lunes, 13 de diciembre de 2010

Jack, el controlador. Por Félix Madero

Merecemos un Gobierno que no nos mienta, por supuesto. Y que piense un poco, también.

SI Jack el destripador viviera, ¿sería controlador aéreo? Me lo pregunto paseando por Londres, cerca de las calles en las que terminó con la vida de cinco pobres mujeres vecinas del barrio más mísero y violento de la época, el East End. Scotland Yard no resolvió el enigma, y a día de hoy no sabemos quién fue el destripador. En 1888 el East End era un laberinto de calles sucias y oscuras donde vivían miles de almas cuya existencia era inapreciable para el resto de londinenses. Era un mundo aparte, y eso que estaba muy cerca de la actual City. A toro pasado, la literatura vertida sobre los crímenes de Whitechapel salva al asesino y le otorga un don: sus crímenes obligaron a reconocer que Londres y sus autoridades tenían un problema. O sea, que fue el destripador el que puso en evidencia a unos gobernantes que nunca se ocuparon de una zona en la que raro era el día en que no moría un niño de hambre, un alcohólico en la cuneta, un viejo abandonado o una prostituta enferma.

Hasta aquí, lector, la licencia que me tomo con una historia que me ha llevado a mi país. Valga el relato para decir que tengo al colectivo de los controladores por gentes que, ni por asomo, tienen que ver con el monstruo londinense, por favor, quién puede pensar eso. Cierto que no tengo la mejor opinión de ellos, en realidad un escalón por debajo de la que tengo del Gobierno. El de Zapatero ha tenido suerte de encontrárselos en su camino: sus protestas han estado tan mal pensadas y ejecutadas que los españoles han reparado en los que controlan los aviones en el cielo y no en los que deberían controlar a los controladores. Pero eso está cambiando.

Como el mismo Jack el destripador, que mataba para satisfacer a la bestia que llevaba dentro, los controladores han parado España para llamar la atención de su situación: no somos esclavos, dicen. Y les creemos, por supuesto que les creemos. El asesino hizo que las autoridades repararan en el barrio más desdichado de Londres; los controladores, por si faltaran pruebas, han puesto frente a la opinión pública al Gobierno más diletante de la democracia. Y puede que el más mentiroso. Ya veremos en qué acaba la acusación de delito de sedición. Lo veremos cuando a la Fiscalía le venga en gana y termine la investigación para que intervengan los jueces.

El daño enorme, en realidad imperdonable, de los controladores tiene cada día que pasa y de forma palmaria a un primer perjudicado: el Gobierno, y con él un grupo de ministros aficionados —¿por qué seguimos pagando el sueldo del de Industria y Turismo?—, que han dejado bien expresado lo que son capaces de dar. Merecemos un Gobierno que no nos mienta, por supuesto. Y que piense un poco, también. Por cierto a Jack nunca lo descubrieron. Era malo, pero listo.


ABC - Opinión

El récord, la gloria, la muerte súbita: ¿hijos de la química?. Por Antonio Casado

Lo que nos faltaba. La química en el deporte, la corrupción en la política. Y aquí es inevitable la cita: “Sólo nos queda la Guardia Civil”. Como diría Carlos Herrera, mármol para esta frase del atleta Arturo Casado, uno de los sesenta que, con razón, no quieren ser confundidos con quienes hacen trampas en el deporte, en la política y en la vida. Un modo de asumir que vivimos entre tramposos -la trampa tiene las piernas más largas que la ley-, pero aún conservamos la capacidad para detectarlos antes de caer en la resignación.

Lo ocurrido con Marta Domínguez y cía nos hace pensar ahora, con tantos años de retraso, que tal vez lo de Barcelona (1992) no fue el resultado de las inversiones y la planificación. De repente, España se disparó en el ranking y de la noche a la mañana se convirtió en una potencia olímpica al quedar entre las seis primeras del mundo. Excelente balance de aquel famoso plan ADO (¿recuerdan?), que por primera vez en el deporte español planificó la presencia de psicólogos, nutricionistas y médicos en la preparación de los atletas, con inclusión de programas muy precisos para mejorar su rendimiento. Nada menos que 22 medallas. De la noche a la mañana, bien digo, porque cuatro años antes en Seúl (1988) había hecho un pobre registro de 4 medallas.


¿Todo empezó al regreso de Seúl, movidos por el imperativo de que nuestra reinserción internacional respondiese, también en el terreno deportivo, al tamaño y las aspiraciones de la flamante España democrática? Tendríamos ocasión de demostrarlo en Barcelona 92 y no era cosa de fracasar en aquel escaparate mundial de los nuevos españoles. ¿Fue entonces cuando se decidió echar mano de todos los recursos, y no solo económicos y deportivos, para estar a la altura de las circunstancias y hacer lo que seguramente ya se hacía en otros países para potenciar la competitividad de los atletas?
«¿Fue en Barcelona 92 cuando se decidió echar mano de todos los recursos, y no solo económicos y deportivos, para estar a la altura de las circunstancias?»
La pregunta ha dejado de ser herética desde que el jueves pasado conocimos la detención de 14 personas que se reparten acusaciones de doping, tráfico ilegal de sustancias dopantes y blanqueo de dinero. La pregunta no es herética si tenemos en cuenta que, como escribía ayer el colega Juan Carlos Escudier, solo la hipocresía servida en cantidades industriales permite aparentar que nos estamos cayendo del guindo.

Por el mismo precio, el del estupor ante el caso de Marta y ese entorno descrito en los medios de comunicación como un floreciente mercado negro de sustancias dopantes, es legítimo que la opinión pública también se pregunte si los records, la gloria, las victorias deportivas y las muertes súbitas son hijos de la química o la manipulación genética y no del esfuerzo natural, el sacrificio o el afán de superación del ser humano.

Son asuntos sobre los que se ha teorizado en casos precedentes, como el de la atleta americana Marion Jones, el ciclista francés Laurent Fignon o la nadadora alemana Kristin Otto, todos ellos juguetes rotos del deporte. A uno le rondan esas sospechas cuando habla con gente metida en este mundo y escucha que la testosterona, la H-G-H (hormona del crecimiento), la EPO, los péptidos (mezclados con ácido ribonucleico), etc., pertenecen al lenguaje diario en los ambientes deportivos de la alta competición. Y que en algunos casos, como en el del culturismo, está absolutamente generalizado el uso de estas sustancias adquiridas en ese mercado negro en el que, al parecer, se había metido de hoz y coz la reina del atletismo español como vendedora, por redondear su patrimonio económico. Qué lástima.


