miércoles, 26 de enero de 2011

Zapatero y las reformas que le alejan de sus votantes. Por Antonio Casado

Si mira hacia fuera, los mercados. Si mira hacia dentro, los sindicatos por la izquierda y el PP por la derecha. En esas condiciones solo le queda ofrecerse en sacrificio y pasar por la trituradora de las urnas envuelto en la bandera nacional, como los marinos españoles machacados por los barcos de Estados Unidos en Santiago de Cuba. Pero antes, las reformas, sin mirar a las encuestas.

¿Un gobernante que no mira las encuestas? No me lo creo. Salvo que esté preparando la evasión. Entonces encajaría el lema de más reciente incorporación a su particular devocionario político: “Cueste lo que me cueste”. La factura consistiría en la renuncia a repetir candidatura después de quemarse en el altar del reformismo exigido por los acreedores.

Quemarse es elegir: mercados o sindicatos. Y ya ha elegido. Se deduce por la amarga dialéctica de los líderes sindicales, resignados a que el futuro de las pensiones españolas lo decidan los mercados. No hay más que escuchar a Toxo y Méndez insistiendo en que no pasarán por lo de la jubilación a los 67 años cuando se agota el plazo para el acuerdo. O a Gaspar Llamazares, hablando de “expolio a la banca social” o “golpe del mercado contra el último reducto de banca pública”, para referirse a los planes de saneamiento de las cajas de ahorro anunciados por el Gobierno.
«A los más próximos de su primer círculo de confianza, Zapatero les ha dicho que dará un paso atrás si está convencido de que su candidatura resta y no suma, pero sigue pidiendo respeto para manejar los tiempos y su decisión definitiva.»
Da igual. “No voy a tirar la toalla”, decía Rodríguez Zapatero el martes por la noche, en su última comparecencia pública. Y eso descarta la posibilidad de un adelanto electoral aunque los españoles, como dice Rajoy, tengan “sed de urnas”, pero no garantiza la recuperación electoral del PSOE. Todo lo contrario. Los hechos se empeñan en escenificar el drama de un presidente del Gobierno desde que aquel fin de semana de mayo en Bruselas se cayó del caballo camino de la tierra prometida. Zapatero cambió de montura, pero no sus electores, que siguen donde estaban cuando le auparon a la Moncloa por segunda vez. Desasistido por sus votantes, solo le queda apelar al reformismo como tarea de mayor cuantía en nombre de los intereses generales. Ya sin la menor esperanza de que el patriotismo del aspirante, Mariano Rajoy, haga el milagro de la cooperación.

“Sería deseable, pero lo veo muy difícil porque el PP se ha instalado demagógicamente en el discurso de las elecciones anticipadas por miedo a perder el tren de la crisis”, le oí decir ayer por la mañana a José Blanco, que es ministro de Fomento, número dos del PSOE y confidente de Zapatero.

Y tiene razón. Una hipotética recuperación de la economía pondría en peligro la vuelta al poder del PP. Las previsiones no son halagüeñas para la causa electoral de los socialistas. Solo les queda confiar en la retribución diferida a largo plazo por los sacrificios de ahora. Como ocurrió con la reforma de las pensiones o la reconversión industrial de mediados de los ochenta. Solo podían hacerlo los socialistas en el poder, como la eliminación de la mili y de los gobernadores civiles, que solo podía hacerlo, y lo hizo, un Gobierno de José María Aznar.

Al mal tiempo, buena cara. Zapatero sostiene que todavía hay margen para derrotar a las encuestas antes de las próximas elecciones generales. ¿Con él o sin él? A los más próximos de su primer círculo de confianza les ha dicho que dará un paso atrás si está convencido de que su candidatura resta y no suma, pero sigue pidiendo respeto para manejar los tiempos y su decisión definitiva.


El Confidencial - Opinión

Cajas de deudas. Por José María Carrascal

Hay que contentarse con lo que hay. Un gobierno que sólo a regañadientes realiza las reformas que le imponen.

