domingo, 16 de enero de 2011

¿Hasta cuándo?. Por José María Carrascal

Puede llegar el momento en que Europa se harte de garantizar nuestros disparates, y entonces se armará la de San Quintín.

SIENTO decirles que la versión que se ofrece en el exterior de la economía española no es, ni de lejos, la ofrecida desde dentro, y les pongo un par de ejemplos: «Las dudas se dirigen ahora hacia los bancos (españoles), que sufren la resaca de los créditos concedidos durante la burbuja inmobiliaria. Hay también dudas sobre la capacidad de España de mejorar la competitividad y volver a un robusto crecimiento», se leía en el «Financial Times» del viernes, mientras El «New York Times» remachaba: «El foco de los inversores se centra cada vez más en los bancos españoles, expuestos significativamente al colapso del mercado inmobiliario». Algo que confirmaba el principal economista del Citigroup, Willem Buiter: «Los bancos españoles pueden necesitar 150.000 millones de euros, que no aparecerán en sus balances contables, lo que obligará a España a pedir prestado a sus socios europeos».

¿Por qué les cuento estas cosas? No por ganas de aguar la fiesta, sino porque ya está bien de que nos cuenten siempre el mismo cuento. Y que nosotros lo creamos. No es para echar las campanas al vuelo el haber conseguido colocar 3.000 millones de deuda soberana, primero, porque ha sido al interés más alto de nuestra historia. Segundo, porque este año necesitaremos colocar otros 94.000 millones de deuda, a intereses tanto o más altos. Tercero, porque habrá que pagarlos y con el aumento raquítico de nuestra economía no sé de dónde vamos a sacar el dinero, mejor dicho, sí lo sé, endeudándonos más. Cuarto, y último, porque si el mercado nos presta ese dinero no es por nuestra fortaleza sino por saber que está garantizado por la Unión Europea. Pero puede llegar el momento en que Europa, Alemania especialmente, se harte de garantizar nuestros disparates, y entonces se armará la de San Quintín y la de San Quintón.

Pienso que Aznar se equivocó al decir que «estábamos intervenidos de hecho». ¡Ya quisiéramos! Ya quisiéramos, porque de estar intervenidos, a estas alturas ya hubiéramos hecho todas esas reformas que tan urgentemente necesitamos, la laboral, la de las pensiones, la financiera y las demás que el Gobierno viene anunciando, debatiendo, promoviendo, recortando, manoseando, sin atreverse a poner en práctica, no sabemos si por querer que otros se las hagan o por ese suicida optimismo suyo de esperar la recuperación universal que las haga innecesarias. El caso es que hace ocho meses que las anunció, y seguimos sin ellas.

Hace dos años, en un editorial que aún conservo, el citado «Financial Times» advertía: «Cuanto más tiempo tarde España en hacer las reformas que necesita, más costosas y difíciles le serán». Pues ahí nos tienen, en las mismas y presumiendo encima de no ser Grecia, Irlanda o Portugal. ¿Hasta cuándo?


ABC - Opinión

Paga el canon y calla. Por Antonio José Chinchetru

El mensaje a los ciudadanos y a quienes luchan por disminuir el abuso que supone la compensación por copia privada es claro: "paga el canon y calla".

Por si quedaba alguna duda, los hechos confirman lo que era previsible. La reforma del canon digital para adecuarlo a la sentencia que declara ilegal su aplicación indiscriminada en España no va a ser eficaz, veloz ni consensuada. Podría demorarse "meses". Hay que reconocer que en este aspecto González-Sinde no mintió, aunque sí trató de tomar por idiotas a los diputados y a los ciudadanos al decir que trataría de actualizar la normativa "lo más rápidamente posible", puesto que se dio a sí misma medio año para cambiar las cosas. Sin embargo, en el resto de los puntos salta a la vista la ausencia de sinceridad de lo que dijo la ministra hace más de tres semanas.