El Confidencial - Opinión

Educación. El Informe Pisa y Rubalcaba. Por Agapito Maestre

Salgan al foro público todos ellos, desde Maravall, que sin duda alguna fue el peor, hasta el muchachote que hay ahora, y digan algo. Hablen.

Muchas filosofías han brotado en la soledad. En la cueva de Andrenio, o junto a la estufa de Descartes, brotaron pensamientos decisivos para la humanidad. Se crearon principios que condujeron a los hombres en un andar y desandar caminos; a veces, esos principios fueron seductores por atrevidos y valientes, otras por elegantes y sencillos, y también otras nos gustaron determinadas nociones por fastuosas y deslumbradoras. Leo el Informe Pisa 2009 sobre la educación y me preguntó por los principios, los conceptos, las nociones, las ortodoxias, en fin, cuáles son las doctrinas por las que se dirige la educación, o mejor, la inexistencia de educación en España. No lo sé; lo desconozco.

Quizá en un ejercicio de cinismo podría decir todo lo contrario: conozco de modo exacto por qué hemos llegado a esta situación de desastre educativo. Sé incluso, en un ejercicio de cortesía con el PP, dónde está la caverna solitaria de la que salieron esas perversidades: el PSOE. Pero todo eso, siento decirlo, sería falso; en esta historia de la educación la caverna pepera también tiene responsabilidades; quizá menos que la socialista, sí, pero son ineludibles.


Yo, como otros millones de españoles, no sabemos, en verdad, los cientos de motivos, perversidades y atrocidades políticas que se han cometido para que nuestro país esté a la cola de la educación de la Unión Europea. Es, pues, necesario que reivindiquemos espacios de soledad para pensar de verdad cómo salir de este caos. El Informe Pisa 2009 es demoledor. Es la muestra dramática de una catástrofe terrible. La educación en España no levantará cabeza en décadas.

Hay, sin embargo, algo peor que ese Informe Pisa; se trata de la indiferencia y falta de responsabilidad de los políticos para comentar los datos de este Informe. A las jeremiadas y lamentos generales de los medios, se une el cinismo más descarado de los políticos. Todos pasan de puntilla sobre el asunto. En esta hora solitaria de búsqueda de principios, de explicaciones, lo primero que descubro es un sentimiento básico que me hace desconfiar aún más del futuro de nuestra educación. Todos son circunloquios, rodeos mentales, perífrasis para darse pisto de novedad, todo es bueno para mantenerse al margen del sentido común y de la razón... ¡Cualquier cosa, antes que aceptar lo obvio!

Y lo obvio es fácil de ver: muchos son los culpables de tal situación, pero, sin duda alguna, todos los ministros que han pasado por ese ministerio son culpables del estado lamentable de nuestra educación. Pocos se salvan. Ninguno. Salgan al foro público todos ellos, desde Maravall, que sin duda alguna fue el peor, hasta el muchachote que hay ahora, y digan algo. Hablen. No es necesario que entonen todas sus culpas, sino sencillamente que hagan "autocríticas"; por ejemplo, que les parece un mano a mano entre Rubalcaba y Rajoy, después de todo, los dos han sido ministros de la cosa. Ea, pues, coraje. Digan cuáles son los dos o tres principios que ellos utilizarían para limpiar las heces de la educación española.


Libertad Digital - Opinión

Wikileaks. Por César Alonso de los Ríos

Los diarios que firman la información de Wikileaks son terminales del repulsivo negocio de la organización delictiva.

Wikileaks es una organización delictiva de la información, y los diarios que con su prestigio la analizan, la firman y la venden son los terminales de ese repulsivo y criminal negocio. Digo, por tanto, que lo verdaderamente grave no es solo el robo de esa información por parte de Wikileaks sino su aprovechamiento por parte de algunos de los periódicos que se consideran y son tenidos como cimas mundiales del periodismo escrito. He visto mucho, he vivido mucho en relación con el ejercicio de la información pero nada tan nefasto y, sobre todo, tan asumido desde el punto de vista moral. Como si se tratara de una conquista cuando estamos ante una inmensa derrota.

Como verá el lector, el tono que estoy empleando es voluntariamente grave y podría ser calificado de insoportablemente retórico si no se tratara de la subversión de la libertad de información. No soy el primero en denunciarlo. Ni quiero dar esa impresión. Me gustaría ser uno más. Sería para mí un consuelo formar parte de una legión de periodistas críticos. Estaríamos, una vez más, ante una de esos asaltos que desde sus comienzos, y a lo largo de la historia del periodismo escrito, eran calificados como «muertes de la libertad».

Sabíamos que «la red» necesita regulación con urgencia; que esta es muy complicada; que exige un concierto universal y cualificado formado por juristas, moralistas, políticos, profesionales del periodismo; que habíamos entrado en una situación nueva y que podrían producirse muchos comportamientos indeseables respecto a los modos de conseguir información… Lo sabíamos pero no sospechábamos que «los nuestros» carecieran de fundamentos morales hasta este punto y pudieran llegar a colaborar con una organización de salteadores, menores de edad en muchos casos, con la justificación de la libertad de expresión frente a los Estados y sus métodos en la obtención de información.


ABC - Opinión

De cómo se pisotea la ley a cuenta del control del tráfico aéreo. Por Carlos Sánchez

El maniqueísmo es un viejo compañero de viaje de la clase política. El término alude al persa Mani, (216-277 d. c.), quien llegó a considerarse el último profeta enviado por Dios. Como tal, construyó una religión de carácter universalista (adaptable a todo tipo de etnias) que venía a ser una síntesis de las anteriores: budismo, cristianismo o zoroastrismo. El maniqueísmo -una de las religiones más perseguidas durante la antigüedad- era de carácter dual al plantear el universo como una dicotomía irrefutable entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas o la vida y la muerte. Dios o Satanás.

