viernes, 14 de enero de 2011

Aznar y González: de lo general a lo particular. Por Antonio Casado

Es legal pero no es ético. Por muchas vueltas que le demos. El compromiso de un gobernante con los intereses generales de su país es vitalicio. O debe serlo. Y, por tanto, el capital acumulado en conocimientos, experiencia, influencia, relaciones, etc., durante sus años de mandato, nunca debería ponerse al servicio de intereses particulares a cambio de una retribución más o menos sustanciosa. La cuantía es lo de menos porque se trata de una cuestión de principios.

Ese es el sentido de la norma legal que regula el estatuto de los ex presidentes del Gobierno (Real Decreto 2102/1983, modificado en 1992 y en 2008), al que se le olvidó fijar un régimen especial de incompatibilidades para los ex presidentes. Se ocupa casi exclusivamente de garantizarles una vida digna mediante la asignación de recursos públicos.

Algunos de esos recursos (automóvil, conductor y escolta) también se extienden, por cierto, “al cónyuge o persona unida con análoga relación de afectividad, en caso de fallecimiento” según la modificación de julio de 2008. De modo que, atención, si un ex presidente fallece, su viuda o la persona a él unida sentimentalmente tiene derecho al automóvil oficial, conductor oficial y escolta oficial.


Además de una retribución anual de unos 70.000 euros, dotación para gastos de oficina, coche oficial, chofer, asistente, secretaria y escolta, el ex presidente tiene reservado un lugar en el protocolo, el derecho a disponer de asistencia diplomática en el extranjero, viajes gratis en los medios de transporte públicos, etc. Toda una logística con cargo a los impuestos de los ciudadanos que se acaba poniendo a disposición de intereses particulares. Lo cual es una forma de malversación, si se me permite utilizar ese término una vez despojado de su carga penal.
«Es moralmente reprobable traficar en el mercado privado con el bagaje de conocimientos e influencias adquiridos en el servicio público.»
Se trata de rodear al ex mandatario de medios públicos necesarios o suficientes para eludir la tentación de venderse a los privados. Ese es el Derecho. Al menos en el espíritu, pues la letra no es explícita al respecto. Los hechos son otros, como acabamos de saber por los recientes y energéticos fichajes de los dos últimos ex presidentes del Gobierno. Felipe González, a Gas Natural, como consejero independiente, con un sueldo anual de 125.000 euros. Y José María Aznar, a Endesa, como asesor externo, con una retribución de 300.000 euros.

En esos términos, me parece escandaloso el tránsito de lo general a lo particular. Lo sería menos si ambos renunciasen a la cobertura económica y logística dispuesta por el Estado para garantizarles el respeto y la consideración social que merecen como servidores de lo público. Aún así me seguiría pareciendo moralmente reprobable traficar en el mercado privado con el bagaje de conocimientos e influencias adquiridos en el servicio público.

Es evidente que Gas Natural, o Endesa en su caso, han contratado a González o Aznar como conseguidores, y no como expertos en generación o distribución de energía. Pero el caso es que esas dos compañías tienen competidores, cuyas cuentas de resultados están muy sometidas al poder inversor y regulatorio de los Gobiernos. ¿Por qué aquellos han de jugar con ventaja?


El Confidencial - Opinión

El derecho a discrepar. Por José María Carrascal

La polarización de la política norteamericana empezó hace años y hay culpas para todos.

LA verdadera tragedia norteamericana no es que haya ocurrido otra de esas masacres que de tanto en tanto ensombrecen la historia de este país. La verdadera tragedia es que esta masacre, a diferencia de las anteriores, no ha unido a los norteamericanos, haciéndoles sentirse un solo pueblo, sino que continúan la controversia y las acusaciones.

Tras el atentado terrorista de Oklahoma que dejo 168 muertos y el de las Torres Gemelas que dejó casi 3.000, la nación cerró filas y los presidentes Clinton y Bush encontraron eco a sus llamamientos de unidad por encima de las diferencias contra cualquier clase de terrorismo. Obama ha intentado hacer lo mismo al rendir homenaje a las víctima de Arizona, pero toda su oratoria no ha sido capaz de alejar el debate partidista que viene emponzoñando la atmósfera norteamericana hasta hacerla irrespirable e incluso peligrosa. El despacho de la congresista Giffords en Tucson, sin ir más lejos, había sido vandalizado, antes de sufrir el ataque que la mantiene en coma.


