viernes, 17 de diciembre de 2010

ZP mantiene los apoyos. Por César Alonso de los Ríos

El Gobierno y el PP se retrataron ayer en el Parlamento. Los dos. A placer. Es verdad que fue el Gobierno quien llevó la iniciativa pero también lo es que el PP no rehuyó el desafío. Se diría que los dos tenían un gran interés en aprovechar el debate sobre la prórroga del estado de alarma en los aeropuertos para definir su imagen. Porque el uno y el otro han querido dejar bien claro, en este clima preelectoral que estamos viviendo, cuál es su naturaleza política, qué se puede esperar de cada uno de ellos y en un punto tan decisivo como es la aplicación de una medida excepcional como es el estado de alarma. Los dos han tenido un gran interés en que los futuros votantes recuerden las posiciones de cada uno de ellos en 2012 si es que no se adelantan las elecciones generales. Pienso que sería aventurado asegurar quién pueda sacar ventaja electoral de este trance y yo no pretendo entrar aquí a discutir cuál de los dos partidos pudo tener razón ayer sino en qué medida las posiciones sobre la aplicación del estado de alarma en los aeropuertos han podido favorecer más a uno que a otro.

Ayer el Gobierno socialista quiso vender autoridad, dureza y seguridad, y el PP quiso distinguirse por el espíritu de diálogo, riesgo y capacidad de gobierno. Se diría que los dos partidos vienen a romper, una vez más, los comportamientos que se les debería suponer habida cuenta su ideología. Y digo «una vez más» porque en relación con la congelación de las pensiones el PP la calificó como la expresión más antisocial de la democracia. Se entendió por ello que trataba de justificar la huelga general de CC.OO y UGT. Ahora critica al Gobierno socialista porque vende seguridad mediante una medida «anticonstitucional». ¿No será que Rubalcaba quiere hacer gala de mano de hierro contra ETA?

Algo no le salió bien al PP. ZP volvió a conseguir mayoría parlamentaria con CIU, el PNV y CC.


ABC - Opinión

Necedad. La soberbia política. Por Agapito Maestre

Los españoles no hablan para comunicarse, discutir estimaciones y opiniones, sino para perdonarse la vida.

Quiero escribir sobre la soberbia. Lejos de mi la originalidad sobre una cuestión vital, casi de supervivencia personal y filosófica, como es la soberbia. Un asunto, por otro lado, que es menester tratarlo antes con sencillez, espontaneidad y a la buena de Dios, que con rebuscada humildad de "filósofo" original. De pacotilla. ¿Qué es la soberbia? Un pecado capital. El peor de todos, según Dante. Ahí estamos.

Quiero escribir una columna que me acercara a una "fenomenología" de la soberbia, es decir, a una sencilla descripción de la soberbia española. Pero estoy desbordado por la cantidad de casos empíricos que me ofrece la coyuntura histórica del llamado zapaterismo. Por todas partes está la soberbia. La soberbia lo contagia todo. Basta salir a la calle y darnos de bruces con ella. Basta asistir a una tertulia de radio para que nos topemos con ella. Basta oír hablar a un español con otro para asistir al espectáculo más soberbio que puede ofrecernos la soberbia: hablamos con retintín, con chilindrinas, con nuestro interlocutor; el tratamiento con el otro es un enfrentamiento.


Tú eres, te dicen a modo de chascarrillo, así y así... La soberbia es frotar, tirar, contra el prójimo para ofenderle. Hablar en España no es una ayuda, una vocación o estímulo para que el otro saque lo mejor de sí, sino una ofensa. El soberbio convierte su vida en un permanente reproche para que el otro se abandone, no se estime, y termine por reconocer que no existe la autoestima ni la excelencia. El soberbio no admite, no aguanta, que el otro pudiera ser un poco más sabio que él sobre algo. El soberbio ofende y jamás promociona lo mejor del otro. Miremos, pues, a nuestra realidad. Mirémonos con serenidad y veremos inmediatamente que la soberbia es, además de capital, un pecado nacional. Es el gran pecado de los españoles. Los españoles no hablan para comunicarse, discutir estimaciones y opiniones, sino para perdonarse la vida. Rubalcaba podría una buena figura, o mejor, un buen compendio de la soberbia de todos los españoles. Esa soberbia la encontramos a todas horas y en los más distintos ambientes.

Pero hay algo peor que esa soberbia bronca y chulesca: la soberbia rebuscada. Es la soberbia del Gobierno decretando y prolongado el Estado de alarma. Es soberbio Bono abroncando a los diputados por ausentarse unos minutos del Congreso. Es soberbia la señora Chamosa al declarar que no entiende su reforma de las pensiones. Es soberbio Rubalcaba llamando infame a quienes le preguntan por el caso Faisán. Es soberbio Rajoy preguntando a Zapatero si va a ver más recortes sociales. Todos, pues, reflejan la peor de las soberbias. La fingida. Es una falsa soberbia. Es la que abunda entre nuestros políticos. Es, sí, la astucia de los necios. Fingiendo tenerse por genios o soberbios, decía el bueno de Unamuno, quizá haya alguien que a fuerza de oír que estamos ante un genio soberbio llegue a creérselo. Falso.

Son unos majaderos que rebuscan y rebuscan fingir soberbia. La necedad, sin embargo, persiste a través de lo trillado, de los lugares comunes y lo políticamente correcto. ¿Pereza? No, no, es soberbia. Es, reitero, la soberbia del necio. Pues eso, amigos, estamos, vivimos, en un país de necios; o acaso no les parece una necedad darle una medalla a un "cantamañanas", como Sabina, que humilla con sus palabras la dignidad de un premio... Sí, sí, queridos lectores, la señora Aguirre le da una medalla a Sabina y éste la humilla diciendo: "Si dan una medalla a un artista de la ceja, ahora tendrían que dársela a un controlador aéreo".

En fin, entre soberbios y necios anda el juego.


Libertad Digital - Opinión

Cambio de culpable. Por José Antonio Navas

Primero fue Bush, luego los mercados y todo hace indicar que en adelante será Merkel la que atraiga las críticas del Gobierno socialista en su afán de justificar como sea la inoperancia ante la crisis. Zapatero exige siempre una cabeza de turco en la que expiar sus responsabilidades y la canciller alemana viene al pelo en la nueva Europa a dos velocidades que va a surgir de la actual cumbre de Bruselas.

