jueves, 30 de diciembre de 2010

A un año de economía le sigue otro catalán. Por Fernando Fernández

El referéndum andaluz acabó con el hecho diferencial, conviene recordarlo ahora que muchos quieren resucitarlo.

SE nos va el año 2010 pero no se lleva la crisis económica, a pesar del optimismo gubernamental. La economía ha dominado este año, pero el que viene será el de la política, catalana por más señas. La crisis se ha llevado por delante al presidente de Gobierno, un cadáver político a la espera solo del mejor momento para anunciar su entierro formal, y probablemente también al Partido Socialista, que no supo desmarcarse y corregirle a tiempo. La distancia en la encuestas se antoja insalvable y Rubalcaba parece condenado, como Calvo Sotelo, a desempeñarse con dignidad y espléndida soledad mientras el partido se desangra y avanza hacia una estrepitosa derrota. Depende del discurrir económico, pero también y mucho de la voluntad de terceros, que en España son siempre los nacionalistas catalanes y vascos. De ellos depende el final de la legislatura y el comienzo de una recuperación económica impensable sin el shockde confianza de un cambio de gobierno.

El año que viene va a estar dominado por la cuestión catalana. Así lo han querido el calendario, la aritmética electoral y la voluntad de Zapatero. El concierto económico, o su equivalente pecuniario, es un imposible metafísico, por mucho que su gestión le haya sido encargada a un gran economista español. Lo es porque parte de un hecho político inexistente, la singularidad catalana. Y lo es también porque los números no cuadran ni pueden cuadrar sin cambiar el modelo de Estado. El referéndum andaluz acabó definitivamente con el hecho diferencial, conviene recordarlo ahora que muchos quieren resucitarlo. Los políticos de la Transición quisieron instaurar un sistema autonómico de dos niveles, pero el pueblo llano se rebeló y consiguió imponer su voluntad. Desde entonces Cataluña es una Comunidad más. Lo que consigue se extiende a otros como mancha de aceite. Esa es la causa última de su desencanto.

Puede ser una verdad muy incómoda para los que gustan de los derechos históricos, pero es un triunfo democrático irrenunciable para los que creemos en la Revolución Francesa y en una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Artur Mas puede pretender ignorarlo y aprovechar al máximo la debilidad de Zapatero para arrancar un nuevo pacto económico. No creo que el PSOE le deje ya al presidente, porque sería su acta de defunción como partido, pero incluso si así fuera sería flor de un día. Lo que tardaran Madrid o Valencia en exigir el mismo tratamiento y entonces, en frase afortunada de Solbes, veríamos que el sudoku no cuadra. CiU puede también ser más inteligente y aprovechar la necesidad de Rajoy de llegar al poder para forzarle la mano y arrancarle ese pacto económico. Es posible, no digo que no, pero las consecuencias serían fatales para un Partido Popular que es y seguirá siendo mayoritario en Madrid y Comunidad Valenciana. Tendría que generalizarlo inmediatamente a esas Comunidades si no quiere perder sus caladeros de votos. Empujado por esa dinámica confederal, su política sería difícil de distinguir de la de Zapatero, y provocaría la misma incertidumbre económica. Claro que Rajoy tendría otra posibilidad, cerrar definitivamente el Estado Autonómico en un pacto con los socialistas, que, empujados a la oposición, entre otras cosas, por sus delirios nacionalistas, podrían recuperar la cordura. El tiempo dirá, pero que nadie se haga ilusiones, Cataluña tendrá que seguir conllevándose ella misma y con el resto de España con una mezcla más inteligente de cariño y firmeza. Europa no está para muchas aventuras independistas cuando más del 50 por ciento de los alemanes querrían volver al marco.


ABC - Opinión

Acuerdo en el desacuerdo sobre la jubilación a los 67 años. Por Antonio Casado

Decía el otro día Rubalcaba que renunciar a que te entiendan es el fin de la política. Aplíquense el cuento los 38 representantes de la voluntad popular que ayer aprobaron las 21 recomendaciones (la cifra es de histórica resonancia en la memoria del socialismo español, dicho sea de paso), orientadas en este caso a la reforma del sistema público de pensiones, que viene a ser el espinazo del Estado del bienestar, seriamente amenazado por los acreedores de la economía española.