SIN negar validez al paso dado por doña Elena Salgado en las Cajas de Ahorros, pienso que se ha quedado corto. Tanto o más que una reforma financiera, las Cajas necesitan una reforma política. Mejor dicho, antipolítica: quitarlas de las manos de los políticos locales. Pues vienen funcionando como huchas, no de la comunidad, sino de los dirigentes autonómicos. ¿Que se necesitaba un aeropuerto, un palacio de congresos, un premio de relumbrón, un famoso, un festival? Pues allí estaba la Caja financiándolo. Así se han quedado ellas, con las arcas llenas de deudas, que es lo mejor, por no decir único, que saben hacer nuestros políticos. Y todos contentos, pues nadie protesta la juerga.

Lo malo es que los mercados no lo ven así y Bruselas se dispone a hacer un segundo examen a todas las instituciones financieras de la Comunidad, vistas las trampas que se hicieron en el primero, en la que los bancos irlandeses aprobaron, estando, como hemos visto, a dos velas. Para evitar que ocurra aquí lo mismo, el Gobierno español ha dado a nuestros bancos y cajas hasta septiembre para sanearse, y los que no lo consigan, pasarán prácticamente a ser bancos seminacionalizados, mucho más controlables. Lo que ha hecho poner el grito en el cielo a quienes venían participando en la orgía, desde los gobiernos locales a los sindicatos.


Siendo un paso en la buena dirección, nos parece insuficiente por 4 razones:
—Porque puede ayudar a salir del apuro, pero no es la solución definitiva. El control de Banco de España sólo será efectivo mientras sea independiente del Gobierno de la nación. Y si éste se ve en apuros, echará mano de lo que sea.
—Queda la incógnita de si los 20.000 millones de euros que la señora Salgado ha dispuesto para sanear las Cajas incapaces de sanearse por sí mismas bastarán. Pues su agujero sigue siendo un misterio.

—¿Por qué esperar a septiembre? ¿Por qué no hacerlo cuanto antes? Una vez detectado un tumor, conviene operar ya, para que no siga creciendo. A no ser que estemos ante otra añagaza gubernamental para ganar tiempo y ver si las cosas se arreglan por sí solas. No sería la primera vez, pero sería la última que intentase engañar a los mercados.

—Y por último, ¿por qué no a todas las Cajas? ¿Por qué no quitar de las manos de los políticos incluso las que, aparentemente, marchan bien? Pues la tentación sigue ahí, aparte de que dinero y política combinan mal, tanto desde el punto de vista ético como económico.

Pero, en fin, hay que contentarse con lo que hay, y lo que hay es un gobierno que sólo a regañadientes realiza las reformas que le imponen. Ha empezado la de las Cajas de Ahorros. Veremos cómo termina. Pues aquí somos especialistas en cambiar las cosas para que sigan igual.


ABC - Opinión

Veinte días y veinte mil millones. Por Jesús Cacho

Definitivamente, lo que le ha ocurrido a los españoles con el señor Zapatero y sus Gobiernos es un caso de auténtica mala suerte. Mala suerte, sí, porque de otra forma no es posible entender nada. Y es que es difícil conjugar en el Ejecutivo de un país desarrollado, o tal se supone que es España, tanta impericia técnica unida a tanta desidia y cobardía moral, sazonado todo con una desvergüenza, o si quieren un desparpajo, difícil de encontrar en otras latitudes. Al hablar de cobardía moral me refiero al miedo, más bien pánico, que se apodera de estos personajes a la hora de hacer frente a las obligaciones que asumieron al jurar el cargo. Aquí nadie o casi nadie cumple con el cometido que tiene asignado, y de lo que se trata, sean presidentes, gobernadores o ministros, es de escurrir el bulto y darle hilo a la cometa con explicaciones increíbles y planes indescifrables que no solo no arreglan los problemas, sino que los enmarañan y emponzoñan hasta convertirlos en irresolubles.

Es lo que ha ocurrido con las malhadadas cajas de ahorro, un sector que durante muchas décadas prestó un servicio esencial a la sociedad española, básicamente al pueblo llano, y que ha entrado en proceso de disolución, vía transformación y venta al mejor postor, por obra y gracia, o más bien por culpa, de la incapacidad del gobernador del Banco de España (BdE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para cumplir con las obligaciones inherentes a su condición de regulador, sus obligaciones como policía del sistema crediticio, ello sumado a la impericia y falta de sustancia de la ministra de Economía, Elena Salgado, y el pastel coronado por el patético presidente del Gobierno que dizque nos preside, compendio de todas las desgracias patrias.