Nada más ocurrir el atentado, la izquierda norteamericana apuntó el Tea Party y a Sarah Palin como inductores morales del mismo, obviando los muchos indicios de la inestabilidad mental del autor del mismo, confirmadas posteriormente. Pero Sarah Palin no lo ha hecho mejor con una defensa tanto o más vitriólica, en la que, sin disculparse por el mapa con dianas de los distritos a conquistar, califica tales críticas como «libelos de sangre», resucitando las tradiciones antisemíticas medievales, que culpaban a los judíos de sacrificar niños cristianos para beber su sangre. Únanle que la congresista Griffords es judía, y tendrán el desánimo del país junto al dolor de la tragedia.

La realidad es que estamos ante algo que no es nuevo ni exclusivo. La polarización de la política norteamericana empezó hace años y hay culpas para todos. Es verdad que los ataques a Obama por parte de la extrema derecha han sido tan virulentos como falaces, llegándose incluso a dudar, no ya de que fuese cristiano, sino de que sea norteamericano. Pero ¿y los que desde la extrema y no tan extrema izquierda se lanzaron contra Bush, llamándole «asesino de niños» y cosas por estilo, eran acaso piropos? La izquierda, desde esa superioridad moral que se otorga sin mérito, pues ha cometido tantos o más crímenes que la derecha, se cree autorizada a sentenciar sobre hechos y personas sin ningún tipo de cortapisas, siempre arrimando el ascua a su sardina. La única conclusión razonable sería que ambas reconocieran sus excesos verbales y aceptasen que en democracia es legítimo discrepar sin ser tachado de antipatriota y, menos, de delincuente. «Hablamos para curarnos —decía Obama en el funeral—, no para herirnos». Lo malo es que incluso esas palabras ofenden a algunos.


ABC - Opinión

ETA. ¿Cuánto va a durar esta tregua?. Por Guillermo Dupuy

Si los terroristas fijaran una duración determinada a su alto el fuego pondrían las cosas mucho más difíciles a los tramposos de cara a maquillar el chantaje como una "posibilidad de paz" que hay que "explorar" o "verificar" –eso sí– "con mucha cautela".

Aunque políticos y periodistas acusen a los etarras de hacer trampas, sabemos una vez más por los propios terroristas que, lejos de una aceptación –ya fuese fingida o sincera– de su derrota, estamos ante una nueva tregua, ante un mero cese temporal de su actividad criminal, no menos claramente condicionado, como todos los altos fuegos anteriores, a la consecución de los objetivos por los que estos criminales han venido practicando su "lucha armada".

La cuestión, entonces, que nos podríamos plantear es cuánto va a durar esta tregua. ¿Cuándo van los etarras a volver con el tiro en la nuca si, tal y como nos aseguran, esto es sólo un alto el fuego? Lo cierto es que los etarras, al igual que en las más recientes treguas anteriores, no fijan la duración de su alto el fuego.


En el pasado, los etarras a veces sí que fijaban la duración de sus treguas, pero luego no siempre se ajustaban al plazo dado. Tal es el caso, por ejemplo, de la que llevaron a cabo en tiempos de Calvo-Sotelo, poco después del 23-F: dijeron que duraría un año, pero luego la prorrogaron hasta agosto del 82. La que ahora nos ocupa, que no deja de ser la reactivación de la llevada a cabo durante la primera legislatura de Zapatero, es indefinida, como también lo fue la prenegociada con los nacionalistas en Estella durante el Gobierno de Aznar. Tiene toda la lógica del mundo que así sea, ya que, para infamia de Zapatero, esta tregua en dos tiempos ha sido prenegociada y cocinada, por primera vez en la historia, con el Gobierno de la nación, sobre compromisos adquiridos, tal y como lo fue también la prenegociada con los partidos separatistas en Estella. Y es que si los terroristas fijaran una duración determinada a su alto el fuego pondrían las cosas mucho más difíciles a los tramposos de cara a maquillar el chantaje etarra como una "posibilidad de paz" que hay que "explorar" o "verificar" –eso sí– "con mucha cautela". El caso, sin embargo, es que las treguas, aunque no tengan una duración determinada, sí la tienen limitada. En caso contrario, no serían treguas.

Como la duración de esta tregua va a estar en función de acontecimientos futuros –tales como el grado de aceptación de los españoles a que el fin de ETA no conlleve su derrota, el grado de cesión y de sinceridad de un Gobierno que, por boca de Zapatero, aseguró que "con la paz todo será posible tenga el alcance que tenga" o que "los vascos tendrán derecho a decidir"– es imposible saber cuánto tiempo los encapuchados criminales van a mantener este "alto el fuego permanente y de carácter general".

Lo que sabemos por los terroristas es que su espada seguirá en alto sobre nosotros, con posibilidad de caer en cualquier momento, si no avanzamos hacia esa "segunda transición" que "tiene que aceptar la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir de los pueblos", tal y como acaba de recordar Otegui en Gara.