Después de sacar adelante la prórroga del estado de alarma, el presidente español ha vuelto por donde solía, con un ejercicio típico de voluntarismo, para convencerse a sí mismo y a sus incondicionales de que el Consejo Europeo iba a ser lo más parecido a un paseo militar. Error de vista o falta de tacto porque Alemania no está por la labor de suavizar las condiciones de los futuros procedimientos de rescate en el Viejo Continente. Más bien al contrario, la praxis germana se orienta hacia un reparto más equitativo de los daños, en sintonía con las tradicionales suspensiones de pagos en el mundo corporativo, donde cada palo ha de aguantar su vela y los acreedores financieros tienen también que sufragar la parte correspondiente del eventual quebranto.

En Europa se ha acabado lo que se daba y la consecuencia la va a pagar en primera instancia el Tesoro Público, que ya ha tenido que afrontar un sobrecoste de refinanciación que le ha obligado ayer a pagar la subasta de deuda a un tipo de interés desconocido en los últimos diez años.

Los inversores han decidido trasladar a precio el mayor riesgo que han de asumir, por lo que España necesita apresurar la catarsis económica si quiere recuperar el crédito internacional y evitar una debacle financiera en los próximos meses. El Gobierno debe cambiar rápidamente el diapasón de su estrategia política ante la crisis porque ahora es más importante encontrar soluciones que buscar culpables.


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El euro no es sólo una moneda. Por Florentino Portero

Lo que la canciller Merkel está planteando es lo que Mitterrand no quiso ver: Alemania renunció a ser una gran potencia a cambio de crear una gran Europa con una moneda común fuerte. Los alemanes cumplieron su parte y ahora nos toca a los demás.

En estos últimos días los lectores de Libertad Digital hemos podido leer unos cuantos excelentes artículos sobre la crisis del euro y su efecto en el proceso de construcción de una Europa Unida. Quisiera sumarme a esa reflexión desde una perspectiva distinta, la propia de un historiador.

El euro no nació, como se nos repitió hasta la saciedad, por un chute colectivo de fervor europeísta, resultado a su vez de la maduración de una economía común que, de hecho, en cuarenta años no había sido capaz de establecer un mercado único. La realidad fue muy distinta. Cuando jóvenes del Este comenzaron a presionar sobre el dique levantado por la Unión Soviética, Mitterrand y Thatcher pidieron a Gorbachov que mantuviera en pie el Muro de Berlín, porque el equilibrio continental bien valía que unos cuantos millones de europeos continuaran disfrutando del socialismo real. El último de los mandatarios de la URSS se negó a asumir esa responsabilidad histórica, lo que abrió la puerta para que esos europeos pudieran recuperar su libertad y, de paso, voló el equilibrio continental establecido en la postguerra.


La incorporación de los cinco lander orientales a la República Federal de Alemania suponía la emergencia de una gran potencia, superior a cualquier otra en Europa, dotada además de un extraordinario potencial económico y de una gran influencia sobre algunos de sus estados limítrofes. Si se permitía que el proceso siguiera adelante ya nada volvería a ser igual, algo que parecía no preocupar a Estados Unidos, pero que preocupaba y mucho a buena parte de la elite continental. Para evitar la emergencia de una gran Alemania, que actuaría como eje en torno al cual giraría toda la actividad europea, Mitterrand ideó una huida hacia delante que con el tiempo se daría en llamar Tratado de Maastricht. El presidente francés convenció al canciller alemán de que o se daba el salto político en la construcción de una Europa Unida o ya sería imposible, precisamente por el peso que tendría la Alemania unificada. La clave de Maastricht, lo que interesó especialmente a Mitterrand, fue la renuncia alemana al marco en beneficio de una moneda común.

Una moneda es, como han recordado los analistas económicos de este periódico, un instrumento de soberanía. Trataré de contener la tentación de perderme en ese tema para no salirme del debate europeo. Una moneda europea debe primar unos intereses sobre otros y aquí estriba el ejercicio de soberanía característico del estado. Mitterrand, que fue un trilero revestido de grandeur gaullista, trataba de ganar tiempo y de evitar la plena unificación alemana. El problema de la moneda única llegaría más tarde y ya se vería cómo se afrontaba. Él nunca se tomó en serio la creación de una Europa realmente unida; como tantos otros franceses veía el proceso de convergencia como un instrumento de proyección del poder francés. Desde luego, en sus planes no estaba convertir el marco en el euro, elevando a europeos los criterios que habían venido rigiendo las políticas monetaria y financiera de Alemania. El tiempo transcurrió, llegó el momento, se hizo la chapuza y aquí nos encontramos. De aquellos barros, estos lodos.

La moneda requiere de los fundamentos de la soberanía y de eso se está discutiendo. Alemania no está dispuesta a correr con las deudas ajenas, como es normal. Ni sería justo, ni sensato, ni inteligente hacerlo. Lo que la canciller Merkel está planteando es lo que Mitterrand no quiso ver: Alemania renunció a ser una gran potencia a cambio de crear una gran Europa con una moneda común fuerte. Los alemanes cumplieron su parte, ahora nos toca a los demás, empezando por los franceses.

De esta crisis se puede salir desmontando el proceso iniciado en Maastricht, renacionalizando, desarrollando el proceso, comunitarizando; o haciendo de aprendiz de brujo, posponiendo la toma de decisiones. Tiempo al tiempo.


Libertad Digital - Opinión

La pierna o la vida. Por Hermann Tertsch

La indemnización de 3 millones de euros por una pierna a Madina y de 70.000 por la vida de un general es peor que un agravio.

AL final van a tener razón quienes dicen que en este país ya no se irritan más que los marcianos. Ya no debe de ser siquiera pasotismo, mera indolencia o resignación. Debe de ser un fenómeno colectivo de desactivación de la sensibilidad de los individuos. Parece que la sociedad española, sumida en sus cuitas particulares, angustiada por la precariedad de sus existencias personales y familiares, es incapaz ya de indignarse ni frente a la peor indignidad o injusticia. ¡Qué prácticos, Dios mío, que sólo nuestro bolsillo logra motivarnos! O deprimirnos. Si no llega a ser por la crisis económica, es posible que aún tuviéramos contenta con el Atila de León a una mayoría de los españoles, indiferente ante la impostura y la fechoría.

