lunes, 14 de febrero de 2011

Cospedal. La reina de la Torre de Marfil. Por Agapito Maestre

Señores diputadines del PP, prepárense, porque de Cospedal hará la mayor reforma interna del PP que quepa imaginarse, incluso quizá consiga expulsar de la cúpula del partido a gente que se le resiste; por ejemplo, logrará eliminar a Ignacio Uriarte.

Muchos creen que la sede del PP, en la calle Génova 13, es una torre de marfil sobre la que reina con desparpajo y facundia la señora María Dolores de Cospedal. Puede ser. El futuro de los políticos del PP no está en las estrellas sino en la Torre de Marfil. Lo cierto es que la reina, la Secretaria General del PP, ya tiene un libro. Antonio Martín Beaumont presenta en sociedad una biografía no autorizada de la señora de Cospedal. Habrá que leerla por amistad con el autor y por respeto a la persona de la biografiada. Y, sobre todo, porque, de paso que nos narra la aventura política de la señora de Albacete, nos revelará algún secreto de la Torre de Marfil, por ejemplo, cómo un hombre que habita en la quinta planta de la Torre, nada más y nada menos que al lado de González Pons y otros figuras del parlamento, actúa de vocero de José Bono.

De momento, he leído la prepublicación del libro y promete cosas interesantes. Para empezar, nadie extraerá de este libro que la política, o mejor, la profesión de político es peligrosa. Ahí tienen el ejemplo de la biografiada: por un lado, si gana las elecciones en Castilla-La Mancha, seguirá siendo, además de presidenta del mesogobierno castellano-manchego, la gran reinona de la Torre de Marfil... Para entonces, señores diputadines del PP, prepárense, porque de Cospedal hará la mayor reforma interna del PP que quepa imaginarse, incluso quizá consiga expulsar de la cúpula del partido a gente que se le resiste; por ejemplo, logrará eliminar a Ignacio Uriarte que, aparte de presidente de Nuevas Generaciones del PP, se precia de haber mediado entre Bono y González Pons a petición del primero.


Por otro lado, si pierde en Castilla-La Mancha, aunque sea por la mínima y porque hay pueblos ásperos con el PP en la provincia de Ciudad Real, por ejemplo, Puertollano, no le pasará absolutamente nada; seguirá ostentado su cargo en el partido y, además, es muy probable que sea nombrada, supuesto que gane el PP las generales, ministra del Interior por Mariano Rajoy. A eso le llamo yo baraka. Suerte. Nada parece que a esta mujer se le resiste. Cierto es que ha tenido algunas dudas, pero son menores. Poca importancia tendrá que Francisco Álvarez Cascos le quite al PP el feudo de Asturias, si ella gana en Castilla-La Mancha y el PP en el resto de España.

En fin, a la luz del libro de Martín Beaumont diría que la profesión de político no sólo no es peligrosa, sino que está asegurada por la Torre de Marfil del Partido. Quien tiene el poder en el partido, sin duda alguna, lo tiene todo, a pesar de que haya tenido que pasar por un divorcio, una fecundación in vitro y mil maledicencias de periodistas y compañeros de partido.


Libertad Digital - Opinión

Patio de monipodio. Por José María Carrascal

La izquierda ha venido usando su «superioridad moral» sobre la derecha para tapar sus desafueros.

SI por doce trajes, cuatro chaquetas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, los medios de comunicación «progresistas» le han montado a Camps el cirio que conocen, ¿se imaginan ustedes la que hubieran montado de haber ocurrido en una comunidad del PP lo acaecido en Andalucía, con 647 millones de euros afanados, no en el sentido de «afán», sino en el de «robar o hurtar» que se le da en la jerga de los truhanes? Pues con truhanes estamos tratando, individuos que se han apropiado del dinero destinado a jubilaciones anticipadas sin haber dado golpe en las empresas en quiebra. ¡Claro que se lo imaginan! Titulares de a cuarta, declaraciones indignadas, insultos, descalificaciones, sarcasmos, y peticiones de penas, que no llegaban a la de muerte por no existir en España. Pero ahí los tienen ustedes, calladitos como muertos ante el mayor escándalo de la democracia, pues se han usado fondos dispuestos para ayudar a los menos favorecidos a los chupópteros de siempre.