Se está negociando la reforma de la compensación por copia privada, eso es cierto, pero aquí no va a haber eficacia (excepto, con toda seguridad, para la SGAE y demás entidades de gestión), ni mucho menos consenso. Sobre esto último, el Gobierno está dispuesto a reunirse, y lo hace, con las "fuerzas vivas" del canon. Quienes han acudido al primero de los encuentros son las sociedades de gestión de derechos de autor, que se embolsan el canon, y Ametic. Sobre esta última hay que destacar que es una patronal (surgida de la fusión de otras dos) presentada en sociedad hace unas semanas por el Ministro de Industria, Pablo Sebastián, y cuyos miembros se van a ver beneficiados por los jugosos fondos de la prórroga del Plan Avanza 2. En concreto, para este año están presupuestados 1.116 millones de euros. Dudamos de que ante estas cifras, que además están pidiendo que se incrementen, estos señores quieran ser un incordio en sus negociaciones por el canon.


Quienes por el momento no han sido llamados a la mesa de negociaciones son las asociaciones de internautas, de consumidores y Apemit, la asociación de pequeñas y medianas empresas de informáticas afectadas de forma negativa por la compensación por copia privada. Dicho de otro modo, quienes pagan el canon o a quienes les destroza su cuenta de resultados no tienen derecho a voz ni voto en tan grave asunto. Al menos, por el momento. Lo que hay por ahora hacia el común de los españoles con respecto al canon es un puro y duro: "calla y paga". Y lo más seguro es que esto se mantenga.

Por si queda alguna duda de cuál es el papel que corresponde a quien sufre el canon, el Gobierno ni se ha molestado en decir cuándo podrán participar en las conversaciones. Quienes se han encargado de ello han sido los representantes de las entidades de gestión y de Ametic. Ambos han dicho que la participación de las asociaciones de internautas y Apemit tendrá lugar cuando lo marque la ley. Suena a pitorreo. Ninguna norma jurídica marca el momento en el que este tipo de organizaciones deben entrar en juego en unas negociaciones que, se supone, son a varias bandas. Pero el representante de la SGAE y sus hermanas han ido más allá, se han atrevido a indicar que los que todavía no tienen voz podrán hablar "en el momento adecuado". Le ha faltado decir que eso será cuando ya esté todo decidido.

En resumen, como señalábamos más arriba, el mensaje a los ciudadanos y a quienes luchan por disminuir el abuso que supone la compensación por copia privada es claro: "paga el canon y calla".


Libertad Digital - Opinión

Agamenón y su porquero. Por M. Martín Ferrand

La España autonómica, no cerrada del todo a la potencialidad constitucional, es económicamente inviable.

SOSPECHO que a José María Aznar le gusta fingirse a sí mismo para perpetuar su propia gloria. Es el problema del eventual discontinuo que genera la dedicación política: hoy mucho y mañana nada, independientemente del mérito acumulado. De ahí las apariciones que, de vez en cuando, proyectan en el presente quienes fueron, por el PSOE o por el PP, jefes del Gobierno y gozaron del aplauso mayoritario. Felipe González, mejor actor que Aznar, disimula con mayor naturalidad esa pulsión; pero los buenos catadores de la política saben que el síndrome de abstinencia no arranca únicamente de la dependencia de ciertas sustancias, sino que cuelga también de muchas experiencias y hasta de algún propósito. Por eso Aznar se les apareció en León a sus viejos subordinados y les dijo, según la pauta de Juan de Mairena: ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré más despacio.

El veterano líder de los populares, cuando es invierno, suele revestirse con una bufanda larga, larguísima, que evoca la solemnidad de la estola y con la que, se supone, se siente amparado para pontificar. De esa guisa, en una de esas liturgias huecas que los partidos se ofrendan a si mismos, Aznar demostró que tienen mucho más claras las ideas que los recuerdos y, en olvido del Pacto del Majestic que le instaló en La Moncloa, el chupinazo inaugural de la demasía autonómica, les advirtió que no podemos organizar nuestra vida en común multiplicándolo todo por diecisiete.

