miércoles, 19 de enero de 2011

PSOE. Hoy Murcia, mañana el Estado. Por José Antonio Martínez-Abarca

El camino para que el PSOE vuelva al Gobierno en España ahora que aún no se ha ido se está diseñando en estos momentos en Murcia, y desde luego no parece que tenga mucho que ver con una regeneración de la socialdemocracia.

Federico Jiménez Losantos ha intuido en su blog por dónde pueden ir las cosas en España tras el apalizamiento a un consejero del PP en Murcia. Sobre todo, por dónde pueden ir las cosas en España si el PSOE comienza a desgastarse de verdad no en el poder, sino a la italiana: no teniéndolo. Demasiados indicios ya, los que se han referido y otros que voy a aportar aquí, sustentan, en efecto, la proyección del suceso local hacia el futuro y hacia el resto del Estado. Esto es lo que puede pasar si el PP gana las elecciones autonómicas en donde no le llaman, y luego las generales. Porque en Murcia, donde la insalvable diferencia entre el primer partido y el segundo teóricamente debería aconsejar la entrega de la izquierda al desasimiento místico, está ocurriendo.

Que a pesar de ser este territorio objetivo prioritario para los "espías" telefónicos de Rubalcaba (la Unidad Central Operativa, especialmente creada para instruir telediarios desde los territorios no afectos), Interior no está obteniendo resultados. Y como resultados debemos entender que no ha sido posible establecer policialmente que en Murcia hay tramas corruptas del PP de algún calado, tras tomar bastantes ayuntamientos en superproducciones que dejarían la partición del Mar Rojo según Cecil B. de Mille como un mediometraje albanokosovar de arte y ensayo. Tal está siendo el fracaso del "presidenciable" que los electores de las localidades intervenidas, en cuanto pudieron hacerlo, votaron en masa al PP, incluso los que nunca lo habían hecho. Eso mantiene exasperados a los cargos y bases socialistas, que han decidido que sólo acudiendo civilizadamente a las urnas o apelando a la corrupción intrínseca del PP no van a ganar los representantes de la superioridad ética. Por tanto, no le hacen ascos a un "plan B". Que se parece, en todo, al de las memorables jornadas del 12 y el 13-M tras los atentados de Atocha.


La noche del 13-M, militantes socialistas y de los sindicatos "de clase" perfectamente identificados se apostaron frente a la sede del PP en Murcia, como ahora lo han perpetrado cada pocos días frente a la casa particular del presidente autonómico Valcárcel, y para lo mismo: para forzar la realidad hasta que ésta confiese lo que no ha hecho. Entonces, aporrearon al bedel del PP regional cuando a éste se le ocurrió sacar la basura (salió a echar la basura y la basura se echó sobre él), hoy agreden dos veces a la hija de Valcárcel y convidan por internet a su coral apiolamiento. Hace seis años gritaban "asesinos". Seis años después berrean "chorizos". Eso para ir haciendo boca, antes de la precampaña. Qué será en campaña. En la incipiente primavera de 2004 arrojaban calumnias. En el invierno de 2011 a las calumnias las acompañan huevos con tinta color de sangre, naranjas podridas y algún que otro perdonable intento de linchamiento (contra el secretario general de la Presidencia). Y lo decisivo: lo que hicieron en España los profesionales de cierta radio para malquistar a la población contra el Gobierno, en estas fechas lo iniciaron los intelectuales de la provincia, señalando durante estos meses al consejero de Cultura de Murcia como verdadero causante de la crisis mundial, llegando a crucificarlo en efigie y siendo paseados sus "restos" en procesión (lo que le ha ocurrido en persona es algo más tranquilizador: sólo le han roto el cráneo). No es del todo infrecuente, desde el siglo pasado, esto de que los intelectuales con sus ocurrentes tesis causen desgracias irreparables.

El camino para que el PSOE vuelva al Gobierno en España ahora que aún no se ha ido se está diseñando en estos momentos en Murcia, y desde luego no parece que tenga mucho que ver con una regeneración de la socialdemocracia.


