sábado, 22 de enero de 2011

Otra vez en Sevilla. Por M. Martín Ferrand

Si el individuo y su libertad no van por delante, el espíritu democrático se desvirtúa.

DICE Baltasar Gracián, quizás para provocar a Antonio Burgos, que en Sevilla se habla mucho y se obra poco y, tal vez por eso mismo, el PP ha escogido la capital andaluza para celebrar en ella una convención —una reunión de rabadanes— con la que iniciar la campaña de cara a las elecciones autonómicas y locales de dentro de cuatro meses. Hace poco más de veinte años, veintiuno, fue en Sevilla donde José María Aznar, al término del viaje al centro que convirtió AP en PP, se convirtió en líder máximo del partido con la bendición llorosa de Manuel Fraga y el impulso de Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato, Federico Trillo y Juan José Lucas. Lucas vive hoy una confortable jubilación anticipada en el balneario de la Plaza de la Marina Española, Trillo ha venido a menos y Rato ha ido a más mientras que Álvarez Cascos, justamente irritado, se ha convertido en el hijo pródigo al que conviene seguir de cerca porque las noticias que llegan de Asturias apuntan que su Foro puede ser algo más que un fenómeno regional y convertirse en refugio de descontentos, la ideología mayoritaria en la España presente.

La convención de Sevilla, a mayor gloria de Rajoy, la inauguró Aznar y, sin reconocer que nos debe una «regeneración democrática» que nos prometió en el 93 y el 96, volvió a apuntarla como meta del partido. Sin ella la Constitución carece de sentido; la democracia, de sustancia; la justicia, de identidad; la educación, de eficacia y el gasto público deja de tener límite. «Lo primero, las personas», dice el PP. Es cierto. Si el individuo y su libertad no van por delante, el espíritu democrático se desvirtúa y vive una parodia socialdemócrata en la que se confunden las prestaciones sociales con los derechos cívicos. Añaden los de la gaviota en este gesto con el que piden un voto que les de una mayoría absoluta sin el que sus posibilidades de gobierno son escasas: «Más sociedad, menos gobierno». También esto está bien visto. Anteponer la sociedad al Estado es conveniente aunque, en estos pagos, no se cultive esa demanda liberal que, dicho sea de paso, sorprende en boca de los responsables de un partido que son, casi en su totalidad, funcionarios públicos. Lo de mejor Gobierno es superfluo. Por malo que resultara el que pudiera formar Rajoy con su disciplinada cúpula partidaria, será mejor que el de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que la ineficacia compite con la incapacidad y, juntas, dan lugar a la catástrofe que nos aleja de Europa y nos minimiza en el mundo sobre un mosaico de parados y descontentos que, eso sí, preservan sus pulmones de la acción nefasta del tabaco.

MEDIO - Opinión

Cataluña. El microondas. Por Maite Nolla

En la calle en Cataluña me da la sensación de que se prefiere que gane Rajoy, aunque sólo sea porque Zapatero ho ha fet molt malament, pero tienen miedo al PP porque va contra Cataluña –o eso les han dicho–.

Como sabrán ustedes Cataluña se encuentra otra vez en pie de guerra ante una nueva embestida madrileña. Bueno, Cataluña, Cataluña, no exactamente: el nacionalismo y su opinión conjunta. Y embestida, embestida, tampoco; digamos que se trata de una vaguísima propuesta de reforma de las autonomías o al menos del control de su gasto. Pero ya saben que esto funciona como un microondas. Basta con un par de temas mal explicados y debidamente tergiversados para que la opinión oficial se caliente exprés y se despliegue en Cataluña el almanaque de agravios, con su actualización a 2010 con las sentencias sobre el Estatut y sobre la lengua en la educación. La amenaza en esta ocasión adopta la forma de una nueva "LOAPA", como si la primera hubiera tenido algún efecto. Es como acordarse del padre de alguien. LOAPA, LOAPA, LOAPA, que en catalán se dice LOHAPA, porque armonización se escribe con hache. Y puesta la maquinaria en marcha, les da igual que en el PP no sean capaces de decirte tres cosas más o menos razonadas sobre qué quieren tocar del sistema autonómico. Unos dicen que el gasto, otros que algunas cuestiones relacionadas con la sanidad y con la educación, Feijóo dice que si quieren tocar el gasto que se lo digan al Estado que es el que más gasta, y Alicia Sánchez-Camacho en tevetrés –porque en Madrid dice otras cosas cuando actúa como tertuliana, un comportamiento que hasta su querida Pilar Rahola ha afeado– que hay que suprimir el ministerio de Cultura y el de Sanidad, contradiciendo a Rajoy y contradiciéndose a ella misma. Y también les da igual que la relación de fuerzas en el Tribunal Constitucional siga siendo favorable a los nacionalistas, con un vicepresidente nacionalista que adjuntó a la sentencia del Estatut un alegato político a modo de voto particular. Y pese a ello, algunos ven un movimiento de fondo anticatalán en el que Gobierno, PP, PSOE y hasta los sindicatos estarían en el ajo.