Es evidente que la España autonómica, no cerrada del todo a la potencialidad constitucional, es económicamente inviable; pero más nocivo y demoledor resulta lo que ello debilita al Estado en el que debieran asirse la certeza jurídica, la unidad educativa y la coherencia nacional. En consecuencia no es malo, salvo mejor opinión de Mariano Rajoy, que Aznar se apareciera para recordarlo. Alfredo Pérez Rubalcaba descalifica al ex presidente por esas declaraciones que, si fuera tan listo, astuto y eficiente como se nos quiere dar a entender, las agradecería por lo mucho que le ahorra al PSOE en el gasto de algo parecido. Como no somos alemanes y, en consecuencia, no parece posible que aquí se retrotraigan privilegios territoriales, raro concepto que antepone el territorio a los individuos, quizá sería cosa de ir pensando en que las próximas legislativas tuvieran valor constituyente para que el Congreso resultante pudiera revisar los supuestos sobre los que hoy sustentamos la convivencia para que resulten económicamente viables, respetuosos con la Historia y, en lo pragmático, nos haga fuertes frente a nuestros socios y vecinos.


ABC - Opinión

Culto al líder. La caída de ZP. Por Alberto Gómez

Cuando un líder socava el sustrato espiritual y las instituciones formales, entonces solo queda su autoridad como garante de algún orden por precario que sea; entonces surge la forma más primitiva de religión: el culto al jefe.

¿A qué se debe el desplome de Zapatero en las encuestas desde el verano hasta ahora? Si es por la crisis, ésta ya comenzó hace tiempo y su desplome debería haber comenzado antes. Un Maquiavelo informado por la teoría de la selección natural daría una explicación tan incompleta como otra cualquiera, pero al menos sería una pista interesante.

De acuerdo con la formulación más comprensiva de la teoría de la selección natural, las sociedades humanas son entidades naturales, sujetas a un proceso evolutivo, en el que se han contrastado violenta y pacíficamente distintas formas de organización interna, por tanto, sus normas, costumbres e instituciones escritas y no escritas, no son arbitrarias. La evolución no funciona solo a nivel biológico sino con cualquier tipo de unidades sujetas a variación y selección. Las sociedades humanas son entidades resultado de la unión de seres humanos. De forma análoga, los humanos son resultado de la unión de células eucariotas y así sucesivamente. Todos los niveles están sujetos a selección natural, y en cada nivel hay colaboración y conflicto entre las unidades que lo forman.


Para favorecer la colaboración y evitar el conflicto, la sociedad tiene sus mecanismos. La gente no busca la libertad ni la verdad. Debe satisfacer antes otras pulsiones más básicas. Atendiendo a la selección natural, la gente busca lo que le permita obtener más posibilidades de supervivencia y reproducción que en un ser social se traduce en la búsqueda de estatus, ayuda de otros y seguridad, que se consiguen a menudo con la conformidad con las ideas y valores del grupo en que se integra. El determinante más básico de la organización social es la naturaleza humana y esta, dependiente de la evolución biológica, cambia muy lentamente.

Fenómenos tan distintos como las religiones –con sus preceptos y ritos–, los conciertos de rock –en torno a bandas de "culto"–, hasta el "culto a la personalidad" en las dictaduras totalitarias, pasando por los mítines de los partidos políticos, por citar unos ejemplos, hacen pensar que la devoción en torno a líderes –bien sobrenaturales, bien reales idealizados que se convierten en modelos a imitar en diversos grados y maneras– es un fenómeno tan persistente en todo tiempo y lugar que es difícil eludir la idea de que estamos ante un instinto humano destinado a mejorar la colaboración y coordinación interna del grupo del que se trate. La psicología evolucionista estudia las religiones desde este punto de vista.

Las civilizaciones, o sea, los grupos humanos entendidos en su forma más extensa, tienen sus normas y valores que permiten la colaboración, asociados a entidades espirituales, lo cual garantiza su pervivencia a salvo de la arbitrariedad y el dictado de sus gobernantes. No es extraño que la religión sea el blanco preferente de los líderes despóticos e iluminados. Pero la ausencia de religión no elimina el omnipresente instinto humano de conformidad religioso, que siempre juega su papel.