Libertad Digital - Opinión

Ultras. Por Edurne Uriarte

La manipulación ideológica del extremismo ha conseguido que el concepto ultra sea habitualmente asimilado a la derecha. En España, oficialmente, sólo existe la ultraderecha. En la política y también en la comunicación donde ha quedado establecido que hay «tertulias de ultraderecha», pero no de ultraizquierda. De ahí que un medio de la izquierda sustituyera ayer en su portada la identidad ultraizquierdista del primer detenido de Murcia por la de «un ultra del fútbol mientra que otro medio del mismo perfil lo reemplazaba simplemente por «presunto agresor». A lo que añadían su indignación porque el PP atribuyera a la izquierda la responsabilidad política en la agresión al consejero. De tal forma que, al final, teníamos un malvado claro, el PP y sus excesos verbales, y un responsable borroso y difuso, un ultra del fútbol, un presunto agresor. En los mismos círculos ideológicos que habían tardado no más de tres horas, el tiempo de escribir un artículo y un editorial, en hacer la conexión entre el Tea Party, Sarah Palin y el perturbado de Tucson. Por mucho que tal conexión contradijera los datos policiales sobre el perfil del asesino. En este contexto, pretender que la derecha contenga las tentaciones populistas en asuntos como el de Murcia es como pedir que se combatan las agresiones verbales y las difamaciones realizadas bajo el anonimato de la red con las reglas de la cortesía y el respeto a los hechos. Flores contra cañones. Una pugna completamente desigual. Y, sin embargo, la única manera de fortalecer la autoridad y la legitimidad democráticas. Tanto para la derecha política como para la mediática. Lo que implica destapar los contenidos ideológicos y los modos de acción de la ultraizquierda, la de Murcia, por ejemplo, pero con el exquisito cuidado de separarla de la izquierda democrática, de la misma forma que ha de hacerse con la ultraderecha.

ABC - Opinión

Pedro Alberto Cruz. Cosas que no van a cambiar. Por Pablo Molina

En contra de lo que sugiere González-Sinde, todo parece indicar que al consejero de Cultura y Turismo de Murcia le han roto la crisma no por formar parte de eso que se ha dado en llamar "las gentes de la cultura" (sic), sino por pertenecer al PP.

La investigación de una agresión por motivos políticos es más complicada que, pongamos, un delito pasional o un robo, porque mientras en estos dos últimos casos el abanico de sospechosos es reducido, en el primero hablamos de todo un universo lleno de complejas relaciones que es necesario desentrañar hasta dar con los vándalos responsables del suceso.

Es necesario tener esta circunstancia presente, porque la investigación del atentado contra el consejero de Cultura y Turismo puede experimentar ciertos contratiempos fruto de esta complejidad, que pueden desviar la atención mediática y ciudadana de lo sustantivo. Y lo trascendente, en términos políticos, es que este alto cargo del PP ha sido colocado en la diana de la infamia colectiva a impulso directo de los dirigentes del partido rival. Sí, el Partido Socialista de la Región de Murcia guión Partido Socialista Obrero Español, para que no queden dudas.


Aunque finalmente los agresores de Pedro Alberto Cruz hayan sido los integrantes de un comando de sexagenarios de misa diaria afiliados al PP descontentos con la gestión de ese partido, nada cambiará el hecho de que, desde hace meses, los socialistas murcianos llevan trabajando en una campaña que busca atacar al consejero de Cultura en términos personales, por ejemplo utilizando su supuesta condición de sobrino del presidente a sabiendas de que es, también, mentira.

Tampoco ha de cambiar la valoración que los ciudadanos deban hacer de una candidata a la presidencia de la comunidad autónoma por el partido socialista, que advertida personalmente por la víctima de que los argumentos que utilizaba ese partido en su contra eran falsos, insistiera en que su "deber" era utilizar políticamente todo lo que considerara pertinente, como ha relatado públicamente en esta casa uno de los principales colaboradores del consejero.