Como ven, yo sí me sigo irritando por la falta de irritación de los españoles, por su indiferencia ante tanta tropelía e injusticia. Hoy sólo les hablaré de una, que resulta insólito no haya generado una ola de indignación nacional. El general Justo Oreja fue asesinado por ETA en el año 2001. El 28 de junio de aquel año, una bomba colocada en una bicicleta junto a su domicilio de Madrid le causó gravísimas heridas. Murió un mes de sufrimiento más tarde, el 29 de julio. Ahora, tras el juicio a los dos terroristas acusados como autores de aquel crimen, se ha dictado la indemnización que habrá de cobrar su familia. La Audiencia Nacional ha estipulado que la viuda reciba 70.000 euros y los cuatro hijos 20.000 cada uno. Total, 150.000 euros. Es ya una cifra muy alejada de los 750.000 euros que recibieron hace tan sólo un mes la viuda y la hija de Manuel Indiano, concejal de Zumárraga también asesinado por ETA. Pero ese agravio comparativo es una pequeña broma ante el insulto que espera a cualquiera que busque criterios aplicados. Porque resulta que si la pobre familia de Justo Oreja recibe la mínima, la máxima indemnización jamás otorgada por un tribunal a una víctima de ETA —¡tres millones de euros!— la recibió Eduardo Madina, flamante secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso.

Madina perdió una pierna hasta la rodilla en un atentado, lo que todos lamentamos. Pero el señor Madina hace vida prácticamente normal y tiene comprobadas energías para ganarse su muy sabroso sueldo parlamentario mejorado. Hace buena vida social política y tiene siempre ganas y fuerzas para insultar a la oposición del PP, a la que parece considerar más peligrosa que a los amigos de la banda que le puso la bomba. La indemnización sin precedentes de tres millones —¡43 veces la indemnización a la viuda del general Oreja!— se justifica en el escrito con los «padecimientos físicos y psíquicos» y que el atentado le impidió seguir como profesional en el equipo de voleibol. ¿Pretende quizás alguien que los padecimientos psíquicos de la familia de Oreja fueron leves? ¿O leve su sufrimiento físico con la mitad del cuerpo quemado agonizando un mes? Que este escándalo pase inadvertido, que no provoque furia, es peor que triste. Y no para la viuda del general Oreja. Para todos nosotros.


ABC - Opinión

Controladores. ¡Deroguen la alarma y decreten la felicidad!. Por Guillermo Dupuy

Podemos simular normalidad derogando ya el estado de alarma, pero no por ello la normalidad se habrá efectivamente restablecido. Claro que a algunos les puede bastar el compromiso firmado de muchos de los delincuentes de no volver a las andadas.

Hay quien se pregunta retóricamente qué hubiera dicho la izquierda, en general, y el PSOE, en particular, si hubiera sido un Gobierno de derechas el que hubiera proclamado el estado de alarma tras el histórico, liberticida y delictivo caos provocado por los contralores aéreos. Pues seguramente habrían dicho las mismas sandeces que se están diciendo desde los sitios más insospechados contra la decisión del Gobierno de Zapatero de aplicar esta medida excepcional que contempla nuestra Carta Magna. Para mí la declaración y la prórroga del estado de alarma, lejos de una proclamación fascista, no es más que el reconocimiento más claro del desastre de este Gobierno.

Ojalá este Gobierno y los anteriores no hubieran privado al Estado de Derecho de los mecanismos normales que este debería conservar para poder preservar o restablecer la libertad del tráfico aéreo sin necesidad alguna de pedir para ello ayuda a los militares. De haber tenido el Estado de Derecho a su disposición mecanismos normales para dicho ámbito, estoy seguro de que los controladores nunca se hubieran atrevido a tanto; y, desde luego, de haberse atrevido, ahora no seguirían ejerciendo de tales bajo control militar, sino que estarían en la puta calle, en libertad condicional a la espera de ingresar en prisión, y con su patrimonio embargado para pago de daños y perjuicios.


No digo yo que, con el tiempo, no se pueda restablecer el debido y normal funcionamiento del Estado de Derecho y, con esa normalidad, el objetivo de que estos sinvergüenzas paguen como deben por sus delitos. Pero por culpa de este gobierno, poner a día de hoy en ejecución los mecanismos normales de un Estado de Derecho para que los controladores paguen por sus delitos –tal como su inmediato despido– supondría, tal y como he señalado en ocasiones anteriores, estar abocados a un caos tan liberticida como indefinido. Y ello por la sencilla razón de que, a día de hoy, todavía no hay personal suficiente que pueda sustituir como controlador a los delincuentes que tienen que seguir en su puesto laboral manu militari.

Para establecer el normal funcionamiento del Estado de Derecho en el tráfico aéreo hay que acabar primero con los anormales privilegios que otorgan una alarmante impunidad a los controladores tanto como les garantizan sus disparatadas retribuciones. Las escandalosas retribuciones de este tipo de trabajadores no es que puedan ser criticadas, es que de hecho lo son por todas las escuelas de pensamiento liberal; no porque sean salarios altos, sino porque son fruto de coactivas restricciones al mercado y a la competencia. Pero lo peor es que esas restricciones al acceso laboral desarman al Estado de Derecho de mecanismos normales con los que preservar el imperio de la ley. Y que no me vengan a criticar el carácter preventivo del estado de alarma, pues ese mismo carácter preventivo está presente en la función disuasoria de las penas que contempla el normal funcionamiento del Estado de derecho. La prevención que algunos denigran con un "por si acaso" está además presente en el pensamiento liberal desde los tiempos de la Escuela de Salamanca, cuyos teóricos justificaban hasta las guerras preventivas.

No es normal tener que sostener con la mano el techo que me cubre, pero yo no la voy a quitar mientras que no haya vigas y tabiques que lo soporten. Podemos simular normalidad derogando ya el estado de alarma, pero no por ello la normalidad se habrá efectivamente restablecido. Claro que a algunos les puede bastar el compromiso firmado de muchos de los delincuentes de no volver a las andadas durante las navidades. Yo, sin embargo, me quedo más tranquilo con la prolongación del estado de alarma, que no debe derogarse hasta que desaparezca la alarmante impunidad.


Libertad Digital - Opinión

Caldo de cerebro en la sucesión de Zapatero y lo que le cuelga. Por Antonio Casado

Asunto recurrente donde los haya en este tramo final del reinado de Zapatero en Moncloa: la sucesión. Ideal para el caldo de cerebro, el guiso de la temporada, presente en las copas navideñas que estos días amontonan a políticos y periodistas en torno a un vino español. En todas las vueltas, una misma pregunta, ¿cuándo se va Zapatero?, y un nombre, el de Alfredo Pérez Rubalcaba. A partir de ahí, barra libre a la imaginación.