Cuando un líder socava el sustrato espiritual y las instituciones formales, entonces solo queda su autoridad como garante de algún orden por precario que sea; entonces surge la forma más primitiva de religión: el culto al jefe. Un líder despótico se ve reafirmado en su poder si su acción destructora se ve acompañada por gestos de autoridad, porque, por su propio interés, el individuo se une al régimen para sobrevivir. Esto se ha podido comprobar a todas las escalas. No solo en los países totalitarios, sino durante los secuestros, con el llamado síndrome de Estocolmo. ZP, el héroe prometeico, justiciero de la mujer de la primera etapa, es una versión soft de ese culto a la personalidad.

La economía es la última piedra de toque para juzgar a los políticos que queda en pie en una sociedad moralmente inerme. Cuando esta falla, entonces es necesario incrementar la sensación de autoridad mediante técnicas más antiguas que la misma Humanidad; técnicas que cualquier jefe de mafia o secta conoce bien por instinto, no importa el moderno ropaje ideológico en el que se envuelvan: ya sea el ataque a minorías para obtener el favor de la mayoría, o el fomento de la envidia, o la división para presentarse ipso facto como garante de unión, o los ataques personales con su aparato de propaganda, o la búsqueda del favor de minorías influyentes: ZP ha ensayado todas estas técnicas con las mujeres, los gays, los controladores, los fumadores, las autonomías... eligiendo lo mas compatible con su agenda de iluminado. El hombre de los golpes de mano, recoge los vítores de los trepas que antes glorificaron al Caudillo o aplaudieron a los GAL.

Ahora bien, la efectividad de todos esos tours de force se basa en la idea de que el líder continuará en el poder. Cuando se hace evidente su debilidad, la voz de "el rey está desnudo" corre como la pólvora porque el rey ha perdido el poder. La misma caída súbita es prueba del despotismo y la destrucción en el que se ha sustentado.


Libertad Digital - Opinión

Intervenidos. Por Ignacio Camacho

España es desde hace nueve meses una economía tutelada al alimón por los mercados y el Directorio europeo.

TIENE razón Aznar: España está intervenida de hecho y las autonomías se han vuelto insostenibles. Otra cosa es que el diagnóstico, por acertado que sea, lo deba de hacer en tan delicado momento un ex presidente que además fue el que dio el impulso final a la dispersión de competencias; lo que hizo luego Zapatero fue directamente poner en marcha una centrifugadora. Pero la afirmación en sí misma no tiene réplica posible. El Estado se desangra por el gasto sobredimensionado del régimen autonómico y la política económica está desde mayo tutelada al alimón por el Directorio europeo y los mercados de deuda. Eso es una intervención indirecta, formalmente más suave que el rescate, pero bajo el mismo principio condicional: o aplicamos un ajuste o nos dejan caer en la suspensión de pagos.

Puede gustar más o menos, pero España es desde hace nueve meses una economía bajo custodia. El déficit fiscal originado por la política de derroche ha provocado la cesión de soberanía en una doble dirección. Por un lado, los inversores que compran nuestra deuda exigen medidas que garanticen la solvencia del Estado para pagar el principal y los cada vez más elevados intereses, y por otro —en el fondo es el mismo—, la creación del fondo comunitario de rescate supone una intervención de facto que establece condiciones de cumplimiento obligado. El margen de maniobra del Gobierno es mínimo por más que el presidente se empeñe en volver a su frivolidad en cuanto siente el más leve alivio de la presión internacional. La propia conversión —poco sincera, desde luego— de Zapatero al reformismo es la prueba clamorosa de esa imposición de criterios; para seguir en el poder ha tenido que desautorizarse de forma abrupta a sí mismo. Su brusca enmienda a la totalidad representa —está muy dicho— un fracaso sin paliativos tanto más escandaloso cuanto más solemne fue su público desdén por las medidas que se ha visto obligado a emprender.

En cuanto a las autonomías, queda fuera de duda que la situación no admite por más tiempo el tren de despilfarro clientelar en el que viven instaladas desde hace al menos una década y media. En este caso se trata de responsabilidades compartidas por todas las fuerzas políticas que las han gobernado, por lo que corresponde a todas el deber de embridar ese desbocado impulso de gasto. No se trata tanto de un problema del reparto de competencias —que también, pero en todo caso es menos prioritario— como de la necesidad de racionalizar los recursos que las administraciones regionales manejan a cañonazos de pólvora del rey. Si no se logra ese ajuste puede sobrevenir una quiebra que arrastre hasta el desplome al régimen autonómico. Acaso Aznar esté poco autorizado para ejercer de profeta, pero su discurso contiene verdades tan objetivas que no cabe relegar al desprecio. Estamos al borde de un abismo y lo de menos es de quién sea la voz de alerta.