Aunque a este vocero de los encapuchados se le pegue cada día más el lenguaje engañoso de la clase política, a cuyo estatus quiere volver, aun conserva la sinceridad propia de los criminales chantajistas de advertirnos de que el cese de la violencia por parte de ETA no es irreversible: "Lo primero que quiero transmitir es que es fundamental nuestra presencia en las elecciones de mayo, no solamente para superar una realidad de segregación político-ideológica que manipula la voluntad de la sociedad vasca y su marco institucional, sino fundamentalmente para abordar la irreversibilidad del proceso democrático".

Si no quieren arriesgarse, ya pueden darse prisa los tramposos que nos gobiernan, y que encubren el chantaje, en volver a colar en las instituciones a los proetarras, muchos de los cuales, por cierto y gracias a ellos, siguen dentro.


Libertad Digital - Opinión

Al enemigo, ni agua. Por Hermann Tertsch

¡Qué sensibilidad la de RTVE! Si tuviera la misma cuando protestan quienes están hartos de insultos a la religión católica...

MENOS mal que ya tenemos un buen cuerpo delator de despliegue rápido que nos evita a veces errores en el adoctrinamiento. Estamos aliviados. Un espantoso error que cometió la Televisión Pública ha podido solventarse sin mayores consecuencias. Gracias a una pertinente denuncia de la gacetilla sectaria de los amigos de Zapatero y a 170 de esos muchos miles de chivatos que el zapaterismo nos va a dejar como guardianes de su moral y jenízaros de la cultura de delación. Hay que controlarlo todo muy bien, porque —y aquí está la prueba— hasta un órgano dirigido por los más obedientes y leales, con una vocación incuestionable de difundir la buena nueva del socialismo «new age» y sus magníficas intenciones, pueden equivocarse. Pero funcionan los cuerpos de denunciantes —«the chota crew»— para evitar lo peor. Resulta que RTVE mandó a un equipo a hacer un programa de «españoles por el mundo» a Israel. Y sus jefes no debieron avisarles bien de lo que se esperaba de ellos. Sería la costumbre. Porque la gente de la casa sabe que, si se habla de Israel es para insultar al país, llamar nazis a sus dirigentes, ridiculizar a los creyentes en el Muro de las Lamentaciones y soltar algunas lindezas sobre los judíos en general, que mira que son fachas, intrigantes y ricos, todos ricos.

Resulta que el equipo fue a Jerusalén, contactó con una serie de españoles que viven allí e hicieron el programa. Que se emitió el 7 de diciembre. Pero ¡ay!, el resultado era radicalmente insatisfactorio para los guardianes de nuestra pureza revolucionaria antisionista. En el programa aparecía gente normal, con sus inquietudes, sus problemas, sus añoranzas y sus ganas de mostrar rincones de aquella maravillosa ciudad. Exactamente con el mismo formato y método que en los programas hechos en las más diversas ciudades del mundo. Se habla de precios, horarios, diversiones, de atracciones y hospitalidad. En total desenfado. En Berlín no habla de la guerra sino de discotecas. En París o Londres no pregunta por el índice de violaciones. En Pekín o Moscú no trata de minorías perseguidas ni presos políticos. No hay política en general. Pero con Jerusalén no valen los criterios generales. Los judíos merecen un trato especial. Los israelíes no tienen derecho a tener una imagen normal, que no esté marcada por la crueldad o el drama. No vayamos a sentir simpatía. Los judíos tienen que ser como los presentan los dibujantes antisemitas de los diarios españoles de izquierdas. Con nariz aguileña, levita y tirabuzones. O militares con cruces gamas. Los españoles que viven allí podrían ser educados y hasta atractivos. Y no organizan flotillas con los terroristas de Hamás. Sospechosos. Y encima, muchos judíos. Judíos españoles, simpáticos, hablando bien de Jerusalén e Israel. ¿Adónde vamos a ir a parar? Al enemigo ni agua. ¡Fuera programa! Ayer, Televisión Española —donde los toros son la peor obscenidad y todos los curas, fascistas y maricones— anunció que retiraba el programa. Lo consigue el periodiquillo del zapaterismo juvenil y 170 protestas de amigos de Hamás. ¡Qué sensibilidad la de RTVE! Si tuviera la misma cuando protestan quienes están hartos de insultos a la religión católica o de aquelarres sectarios y revanchistas.

El antisemitismo izquierdista español se cobra esta pieza. Pero eso no es nada. Un anuncio para el boicot a productos israelíes que emite la televisión palestina, informa, con gran despliegue tipográfico, que lo financia el Gobierno español. Éste dice que no ha sido. Quizás no mienta. Habrán confundido a España con Irán, Hamás o Hizbullah. Nuestros amigos.