Realmente, sólo tuvo un par de pequeños episodios de esplendor. El primero, cuando Sapor I, segundo rey de la dinastía persa de los sasánidas, adoptó el maniqueismo. El segundo, algunos siglos después, cuando un rey mongol abrazó también la religión de forma oficial durante cuatro décadas. Dieciocho siglos después, el término todavía se utiliza en el lenguaje político. Fundamentalmente en relación a la existencia de estados autoritarios, en los que los gobernantes aplican con fruición la conocida dicotomía: o conmigo o contra mí. Los plebiscitos, en este sentido, son el paradigma del pensamiento simple y reflejan un sucedáneo de democracia directa que obliga al ciudadano -en ese caso al súbdito- a elegir entre dos opciones aparentemente antagónicas. Como si los matices de la realidad no tuvieran carta de naturaleza.


En coherencia con este esquema simplista de la acción política, el presidente del Gobierno ha querido plantear el conflicto con los controladores aéreos en términos maniqueos. Se pretende trasladar a la opinión pública que quién no respalde la estrategia gubernamental para limitar los privilegios de los controladores están realmente con ellos. Como si el asunto no tuviera multitud de aristas que es necesario precisar. No vaya a ser que el profeta Mani vuelva a reverdecer viejos laureles.

Dudosa constitucionalidad

El primer ‘matiz’ tiene que ver con la publicación el pasado sábado, 4 de diciembre, de un Real Decreto de muy dudosa constitucionalidad en al menos tres apartados. En primer lugar, al decretar que el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y las autoridades militares “que designe” [se entiende que el mando militar] adoptarán las decisiones “pertinentes” para asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos a afectados (el tráfico aéreo). Como ha señalado el ex magistrado del TC Pedro Cruz Villalón, la ley orgánica de 1981 que desarrolla el mandado constitucional de estado de alarma, excepción y sitio, aclara que “la autoridad competente” no es otra que “el Gobierno o, por delegación de éste, el presidente de la comunidad autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad».
«El presidente del Ejecutivo ha querido zafarse de una medida excepcional camuflándose detrás de un mando militar que legalmente no tiene competencias en un estado de alarma.»
Sin embargo, el presidente del Ejecutivo ha querido zafarse de una medida excepcional camuflándose detrás de un mando militar que legalmente no tiene capacidad para ello. Cabe interpretar que por dos razones: una para evitar la mala imagen de que pueda derivarse del hecho de que Zapatero sea el primer presidente al mando de un país en ‘estado de alerta’. Y dos, para dar sensación de dureza al colocar a un militar al mando de la toma decisiones en una situación excepcional.

El segundo punto que traspasa los límites constitucionales tiene que ver la mención que hace el real decreto de declaración del estado de alarma “al artículo 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea”, y que, según el BOE extraordinario del pasado sábado, estipula que “todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasan a tener, durante la vigencia del Estado de Alarma, la consideración de personal militar”.

Aquí estamos, realmente, ante un error de bulto. El artículo 44 de la citada ley -expresamente derogada y no sólo porque está publicada 18 años antes de la Constitución- habla de que los propietarios de los aeropuertos debían tener necesariamente nacionalidad española. Pera desde luego que la ley de 1960 no habla ni de controladores aéreos ni de nada parecido. Es un error de libro que casi una semana después de que se publicara la norma en el BOE no está subsanada. La norma que realmente habla de sanciones es esta Ley de Seguridad Aérea publicada en 2003. Es decir, 43 años después de lo que dice el Real Decreto publicado el sábado a media mañana.

Hay con todo, un tercer aspecto mucho más delicado. Y es el que se refiere a la militarización de empleados públicos (ya sean personal laboral o funcionarios). Como recuerda Cruz Villalón, la Ley Básica de Movilización Nacional quedó derogada con la entrada en vigor de la Constitución, que sólo permite la jurisdicción militar, como es sabido, «en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio». Y como se sabe, lo que ha decretado el Gobierno es el estado de alarma, el menor grado en términos de intensidad en cuanto a recorte de derechos básicos.

Cruz Villalón llega a la conclusión que el artículo 12.2 de la ley de 1981 supone “la incorporación ficticia de una serie de ciudadanos al ámbito estrictamente castrense» y, por lo tanto, puede ser considerada una disposición inconstitucional. Así de claro. Nos hallamos, sostiene, ante un supuesto en el que se reúne la situación de derogación de una norma preconstitucional con el carácter inconstitucional de una norma posconstitucional.

Una militarización bajo sospecha

¿Y qué es lo que dice el real decreto aprobado y publicado el pasado sábado? Pues que “todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasaran (…) a ser considerados personal militar (…) y en consecuencia sometidos a las órdenes directas de las autoridades designadas en el presente real decreto, y a las leyes penales y disciplinarias militares”.

Sin embargo, y como han señalado algunos constitucionalistas, aún pese al carácter no político que conlleva la declaración del estado de alarma -Cruz Villalón habla de una decisión políticamente neutra-, la ley ni siquiera prevé la limitación, y mucho menos la suspensión, de los derechos de huelga o de conflicto colectivo, por cuanto pueden estar precisamente en el origen de la propia declaración de alarma. Dicho en otros términos, los controladores no han visto mermados ninguno de sus derechos fundamentales (como es la huelga). La presunta dureza de la fiscalía con los controladores es, simplemente, un movimiento político.

La pugna entre controladores y Gobierno va mucho más allá, sin embargo, de un debate meramente constitucional. Tiene su origen en la legislación laboral que tradicionalmente ha servido como campo de juego pactado entre las dos partes. Y aquí, de nuevo, salta la liebre. El ministro Blanco no se cansa de repetir que el origen de los problemas tiene que ver con la existencia de un convenio colectivo firmado en 1999 -la elección de la fecha no es casual- que limitaba la jornada anual a poco más de 1.200 horas.
«La intervención del Estado no aceptó nunca los incrementos retributivos entre 1992 y 1999, periodo que afecta tanto a PP como a PSOE.»
En realidad, y como dice esta sentencia de la Audiencia Nacional -precisamente la que ayer esgrimió Zapatero-, en febrero de 1992 AENA y el sindicato mayoritario en el sector suscribieron un Estatuto de los Controladores de la Circulación Aérea, pactándose en su artículo 31 una jornada laboral de 1.200 horas. Ni una más ni una menos. Y a partir de ahí comenzaba a funcionar la caja registradora de las horas extraordinarias. Hecha la ley, hecha la trampa. Lo cierto es que ya desde 1999 controladores y Gobierno fueron pactando la prolongación de la jornada de trabajo, conscientes de que lo que habían firmado meses antes era papel mojado. No es un asunto baladí teniendo en cuenta que la jornada anual media por controlador se situó el año pasado en 1.750 horas anuales. Por lo tanto, un tercio más de lo pactado (a un precio superior en 2,65 veces la hora de trabajo ordinaria).