ABC - Opinión

Abusivo Estado de Alarma

La extinción legal del Estado de Alarma a las doce de la noche de ayer, unida a la desmilitarización del tráfico aéreo acordada el viernes por el Gobierno, pone fin a un episodio que ha sentado un importante precedente en nuestra historia democrática. Nunca antes se había recurrido a medidas tan excepcionales para abordar un conflicto laboral que afectó a medio millón de pasajeros, ni siquiera en los momentos más críticos que ha atravesado España los últimos treinta y cinco años. Aunque sólo fuera por eso, por el carácter inédito y excepcional de una decisión que ha forzado las costuras constitucionales hasta el límite, era de esperar que el Gobierno rindiera un balance público más explícito y convincente de la larga cuarentena a la que ha sometido el Estado de Derecho. También por parte de la oposición cabía mayor interés en exigir cuentas y en ofrecer su propia versión. Por más que el conflicto de los controladores haya concitado la irritada oposición de la gran mayoría de los ciudadanos, no significa que la respuesta administrativa y legal haya sido la más adecuada ni la más eficiente. Lo cierto es que el balance de estos cuarenta y tres días no justifica la prolongación del Estado de Alarma, ni por su base jurídica ni por sus resultados. Es verdad que la militarización del espacio aéreo y el decreto de las medidas de emergencia cortaron de raíz la huelga salvaje de los controladores. Pero no ha quedado claro que el recurso al Estado de Alarma fuera impecablemente constitucional y, menos aún, que su prolongación hasta el 15 de enero fuera estrictamente necesaria, pues los propios controladores se habían comprometido por escrito a no hacer huelga. En cuanto a los resultados obtenidos, los hechos hablan por sí mismos: no se ha resuelto el conflicto laboral de origen, ni siquiera se ha avanzado en las causas básicas de divergencia; los retrasos en los vuelos fueron muy superiores a lo habitual, pese al control militar; y la situación del espacio aéreo sigue tan incierta como antes del 3 de diciembre, como así lo sugiere la permanencia ordenada por el Gobierno de mil controladores militares en las torres de control. Además, resulta muy revelador el argumento que ayer esgrimieron tanto la ministra de Defensa, Carme Chacón, como el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, para avalar el Estado de Alarma: «Garantizó unas Navidades tranquilas a los viajeros». Suprema justificación que de aplicarse a todos los conflictos laborales que pongan en jaque servicios básicos, desde el Metro hasta el transporte por tren y carretera, llevaría al Consejo de Ministros a decretar el Estado de Alarma con relativa frecuencia. Preocupa que altos gestores públicos echen mano de ese tipo de excusas populistas para encubrir el fracaso de un Gobierno que ha sido incapaz de negociar y de llegar a acuerdos con el sindicato de los controladores. Y preocupa aún más que se utilice al Ejército para cubrirse las espaldas. Tiene razón Chacón cuando afirma que las Fuerzas Armadas son la institución más valorada por los españoles, pero no precisamente por las funciones de bombero que el Gobierno les ordena para que apaguen los incendios que él mismo provoca.

La Razón - Editorial

ETA no quiere

Si la estrategia político-militar es innegociable, Batasuna tendrá que enfrentarse con la banda.

Los datos ahora conocidos sobre el debate que ha precedido a la difusión del comunicado etarra del pasado lunes indican que la dirección de la banda no renuncia a seguir condicionando la política vasca mediante la violencia o la amenaza de usarla. En su búsqueda incesante de pretextos para no cejar, y ante la presión de su brazo político, ha optado por aceptar la tregua que le pedían, pero condicionando su conversión en definitiva a la aceptación por los demás partidos de una negociación para "consensuar la formulación" de su programa de siempre: autodeterminación y Navarra. De forma que si esa demanda no es atendida, se considerará liberada de su compromiso y legitimada para volver a la lucha armada.