ABC - Opinión

El desencanto. Por Alfonso Ussía

Me parece bien que el etarra José María Sagarduy Moja, alias «Gatza», abandone la cárcel y salga en libertad. No malinterpreten mis palabras. Me parece bien porque ha cumplido íntegramente su condena y le corresponde, según las leyes de un Estado de Derecho, ser libre de nuevo. Y me parece mejor por su desencanto. El egocentrismo de un terrorista preso durante algo más de treinta años le lleva a pensar que todo el mundo está pendiente de él. Más aún, si en esos treinta años ha seguido creyéndose un héroe, un luchador por la independencia de una nación que nunca ha existido como tal. Le harán algún homenaje y aquí paz y después gloria.

José María Sagarduy asesinó a su primera víctima con poco más de veinte años. Era un joven imbécil y perverso, arrebatado de patrias inventadas y melancolías de aldea. Asesinó en Guernica a Juan Cruz Hurtado, y poco después en Ondárroa a José María Arrizabalaga. En la veintena vital entró en la cárcel. Y ahora sale cincuentón. Se va a sentir ajeno en una sociedad con la que lleva treinta años divorciado. Crecer de golpe treinta años no puede resultar agradable. Las chicas que dejó son hoy unas señoras probablemente fondonas. De haber visto día tras día su evolución, hoy le parecerían unas valquirias estupendas, pero se va a llevar un porrazo visual y estético.


Y el desencanto le vendrá cuando compruebe que sus treinta años de cárcel no le han servido para nada. Ni la ETA ha triunfado, ni el comunismo se ha impuesto, ni el nacionalismo se mantiene en el poder. El «Lehendakari» es un López, un maqueto, que gobierna apoyado por los votos parlamentarios del Partido Popular. Si algún pensamiento o reflexión pueden emerger de su inteligencia de botijo, Sagarduy se formularía muchas preguntas y no hallaría ni una sola respuesta satisfactoria respecto a su fracaso. Es casi una nada con treinta años más sobre los hombros. Los novecientos inocentes asesinados por la ETA, por él y sus compinches en barbaridades sanguinarias, son los héroes, no ellos. Y aquella banda terrorista que le llevó de la perversidad a una condena de treinta años, es hoy un manada debilitada, no por los Gobiernos, sino por una sociedad unida y comprometida con sus víctimas. Dejó una máquina poderosa de sangre y hoy, treinta años más tarde, se encuentra con una bicicleta pinchada. Treinta años perdidos por ser un criminal imbécil. De «Euskadi ta askatasuna», nada de nada. La única posibilidad que tiene la ETA para sobrevivir no es otra que la debilidad del Gobierno, y es de esperar que la sociedad no se la permita.

La Justicia ha cumplido con su palabra y ha puesto en libertad al cincuentón perdido. Nada es como era, empezando por su cuerpo. Lo que le reste de vida, lo hará abrazado al rencor y al odio. Odio y rencor hacia sí mismo, principalmente. Y en unos meses, su figura se perderá en los grises del olvido y de la indiferencia. No espere ni en sueños la gratitud de los que lo envenenaron para asesinar en nombre de no se sabe qué. Al salir en libertad ha perdido el único valor que tenía para el movimiento asesino al que pertenece. Ya no es ni un preso. Para ellos, un preso es moneda de cambio, motivo de chantaje y causa de coacción. En libertad, el tal «Gatza» ha perdido toda su cotización. Y no creo que se atreva, después de treinta años, a volver a matar. Con cincuenta años se corre menos ante la Guardia Civil que con veinte. Con la libertad se ha reencontrado a sí mismo. La soledad del excremento.


La Razón - Opinión

Tribunal Constitucional. Casas enfurruñada. Por Emilio Campmany

¿Es por eso, por no estar satisfecha con su trabajo, por lo que se despidió tan agriamente? ¿Se debe a ello el que, como una especie de señorita Rotenmeyer, recriminara a toda la clase política?

Es un clásico en nuestro país oír a los políticos cuando se retiran pontificar acerca de lo mucho que se debería hacer, olvidando que ellos podrían haberlo hecho cuando ocuparon el cargo y sin embargo no lo hicieron. María Emilia Casas, naturalmente, no podía ser una excepción. Se me dirá que mi tocaya no es una política y que tampoco lo es el cargo del que se despide. Ja. Su trabajo en el Tribunal, especialmente desde que hace seis años fue nombrada presidenta de él, ha sido en esencia político. Su más importante misión fue la de salvar cuanto se pudiera del groseramente inconstitucional estatuto de Cataluña. Y sólo fue capaz de cumplirla a medias. Porque es verdad que se han declarado constitucionales muchos artículos que es obvio que no lo son. Pero no es menos cierto que el tribunal presidido por ella se ha visto obligado a declarar la inconstitucionalidad de los suficientes apartados como para encorajinar al nacionalismo catalán.