Lo aprobado en la comisión parlamentaria del llamado Pacto de Toledo no puede ser más ambiguo. Que lo compre quien lo entienda. Pero alguien tendrá que explicarlo. Se anuncia lo de ayer como el logro del consenso mayoritario de los diputados de la comisión. Así es si miramos el resultado de la votación: 36 síes y los dos 2 noes de la izquierda. Sin embargo, basta una primera lectura del documento, que irá al pleno del Congreso el 25 de enero, para descubrir que el PP mantiene su postura contraria al alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años.


Por tanto, de consenso nada. El consenso se convierte en una recomendación más al Gobierno, junto a otras 20 apoyadas por el PSOE y por el PP, para que Zapatero deje la edad legal de jubilación como está, en los 65 años (la real, en 63). O en la censura mayoritaria a la congelación de las pensiones contributivas para 2011, que es una medida ya decidida por el Gobierno en su famoso tijeretazo de mayo.
«Basta una primera lectura del documento para descubrir que el PP mantiene su postura contraria al alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años.»
De nuevo ataca el camuflaje semántico tan propio de la clase política. Lo cierto es que hay consenso para levantar acta de que el PP está en contra de subir la edad de jubilación. Y eso, aparte de desorientar a la opinión pública, es una mala noticia para la medida estrella de la reforma. No tiene sentido adoptar una medida de ese calado con la enemiga del principal partido de la oposición, salvo que sea un farol electoralista del PP y quiera desmarcarse ahora de una decisión que asumirá encantado cuando Mariano Rajoy esté en la Moncloa.

Es la hipótesis más probable. “Es bueno trabajar más allá de los 65 años”, decía Rajoy en septiembre de 2007. “El sistema de pensiones está condenado a la quiebra si cada vez trabajan menos personas en España y son más las que cobran pensiones”, decía el ex presidente, José María Aznar, en mayo de 2009.

Por lo tanto, lo previsible es que el Gobierno tire por la calle del medio el 28 de enero y fije la nueva edad de jubilación en los 67 años, con excepciones para oficios penosos y largos periodos de cotización. Así se hará en el proyecto de ley que ese día aprobará el Consejo de Ministros, en contra de la izquierda (IU, BNG, ERC) y del principal partido de la oposición al que, salvo cambio de posición en el pleno del 25 de enero, le estará adelantando el trabajo sucio si como, según parece, Rajoy conquista la Moncloa en mayo de 2012.

Da igual. “Cueste lo que cueste. Y nos cueste lo que nos cueste”, según esa doctrina de Zapatero que sirve para ganar la confianza de los mercados y perder la de los electores. En este caso, el palo por la prolongación de la vida activa del trabajador hasta los 67 años va a recaer en la quinta del 59 y siguientes. Con la oposición de la izquierda más izquierda y la derecha más derecha. Qué curioso.


El Confidencial - Opinión

Palabras envenenadas. Por Edurne Uriarte

Hace tiempo que me di por vencida en el debate sobre la presencia de terroristas en los medios de comunicación. La gran mayoría de medios y periodistas priman lo que consideran el valor de la información. Sean palabras de un terrorista o de un delincuente de cualquier otro tipo las que constituyan dicha información. Como las de Otegi en The Wall Street Journal y en tantos otros medios antes que en este.

En la práctica, y por muy bienintencionados que sean los medios en cuestión, ocurre que la invitación a un terrorista al salón de sus páginas produce casi siempre el mismo efecto que la invitación a una institución democrática. Que los legitiman. Que los humanizan. Que los dotan de respetabilidad. Este ha sido el problema de todas las negociaciones con ETA y lo vuelve a ser en esta que parece será la última negociación. Que la sociedad, léase medios de comunicación y tantas otras instancias, convierte a los terroristas en interlocutores políticos que exponen posiciones y exigen respuestas y medidas como si de cualquier movimiento social o grupo de presión democrático se trataran. Desaparecidos los asesinados y perseguidos en un pequeño y cuasi imperceptible apartado de «víctimas» que se gestiona entre el terrorista y su interlocutor como un trámite cualquiera más de la negociación.

