Rubalcaba para llamar inútil a Pepiño Blanco (se quedó sin el don José) ha sido una manera ingeniosa de injuriar sin que se le pueda afear el insulto. Mientras los socialistas estuvieron convencidos de que Rajoy estaba llamando "inútil" a Pepiño, protestaron y alborotaron como lobos. Pero, cuando se dieron cuenta de que no estaba más que reproduciendo una frase de Rubalcaba dirigida en su día a un ministro de Fomento popular en una ocasión en la que merecía mucho menos el improperio, se quedaron cuajados. Bello espectáculo este de ver a los socialistas tragar su propia medicina.

Vamos a obviar por ahora los motivos que, distintos a los de la huelga, hayan podido llevar a Rubalcaba a decretar el estado de alarma para que Pepe García Domínguez no nos llame esclavos de Fu Manchú. Vamos a pasar de los muchos problemas de legalidad y constitucionalidad que plantea la militarización de los controladores para que César Vidal no nos acuse de preocuparnos más de los verdugos que de las víctimas. Vamos a soslayar las graves tribulaciones económicas de AENA, que podrían estar detrás de la necesidad de negar a los controladores derechos que, para bien o para mal, están en su convenio colectivo. Y vamos a olvidarnos de preguntar por qué el decreto del estado de alarma lo firmó Jáuregui y no Zapatero.


Lo que es insoslayable es lo incompetente que se ha demostrado Pepiño Blanco. Vino a sustituir a Maleni, una inútil total, que diría Rubalcaba, que se lo puso bien fácil. Aterrizó con ínfulas de hombre de Estado y, para demostrarlo, lo primero que hizo es reunirse con Esperanza Aguirre para enterarse de lo muy abandonada que estaba Madrid en materia de infraestructuras, se supone que para poner remedio, pero nada hubo.

Encarado con el problema de los controladores y el lastre que sus sueldos suponían para una AENA que había que vender, no se le ocurrió otra cosa que pasar por sus derechos laborales como el caballo de Atila. Convirtió las horas extras que voluntariamente hacían en horas normales que estaban obligados a hacer, lo que significó básicamente incremento de trabajo y disminución de salario. Naturalmente, los encabronó. Encima, calculó mal el total de horas que entre todos tendrían que hacer y al final del año resultó que muchos ya habían cumplido y que no había bastantes controladores para cubrir las necesidades hasta el primero de enero. Pillado por el toro de su propia incompetencia, se vio en la necesidad de dictar un decreto que dijera que, de las horas que están obligados a hacer los controladores, no se pueden descontar las que emplean en estar de guardia o de baja médica, que a ver qué obrero pasa por eso. Y los controladores, acostumbrados a que en España los trabajadores que chantajean al Gobierno se salen siempre con la suya (recuerden a los de Sintel, que ocuparon la Castellana durante meses sin que nadie se atreviera a dar la orden de obligarles por la fuerza a desalojar la vía pública), jugaron un órdago que Rubalcaba no les iba a dejar ganar.

Lo dicho, Rajoy ha estado bien, porque la única conclusión segura de esta crisis es que Blanco es un inútil. Para esto, ya podía Zapatero haber dejado a Maleni, que al menos es más divertida y que cada día que pasa la echo más de menos.


Libertad Digital - Opinión

Tal para cual. Por José María Carrascal

Después de oír al presidente, queda más claras que nunca la cerrazón de los controladores y la imprevisión del Gobierno.

TANTO el caos de los aeropuertos el fin de semana como el debate de ayer en el Congreso nos confirman dos cosas que sabíamos de sobra: que los controladores son un minicolectivo privilegiado, insolidario y obtuso, y que el gobierno es otro de improvisadores erráticos y temerarios. Lo de los primeros veníamos sufriéndolo los españoles desde hace años. Lo del segundo, desde que ocupa el poder, como muestran la negociación con ETA, el estatuto catalán y la crisis económica. A irresponsabilidad, allá se irán ambos. No se puede ser más antisocial que dejando tiradas en los aeropuertos a cientos de miles de personas, como hicieron los controladores, ni más incapaz que permitiendo que se llegase esa situación, como hizo el gobierno. Y lo más grave es que continuará, al continuar ambos en sus puestos, unos en las torres de control, el otro al frente del país. Pues incluso si quisiéramos meter a los controladores en la cárcel, no podríamos al no haber nadie que pueda sustituirles. Reagan pudo enviar a sus controladores civiles a casa, donde siguen, porque tenía personal militar que los sustituyese. Zapatero, Rubalcaba y Blanco no pueden hacerlo por no haberse preocupado de adiestrar ese personal, pese a saber de sobra lo que se avecinaba.