Intento de aproximación al tema sin ánimo de enredar. Empezando por el silencio del presidente del Gobierno sobre sus planes. Es verdad que en su partido quieren despejar cuanto antes esa incógnita, pero también es verdad que últimamente ya no le presionan tanto. Para heredar una bancarrota no hay prisa entre los aspirantes. De todos modos, sigue diciendo que aún no toca anunciar si será o no será candidato a las elecciones generales. Eso significa que ahora mismo está más en el “no” que en el “sí”. Y por eso no despeja la duda. Anunciar su negativa a repetir como cabeza de cartel sería desestabilizador. Por eso calla. Si la decisión tomada fuese el “sí”, anunciarlo sólo tendría ventajas. Para él, que así frenaría eventuales operaciones sucesorias, al menos en lo que resta de legislatura, y para su partido, necesitado de certidumbres en sus horas más bajas.


En su entorno más inmediato tampoco lo tienen más claro. “Ni él mismo lo sabe”, te dicen quienes lo tratan de cerca. Así que se limitan a trasladar las dos coordenadas que maneja en su discurso. Primera, dará un paso atrás en cuanto llegue al convencimiento de que se ha convertido en un lastre para su partido (es decir, que se considere más parte del problema que parte de la solución). Y segunda, jamás pondrá el dedo sobre un eventual sucesor, sino que trasladará la cuestión sucesoria a un congreso federal del PSOE (en su caso, a unas elecciones primarias).
«Zapatero no tiene la menor intención de tirar la toalla antes de terminar la Legislatura, aun sabiendo que con su política económica ahuyenta al votante propio. Cree que es su deber y que lo fácil sería pasarle a otro el marrón».
El caldo de cerebro no estaría completo sin aludir al papel que juega en todo esto el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Justamente ese, el de número dos del Gobierno, lo que le convertiría en el número uno si Zapatero tirase la toalla antes de terminar la Legislatura. Es decir, correría el escalafón. Ojo, en el Gobierno. El partido es otra cosa. Y lo que de ninguna manera ocurriría es que el desfallecimiento de Zapatero incluyese también la renuncia arbitraria, no cedida en un congreso, a la secretaría general del PSOE.

En otras palabras. Primero, Zapatero no tiene la menor intención de tirar la toalla antes de terminar la Legislatura, aun sabiendo que con su política económica ahuyenta al votante propio. Cree que es su deber (“cueste lo que cueste”, ¿recuerdan?) y que lo fácil sería pasarle a otro el marrón. Incluído Rajoy, sí, incluido Rajoy, que tendría que hacer las mismas cosas, pero con la redoblada enemiga de los sindicatos y los partidos de izquierdas. Otra cosa es si reincidirá como candidato socialista a las elecciones de 2012. Apuesten a que no.

¿Y Rubalcaba? Lo dicho. Podría gestionar la fase terminal de este Gobierno en el caso de que Zapatero tirase la toalla, como presidente del Gobierno, después de las elecciones municipales de mayo, que no lo creo. Pero quítense de la cabeza la figura de Rubalcaba como sucesor de Zapatero en la secretaría general ¿Para gestionar al menos cuatro años de travesía del desierto? Ni de coña.


El Confidencial - Opinión

Estado de postración. Por José María Carrascal

La verdadera bomba atómica fue la declaración del estado de alarma, con la consiguiente militarización de un sector.

¿SABEN ustedes lo que más me alarma del estado de alarma? Pues la poca alarma que ha causado. No estoy haciendo juegos de palabras, sino mostrando una profunda preocupación. Una estado de alarma es algo muy serio, la suspensión de las garantías constitucionales nada menos. Sin embargo, los españoles llevamos casi dos semanas en él, y nadie parece preocupado. Es más, la mayoría no encuentra objeciones a su prórroga. Se me argüirá que trata de evitarse daños mayores, al estar en peligro los viajes navideños. Déjenme decirles una cosa: un país que necesita un estado de alarma para garantizar los viajes navideños está democráticamente enfermo, pues lo derechos fundamentales no pueden subordinarse a los viajes de Navidad.

Pero si esta actitud del pueblo español ante el estado de alarma es de postración, la del Gobierno es de cínica explotación de la impopularidad de un colectivo privilegiado. Se ha puesto de moda designar la huelga de los controladores como la «bomba atómica laboral». Sin restar gravedad a sus efectos, no es cierto. La inmensa mayoría de los españoles no se vieron afectados por ella y la vivieron por televisión en su casa. Otra cosa sería una huelga general, con la paralización del entero país, cosa que no hubo. La verdadera bomba atómica fue la declaración del estado de alarma, con la consiguiente militarización de un sector. ¿Se imaginan ustedes la que se hubiera armado si un gobierno del PP hubiese militarizado el Metro, los ferrocarriles o la minería en caso de huelga salvaje? Incluso se volverían a asaltar sus sedes. Éste, en cambio, hincha pecho.

Quedando lo más obvio por dilucidar: si la declaración del estado de alarma se ajustó a derecho. Pues al exponer los supuestos de esa alarma en la ley correspondiente, los legisladores pusieron ejemplos muy claros: «terremotos, inundaciones, incendios urbanos o forestales o accidentes de gran magnitud», sin referirse para nada a los conflictos laborales, para los que reservaron el estado de emergencia. Resultando meridiano que no tenían en mente garantizar los viajes por avión en vacaciones. Sin embargo, fue la razón esgrimida por el Gobierno, que ahora va más lejos, al invocar la posibilidad de que tal percance se repita para prorrogar dicho estado. Algo que desborda todo marco jurídico de situaciones de excepción, que sólo pueden declararse cuando ocurren. Para prevenirlas, los gobiernos deberán usar tan solo los medios que la ley pone a su alcance, que son muchos. Y si no las evitan, no merecen gobernar.

Naturalmente, estoy hablando de países, gobiernos y ciudadanos en democracia. Pero España no vive hoy en democracia. Vive en estado de alarma, nos guste o no. Y parece que nos gusta, al Gobierno y a los españoles.


ABC - Opinión

Estado de alarma. Líderes silentes. Por Emilio Campmany

Digo yo que en caso de que en el futuro hubiera que declarar el Estado de sitio, que Dios no lo quiera, lo debatirán Isabel Chamosa y Beatriz Salmones.

Dice el artículo 1 de la Ley que lo regula que procede declarar el estado de alarma cuando circunstancias excepcionales hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Esto significa básicamente dos cosas, que es necesario que concurran circunstancias excepcionales a las que las autoridades no puedan hacer frente con sus atribuciones ordinarias y que la declaración confiere a éstas poderes extraordinarios con los que hacer frente a aquéllas. En consecuencia, una de dos, o se dan las circunstancias y es indispensable atribuir los poderes y hay que votar a favor de la prórroga del estado de alarma, o no se dan, en cuyo caso es igualmente indispensable oponerse a la atribución de esas facultades, que, al no ser necesarias, sólo pueden ser empleadas con abuso por sus titulares.