El que piense que este tipo de mensajes no cala, se equivoca. De hecho en la calle en Cataluña me da la sensación de que se prefiere que gane Rajoy, aunque sólo sea porque Zapatero ho ha fet molt malament, pero tienen miedo al PP porque va contra Cataluña –o eso les han dicho–, y así te lo manifiestan. Y prueba de que el clima es el que es, la consejera de Justicia se ha visto obligada a pedir perdón por su pasado de abogada del Estado y por haber pleiteado contra los referéndums, en unos términos que ponen los pelos de punta: ella era una profesional que hacía lo que le pedía el cliente. Y que conste que ella ni creía en lo que decía ni estaba de acuerdo. "Los abogados a veces dicen cosas increíbles"; ni que lo jure. Dudo mucho que los abogados o letrados de una administración tengan siquiera algo parecido a una relación abogado-cliente; creo que la cosa va más por defender el interés de la Administración que, a su vez, es el interés general y el del respeto a la Ley –es un resumen del artículo 103 de la Constitución–. Pero la presión ha podido. Una profesional; llegará lejos.


Libertad Digital - Opinión

Piratas muertos. Por Hermann Tertsch

Corea del Sur liberó a la tripulación de un carguero que llevaba seis días secuestrado. Ocho piratas murieron.

Fuerzas especiales de la Armada de Corea del Sur desplegadas en las costas somalíes liberaron ayer a la tripulación de un carguero que llevaba seis días secuestrado. Ocho piratas murieron. Todos los miembros del comando resultaron ilesos. Tampoco sufrió daño alguno la tripulación de este buque de bandera coreana, compuesta por veintiún hombres de diversas nacionalidades asiáticas. El capitán, que había sido herido durante el secuestro, también está a salvo. El presidente de Corea del Sur advirtió que la operación era una clara demostración de que su país «no tolerará conducta alguna que amenace vidas y seguridad de nuestra gente en el futuro». Aunque aparte de los ocho piratas muertos, han sido detenidos cinco, se da por seguro que parte de la operación ha sido también garantizar que la noticia sobre esta operación ha llegado a los principales centros operativos de la piratería somalí. Con el mensaje de que Corea del Sur no negociará nunca un rescate.

Hace dos meses fue difundida por internet la grabación de una operación de fuerzas especiales de la marina rusa. En ella se mostraba la liberación de un pesquero ruso en aquellas mismas aguas y la captura de un barco de los piratas implicados. Piratas detenidos, algunos heridos, aparecían pidiendo clemencia. Los rusos dejaban claro que no habría piedad. Toda la grabación era una constatación de que aquellos piratas no tendrían una segunda oportunidad. Después la grabación mostraba la voladura del barco pirata y se sugería que la mayor parte de los secuestradores se hallaban a bordo. Se da por hecho que algunos secuestradores fueron liberados para que informaran a sus jefes de la «nueva metodología» rusa en la zona. La grabación, difundida por fuentes militares no oficiales, dio la vuelta al mundo. Nunca hubo confirmación oficial de esta operación. No ha habido más secuestros de navíos rusos.


ABC - Opinión

Pasillos. Por Alfonso Ussía

Para ser diplomático no basta con ser amigo de Trinidad Jiménez o recomendado de Leire Pajín. Hay que estudiar una carrera universitaria con altísima nota media. Preferentemente Derecho o Económicas. Hablar a la perfección dos idiomas con independencia del español. Los hay que dominan tres, cuatro y hasta cinco lenguas. Superar una dura oposición y, de aprobarla, sentirse anímicamente preparado para afrontar una vida al servicio de España en la lejanía. El diplomático es un alto funcionario del Estado, un profesional que siempre defiende los intereses de su nación sea cual sea la ideología y la política del Gobierno de turno.