La rueda de prensa con que la ministra Salgado nos obsequió el lunes resultó una astracanada difícil de digerir. ¿Cuántas veces han valorado el agujero de las cajas? ¿Cuántos planes “definitivos” se han presentado ya para solucionarlo? Por activa y por pasiva se nos aseguró que el sector iba a quedar, tenía que quedar, por narices que iba a ser así, limpio como una patena el 31 de diciembre de 2010, reestructurado de arriba abajo, y se aprobaron fusiones, y se inventaron SIPs, y se creó una cosa llamada FROB (de forma gratuita, dicho sea de paso, puesto que crisis bancarias hubo que se superaron con sobresaliente gracias a la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos, FGD). El propio subgobernador, señor Aríztegui, aseguró muy serio en el Congreso meses atrás que con este magno diseño el problema iba a quedar liquidado para siempre.

Pero hete aquí que 20 días después de culminada la pomposa reestructuración del sector, el Gobierno, la ministra Salgado y su ayuda de cámara, el señor Campa, aparece en plaza pública para anunciarnos que de eso nada, que hace falta un nuevo plan, un macroplan, un superplan, para sanear “definitivamente” el sector, y que eso va a costar, nos va a costar, 20.000 millones de euros. Veinte días y veinte mil millones. Las reformas duran en España 20 días y cuestan 20.000 millones. Zapaterismo en estado puro. Porque la situación es gravísima, se nos dice, en realidad es tan grave que aplazamos la intervención quirúrgica del enfermo hasta… septiembre! ¡Átenme esa mosca por el rabo!

Vuelva usted en septiembre

Naturalmente, hay que aplazarlo hasta septiembre porque en mayo tenemos elecciones municipales y autonómicas y no es cosa de dañar, todavía más, las opciones electorales de nuestros amigos los barones socialistas con mando en plaza, y como hacerlo en junio iba a cantar mucho, pues lo dejamos ya para después de las vacaciones, lo aplazamos a septiembre… Pero, oiga, ¿no está el enfermo en la UCI? ¿No es terminal su estado? Pues no, parece que no, que el cielo puede esperar. Pero ¿y si no llegamos a otoño? ¿Y si los mercados se enfadan de nuevo y deciden, a la tercera va la vencida, que se acabó el cachondeo español y que aquí no meten un euro más ni en el sector público ni en el privado? Pues default al canto, que es el gran miedo, impregnado de olor a pobreza, que nos tiene acollonados desde hace tiempo.
«¿Por qué 20.000 millones y no 30.000 o 40.000, incluso los 80.000 que se han citado en diversos foros y medios, incluido este diario? ¿De dónde sacará cualquiera de esas cifras la “autoridad” competente? ¿Podremos hacerlo sin pedir ayuda a la UE y al FMI? Ese es el quid de la cuestión.»
El Gobierno, ¡noticias frescas!, reconoció el lunes por primera vez que el sistema de cajas -de momento parece que no hablamos de bancos- tiene un problema de déficit de capital no cuantificado, por lo que, quien no sea capaz de buscarse la vida por su cuenta, será salvado con dinero público y tendrá que aceptar inspectores/policía en el Consejo, es decir, será objeto de una nacionalización temporal -¿temporal?-, y todo ello precedido por la conversión de las entidades en bancos. En la búsqueda de un argumento capaz de justificar la intervención de aquellas Cajas en peor situación, el BdE ha caído en la trampa del “core capital”, ratio que, siendo importante, no es el único relevante a la hora de considerar si un modelo de negocio bancario es solvente o no.