Ésta es nuestra izquierda. Una izquierda a la que ya no le queda ni vergüenza, tras haber perdido el rumbo, el liderato y las recetas, que tiene que pedir prestadas a la derecha. Una izquierda convertida en clan familiar, que mira por los suyos sin atenerse a ninguna norma ideológica o ética y a la que, tras proclamar que «bajar los impuestos es de izquierdas», sólo le falta decir que «también es de izquierdas quedarse con el dinero de los que se van a paro». Y si no lo dicen, lo practican. Ahí los tienen, en el lugar de la ignominia, Sevilla, sentando cátedra de ciencia política su numero dos: «Rajoy y Arenas son incompatibles con la democracia porque pierden siempre las elecciones», y anunciando por enésima vez su número uno que «la recuperación ya ha empezado». Con la entera sala aplaudiendo. ¿Cómo no iban a aplaudir si la crisis no ha ido con ellos?

La izquierda ha venido usando su «superioridad moral» sobre la derecha para tapar sus desafueros. La altura de sus principios, empezando por «la defensa de los débiles», le ha permitido ocultar desde los crímenes del estalinismo al saqueo del dinero público, que por ser público «no es de nadie», según aquella humorada de una de sus ministras. Pero a estas alturas los conocemos de sobra para saber qué se esconde tras esas alharacas sociales: un afán de obtener ventajas sobre los demás que les asemeja al más grosero capitalismo. Y puede incluso que a algo aún más castizo y antiguo: al Patio de Monipodio, al amparo del Estado de Bienestar.

Lo que puede explicar que siendo Andalucía la más subvencionada de las comunidades españolas, sea, tras décadas de gobierno socialista, la que aparezca a la cola de todas ellas. Claro que ahora sabemos para qué se empleaban esas subvenciones.


ABC - Opinión

Tribunal Constitucional. Árbitro parcial. Por Emilio Campmany

Zapatero se ha hinchado a hacer leyes inconstitucionales, desde el estatuto de Cataluña hasta la ley del aborto, y necesita que el Tribunal Constitucional no le afee la conducta o lo haga de la manera más suave posible.

Es habitual entre nosotros atribuir a los dos partidos mayoritarios por igual las disfunciones que se producen exclusivamente por culpa del PSOE. Este domingo nos informa El Mundo de que el Rey se ha entrevistado con tres ex presidentes del Tribunal Constitucional para tratar el tema del bloqueo que sufre la renovación de tres de sus magistrados y la cobertura de la vacante producida por el fallecimiento de un cuarto.

Está muy bien que su Majestad se preocupe por el buen funcionamiento de tan alta institución, pero el problema no es nuevo y ni siquiera es ahora cuando es más grave. La situación, en palabras del editorial del periódico, se debe a la "pertinaz negativa de los socialistas a aceptar a uno de los candidatos que proponían los populares –el magistrado Enrique López– y la no menos contumaz resistencia de éstos a aceptar el veto". Se está dando la falsa impresión de que ambos partidos son responsables en la misma medida del bloqueo que el tribunal padece. Y no es así.


Para empezar, ningún partido tiene derecho de vetar los candidatos del otro. Encima, el PP jamás ha vetado a ningún aspirante socialista, que los ha habido tan poco idóneos como pueda serlo López. Si el problema es que es dudoso que éste cumpla el requisito de los quince años de ejercicio profesional porque los socialistas creen que no se deben contar los que pasó en el Consejo del Poder Judicial, que, cuando el Congreso lo nombre, recurran a los tribunales la designación y que sean éstos los que decidan. ¿Quiénes son los socialistas para decir cuando es legal o no un nombramiento que corresponde a otros?