Los medios extranjeros, con su tradicional ignorancia sobre la cuestión, lo empeoran, claro está, lo del «Grupo vasco» que titula WSJ, pero se trata de un problema generalizado. Y empieza y se desarrolla sobre todo entre nosotros, en España. Con el renovado interés y espacio que ofrecemos a los terroristas para que nos anuncien su magnánima renuncia a la violencia.

Y si es necesario, hasta condenarán la violencia, que decía Joseba Egibar sobre Batasuna en El Correo. Fíjese usted si son personas generosas y de buena voluntad. Sólo nos falta darles las gracias.


ABC - Editorial

Pensiones. Cómo salvar el socialismo. Por Emilio J. González

La comisión del Pacto de Toledo pretende mantener todo esto y, además, el modelo de reparto del sistema público de pensiones. Lo dicho, sus miembros no viven en este mundo.

A estas alturas de la película ya sabemos muy bien que los políticos españoles viven encerrados en sus propias torres de marfil, completamente ajenos a la realidad de este país. Pero, en el caso de las pensiones, ya rizan el rizo y no sólo no quieren aceptar que el sistema público español es inviable, sino que, encima, se empeñan en pretender salvar la ‘utopía’ socialista, de izquierdas y de derechas, que lo ha condenado a muerte y que revela también los graves problemas de desempleo que tiene nuestro país. Me explico.

Como todos ustedes saben, nuestro sistema de pensiones se basa en el modelo de reparto, esto es, los ingresos por cotizaciones sociales de hoy pagan las pensiones actuales. Ese sistema va bien mientras la pirámide de población tenga forma de pirámide, valga la redundancia, y fracasa en cuanto cae la natalidad y adquiere forma de rombo, que es lo que sucede en nuestro país. Vamos, que el sistema funciona si hay cada vez más gente pagando a quienes les llega el momento de recoger sus beneficios y quiebra en cuanto esto no es así. En el mundo financiero, a esto se le conoce como ‘esquema Ponzi’ y es lo que hacían Madoff, Gescartera, el Fórum Filatélico o Afinsa, con los resultados que todos ya conocen y con sus responsables en la cárcel o sentados en el banquillo. En el mundo de la previsión social se le llama sistema de reparto y aquí nadie paga por los platos rotos, sobre todo cuando se sabía desde hacía más de quince años que iba a ocurrir lo que ya está pasando, esto es, que el modelo es inviable y empobrece dramáticamente a los futuros pensionistas. ¿Qué es lo que propone la comisión del Pacto de Toledo? Pues nada de liquidarlo, que sería lo lógico, y pedir cuentas a quienes nos han llevado a esta situación porque, al fin y al cabo, son los mismos partidos políticos que forman la susodicha comisión. Lo que propone es incrementar las cotizaciones sociales, ampliar el periodo de cómputo de la pensión e incentivar, porque no se atreven a recomendar, el retraso en la edad de jubilación. Es decir, trabajar más tiempo y pagar más para cobrar menos, todo con tal de mantener la ‘solidaridad’ del sistema.


La obsesión fundamental de las recomendaciones de la comisión es recaudar más y, para ello, entran en temas sociolaborales sin entender lo más mínimo acerca de los mismos y de cómo nuestra política socialista del mercado de trabajo explica los altos niveles de paro y, con ello, los problemas de la Seguridad Social. El documento, por ejemplo, critica las prejubilaciones, sin entrar en el problema de por qué las empresas optan por desprenderse de los trabajadores de más edad, en muchos casos para sustituirles por jóvenes, cuando tienen que abaratar sus costes laborales para poder sobrevivir. Y el problema sencillo de entender: estriba en esos pluses por antigüedad –trienios, sexenios y demás– que perciben los trabajadores de más edad debido al tiempo que llevan en la empresa y que, en muchos casos, su montante supera el salario base. Este es un sistema de retribución pernicioso por el cual se liga la misma no a la productividad, como sería lo lógico, sino al tiempo de permanencia en la empresa y al final se vuelve en contra de sus beneficiarios porque los manda a casa o los condena al paro. Si se quieren evitar las prejubilaciones, que tanto daño hacen al sistema de reparto, hay que acabar con este modelo de retribución salarial instaurado en los tiempos de Franco. La comisión del Pacto de Toledo no dice nada al respecto.

