viernes, 11 de febrero de 2011

El papel de Sortu. Por César Alonso de los Ríos

Desde posiciones de derecha y de izquierda se defiende la idea de la fundación de Sortu como un acontecimiento positivo, una prueba de de la derrota de ETA, el triunfo del Estado. Zapatero y Patxi López piden prudencia en todo caso. El PP se engalla. Estando de acuerdo los Arriola en dejar la legalización de Sortu en manos de los jueces, tratan de deslucir la jugada del gobierno para que la desaparición real de ETA no se traduzca en ganancia de votos para Zapatero. Ese es el problema para ellos.

Mi discurso va por otro lado. Sortu es el invento que necesitan los nacionalistas (el PNV también) a estas alturas de la película. Con medio siglo de terror han conseguido la hegemonía social, cultural y política del movimiento euskaldún. Las conquistas de las doctrinas de Arana han llegado a tal punto que desbordan no sólo las propuestas que tuvieron los abertzales de derecha e izquierda en los años sesenta de este siglo pasado sino las que pudieron soñar en los tiempos de la II República. A estas alturas piensan que el camino que les queda por recorrer puede andarse ya sin el manejo de las pistolas. No es una táctica. Creen en verdad que se trata de una cuestión de votos y que hay que terminar con farsas como la del actual gobierno vasco. Sortu no es una táctica para ellos sino el tramo final de una estrategia compartida, de una o de otra manera, por todos los nacionalistas vascos. ¿No es significativo que el PNV haya defendido la legalización de Sortu como la obligada correspondencia del gobierno de Zapatero al apoyo que ellos dieron a los Presupuestos? Urkullu sale en defensa de la legalización de los abertzales de izquierda. Porque se trata del interés del conjunto de los nacionalismos, del frente nacionalista. Para el PNV la legalización de Sortu supondrá a corto plazo la vuelta al poder no sólo de los partidos hegemónicos sino mayoritarios electoralmente y la posibilidad de avanzar hacia la realización del sueño de Arana.


ABC - Opinión

Rubalcaba. Gestos y realidad. Por Agapito Maestre

Los gestos terribles de Pérez Rubalcaba, tan teatrales como falsos, revelan su participación en la cosa.

El carácter agresivo de las fotos de Pérez Rubalcaba cuando fue preguntado en el Congreso de los Diputados sobre su "culpabilidad" por el caso Faisán, será histórico. Único. Esos gestos componen un compendio del histrionismo político del Gobierno socialista. La historia del socialismo español, como en general todas las historias de los partidos políticos, tiene una dimensión negra imposible de eludir para comprender el Gobierno actual de Rodríguez Zapatero. Al crecimiento de esa historia está contribuyendo de modo decisivo, sin duda alguna, la figura de Pérez Rubalcaba; de hecho, este personaje representa la continuidad entre la etapa más negra de Felipe González, cuando se perseguía de modo ilegal a los terroristas, y la más oscura de Rodríguez Zapatero, que siempre podemos caracterizar por la negación de la víctima del terrorismo y el cambalache político con ETA.

A nadie sensato, pues, se le escapa el significado político del caso Faisán; en otras palabras, escritas desde el sentido común, creo que detrás del chivatazo de la policía a los terroristas hay un delito claro del Gobierno español. La insistencia del PP en este asunto me parece ejemplar no sólo para defender la democracia, sino también para hacerse cargo de un asunto denunciado de modo contundente por los medios de comunicación. Lo publicado por la prensa es tan obvio que resulta ridículo buscar más pruebas de lo que es un chivatazo de la "policía española", o al menos de la parte de la policía que controla el Gobierno, a los etarras.

El caso Faisán, independientemente de lo que digan los jueces, ya ha pasado a la historia negra del PSOE. A veces, la contingencia de la vida política, en este caso unas imágenes, unas fotografías, en fin, unos gestos, como los del ministro del Interior, ponen en su sitio, en su oscuro lugar, a un Gobierno al que se le llena la boca de democracia, cuando en realidad está actuando de modo totalitario. Los gestos terribles de Pérez Rubalcaba, tan teatrales como falsos, revelan su participación en la cosa. En efecto, si la política es pura escenificación, teatro, podrían esas fotos ser presentadas como la prueba principal de su responsabilidad en el caso Faisán.

La sobreactuación de Pérez Rubalcaba fue propia de un histrión, de alguien que no cree una sola palabra de lo que dice. En fin, los gestos desafiantes de Pérez Rubalcaba, en el Congreso de los Diputados, puede que produzcan miedo a quienes desconozcan la historia negra del socialismo español, pero también confirmación de una continuidad en la historia trágica de España.


Libertad Digital - Opinión

Preguntas sin respuesta. Por José María Carrascal

Estamos ante un nuevo intento del nacionalismo vasco por mantener la doble vía de negociación con el Estado.