El miedo extendido en el sector es que en esa trampa van a caer cual maltrechos elefantes la mayor parte de las cajas de ahorro españolas, con excepción, quizá, de las tres vascas, de la andaluza Unicaja y, si me apuran, de la aragonesa Ibercaja. ¿El resto? Carne de cañón. Las incógnitas que la bufonada protagonizada por la señora Salgado el lunes dejó sobre el tapete superan con mucho las soluciones aportadas. La cifra de 20.000 millones de recursos que supuestamente serían necesarios para solucionar el problema se antoja a todas luces muy alejada de la realidad. ¿Por qué 20.000 millones y no 30.000 o 40.000, incluso los 80.000 que se han citado en diversos foros y medios, incluido este diario? ¿De dónde sacará cualquiera de esas cifras la “autoridad” competente? ¿Podremos hacerlo sin pedir ayuda a la UE y al FMI? Ese es el quid de la cuestión.

La responsabilidad de Fernández Ordóñez

También de la imperdonable dilación, de la desidia culposa, de la incapacidad para haber agarrado el toro de nuestro sistema financiero por los cuernos hace tres años y haber resulto de un plumazo la situación. Porque el problema es muy fácil, o a la inmensa mayoría de la gente sensata de este país se lo parece: el problema de nuestro sistema financiero, en particular de las Cajas pero no solo de ellas, es que las entidades no van a poder renovar o devolver los créditos vencidos –mucho menos pedir dinero fresco- porque los mercados, es decir, los inversores, no se fían un pelo de los gatuperios escondidos en los Balances, y como los cajeros no se han atrevido a sacar a la luz sus trapos sucios, principalmente inmobiliarios, y como el gobernador del Banco de España, con toda la antaño temida y respetada tropa de los servicios de Inspección, no les ha obligado a ello, pues pasa lo que pasa y estamos donde estamos: caminando sobre el alambre y sin red.

Estamos, en suma, en manos de unos irresponsables incapaces de sacarnos del agujero en que nos han metido. El Banco de España sigue sin asumir su gravísima responsabilidad en lo ocurrido, aunque, a cambio, nos ofrece la confusión con una nueva reforma llena de incertidumbres, que, además, aplaza hasta el otoño. No deja de ser llamativo que las entidades más directamente afectadas por déficit de capital sean aquellas que han participado en procesos de fusiones, frías o calientes, auspiciadas y bendecidas hasta hace escasas fechas por las mismas autoridades que ahora anuncian a los cuatro vientos la necesidad de este nuevo plan. La credibilidad de este Gobierno es cero y su responsabilidad, insisto, mayúscula.


El Confidencial - Opinión

El mal actor. Por Alfonso Ussía

Creo que fue Gustavo Pérez-Puig el que dijo que un buen actor es aquel que representa en escena durante seis meses a Enrique VIII, y termina convencido de que es Enrique VIII. Y creo que tiene razón. Un señor que se viste y actúa como Enrique VIII todos los días no puede sentirse interesado en el escenario por el resultado de las quinielas o una anunciada huelga de transportes. Perdería majestad y autenticidad. Un actor que no se cree su papel no pasa la batería. El público se hiela y la representación es un fracaso.

Zapatero ha sido, durante seis años, un buen actor. Tan bueno que se ha creído Zapatero, ese personaje de ficción, irreal y tan difícil de interpretar. El actor que encarnaba a Zapatero se creía todas las majaderías que decía, las ilusiones que manejaba y el benéfico saldo de sus desastres. Pero en la entrevista que le hizo Casimiro García Abadillo en «Veo7», el actor apareció agotado, harto de su personaje y nada convincente. Sus mentiras le han cansado y sus ilusiones son ráfagas efímeras de soberbia mal administrada. No me indignó, como en tantas ocasiones, prueba irrefutable de su mala interpretación. Es más, a medida que la entrevista se prolongaba me iba naciendo una peligrosa sensación de tristeza. No me gusta ver fracasar a un actor. Admiro profundamente la dificultad y el trabajo de los grandes cómicos, su capacidad para salir airosos cuando la memoria se queda en blanco y la improvisación ingeniosa surge inesperada. En su charla con García-Abadillo, Zapatero renunció a seguir con su papel. Dijo lo obligado. Que no da las elecciones por perdidas y que hay tiempo suficiente para volcar las intenciones de voto. Pero no se lo creía. Se le notaba distante de su propio yo.


Ya no interesa su comedia. Ni su público más fervoroso desea que la comedia permanezca en cartel. Pero como todo gran actor del pasado, le puede el orgullo. Y sus intentos de trasladar a su público esa poca resolana de convicción que aún le queda, produce una cierta melancolía.