¿Es por eso, por no estar satisfecha con su trabajo, por lo que se despidió tan agriamente? ¿Se debe a ello el que, como una especie de señorita Rotenmeyer, recriminara a toda la clase política? ¿O fue quizá tan sólo un desahogo por el rapapolvo que tuvo que aguantarle a María Teresa Fernández de la Vega? Yo creo que no. Doña María Emilia estaba muy enfadada, pero no porque el Congreso todavía no haya nombrado a los cuatro magistrados que debiera ya haber designado ni porque los políticos no hayan sabido ponerse de acuerdo para reemplazar a García-Calvo, fallecido mientras estaba en funciones. Lo que probablemente tiene a la ya ex presidenta hablando sola es ver que el puesto en el Consejo de Estado que le habían prometido en pago de sus servicios resulta que ha sido ocupado por la misma que la abroncó en público. Total que, después de haber tenido que tragar quina por verse regañada por alguien sin ninguna autoridad sobre ella, después de haber seguido, a pesar de ello, al frente de la institución sin que de la Vega se disculpara, después de haber dejado el prestigio del tribunal y el suyo propio por los suelos, y después de haberse fajado defendiendo lo indefendible, van y le dan a otra el caramelo que a ella le prometieron. Es natural que esté que echa chispas.

Ahora, hasta para enfadarse, hay que tener cabeza. ¿Cómo puede abroncar a las Cortes por no renovar a los magistrados si fue precisamente esta omisión, reforma inconstitucional mediante, lo que le permitió ser presidenta el doble de lo legalmente permitido? ¿Cómo puede tener cuajo para quejarse de eso y "olvidar" que el artículo 160 de la Constitución dice que "el presidente del Tribunal Constitucional será nombrado (...) por un período de tres años"?

Pero lo más chirriante del discurso de despedida de la presidenta vino cuando se refirió a García-Calvo, del que dijo: "la tristeza por su muerte se ahonda ante la constancia de que el Congreso no ha encontrado el tiempo preciso para cubrir su vacante". Es como si en un funeral de un entrenador de fútbol o de un profesor, alguien diera el pésame a la familia señalando que el dolor le embarga con mayor profundidad al ver que no le nombran sustituto al muerto. Uno ya no sabe si es un problema de capacidad o de mal gusto.


Libertad Digital - Opinión

La emoción de la calle. Por M. Martín Ferrand

Las dos compañías energéticas que buscan los servicios de los ex presidentes del Gobiernono son libérrimas.

SEGÚN el consejo del muy atrabiliario Luis Bonafoux, las putas, los policías, los políticos y los periodistas —las cuatro grandes pes del reparto social— estamos obligados a recorrer las calles de la ciudad, con los ojos bien abiertos, para cumplir con nuestro trabajo. Lo que debe evitarse es que se crucen las intenciones con las que las unas y los otros debemos hacer esas rondas. En mi observación directa, y por encima de asuntos de mayor enjundia, resulta creciente, y hasta alarmante, la generalizada indignación de las personas ante la situación, diz que de privilegio, que en el orden salarial y de generación de derechos pasivos asiste a la clase política. Esa actitud, incluso enconada, se proyecta sin grandes diferencias contra los actores de los tres grandes poderes del Estado y se extiende a la nomenclatura de los partidos políticos.

Algo que, en primera instancia, parecía un asunto menor, la contratación de Felipe González y José María Aznar como consejeros de Gas Natural, el primero, y asesor de Endesa, el segundo, encabeza el ranking de la protesta popular. Cabría atribuírselo a la envidia, algo que nunca es sano, que define el carácter nacional y que, según Fernando Díaz Plaja, obliga al español medio a buscar y encontrar en los personajes de su máxima admiración algún factor negativo que le permita increparle en sus conversaciones diarias. «Qué bien escribe el cabrón» y lindezas por el estilo. Pero hay más, tanto en el sentimiento callejero como en la valoración política de las dos contrataciones, curiosamente simultáneas.