«La Carrera», que así la denominan los diplomáticos, se consideraba un privilegio décadas atrás. Un privilegio ganado a pulso, pero que conllevaba una distinción social y un prestigio permanentes. En la actualidad, «La Carrera» se ha convertido en un ir y venir por los pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores, por la cantidad de diplomáticos competentes que deambulan por ellos en espera de un destino. La ministra Jiménez, la eterna y sonriente perdedora en todo, está supliendo a los profesionales de la diplomacia por sus amigos y enchufados, no sólo en los destinos en el extranjero, sino en responsabilidades internas de la casa. A los diplomáticos de carrera no se les considera. Bastante tienen con que sean tolerados sus pasos perdidos por los pasillos en los que se distribuyen los despachos de los amigos de doña Trini.


En el franquismo hubo diplomáticos de izquierdas que no se toparon jamás con obstáculos para desarrollar su profesión. Y también de derechas que no por serlo, ascendieron con más rapidez que los demás. La lealtad a España, la defensa de sus intereses y la responsabilidad y competencia en el trabajo eran los requisitos que se les exigían a los hombres y mujeres de nuestra diplomacia. Existieron embajadores políticos en casos excepcionales, y la verdad es que una gran mayoría de ellos dieron también un excepcional resultado. A ese espacio de excepción en «La Carrera» tan sólo concurrían personalidades indiscutibles. Siempre han existido. Pero no tantos como en la actualidad. Y los diplomáticos de profesión siempre los aceptaron por su valor coyuntural, sabedores de que eran los menos. Las embajadas y consulados de España distribuidos por todo el mundo estaban mayoritariamente servidos – la diplomacia es un servicio–, por diplomáticos. Hoy, los diplomáticos van y vienen por los pasillos, suben y bajan las escaleras del Ministerio, piden permiso para entrar en despachos ocupados por quienes no tienen ni idea de política exterior y si han servido a España con Aznar de Presidente de su Gobierno, son tratados como sospechosos e incluso, como enemigos. Con Aznar, a Moratinos y Belarmino León se les consideró respetuosamente y de acuerdo a sus méritos, que fueron muchos.

Pero ahora, con esa señora que fue ministra de Sanidad sin saber en que consiste una inyección intramuscular y en la actualidad lo es de Asuntos Exteriores por haber perdido las primarias de Madrid contra el pobre Gómez, decenas de diplomáticos penan por los pasillos en espera de un destino limosnero, mientras los enchufados mandan y ordenan. El prestigio de «La Carrera» se derrumba fuera de España. A este paso terminarán siendo embajadores –escrito sea con todo mi respeto–, hasta los electricistas del cine o los cámaras de televisión.


La Razón - Opinión

PP. Ante todo, mucho consenso. Por Pablo Molina

¿Cuál es la idea fuerza que va a sobrevolar los privilegiados caletres de los padres conciliares? Pues ni más ni menos que el consenso. El consenso como meta, sea cual sea la materia sometida a escrutinio.

La convención del Partido Popular de este fin de semana en tierras sevillanas no parece que vaya a suponer una revolución programática, entre otras cosas porque el ideario del partido es tan difuso que cualquier ocurrencia encuentra perfecto acomodo por absurda que parezca.

No obstante este carácter tornadizo, consustancial a los partidos de la II Restauración borbónica, y ante la más que posible victoria electoral del PP que la demoscopia anticipa con atisbos arriolanos cada vez más felices, hay votantes que se plantean legítimamente diversas cuestiones sobre la forma en que la muchachada de Rajoy pretende gestionar el desastre zapateril. "Sin ánimo de agotar el tema", ¿qué opina el PP del aborto? ¿Y del nuevo estatuto de Cataluña? ¿Va a seguir financiando "bilateral" y abusivamente a la comunidad catalana en detrimento del resto, como asegura su representante en la zona? ¿Qué piensa hacer con el desastre autonómico en general? ¿Y con la discriminación lingüística en particular? ¿Existe la suficiente determinación, por concretar, para abordar el reparto del agua sobrante de España hacia las zonas desérticas?


Son interrogantes que el Partido Popular no está dispuesto a responder con claridad, porque cualquier afirmación sincera acarrea necesariamente la desafección de una parte de la masa electoral, y la doctrina transversal en esta segunda –y si Dios quiere, última– legislatura de Zapatero es evitar cualquier pronunciamiento que escape al objeto de interés principal de Rajoy en estos años que, como él mismo se ha encargado de aclarar, se circunscribe a la calidad de las retransmisiones deportivas del canal Teledeporte.