Sólo él sabe lo que está sufriendo. El resto de los actores de su compañía, recelan los unos de los otros y se despedazan. No por ambición, sino por su supervivencia. Se pasa del coche oficial a la peatonía callejera en un suspiro. Vuelan los cuchillos figurados y las dagas traicioneras. Zapatero, como actor principal, no tendrá ese problema. Un exPresidente del Gobierno cuenta de por vida con toda suerte de canonjías. Pero las decenas de traseros que ocupan las poltronas políticas y administrativas estatales, autonómicas y municipales, ¿Dónde sentarán sus culos, sus antifonarios, sus traspuntines, y en el caso de Leire Pajín, su pompis? En otras sociedades más educadas que la nuestra los altos cargos y funcionarios trabajan para el Estado, no para su partido político, y no dependen de los vaivenes electorales. Pero en España no hemos alcanzado todavía ese nivel de confianza y buena educación. No se trata de colocar a unos cuantos, sino a decenas de miles de personas que perciben altísimos salarios. Y claro, la supervivencia manda.

Zapatero se me antojó un actor sufriente, acabado y melancólico. Para dar el vuelco a dieciocho puntos de distancia en las encuestas se necesita una fuerza y una convicción descomunales. Y un actor que no se cree su papel, lo mejor que puede hacer es abandonar la escena. Mutis por el foro. Y en su caso, entre abucheos.


La Razón - Opinión

Cajas. ¿Quién teme al lobby feroz?. Por José García Domínguez

¿Quién retornaría a los contribuyentes el dinero tan alegremente prestado si las cajas, propiedad todas del señor Nadie, deviniesen incapaces de hacerlo?

En un rapto de lucidez, novedad siempre improbable tratándose de don Manuel, sostuvo Fraga en su día que los socialistas solo aciertan cuando rectifican. Tal que así, en el asunto de las cajas de ahorros han venido a atinar a medias con la penúltima reforma de la reforma de la Ley. A ese oneroso respecto, si algo ha caracterizado a la roja rojez de nuestro rojísimo presidente ha sido la capacidad para desteñirse en el acto, víctima de sudores fríos, ante el Dinero con mayúsculas. De ahí, servil, su mansedumbre en el diseño y manejo del Frob.

Como es sabido, el sistema financiero más sólido del mundo va a recibir en breve veinte mil millones más del erario con tal de que no se nos licúe entre las manos. Y a modo de dulce bicoca, huelga decir. Al punto de que ni uno solo de los directivos causantes del siniestro total habrá de presentar su dimisión a cambio de la enésima transfusión estatal. Ni uno. Nadie. Y es que, como en la canción de Gabinete Caligari, la culpa fue del Cha, cha, chá. O al menos, eso barrunta el optimista antropológico. Bien distinta, sin embargo, será la copla que suene en el rediseño de la propiedad, hasta ahora ignota, de las cajas. Más que nada por aquello de que a la fuerza ahorcan...en Bruselas.

A fin de cuentas, lo de ayer fue la crónica de una nacionalización anunciada. Acontece al respecto que las subvenciones a las entidades de crédito, ¡ay!, están prohibidas en la Unión Europea. Pequeño detalle que daba pie a una pregunta nada baladí. A saber, ¿quién retornaría a los contribuyentes el dinero tan alegremente prestado si las cajas, propiedad todas del señor Nadie, deviniesen incapaces de hacerlo? A malas, a los bancos se les puede arrancar un fajo de acciones por las bravas. Pero, y a esos espectros etéreos que moran en el limbo de las finanzas a la invariable sombra de los caciques provinciales de turno, ¿qué se les podría sacar? La respuesta, por lo demás, es simple: nada. Nada de nada. Clamorosa evidencia que hace aún más escandalosa la presión del lobby de los cajeros a fin de mantener cercado su particular corralito. Suerte que andamos intervenidos.


Libertad Digital - Opinión

Pesan los ladrillos. Por Ignacio Camacho

Sin aflorar la verdadera escala del pasivo será difícil hallar primos que inviertan en la reconversión de cajas.

