lunes, 28 de febrero de 2011

¿Revolución o revuelta?. Por José maría Carrascal

Occidente va a pagar muy cara tal negligencia. Ya la está pagando con la subida del petróleo. ¡Y es sólo el empezar!

GADAFI puede matar todavía muchos libios, pero terminará cayendo, esperemos que antes que tarde. Un dirigente que tiene que defenderse a tiros de su pueblo está condenado en un mundo testigo de sus atrocidades, en el que occidente ya no puede ocultar su hipocresía y los libios han descubierto su poder.

Resulta innegable que en el mundo árabe está en marcha una «revolución», que pongo entre comillas porque aún no sabemos si es una revolución auténtica —quiero decir, un cambio de la entera estructura de un país— o una revuelta contra la actual clase dirigente, para ser sustituida por otra de parecidas características. Pues aunque los acontecimientos que sacuden el norte de África y el Oriente Próximo fueron desencadenados por mensajes en Internet e imágenes televisivas, denunciando la corrupción y ensañamiento de sus líderes, un nuevo estado no se monta virtualmente. Se necesita organización, planes, objetivos. Y en esos países sólo hay dos fuerzas que los poseen: el ejército y la religión. El ejército, con sus cuadros de mando, su disciplina y sus armas. La religión, con sus imanes, sus mezquitas y sus redes sociales. En medio, sólo hay una clase media finísima y una intelectualidad muy occidentalizada, y por tanto lejos de una masa ocupada en sobrevivir.


El problema de esos ejércitos es que sus altos mandos se han dejado corromper por la clique gobernante. El de la religión, que se ha dejado arrastrar por el islamismo radical. Ni unos ni otros sienten simpatías por la democracia, pese a sus manifestaciones de «escuchar a sus pueblos». Lo que han hecho, sin embargo, es enviarle a casa por las buenas o las malas.

Cómo va a acabar esto, nadie lo sabe. Por lo que estamos viendo, allí donde el ejército es fuerte, Túnez, Egipto, se ha convertido en garante de la «revolución». Mientras en Libia, donde Gadafi había destruido todos los resortes del estado para asumirlos, lo que se impone son los «consejos populares», de carácter comunal o tribal y fuerte arraigo religioso. Lo que puede conducir a la desintegración del estado o a una república islámica.

Oigo y leo por doquier que occidente debe de fomentar por todos los medios a su alcance una democracia en esos países. Está muy bien, pero llega un poco tarde. Una democracia no se improvisa, como se ha visto en Afganistán e Irak, ni puede imponerse desde fuera por la fuerza. Eso tendría que haberse hecho antes, presionando para la reforma de aquellas sociedades, en vez de hacer grandes negocios con sus líderes y pasando allí nuestras vacaciones invernales. Occidente va a pagar muy cara tal negligencia. Ya la está pagando con la subida del petróleo, que se lleva todos los recortes en el gasto social. ¡Y es sólo el empezar!


ABC - Opinión

Concierto. Soy anticatalán. Por José García Domínguez

Una extravagancia feudalizante, la del concierto, gracias a la que la Comunidad Autónoma Vasca sigue hurtando en torno a dos mil millones de euros anuales al erario por el muy quinqui recurso de falsificar a conciencia las cifras del llamado cupo.

Acaso por si alguien aún lo dudara, al joven Oriol Pujol le ha faltado tiempo para demostrar que es hijo de su padre. Tal que así, a la primera de cambio, se ha lanzado a expedir carnés de buen y mal catalán, empleo vocacional en cuyo desempeño entusiasta ha ocupado la mayor parte de su existencia quien lo trajo al mundo. Es sabido, a unos les da por el fútbol, a otros por la Playstation, a los de más allá por el humo de zanahorias, y a éstos por marcar con orín retórico las sagradas lindes de la identidad pedánea. En fin, ya lo advirtió el Guerra cuando fue puesto en antecedentes de que Ortega era filósofo: "Tiene que haber gente pa to".