No obstante, cuando se convoca un cónclave político hay que fingir que se tienen ideas sobre las que debatir y una línea de acción prevista para arracimar el afecto del cuerpo místico electoral de cara a la cita del próximo mes de mayo. Los padres conciliares del PP, llegados de las agrupaciones diseminadas por toda España, están dispuestos a votar cualquier propuesta de la nomenklatura del partido "con mucha unanimidad", que suele decir un presidente autonómico del PP bastante coñón, pero al menos hay que presentarles algo sobre lo que ser unánimes.

¿Y qué es lo que el partido va a proponer como objeto de estudio –más bien adoración–? ¿Cuál es la idea fuerza que va a sobrevolar los privilegiados caletres de los padres conciliares? Pues ni más ni menos que el consenso. El consenso como meta, sea cual sea la materia sometida a escrutinio. González Pons, al que hay que agradecerle su sinceridad, sin duda involuntaria, lo ha resumido con una frase que muy bien puede figurar en el frontispicio del sínodo andaluz: "Necesitamos con urgencia recuperar y prestigiar los consensos políticos básicos".

Como siempre, desde que Franco dobló la servilleta, la izquierda pone en marcha su revolución social e institucional para que cuando la derecha llegue al poder, si es que llega, simplemente haga la media entre la extrema izquierda y el centro progresista de forma que, como sugirió Zapatero, los socialistas vayan consolidando por la vía de los hechos unas reformas que trasciendan en el tiempo la coyuntural presencia en el poder de sus adversarios políticos.

En el Partido Popular le siguen el juego a Zapatero sin darse cuenta de que es ZP el que los utiliza en su provecho. Sí, todos sabemos que en realidad los dirigentes populares son conscientes de la traición a sus votantes, pero disimulemos lo que sea necesario con tal de llegar al gobierno. El poder, ese es el verdadero y único consenso, aunque a González Pons le hayan prohibido explicarlo.


Libertad Digital - Opinión

ETA está contenta. Por Edurne Uriarte

Togas extraviadas confunden los límites del papel de los jueces y de los políticos, e ignoran el entramado terrorista.

ETA está contenta con la sentencia de Udalbiltza. Basta repasar el Gara de ayer. Ahora bien, siguiendo la argumentación de Gómez Bermúdez y los jueces que la han redactado, eso, la «afinidad» y la «coincidencia» entre ETA y los absueltos, no prueba que Udalbiltza esté bajo el control o al servicio de ETA. En efecto, y eso puede justificar la absolución, no la cuestiono, pero no la intolerable arenga sobre el peligro de criminalización de las ideas políticas que incluyen los jueces en la sentencia.

Tampoco la interpretación de los absueltos de que la sentencia «está acorde con el cambio de escenario» prueba que esto sea un ejemplo práctico de «togas manchadas», que diría Conde Pumpido. Pero sí de togas extraviadas, muy confundidas sobre los límites del papel de los jueces y de los políticos. Y, sobre todo, tristemente ignorantes del funcionamiento del entramado terrorista.


Entiendo que los nacionalistas se pasen el día denunciando lo que ellos consideran la criminalización de las ideas políticas, incluidas las ideas de todos los órganos políticos de ETA. Entiendo también que lo mismo haga la izquierda que quiere negociar con los terroristas. Y, sobre todo, que lo haga la propia ETA para presentarse a las elecciones. Pero lo asombroso es que sean los jueces quienes se metan en ese charco político. En lugar de limitarse a constatar la falta de pruebas suficientes y absolver.

O, si querían lanzar algún tipo de mensaje moral a la sociedad, en lugar de lamentar que el Estado, ellos incluidos, sean incapaces de proteger a los ciudadanos de las reglas del terror impuestas en el País Vasco. O de explicar por qué las ideas coincidentes con un grupo terrorista son más merecedoras de sus desvelos en la sentencia que el derecho a la libertad de los amenazados y coaccionados. O, simplemente, en lugar de abochornarse por la impunidad legal de las ideas criminales.


ABC - Opinión

Cajas en la encrucijada

La admisión de la insuficiencia de las reformas alienta al optimismo; pero ahora hay que actuar.