EL sistema financiero «más sólido del mundo» tiene un problema de viabilidad porque a las cajas de ahorros les pesan los ladrillos acumulados durante los años dulces de la burbuja inmobiliaria. Para aliviarlas del lastre los políticos van a tener que renunciar a uno de sus juguetes preferidos, aunque lo harán a expensas del dinero de los demás. Durante años el sistema autonómico se ha aposentado sobre una estructura clientelar en la que los barones gobernaban como señores feudales: con las cajas financiaban proyectos de relumbrón y grupos mediáticos complacientes, y con las televisiones regionales se garantizaban el autobombo como si fueran el espejito de la madrastra. La crisis se está llevando por delante los taifas financieros y acabará volviendo inviables las teles de la señorita Pepis, que ahora no se pueden vender porque lo impide la ley pero tarde o temprano pondrán a los virreyes en la tesitura de liquidarlas o empezar a cerrar hospitales. Si fuera por ellos algunos elegirían los hospitales.

Con ciertas cajas a punto de irse a pique, la nomenclatura autonómica va a tener que sacar de ellas las manos. El Banco de España metía prisa de mano dura pero el Gobierno ha optado por demorar el horizonte de reconversión hasta otoño, que es la única estación hábil que queda sin elecciones de aquí a marzo de 2012. El problema es que tal vez las haya incapaces de aguantar hasta septiembre disimulando la contabilidad, y que mientras no aflore la verdadera escala del pasivo inmobiliario será difícil encontrar un primo dispuesto a invertir en esos bancos instrumentales en que pretende transformarlas la vicepresidenta Salgado. Por no hablar de que el saneamiento previo puede necesitar bastante más dinero de esos cándidos 20.000 millones que el Gobierno calcula basándose en el simple hecho de que es lo que tiene a mano.

De todos modos más vale que esta táctica voluntarista funcione, porque ya no quedan muchas más oportunidades de prolongar el birlibirloque ante unos mercados financieros que no se acaban de tragar nuestro peculiar sistema de cajas y sospechan que se trata de un embeleco. En realidad es díficil de explicar que durante años unas entidades de ahorro popular han estado dirigidas por políticos sin el más mínimo currículo profesional y al servicio de intereses ruinosos de las instituciones. Tan complicado como lograr que ahora se retiren motu proprio y resistiendo la tentación de disfrazarse en órganos nuevos: fundaciones, obras sociales o consejos de las fusiones frías, un invento dilatorio al que ya se le está viendo el cartón . El tiempo se está acabando y en La Moncloa no quedan existencias de milagros.