Después de haber oído al presidente, queda más claro que nunca la cerrazón de los controladores y la imprevisión del gobierno. Si conocía la determinación de aquéllos de echarse al monte, ¿por qué aprobó el recorte de sus sueldos y el aumento de sus horas de trabajo justo el día que comenzaba el mayor puente del año? Si no era una torpeza, era una provocación. Y si fue una provocación, le salió el tiro por la culata, al desencadenar precisamente lo que quería evitar.

Por no hablar ya de cómo lo hizo. Echando mano del estado de alarma, esa bomba atómica del orden constitucional. Es más, la militarización de los controladores se decretó antes del estado de alarma, lo que arroja dudas sobre su legalidad. Con el agravante de que esa militarización se basa en una ley franquista, la de Movilización Nacional de 1969, superada por la Constitución de 1978, que sólo permite militarizaciones en estado de sitio, no decretado por el gobierno. ¿Porque el estado de sitio requiere la aprobación del Congreso, y el estado de alarma, no? Dada la forma temeraria e incompetente que tiene de actuar el gobierno, la pregunta es legítima.

La sesión de ayer en el Congreso no la respondió. Lo único claro que salió de ella es que el conflicto no ha terminado. Ni éste ni ninguno de los que tenemos planteados en tierra, mar y aire. Así, ya no extraña tanto que Rubalcaba, dicen que el más listo, se sienta en los últimos metros de su carrera. Aunque el listo fue Solbes.


ABC - Opinión

Controladores. El auténtico estado de alarma es la impunidad. Por Guillermo Dupuy

Gracias al privilegiado sistema gremial y precapitalista con el que se les ha beneficiado, los controladores han podido restringir el acceso a la profesión, razón no sólo de sus multimillonarias retribuciones, sino también de su previsión de impunidad.

Me parece bastante evidente que si los controladores que han provocado el cierre del espacio aéreo español, cuantiosos perjuicios económicos y morales a millones de ciudadanos así como la ineludible –sí, ineludible– toma de medidas excepcionales y similares a las que el Gobierno estadounidense tomó tras los ataques terroristas del 11-S, hubieran tenido la absoluta certeza de que sus gravísimos delitos les iban a acarrear penas de prisión, la confiscación presente y futura de su patrimonio en concepto de daños y perjuicios y su inmediato despido de la carrera profesional, jamás los habrían perpetrado. Los únicos responsables de que estos sinvergüenzas tuvieran una convicción de impunidad, sin la cual jamás hubieran visto ganada su "batalla" antes de librarla, no es otro que el Gobierno.

Aunque el Ejecutivo de Zapatero no termine premiando a estos sinvergüenzas con la retirada del leve recorte planteado a sus obscenos privilegios profesionales, dudo mucho que su incompetencia pasada le permita ahora castigarlos. Y lo creo, tal y como lo han creído los delincuentes, por la sencilla razón de que castigarlos en estos momentos provocaría un mayor trastorno social que el que han causado ellos perpetrando su delito.

Ciertamente, si ese medio millar de sinvergüenzas que abandonaron tan dolosamente su servicio fueran encarcelados o, simplemente, despedidos, el Gobierno no tendría personal con el que sustituirlos. Y es que, gracias a ese privilegiado sistema gremial y precapitalista con el que este Gobierno –y los anteriores– los ha venido beneficiando, los controladores han podido restringir el acceso a la profesión, razón no sólo de sus multimillonarias retribuciones, sino también de su previsión de impunidad a la hora de defender sus privilegios incurriendo en delito. Esa falta de liberalización del sector era y es el auténtico estado de alarma al que nadie hizo caso, y no el que, como parche y mal menor, el Gobierno se ha visto empujado a declarar ahora. En el pecado de la falta de liberalización del sector el Gobierno va a tener –más bien, los ciudadanos– su penitencia y una mayoria de los controladores su impunidad.