El PSOE se empeñó en que María Emilia Casas presidiera el tribunal durante seis años seguidos, cuando la Constitución permite hacerlo sólo durante tres. Y se negó igualmente a cubrir la vacante de García-Calvo, que pertenecía al sector conservador, para beneficiarse de que un puesto que correspondía cubrir al PP estuviera vacante.

El Mundo pone de relieve lo importante que es regularizar la situación del tribunal ahora que ha de debatir sobre algunas leyes que el Gobierno Zapatero ha presentado como símbolos de la ampliación de derechos. Es el caso de las leyes sobre el matrimonio homosexual y el aborto. Y no se dan cuenta, o no quieren darse, que es eso precisamente lo que hace que el PSOE bloquee la renovación. Zapatero se ha hinchado a hacer leyes inconstitucionales, desde el estatuto de Cataluña hasta la ley del aborto, y necesita que el Tribunal Constitucional no le afee la conducta o lo haga de la manera más suave posible. Los populares no tienen en esto más responsabilidad que la de haber intentado no dejarse avasallar y, con todo, podían haber hecho mucho más.

Así que la culpa del desprestigio del tribunal no la tienen los políticos en general, sino el PSOE. A quien tiene que llamar el Rey no es a los ex presidentes del TC, sino a Zapatero y exigirle que deje de mangonear la institución y eso tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo, no ahora. Y El Mundo, en vez de vestirse de ángel neutral y acusar a los dos partidos como si ambos fueran igualmente culpables, podría denunciar la utilización torticera y partidaria que el PSOE viene haciendo del tribunal cuando ostenta el poder. Así son las cosas para quien quiera verlas.


Libertad Digital - Opinión

Golpe en El Cairo. Por Gabriel Albiac

El gran juego empieza ahora, cuando el espantajo de Mubarak sale de escena y los focos iluminan a sus sucesores.

LA clave del dominio está en hacer que aparezca como evidencia lo contrario exacto de lo que sucede. La política es el arte de tejer ficciones con las cuales suplir la realidad. Fábrica de espejismos, que son único suelo firme sobre el cual se alza el glacial palacio de espejos de la sumisión. Egipto ahora. Como último laboratorio del álgebra del golpe de Estado, que teorizó Gabriel Naudé, en 1639, para dar razón de una toma del poder tan vertiginosa «como el rayo que aniquila antes de que el trueno pueda ser escuchado».

Un dictador asienta su estabilidad sobre el control absoluto de aparatos represivos que no pueden permitirse flaquezas. Ese control puede ejercerlo él, o bien delegarlo en un fiel vicario. La primera hipótesis entraña una fuerte erosión de esa imagen de padre severo pero justo sobre la cual se asienta la leyenda dictatorial. La segunda trae consigo riesgos difíciles de acotar: el poder que, bajo una tiranía, acumulan la policía política y los servicios de inteligencia es ilimitado. Y la tentación de —como el Iznogoud del cómic de Goscinny— «ser Califa en lugar del Califa», late siempre en el hombre que sabe todo de todos y puede con todos hacer lo que le venga en gana: prisión, como tortura, como muerte. En el plazo largo, hay sólo dos opciones: o el dictador va decapitando a sus sucesivos hombres de las alcantarillas, o el hombre de las alcantarillas acaba por asaltar los salones de palacio, con todas las posibilidades de éxito que el material de engaño acumulado pone a su alcance.


Un militar —el cuarto desde la independencia de Egipto— ha caído; estaba políticamente muerto desde hace cuatro semanas. Un militar —el quinto desde la independencia de Egipto—, el señor de las sombras, el control y la tortura, Omar Suleiman, ha dado jaque a Mubarak: refriega entre generales. De los jóvenes a los que torturó, encarceló, asesinó durante dos decenios, ha hecho instrumento de su ascenso. No se le puede negar astucia. Pero el gran juego empieza ahora, cuando el espantajo de Mubarak sale de escena y los focos iluminan a sus sucesores. De momento, les bastará con una convencional retórica, hecha de palabrería populista y garantías internacionales. Muy pronto, sin embargo —y eso Suleiman lo sabe mejor que nadie—, llegará la hora de la verdad: la recomposición de un nuevo régimen que no ponga en riesgo los básicos privilegios de la casta armada.