Por eso, el PP nunca debió abstenerse. Da la impresión de que su punto de vista es el de considerar justificada la declaración, pero, como creen que la situación es fruto de la incompetencia del Gobierno, no deben apoyar la prórroga. Como, por otra parte, parece que la creen necesaria, tampoco quieren oponerse a ella. Así que no les ha quedado otra que abstenerse.


Insisto en que es un error. Si Marruecos invadiera Melilla y el Gobierno pidiera al Congreso que declarara el estado de sitio, el PP podría acusarles de ser todo ello consecuencia de su política de apaciguamiento con el reino alauí, pero votaría a favor de la declaración por ser obviamente necesaria.

En realidad, ocurre que en esto del estado de alarma como medio para prevenir una huelga sin servicios mínimos de los controladores, el PP es consciente de su falta de necesidad, pero no se atreve a decirlo abiertamente y a votar negativamente en consecuencia por temor a ser acusados de ponerse del lado de los controladores, que es tanto como hacerlo del lado de Falconetti. Hay que ver lo listo que estuvo Zarrías cuando acusó a los populares de haber respaldado entre bambalinas la huelga de controladores. Una falsedad absurda, una mentira grosera, que nadie sensato ha creído, pero que ha servido para impedir que el PP tomara una postura abiertamente contraria al Gobierno por temor a dar con ello pábulo a la acusación del agreste socialista andaluz.

Qué sentido tiene que Soraya Sáenz de Santamaría acuse tan ácidamente al Gobierno de incompetencia cuando lo que se discute es la procedencia de la prórroga. Está bien decir que todo lo que ocurrió ese fin de semana fue consecuencia de la falta de previsión del Gobierno, pero la cuestión es si, por culpa de quien sea, hace o no hace falta prorrogar el estado de alarma. Y en eso, la abogado del Estado no se ha pronunciado.

Está igualmente muy bien acusar a Zapatero de esconderse tras las faldas de Jáuregui y de no atreverse a comparecer ante la cámara a pedir la prórroga de la situación excepcional que él mismo decretó hace un par de semanas. Pero se pierde toda autoridad en la crítica cuando resulta que el líder de su partido tampoco ha querido ser él quien subiera al estrado a justificar su ambigua postura. Total, que se prorroga el estado de alarma y lo debate Jáuregui con Sáenz ante los silentes Zapatero y Rajoy.

Digo yo que en caso de que en el futuro hubiera que declarar el Estado de sitio, que Dios no lo quiera, lo debatirán Isabel Chamosa y Beatriz Salmones.


Libertad Digital - Opinión

A ojo de buen cubero. Por M. Martín Ferrand

Todo el mundo sabe, incluso en el PSOE, que Zapatero no es capaz de ver venir los problemas, y menos de enfrentarse a ellos.

EN sus tiempos de director adjunto de la CIA, el general Vernon A. Walters aseguraba que el espionaje, tal y como se cuenta en las películas y en las novelas, es una invención literaria. La lectura inteligente de los periódicos de un determinado lugar, aunque no brille en él la libertad de prensa, decía también, genera más información fiable y útil que el trabajo de unas cuantas docenas de agentes de campo convenientemente procesado por analistas especializados. Así debe de ser a juzgar por muchas de las «sorprendentes» revelaciones que emanan de los papeles del Departamento de Estado de los EE.UU. que, pirateados por Wikileaks, vienen publicando cinco grandes diarios mundiales y construyendo un culebrón periodístico de interés tan cierto como tan incierta fiabilidad.

Según esos papeles que, en España, difunde El País, en octubre del año pasado la mismísima Hillary Clinton pidió información a la Embajada norteamericana en Madrid sobre la «credibilidad» de la política económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Previamente, los servicios de la Embajada ya habían informado de que la vicepresidenta Elena Salgado es una persona «seria, muy trabajadora, solvente y ambiciosa». El análisis del equipo del embajador Eduardo Aguirre informó a la Secretaría de Estado que una de dos: «O Zapatero minimiza intencionadamente el problema o no se da cuenta de su gravedad». Santa Lucía no protegió adecuadamente a quienes analizaron los antecedentes y capacidad de Salgado; pero se esforzó con los escrutadores de Zapatero y les permitió conocer lo que ya todos sabíamos por estos pagos.

Piruetas como estas nos empujan a perder el respeto a las grandes potencias mundiales y a sus poderosos aparatos de poder. Sus «descubrimientos» se pueden discernir a ojo de buen cubero. No hacen falta superagentes especiales ni finísimos analistas para saber que Salgado, orensana fina y política recalcitrante, es veterana en el trabajo político y sus obras más brillantes son el dejarnos sin fumar y sentar las bases, como responsable de la Fundación Teatro Lírico, de la pequeña catástrofe en que se ha convertido el Real. Aparte de lo de la Economía. Hay en eso toda una desproporción de medios para alcanzar un nivel mostrenco de conocimientos. Todo el mundo sabe, incluso en el PSOE, que el sobrevenido Zapatero no es capaz de ver venir los problemas y menos todavía de enfrentarse a ellos. Tanto es así que se puede pronosticar que no renovará como presidente en 2012. No por los méritos de Mariano Rajoy y los de la gaviota, sino por el instinto de conservación que anima a los viejos militantes socialistas.


ABC - Opinión

Sólo política. Chamosa y las pensiones. Por Cristina Losada

En una de las crisis económicas más profundas de cuantas España ha padecido, se supone que un Gobierno ha de contar con los más cualificados y capaces a fin de acometer tarea tan compleja y, además, explicarla.



Como la diputada López i Chamosa, yo tampoco entiendo nada. Si un cráneo previligiado cual la portavoz socialista en materia de pensiones reconoce francamente que no comprende el acuerdo por ella misma negociado, ¿quién podría? Aceptemos, pues, nuestras limitaciones y vayamos a lo comprensible. El Gobierno envió en febrero a Bruselas un Plan de Estabilidad que incluía una reforma del sistema de pensiones. Horas después de expedirlo, sus portavoces aseguraron que el papel sólo contenía "ejemplos". Nada definitivo, por supuesto. ¿Hay algo que lo sea? Desde entonces, y a pesar del tremendo susto de marzo, la tal reforma ha ido apareciendo y desapareciendo del escenario, siempre envuelta en brumas y velos. No quiere el Gobierno darles a los españoles, sin atenuantes, la noticia de que habrán de jubilarse más tarde y, muchos, con pensiones más bajas. Y no para evitarles una depresión, sino para evitar que sea aún mayor la suya. En términos electorales, claro, que en lo otro, allá cada uno.