Y es que aquí, valga el ejemplo, no se había acaparado previamente carbón antes de plantar cara a una huelga de mineros, tal y como, sino recuerdo mal, hizo Thatcher para la ocasión. No existe algo así como un "ejército de reserva" civil de controladores del que poder echar mano; y el verdadero Ejército no tiene controladores lo suficientemente numerosos y preparados como para sustituir al medio millar que han incurrido en delito. Expertos en la cuestión, como Francisco Capella, tampoco ven nada fácil lo de traerse controladores del extranjero, donde tampoco sobran, y que, en cualquier caso, no podría hacerse de un día para otro, por mucho que en España sus retribuciones sean superiores.

Esa es la razón por la que creo que la falta de previsión e incompetencia del Gobierno le va a obligar a tener que empezar a exculpar a muchos de los delincuentes que decía que iba a llevar a los tribunales; tendrá que presentárnoslos –como de hecho Blanco ya ha empezado a hacer– como "excelentes profesionales que obedecían las indicaciones de un grupo reducido que hay que identificar". Vamos, como si hubiera controladores que hubiesen perpetrado su delito, no en comandita con los demás, sino siguiendo las órdenes de alguna autoridad.

En cualquier caso, el Gobierno no lo va atener nada fácil en su forzada misión de que la mayoría de los delincuentes se vaya de rositas. Son muchos los ciudadanos que están acudiendo a los tribunales para que todos –y no sólo "un grupo reducido"– paguen por sus delitos. Lo que me parece claro es que el auténtico estado de alarma reaparecerá tan pronto el Gobierno derogue el que ha aprobado como medida de excepción. Y a nadie le alarmará.


Libertad Digital - Opinión

Crisis de sistema. Por Ignacio Camacho

Palabras mayores: los españoles han comenzado a mostrarse decepcionados del funcionamiento de la democracia.

DESPUÉS de dos años largos quejándose de los partidos y su burbuja endogámica hasta situarlos como el tercer problema nacional, los españoles han comenzado a expresar —casi cinco de cada diez en el último barómetro del CIS— su decepción por el funcionamiento de la democracia y del Parlamento. Ojo que se trata de palabras mayores: por esas grietas de desencanto se cuelan los populistas, los giles, los berlusconis y los salvapatrias. Que la gente se lamente del egoísmo o de la corrupción de la clase política no deja de ser un reflejo desengañado de angustia ante una crisis de desamparo, pero cuando la queja alcanza a las instituciones y al propio mecanismo democrático hay motivos para un auténtico estado de alarma y conviene llamar a los bomberos porque se está quemando la cocina del sistema.

El problema es que los bomberos son los mismos que le han prendido fuego a esta desesperanza, y sólo ellos pueden sofocar el incendio a riesgo de socarrarse en las brasas. Aquí se está incubando una crisis sistémica a consecuencia de la degradación de la actividad pública, y tienen que ser los protagonistas de la dirigencia quienes procedan a recomponer la confianza rota mediante una autodepuración de su credibilidad. No es asunto fácil; se han alejado demasiado de la calle y se han acostumbrado a circular por un carril propio con las ventanillas ahumadas. Precisamente por ahí hay que empezar, por un recorte de privilegios que aproxime la vida de los políticos a la sensibilidad de los ciudadanos, que ahora los ven como una casta que no desgasta sus zapatos porque sólo pisa moqueta. Luego es menester que los partidos vuelvan a reclutar a personas con prestigio social y experiencia profesional y abandonen la retroalimentación interna que hace de la militancia una carrera en sí misma. Y por último resulta imprescindible que quienes tienen responsabilidad institucional hagan un esfuerzo visible de acercamiento entre ellos; una de las causas patentes del recelo popular es la falta de acuerdo ante situaciones de evidente interés público, preteridas por el enfrentamiento sectario de una lucha por el poder en la que no se atisba vocación de servicio sino un vulgar tironeo por el reparto de prerrogativas.