Egipto no es El Cairo. Como no era Argelia Argel en el no tan lejano año 1991 que vio ganar al islamista FIS las elecciones y desencadenar una guerra civil entre religiosos y militares, cuyo rebote temen ahora los argelinos. Suleiman debe saber —o sospechar, al menos— qué dirían las urnas del Egipto profundo en unas elecciones libres. Y cuáles serían los costes de una victoria de los Hermanos Musulmanes y de sus periferias más extremas: desde la pérdida de las inmensas ventajas que la corrupción generalizada otorga a los militares, hasta el riesgo bélico que la ruptura del tratado de paz con Israel arrastraría.

El gran juego no ha hecho más que comenzar. Pueden vencer militares o clérigos: los que poseen armas y medios organizativos. La población, en esta partida, es rehén y envite. Sacrificable.


ABC - Opinión

Odón Elorza. Los guionistas de ETA. Por José García Domínguez

Frente a lo que pretenden sus ilustres abogados de oficio, la ETA que se esconde bajo las faldas de Sortu no es hija putativa del franquismo, sino de la Transición y la temeraria negligencia histórica que con ella brotó.

Demasiado cobarde para luchar y demasiado gordo para salir corriendo, ese Odón Elorza, de San Sebastián, a mí siempre me ha recordado al protagonista de La historia de un idiota contada por él mismo, aquella novela de Félix de Azúa. Un tipo que, al modo de Odón, había comprado todas las coartadas ideológicas de la épica insurreccional con tal de huir de la vida adulta y sus áridas responsabilidades. Proceder típico, por lo demás, de una generación de señoritos que, en palabras del propio Azúa, se creyó llamada a dirigir la revolución y acabó dirigiendo un departamento municipal. Ésa que aún no ha dejado de rendir culto al santoral mitológico en el que ETA tiene su altar de honor junto al viejo póster del Che Guevara y la quimera ya algo prostática del mayo francés.

Así, el niño Elorza, como el prosista Cercas o el orgánico Ramoneda, anda estos días muy ocupado en buscarle analogías morales al partido de Miguel Ángel Blanco con el de los matarifes de Miguel Ángel Blanco. Que "entre el franquismo y la derecha también hubo continuidad", viene de deponer en auxilio retórico del enésimo disfraz de Batasuna. Pues, igual que en los demás casos, se trata de vindicar la legitimidad, si no política sí sentimental, del discurso de las pistolas. ETA, nos pretenden hacer creer, representaría la última rémora fatal de la dictadura, de ahí la pertinencia tanto del olvido como del perdón.

Obviando la clamorosa evidencia estadística de que ETA ha matado, sobre todo y por encima de todo, en la democracia y contra la democracia. Al punto de que el noventa y cinco por ciento de sus crímenes –811 sobre un total de 857– los ha cometido con Franco amortajado bajo una losa de mil quinientos kilos en el Valle de los Caídos. Y es que, frente a lo que pretenden sus ilustres abogados de oficio, la ETA que se esconde bajo las faldas de Sortu no es hija putativa del franquismo, sino de la Transición y la temeraria negligencia histórica que con ella brotó. La que por aquel entonces llevó a amnistiar su reguero de sangre sobre la Tierra a cambio de nada, ni tan siquiera de un falsario "lo siento". Tal como otra vez ansía Odón.