SI rechazan «toda clase de violencia, en particular la de Eta», ¿por qué se niegan a pedirle que se disuelva? Si son una formación «nueva» que nada tiene que ver con las anteriores relacionadas con Batasuna, ¿qué hacen tras ella hombres como Rufi Etxeberría e Íñigo Iruín, que han estado en todos esos mejunjes? Si «reconocen el dolor de las víctimas de toda violencia», ¿por qué rehúsan tomar contacto con sus asociaciones? Más sospechoso: ¿a qué ese empeño en repetir una y otra vez lo de «toda clase de violencia», en vez de hablar sencillamente de «terrorismo»? A no ser, claro, que incluyan la «violencia que el Estado ejerce en el País Vasco», una de las tesis favoritas de cuantos vienen usando o respaldando la violencia de Eta para alcanzar sus objetivos políticos.

Demasiadas preguntas sin respuesta, lo que no hace más que acrecentar las dudas sobre esa Sortu que se nos presenta con el logotipo de una salida de sol rutilante. ¿No será más bien su ocaso? ¿No será que, puesta contra la pared por el acoso judicial y policial, la rama política de Eta no haya tenido más remedio que hacer que rompe con ella para recuperar posiciones?


Existe casi unanimidad en que ha sido un paso adelante. Pero a partir de ahí las opiniones divergen. Hay quien lo considera una oportunidad que no puede desaprovecharse para solucionar un conflicto enquistado y complejo. Pero no creo equivocarme al decir que son más, muchos más, los que lo consideran otra tregua-trampa de las muchas que Eta y su entorno nos han tendido, y hemos caído en ellas. Nadie se alegraría más que las víctimas del terrorismo, que incluyen no sólo los asesinados sino cuantos han sufrido y sufren discriminación y acoso en el País Vasco, que la paz llegase. Pero son precisamente esas víctimas quienes más temen a esos nuevos «mensajeros de la paz» que nos llegan con una rama de olivo, pero sin responder a la pregunta fundamental: ¿por qué no condenan la violencia pasada de Eta y la piden que entregue las armas? ¿Miedo o connivencia? No lo sabemos, pero tenemos derecho a dudar de ellos mientras no nos lo demuestren con hechos, no con palabras. Y hasta el momento, sólo han tenido palabras, y ni siquiera todas las necesarias para alejar las dudas.

Pues si lo que quieren es defender democráticamente la independencia de Euskadi, les sobran opciones: pueden hacerlo en cualquiera de los partidos nacionalistas legalizados. Hasta el plan Ibarretxe era una independencia de facto. Pero mientras no lo hagan, es lógica, legítima e incluso imperativa la sospecha de que estamos ante un nuevo intento del nacionalismo vasco mantener la doble vía de negociación con el Estado español: unos en las instituciones y otros con las pistolas.


ABC - Opinión

Batasuna. Sortu: ¿con S de señuelo?. Por Guillermo Dupuy

Debemos también barajar la posibilidad, por improbable que nos parezca, de que este burdo intento con el que el Gobierno de Zapatero y ETA pretender volver a burlar la Ley de Partidos no sea más que un señuelo con el que ocultar un plan B.

Dado que en los estatutos de Sortu se equipara el monopolio legítimo de la violencia de un Estado de Derecho con la violencia criminal que, en el futuro, pudiera practicar una banda terrorista; dado que sus representantes se siguen negando abiertamente a condenar a ETA y a pedir su disolución; dado que este partido ha sido públicamente liderado y respaldado por irredentos e históricos dirigentes del brazo político de ETA, como Pernach, Eugenio Echeveste, alias "Antxon", Rufi Echebarria, Diaz Usabiaga, Pernando Barrena, Tasio Erquicia, Jon Petricorena; y, sobre todo, dada la positiva acogida que están teniendo estos apenas disfrazados batasunos entre el Gobierno y sus medios de comunicación, tenemos el derecho y el deber de fijarnos en estas siglas como el nuevo "partido" con el que ETA pretende seguir estando en las instituciones y cobrando dinero público.

Dicho esto, también debemos tener presente que el Gobierno y su dependiente Fiscalía, por las mismas nihilistas razones electorales por las que impulsan esta paz anestesiante y colaboracionista, tienen que disimular respeto a una Ley de Partidos, cuyo espíritu y cuya letra no pueden debilitar denigrándola como un "Guantánamo electoral". Por otra parte, la capacidad del Gobierno para ocultar los rasgos más proetarras y veraces de Sortu, por grande que esté siendo, es limitada, como también lo es su capacidad para subrayar, publicitar y dar por veraces los rasgos más engañosos de este partido respecto a su supuesta ruptura con la banda.