Las larguísimas colas de horas para ver el Congreso durante el puente de la Constitución muestran que no es interés político lo que falta entre los ciudadanos. Pero la mayoría de los comentarios de los visitantes se referían a la necesidad de pactos sobre cuestiones de Estado. Muchos españoles se están cansando de ese cerrado debate para hooligans que constituye el núcleo de la vida parlamentaria. Están hartos de extremismos banderizos y desean que se escuche su voz sin suplantarla. En eso consiste la verdadera representatividad democrática a la que hay que volver antes de que el descreimiento arrase cualquier posibilidad regenerativa.


ABC - Opinión

Estado de impotencia

La síntesis más atinada de cómo el Gobierno ha gestionado la crisis aérea más grave que ha sufrido España la ofreció ayer Mariano Rajoy en el Congreso: «La declaración del Estado de Alarma es una declaración de impotencia que establece un precedente de nuevos conflictos laborales». En efecto, dos cosas quedaron muy claras en la sesión parlamentaria, que abrió Zapatero después de seis días de calculado silencio: una, que los controladores perdieron toda razón cuando abandonaron sus puestos de trabajo y colapsaron el espacio aéreo; y dos, que el Gobierno se vio obligado a tomar decisiones extremas por no haber solucionado durante un año de negociaciones un conflicto laboral como hay tantos en la Administración. Prácticamente todos los grupos de la oposición recriminaron al ministro de Fomento y, por extensión, a todo el gabinete su pésima gestión, mezcla de improvisación y autoritarismo. De muy poco sirvió el voluntarioso discurso de Zapatero, empeñado en edulcorar las amargas medidas de excepción decretadas para sofocar una rebelión sindical. Pese a su prolija argumentación de por qué y en qué base legal se amparó para militarizar a los controladores y, a continuación, declarar el Estado de Alarma, el presidente del Gobierno no fue capaz de explicar por qué no se han cumplido ninguna de las promesas hechas por el Ministerio de Fomento en febrero pasado de pactar un nuevo convenio colectivo, homologar a los controladores militares, ampliar plantillas y acudir al mercado internacional si se retrasaba el proceso de formación. Más aún, como denunció el líder del PP, el Gobierno no ha hecho nada en los últimos seis años para resolver un problema que él mismo creó al denunciar en 2004 el convenio colectivo de los controladores. Seis años malgastados mientras el tráfico aéreo se ha multiplicado exponencialmente. Seis años de ineficiencia que se han intentado resolver improvisando tres decretos en el último minuto y echando mano del Ejército. Uno de los varios interrogantes que Zapatero no despejó ayer es por qué el Gobierno, sabiendo que los paros de los controladores iniciados en Galicia a principios de esa semana podían extenderse al resto de España, no puso inmediatamente en marcha una negociación de urgencia, en vez de recurrir a medidas de excepción. También fracasó el presidente en su intento de minimizar el alcance y las consecuencias del Estado de Alarma, como si fuera una herramienta inocua y de fácil manejo. No lo es, y menos aún aplicada a sofocar un conflicto laboral que se ha salido de madre. De ahí que no deba prolongarse más allá del plazo inicialmente establecido. El Gobierno no debe parapetarse en leyes excepcionales para encubrir su ineficacia. Es verdad que ayer casi todos los grupos parlamentarios apoyaron con matices la resolución de la crisis. Pero también hubo unanimidad en reprochar al Gobierno su falta de diligencia, su inoportunidad y su impericia para solventar el conflicto mediante la negociación. El equipo socialista ha creado un precedente sumamente peligroso que limita derechos laborales y sindicales; nunca nadie se había atrevido a tanto.

La Razón - Editorial

China se retrata

Pekín exhibe los límites del régimen con su campaña contra el Nobel para Liu Xiaobo.


Si el Gobierno chino pretendía amortiguar la repercusión internacional de la entrega del Premio Nobel de la Paz al disidente Liu Xiaobo, prevista para hoy en Oslo, la consecuencia de su actuación ha sido la contraria. El régimen le ha condenado a once años de cárcel como escarmiento para todos los disidentes, según revelan los Papeles del Departamento de Estado a los que EL PAÍS ha tenido acceso a través de Wikileaks. Y ahora, una vez premiado, ha conseguido rebajar la presencia de representantes extranjeros en la ceremonia tras una contundente campaña de amenazas diplomáticas, al coste de exhibir crudamente los límites de su régimen político; algo que, sumado a la operación de acoso y desprestigio contra el galardonado, su familia y sus amigos, daña seriamente la imagen internacional de Pekín.