Sea quien sea el que haya apalizado a Cruz o contratado a los matones para llevar a efecto el encargo siniestro, nadie puede eludir tampoco el hecho de que en las manifestaciones convocadas por los sindicatos de funcionarios, algunas de ellas ilegales, se ha paseado el nombre y el rostro del consejero como un espantajo contra el que cabían los mayores insultos para regocijo de los asistentes.

En contra de lo que sugiere González-Sinde hoy en un medio nacional, todo parece indicar que al consejero de Cultura y Turismo de Murcia le han roto la crisma no por formar parte de eso que se ha dado en llamar "las gentes de la cultura" (sic), sino por pertenecer al Partido Popular, que es algo ciertamente distinto. Si tiene alguna duda, la ministra sólo tiene que pedir a sus compañeros y compañeras de partido en Murcia que le envíen un archivo con las ideas-fuerza que han puesto en marcha a lo largo de los últimos meses para desacreditar al que ella define en su artículo encomiástico como "abierto e integrador". Mejor se lo envían en papel, no sea que lo hagan por internet y acaben colapsando el servidor del ministerio.


Libertad Digital - Opinión

¿Túnez, el próximo?. Por José María Carrascal

Esta Europa se parece cada vez más a la Roma del Bajo Imperio. Invadida ya está por los extranjeros, barbarusen latín.

LOS titulares anuncian el final de una era en Túnez, omitiendo que comienza otra, tal vez por no saber nadie en qué consistirá. Lo que ha terminado en Túnez es un régimen autoritario, prooccidental, aparentemente estable, que atraía el turismo, protegía las inversiones y gozaba del nivel de vida más alto de la zona, aunque eso tampoco quiera decir mucho. Todo ello se ha venido abajo en pocos días, casi en horas, mostrando cuán frágil era el tinglado y cuán equivocábamos estábamos. Con el agravante de que la sacudida puede extenderse a los países árabes «amigos de occidente», de Marruecos a Egipto.

Se suponía que el autoritarismo con un barniz democrático que viene controlándolos les proporcionaría, junto a la estabilidad, un progreso económico que sirviera de vacuna contra el islamismo y les acercase poco a poco a una democracia auténtica, como ocurrió en la España posfranquista, que no quiso saber nada del comunismo. Pero no ha ocurrido así. Los progresos económicos de esos países han sido escasos y los políticos, más escasos todavía. Lo que se ha disparado, en cambio, es la corrupción, al instalarse en ellos auténticas dinastías familiares, que acaparan los principales recursos, las empresas más importantes y los contratos más suculentos. Sin que occidente en general y Europa en particular hayan movido un dedo para poner fin a tal situación.


Hoy, todo el mundo se escandaliza de la misma y reclama democracia de verdad en la zona. Olvidando, en nuestra cómoda ceguera, la segunda parte de la ecuación: que nuestra democracia no despierta ningún entusiasmo entre los musulmanes. Es más, son muchos los que creen que «su» democracia, la que emerge del Corán, es mejor que la nuestra. La prueba de ello es que, en los países que se celebran elecciones libres, triunfan los partidos islamistas, ayer en Argelia, hoy en Turquía, ¿mañana en Túnez? Las razones son muy simples: por una parte, el resentimiento de aquellos pueblos hacia occidente, hasta hace bien poco su colonizador. Por la otra, que la democracia occidental les ha traído más corrupción que auténtica democracia. Únanle un tercer factor, a modo de mecha, que la mayoría de los habitantes de esos países son jóvenes veinteañeros que no encuentran otra salida que la revolución o el islamismo, que para muchos de ellos son lo mismo, y tendrán la perfecta mezcla explosiva.

Y nosotros contemplándolos como el lugar ideal para unas vacaciones invernales, agradables y baratas. Esta Europa se parece cada vez más a la Roma del Bajo Imperio. Invadida ya está por los extranjeros, barbarusen latín, que realizan las labores más duras y humildes. Hasta que sean más que nosotros.