Libertad Digital - Opinión

Proceso de paz 2.0. Por Ignacio Camacho

La versión 2.0 en pruebas sustituye el concepto de «paz» por el más unilateral del «fin de la violencia»

LA única demostración empírica y positiva de que Jaime Mayor Oreja no lleva razón en su constante y agorero lamento de Casandra, con el que trata de advertir a la confiada sociedad española de la presencia de un caballo de Troya terrorista construido a expensas de una presunta negociación subterránea con el Estado, consiste en que los tribunales troyanos cierren el paso a ese artificio electoral urdido por los estrategas batasunos y ordenen su traslado inmediato al otro lado de las murallas de la democracia. La hipotética admisión por el Supremo o el Constitucional del nuevo partido, aceptando la condena táctica de la violencia que sus promotores pronuncian sin referirse a los crímenes pasados y sin que medie la disolución verificable de ETA, supondrá por ajustada a derecho que pudiese resultar un profundo quebranto de la cohesión nacional que ha alentado la resistencia democrática al terrorismo y dejará en una gran parte de la opinión pública el sinsabor amargo de un fracaso: la certeza moral de que el pragmatismo de un final más o menos acordado de ETA puede sustituir la premisa esencial de no pagar contrapartida alguna con la que los asesinos pudiesen obtener por dejar de matar lo que jamás han conseguido en cuarenta años de sufrimiento y sangre.

La teoría de una nueva o continuada negociación Gobierno-ETA carece de respaldo verosímil y cuenta —en la firmeza policial y judicial de los últimos tres años— con abundantes elementos objetivos con que rebatirla. No sucede lo mismo, sin embargo, con la idea de una nueva revisión del «Proceso de Paz» en la que los contactos directos con la banda hayan sido sustituidos por estrategias de quid pro quo trazadas con su brazo político a través de emisarios, mediadores y demás profesionales de la intermediación. Esa versión 2.0 en pruebas diferiría de la antigua en que el concepto recíproco y concesivo de «paz» se ha transformado en el más unilateral del «fin de la violencia», pero vendría a mantener el elemento común del rescate institucional de una izquierda abertzaleque dé continuidad política al proyecto etarra sin una ruptura definitiva y explícita con el pasado y sin despejar las dudas sobre la tutela terrorista; simplemente bajo la benévola y remota esperanza de que sea una Batasuna reconvertida la que aísle a ETA y la convenza para desistir de su delirio a cambio de la construcción de una pista civil de aterrizaje.

Mientras la versión definitiva del Proceso 3.0., la que traiga de serie la derrota completa de ETA y sus cómplices, no tenga fecha prevista de salida al mercado, las profecías jeremíacas sobre una capitulación del Estado y un cambio implícito de las reglas de juego vigentes dispondrán de una base sobre la que sostenerse. Jeremías era sin duda un fundamentalista y un llorón, pero si ha pasado a la historia es porque rara vez se equivocó en sus taciturnos pronósticos.


ABC - Opinión

Mercasevilla, peor que «Gürtel»