La condición de potencia emergente ha convertido a China en interlocutor imprescindible. Con el premio a Liu, su Gobierno tenía la oportunidad de haber prolongado una situación de hecho en la que las principales potencias, con Estados Unidos a la cabeza, optaban por minimizar las exigencias de respeto a los derechos humanos frente a la necesidad de entenderse con un país determinante en el futuro mundial. Tras una reacción tan airada, se hace más difícil el mantenimiento de este equilibrio en el que cinismo y realismo parecían confundirse.

Entre las medidas de respuesta al galardón, Pekín ha incluido la creación de un premio alternativo al Nobel, el Confucio. La intención última de esta distinción improvisada es oponer la singularidad de la mirada de China sobre principios aceptados internacionalmente, como la necesidad de respetar los derechos humanos y las libertades políticas y civiles. Se trata de un nuevo error de cálculo. El razonamiento que hay detrás del Premio Confucio no difiere del utilizado por algunos regímenes autoritarios ante denuncias por violación de los derechos humanos. China hace ahora causa común con ellos.

No será fácil para la comunidad internacional gestionar la situación creada por Pekín con su respuesta al Nobel de Liu Xiaobo. Cinismo y realismo no podrán confundirse a partir de este momento. Y de la misma forma que China ha debido retratarse, también deberán hacerlo los Gobiernos que mantienen un trato cada vez más intenso con la potencia emergente.


El País - Editorial

La impunidad que impulsa el proceso de paz

No menos bochornosa ha sido la renuencia de los socialistas a criticar la sentencia absolutoria de Otegi, a la que tanto ha contribuido el presidente del PSE en su condición de testigo de la defensa.

A la Justicia se la representa como una dama con los ojos vendados pretendiendo simbolizar la imparcialidad. Sin embargo, la ceguera que han exhibido los magistrados que han absuelto a Otegi de los delitos de enaltecimiento del terrorismo que se perpetraron en el velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004 no es otra que a la que hace referencia el refrán español que dice que "no hay más ciego que el que no quiere ver". Y es que no es imparcial, sino injusta y voluntariamente miope, una sentencia que basa la absolución de Otegi, Permach y Álvarez en "las serias dudas" de que fueran estos proetarras, personalmente, los encapuchados que durante el mitin exhibieron las fotos de los etarras, los que repartieron propaganda y boletines internos de la banda o los que coraron a la organización terrorista. Basar la causa en esto, ciertamente, sería tanto como tener la absolución "vista para sentencia" incluso antes de que se celebrara el juicio, tal y como ha venido a denunciar la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.

La cuestión, por el contrario, era o debía haber sido la de dirimir si a los máximos representantes de Batasuna, como organizadores y participantes de "un acto ilegal de una formación ilegal y con un portavoz ilegal" –tal y como el propio Otegi se jactó aquel día ante los asistentes–, cabía exigirles responsabilidades penales por los incuestionables delitos de enaltecimiento del terrorismo que, con su probada condescendencia, en él se perpetraron.


Los magistrados de la Audiencia, sin embargo, han desechado las pruebas que, en este sentido, había aportado la Guardia Civil, y han preferido fijarse en la supuesta intención de ese acto ilegal como es "la conveniencia de un diálogo" para "resolver el conflicto". Vamos, como si referirse a la existencia del terrorismo como un "conflicto" no fuera ya una forma de enaltecerlo; como si pedir que el Gobierno y los terroristas dialoguen fuera contradictorio, y no coherente, con quien tiene y transmite una imagen positiva de estos criminales prófugos de la Justicia.

Por lo visto no ha sido bastante elocuente la imposibilidad de la defensa de los proetarras de aportar una sola condena del terrorismo hecha por quienes los magistrados han absuelto de enaltecerlo. Recuerden que Goirizelaia tuvo que recurrir a declaraciones de Eguiguren y del propio Zapatero para transmitir una imagen positiva de sus defendidos. Es más. Recuerden la amable definición que de ETA hacia un par de meses Otegi en El País como "una organización que ha suspendido sus acciones armadas y que expresa su voluntad de superación definitiva de la violencia". Pero claro, para los magistrados, eso tampoco debe ser considerado una forma de enaltecer a quienes en realidad no son más que una banda de criminales chantajistas.