ABC - Opinión

El confuso. Por Alfonso Ussía

No albergo dudas respecto a las buenas intenciones de don Alberto Oliart. Pero tampoco de la confusión que crea allá donde esté y trabaje. Es un hombre confuso, difícil de interpretar. No es comparable a Jorge Verstrynge, del que me dicen que ahora colabora con el régimen de Chávez. Verstrynge se abrazó a la izquierda cuando se le cerraron todas las puertas. En el último libro de memorias de Mario Conde, éste se olvida de mencionar que Verstrynge a punto estuvo de engañarlo para fundar un partido político con su dinero, no el de Verstrynge, sino el de Conde. Creo que Oliart no pertenece a ese tipo de personas proclives a desconcertarse a ellas mismas. Pero tiene algo en común. La necesidad de querer ser lo que nunca ha sido para obtener el perdón de la izquierda, como si la izquierda tuviera la hegemonía del perdón. Está en esas tonterías.

Fue un ministro de Defensa de UCD que pasó sin pena ni gloria. Los militares lo recuerdan como un amable desinteresado. No tan nefasto como Narcís Serra, pero mucho peor que el también socialista Julián García Vargas, que fue un ministro institucional y no de partido, consiguiendo el casi unánime respeto de nuestros militares. A Oliart se le conocía en las Fuerzas Armadas como «don ni fu ni fa», y no está mal puesto el mote. Nunca ha querido ser fu, y siempre ha intentado huir del fa. Por ello no ha perdido nunca la condición de reciclable, para unos y para otros.


Compartió despacho de abogados con un letrado íntimamente ligado y de la mayor confianza de la Casa Real. La unión se quebró cuando Oliart concedió al periódico de los etarras –no recuerdo si el «Egin» o el «Gara»– una amplia entrevista en la que defendía la necesidad de un acuerdo entre el Estado y la ETA. Esas actitudes, rechazables y nada edificantes, son buenas inversiones ante la retroprogresía. Y Zapatero echó mano de su presumible ecuanimidad encomendándole la más alta poltrona de RTVE con el apoyo del Partido Popular. A los pocos meses de su gestión, el Partido Popular dejó de apoyarlo, pero ya era demasiado tarde. Oliart, el confuso, ha prohibido la retransmisión y noticias de las corridas de toros incluyendo a la Fiesta Nacional en la relación de espectáculos violentos. Ha llevado a la confusión total a todos los aficionados a la Fiesta. Ser antitaurino es lo moderno, pero se puede ser «moderno» en casa y respetuoso con la mayoría cuando de sus decisiones depende la presencia de los toros en la televisión pública española. Y ha censurado, por presiones palestinas, un programa de «Españoles por el Mundo» grabado en Israel. Es decir, que además de antitaurino es antisemita, y se siente más cómodo con Hamás que con la única nación democrática del Oriente Medio. Intuyo a Oliart más descolocado que nunca, pero esa desubicación permanente puede ser el motivo de su mantenimiento. Para mí, que ya ha obtenido el perdón que imploraba por haber sido un político de la derecha, y a tiempo está de reaccionar al «síndrome Ruiz Giménez» que tanto le ha afectado.

Don Alberto tiene la obligación de aclarar sus ideas y sus conceptos. No dudo, repito, de sus buenas intenciones, pero su proceder confuso al frente de RTVE le está haciendo quedar muy mal.


La Razón - Opinión

Sinde. Si mi pluma valiera tu pistola. Por José García Domínguez

Rásquese con una uña el barniz retórico que embellece ese enunciado y, al punto, emergerán a la luz dos de los prejuicios falaces que abonan la pretendida superioridad moral de la progresía.

La ministra González Sinde, que es persona educada y respetuosa con las normas del decoro, ha dedicado un muy elogioso escrito en la prensa a Pedro Alberto Cruz. Gesto elegante el suyo que, sin embargo, deja entrever cómo la izquierda con mando en plaza aún contempla el mundo de las ideas y el pensamiento tras las destartaladas ventanas del jardín de infancia del sesenta y ocho. De ahí que Sinde presuma para la salvajada sufrida por el consejero murciano móvil tan peregrino como el que yace emboscado tras la siguiente interrogación: "Me pregunto si tiene alguna relación este hecho, el que sea precisamente consejero de Cultura y no de otro departamento, en [sic] las motivaciones de sus atacantes".