Por todo ello, debemos también barajar la posibilidad, por improbable que nos parezca, de que este burdo intento con el que el Gobierno de Zapatero y ETA pretender volver a burlar la Ley de Partidos no sea más que un señuelo con el que ocultar un plan B; un plan B con el que los proetarras podría volver a colarse y el Ejecutivo fingir que ha sido a su pesar.

Aunque esto no sea más que una hipótesis por mi parte, tiene su lógica y, sobre todo, la respalda la experiencia del pasado. Recuérdese lo que pasó en marzo de 2007 con Abertzale Sozialisten Batasuna, con la que los batasunos no disimularon ni siquiera con el nombre. La Fiscalía instó su ilegalización, el partido no pudo presentarse a las municipales y Candido Conde Pumpido sacó hipócritamente pecho como garante de la Ley de Partidos. Luego, sin embargo, se supo que había un compromiso previo con otra formación paralela (ANV), siempre y cuando las llevara a cabo caras menos conocidas del entorno etarra. Gracias a esa maniobra, ETA sigue teniendo representación y subvención en numerosos municipios.

Sigamos fijándonos en Sortu, pero no descartemos que Gobierno y ETA repitan la jugada con otras siglas.


Libertad Digital - Opinión

Nuestro hombre libre. Por Hermann Tertsch

José Luis Rodríguez Zapatero se siente siempre libre para elegir la verdaddel momento.

UNA de las características más destacables, ya casi legendarias, de nuestro presidente de Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, es su extravagante relación con la verdad. En un principio, cuando los españoles comprobaron la frecuencia con la cual incurría en contradicciones consigo mismo nuestro Gran Timonel, y la cantidad de veces en que era evidente que sus afirmaciones eran inciertas, muchos cayeron en la tentación de considerarlo un mentiroso compulsivo. Y creyeron —¡ay ilusos!— haber detectado con ello una debilidad del leonés de Valladolid. Craso error. Porque se trata de una de sus armas más temibles. Lo cierto es que Zapatero se siente siempre libre para elegir la verdad del momento. Nos lo dijo un día con esa solemnidad pedestre suya. Y nada menos que para desmentir a san Juan. Ya saben, un viejo chamán de esas creencias caducas del cristianismo. Nos reveló el presidente que no es cierto, como pretende el Evangelista, que la verdad nos haga más libres. «Es la libertad —dijo— la que nos hace más verdaderos». Somos libres de elegir la verdad en cada momento. Y podemos cambiarla siempre que nos venga en gana, sin que nos deban turbar en absoluto las contradicciones que puedan generarse. Eso es la libertad. De ahí la ausencia total de zozobra, incomodidad ni, por supuesto, mala conciencia en nuestro presidente cuando alguien le recuerda alguna afirmación incierta o manifiestamente falsas.

Así ha vuelto a ser ahora con el esperpento de la deuda de nuestras comunidades autónomas que vuelve a dejar por los suelos la credibilidad nacional en el exterior. Resulta que el presidente había negado la posibilidad de endeudarse o refinanciar su deuda a diversas comunidades autónomas. Porque había impuesto —y había presumido de ello con la canciller alemana, Angela Merkel— una férrea disciplina para controlar el gasto de las comunidades, su deuda y su déficit. Hasta que llegó a Madrid el martes el presidente de la Generalidad, Artur Más. Éste, que tiene en el congreso los votos necesarios para que Zapatero llegue, como sea, al final de la agonía de esta legislatura, le dejó claro que se endeudaría. Porque el pozo negro que ha dejado el Gobierno del tripartito en Cataluña le obliga a ello. Y porque además quiere y puede. Y Zapatero le dijo a él que sí. Cuando a todos los demás les había dicho que no. Cuando se enteraron los otros afectados, los presidentes de comunidades gobernadas por socialistas o populares se quedaron primero estupefactos. Y después montaron en cólera. A Zapatero, que ya había pasado de una verdad a la otra, le sorprendió tanta respuesta airada. Y les dijo a todos que no se pusieran así. Que podían servirse a placer con la deuda. En horas, todo el ejercicio de disciplina para controlar déficit y deuda se había ido por el sumidero que suele evacuar las promesas y en general la palabra del presidente. Los hechos no importan. Y a Zapatero le sorprende que se le recuerden. No entiende las reacciones. Porque ya tiene otras verdades disponibles para la ocasión. Dice que permitir a Cataluña lo que no permitía a Castilla-La Mancha y a Murcia no supone un trato diferente. Y que permitir a todos lo que no les permitía horas antes no es rectificar. Nada de lo sucedido, con todas sus consecuencias, para Cataluña, para las demás comunidades y para la credibilidad de España, ha existido en la verdad transmutada del presidente. Y si no lo entiende

Merkel, esa cristiana caduca que no entiende a este hombre libre, peor para ella. No intenten discutir ni debatir con él. Es inasible nuestro hombre libre.