A la luz de ese planteamiento pierden sentido algunos de los debates (y elucubraciones) que han seguido a la publicación del comunicado, como el sugerido por la propia Batasuna de que su contenido se había interpretado mal y que en realidad la banda no impone condiciones sino que plantea aspiraciones. Si el punto de partida es que la "estrategia político-militar es innegociable" queda clara la función de la tregua para ETA. Y Batasuna ha perdido la oportunidad de hacer lo que le habría dado la credibilidad que reclama: renunciar en todo caso a participar en cualquier negociación política planteada como contrapartida a la retirada de ETA. Esa sí que sería una iniciativa eficaz para que la banda desistiera de seguir condicionando la política vasca.


También se ha planteado que la legalización del nuevo partido que va a presentar Batasuna con vistas a su participación en las elecciones de mayo podría favorecer nuevos pasos del brazo político. Es una opinión defendible, pero hasta ahora ha ocurrido lo contrario: ha sido la negativa a rebajar el nivel de exigencia lo que ha forzado a Batasuna a dar pasos que sin esa firmeza hubieran sido impensables; si el alto el fuego se considerase suficiente aval para la legalización, esa evolución del brazo político se interrumpiría y desaparecería el principal incentivo que tiene Batasuna para enfrentarse a ETA.

Bastaría que el Ministerio del Interior no rechazase la inscripción para que el partido fuera legal. Sin embargo, es más verosímil que inste a la fiscalía a oponerse, con lo que la decisión quedará en manos de los tribunales, que deberán decidir con criterios jurídicos, valorando en particular si la vinculación con ETA que motivó la ilegalización ha desaparecido.

Lo que carece de sentido es considerar que si Batasuna participa en las elecciones quedará demostrado que el Gobierno está negociando con ETA, como sostiene, en contra del criterio de la dirección de su partido, el eurodiputado del PP Mayor Oreja. Su teoría se ha ido convirtiendo en obsesión y ahora incluye la insinuación de que el comunicado ha podido ser pactado con el Gobierno y que ETA solo se disolverá cuando alcance el objetivo de la independencia: lo que más anhelaba escuchar la banda para sentirse invencible.


El País - Editorial

El inexistente sentido del ridículo de Tomás Gómez

Con espectáculos como el desarrollado en torno a la delincuente Rollán, hasta los socialistas madrileños tendrán que reconocer que la demoscopia no hace más que confirmar los merecimientos electorales de unos y otros.

Los socialistas siguen afirmando que son un dechado de virtudes públicas en el ejercicio del poder, a pesar de que su pasado les delata y su presente les oprobia. Inasequibles al desaliento y con notable ausencia de sentido del ridículo, pretenden seguir dando lecciones de moral ciudadana hasta cuando la justicia les impone el castigo que merecen sus desmanes, que es exactamente lo que está ocurriendo en esta ópera bufa interpretada por el inefable Tomás Gómez a cuenta de la condena a los desafueros perpetrados en su día por su principal colaboradora.

A pesar de lo que sugieren los voceros del socialismo madrileño, la sentencia que condena a ocho años de inhabilitación a su secretaria de organización, Trinidad Rollán, no puede equipararse a una mera sanción administrativa impuesta por causa de un error de gestión. Muy al contrario, el texto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma de forma muy nítida la existencia de un delito de prevaricación, cometido mientras la hoy condenada ejercía de alcaldesa de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, respecto al que los magistrados no ahorran calificativos a cual más recio.


Lo que para Tomás Gómez es un simple desliz administrativo, para los magistrados del TSJM es un delito de prevaricación, cometido "de forma tan ilícita como burda y rudimentaria" para hacer pasar por legal un acuerdo municipal de supuesta permuta de terrenos, lo que constituye, siempre según la Justicia, "no sólo un dislate, un desatino o una aberración desde la más tosca o laxa de las valoraciones jurídicas posibles, sino que incluso resulta algo hasta risible, ridículo o grotesco para cualquier persona lega en derecho por escaso que sea su sentido común".