Lo mismo sucede en lo que se refiere a los jóvenes. La comisión insiste en la formación como vía para que puedan conseguir un empleo y, en cierto modo, tienen razón. Si aquí no nos empeñáramos en que todo el mundo tiene que ir a la universidad, con independencia de su valía, y limitáramos este derecho a quien de verdad tiene capacidad para ello, con independencia de sus circunstancias económicas, al tiempo que se dignifica y se potencia la formación profesional; si los planes de estudio se desideologizaran y se centraran en formar verdaderamente personas y en adecuarse a las necesidades de las empresas, además de promover las vocaciones empresariales, otro gallo nos cantaría. Pero también hay otra cuestión que explica que, en estos momentos, casi la mitad de los jóvenes españoles estén en paro y no es otra cosa que el salario de contratación que imponen los convenios colectivos sin tener en cuenta que una persona sin experiencia laboral y con una formación deficiente produce mucho menos que alguien con esa formación y experiencia que, dadas las actuales circunstancias, sólo puede aportar la empresa. Esto se arreglaría con contratos de aprendizaje, que impliquen salarios más bajos durante su vigencia, pero la comisión del Pacto de Toledo tampoco dice nada al respecto, porque aquí lo que importa es que todos seamos iguales, con independencia de lo que aporte cada cual al proceso productivo o de la retribución que obtenga por su participación en el mismo.

Para más inri, la comisión del Pacto de Toledo insiste en la promoción de la previsión social complementaria, esto es, que los trabajadores suscriban planes privados de pensiones para complementar la prestación pública cuando llegue el momento de la jubilación. Decir esto es decir que el sistema no da más de sí y que hay que ir hacia un modelo de capitalización –las cotizaciones individuales de hoy pagan la pensión individual de mañana– o, al menos, a uno mixto. O sea, reformar el sistema. Pues ya lo podían haber hecho hace quince años en vez de insistir en mantener el modelo de reparto a cualquier precio. Además, ¿de dónde van a salir esos recursos adicionales para contribuir a un plan privado de pensiones? Porque para una familia con, al menos, uno de sus miembros en paro eso es un lujo que no se puede permitir. Lo mismo que quien esté pagando una hipoteca a veinte, treinta o cuarenta años, que se les ve y se las desea para llegar a fin de mes. Y, encima, suben los impuestos, sube el recibo de la luz, sube el petróleo y, con él, subirán los alimentos y otros productos... pero los sueldos se quedan congelados o, peor aún, se recortan para que puedan sobrevivir las empresas y mantener los empleos que generan; o quien se ha ido al paro y tiene la suerte de encontrar un nuevo puesto de trabajo probablemente va a ganar menos que en su empleo anterior. ¿Cómo se puede ahorrar para un plan privado de pensiones en estas circunstancias? De ninguna manera. A esto es a lo que nos ha llevado la legislación de inspiración socialista que regula tanto el mercado de trabajo como el sistema de pensiones, como la política antinuclear de ZP, como la política de intervención del suelo, como la política de gasto público de este país... Y la comisión del Pacto de Toledo pretende mantener todo esto y, además, el modelo de reparto del sistema público de pensiones. Lo dicho, sus miembros no viven en este mundo, probablemente porque son diputados y a ellos ni los problemas salariales de los españoles ni los del futuro de su pensión les afectan.


Libertad Digital - Opinión

Cuatro pilares para un gobierno. Por M. Martín Ferrand

Los discursos del líder del PP siempre tienen mucho de desafío, como quien espera un próximo triunfo.