ABC - Opinión

PSM. A dentelladas por los escombros. Por Emilio Campmany

La cosa también tiene tintes dramáticos, próximos a la tragedia, porque ¿qué va a ser de los que no estén, o casi peor, estén, pero en puestos de la lista sin posibilidades de salir por estar excesivamente abajo?

El espectáculo montado por la productora PSM (Partido Socialista de Madrid) a cuenta de la confección de la lista de candidatos al Ayuntamiento de la capital tiene mucho de drama cómico, algo de ópera bufa, un poco de gore y una pizca de comedia negra. Tomás Gómez pasa factura a los "trinitarios" (expresión que parece aludir a la Trinity de Matrix) e impone su ley al pobre Lissavetzky, que tan a gusto se habría quedado de secretario de Estado para el Deporte en vez de tener que pastorear al arisco ganado socialista de Madrid.

El asunto tiene gracia (de ahí que tenga aires bufos de comedia) porque no deja de ser cómico ver a algunos integrantes de la casta política pelearse a dentelladas por un puesto de concejal en una lista condenada a estar en la oposición durante los cuatro próximos años. Todos ellos podrían parafrasear a Jesús Fueyo (el de "ministro, aunque sea de Marina") diciendo "concejal, aunque sea en la oposición". Pero la cosa también tiene tintes dramáticos, próximos a la tragedia, porque ¿qué va a ser de los que no estén, o casi peor, estén, pero en puestos de la lista sin posibilidades de salir por estar excesivamente abajo?


El toque gore lo pone el modo en que el PSOE tiene de resolver todas las disputas, las que les enfrentan a otros partidos y las que surgen entre ellos mismos, a garrotazos. Alguna vez han sido capaces de mantener las formas, pero lo habitual es que, cuando no hay harina, los conflictos se resuelvan sin tapujos a puñetazo limpio en la plaza pública. Es obvio que, para ganar las primarias que le disputó a Trinidad Jiménez, Tomás Gómez ofreció puestos de salida en la lista a la Comunidad de Madrid a muchos más que escaños seguros tenía. Ahora, copada la candidatura de la Comunidad, se ve en la necesidad de agradecer las lealtades ofrecidas con puestos de garantía en la lista al Ayuntamiento de la capital. De lograr imponer su criterio, podría además controlar la oposición en el Ayuntamiento y hacer la cama a un desgraciado Lissavetzky, que no sólo carecerá de posibilidades de ser alcalde, sino que tampoco podrá dirigir la oposición. Cuando desde Ferraz amenazan con imponerse si Lissavetzky no aprueba los nombres impuestos por Gómez, los tomistas alegan que, cuando el secretario de Estado controlaba la Federación Socialista Madrileña, era él quien imponía su ley sin que nadie osara rechistar. O sea, que ahora debería probar su propia medicina sin queja ni remilgo alguno.

Con toda la punta que se le puede sacar al asunto, lo mejor lo ponen los políticos, siempre esforzándose en ser los más agudos a la hora de la sátira mordaz. Maru Menéndez, la portavoz tomista que tiene Gómez en la Asamblea de Madrid, ha dicho, a propósito de la disputa, que Lissavetzky va a reflexionar y va a darse cuenta de que es un candidato ganador y de que eso le va a permitir nombrar a miembros de su gobierno que no figuren en la lista en virtud de la Ley de Capitalidad. ¡Toma del frasco, Carrasco! ¿Cabe mayor crueldad? ¿Podría nadie mejorar esta ironía? Lo único que podría contestar don Jaime es que candidato ganador lo será su padre y que vaya a reírse de su madre. Y eso es tan soez que ni siquiera un socialista se lo puede permitir. Veremos en qué queda.


Libertad Digital - Opinión

Vamos de excursión. Por M. Martín Ferrand

Los caminos de Bono son inescrutables, ya se sabe; pero éste sobresale por su indecorosa oportunidad.

AUNQUE, según la Constitución vigente, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria la partitocracia imperante tiende a convertir las Cámaras en meros centros litúrgicos y protocolarios y alejar de ellas la esencia del debate político. La luz deslumbra y los taquígrafos incomodan y, por ello, el zapaterismo tiende a evitar en lo posible el Congreso e, incluso, el Senado, ese lujo inútil que nos hemos dado para que no le falte de nada a nuestra pobre democracia. Quizás ahí anide la razón por la que el Parlamento tiene que buscarse ocupaciones que justifiquen su existencia y entretengan a sus señorías, que no es cosa de que se nos mueran de un bostezo. Del mismo modo que hace unas semanas viajaron al Líbano, sin que conozcamos la razón de fondo para una gira tan singular, ahora una amplia representación parlamentaria también con José Bono a la cabeza, visita Guinea Ecuatorial. La ministra de Exteriores ha bendecido el viaje y el portavoz parlamentario del PP, Gonzalo de Arístegui, ha certificado su conveniencia porque, dice, se trata de una «visita institucional». Nada como lo mostrenco para justificar lo injustificable.