Lo curioso del caso es que la intervención del Estado no aceptó nunca los incrementos retributivos entre 1992 y 1999. Es decir, un periodo que afecta tanto al PP como al PSOE. Y el argumento que dio es que contravenían la legislación general de la administración al tratarse de empleados públicos. Estamos, por lo tanto, ante una ilegalidad manifiesta soportada por todos los gobiernos desde hace al menos 18 años.

Pero no sólo eso. Como dice la sentencia de la Audiencia Nacional, de la que fue ponente el magistrado Ricardo Bodas, el I Convenio colectivo –se está hablando del año 1992- “es un convenio “atípico” que contiene la regulación extremadamente pormenorizada de una relación laboral específica, cuyo denominador común consiste en que “se prima siempre los intereses de los controladores aéreos y nunca el servicio público de tránsito aéreo”.

Ese es el convenio que ha estado en vigor hasta 2004, aunque plenamente operativo hasta 2010, año en el que las relaciones laborales saltaron por los aires. De esos polvos, estos lodos en un campo minado de ilegalidades. Y como muestra una frase memorable dictada por la Audiencia Nacional. “AENA ha renunciado a sus derechos empresariales en materia disciplinaria en el art. 7, 2 del convenio, en el que se prohíbe sancionar o a incoar expedientes disciplinarios como consecuencia de accidentes o incidentes ATS (servicios de tránsito aéreo) o de acciones relacionadas con las atribuciones técnicas de los controladores, que quedan blindados, de este modo, ante cualquier tipo de actuación profesionalmente reprochable relacionada con estos eventos, que es indudablemente central para su actividad profesional.

Incluso, continúa la sentencia, habiendo renunciado también en el art. 18 del Estatuto a la retirada y escucha de los registros de grabación automática, salvo en supuestos muy excepcionales, perdiendo, por consiguiente, cualquier capacidad de control operativo real de la calidad del servicio, que blinda nuevamente a los controladores aéreos, siendo irrelevante, a estos efectos, que pueda examinarse cuando se haya abierto expediente disciplinario, puesto que el requisito constitutivo para poder abrir razonable y cabalmente expedientes disciplinarios pasa precisamente por poder controlar previa y legalmente la actividad profesional de los controladores. Como se ve, puro descontrol.


El Confidencial - Opinión

Nadie alarma a los muertos. Por Gabriel Albiac

Diez días exentos de ciudadanía, exentos de garantía constitucional. Y nadie alza la voz.

¡TANTO, al fin, para nada! Camino va de terminar el año. Y Madrid se nos trueca en este nudo de nubarrones zinc; un gris de estaño suelda el alma agrietada que se finge un nuevo inicio. Pero no es cierto; todo vuelve, no igual, algo más viejo. No hay eterno retorno, ya quisiéramos los pálidos humanos tener ese consuelo a nuestro caer sin épica en el tiempo, que es el mal, en formidable hallazgo de Ezra Pound. Y, en la melancolía navideña, que empieza ya a empaparlo todo en ese gris de zinc con el que el cielo de Madrid absorbe el alma, se cierra la metáfora primordial. Todas nuestras liturgias convenidas quieren exorcizarla. Pero no hay júbilo ni hojarasca luminosa que pueda acallar del todo la básica sospecha de que nada benévolo nos ha obsequiado el curso de estos meses. Somos más pobres, más tristes, mucho más desencantados. Hemos ganado, eso sí, sabiduría: pero no estamos seguros que valga el precio.

Hemos sido engañados. Lo sabemos. Con cinismo admirable, una banda de fríos sinvergüenzas exhibió ante nosotros el oropel más sobado: el del progresismo. En su nombre, prometieron todo. Disparates. Salvar de la miseria a aquellos mismos a los que su desvergüenza había hundido en una pobreza sin retorno. Ni una sola razón, ni un argumento apuntaló siquiera la exhibición de aquel delirio. Sólo impávidas promesas de haber apostado por la orilla buena de la historia: progreso, izquierda, sentido… Y eso tuvo más fuerza que todos los argumentos que mostraban, sin lugar a error ni duda, que caminábamos sin freno hacia la bancarrota. No es extraña esa unanimidad en dar creencia a lo más infantil de la mente humana: la fe en seguir el vector ascendente del sentido histórico. Un maestro al cual ahora nadie lee lo escribió en su glacial nota testamentaria: «la estabilidad de la religión viene de que el sentido es siempre religioso». Y, hoy, en España no hay otra religión vigente que la del progreso. De ella vivieron los asesinos del Gal como viven ahora los impecables analfabetos del estado de alarma.

No se pude vivir así. Seamos serios. En esta indiferencia desolada. No son los lerdos controladores quienes quedaron desprovistos de la plenitud de sus derechos ciudadanos el día 4. Fuimos nosotros. El estado de alarma no distingue entre buenos y malos: afecta a todos. Y seguimos así. Como si nada.

Yo recuerdo —tenía entonces dieciocho— el estado de excepción del 69. Vivíamos en una dictadura, así que tampoco era tanto lo que aquello cambiaba: el franquismo era un estado de excepción permanente. Lo vivimos, sin embargo, como un acto de guerra contra población civil. Eso era aquello. Eso es esto. Y que ahora vivamos en democracia no hace sin agravar la prórroga de un recorte en nuestros derechos, que suspende provisionalmente la plenitud constitucional. Que, por ejemplo, hace imposible realizar elecciones generales —esa epítome de la democracia— durante su vigencia.