Rásquese con una uña el barniz retórico que embellece ese enunciado y, al punto, emergerán a la luz dos de los prejuicios falaces que abonan la pretendida superioridad moral de la progresía. "Como todo el mundo sabe, la cultura es cosa nuestra y solo nuestra, patrimonio exclusivo y excluyente de la izquierda", se nos viene a decir entre líneas con tal de apelar al primero. "Por tanto, si alguien la ataca por ser lo que es, debe tratarse de los seculares enemigos del espíritu, los reaccionarios y los fascistas que tanto la odian", infiere de modo implícito la ministra. ¿O acaso hubiera lanzado idéntica duda sobre el tapete si Alberto Cruz ejerciera como consejero de Ganadería, de Sanidad o, qué se yo, de Minas y Lagos?

Aún más pueril si cabe, el segundo a priori canónico de la socialdemocracia flácida pretende ver en la cultura un subproducto más de la factoría Disney, otro dulce caramero de fresa relleno de empalagoso buenismo kitsch. Como si la alta cultura y sus sumos sacerdotes laicos, los intelectuales, no estuvieran detrás de la barbarie criminal que asoló el siglo XX. A fin de cuentas, nada hay más emparentado con el pensamiento hegemónico en Occidente durante la modernidad que un puño americano salpicado de sangre. Al respecto, cuando la izquierda leía, muchos militantes podían recitar aquel soneto atroz de Machado. "Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría", que así comenzaba, memorable, su loa a un bárbaro. ¿La cultura remanso de paz y amor? No nos haga reír, Sinde. Hoy, no.


Libertad Digital - Opinión

Iguales en la inepcia. Por Gabriel Albiac

Profesor y alumno serán iguales. Iguales, Einstein y Pajín o Zapatero. Iguales todos. En la inepcia.

HACE ya algunos años, un antiguo alumno mío, por entonces catedrático de enseñanza media, se vio amenazado de expediente académico. Una denuncia de la asociación de padres de su instituto constataba la ausencia de «igualdad en el trato» mediante la cual el docente «humillaba» a sus alumnos. El profesor tenía la fea costumbre de hablar de «usted» a aquellas tiernas criaturas. Yo he hecho exactamente el mismo uso del trato que un día se llamó de cortesía con mis estudiantes en mis casi cuarenta años de docencia; por fortuna, a un catedrático de Universidad se le toleran ciertos anacronismos que se suponen ligados a su edad o extravagancia. El expediente contra el profesor no prosperó. Hace veinte años, una denuncia así podía aún parecer pintoresca. A partir de la aprobación de eso a lo cual la no muy letrada ministra Pajín llama una ley de «igualdad en el trato», un armario ropero y un atanor serán lo mismo. Y quien cuestione su igualdad incurrirá en delito desigualitario. A partir de ese día, los diccionarios podrán ser quemados en pública pira al buen estilo del Berlín de 1934. Destruir las sutilezas de la lengua es destruir lo humano: la desigualdad.

Nadie es igual a nadie. Nada es igual a nada. Platón hace nacer de esa desasosegante constancia la filosofía: ¿cómo hablamos, cómo podemos hablar, si cada empírico objeto determinado es, bajo algún aspecto, necesariamente distinto de todos los demás que comparten con él nombre?, ¿cómo podemos hablar de modo verosímil, si «lo igual se dice sólo de lo distinto»?

Nadie crea que los padres de la política moderna, los primeros teóricos de la democracia que en el último decenio del siglo XVIII erigieron la igualdad en soporte universal del ciudadano, ignoraban esta paradoja: que el de igualdad es un criterio formal, sólo unívocamente operativo en las disciplinas formales cuyo modelo da la matemática—-de la geometría, en efecto, tomó su problematicidad Platón—; y que su uso analógico en los demás campos del lenguaje requiere minuciosas cautelas y matices. Si hablamos de política, lo que se juega en esas cautelas y esos matices es la libertad misma de los individuos. La que dice a cualquiera en su sano juicio que un profesor no es igual a un alumno y que el trato entre ambos no es jamás un trato entre iguales.