ABC - Opinión

Acertado cambio de criterio

Después de 33 días de vacaciones navideñas, los diputados retomaron ayer la actividad parlamentaria en Pleno, y lo hicieron con cierto complejo de culpa, pues entre sus primeras iniciativas figuró la de revisar las condiciones de sus propias pensiones y sus incompatibilidades laborales. Tomaron la iniciativa los presidentes del Senado y del Congreso, que abrieron consultas con los grupos de ambas Cámaras y remitieron una carta a cada uno de los portavoces en la cual emplazan a explicarle, en un plazo de quince días, sus respectivas opiniones sobre aquellas cuestiones que tengan que ver «con la honra y honorabilidad» de los diputados. Es positivo que sus señorías se muestren receptivos a la voz de la calle, un tanto escandalizada por las ventajas que disfrutan a la hora de la jubilación. La rectificación tiene tanto más valor cuanto hace apenas un par de meses los grupos parlamentarios rechazaron una propuesta de Rosa Díez en tal sentido. Bienvenido sea, por tanto, este cambio de criterio, que habrá de concretarse en las próximas semanas a tenor de las propuestas que presenten PP y PSOE, que serán muy similares. No es aceptable ni razonable que, mientras la sociedad asiste con natural preocupación al pulso entre el Gobierno y los sindicatos sobre la prolongación de la vida laboral, los parlamentarios se blinden con reglas específicas y ventajosos complementos vedados para el común. Argumentaba ayer el presidente del Congreso, José Bono, que es muy poco dinero el que se destina a esos complementos (en torno al millón de euros anuales) y que el número de diputados y senadores beneficiados apenas si llega a 80 de los 3.000 que ha dado la democracia. Tiene razón Bono, pero la cuestión aquí no es de cantidad, sino de calidad y de ejemplaridad. Ser representantes del pueblo no convierte a los parlamentarios en una casta aparte ni ajena a los sacrificios que padecen sus representados. Podrá debatirse si los diputados españoles están o no cabalmente retribuidos, que lo están aunque sus colegas europeos ganen más. También podrá discutirse, como se dispone a hacer el Congreso a instancia de los grupos de izquierda, si el régimen de compatibilidades debería endurecerse. Pero nada de todo esto tiene que ver con que la clase parlamentaria se rodee de privilegios o se dote de beneficios sin justificación que se pagan con los impuestos de los contribuyentes. En este punto, convendría también avanzar en la transparencia fiscal y financiera de sus señorías, de modo que no sólo sus nóminas públicas y privadas fueran de conocimiento general, sino también sus bienes muebles e inmuebles y los de sus cónyuges. Hasta ahora, están obligados a realizar una declaración de actividades, pero tal vez sea éste el momento más indicado para que den un paso más y coloquen un techo de cristal sobre todos sus bienes. Dicho lo cual, tampoco es aceptable incurrir en radicalismos demagógicos y señalar con dedo acusador a sus señorías como malversadores. Una cosa es exigir probidad a nuestros diputados y otra sembrar sobre ellos sospechas a voleo, lo que causa un daño que también perjudica nuestra salud democrática.

La Razón - Editorial

A despejar la X del chivatazo a ETA

Se da la circunstancia de que esta utilización del chivatazo como prueba de la voluntad de diálogo del Gobierno con ETA es plenamente coincidente con la que, según Elosúa, le transmitió el responsable policial en el momento da darle el soplo por teléfono.

Aunque no haya que lanzar las campanas al vuelo, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de impulsar la investigación del "caso Faisán" con la práctica de nuevas diligencias constituye, sin duda alguna, una espléndida noticia para todos aquellos que desean que se castiguen las responsabilidades penales del soplo policial que, en pleno proceso de negociación, evitó la detención de los jefes de extorsión de la banda terrorista.

El juez Ruz ha empezado por reconocer en su auto una evidencia, a la que tanto el juez Garzón como la propia Fiscalía se negaban o a la que querían dar carpetazo: a saber, que semejante soplo al aparato de extorsión de ETA es constitutivo de un delito de colaboración con banda armada y otro de revelación de secretos que sólo pudieron ser perpetrados por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado; los únicos que tenían conocimiento del seguimiento policial ordenado por el juez Grande Marlaska.


Asimismo, el juez Ruz transforma las diligencias en sumario al tratarse de delitos susceptibles de ser castigados con penas superiores a nueve años de cárcel. Ello supondrá que el archivo de la causa, requerido tan insistente como escandalosamente por la Fiscalía, ya no es una decisión que depende del instructor sino de la sala de lo penal.

Entre las nuevas diligencias que el Juez Ruz ha mandado practicar, hay algunas tan decisivas como la que solicita un nuevo informe pericial de la Guardia Civil para analizar los cortes del video donde se grabaron los movimientos del bar Faisán ese día, y del que de forma sospechosa se borraron las imágenes del momento clave en el que se produjo el soplo.

Del mismo modo, el juez quiere reconstruir todo el flujo de llamadas, incluidas las realizadas desde Francia y las efectuadas con tarjetas de prepago, y la cadena de custodia del video. Se trata, en definitiva, de reconstruir de cabo a rabo y ampliar la instrucción del juez Garzón que no hizo prácticamente nada para averiguar lo sucedido.

En este sentido, haría bien el juez Ruz en atender la solicitud que le ha hecho una de las partes personadas en la causa, Dignidad y Justicia, consistente en averiguar los tres números dependientes de la Subsecretaría del Ministerio del Interior que mantuvieron contacto con los imputados en la causa: el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava, responsables policiales en el momento en el que se produjo el chivatazo.