La imprescindible reforma del sistema financiero español se ha gestionado hasta ahora, desde las instituciones públicas y desde las corporaciones de las entidades financieras, con poco acierto y una lentitud exasperante. En estos momentos, el estado de situación de la reforma, que afecta principalmente a las cajas de ahorros, indica que se han cerrado con éxito un conjunto de fusiones formales de entidades, pero no se ha avanzado apenas en el ajuste de la oferta implícito en las operaciones y menos en la cada vez más urgente recapitalización del sistema.

Con las nuevas exigencias europeas de solvencia, la banca española necesitará al menos 12.000 millones de capital fresco, además de la recapitalización que cada entidad requiera para cubrir el deterioro de sus activos. Gran parte del dinero debe inyectarse en las cajas para acabar con más de dos años de esterilidad crediticia.

A efectos pedagógicos, hay que distinguir entre dos graves problemas que tienen las cajas sobre el terreno. El primero y más urgente es corregir la situación creada por las fusiones realizadas entre marcas de la misma autonomía (casos de Galicia, Cataluña y Castilla-León), cuyo resultado final es frustrante. Las resultantes de esas fusiones apenas cumplen con los requisitos de solvencia y existe una probabilidad alta de que tales operaciones tengan que corregirse de una manera u otra. Estamos ante un conflicto financiero creado por la pertinacia de algunos Gobiernos autónomos en mantener un poder financiero propio manejado desde instancias regionales.


El otro problema está en las dificultades de las entidades fusionadas para encontrar capital estable en el mercado con el cual reforzar su solvencia. Los mercados están cerrados a cualquier tipo de iniciativa inversora. La fórmula de que las cajas separen el negocio financiero en un banco puede ayudar a que los inversores no extrañen las peculiaridades accionariales de las cajas. Pero pasará algún tiempo antes de que desaparezca el rechazo a invertir en entidades financieras.

A estas dos dificultades de fondo se suma otra complicación más: la política titubeante de las autoridades, según evidencian las aparentes discrepancias entre Economía y el Banco de España sobre la pertinencia de reformar de nuevo la ley para acelerar la recapitalización. El banco, principal impulsor de la propuesta, debe sopesar las consecuencias de un nuevo cambio legislativo y los efectos secundarios de inyectar capital público en las entidades que no consigan recapitalizarse en el mercado.

La primera fase de la reforma se ha quedado corta y en algunos casos resulta irritante (por ejemplo, por la presencia abusiva de ex políticos en los gobiernos corporativos). El reconocimiento de esta insuficiencia y la voluntad política de corregirla invita al optimismo, y así lo han entendido los mercados. Ahora es necesario no titubear.


El País - Editorial

La caja vacía. Por Ignacio Camacho

El Senado ya no es más que una plataforma de acomodo para excedentes de cupo de la oligarquía partidista.

SI no fuese por mascaradas como la de los pinganillos, el Senado pasaría por completo inadvertido a una opinión pública que sigue preguntándose para qué sirve esa institución desde la bienaventurada creencia de que es imposible que no valga absolutamente para nada. En realidad es así: no sirve para nada útil, para nada que justifique su costoso presupuesto, para nada que tenga más sentido que su inexistencia. El Senado no es más que un error de benevolencia de los padres constitucionales, que creyeron que la restauración democrática merecía la solemnidad de un sistema bicameral pero no se atrevieron a restar protagonismo al Congreso otorgando a la Cámara Alta poderes determinantes; los pocos e imprecisos que le atribuyeron han sido limados en la práctica por un sistema político dominado por la oligarquía partidista, que se reserva incluso los escaños de designación territorial para colocar en ellos a sus excedentes de cupo. Como caja de resonancia autonómica, en el supuesto de que eso fuese necesario, no alcanza más que para numeritos de exaltación nacionalista; como órgano de control duplica innecesariamente los debates; como cámara de segunda lectura es inútil, y como instancia de veto está subordinada a su hermana mayor. Podría servir de escenario a comisiones de investigación soberanas, pero tampoco lo permiten los partidos. Por fracasar ha fracasado incluso en su específico método de elección por listas abiertas, que desde el principio han reproducido miméticamente los resultados de las cerradas. El resumen es un vacío sideral, una cháchara hueca, un agujero negro pero muy caro donde sólo resuenan los ecos de alguna farsa sobreactuada como la de la babel lingüística.