Aparte del agravio comparativo que, en materia de pensiones, supone el tiempo que se le exige a un trabajador común o a un diputado, hay algo, a mitad de camino entre la ética y la estética, que explica desde la razón la indignación emocional que generan González en Gas Natural y Aznar en Endesa. Si cualquiera de los dos, o ambos a la vez, hubieran sido reclamados como consejeros de Inditex o asesores de Mercadona, habría muy poco que decir. Sería una cuestión entre ellos y Amancio Ortega o Juan Roig. Pero las dos compañías energéticas que buscan los servicios de los ex presidentes del Gobierno no son libérrimas, como la gallega del textil o la valenciana de la distribución. Se integran en un sector privatizado y no liberalizado, regulado, y ahí caben el escrúpulo y la crítica. Doy por sentado que buscan la sabiduría de los ex presidentes, pero puede aceptarse la sospecha de que también se pretenda su capacidad de influencia frente a sus partidos, de los que dependen, o dependerán, sus tarifas y otras circunstancias. Es legal, pero no es bonito.


ABC - Opinión

Israel. Es un boicot del Gobierno de España. Por Cristina Losada

No sólo es preciso investigar este concreto caso. Habrá que suspender las ayudas a las organizaciones responsables. Y establecer mecanismos de control.

Aquella genial idea de Zapatero, los mil y un spots del Gobierno de España, acaba de traspasar nuestras fronteras. Gloriosamente. Y no para recomendar que saques tarjeta roja a los maltratadores, recicles la basura, te pongas el casco, reduzcas la velocidad o cualquiera de los otros mensajes destinados a "sensibilizar" a esos niños de guardería que son los ciudadanos españoles. Ahora, el Gobierno de España patrocina, a cara descubierta, con bandera, escudo y dirección ministerial, un boicot a los productos israelíes que se emite en la televisión palestina administrada por Fatah.

La historia es simple, tersa, increíble. Aunque previsible. El anuncio tiene lugar en una tienda de ultramarinos, un escenario popular. El tendero es advertido de que hay pasquines llamando a un boicot de los productos de Israel. "No puedo no traerlos. La gente los pide y en la mayoría de los casos son mejores que el producto local", replica el poco patriótico comerciante. Animado por el traidor, un niño pide una bolsa de patatas fritas israelí de una marca realmente existente. Con ella en la mano, va a salir, cuando se oye algarabía de disparos. El infante deja caer las patatas y sentencia, grave: "No quiero productos israelíes. Quiero productos palestinos". La decisión se rubrica con un texto: "No prolongues la vida de los ocupantes en nuestra tierra". Acto seguido, aparece el logo del Gobierno de España acompañado por su Ministerio de Asuntos Exteriores y su Agencia Española de Cooperación Internacional, más la firma de una ONG también española, ACSUR.


No se trata, precisamente, de publicidad subliminal. El spot es tosco en su asociación de los chips israelíes con la guerra y la represión contra los palestinos. En su mensaje final hay una incitación apenas velada. La instigación del odio hacia Israel y los judíos, con o sin llamadas al boicot, es una línea maestra de la propaganda mal denominada pro-palestina. Pero ¿cómo ha aparecido el Gobierno de España en tan infame ejercicio de antisemitismo? El embajador en Tel Aviv asegura que ha sido sin su conocimiento. Parecida respuesta ha dado el Ministerio de Exteriores a los escasos medios nacionales que se han interesado. La ONG se escapa por la tangente. Sí, pero ¿se financian con dinero público español groseras campañas contra Israel en Gaza y en Cisjordania? ¿Controla el Gobierno en qué se emplean las subvenciones que destina a la Autoridad Palestina? ¿Y las que concede a ONGs dedicadas a infligir su activismo político por el mundo adelante?

El Gobierno de España dirá circunspecto que entrega dinero a los dirigentes palestinos para el alcantarillado, el agua potable, la sanidad, las aceras. Pero cuando se financia a expertos en promover el odio, ocurre invariablemente que lo dedican a esa, para ellos, esencial actividad. No sólo es preciso investigar este concreto caso. Habrá que suspender las ayudas a las organizaciones responsables. Y establecer mecanismos de control. Máxime cuando el espíritu del anuncio guarda afinidad con los prejuicios anti-israelíes que dominan en la galaxia ideológica del Gobierno.


Libertad Digital - Opinión

Ser Alemania. Por Ignacio Camacho

Es cierto que España no es Grecia, ni Irlanda, ni Portugal. Pero sobre todo lo que no somos es Alemania.