Es el síntoma de una sociedad enferma. Pienso yo que terminal. ¿Quién sabe? Puede ser —¡ojalá!— que me equivoque. Diez días ya, exentos de ciudadanía, exentos de garantía constitucional. Y nadie alza la voz. Todos caminan, la cabeza gacha, bajo este cielo gris de zinc con algo de espejo de nuestra muerte.


ABC - Opinión

Wikileaks. Catalonian Connection. Por Emilio Campmany

La Barcelona cosmopolita y faldicorta de los 70 que presumía de estar más cerca de París que de La Mancha hoy es una especie de Nápoles en el que, debajo de un decorado de cartón piedra, es posible encontrar toda clase de podredumbre.

Lo de Wikileaks no es para tanto. La mayoría de los documentos filtrados no contienen más que banalidades recogidas a salto de mata en la prensa local. Pero llama la atención que los diplomáticos norteamericanos hayan descubierto algo que todos sabemos, pero de lo que no queremos hablar. Cataluña es el mayor centro mediterráneo de radicales islamistas. Y no sólo, sino que su puerto, a pesar de haber disminuido dramáticamente su actividad en beneficio del de Valencia, es una importante vía de entrada del tráfico de personas, drogas y dinero negro. Así pues, la Barcelona cosmopolita y faldicorta de los setenta que presumía de estar más cerca de París que de La Mancha hoy es una especie de Nápoles en el que, debajo de un decorado de cartón piedra probablemente diseñado por un mal imitador de Gaudí, es posible encontrar toda clase de podredumbre.

En los informes enviados a Washington se responsabiliza de esta situación y de lo poco eficaz que es la lucha de las autoridades a las fuertes rivalidades entre los servicios de inteligencia españoles, entre los que incluye el que se supone poseen los Mossos d’Esquadra.

En Washington no se limitaron a leer los informes, sino que decidieron instalar en su Consulado de Barcelona un centro de espionaje desde el que combatir estas amenazas toda vez que percibieron algún grado de incapacidad en nuestras fuerzas del orden. Y, al hacerlo, acordaron la necesidad de contar con la colaboración de las autoridades catalanas más allá de la que puedan tener del Ministerio del Interior.


Los nacionalistas catalanes llevan años empeñados en la propaganda del Freedom for Catalonia y del Catalonia is not Spain. Y al final, al otro lado del charco se han enterado de que, en efecto, Cataluña ya no es del todo España, pero no para ser algo mejor, sino para convertirse en algo peor.

Pero, ¿hay algo realmente nuevo en todo esto? Sabemos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han sido expulsados de Cataluña. Sabemos que el fomento de la lengua catalana y la persecución del español han conducido a atraer conscientemente a la inmigración magrebí y a desincentivar la latinoamericana. Sabemos que tenemos las leyes penales más permisivas de Europa, lo que atrae a aquí a toda clase de organizaciones criminales europeas. Sabemos que la necesidad de lavar el dinero negro de los negocios inmobiliarios de los políticos, con los que se financian nuestros partidos, ha hecho de nuestro país la mayor lavandería de dinero sucio de Europa. Sabemos que la necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos ha exigido no ser demasiado atentos a la hora de controlar el hachís que por aquí pasa con destino al resto de Europa. Sabemos que en España, pero especialmente en Cataluña, el dinero público que haría falta para combatir el crimen, se gasta en informes inútiles, que cobran asociaciones fundadas por los partidos, y en subvenciones arbitrariamente adjudicadas a empresarios amigos de los políticos. Sabemos, y lo saben los catalanes, que en Cataluña están peor que en el resto de España porque allí gobiernan los nacionalistas. Y sabemos que esto sólo puede arreglarse abriendo un proceso constituyente que empiece por achicar la elefantiasis que padece nuestra administración.

Ahora sabemos que los americanos también lo saben. Y parece que se han dado cuenta de que no vamos a hacer nada para remediarlo. No hay en ello ninguna novedad, pero no deja de ser triste leerlo negro sobre blanco en un informe redactado por un funcionario extranjero.


Libertad Digital - Opinión

Algo huela a podrido en.... Por José María Carrascal

En la política, en los negocios, en todas partes, el triunfar a cualquier precio viene siendo lo aceptado socialmente.

Se comprende la conmoción desencadenada en España al saberse que una de las atletas de más renombre se ha visto implicada en un caso de drogas, como antes lo fuera el mejor de nuestros ciclistas. Apareciendo tras ellos una trama cuyo alcance no llega a verse, lo que sólo aumenta la congoja. El deporte era uno de los campos en los que los españoles podíamos sentirnos más orgullosos. Con buenas razones: éramos campeones mundiales de fútbol, teníamos la primera raqueta de tenis, un hombre en el mejor equipo de baloncesto, medallas de oro en no sé cuántas competiciones atléticas, etc., etc. Los éxitos eran tales que incluso el resto de los estamentos del Estado se arrimaban a esos jóvenes triunfadores, en busca de contagiarse de su aura y hasta el presidente del Gobierno anunció en 2009 que asumía personalmente el Consejo Superior de Deportes y la Secretaría de Estado para el Deporte. Claro que lo hizo poco después de haber afirmado que habíamos sobrepasado económicamente a Italia y pronto lo haríamos a Francia. ¿Ha ocurrido lo mismo con el deporte? ¿Se trataba de una burbuja artificialmente hinchada? Esperemos que no, aunque lo más necesario hoy es aclarar cuanto antes los casos sometidos a investigación, para que la mancha no se extienda y las sospechas no aumenten.

La justicia nos dirá, primero, si hubo delito y, en ese caso, si se trata de casos aislados o de una trama más o menos generalizada. No pudiendo haber contemplaciones con los envueltos, de haberlos. Junto a esos atletas que pueden haber violado la ley y el código deportivo, hay otros muchos que los han respetado estrictamente y se han ganado sus triunfos a pulso. Ellos y ellas son las primeras víctimas de esta supuesta estafa, pues estafa es ganar por medios ilícitos.