Cuando la democracia nace, en 1789, el Abad de Sieyès se toma infinito cuidado en que la Asamblea Constituyente fundamente una sociedad de iguales… ante la ley. Y en ese matiz —al cual se opondrá el utopismo igualitario de Babeuf— sabe que se juega la función misma de la democracia, a la cual define precisamente como sociedad en la cual la primacía de la ley a la cual se hallan sometidos por igual los desiguales, protege a los más débiles del abuso de los más fuertes.
Se acabó. Si la ministra Pajín llega a tiempo de hacer ley firme su disparate, la base misma de la democracia en España habrá sido rota. Suplida por ese principio totalitario que predica la identidad de todos, para mejor asentar el absoluto del único desigual: el Estado. Y llamar a alguien de usted será -como lo fue en la Alemania nazi- delito. Y profesor y alumno serán iguales. Iguales, Einstein y Pajín o Zapatero. Iguales todos. En la inepcia.


ABC - Opinión

Esperpento en el Senado

Nada ilustra mejor la política de despilfarro y la frivolidad en el gasto público que la estampa ofrecida ayer por el Pleno del Senado, en el que sus señorías recurrieron a los servicios de traducción simultánea pese que todos ellos hablan y entienden perfectamente el castellano, que es la lengua oficial del Estado. En medio del vivo debate político y social que se ha planteado estos días sobre la racionalización del gasto de las autonomías, resulta esperpéntico que el Senado despilfarre, debido a la anuencia del PSOE con los nacionalistas, 350.000 euros al año para satisfacer un capricho político. No sólo es una burla a los millones de trabajadores en paro y a los cientos de miles de familias que no tienen ingreso alguno, sino también al sentido común. El despliegue de 25 nuevos traductores y 400 «pinganillos» para que un senador andaluz del PSOE «entienda» lo que dice otro senador andaluz del PSC sería sencillamente hilarante si no fuera porque implica un desembolso obsceno que ningún político responsable puede avalar, y menos aún en una época de crisis económica tan profunda. Argumentar, como han hecho los nacionalistas, que «los derechos no tienen precio» es, además de un alegato estúpido, una demagógica tomadura de pelo, pues el primer derecho lingüístico en una institución del Estado es el de emplear la lengua común y oficial para comunicarse sin necesidad de recurrir a artificios. Que el catalán, el gallego o el vascuence se hablen en Las Cortes ni les añade derechos ni se los quita, pues es una decisión que responde a meras maniobras partidistas que en nada los afectan como idiomas. De hecho, si fuera una cuestión «de derechos», ¿por qué se limita el uso a los plenos y no alcanza también a la sesión de control del Gobierno? ¿Acaso para no dar la nota de ver a un presidente del Gobierno de España con pinganillo para escuchar la interpelación de un compañero de partido catalán? No es extraño que ante espectáculos como el de ayer en el Senado o ante situaciones de privilegio como el régimen de pensiones de los parlamentarios vayan en aumento el desprestigio de la clase política y la desafección de los ciudadanos. Se echa en falta ese plus de ejemplaridad y probidad que debe exhibir todo servidor público, que otorga la necesaria autoridad moral a la hora de adoptar medidas difíciles. Quien pide sacrificios a los ciudadanos para que arrimen el hombro frente a la crisis no puede luego frivolizar con el dinero del contribuyente. Y haría bien el presidente del Senado, Javier Rojo, en no añadir más impostura al escándalo diciendo que no hay aumento de gasto sino «redistribución»: tal simpleza no es digna de la alta magistratura que ocupa. Al bailarle el agua a los nacionalistas, los dirigentes del PSOE han antepuesto el interés general a los de partido. Las lenguas cooficiales no sólo gozan ya de primacía casi total en las administraciones públicas respectivas, que en el caso catalán incluso ha marginado al castellano, sino que tiene su ámbito natural de desarrollo político en sus propios parlamentos. Por todo ello, la Cámara Alta debería replantearse recuperar cuanto antes la sensatez y el respeto de todos los españoles.