Conviene explicar que mientras se conocen los escandalosos detalles de la trama de los ERE, Andalucía –con casi nueve millones de habitantes, la comunidad más poblada de España– supera el 30% en la tasa del paro. En el último año, uno de cada cuatro españoles que han perdido su puesto de trabajo reside en Andalucía. Bajo estas circunstancias, la Junta, que preside el socialista José Antonio Griñán, es, a día de hoy, incapaz de explicar detalladamente a qué fin se destinaron 647 millones de euros. Oficialmente, esos más de 107.000 millones de pesetas nutrían un fondo para posibilitar ERE en empresas con problemas de viabilidad. Oficialmente, así ha sido durante casi diez años, desde 2001 a 2009. La pasada semana, la Consejería de Presidencia explicó que, en aras de una mayor eficacia, los fondos sortearon, con el consentimiento y la anuencia de tres consejeros de Empleo, que fueran fiscalizados. Los ciudadanos padecen las consecuencias de una Administración andaluza burocrática, desordenada y lenta. Pero tales circunstancias no justifican que uno de los garantes de la legalidad, el Gobierno regional, se salte sus propias normas; es su responsabilidad agilizar la tramitación administrativa, pero dentro de la legalidad más estricta. La Junta reitera que los controles han funcionado y por eso se han detectado los casos. El argumento no es cierto por dos motivos. Primero, ha sido la instrucción de la magistrada Mercedes Alaya –encargada del denominado «caso Mercasevilla»– la que ha ido arrojando luz a una trama cuya dimensión aún se desconoce. Mercasevilla ha acabado por reducirse a ser sólo la punta del iceberg. En el mercado central de abastos sevillano se fraguó el inicio del escándalo al descubrirse a los dos primeros prejubilados: nunca habían puesto un pie en la empresa. Y el segundo motivo es que, ya en 2005, la Junta desoyó informes de la Intervención General de Hacienda en los que se conminaba a Empleo a dejar de utilizar el «fondo de reptiles» y tramitar las ayudas como subvenciones. Al menos 12 empresas y 39 personas –quedan por analizar 15 expedientes, elevados a 36 por la Policía– se beneficiaron de esta práctica fraudulenta que encontró en el método de las pólizas de seguros una garantía para el engaño. Bajo la presidencia de Manuel Chaves se han producido estos «pelotazos laborales» y tanto el ex presidente como su sucesor nombrado a dedo, José Antonio Griñán, deben aclarar el destino del dinero, toda vez que ya se conoce que alcaldes socialistas, ex gobernadores civiles y otros cargos del PSOE se han lucrado. Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera –actual secretario provincial del PSOE en Sevilla– y Antonio Fernández han sido los tres consejeros de Empleo que completaron el periodo en el que se abusó del «fondo de reptiles». Con la llegada al cargo de Manuel Recio en 2009 se finiquitó la práctica. El actual consejero fue el que descubrió, ante su propio estupor, una caja fuerte en su despacho y mandó llamar a la Policía para que la abriera en su presencia. Para situarlo en su verdadera dimensión económica, nótese que el escándalo de los ERE es de 647 millones a justificar, mientras que el «Pretoria» fue de 45 millones y el «Gürtel», de 30 millones.

La Razón - Editorial

Más cerca de Luis Candelas que de Goya

Tras semejante atropello a los derechos de los españoles y al sentido común más elemental, se han levantado numerosos colectivos de ciudadanos y algún que otro cineasta honrado, rara avis en ese circo de arribistas que son los cineastas españoles.

Desde siempre ha habido sectores económicos que se han resistido al cambio y que se han acercado al poder político para conseguir favores. El gran Adam Smith ya constataba en La Riqueza de las Naciones que los empresarios se reunían era para conspirar y, si se les dejaba, subir los precios. En la actualidad, las cosas no han cambiado demasiado: los productores ineficientes se aproximan al Gobierno para reírle las gracias y obtener prebendas a costa de las libertades de todos los ciudadanos.

En este sentido, el caso del cine español es paradigmático. Tanto se ha aislado de la realidad y de los gustos de los españoles que en los últimos años las subvenciones públicas que recibe han superado la recaudación en taquilla. Escandaloso dato que pone de manifiesto tres cosas: una, que los gobiernos de derecha han sido lo bastante pusilánimes como para no acabar de raíz con este latrocinio organizado a costa de todos los contribuyentes; dos, que los gobiernos de izquierda han comprendido bastante bien el uso electoralista que, No a la Guerra o ¡Hay Motivo! mediante, pueden darle a este ejército de propagandistas a sueldo; y tres, que todos los españoles, por la fuerza, pagamos las entradas de unas películas que no queremos ir a ver.


No satisfechos con el expolio, sin embargo, nuestros cineastas se alzaron con una nueva reivindicación para distraer la atención de su propio fracaso: al parecer, los españoles no acudíamos a sus proyecciones, no por la escasísima calidad de las mismas, sino porque las descargábamos de internet. Motivo que, al parecer, justificaba el cierre inmediato de las páginas que enlazaran con semejante contenido. Sólo había un problema: dado que esas páginas no albergaban contenido alguno, los tribunales se negaban sistemáticamente a clausurarlas, por cuanto ello supondría un atentado contra los derechos fundamentales.