Trinidad Rollán, número dos de Gómez en el socialismo madrileño, impulsó desde la alcaldía de Torrejón de Ardoz la adopción de un acuerdo municipal que entregaba a una empresa privada el dominio de una parcela municipal a cambio de dinero y de ciertos trabajos de urbanización, algo que está taxativamente prohibido por ley como le advirtieron por escrito los responsables jurídicos municipales. Su contumacia en la decisión de beneficiar a esa mercantil en contra del interés de los ciudadanos cuyos intereses tenía el deber de proteger, la han llevado primero al banquillo de los acusados y finalmente a una condena en toda regla a pesar de los esfuerzos de su actual jefe filas por disimular el desafuero.

Las declaraciones de la delincuente informando de su decisión de no concurrir a los próximos comicios no puede ser más risible, pues esa es precisamente la consecuencia inmediata de la condena que le ha impuesto la Justicia. Por cierto, no podrá hacerlo ni a estos comicios ni a las dos citas electorales siguientes salvo que una instancia superior le rebaje la pena acordada, dato que apuntamos para un mejor conocimiento de los términos reales del castigo que le ha sido impuesto.

Tomás Gómez es muy libre de tener en su equipo a personajes condenados por prevaricación e incluso de hacer el ridículo comparando su supuesta virtud con la costumbre en esta materia del partido rival. Olvida que Esperanza Aguirre, sin esperar al pronunciamiento de los tribunales, expulsó de su ejecutivo por ejemplo a todos los cargos contaminados en la trama Gürtel.

Los que no parecen olvidar esta distinción entre la conducta pública de ambos candidatos son los ciudadanos madrileños a juzgar por las más recientes encuestas, que recetan a Gómez un varapalo sin precedentes. Con espectáculos como el desarrollado en torno a la prevaricadora Rollán, hasta los socialistas madrileños tendrán que reconocer que la demoscopia no hace más que confirmar los merecimientos electorales de unos y otros.


Libertad Digital - Edotorial

Lecciones de la crisis tunecina

Es altamente probable que la huida del dictador no haya terminado automáticamente con la dictadura en Túnez.

LA situación socioeconómica que ha provocado el estallido insurreccional en Túnez es prácticamente idéntica a la de los demás países de la región. Las sociedades de Marruecos y Argelia —por no hablar de los libios, sometidos a los pintorescos delirios de Gadafi— padecen males muy similares: falta de libertad, una economía anquilosada y una juventud desesperanzada y sin perspectivas. No se trata de una crisis económica coyuntural, sino un auténtico colapso que en cada país se ha tratado de contener hasta ahora con más Policía y represión, mientras los extremistas islámicos esperan su oportunidad. Los disturbios que han desembocado en la huida del dictador tunecino, Ziane Ben Ali, ni siquiera han sido los únicos de este mes de enero. En Argelia, el Gobierno de Abdelatif Buteflika ha tenido que bajar los precios de los alimentos después de más de una semana de disturbios por todo el país, y no es de extrañar que la Prensa argelina haya reaccionado a los sucesos de Túnez mencionando abiertamente la posibilidad de que se repitan en Argel. En Marruecos, los medios oficiales tratan de minimizar la defenestración de Ben Ali entre la propaganda del régimen, pero es evidente que la noticia corre ya por todas las medinas para intranquilidad de la monarquía.

Por desgracia, no hay nada que permita pensar que los responsables magrebíes estén pensando en recetas democráticas y modernas para proyectar a sus respectivas sociedades hacia el futuro, sino que, al contrario, seguirán con los viejos métodos de represión y aislamiento, confiando en la emigración hacia Europa como el medio más práctico de reducir las tensiones sociales. Incluso resulta probable que la huida del dictador no haya terminado automáticamente con la dictadura en Túnez, puesto que, en medio de la confusión, el Ejército sigue teniendo las riendas de la situación y por ahora las promesas de elecciones realmente libres están en el alero. Para la vecina Europa puede parecer más sencillo entenderse con los regímenes totalitarios que comprometerse seriamente con las reformas democráticas en los países del Magreb, pero la experiencia de Túnez demuestra claramente que la primera opción no tiene futuro. Antes o después, los países sin salida estallan. Como ha sucedido en Túnez.

ABC - Editorial