Eso es lo que se esconde en la trastienda del ininteligible documento pergeñado en el pacto de Toledo: cálculos y cálculos del coste político. Una aritmética que ocupa y preocupa tanto al Gobierno como a la oposición, ahora paladín de las "políticas sociales" que va arrojando por la borda el presidente. Bandera populista que el PSOE deja caer, bandera que el PP recoge al punto. Y aún hay quienes piensan, como los de Rajoy, que la salida de este callejón del Gato pasa por el zoco de una campaña electoral a lo grande. No habría ahí tenderete sin charlatán presto a vender soluciones milagrosas e instantáneas y todo barato, barato. Cuesta imaginar hasta qué extremo se ocultará la realidad y se harán promesas imposibles de cumplir en vísperas de unas elecciones generales. Pero será así, a menos que los dos grandes partidos sufran una súbita metamorfosis. Y dado el material, el material humano, esa transformación es improbable.

Pongamos, por caso, a Chamosa. En una de las crisis económicas más profundas de cuantas España ha padecido, se supone que un Gobierno ha de contar con los más cualificados y capaces a fin de acometer tarea tan compleja y, además, explicarla. Sin embargo, ahí tenemos, como negociadora de la reforma de las pensiones, a una diputada con dificultades de cumunicación y tendencia a pelearse con la ortografía, por no abundar en otras tachas. Y lo malo es que se entiende. Pues no hay ninguna razón, ningún incentivo, para que los partidos elijan a los mejores. Al contrario.


Libertad Digital - Opinión

Incoherencias. Por Ignacio Camacho

Milagro de la Navidad: los nacionalistas santifican la presencia en sus aeropuertos de las «fuerzas de ocupación».

DA gusto ver a esos nacionalistas del PNV votar como un solo hombre el estado de alarma que permite al Ejército tomar el control de la torre de ídem del aeropuerto de Sondika-Loiu, esa especie de halcón curvo que parece vigilar el simbólico vuelo de la enorme paloma de hormigón diseñada en mitad de un verde valle por Santiago Calatrava. Por esas cosas de la política, la compraventa de favores y tal, los aguerridos abertzales que llevan treinta años cuestionando la presencia militar en Euskadi han inclinado su orgullosa cerviz para autorizar que un puñado de uniformes vigile el ordenado tránsito navideño de los vascos y las vascas, que decía el profesor Ibarretxe. Estos altivos representantes de la soberanía euskaldun son los que no hace mucho organizaron un aquelarre de desagravio porque unos soldados clavaron la bandera española en lo alto del monte Gorbea; allá subieron después los jeltzalesa conjurar el sacrilegio en una procesión de cánticos e ikurriñas, que sólo les faltó llevar con ellos un exorcista. Y ahora, miren por dónde, los que consideran a las Fuerzas Armadas una espuria tropa de ocupación les tienden la alfombra para que cuiden de que los ciudadanos presuntamente ocupados puedan recibir sin sobresaltos a los familiares que, como el turrón, vuelven a casa por Navidad, y amparan su salvífica presencia con un manto de aprobación legislativa para que no se resfríen.

Pero no ha sido esta paulina conversión militarista la única incoherencia del carnaval en que se ha convertido la crisis de los controladores. El Partido Popular, después de pasarse una semana tronando —con razón jurídica y moral—contra el aberrante estado de alarma preventiva, optó por ponerse de perfil según el acreditado estilo gallego de su líder. Ni sí ni no sino todo lo contrario. Mirada al tendido y a silbar, no vaya a ser que se arme otro lío y les salpique la cólera ciudadana. Con dieciocho puntos de ventaja en los sondeos tiene cierta lógica que la prioridad de Rajoy consista en no cometer errores y dejar que el Ejecutivo se equivoque solo como acostumbra, pero alguna vez el hombre que aspira a ser presidente tendrá que dar su opinión más allá del eclecticismo. Lo criticable del caso no es la abstención en sí misma, que viene a expresar una sensata desconfianza simultánea en las dos partes del conflicto, sino la contradicción entre el énfasis previo en la crítica y el lavado de manos final ante una medida de excepción abusiva.

Con tan extraña confluencia de paradojas políticas, los españoles viviremos en estado de alarma —motivos tenemos, pero son otros— hasta el 15 de enero. Es lo que quería el Gobierno, forzado por su propia incompetencia a echarse en manos de la milicia. Sólo que la democracia es un régimen civil en el que el recurso al Ejército siempre constituye un fracaso de la política.


ABC - Opinión

Merkel gusta más que Obama

Desde distintos ámbitos de la vida nacional se viene criticando con insistencia y de modo razonado la política exterior del Gobierno, que ha consistido fundamentalmente en estrechar lazos con ciertos regímenes de credo socialista y abogar por otros claramente dictatoriales, mientras se ha tratado con displicencia a algunos de nuestros aliados tradicionales. Primero con Miguel Ángel Moratinos y ahora con Trinidad Jiménez, la diplomacia española ha mantenido un rumbo de bajísimo perfil que ha socavado el peso y la imagen internacionales de España. El desgaste es también manifiesto a juicio de la opinión pública. Los datos del último barómetro sobre política exterior realizado por la Fundación Real Instituto Elcano constituyen una censura a las principales decisiones del Gobierno, especialmente en relación con Marruecos y Cuba. Tras la represión de El Aaiún, Marruecos cae al segundo puesto de los países peor valorados, sólo por detrás de Irán. Los encuestados piensan que Rabat respeta menos los derechos humanos que Cuba, China o Venezuela. En cuanto al régimen castrista, ocho de cada diez españoles ven insuficiente la presión internacional sobre la dictadura y una mayoría cree también que el destierro de algunos presos políticos no justifica un cambio en la Posición Común de la UE. Si a esta percepción se suma la imagen de la silla vacía de Guillermo Fariñas en la entrega del Premio Sajarov, resulta incomprensible la obstinación de Trinidad Jiménez en mantener una política de sintonía y complicidad con regímenes que repugnan a la comunidad internacional. Se equivoca la ministra al perpetuar la diplomacia inane y lacrimógena de su predecesor, en vez de establecer una interlocución desde la exigencia, el compromiso y la dignidad. La prudencia diplomática no está reñida con la contundencia. El criterio mayoritario de los españoles es que los intereses generales no se defienden compartiendo extrañas y contraindicadas amistades con gobiernos como el marroquí o el cubano y mirando para otro lado o disculpando sus abusos y atropellos. De ese modo, se pierde toda autoridad moral y únicamente se gana desprestigio. Si el Gobierno quisiera reconducir el rumbo, que no parece, lo tendría tan sencillo como atender y aprender de la líder internacional mejor valorada por los españoles, según el barómetro de Elcano. La canciller alemana, Angela Merkel, ha superado a Barack Obama en la estima de nuestros conciudadanos, lo que hace aún más extemporáneas y ridículas las críticas del Gobierno y del PSOE, repetidas ayer mismo, que la responsabilizan de la crisis económica española. A la luz de estos datos que proporciona una institución oficial tan poco sospechosa, pues la controla el propio Gobierno, la diplomacia española debería evaluar por qué mantiene esa falta de sintonía con la opinión pública. No son Castro, Chávez o Mohamed VI los espejos en los que los españoles desean mirarse, sino en líderes democráticos, solventes y creíbles como Merkel. Defienden, en suma, otro modelo: el que preserva los intereses nacionales desde la firmeza y apuesta por un entendimiento especial con los buenos aliados.