Consecuente, pues, con su código genético el patriota Oriol acaba de sentenciar que "quien se quede al margen de la defensa de un nuevo pacto fiscal, se quedará al margen de la defensa de Cataluña". Sepan, por cierto, los no avisados que eso del nuevo pacto fiscal es aséptico eufemismo que sirve para designar el concierto económico, la última cantinela vindicativa del catalanismo político tras el sonado fiasco del Estatut. Al respecto, el artículo 339 de la Constitución de Cádiz, aquélla que solo parecen recordar en el departamento de marketing de El Corte Inglés, prescribía lacónico: "Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles en proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno".

Aunque algo ha llovido desde entonces, pero no lo suficiente, según parece. De ahí que los constituyentes, con la Alianza Popular de Fraga a la cabeza, se apresurasen a reimplantar ese derecho de pernada tributario que ahora reclaman para sí los nanonacionalistas de CiU. Una extravagancia feudalizante, la del concierto, gracias a la que la Comunidad Autónoma Vasca sigue hurtando en torno a dos mil millones de euros anuales al erario por el muy quinqui recurso de falsificar a conciencia las cifras del llamado cupo. No como acostumbra a proceder su igual, el Gobierno navarro, que, más condescendiente con el resto de los españoles, se contenta con sisar apenas algo más seiscientos sesenta millones cada doce meses. Huelga decir que por parejo modus operandi, como en su día bien demostró el catedrático Mikel Buesa. Ese otro anticatalán de libro.


Libertad Digital - Opinión

Anatomía de un fracaso. Por Ignacio Camacho

A su diferencial negativo de desempleo y renta, Andalucía ha añadido la corrupción, el clientelismo y la dependencia.

DE aquella esperanza a este desencanto han pasado 31 años de incuria. Aquel 28 de febrero de 1980, cuando una sacudida de rabia y de agravio quebró en Andalucía el modelo de una España de dos velocidades, la autonomía era un sueño de igualdad solidaria en el que los andaluces veían una salida al subdesarrollo. Rara vez este pueblo se ha comportado con tanta fe en sí mismo, con tanto optimismo histórico; aquel ramalazo de determinación rebelde cambió el proyecto de convertir la nación en un Estado confederal disimulado. Tres décadas después, aunque la inversión de decenas de miles de millones de pesetas y euros —procedentes de fondos comunitarios y transferencias de renta interna— ha corregido parcialmente los desequilibrios de partida, Andalucía sigue muy por debajo de la media de crecimiento española y europea. El fracaso del régimen autonómico es patente en su falta de influencia en el concierto nacional y en las preocupantes tasas de desigualdad que continúan dominando su horizonte social y económico; y a su diferencial negativo de desempleo, riqueza, educación y productividad ha añadido inquietantes señas de identidad que amenazan con convertirse en un nuevo estereotipo: la corrupción, el clientelismo y la dependencia.

El escándalo clientelar de los EREs ensombrece la autocomplaciente fiesta oficial que conmemora aquel referéndum decisivo. La autonomía apenas es hoy para los andaluces una inmensa máquina de poder al servicio de la hegemonía de un monocultivo político. El recién descubierto método de fraude masivo en los fondos de desempleo retrata el sistema de trustsocial con que la Junta y el PSOE han establecido su longeva supremacía: un procedimiento de compra de voluntades mediante el manejo opaco de fondos públicos distribuidos a discreción con criterios de estricta complicidad y sumisión al padrinazgo partidista. Sindicatos, asociaciones, patronales, y hasta cofradías; el mundo universitario y cultural, la vida laboral y cualquier forma de sociedad civil han sido anestesiados a través de un complejo tejido de subvenciones y ayudas que ha diluido toda energía de regeneración, emancipación o independencia.

La dureza de la recesión ha provocado, empero, un sentimiento generalizado de frustración que el régimen ya no puede paliar por falta de recursos con que sostener su derrama. Al pairo de esa amarga decepción se incuba un visible cansancio que ha cuarteado la estructura institucional y proyecta en los sondeos de opinión pública un creciente deseo de cambio. Anclada en un marasmo sesteante que presagia el severo retroceso de los precarios standardsde bienestar relativo logrados por la ahora rota cohesión autonómica, Andalucía se enfrenta a un período crucial en el que la voluntad de ganar el futuro colisiona con la inercia de un monopolio de poder en estado terminal que se resiste al desmoronamiento con estertores de paquidermo herido.