De cuando Malabo se llamaba Santa Isabel y era la capital de una provincia española solo queda en Guinea Ecuatorial el lema de su escudo nacional —«Unidad, paz, justicia»— como gran proclama mentirosa. Teodoro Obiang, decano de los dictadores africanos con más de treinta años en el poder, ha erradicado cualquier vestigio opositor y, sin respeto alguno por los derechos humanos, tortura a sus disidentes con el garbo de quien, por razones geoestratégicas y económicas —léase coltán—, se siente protegido por las grandes potencias de Occidente.

Cierto es que los supuestos éticos se han erradicado de las relaciones internacionales y que son vectores de interés material los que marcan los niveles de relación con los países terceros; pero, en nuestro caso y en un territorio como la vieja Guinea Española, ¿sin límite alguno? Es natural que mantengamos intensas relaciones diplomáticas con Malabo y que, tanto el Gobierno como la iniciativa privada, en cuanto les convenga, incentiven el cruce de negocios entre los dos países. Pero el turismo parlamentario, la presencia —«institucional», según Arístegui— del pueblo español en la represora corte del tirano es un aval a un indeseable modo de Gobierno, un refuerzo que contribuye a la perpetuación de sus desmanes. La presencia de empresas españolas en Guinea es tarea menos institucional y más pragmática. Los caminos de Bono son inescrutables, ya se sabe; pero éste sobresale por su indecorosa oportunidad.


ABC - Opinión

Agencia de colocaciones. Por Alfonso Ussía

A Garzón no le han suspendido en sus funciones por capricho. Está acusado de prevaricación, cobros indebidos y otras zarandajas. Además, sus últimas actuaciones judiciales abren lugar a muchas y abrumadoras dudas respecto a su independencia. Garzón, no lo puede negar, se siente atraído, amparado y sostenido por el Gobierno y su partido. No será culpable hasta que se demuestre si ha delinquido, pero tres imputaciones del Tribunal Supremo reclaman distancias y prudencias.

Colombia, además de una nación portentosa, tiene un Gobierno serio. No se trata de un rumor sino de una evidencia constatada por su ministra de Asuntos Exteriores, la canciller María Ángela Holguín. La señora Holguín ha admitido que el Gobierno de España ha ofrecido al Presidente de Colombia los servicios de asesoramiento en asuntos judiciales de Baltasar Garzón. Y lo que resulta aún más bochornoso. Que la ministra de Asuntos Exteriores de España haya propuesto que sea el Gobierno español el que se haga cargo de los honorarios del juez suspendido. La respuesta pública no se ha hecho esperar, y hasta el socialista Polo Democrático se ha escandalizado por la oferta.


¿Tenemos una ministra o una directora de una agencia de colocaciones? ¿Cómo puede el Gobierno español ofrecer a un país amigo el cargo de asesor presidencial de un juez acusado de prevaricador? ¿Quién se ha creído que es la señora ministra para poner sobre la mesa el dinero de los contribuyentes destinado a pagar a un juez suspendido por trabajar como asesor del presidente de otra nación? ¿A qué se debe tamaña desfachatez?

¿Por qué no aumenta el lote y ofrece asimismo al Gobierno de Colombia el asesoramiento financiero a cargo de Correa, el del Gürtel? Correa no es culpable todavía de lo que se le imputa. Está pendiente de juicio, como Garzón. Un Gobierno no puede dedicarse a colocar a sus afines imputados por la Justicia ni a remover influencias en beneficio de jueces suspendidos, por muy amigos y colaboradores que hayan sido del Gobierno. Doña Trini nos sorprende con asiduidad aterradora. Ya se ha puesto la horrible toquilla palestina para herir los sentimientos de Israel, la única nación democrática de Oriente Medio. Y ahora ofrece a cargo del dinero de todos un puestito de asesor del Presidente de Colombia en asuntos judiciales como si se tratara de una ganga. Está insultando a Colombia, que no necesita para nada a Garzón. El nivel medio cultural de Colombia está muy por encima del que España puede ofrecer. En Colombia hay juristas, jueces, fiscales y abogados tan preparados o más que los españoles. El Presidente de una nación con una sociedad seria no puede aceptar el regalo de un asesor imputado por la posible comisión de tres delitos. ¿Qué vainas se ha creído la ministra de la toquilla palestina?