De ahí que su reforma, imposible sin la de la Constitución, se haya convertido en un mantra rutinario de los proyectos de regeneración que en España acaban siempre perdidos en el limbo de los deseos abstractos. Los partidos jamás se atreverán a suprimirlo porque hallan en él una honorable —senatorial, ya lo dice el término— plataforma de acomodo para dirigentes amortizados o de segunda línea. Tampoco le darán más poder para que no haga sombra al Congreso. La única solución teórica que han encontrado es la de convertirlo en un foro nacional de las autonomías, sin que nadie sepa exactamente cómo darle forma; podría acabar siendo una herramienta de coordinación legislativa de competencias dispersas, pero eso provoca el recelo de los nacionalismos. En el fondo, la clase política se siente a gusto disponiendo de un inofensivo simulacro de parlamento en el que colocar a la tropa sobrante de su amplia nomenclatura. Cuesta mucho dinero pero esa clase de detalles nunca han preocupado en exceso a nuestra dirigencia.

Ah, eso sí: tiene una biblioteca cojonuda. De las mejores de España. Es una verdadera lástima que tenga tan poca utilidad como el resto.


ABC - Opinión

La inaplazable reforma de las cajas

Ahora, cuando al Gobierno no le queda más remedio que reconocer la realidad, parece que puede comenzar a imperar la sensatez y la racionalidad que deberían haber guiado las actuaciones en este campo desde el primer momento.

Han pasado ya tres años desde que la burbuja inmobiliaria pinchó en nuestro país, colocando al sistema financiero, y en especial a muchas cajas de ahorro, en una situación delicada. Al fin y al cabo, tras más de un lustro de un alocado crecimiento del crédito, la exposición al sector del ladrillo de estas entidades llegó a representar el 70% de todos sus créditos; consecuente, pues, que al derrumbarse este sector se generara un agujero que afectó, de manera especial, a aquellas cajas más politizadas y peor gestionadas.

En estos momentos, la mayor incertidumbre que planea sobre nuestro país es la de la solvencia de muchas de estas entidades crediticias. Zapatero ganó las elecciones generales de 2008 negando la crisis y vendiendo que disfrutábamos del sistema financiero más sólido del mundo y, desde entonces, los adalides de la transparencia y de la regulación del sistema bancario no han hecho nada, más bien al contrario, por reestructurarlo y reconocer la realidad.

Tras la quiebra de Lehman Brothers, el Gobierno aprobó, forzado por los acontecimientos internacionales, el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (posterior FROB) para, supuestamente, reforzar la solvencia de las cajas en peor situación. Pero poco se hizo para lograr que las entidades menos solventes fueran privatizadas y adquiridas por aquellos bancos y cajas en mejor situación, cubriendo el FROB los eventuales agujeros.


Ahora, cuando al Gobierno no le queda más remedio que reconocer la realidad, parece que puede comenzar a imperar la sensatez y la racionalidad que deberían haber guiado las actuaciones en este campo desde el primer momento. Así, parece ser que el Ejecutivo por fin se ha decidido a expulsar a los caciques regionales de los órganos de gobierno de las cajas en peor situación para, tras un período de saneamiento y recapitalización, proceder a privatizarlas.

Si este proceso se lleva a cabo con transparencia y profesionalidad –dos cualidades que, por desgracia, no abundan en este Ejecutivo, salvo que se le someta a la tutela de Bruselas–, el capítulo final de esta crisis económica podría permitirnos acometer una de las reformas que teníamos pendientes desde los comienzos de nuestra democracia. No tenía ningún sentido que en pleno siglo XXI más de la mitad del sistema financiero español estuviera en manos de políticos autonómicos y locales –especialmente en aquellos casos de cajas con un menor tamaño donde el contacto con las oligarquías y los intereses locales era más intenso– en lugar de en manos de accionistas privados que arriesgaran su propio dinero. De hecho, gran parte del agujero que soportan hoy muchas de estas entidades se debe al sometimiento de la lógica política a los intereses económicos: ahora, cuando su reestructuración ya resulta inaplazable por muchas redes clientelares que haya en juego, es cuando se nos abre la oportunidad de desvincular ambos mundos. No nos saldrá barato a los españoles, pero ciertamente tenemos pocas alternativas. Confiemos en que, ya que vamos a pagar los platos rotos, al menos podamos enmendar los errores del pasado.


Libertad Digital - Editorial