EL mantra defensivo contra la debilidad económica española que el Gobierno ha canturreado durante los últimos meses —no somos Grecia, no somos Irlanda, no somos Portugal— ya tiene un estribillo antónimo. Lo que no somos es Alemania. No somos un país capaz de crecer por encima del tres por ciento cuando nosotros mantenemos crecimiento negativo (eufemismo piadoso: eso es decrecer). No somos una nación federal capaz de reconducir el peso de sus poderes territoriales. No tenemos una clase dirigente dispuesta a formar un gobierno de coalición de partidos mayoritarios para abordar reformas de interés público. No tenemos un siete por ciento de paro, y bajando. No compramos deuda sino que la vendemos. Y no lideramos nada en Europa salvo las estadísticas de desempleo. No, definitivamente, no somos Alemania.

Y no nos vendría mal ser un poco alemanesen este tiempo incierto. Adoptar algo del rigor político y la determinación moral con que la sociedad germana ha afrontado la crisis para salir de ella antes que los demás. Imbuirnos de esa tradición un poco luterana de disciplina colectiva y respeto al trabajo. Ser más eficaces, más dinámicos, más austeros y menos diletantes. Si los nacionalistas catalanes quieren parecerse a Quebec y los vascos a Suiza (salvo los etarras, que apuntan más al modelo albanés o al cubano), el conjunto de los españoles deberíamos tratar de asimilarnos a Alemania. Que por cierto tiene una estructura federal sin que el Estado pierda por ello su fortaleza ni diluya su cohesión como ha sucedido aquí con las autonomías. Alemania ha hecho los deberes que nosotros no hemos sabido ni plantear, entre otras cosas porque mientras allí se aprestaban a hacer frente a la recesión aquí pasamos dos años discutiéndola y negándola. Ahora es un país capaz de absorber parte del empleo que nos falta; quizá pronto veamos más españoles emigrando de nuevo a Francfort o Colonia, pero ya no serán obreros sin cualificar sino graduados universitarios.

Sí, los alemanes son muy aburridos y muy cabezas cuadradas y tal. Pero ese carácter les ha permitido sacudirse las miasmas y adoptar con firmeza las medidas que les sacaran del atolladero en el que los españoles andamos metidos con toda nuestra finura de criterio y nuestro sentido vitalista. Y ahora dependemos de ellos y de que decidan dedicar parte de su esfuerzo a estabilizarnos para que no nos llevemos por delante la unidad monetaria. Dependemos de que quieran ser solidarios cuando muchos de ellos empiezan a sentir la tentación de no serlo y añoran sus marcos fuertes frente al euro que estamos debilitando con nuestra divertida incompetencia. Y de que la «fracasada» Angela Merkel —que no ha olvidado el agravio— no sienta la tentación de pasarnos muy germánicamente la factura.


ABC - Opinión

El pacto es posible

Es una buena noticia que los sindicatos hayan renunciado a convocar a corto plazo otra huelga general y que se haya restablecido la confianza en el diálogo con el Gobierno. Pero sería todavía mejor que cristalizara ese embrión de gran pacto de Estado que se ha planteado en las últimas horas con la participación de empresarios, sindicalistas, Gobierno y oposición. Tal vez sea el momento tan anhelado por la mayoría de los españoles para que los agentes políticos y sociales envainen las espadas y asuman su responsabilidad ante la crítica encrucijada de nuestra economía. Después de algunos intentos fallidos, el último de los cuales fue el fiasco de la Comisión Zurbano, y de una huelga general, se dan ahora condiciones más idóneas para sentarse a la mesa y negociar una reforma económica profunda para los próximos cinco años que reactive el tejido productivo, cree empleo y recupere la confianza de los inversores. También los actores son ahora más conscientes del desafío, desde una CEOE que ha superado con éxito su proceso de renovación interna, hasta unos sindicatos más pragmáticos tras el severo desgaste sufrido, pasando por un PP más proclive al acuerdo. En cuanto al Gobierno, parece que Zapatero y Rubalcaba ya se han convencido de que es mejor un gran pacto global que ir parcheando agujeros al ritmo que marcan los mercados. Por tanto, y al margen de que el Ejecutivo cumpla su promesa de reformar las pensiones antes de que termine el mes, se hace imprescindible consensuar la culminación de la reforma laboral, de la negociación colectiva y de las políticas activas de empleo. Con rigor y seriedad, con auténtica voluntad de cambio y no sólo como escenificación para calmar la ansiedad de nuestros socios comunitarios. Resulta sorprendente y poco fiable, por ejemplo, que el Gobierno diga ahora que va a eliminar como causa objetiva de despido las pérdidas temporales de la empresa. Si esta marcha atrás es el peaje que Moncloa debe pagar a los sindicatos para no romper la baraja, así debería consignarse para no contaminar con sospechas el resto de la reforma laboral. Europa y los clientes de nuestra deuda soberana no deben albergar la más mínima duda de que las reformas estructurales van en serio y son a largo plazo. De lo contrario, subastas como la de ayer se encarecerán aún más y pondrán en grave aprieto a un país que necesita colocar este año 2011 más de 40.000 millones de euros. Pero el pacto de Estado no sólo es necesario por razones de credibilidad externa, sino también de eficacia interna. En este sentido, merece la pena intentar ampliarlo, como han pedido CC OO y UGT, a la política energética, para que las empresas no pierdan competitividad, y a la reactivación industrial para impulsar la creación de empleo. El reto es ambicioso y concierne a todos los dirigentes políticos y sociales. La oportunidad es propicia, tal vez la última, y sería sumamente grave que se malversara por atender a intereses ideológicos o partidistas. Por eso, convendría antes que nada blindar las negociaciones de las turbulencias electorales que se avecinan para que no fracasen y para que nadie caiga en la tentación de sacar tajada política de un plato que es de todos los españoles.