Dicho esto, conviene hacer una reflexión de más alcance y nada alegre: ¿no ha sido ésa la tónica imperante en España durante los últimos años y aún décadas? ¿Acaso en la política, en los negocios, en la cultura, en todas partes, el enriquecerse rápidamente, el triunfar a cualquier precio, el conseguir lo que se buscaba sin respetar cualquier tipo de normas y leyes no viene siendo lo usual e incluso lo aceptado socialmente en nuestro país? Si a diario vemos y oímos sobre la trama Gürtel, sobre la del Palau de la Música, sobre nuestros ayuntamientos corruptos, sin que se salve ningún partido, excepto los que no alcanzan el poder, si hasta las Cajas de Ahorro se han convertido en cajas B de los políticos que las manejan, si, en fin, los últimos responsables tienen más interés en ocultarlo que en aclararlo, ¿por qué nuestros deportistas, o al menos algunos de ellos, iban a ser distintos?


ABC - Opinión

Controladores. La estirpe de Caín. Por José García Domínguez

Nosotros, los españoles, en todo tiempo prestos a anteponer el miope afán partidista por encima del interés general. Como las tribus bárbaras, refractarios a la más elemental solidaridad interna con tal de defender el acervo común.

La enésima extorsión al Estado de ese gremio medieval que se quiere ajeno a toda autoridad humana o divina, el de los controladores, de nuevo está dejando entrever lacras profundas, atávicas, de la sociedad española que algunos ingenuos creímos enterradas después de la Transición. La más venial, por cómica, quizá sea la inveterada afición del paisanaje patrio al arbitrismo en las más arduas cuestiones. De antiguo es sabido que, aquí, cualquier chisgarabís armado con una calculadora de bolsillo le imparte lecciones al primer premio Nobel que se ponga a tiro, tanto da que hablemos de astrofísica como de economía. Nadie se llame a asombro, pues, ante la súbita erupción de sesudos jurisconsultos que acaba de producirse igual en las barras de los bares que en las redacciones de los periódicos.

Así, ya no hay entre nosotros plumilla o tertuliano que, muy sobrado, se prive de sentar cátedra a propósito de los enrevesados matices de las leyes de navegación aérea y sus abstrusas imbricaciones tanto con el ordenamiento laboral como con el derecho constitucional autóctono. Un prodigio del saber ecuménico nada nuevo, por lo demás. Recuérdese al respecto aquella inflación de expertos en pilotaje de grandes petroleros que aconteció cuando lo del Prestige. Desde Manolito Rivas y Suso de Toro hasta la última reencarnación del almirante Nelson en Ferraz, todo el mundo parecía llamado a impartir magisterio sobre cómo gobernar naves de ochenta mil toneladas bajo un severo temporal y sometidas al errático capricho de los vientos cambiantes.

Un asunto trivial según parece, más sencillo aún que cubrir la quiniela, de creer a tamaña recua de cráneos privilegiados. Rasgo mucho más triste, sin embargo, es el del eterno particularismo celtíbero que también ha vuelto a aflorar estos días con esa crudeza tan arisca, tan hosca, tan rifeña, tan inconfundiblemente nuestra. Nosotros, los españoles, en todo tiempo prestos a anteponer el miope afán partidista por encima del interés general. Como las tribus bárbaras, refractarios a la más elemental solidaridad interna con tal de defender el acervo común. Incapaces de siquiera concebir otra política que no sea la de tierra quemada. Disparando a matar con furia y dispuestos a nunca hacer prisioneros siempre que el enemigo a batir, ¡ay!, seamos nosotros mismos. Nosotros, la triste estirpe de Caín.


Libertad Digital - Opinión

Treinta años después

A los treinta años de la caída del suarismo, España vive un peculiar ritornello de su propia experiencia histórica.

AUNQUE a los deudos de Adolfo Suárez les irrita cualquier comparación histórica con Zapatero, al que consideran carente de la generosidad y la grandeza del gran protagonista de la Transición, existe un hilo objetivo de similitud en el carácter audaz de ambos y en su inclinación por el aventurerismo político, esa tendencia a embarcarse en desafíos no controlados basándose en una intensa autoconfianza y en una especial habilidad para la improvisación. Ese paralelismo parcial, de moda durante la primera y triunfal etapa de poder zapaterista, se ha intensificado en los últimos años al producirse en torno al actual presidente un fenómeno de desgaste acelerado semejante al que acabó con la dimisión de su primer antecesor. Hubo un momento, a finales de 1980, en que Suárez perdió de golpe su seductor carisma de demiurgo y se convirtió en la diana de todos los conflictos de un país económicamente estancado e institucionalmente débil, hasta el punto de generar un repudio unánime que le identificaba como el problema esencial de aquella crisis de Estado. El proceso de desprestigio resultó extremadamente similar al que ahora ha triturado el liderazgo de Zapatero, si bien hay tres diferencias esenciales: el peligro militar, afortunadamente desvanecido en la España contemporánea; la solidez del Partido Socialista frente a aquella UCD descuartizada y, por último, la salida a través de la renuncia más o menos forzosa del responsable principal del colapso.

Salvadas las distancias circunstanciales, la escena pública española vive ahora pendiente del momento en que Zapatero acabe de aceptarse a sí mismo como el eje de un bloqueo político que compromete la estabilidad de la nación y las perspectivas electorales de su partido. A estas alturas nadie parece dudar, ni dentro ni fuera del PSOE, de que haya interiorizado ya su propio descarte como candidato; la incógnita consiste en primer lugar en saber cuándo lo hará público, y en segundo término en si ese paso atrás implicará también una retirada inmediata del poder que cierre el círculo plutarquiano de la analogía suarista. En favor de esta última hipótesis cuenta el protagonismo creciente de un Pérez Rubalcaba que cada vez reúne un más acusado perfil de heredero de emergencia y en cuyo rostro de apesadumbrada gravedad se encarna a día de hoy el fantasma de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Treinta años exactos después del comienzo de la caída del suarismo, España vive en todo caso un peculiar ritornellode su propia experiencia histórica. La aventura equinoccial del zapaterismo se precipita hacia el fracaso en medio de un fragor de conspiraciones y dudas. El país a la deriva, las instituciones bloqueadas, la oposición a la espera y el presidente hundido. Tratándose de Zapatero, sin embargo, el margen de sorpresa nunca es descartable. Está escrito que las tragedias históricas suelen repetirse como farsas.