La Razón - Editorial

Europa reacciona

Positivos mensajes para blindar al euro con más capital para el BCE y un fondo de rescate.

La cumbre europea convocada bajo el designio de afianzar al euro frente a las turbulencias del mercado empezó ayer en Bruselas con signos de reacción positiva, tras largas semanas de profundas dudas y agrias polémicas. Alguno de estos mensajes resulta, además, novedoso al no estar previsto en el orden del día.

Es el caso de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de aumentar su capital hasta casi duplicarlo (desde 5.760 millones de euros hasta 10.760 millones), una decisión inédita en los 12 años de unión monetaria y que endosa el principio según el cual la ortodoxia que pretenda ser creíble debe empezar por uno mismo. Si el acuerdo Basilea III persigue que los bancos privados se equipen con más cantidad de mejor capital para blindarse ante futuras crisis, la banca emisora es oportuna al dar ejemplo.

La ampliación se justifica para prever los "riesgos del crédito" y alcanzar una "adecuada base de capital". Es decir, para fortalecer su capacidad de creación de liquidez, indispensable para paliar los efectos de la crisis en la economía real.

El BCE ha sido el instrumento más eficaz en la lucha contra las turbulencias del mercado de deuda que amenazan desde principio de año la estabilidad del euro y el propio futuro de la UE. Lo ha hecho mediante la amplia disponibilidad de liquidez directa a la banca y a través de la tímida compra directa de deuda soberana en los mercados secundarios.


Este despliegue ha evitado que la Gran Recesión abocase a los europeos a una nueva Gran Depresión. Y tiene más mérito porque ha sido dirigido por el presidente, Jean-Claude Trichet, sin unanimidad, bajo la presión de los fundamentalistas de una ortodoxia exagerada.

Estos se han negado a cualquier operación de rescate; han aireado su oposición a la decisión de ampliar la liquidez y de prorrogar la compra de bonos, en clara deslealtad a los compromisos de mantener una voz única; y han propalado una visión restrictiva, esto es, falsa, de los deberes del propio BCE. En efecto, si la primera tarea del banco es vigilar el repunte de la inflación, el Tratado le obliga también (artículo 127) a "apoyar las políticas generales de la Unión".

Los Veintisiete lograron ayer subrayar su acuerdo de principio sobre la mini-rreforma del Tratado para dar encaje solemne al futuro fondo de rescate permanente de los países en graves dificultades. Lo hicieron sobre un texto conciso y claro, algo que es de agradecer pero que quizá no evite las graves dificultades propias de cualquier reforma en el texto básico de la Unión.

El logro personal conseguido por la canciller Angela Merkel en este punto debería animarla a prestar mejor oído a las propuestas de dotar a la unión monetaria de instrumentos adicionales de autodefensa frente a los órdagos del mercado: desde la flexibilidad en el uso del propio fondo de rescate hasta la emisión prudente de eurobonos.


El País - Editorial

Nuestros problemas. Una crisis singular. Por Juan Velarde

Una crisis de esas características exigía un tratamiento extraordinariamente delicado. A lo largo de los más de tres años transcurridos es evidente que no ha sido precisamente así.

La fuerte crisis que padece actualmente la economía española tiene unas características especiales que le diferencian de otras que se han padecido aquí. En primer lugar porque habíamos conseguido situarnos en el grupo mundial de los países más desarrollados, algo nunca alcanzado desde el inicio de la Revolución Industrial. Habíamos pasado a tener en 2007 un PIB por habitante en paridad de poder de compra (PIB pc PPC) que era el 97% de la Eurozona; el 94% del japonés; el 92% del alemán; el 97% del francés; el 104% del italiano; el 139% del portugués; el 89% del británico y el 132% del checo. Según el Banco Mundial, el total del PNB español, también en paridad de poder de compra, supuso el 108% del canadiense. Todas las crisis anteriores, incluso la que nos había sacudido a comienzos de los años noventa, golpeaba a un país bastante más alejado que en 2007 de estos mismos países. España en 1994 tenía el 80% del PIB pc PPC de la Eurozona; el 70% del japonés; el 70% del alemán, el 78% del francés; el 76% del italiano; el 122% del portugués; el 81% del británico y el 129% del checo.

Eran las españolas crisis que, al golpear a un país poco opulento, tenían consecuencias mucho menos significativas que la actual para el conjunto de las economías más ricas europeas e incluso del mundo. Basta señalar también que en 1991, todo el PIB español a precios de mercado PPC era el 9% del norteamericano, también el 9% del conjunto de la Eurozona y el 22% del japonés, mientras que en 2007 era el 11% del norteamericano, el 13% de la Eurozona, y el 33% del japonés. Como, adicionalmente en 2007, y aun más en los años siguientes, España se había convertido en una gran deudora, su crisis podía, pues, repercutir con fuerza, no ya en el conjunto del área del euro, sino, en cascada, en fuerzas importantes de la economía mundial. Es más; como parte que es, desde su fundación, de la Eurozona, esa potencia económica española ya muy grande motiva, forzosamente, que puede repercutir con tal ímpetu en el euro, que se la considera, de modo creciente, capaz de hacer posible, con sus terribles consecuencias, la liquidación de esta área monetaria. Simultáneamente, su gran peso económico convierte prácticamente en inalcanzable algo parecido al rescate hecho a Grecia, Irlanda y, seguramente, a Portugal, a más de los casos de Hungría y países bálticos. No hay rescate español posible, pero tampoco es imaginable dejar a su economía que se hunda. En resumen: hemos pasado a tener una crisis que no sólo preocupa a los compatriotas, como antes ocurría, sino a los demás. ¿Qué sucedería, con un hundimiento del euro a consecuencia de España, por sus automáticas repercusiones en el dólar, el yuan y el yen? Escalofría pensar en ello. Jamás eso había sucedido con ninguna crisis económica española.