ABC - Opinión

La singular batalla del PSOE contra los sondeos. Por Antonio Casado

“Un mapa demasiado azul será insoportable para el electorado socialista”. Se lo oigo decir a un ministro del estado mayor de Rodríguez Zapatero, en referencia al paisaje político del día después de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo ¿Supone que Moncloa deposita en la ley del péndulo la última esperanza de recuperación electoral?

Algo así. Tiene sentido si, como sabemos, el hundimiento de los socialistas en las encuestas se debe básicamente al desistimiento de sus propios votantes y no al irresistible ascenso del PP, cuya enorme ventaja sobre el PSOE se basa en el alto índice de fidelidad del votante propio unido al desapego del votante socialista.

En esas condiciones, la previsible barrida del PP en las elecciones de mayo, junto a la anunciada autoexclusión de Zapatero del cartel electoral para las generales de 2012 (en ese trance postelectoral ya no tendrá dudas de que su figura resta y no suma a la causa electoral de su partido), deberían despertar a un electorado socialista al borde del desfallecimiento. Sin perjuicio de que Zapatero continúe de presidente del Gobierno hasta el final de la Legislatura (cuando toca, en marzo de 2012) y de secretario general del PSOE hasta la celebración del próximo congreso federal (probablemente este mismo verano).

«Todo eso está ocurriendo en medio de una previsión de bancarrota electoral socialista congruente con lo que dicen los sondeos pero no con el resto de los indicadores habitualmente utilizados para medir la salud política de un gobierno: cohesión interna, mayoría parlamentaria y paz social.»
Esa dinámica se desencadenará cuando hayan ocurrido dos cosas. Una, confirmación de que el azul persil del PP domina en el mapa del poder territorial diseñado por las urnas de mayo. Y otra, el anuncio de Zapatero ante el comité federal del PSOE de que no repetirá candidatura a la Moncloa, junto a la convocatoria del XXXVIII congreso federal, el ordinario, el que toca (el anterior fue en julio de 2008), del que saldría un nuevo secretario general y candidato a las elecciones generales de 2012.

Más allá de la marea especulativa, este es el único relato que se ajusta a la normalidad estatutaria. Eso sí, igual de perturbador que los alternativos que circulan por los corrillos políticos y mediáticos, propios y ajenos, si tenemos en cuenta que nos distrae a todos de la ambiciosa operación reformadora del gobierno en los mercados del capital y del trabajo, básicamente.

Todo eso está ocurriendo en medio de una previsión de bancarrota electoral socialista congruente con lo que dicen los sondeos pero no con el resto de los indicadores habitualmente utilizados para medir la salud política de un líder, un partido o un Gobierno. A saber: cohesión interna, mayoría parlamentaria y paz social. En el PSOE, por dentro, hay desencanto pero no dispersión, y el Gobierno, que acaba de concertar la paz social con empresarios y sindicatos, cuenta con suficientes apoyos en el Congreso para culminar una ambiciosa operación reformista que goza del reconocimiento internacional.

Enfrente del PSOE, un adversario obligado a ganar por mayoría absoluta por sus dificultades para entenderse con el nacionalismo, que es lo que siempre falta para el duro de la estabilidad parlamentaria. Y un líder peor valorado que Zapatero en el ranking de valoración ciudadana.

Con todas esas coordenadas, cuando aún falta un año para las elecciones, el PP debería tentarse la ropa antes de vender la piel del oso.