MARIANO Rajoy, como si fuera un personaje de Eduardo Marquina —que lo parece—, podría rematar sus intervenciones con un verso de En Flandes se ha puesto el sol: «España y yo somos así, señora». Los discursos del líder del PP siempre tienen algo de altaneros, como corresponde a los tímidos, y mucho de desafío, como quien espera un próximo triunfo que se va dilatando en el tiempo. Acaba de anunciar que, si gana las próximas legislativas, su Gobierno será «moderado, centrista, integrador y reformista». Es una expresión cabalística, más propia del Oráculo de Delfos que de un líder en edad, y necesidad, de merecer.

Eso de la «moderación» se usa mucho en las definiciones políticas al uso. En realidad es un invento socialdemócrata para distanciar su imagen del radicalismo típico del socialismo real y, en Europa, viene siendo un comodín dialéctico de la cristianodemocracia. O de lo que queda de ella. ¿Será ese el sentido «moderado» que Rajoy prepara para su Gobierno venidero?


Si hay algo políticamente inclasificable es el «centro», aunque todos lo usemos como el punto de equilibrio entre la izquierda rabiosa y la derecha rampante; pero, según se desplacen sus puntos de referencia, el centro se mueve como un diábolo por las cuerdas que le guían. El centro es un concepto que solo tiene diáfano su respeto por el Estado de bienestar, esa quimera a la que, por las buenas o por las malas, habrá que ir renunciando.

El deseo «integrador» le honra al líder de la gaviota. Una España compacta, integrada y respetuosa con todas sus peculiaridades personales y territoriales es tan deseable como difícil. Podría, mientras le llega el momento, ejercitarse con la integración dentro de su propia sigla para que ejemplos paradigmáticos, como el de Francisco Álvarez Cascos, no demuestren que el interés de los caciquillos locales se antepone a la voluntad de la mayoría y al éxito de la formación.

Además, «reformista». Tremenda palabra. José María Aznar, en el 93 y el 96, utilizó el concepto y prometió una regeneración democrática que tiró por la borda en el hotel Majestic. Antes, Miguel Roca fundó un partido —Partido Reformista Democrático—, del que fue candidato sin ser militante y no alcanzó, en toda España, los doscientos mil votos, ni un solo diputado, a pesar del despliegue de medios y de notables adheridos. Cuidado con el reformismo, que los tiempos demandan revolución.

Quizá debiera Rajoy revisar las cuatro patas sobre las que espera encaramarse a La Moncloa. Unas son demasiado abstractas y otras excesivamente concretas y, en su conjunto, escasamente diferenciales. Más programa y menos poesía.


ABC - Editorial

Pensiones de urgencia

El Gobierno fijó el 28 de enero como fecha tope para presentar su proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones. Con ese límite obligó al Pacto de Toledo a acelerar sus trabajos para contar en plazo con un documento sobre sus recomendaciones. Los grupos se quejaron de un «procedimiento de vértigo» forzado por las urgencias de un Ejecutivo apremiado por nuestros socios europeos y por la necesidad de calmar a los mercados. Y tienen razón. Las prisas del Gobierno han condicionado los trabajos y han dificultado un consenso, que finalmente no se ha dado por primera vez. La Comisión del Pacto aprobó ayer sus propuestas para la reforma del sistema de pensiones con el aval del PP, aunque sin unanimidad por el rechazo de los grupos minoritarios de la izquierda IU-ICV-ERC y BNG. El documento, sin embargo, plasma también las desavenencias de fondo planteadas por los populares en asuntos fundamentales como la edad de jubilación. El texto tampoco cifra el periodo de cálculo de la pensión, aunque se entiende que debe ser ampliado, y rechaza la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar «sin la consulta y el debate» previo del Pacto de Toledo.

El texto peca, por tanto, de una ambigüedad medida que dará al Gobierno un margen de maniobra para actuar en los aspectos más polémicos, lo que acentuó el escepticismo de los grupos sobre cómo se plasmarán las recomendaciones en el proyecto de ley. Estas dudas parecen más que justificadas porque el propio Rodríguez Zapatero ya anunció hace unos días que sacaría adelante la jubilación a los 67 años de forma progresiva y con «factores de flexibilidad razonables», aunque no existiera consenso. La impresión generalizada es que el Ejecutivo tiene su propuesta ya elaborada, con las directrices más o menos conocidas –jubilación a los 67 años y periodo de cálculo de 20 o 25 años– y que los postulados del Pacto de Toledo serán abordados casi como un trámite que cumplir. Otra prueba de cómo los socialistas son arrastrados por los acontecimientos y de que sus políticas son un mix de improvisaciones y urgencias, lo que ni genera confianza ni tampoco estabilidad.