Lo mejor que puede hacer Garzón es permanecer quieto, aguardar, preparar su defensa y dejarse de enredos. «La corrupción es el cáncer de la democracia. Democracia y corrupción son incompatibles», ha dicho en un documental producido en su honor y gloria. Estoy completamente de acuerdo con sus palabras. Y mucho me gustaría que los hechos demostraran que sus palabras se apoyan en la consistencia. Pero hasta que el Tribunal Supremo hable, Garzón debe asumir la delicadeza del silencio. Y no pedir a la ministra de Asuntos Exteriores que vaya por el mundo intentado colocarlo como muestra de gratitud a los servicios prestados al Gobierno socialista. Mal asunto.


La Razón - Opinión

Autonomías. La última broma de Rajoy. Por Cristina Losada

Socialistas y nacionalistas concluyeron que fijar límites de gasto, reestructurar empresas públicas, garantizar la unidad de mercado y permitir la privatización de las televisiones autonómicas resultan ideas inaceptables por coincidir con las de FAES.

Al borde del colapso financiero, y sólo en ese trance terminal, algunos han caído en la cuenta de que tal vez, quizás, algún día habrá que introducir algún ajuste en el Estado de las Autonomías. De ahí que destaque una iniciativa y que lo haga, ay, por su intranscendencia. Y es que el Partido Popular ha presentado una moción para "racionalizar" las administraciones públicas y las autonómicas, en concreto. Pero ha tenido la astucia de llevar la cosa al Senado, cámara muy noble y romana, que sobresale por carecer de resonancia. Cuanto allí sucede –jaleo de pinganillos al margen– pasa a mejor vida tristemente y sin mayor impacto. De modo que si los de Rajoy deseaban cubrir el expediente y, al tiempo, ahorrarse el revuelo que se monta al grito ritual de ¡centralistas!, han hecho lo correcto. Su pequeña y tímida moción ni ha despertado el interés de la prensa ni ha excitado a nadie. O casi.

El término "racionalizar" ya despierta el recelo de los expertos en derivar cualquier debate político hacia la simplificación tremendista. Pero aplicado a las autonomías, aun con paños calientes, provoca un rechazo tajante... al pasado. En cuanto escucharon la palabreja, el PSOE y los nacionalistas arguyeron que, en efecto, algo habrá que hacer, un año de estos, por acabar con las duplicidades y disfuncionalidades, pero que hacerlo hoy y a instancias del PP entraña un salto atrás, a aquellos tiempos ominosos e innombrables. Así, aunque la moción contenía elementos razonables o "puntos interesantes" o no aportaba novedades, no se podía aprobar. ¡Por el pasado! Qué sería de tantos cráneos previlegiados sin ese pasado centralista, ese coco destinado a asustar al respetable, que justifica su dolce far niente y su "nada se toque" en sus feudos. En Alemania, se redujo el poder de los Länder sin temor al regreso del Reich. Pero hay lugares donde racionalizar significa racionalizar.

En vano se esforzó García Escudero en distanciarse de las propuestas de FAES y de Aznar. Socialistas y nacionalistas concluyeron que fijar límites de gasto, reestructurar empresas y fundaciones públicas, garantizar la unidad de mercado y permitir la privatización de las televisiones autonómicas resultan ideas inaceptables, precisamente, por coincidir con las de FAES y Aznar. ¿Racionalizar? Jamás.


Libertad Digital - Opinión

El patio trasero. Por Ignacio Camacho

La larga hegemonía socialista ha transformado la autonomía andaluza en un monocultivo de poder viciado.

CONVERTIDA desde hace treinta años en el patio trasero del socialismo español, Andalucía ha incorporado el estereotipo de la corrupción a su imagen colectiva con la misma pasiva docilidad que el paradigma folclórico, el clientelismo o una tasa de paro cercana a los niveles del subdesarrollo. La larga hegemonía socialdemócrata ha transformado la autonomía en un monocultivo de poder viciado cuyos abusos causan ya una casi absoluta indiferencia en la opinión pública nacional, que los percibe con la indolente trivialidad de un rasgo de pintoresquismo. Unido al doble rasero moral de que goza la izquierda en la sociedad española, este concepto desdeñoso o displicente del hecho andaluz favorece el enrocamiento de un régimen semioligárquico que se perpetúa mediante redes de dependencia a menudo basadas en el fraude. Episodios que en Madrid, Cataluña o Valencia causarían conmoción informativa y agrios debates políticos a escala de Estado gozan en Andalucía del provecho de una sordina desalentadora, como si fuesen excrecencias naturales de su condición postergada.

Así está ocurriendo con el escándalo de los ERES falsos, un fraude de enormes proporciones —más de 700 millones de euros— perpetrado desde el mismo seno del Gobierno autonómico. Una Consejería de la Junta transfería a una agencia pública fondos millonarios para excluirlos del control de la intervención de cuentas, y una malla de altos cargos e intermediarios vinculados al PSOE organizaba con ellos despidos y prejubilaciones masivas en las que se incluía a decenas de militantes del partido que jamás habían trabajado en las empresas afectadas por los expedientes de regulación. Con frecuencia eran los conseguidores y comisionistas quienes proponían a dichas empresas en crisis la realización de despidos subvencionados que ellos mismos gestionaban, manipulando con desaprensiva naturalidad el dinero del desempleo en una comunidad afligida por un millón de parados. Todo ello durante varios años, con continuidad estructurada bajo amparo oficial, y con la complicidad o anuencia sucesiva de varios consejeros del Gobierno regional y el probable conocimiento del actual presidente en su condición de anterior responsable de la Hacienda autonómica.