Fue para superar semejante escollo –escollo llamado Estado de Derecho– para lo que se colocó a González Sinde al frente de Cultura y para lo que se aprobó –gracias al auxilio reformista del PP– la nefasta ley que lleva su nombre y que permite el cierre administrativo de webs. Por fortuna, tras semejante atropello a los derechos de los españoles y al sentido común más elemental, se han levantado numerosos colectivos de ciudadanos y algún que otro cineasta honrado, rara avis en ese circo de arribistas que es el mal llamado "mundo de la cultura" español.

Ayer, durante la gala de los Goya tanto unos como otro se lo hicieron saber a los políticos. Mientras que González Sinde fue recibida con abucheos y pitadas, Álex de la Iglesia fue bienvenido entre vítores. Tal vez por tratarse de unos de los pocos directos españoles que intentar hacer películas que agraden al público, el ex presidente de la Academia parece haber aprendido la lección: internet no es la tumba sino la salvación del cine. Claro que es mucho suponer que la mayoría de sus colegas reputen sus películas como algo distinto a un medio para acceder a la subvención pública. Lo que les preocupa no es la difusión de su obra artística, sino conservar su parcela en el cortijo del presupuesto público. Por eso carecen de todo incentivo para adaptarse a los nuevos tiempos y por eso confunden una oportunidad con una amenaza que debe ser aplastada por sus amigos los políticos.


Libertad Digital - Editorial

Rearme moral fallido en el PSOE

Decirle a los candidatos municipales que den prioridad al empleo parece un sarcasmo o una provocación en boca de Rodríguez Zapatero.

EN plena precampaña hacia las municipales y autonómicas de mayo, los líderes políticos envían mensajes contrapuestos a la opinión pública. Ayer, en la convención del PP gallego, Rajoy dijo con razón que España no tiene un problema ideológico, sino de competencia —incompetencia, más bien—, ya que este Gobierno carece de criterio fijo y genera una incertidumbre que impide salir de la crisis económica. La mejor prueba de esa «ineficacia absoluta», concluyó el líder popular, son los 4,7 millones de parados y el recorte de derechos sociales más grande de la democracia. Frente a la acusación interesada de que no ofrece un programa de actuación, Rajoy reiteró algunos elementos básicos para un futuro ejecutivo popular: austeridad, estabilidad presupuestaria, techo de gasto público, modelo laboral «flexible» y energía nuclear. Hay, sin duda, aspectos muy positivos en un proyecto que saca provecho de la buena imagen del centro-derecha como gestor de la economía y que otorga prioridad a la competencia sobre la retórica. De ahí que acierte el PP al denunciar el radicalismo del PSOE como una cortina de humo para esconder a base de polémicas artificiales los verdaderos problemas que interesan a día de hoy a los ciudadanos.

A su vez, Rodríguez Zapatero, que volvió a fallar ayer en Sevilla en su enésimo intento de rearme anímico del PSOE, se sitúa en una posición de falso victimismo y, a falta de argumentos, sólo acierta a reaccionar contra Rajoy a base de una campaña de desprestigio personal. Zapatero sabe que, con su liderazgo, el PSOE no está en el mejor camino hacia el 22 de mayo. Su mensaje sería más creíble si en lugar de descalificar a su rival, el presidente del Gobierno hiciera un balance sincero de su pésima gestión y no siguiera elogiando inútilmente ocurrencias fallidas como el Plan E o predicando una austeridad que no practica. Decirle a los candidatos municipales que den prioridad al empleo parece un sarcasmo o una provocación en su boca . El PSOE teme una debacle en las urnas y parece emprender un huida hacia adelante, en contraste con un PP al que los sondeos retratan muy sólidamente. Falta tiempo todavía, pero todo apunta a una campaña dura en la que es exigible que el debate político se imponga sobre las descalificaciones personales.

ABC - Editorial