España necesita cambios en su sistema de pensiones. El actual es insostenible. Una fórmula de reparto como la nuestra, sumada a una estructura demográfica condicionada por el envejecimiento acelerado de la población, depara una ecuación imposible y nos aboca a un colapso irremediable. Esa emergencia demanda altura de miras de los grupos políticos y perspectiva para legislar con la vista puesta en la sostenibilidad del sistema para futuras generaciones. Por eso, el consenso ha resultado siempre imprescindible por encima de coyunturas y estrategias partidistas. Que Zapatero haya dejado transcurrir el tiempo para afrontar a contrarreloj un debate de tanta trascendencia ha sido una irresponsabilidad más. Que contemple sacar adelante la reforma sin el principal partido de la oposición será otro grave error. La impresión es que las prisas pueden llevar a la precipitación y ésta a los errores. Las pensiones no admiten parches, sino intervenciones con rigor y alcance. Y eso es lo que cabe exigir al Gobierno y a la oposición.


La Razón - Opinión

El Pacto de Toledo, el pacto de la irresponsabilidad

Algunos de los partidos que ahora no se atreven a secundar a Zapatero –incluido el suyo-, no tendrán otro remedio que aprobar en el parlamento el retraso en la edad de jubilación que ahora no se atreven a recomendar en el Pacto de Toledo.

La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo ha aprobado por mayoría sus recomendaciones para la "reforma" de las pensiones, con la oposición de ERC, IU, ICV y BNG. Estos partidos de izquierda han justificado su negativa a suscribir las recomendaciones del informe alegando que consideran el texto lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno haga la reforma de las pensiones que desea sin incumplirlo.

El problema, sin embargo, está en que el texto es, efectivamente, tan sumamente ambiguo que el Gobierno podría incluso no hacer reforma alguna, también sin incumplirlo. Nos referimos, naturalmente, a una reforma encaminada a evitar –y no a adelantar– la quiebra del ineficiente y coactivo sistema público de pensiones que padecemos, que es a lo que se supone que iban dirigidas estas recomendaciones. Y lo decimos porque de las 21 que integran el informe de marras, las únicas que concretan y se comprometen a algo son las dirigidas a solicitar la ampliación de la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años. Eso, por no hablar de las recomendaciones encaminadas a estudiar que las pensiones se revaloricen respecto al aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones.


Como ven, todas estas sugerencias, y otras que nos dejamos en el tintero, lejos de solucionar o de paliar el problema de nuestro sistema de pensiones, no vendrían sino a agravarlo. Y es que el problema no es otro que el hecho de que cada vez hay menos cotizantes (trabajadores) y más beneficiarios (pensionistas), por lo que la cuantía de lo que los empleados pagan cada mes a la Seguridad Social está a punto de ser menor que lo que tienen que cobrar los jubilados.

Se supone que, ante este problema, las recomendaciones de reforma para hacer sostenible el ineficiente sistema público de reparto, al contrario de las señaladas, deberían de pasar por reducir la cuantía de las pensiones y por retrasar el momento de su percepción. A ello iban dirigidas, aun de manera insuficiente, las propuestas de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de los 15 a los últimos 20 años de vida laboral, o la de retrasar la edad de jubilación a los 67 años de edad.

Sin embargo, ninguna de estas dos medidas, o de naturaleza parecida, ha sido incluida en el informe que nos ocupa. La recomendación que más se aproxima a una de ellas es la que se muestra favorable a algo tan bochornosamente ambiguo como que el cómputo de la pensión "se modifique para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajo". ¿Y esto cómo se traduce o se cifra?