El Confidencial - Opinión

Hipotecas y demagogia

El repunte del euribor en este mes de febrero, que supondrá un incremento medio de las hipotecas superior a los 350 euros anuales, es una mala noticia para multitud de personas que a duras penas pueden hacer frente a sus obligaciones con el banco. Todo apunta, además, a un encadenamiento de subidas en los próximos meses debido a la crisis energética, que tendrá efectos directos en la inflación y, por consiguiente, en los tipos de interés. De ahí que, lejos de descender, el volumen de embargos pueda dispararse hasta límites preocupantes. Como es natural, este problema ha saltado del terreno estrictamente económico al debate político y judicial, sobre todo a raíz de que la Audiencia de Navarra sentenciara hace varias semanas que basta con entregar las llaves al banco en caso de impago para saldar la hipoteca. La libérrima interpretación que ha hecho este tribunal de la Ley Hipotecaria ha suscitado un amplio movimiento de apoyo entre la izquierda, desde IU hasta asociaciones de jueces y fiscales progresistas, pero también de organismos controlados por los socialistas, como la FEMP que preside el polémico Pedro Castro y portavoces de CiU. Y aunque es cierto que tanto el PP como el PSOE han votado en contra en el Congreso, varios dirigentes de estos partidos se han manifestado, a título personal, proclives a una reforma legal en virtud de la cual se contemple la llamada dación en pago, de modo que se exima a los deudores de responder con todo su patrimonio. Así, aunque el valor del piso caiga por debajo de la deuda contraída, el deudor quedaría exonerado de cualquier responsabilidad sólo con entregar las llaves. No cabe duda de que a simple vista parece una propuesta atractiva y razonable, pero sólo aparentemente. Sus defensores arguyen que así se hace en algunos países, como en determinados estados de EE UU, pero no cuentan la letra pequeña, a saber, que ese tipo de hipotecas son muchos más caras y más draconianas que el resto. Convendría en este delicado asunto no dejarse llevar por impulsos populistas ni aprovechar la proximidad de los comicios municipales y autonómicos para meter la cuchara electoral, que es lo que ha hecho el presidente de la FEMP. La legislación española en materia hipotecaria regula satisfactoriamente el mercado y, aunque sea perfectible, como todas, sería una frivolidad ponerla patas arriba para combatir supuestas prácticas abusivas de las entidades financieras. Lo cierto es que el complejo mecanismo legal ofrece las garantías jurídicas necesarias para que el ciudadano pueda comprar una vivienda en condiciones crediticias asequibles. Ahora bien, si los bancos, como insisten en reclamar ciertos demagogos políticos, han de asumir más riesgos y exponerse más a los vaivenes del mercado, la consecuencia lógica será que los créditos resultarán mucho más caros, más escasos y a más corto plazo. En suma, quien saldrá gravemente perjudicado será el propio comprador, en particular, y el mercado inmobiliario en general. Además, una reforma de este calado provocaría un fuerte deterioro de la seguridad jurídica. Y no parece que estén los tiempos para tales aventuras.

La Razón - Editorial

Más allá de los coches oficiales

Si el PP quiere ser una decente alternativa de gobierno en las generales de 2012 y si tiene la intención de evitar que el país se dirija hacia el abismo, deberá comenzar por meterle un serio tijeretazo al Estado autonómico.

Hace bien el PP en tratar de regenerar su imagen de partido austero y responsable de cara a las elecciones autónomas y municipales. No en vano, el ayuntamiento y la comunidad autónoma con más deuda por habitante de toda España llevan más de quince años bajo la administración de los populares. Es cierto que frente a esta turbia imagen el PP puede acreditar ante sus votantes indiscutibles éxitos de gestión como el de la Comunidad de Madrid –la región con menor déficit público y que con mucha diferencia menos ha aumentado su deuda durante esta crisis–, pero, por desgracia, la extraordinaria gestión de Aguirre puede no consolar demasiado a los potenciales votantes de otros políticos más dispendiosos como Gallardón o Camps.

También acierta el PP al recortar el gasto de la casta política –consejerías, altos cargos, coches oficiales…–, la única que hasta el momento no se ha apretado en absoluto el cinturón durante esta crisis, sino que ha continuado dilapidando el cada vez más escaso dinero de los ciudadanos en conservar sus privilegios y sus redes clientelares.