ABC - Opinión

Treinta años después. Por Ignacio Camacho

Freno al Estado de Alarma

El Gobierno mantiene una escrupulosa reserva sobre si prorrogará el Estado de Alarma decretado el pasado 4 de diciembre. El ministro José Blanco anunció ayer que será mañana, ante los diputados presentes en la Comisión de Fomento del Congreso, cuando responda a todas las interrogantes. Da la impresión de que el Ejecutivo se mantiene en una vacilación permanente hasta el último minuto sobre cómo reconducir un conflicto que jamás debió llegar a esta situación, y que provocó la crisis aérea más grave que ha sufrido España. La falta de certidumbres y las sospechas de que de nuevo la situación deambula en el alambre de la improvisación agudizan la percepción de que el Gobierno no sabe cómo salir del apuro y teme unas vacaciones navideñas con sobresaltos en los cielos. La realidad es que, tras el motín de los controladores y su indiscutible y grave responsabilidad en el colapso que atrapó a cientos de miles de personas de la que tendrán que responder, estamos prácticamente como estábamos no ya el 4 de diciembre, sino en febrero con el decreto llamado a dar la puntilla a la rebeldía de los controladores o, si se apura, en 2004, cuando el Ejecutivo denunció el convenio colectivo, origen del contencioso. Seis años malgastados y de ineficiencia con supuestas soluciones improvisadas en tres decretos en el último minuto para recurrir finalmente al Ejército.

José Blanco, desde luego, tiene mucho que explicar. Todo lo que el presidente del Gobierno fue incapaz en su comparecencia en el Congreso sobre la negociación del nuevo convenio, la homologación de los controladores militares, la frustrada contratación de controladores en el mercado internacional o los procesos de formación de los nuevos profesionales. Pero sobre todo tiene la obligación de zanjar una medida de excepción que fue adoptada, no lo olvidemos, en respuesta a un conflicto laboral como hay tantos en la Administración.

Entendemos que el Gobierno, en general, y José Blanco, en particular, deben ser conscientes de que el Estado de Alarma no es una iniciativa más sin mayores consecuencias o alcance. No es así. Estos días, en los que se ha conocido además por informaciones de LA RAZÓN que el Gobierno tenía infiltrados entre los controladores y que pudo poner en marcha una negociación urgente en vez de recurrir a medidas de excepción, han crecido las dudas constitucionales sobre la conveniencia de la aplicación del Estado de Alarma, previsto para hacer frente a catástrofes naturales, crisis sanitarias o severo desabastecimiento de productos básicos, lo que parece no encajar con lo acontecido. En cuanto a la militarización de los controladores sólo estaría contemplado constitucionalmente en el Estado de Sitio.

El PP ya anunció que es muy dudoso que se sume a la ampliación de esta situación «excepcional» en la que se limitan derechos constitucionales y se requiere la salvaguarda del Poder Judicial. No existen argumentos que sostengan la prórroga de un instrumento lesivo para la normalidad democrática, más allá del temor de un Gobierno incapaz de afrontar con éxito una negociación laboral y sindical por complicada que sea.


La Razón - Editorial

Obama, en dificultades

Cunde la impresión entre las filas demócratas de que el presidente comienza a dar bandazos

El avance de los republicanos en las elecciones de noviembre hizo que Barack Obama tuviera que revisar la agenda con la que llegó a la Casa Blanca, dando prioridad a la política interior sobre la exterior y aparcando sus proyectos más reformistas. Pero un giro económico que podría dar resultado pensando en las próximas presidenciales está teniendo consecuencias inmediatas en las propias filas del presidente. La pasada semana, los demócratas decidieron rechazar en la Cámara de Representantes los planes de Obama para prorrogar el recorte fiscal que puso en marcha su predecesor, y que concluye este año.

Más que una derrota de efectos irreversibles, es una advertencia para los dos años que restan al mandato presidencial. La Cámara que votó contra la propuesta de Obama será renovada en breve y los demócratas que se han opuesto a su líder han pretendido dejar constancia de que no suscriben la estrategia de respuesta a la derrota de noviembre. De ahí que no surgiera ninguna propuesta alternativa en la Cámara, sino un rechazo a los términos en los que Obama presentó la iniciativa. Los demócratas consideraron que se trataba de una concesión excesiva a los republicanos, puesto que renunciaba a una de sus más importantes promesas electorales.


Si Obama ha decidido reconsiderar su posición sobre el recorte fiscal es, en gran medida, porque las elecciones de noviembre introdujeron un alto componente ideológico en la política estadounidense. Las acusaciones de estar llevando al país por la vía del socialismo que se dirigen contra Obama han tenido más eco del que cabría esperar de un eslogan tan llamativo como manifiestamente irreal. Aumentar la fiscalidad o, como en este caso, no prorrogar su recorte, ofrece una inmejorable baza propagandística a los republicanos, que desde noviembre vienen repitiendo la idea de que el gasto del Gobierno federal es excesivo. Mientras que la Casa Blanca ha tratado de cerrar este flanco, los demócratas han considerado que este brusco giro agravará el problema del déficit, sin que contribuya a mantener la fidelidad de su electorado. Tras el rechazo del Congreso, la propuesta de Obama se votará esta semana en el Senado, donde ya se han iniciado las escaramuzas entre republicanos y demócratas.

Es probable que Obama pague un alto coste político sea cual sea el desenlace del debate en curso sobre la fiscalidad. Si impone su criterio inicial, porque lo habrá hecho desdiciéndose de una promesa electoral en la que marcaba una clara diferencia con su predecesor. Pero si no consigue llevarlo adelante aparecerá como un presidente cuestionado desde sus propias filas. Esta es la impresión que se va abriendo camino entre los votantes demócratas, cada vez más decepcionados con la lentitud de las reformas y la actitud vacilante con la que el presidente se enfrenta a los obstáculos. Los republicanos han logrado movilizar a su electorado, en especial tras las elecciones de noviembre. Entre los demócratas, por su parte, cunde la impresión de que Obama ha comenzado a dar bandazos.