La Razón - Editorial

Una mini-reforma reducida a la nada

Nuestras relaciones laborales seguirán en manos de la misma autocracia sindical y judicial que ha destruido más de dos millones de empleos desde 2008.

Si mayo y noviembre fueron meses tremendamente complicados para los mercados de deuda como consecuencia del riesgo de suspensión de pagos de Grecia e Irlanda, esta semana las incertidumbres han girado en torno a la solvencia de Portugal y de España. A diferencia de Grecia –que padecía un volumen de deuda pública impagable– y de Irlanda –que soportaba una deuda privada bancaria diez veces superior a su PIB–, el problema de España y Portugal es cómo hacer frente a un volumen de endeudamiento considerable con una economía absolutamente estancada.

El caso de España es paradigmático: sin creación de empleo el crecimiento se vuelve una misión casi imposible y sin crecimiento ni creación de empleo tanto la deuda pública como la privada (sobre todo la bancaria) corren un alto riesgo de ser impagadas. Desde 2007 urgían reformas estructurales que permitieran a nuestro sistema productivo seguir generando riqueza; a saber, reducir el gasto público a niveles de 2002, liberalizar el mercado energético para lograr una provisión más barata de electricidad, recapitalizar las cajas de ahorros, actualizar a la baja las condiciones de jubilación que hacen sostenible a medio plazo nuestro ineficiente sistema de pensiones y, sobre todo, flexibilizar un mercado de trabajo tan arcaico que a poco que se ralentice la economía destruye millones de empleos.


Nada de esto se hizo y el resultado no puede ser más elocuente: hemos duplicado nuestra deuda pública en apenas dos años, la situación de nuestro sistema financiero se ha deteriorado hasta niveles impensables y la cifra de parados ha alcanzado los 4,5 millones. Con este cuadro, a nadie debería extrañarle que los mercados –por mucho que se los quiera caracterizar con cuernos y rabo– apuesten en manada por nuestro desmoronamiento. Es cierto que al Gobierno ya se le agotó hace meses el tiempo y el crédito para modificar nada en un intento de enderezar la situación, pero, aun así, cada día que pasa sin implementar todas las reformas anteriores, nuestro futuro sólo hace que volverse más negro.

De ahí que resulte incomprensible, salvo que asumamos la hipótesis de que Zapatero y los suyos están trabajando denodadamente para provocar la quiebra de España, que ahora el PSOE reduzca a la nada la mini-reforma laboral que sacó adelante hace medio año. Visto está, pues, que a los sindicatos sigue resultándoles altamente rentable realizar huelgas generales con nulo seguimiento salvo por parte de aquellos a quienes con violencia se les impidió acudir al trabajo. Después de la vergonzosa marcha atrás del PP en 2002, el PSOE vuelve a ceder ante el chantaje, pero esta vez en una situación mucho más crítica que la de entonces.

Nuestras relaciones laborales seguirán en manos de la misma autocracia sindical y judicial que ha destruido más de dos millones de empleos desde 2008. Poca resistencia ha mostrado el PSOE a enterrar los pocos y parcos avances que en esta materia introdujo en julio; con la tramitación del reglamento, ni siquiera las pérdidas empresariales permitirán que las compañías se acojan a la figura de despido objetivo para tratar de sobrevivir reduciendo sus costes. Y es que no olvidemos que, por mucha demagogia izquierdista que se emplee, el despido de parte de la plantilla es la única forma que tienen muchas empresas en dificultades para tratar de sobrevivir y evitar el despido de todo el resto de trabajadores. Encarecer esa fórmula, especialmente para las compañías de menor tamaño, sólo agravará aun más la situación: nunca deberíamos olvidar que las barreras para salir del mercado también constituyen infranqueables barreras para entrar en él.


Libertad Digital - Editorial