Se equivoca el PP, sin embargo, en limitar sus promesas de austeridad a la parte más visual y por ello escandalosa del Estado autonómico. Las medidas cosméticas son ciertamente imprescindibles por cuanto el ciudadano no puede estar sufriendo en sus carnes las inclemencias de la crisis mientras ve que las prebendas de los políticos no dejan de aumentar. Pero las medidas cosméticas no bastan para resolver los problemas de fondo: la hipertrofia de las autonomías, con sus carísimas duplicidades, con sus miles de funcionarios redundantes, con sus inflados gastos presupuestarios destinados a construir pequeños Estados al margen o en contra de España, con sus caciques regionales obsesionados en pasar a la historia merced a gastos faraónicos y con sus fundaciones y empresas públicas convertidas en pantallas para canalizar masivos e inconfesables despilfarros.

El Estado central ha ajustado tímidamente sus gastos y deberá hacerlo mucho más si espera volver a generar algún superávit que nos permita amortizar toda nuestra deuda pública. Pero las autonomías ni siquiera han comenzado a reducir sus derroches, pese a que ya manejan un volumen de recursos superior al de la Administración central. Si el PP quiere ser una decente alternativa de gobierno en las generales de 2012 y si tiene la intención de evitar que el país se dirija hacia el abismo, deberá comenzar por meterle un serio tijeretazo al Estado autonómico. De momento, se ha hecho más hincapié en la fotografía y en el slogan que en los planes concienzudos para reconducir los déficits autonómicos. Esperemos que los recortes vayan más allá de lo anunciado este domingo; aunque con Rajoy al frente, probablemente no despejaremos la incógnita antes de los comicios de mayo y, después de ellos, sólo descubriremos que los populares manirrotos seguirán siéndolo y que las populares austeras continuarán dando ejemplo de qué principios deberían inspirar a todo el Partido Popular.


Libertad Digital - Editorial

El PSOE pierde Andalucía

Durante 30 años, el PSOE ha tejido en Andalucía una tupida red de intereses creados, clientelismo corrupto y amiguismo. Llega la factura de las urnas

EL «Estudio de la situación en Andalucía 2011», realizado para ABC por el Instituto de Investigación, Marketing y Comunicación, consolida las opciones de gobernar el PP en Andalucía, que hoy superaría al PSOE en 7,1 puntos si se celebraran elecciones autonómicas. Según este sondeo, el PP obtendría 57 escaños en el Parlamento andaluz, dos por encima de la mayoría absoluta, de modo que por primera vez en democracia los socialistas pasarían a la oposición e, incluso, sus votos no alcanzarían siquiera el 40 por ciento, algo inédito en una comunidad erigida en tradicional feudo del voto cautivo socialista. No en vano, durante sus casi 30 años de gobierno, el PSOE ha tejido una tupida red de intereses creados y clientelismo corrupto, un régimen de amiguismo subvencionado, contratación pública abusiva y lealtades compradas, que hasta ahora convertían en impensable un vuelco electoral tan profundo como el que pronostica el sondeo de ABC.

Tres factores son determinantes: primero, el agotamiento de una sociedad hastiada de tres decenas de años de Gobierno monocolor e incapaz de ilusionarse con un PSOE carente de liderazgo firme, pues José Antonio Griñán genera serias dudas incluso dentro de su propio partido; segundo, la pésima imagen de José Luis Rodríguez Zapatero, de la dirección federal del partido y de un Manuel Chaves con nula presencia pública y asumiendo en la práctica un papel de mera comparsa en el Ejecutivo; y tercero, la gestión de la crisis económica por parte de Moncloa. Si está resultando nociva para toda España, en Andalucía las consecuencias de la recesión son particularmente demoledoras e insostenibles. De hecho, esta comunidad reúne el triste demérito de tener a uno de cada cuatro parados en España, lo que convierte al PSOE en un proyecto carente de mensajes creíbles y en un lastre para la recuperación. Frente a estos factores, se impone el liderazgo que pacientemente ha fabricado Javier Arenas en el PP andaluz, en una difícil labor que durante años ha sabido transmitir por todos los pueblos y capitales. La única puerta abierta a la duda que favorecería al PSOE en las urnas es el alto índice de indecisos —uno de cada cuatro consultados—, pero los socialistas incurrirían en un ingenuo optimismo si se apuntasen como seguros los votos de ese porcentaje de dubitativos. Sin duda, el PSOE tendrá sus opciones; pero hoy su progresivo deterioro apunta a un claro fin de ciclo.

ABC - Editorial