En cuanto, a lo del retraso de la edad de jubilación a los 67 años, ni se mienta. A este respecto, y dentro del bochornoso espectáculo que ha vuelto a dar nuestra clase política en la Comisión del Pacto de Toledo, especialmente vergonzosa ha sido la actitud del PSOE: mientras Zapatero había anunciado una voluntad firme de aplazar la edad de jubilación "con todas sus consecuencias", este miércoles el grupo socialista lo ha rechazado. Su portavoz en la citada comisión ha tratado de justificar semejante espectáculo diciendo que "creemos que la edad legal de jubilación debería alargarse a los 67 años pero ponemos en valor, por encima de todo, el alcanzar un consenso aquí en el Pacto de Toledo".

El caso es que el retraso de la edad de jubilación y la reducción de la cuantía de las pensiones no es tanto una opción de Zapatero, como una exigencia tanto del propio sistema público de pensiones como de Bruselas. Algunos de los partidos que ahora no se atreven a secundar a Zapatero –incluido el suyo– no tendrán otro remedio que aprobar en el parlamento lo que ahora no apoyan como recomendación en el Pacto de Toledo. Eso, o arriesgarse a que nuestros socios nos expulsen del euro, por no hablar de las consecuencias devastadoras que también tendría no hacerlo para el sistema de pensiones a un, cada vez más menguante, largo plazo.

Lo que queda patente, en cualquier caso, es la ilimitada irresponsabilidad de una clase política que no tiene más fijación que el cortoplacista cálculo electoral, sin importarle las devastadoras consecuencias que ello tenga incluso para el ineficiente y coactivo sistema de reparto por el que dice abogar.


Libertad Digital - Opinión

«Pensionazo» a la fuerza

El Gobierno apura ante su último año de mandato la incompetencia gestora y política de la que ha hecho gala desde el comienzo de la crisis.

LA Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo aprobó ayer una serie de recomendaciones de reforma del sistema de pensiones sin un consenso preciso y elaborado sobre los principales aspectos de este pilar del Estado de bienestar. La prolongación o no de la edad de jubilación y del cómputo de la vida laboral necesaria para cobrar una pensión discurre por el documento parlamentario envuelta en fórmulas muy genéricas, sin que finalmente se sepa a ciencia cierta cuál es la opción defendida por la Comisión. Las consideraciones generales sobre la conveniencia de reformar el sistema de pensiones dan al Gobierno el argumento suficiente para tener por cumplido el trámite del debate previo en este órgano y por concedido el aval para hacer lo que ya tiene decidido hacer el próximo 28 de enero: prolongar la edad de jubilación de 65 a 67 años, salvo las excepciones apropiadas a trabajos penosos, y ampliar el plazo mínimo de vida laboral para percibir pensión. El debate sobre estas cuestiones no tiene intriga alguna sobre cómo finalizará. De hecho, Zapatero ya anunció en Bruselas —donde se alecciona al Gobierno sobre su política económica— que la edad de jubilación aumentaría dos años. Por tanto, el loable esfuerzo de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo no se corresponde con la atención que va a prestar el Gobierno a sus recomendaciones. Y esta desafección es una mala noticia, porque las pensiones eran la única materia sobre la que existía realmente un pacto de Estado y así debería seguir siendo. El problema de este consenso blando alcanzado en la Comisión es que se produce pese a la coincidencia casi unánime de los grupos políticos sobre la inviabilidad financiera del sistema de pensiones en sus condiciones actuales. Una vez más, la falta de una agenda política hecha con rigor responsabiliza al Gobierno de que las medidas necesarias para salir de la crisis no se tomen a tiempo, de forma planificada y con el acuerdo político suficiente para comprometer también a los ciudadanos, a los que se les priva de un mensaje constructivo sobre la razón de los sacrificios.

El Gobierno apura así ante su último año de mandato efectivo la incompetencia gestora y política de la que ha hecho gala desde el comienzo de la crisis. Medidas inconexas que comenzaron siendo unos derroches de gasto público para terminar asaltando los bolsillos de los españoles y recortando el estado de bienestar como nunca antes en treinta años de democracia.


ABC - Editorial