No menos bochornosa ha sido la renuencia de los socialistas a criticar la sentencia absolutoria, a la que tanto ha contribuido el presidente del PSE en su condición de testigo de la defensa. Así, el portavoz socialista en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, escudándose en el "respeto" a las decisiones judiciales ha manifestado que "no se pueden estimar las resoluciones judiciales como acertadas y justas cuando a uno le vienen bien y criticarlas cuando no coinciden con los intereses de cada uno". No. Lo que no se puede es estimar como acertadas y justas todas las sentencias, tanto si de verdad así nos lo parecen como si no. Eso, lejos de ser una muestra de respeto al Estado de Derecho, es un desprecio que, entre otras cosas, borraría del ordenamiento jurídico la figura del recurso de apelación.

Aunque sea obligado el acatamiento de todas ellas, en un Estado de Derecho se puede y se debe distinguir entre sentencias excepcionales, buenas, regulares, malas o tan pésimas como la que hoy nos ocupa. El memo y antijurídico papanatismo del que hace gala el portavoz socialista no es otra cosa que una forma de eludir una valoración de una sentencia que ponga en peligro –ella sí– los intereses de los socialistas en que prosiga, aun encubierto, el "proceso de paz" con los etarras. Y no hay mejor prueba de que prosigue que viendo como avanza la impunidad.


Libertad Digital - Editorial

Un Gobierno en el aire

Una cosa es el respaldo, con reservas, al estado de alarma y el reproche a los controladores, pero el Gobierno también es responsable del caos aéreo.

RODRÍGUEZ Zapatero pudo comprobar ayer que el apoyo de los grupos parlamentarios a sus decisiones contra los controladores fue compatible con un dura crítica a la gestión de este conflicto en los meses anteriores a la crisis del pasado fin de semana. Crisis que ya está en el Tribunal Supremo porque los controladores han recurrido los decretos de militarización y de estado de alarma. Será muy importante conocer la valoración judicial de estas medidas sin precedentes. En el plano político, el Gobierno se aferró a la gravedad de los perjuicios causados por el boicot aéreo para justificar tales medidas y buscó su exculpación responsabilizando al PP del convenio de 1999 con los controladores. Frente a esta nueva táctica de fuga, Rajoy estuvo particularmente eficaz al recordar a Zapatero que dicho convenio finalizó en diciembre de 2004 y que en seis años su Gobierno no ha sido capaz de sustituirlo por otro, de manera que, si los privilegios de los controladores se han perpetuado, la razón no es otra que la desidia del Ejecutivo. Igualmente certero estuvo Rajoy con la cifra de nuevas plazas de controladores convocadas por el Gobierno socialista, solo 150, frente a las mil del Gobierno del PP; y con la pasividad del Ejecutivo ante el incremento de vuelos y horas extraordinarias entre 2003 y 2009. El golpe retórico a cuenta de las palabras de Rubalcaba contra el ministro de Fomento, en 1999, remató una brillante intervención.

Zapatero ha recibido un generoso apoyo del PP a sus medidas de militarización y estado de alarma, pese a las reservas legales que se les pueden hacer. Y debe responder con humildad a ese apoyo, porque no hay motivos para jactarse de la gestión del conflicto con los controladores en los últimos meses, caracterizada por la ausencia de un plan de acción y de previsión. Si es cierto, como dijo Zapatero, que los controladores habían empezado a incumplir la «jornada aeronáutica» fijada en el decreto de agosto, deberá informar de lo que hizo Fomento para responder a esos incumplimientos; y si el real decreto aprobado el viernes 3 dice lo mismo que el decreto aprobado en agosto, ¿qué necesidad había de aprobar aquel? Pese a la estrechez del debate, Rajoy supo poner al Gobierno ante el espejo de sus contradicciones. El respaldo a la mano dura contra los controladores no va a significar un permanente estado de gracia, porque las responsabilidades políticas del Gobierno empiezan a ser evidentes.

ABC - Editorial