También sería exigible que el juez Ruz tuviera el coraje de tomar declaración al presidente del PSE Jesús Eguiguren, quien, como consta en la causa, visitó en la víspera del chivatazo al dueño del bar Faisán y presunto responsable financiero de la banda, Joseba Elosúa. No menos interés tendría recabar el testimonio de otro interlocutor del Gobierno y del PSOE con la banda terrorista: el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, quien durante el "proceso de paz", poco después del chivatazo, y según documentación incautada en Francia a los terroristas y que obra en poder de la juez Laurent Levert, señaló a la ETA la comisión de este soplo como prueba de la voluntad del Gobierno de Zapatero de seguir avanzando en el "diálogo" con la banda. Se da la circunstancia, además, de que esta versión de la justificación del chivatazo es plenamente coincidente con la que, según Elosúa, le transmitió el responsable policial en el momento de darle el soplo por teléfono.

Aunque todo apunta a que este delito de colaboración con banda armada, lejos de deberse a un cruzamiento de cables de policías que lo perpetraron motu proprio, obedecía a ordenes del Ministerio del Interior que ya encabezaba Rubalcaba y al interés de no poner en peligro con detenciones el repugnante proceso de negociación del Gobierno con la banda, no deberíamos esperar a que se dilucidarán las responsabilidades penales para tener claras las responsabilidades políticas. Así, Rubalcaba como responsable político de Interior en el momento de producirse tan abyecto delito policial debería de haber dimitido ya, aun en el hipotético caso de que tuviera tan nula implicación en el soplo como la tuvo el dimitido Antonio Asunción en el momento en que se produjo la fuga de Roldán. Si, por el contrario, se demostrase con el tiempo que fue el ministro del Interior el que dio la execrable orden de perpetrar el soplo, lo que tendría que hacer Rubalcaba no es ya dimitir, sino ingresar en prisión.


Libertad Digital - Editorial

Nacionalización improvisada

El último remedio para las cajas revela el enésimo error de cálculo del Gobierno y su improvisación en un sector estratégico para salir de la depresión.

EL Gobierno ha decidido apretar las tuercas de las cajas de ahorros una vez demostradas las carencias de la última Ley de Órganos Rectores (LORCA), aprobada en julio a instancias del propio sector. Las presiones del Banco de España para propiciar las llamadas «fusiones frías» de las cajas solo sirvieron como coartada legal en la financiación de los casi 12.000 millones aportados a estas entidades financieras por parte del Estado a través del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB). Sin embargo, las cajas han empleado estos recursos para ajustar sus estructuras laborales, pero no han culminado el saneamiento de sus balances, lo que ha obligado al Ministerio de Economía a una nueva actuación a la desesperada con el fin de cumplir los requisitos impuestos por Alemania y el resto de la Unión Europea. Las nuevas medidas de recapitalización anunciadas por Elena Salgado suponen un coste añadido para el erario público que medios oficiales estiman en no más de 20.000 millones, aun cuando todos los analistas internacionales aseguran que el agujero inmobiliario de las cajas de ahorros es mucho mayor. En realidad, el Gobierno no pretende tapar de golpe todos los activos dudosos acumulados durante la era de la abundancia en el sector del ladrillo, sino, más bien, asegurar los niveles de capital adecuados para que las cajas puedan restaurar el crédito a las empresas y a las familias.

Zapatero trata así de dar un golpe en la mesa que resuene en Bruselas, poniendo de relieve la necesidad urgente de alcanzar niveles de solvencia en un sistema financiero que él mismo definió no hace tanto tiempo como el mejor del mundo occidental, craso y enésimo error de cálculo que evidencia la improvisación de la política económica en uno de los sectores estratégicos para salir de la depresión económica que padece España. Ahora habrá que actuar deprisa y corriendo para salvar a las cajas con nuevos recursos públicos, lo que dará lugar a su nacionalización efectiva y al consiguiente enfrentamiento con los diferentes gobiernos regionales afectados. Quizá por eso el Gobierno socialista haya ampliado el margen de actuación hasta septiembre, para no interferir en el actual proceso electoral de comunidades autónomas y ayuntamientos. Una vez más, la búsqueda de soluciones a la crisis, por muy grave que se presente la situación, queda supeditada al calendario político.

ABC - Editorial