Tal vez se trate de una de las mayores inmoralidades públicas de la última década en España, una ciénaga corrupta que abriría cualquier telediario de haber sucedido en otro territorio menos contaminado por su propio arquetipo de folclorismo político. Al producirse en el ámbito andaluz, sin embargo, se convierte de inmediato para la escena nacional en una peripecia anecdótica a beneficio del inventario picaresco que acuna el tópico de un caciquismo encastrado. En la comodidad de esa imagen sesgada y complaciente sestea con impunidad moral un sistema de poder que ha subvertido la autonomía para manejarla como un latifundio.


ABC - Opinión

A un clavo ardiendo

Hosni Mubarak se niega a dejar el poder y finge que va a encabezar la protesta.

El 'rais' no es una pieza fácil de abatir. Su capacidad de resistencia y de maniobra es mayor de lo que todo el mundo esperaba. Cuando la plaza de Tahrir ya celebraba su salida del poder y la transferencia de la presidencia al recién nombrado vicepresidente Omar Suleimán, Hosni Mubarak salió compungido ante las cámaras para anunciar que se va a quedar hasta la celebración de las elecciones de septiembre, a las que no se va a presentar. Nada que no hubiera dicho ya en su anterior aparición el pasado 2 de febrero. Era enorme la decepción entre los manifestantes, que ayer abarrotaban la plaza, a pesar de que Mubarak realizó un soberbio ejercicio de adulación, empezando por anunciar el castigo de los responsables de la represión en los últimos días y por pedir perdón a las familias de las 300 víctimas mortales producidas por la policía y los provocadores del régimen.

También debe ser enorme la decepción en Washington, donde interesaba una salida rápida de Mubarak para que se abriera una transición lo más ordenada posible. El rais señaló claramente a los culpables de la difícil situación que atraviesa Egipto, entre los que a estas horas ya se puede contar a quien ha sido hasta ahora su aliado y protector. Según su visión maniquea son los extranjeros los auténticos responsables de los desórdenes y de los enfrentamientos, un argumento en perfecta sintonía con el maltrato proporcionado a los corresponsales europeos y americanos por sus partidarios, policías y agentes secretos camuflados en buena parte, en los primeros compases de la protesta. Sus palabras sirven también como advertencia a la comunidad internacional, y fundamentalmente a Washington, para que no sigan las presiones para su partida.


El cinismo del rais, inmediatamente percibido por la plaza de Tahrir, llegó al extremo de calificar como legítimas las aspiraciones de los ciudadanos que protestan. Siendo su continuidad en el poder el principal escollo, Mubarak se erigió en su discurso en imprescindible garante de los cambios que deberán producirse hasta las próximas elecciones. El anuncio de mayores y amplias delegaciones de poder a Suleimán, presentado también como una concesión a los manifestantes, apenas oculta el deseo del rais de mantener todos sus títulos formales hasta la siguiente elección presidencial y su tozuda negativa a abandonar el país forzado por los manifestantes. Sus conciudadanos tienen ahí una nueva oportunidad de comprobar que el anciano presidente, desprestigiado y abominado por la enorme mayoría de los egipcios, está dispuesto a cualquier cosa, incluido el enfrentamiento civil, antes que abandonar el poder.

La escenificación siguió un guion probablemente muy estudiado, en el que la intervención televisiva fue precedida de un comunicado de la cúpula militar. "Todo lo que queréis se cumplirá", declaró el máximo jefe militar. Es decir, Mubarak se va, pero el problema es que no se sabe cuándo y cómo. Su intervención de ayer es, así, un nuevo intento de tomar la iniciativa y de controlar el ritmo del cambio, para erosionar el movimiento de protesta y encauzarlo en una reforma desde el interior del régimen.

La mayor incógnita afecta a la actitud del Ejército, presentado ayer por Mubarak como garante del proceso político y protagonista de las horas previas al discurso de la decepción. Hasta ahora ha conseguido mantenerse en un territorio relativamente neutral entre el dictador y la protesta. A partir de ahora será más difícil eludir el dilema entre reprimir a los manifestantes o echar de una vez al rais. Las próximas horas van a ser de nuevo muy tensas. La protesta va a continuar. La transición todavía no ha empezado.


El País - Editorial

El paro y la nueva casta aristocrática

Es urgente acabar con los privilegios de la casta, tanto los más simbólicos como los que les permiten decidir la forma en que debemos vivir, trabajar y relacionarnos.