La Razón - Editorial

Merkel marca el ritmo

Alemania aplaza la reforma del fondo de rescate europeo, esencial para la estabilidad del euro.

Como estaba previsto, el Ecofin rechazó la ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) debido a las reticencias de Alemania y Francia. Pero sí llegó a un acuerdo de gran importancia para despejar las dudas sobre la viabilidad de la banca europea: antes del verano se realizarán nuevas pruebas a instituciones bancarias, incluyendo en estos exámenes el criterio de liquidez. La decisión permitirá por fin que los inversores, las instituciones y los ciudadanos adviertan la diferencia entre la solvencia y las dificultades de circulante. Así, volverá a comprobarse que la banca española es muy solvente, aunque al mismo tiempo quizá sufra de escasez de disponible para prestar. Se supone que la nueva modalidad de pruebas, más rigurosas y exigentes, aumentará su credibilidad, muy en entredicho después de que los primeros tests de resistencia bancaria europea salvaran a los bancos irlandeses cuya ruina provocó la intervención de Irlanda.

En el debate político y económico sobre la ampliación del Fondo de rescate, todo el mundo tiene sus razones. Los partidarios de ampliarlo, como el comisario Olli Rehn, sostienen que de esta forma se minimizarán los riesgos de ataques contra las deudas soberanas; quienes se oponen arguyen que una ampliación (actualmente de 440.000 millones de euros) equivaldría a un reconocimiento implícito de que otros países necesitarán de una intervención próxima. Las cuentas están hechas. Con el dinero disponible bastaría para acometer la intervención de otro país; después el fondo quedaría agotado. Según esta tesis, si se amplía, países como Portugal primero y España después quedarían como diana en los próximos ataques monetarios.

El equipo económico de Angela Merkel, con el ministro Wolfgang Schäuble en primera línea, sostienen además que cualquier reforma del Fondo debe hacerse de tal manera que no evite la reestructuración de las deudas soberanas afectadas (es decir, quitas asumidas por los acreedores privados) ni suavizar los compromisos de ajuste de los países implicados. Esta es hoy una posición política; puede variar después de las elecciones en Alemania.

Lo más probable es que la canciller y Sarkozy acepten la reforma del Fondo a cambio, como se ha sugerido en los últimos días, de un compromiso detallado de ajustes presupuestarios de los países tocados por las tormentas monetarias. La presión de gran parte de los países europeos en favor de un nuevo fondo de rescate frente a la obsesión alemana por la estabilidad presupuestaria empujará probablemente en esa dirección a partir de marzo. Pero hay una razón de más peso para defender la reforma y ampliación del FEEF: debería ser el germen de un Fondo Monetario Europeo. Una institución que Europa necesita urgentemente (dadas las limitaciones formales del Banco Central Europeo) junto con un Fondo de Garantía Bancaria para todo el sistema financiero europeo que separe de una vez por todas los riesgos bancarios del riesgo de la deuda.


El País - Editorial

La majadería se estrena en el Senado

Aunque Schiller nos advirtiera que "contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano", no podemos dejar de denunciar el bochornoso sistema de traductores que evita a los senadores tener que debatir en la única lengua en la que se entienden.

Aunque Schiller nos advirtiera de que "contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano", no podemos dejar de denunciar el bochornoso espectáculo que constituye el uso de traductores de lenguas regionales en el Senado para que los señores senadores no tengan que debatir en español, la única lengua que les es común, como al resto de los españoles.