Ese endeudamiento básico español se debía a que se había construido una economía muy poco competitiva. El formidable avance del porcentaje del sector servicios en el PIB –superior al 60% en 1999, y al 67% en 2009–, salvo en los subsectores relacionados con el turismo, sirvió de poco para mejorar la competitividad. Incluso, a través de un modelo input-output se observa que su progreso arrastra un incremento en las importaciones. Estos porcentajes jamás se habían conocido. En 1975, el sector servicios suponía un 52% del PIB y en 1959 un 41%. Añádase lo que supone la industria de la construcción. En 1999 significaba el 7% del PIB; en 2007, en el 11% e incluso en 2009 seguía siendo el 10% del PIB. También éste es un sector que en escasísima medida es capaz de eliminar el alto déficit español por cuenta corriente. A esto, que es de por sí muy importante, hay que añadir que la inversión directa española (IDE), en el exterior es más alta que la inversión directa extranjera en España. Eso obligó, para que el proceso del incremento del PIB pudiera continuar, a un fuerte endeudamiento a corto plazo. Cuando se decidió, para remediar por la vía del lado de la demanda la crisis surgida en 2007, provocar un fortísimo déficit del sector público, la magnitud del endeudamiento global de la economía española creció a límites amenazadores. La salida obligada, tanto por la vía de la subida fuerte de los tipos de interés, a causa de que un exceso de oferta de los bonos españoles creados por ese déficit la genera automáticamente, como por la restricción del gasto público, crea un ciclo depresivo adicional. La generación de esta desconfianza provocada, porque no se atisban medidas para mejorar la competitividad, impulsa hacia arriba a los tipos de interés, y es una segunda característica de esta crisis. Al pertenecer España a la Eurozona, poco puede contar con el Banco Central Europeo para lograr los alivios que en crisis anteriores provenían del Banco de España.

Además de todo esto, como consecuencia de la rigidez del mercado del trabajo especial, esta crisis crea un volumen colosal de parados. El resultado es una obligada demanda de dinero al Estado de Bienestar, salvo que se acepte tal aumento de las economías sumergidas y criminal. Todo lo agrava la crisis de una institución como la familia, que servía en depresiones anteriores de mecanismo de apoyo a los desempleados, consecuencia de la pérdida de valores tradicionales provocada a su vez por una conjunción de consecuencias derivadas de la aparición de una masa opulenta creyente en la bondad de la desaparición de tales valores. Además todo se agrava porque esa institución familiar no existe tampoco para un número significativo de inmigrantes, al haber venido a España en solitario. Todo ello genera tensiones que antes no existían.

Finalmente, otra diferencia respecto a anteriores situaciones regresivas se debe a que la apertura de nuestra economía al exterior es de las más altas existentes. Basta tener en cuenta su índice –exportaciones más importaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB– que fue en 2007, el año de mayor PIB, del 62,6% en España; en Estados Unidos, era del 28,6%, en Francia, del 54,6%; en Alemania, del 86,3%; en Italia, del 58,6%; en Japón, del 33,8%; y en Gran Bretaña del 54,6%. Ese proceso ha ido en aumento; en 2000 el porcentaje o coeficiente de apertura de España fue del 53,6%; en 1985, cuando ingresábamos en la Comunidad Económica Europea, este coeficiente era el 35%; en 1970, cuando se firma con el ámbito comunitario el Acuerdo Preferencial Ullastres, era el 20,8%, y en 1959, cuando se inicia el proceso de apertura con el Plan de Estabilización, de sólo el 10,5%. Por tanto hemos dejado a un lado toda tentación proteccionista. Pero hacerlo, sin ser competitivos, ¿no conduce en derechura a una crisis o como planteaba en el siglo XIX el Fomento del Trabajo Nacional, una colosal emigración?

Naturalmente una crisis de esas características exigía un tratamiento extraordinariamente delicado. A lo largo de los más de tres años transcurridos es evidente que no ha sido precisamente así.


Juan Verlarde es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid.

Libertad Digital - Opinión

«Pensionazo», pero para todos

Gobierno y oposición no pueden tratar un asunto de esta gravedad sin transparencia, sin empatía hacia los ciudadanos y sin renunciar a privilegios.

LA reforma del sistema de pensiones ya tiene un principio de acuerdo entre el Gobierno y el PP, con el que se ha abordado una de las asignaturas pendientes del Estado de bienestar. La estructura demográfica española hace insostenible la situación actual, en la que cada trabajador ha de responsabilizarse progresivamente de un mayor porcentaje del gasto en pensiones. El camino hacia el colapso estaba recorrido en buena medida y ha llegado el momento de asumir decisiones dolorosas, necesarias e inaplazables. Por eso, el acuerdo entre Gobierno y PP requiere un discurso político y social que lo legitime ante los ciudadanos, que son los que tienen que asumir las consecuencias de un descenso de la población activa y un incremento de la pasiva. El resultado final, se llegue por el aumento de la edad de jubilación o del período de vida laboral computada, va a ser el mismo: cobrar menos pensión. Dado este paso por el Gobierno y la oposición, el discurso legitimador es imprescindible, porque los sacrificios que se piden a los ciudadanos son muy gravosos.

Y no sólo hace falta un discurso de compromiso nacional con la superación de la crisis. Hacen falta también medidas de regeneración de la clase política, precisamente en esta materia de pensiones y compensaciones a cargos públicos. A la inmensa mayoría de los ciudadanos que trabajan no les llegan las indemnizaciones de los altos directivos del mundo financiero. Pero tampoco el trato privilegiado que reciben muchos cargos públicos cuando cesan. En ciertos supuestos está justificada una cantidad indemnizatoria, temporalmente limitada, hasta que se recupere la vida profesional del político. Pero si al ciudadano se le anuncia que su pensión se va a calcular no sobre quince años, sino sobre veinte o veinticinco, es necesario que el pacto político sobre pensiones incluya una revisión de las que cobran, en su cuantía máxima, muchos altos cargos de la esfera pública después de pocos años de actividad. No se trata de un reajuste demagógico que busque castigar a la clase política, sino de demostrar con hechos que los esfuerzos contra la crisis incumben a todos y que la ejemplaridad contra privilegios que muchos ciudadanos consideran abusivos o inmerecidos es la mejor manera de recabar el sacrificio de los ciudadanos. Es necesario revisar en profundidad el sistema de pensiones, modificar plazos de computación y edades máximas y mínimas. Pero el Gobierno y la oposición no pueden tratar un asunto de esta gravedad sin transparencia, sin un sentimiento básico de empatía hacia los ciudadanos y sin ejemplaridad.

ABC - Editorial