Cada vez resulta más evidente que en España se está formando una nueva casta aristocrática compuesta por quienes se aprovechan de su poder e influencia para acceder a todo tipo de privilegios que los separen de los pobres mortales que pagamos nuestros impuestos. Los políticos son sin duda la cabeza visible de esta aristocracia, y su desvergüenza quedó reflejada hace bien poco al decidir que los españoles debían trabajar más años antes de jubilarse mientras los diputados reciben su generosa pensión completa con tan sólo siete años en su cargo.

Así, mientras perdemos puestos de trabajo a mansalva gracias a la inacción de un Gobierno demasiado preocupado por mantener un mercado laboral cuya rigidez heredamos del franquismo, dejarán de percibir subsidios al menos medio millón de parados, aquellos que más están sufriendo las consecuencias de la política socialista de creación de paro. Mientras, el PSOE nos vende como reducción de privilegios una propuesta que sigue situando a los diputados fuera del régimen al que está sometido cualquier otro trabajador, y que les permite unas cuantiosas indemnizaciones cuando los españoles decidamos que no los queremos en el Congreso.


Es cierto que al menos ya no cobrarán en cualquier caso, encuentren o no empleo, disfrazando una falsa indemnización de falso subsidio. Pero el régimen de los diputados, a los que elegimos entre nosotros y el dedazo de la cúpula de cada partido y a quienes retiramos por el mismo método, es similar a un contrato de obra, por el que desde luego ningún trabajador cobra 60 días por año trabajado. Sólo incluyendo a los diputados dentro del mismo régimen que padecemos los demás españoles se podrá hablar de que han terminado sus privilegios en este terreno.

En lo que al paro se refiere no hay más tiempo que perder. Hace ya años que no había más tiempo que perder. El Gobierno no puede escudarse en las negociaciones de otros miembros de la casta –sindicatos y patronal– para dejar nuestro mercado laboral sin una reforma seria. Una reforma que, entre otras medidas, elimine de raíz el poder que estos aristócratas mantienen sobre nosotros por la vía de los convenios colectivos. Pero, sobre todo, hay que acabar con los privilegios de la casta, tanto los más simbólicos como los que les permiten decidir la forma en que debemos vivir, trabajar y relacionarnos.


Libertad Digital - Editorial

Jaque mate a las cajas

La reforma del sector se está haciendo en unas condiciones de inseguridad que van a llevar a estas entidades a un callejón sin salida.

EL Gobierno socialista ha decidido exigir a las Cajas de ahorros unas condiciones con las que hace imposible la subsistencia de algunas de ellas. Finalmente, el Ejecutivo impondrá un 10 por ciento de capital básico, frente al 8 por ciento previsto para los bancos. Las Cajas solo podrían acogerse a este segundo porcentaje si antes de septiembre salieran a Bolsa o captaran un 20 por ciento de capital privado. Sin embargo, tampoco esta alternativa es factible para muchas de estas entidades. La pregunta lógica que se deriva de estas expectativas es por qué el Gobierno fija unas condiciones financieras que de antemano sabe que no se podrán cumplir y que abocarán a las Cajas a una declaración de quiebra, a una nacionalización o su venta al mejor de los postores bancarios. Si esto es lo que quiere el Ejecutivo, lo responsable sería proponerlo y ejecutarlo de la manera más ordenada y rápida posible, sin tapujos, porque estos procesos de transformación de cumplimiento improbable sólo consiguen sembrar dudas sobre la situación real del sistema bancario.

En este capítulo de la crisis, el Gobierno ha vuelto a demostrar sus peores recursos. Sus mensajes han sido contradictorios, defendiendo unas veces la fortaleza del sistema financiero español —con aquellos inverosímiles buenos resultados de los «test de estrés» europeos— y en otras impulsando, como ahora, su desmantelamiento parcial o total. Y, sobre todo, parece llegar de nuevo a deshora para inspirar la confianza que necesita España ante los mercados y los socios europeos. La reforma de las Cajas es necesaria, principalmente para que dejen de ser cultivos de intereses partidistas y caprichos autonómicos, pero esta iniciativa se está haciendo en condiciones de inseguridad jurídica y confusión, que van a llevar a estas entidades a un callejón sin salida, cuyo desenlace más probable será la absorción de algunas por el mejor postor. El desacuerdo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros con las condiciones impuestas por el Gobierno suma un factor más de gravedad a la mala gestión de este proceso por parte del Ejecutivo socialista, que no ha tenido un guión definido, estable y coherente sobre lo que debía hacer con unas entidades a las que primero «invitó» a fusionarse para garantizarsu supervivencia y ahora conduce a su desaparición con condiciones de imposible cumplimiento.

ABC - Editorial