El País - Editorial

Rubalcaba, lo peor del felipismo y del zapaterismo juntos

Si Rubalcaba y todas sus legiones de propagandistas compiten contra Rajoy, bien podría salir derrotado de los comicios. Lo cual sólo sería la prueba última del nivel de descomposición institucional en el que se encuentra sumido nuestro país.

Rubalcaba es sin lugar a dudas el político más siniestro de este nefasto Gobierno; una persona que ha hecho de la mentira su principal arma de combate y que, poco a poco, ha ido copando todos los resortes de poder del Estado. Su carrera pública debería haber concluido el mismo día en que enterró para siempre su credibilidad al negar, como portavoz del Gobierno felipista, la existencia de los GAL. Pero Rubalcaba no desapareció de la política, sino que siguió instalado en ella, a la espera de tiempos mejores, como diputado por Madrid y secretario de Comunicación del PSOE.

Y esos tiempos mejores le llegaron de la mano del 11-M, momento en el que dio rienda suelta a sus más bajos instintos y maneras, demostrando ser un experto manipulador sin escrúpulos. Rubalcaba, cabalgando a lomos de la falsedad, gritó aquello de "España no se merece un Gobierno que mienta" y, mediante el aprovechamiento electoral del atentado más sangriento de nuestra historia, logró que el PSOE regresara a La Moncloa.


Tras un breve período como portavoz socialista en el Congreso, Zapatero volvió a confiarle otra de esas execrables tareas propias de las cloacas del Estado en las que tan a gusto se mueve como es el proceso de rendición ante ETA. Al frente del Ministerio del Interior, dirigió las negociaciones encaminadas a desarticular el Estado de derecho de acuerdo con el guión marcado por la banda terrorista. Sólo el atentado de la T4 evitó que pudiese completar la infamia, lo cual no le impidió desde entonces continuar negociando con los criminales para reanudar la farsa tan pronto como la opinión pública se olvidara del fiasco de la anterior tregua trampa.

Desde Interior también ha sido el responsable de otros inquietantes episodios como el chivatazo del bar Faisán o la acumulación de una extraordinaria capacidad de espionaje y de cacería política gracias a Sitel y a su súper comisario judicial Juan Antonio González. Demasiado poder en unas solas manos que Zapatero acabó de completar hace dos meses entregándole la Vicepresidencia primera y la Portavocía del Gobierno, esto es, elevándole a la categoría de presidente de facto.

No es de extrañar, pues, que las sospechas de que pueda suceder a Zapatero comiencen a extenderse y que incluso el PP apunte la necesidad de convocar elecciones anticipadas ante la ilegitimidad de que Rubalcaba ejerza como aquello para lo que no ha sido elegido por el pueblo soberano.

El problema es que, a día de hoy, Rubalcaba, a diferencia de Zapatero, sí podría ganarle las elecciones a Rajoy. No porque mereciera esa victoria ni mucho menos; al contrario, probablemente sea el político en activo que acumula mayor cantidad de motivos para una dimisión inmediata. Sin embargo, teniendo a su disposición el BOE, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Sitel, algunos de los medios de comunicación más importantes del país, la Fiscalía, gran parte de los juzgados, otros ases en la manga cuya existencia todavía desconocemos y, sobre todo, su ingenuo manipulador, el PP, pese a la que está cayendo, podría tenerlo difícil para ganar.

Rajoy ha apostado su futuro político a que Zapatero volverá a ser candidato; no ha hecho oposición contra las ideas sino contra la desastrosa gestión de un hombre. Así, si Rubalcaba y todas sus legiones de propagandistas compiten contra él, bien podría salir derrotado de los comicios. Lo cual sólo sería la prueba última del nivel de descomposición institucional en el que se encuentra sumido nuestro país. Desde luego, España no se merece un Gobierno que mienta, esto es, un Gobierno con Rubalcaba al frente, pero si la oposición no empieza a cambiar de estrategia para evitarlo, podríamos terminar padeciendo un Gabinete encabezado por lo peor del felipismo y del zapaterismo juntos.


Libertad Digital - Editorial

Futuro alarmante

España está fuera del «top ten» de las grandes economías del mundo, y las previsiones reducen en dos tercios nuestro papel en la economía para 2030.

MIENTRAS algunos políticos oportunistas juegan sus bazas a corto plazo, la sociedad internacional afronta el siglo XXI como un ambicioso juego de ajedrez político, económico y geoestratégico. Estados Unidos, la UE y Japón sufren el desafío de las potencias emergentes y de otros países —sobre todo asiáticos— que tienen mucho que decir en el presente y en el futuro. Las perspectivas no pueden ser más alarmantes. España está ya fuera del «top ten» de las grandes economías del mundo, y las previsiones de los expertos reducen en dos tercios nuestro papel en la economía internacional para 2030. Hoy informa ABC sobre el documento elaborado por la consultora Goldman Sachs, que merece ser leído con la máxima atención. Todos los «grandes» de la UE, especialmente Alemania, verán reducido su peso específico ante los nuevos «gigantes» que reproducen a ritmo vertiginoso el milagro económico que tuvo lugar en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, que el secreto del éxito se debe en buena medida al rigor presupuestario y la disciplina fiscal, así como a un potencial demográfico espectacular, en contraste con el estancamiento de las viejas potencias.

A medio plazo, la clave está en la consolidación del Estado de Derecho y los principios democráticos en países que están generando unas fuertes clases medias pero carecen de instituciones sólidas y sufren el lastre de una larga tradición autoritaria. Igual que el resto de Europa, pero todavía con más motivos, España tiene que despertar cuanto antes para asumir que la fiesta se acabó y hay que trabajar duramente con el fin de afrontar un reto de grandes dimensiones. El localismo de vía estrecha y el partidismo para salir del paso «como sea» conducen directamente al abismo. Por supuesto, nuestro sistema educativo exige una reforma urgente en favor de la calidad y la excelencia, porque la sociedad del conocimiento y de la información nos obliga a competir con adversarios que han tomado la iniciativa. El futuro ya está aquí, y la sociedad española tiene que hacer caso a las voces sensatas que reclaman un cambio de rumbo en la política, la economía y el sistema de valores. Cerrar los ojos a la realidad es siempre una actitud suicida.


ABC - Editorial