El estreno oficial de esta majadería a cargo de los contribuyentes, aprobada este verano gracias al PSOE y a las formaciones nacionalistas, se ha producido este martes a cargo del socialista Ramón Aleu, quien ha utilizado el catalán en una moción sobre educación. El sistema de traducción simultanea que permite a los senadores hacerse entender cuando pronuncien sus discursos en catalán, euskera, valenciano o gallego ha requerido la compra de 400 equipos de traducción con auriculares, que han costado 4.526,48 euros. En cada sesión plenaria trabajarán siete intérpretes (tres de catalán y valenciano, dos de gallego y dos de euskara) que irán rotando semana tras semana entre los 25 traductores contratados, a los que se les abonará también los desplazamientos y la estancia en forma de dietas, ya que casi todos ellos residen fuera de Madrid. Con un desembolso por sesión de 12.000 euros, el esperpento supondrá para los contribuyentes un gasto de 350.000 euros por año. Y todo para que los senadores se puedan comunicar entre sí en lenguas que no todos entienden y evitar el uso de la única que les es común.


No quedaríamos cortos, por ello, si nos limitamos a criticar este circo en términos puramente económicos. Y es que este insulto a la inteligencia resulta ofensivo para los ciudadanos no sólo en su condición de contribuyentes sino también de españoles. Pudiendo los senadores comunicarse en castellano, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora y lo siguen haciendo fuera de la cámara, el sistema de traducción simultánea es una muestra de desprecio al español tanto como una ficción que, al margen de lo que dice la Constitución, choca contra la realidad de lo que es España. Porque España no es una yuxtaposición de pueblos con lenguas distintas, sino un país en el que todos sus habitantes tienen una lengua común, que es, además, la única oficial de todo el Estado.

Los defensores de tan ofensivo esperpento han tendido, además, la orwelliana desfachatez de justificarlo en términos de "normalidad". Sí, normalísimo: tan normal que semejante disparate no tiene equivalente en ningún país civilizado del mundo. Sencillamente, no hay "traductor" que lo haga comprensible a un extranjero ni a nadie que tenga el más elemental sentido común.


Libertad Digital - Opinió

El PSOE, comisario audiovisual

Si el problema fuera la «telebasura», el Gobierno habría actuado antes. Pero lanza esta idea ahora, en año electoral y con las encuestas en contra.

EL Gobierno socialista está dispuesto a encarar el último año de su mandato como un tratamiento ideológico de choque para contrarrestar el desánimo entre sus votantes. La impotencia ante la crisis y la magnitud del desempleo están en el origen de esta estrategia agónica de recuperación electoral, con la que el Ejecutivo renuncia a resolver los problemas capitales de la sociedad española y acepta, por el contrario, crear otros nuevos. En este contexto de agitación ideológica se enmarca el anuncio hecho por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, de constituir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y dotarlo con competencias inspectoras y sancionadoras sobre los contenidos de las televisiones. Nuevamente, el PSOE urde un comisariado a medida, un asalto intervencionista vestido con ropaje de virtud, porque Jáuregui justifica esta iniciativa denunciando la «banalización», los «personajes de escaso mérito» o la «vejación en directo de la dignidad y el respeto», como características de algunas programaciones televisivas. También con la asignatura de Educación para la Ciudadanía quería el Gobierno crear buenos ciudadanos, eso sí, mediante el adoctrinamiento de los alumnos en algunos de los tópicos de la ortodoxia progresista y de izquierda.

La «telebasura» es la última coartada para un Gobierno obsesionado con prohibir, sancionar e intervenir. Nada hay que objetar a la revisión de programas televisivos inadecuados en función del horario en el que se emitan o de unos contenidos manifiestamente contrarios a la ley. Pero esta función inspectora y sancionadora ya se puede ejercer por la Administración Pública. No hace falta dar al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales ese sesgo inquisidor, y menos aún convertirlo en tutor de las líneas editoriales de las cadenas de televisión y radio, que es en lo que se convertirá si, como dijo Jáuregui, utiliza como pretexto los «climas de crispación y enfrentamiento», que, en el lenguaje de la izquierda, es una manera de señalar a radios y televisiones no afines al Ejecutivo. Si el problema fuera la «telebasura», el Gobierno habría tomado medidas mucho antes. Pero lanza esta idea ahora, en año electoral, con las encuestas en contra y necesitado de mensajes que reanimen a una izquierda que, al parecer, solo puede ser movilizada con la visceralidad. Ya lo dijo Zapatero una vez: necesitan poner a España en tensión.

ABC - Editorial