sábado, 5 de marzo de 2011

El poder de la estupidez. Por Tomás Cuesta

Un país en ascenso es aquel en el que opera un número insólitamente alto de personas inteligentes.

LAS primeras ordenanzas marítimas definían el zafarrancho como una coreografía de combate consistente en que quienes estuvieran a babor corrieran con petates, mosquetes, sables y pertrechos a estribor mientras quienes anduvieran por estribor tenían que dirigirse veloces a babor. Lo mismo de proa a popa y de la cofa a la bodega, de modo que cada tripulante de la embarcación debía ocupar a la mayor brevedad posible las antípodas del punto donde se encontraba antes de la orden. El despliegue debía ser imponente, el efecto, nulo en el mejor de los casos. No obstante, el procedimiento se ha transmitido de generación en generación y ha sobrepasado el contexto naval para asentarse como táctica administrativa y estrategia política.

Sin ir más lejos, el contramaestre Rubalcaba dirige un zafarrancho gubernativo que consiste en que cada ministro largue de todo aquello que le resulta ajeno al tiempo que Zapatero reivindica el fantasma del capitán Lozano a cuenta del fantoche del coronel Gadafi y glosa las virtudes de un sistema en el que un tipo como él puede llegar a presidente. Incapaz de disimular la sorpresa que eso le provoca, se entrega a la fabulación de bendecir revueltas. En Francia y en Marruecos, en Washington y en Berlín tampoco salen de su asombro ante la reencarnación hispana del aventurero Simplicissimus, directamente inspirado por el Lazarillo de Tormes y capaz de sobrevivir en cualquier circunstancia y en todos los bandos con el telón de fondo de la Guerra de los Treinta Años.


En el entreacto del viaje a ninguna parte en avión oficial, la patera nacional enfila la tormenta perfecta del colapso energético a fuerza de remos y candil, de galeotes y de luminarias. A la caña, («¡Dales caña!») el vicepresidente faisandé capea las embestidas del Plan Merkel mientras el armador boquea arbitrando un Plan Marshall y la tripulación de espectros de un buque derrelicto procura soltar lastre y mirar hacia otro lado. Convertido el Consejo de Ministros en un punto de fuga en el que se avizoran el camarote de los hermanos Marx y la camareta de oficiales del Titanic, la desbandada es general, el caos es modernísimo —o sea, matemático— y el sálvese quien pueda es, de aquí a mayo, el único objetivo definido, nítido e irrenunciable.

Carlo Maria Cipolla (pronúnciese Chipola para atajar las agudezas con la rima de los romos mentales) aquel sabio italiano que recopiló y divulgó las leyes esenciales de la estupidez humana, consideraba que la fortuna de las naciones dependía del porcentaje de individuos competentes o incompetentes que estuvieran instalados en el puente de mando. Un país en ascenso es aquel en el que opera un número insólitamente alto de personas inteligentes que mantienen controlada a la fracción inevitable de beocios e ignaros. En los países en decadencia, el esquema es el mismo, mas los acontecimientos fluyen en sentido contrario. Nos asomamos, pues, al revés de la trama. El porcentaje de cenutrios no varía un ápice, pero su encaje en el inmenso puzzle del poder es inversamente proporcional a sus capacidades. Si los estúpidos medran —concluye el gran Cipolla— es porque en torno a ellos florecen los incautos.

En definitiva, que así nos luce el pelo (y al señor Bono, no digamos).


ABC - Opinión

PP. De regeneración en regeneración. Por Maite Nolla

No sirve de mucho que el PP haga una gran declaración de principios contra la corrupción, cuando al final la solución depende del político, del cargo que ocupa, del territorio que pastorea y del delito que se le imputa.

Que el PP presente a estas alturas un nuevo compromiso de obligado cumplimiento y unas pautas severísimas a seguir en casos de corrupción debería servir, al menos, para recordarnos que no cumplieron el anterior. Y que firmaron el anterior porque tenían otro más viejo que no se cumplía. Creo que es mucho mejor y más práctico que reconozcan públicamente que se actúa caso por caso y dependiendo de principios políticos de gran calado intelectual como son las encuestas, y ya está. Es cierto que en estos momentos lo de los ERE supera por cutre y por original a cualquier corrupción imputada al PP, pero algunos populares también tomaron prestado su trozo del pastel, y a la hora de reaccionar, en lo de Camps se ha procedido de forma distinta que en el caso de Bárcenas, diferente que en el de la inesperada aparición de jaguares en un parking y distinto que en el caso de jóvenes diputados de treinta años condenados por el Tribunal Supremo.

Y no ha sido igual la forma de actuar de Esperanza Aguirre que la de Rajoy, por poner dos ejemplos que me vienen así, sin pensar mucho. Miren, aquí se resuelven las situaciones descendiendo al supuesto concreto y se hace lo que se puede; mucho mejor, y así nos ahorran el enésimo manifiesto vacío sobre la regeneración democrática para los tres próximos meses. Por cierto, una palabra sobre la que se requiere la inmediata intervención de la OCU y de la defensora del pueblo para evitar el uso indebido, abusivo y engañoso del término, en perjuicio de los consumidores y usuarios. En definitiva, no sirve de mucho que el PP haga una gran declaración de principios contra la corrupción, cuando al final la solución depende del político, del cargo que ocupa, del territorio que pastorea y del delito que se le imputa.

Por eso, ya me disculparan si tengo, digamos, algunas reservas sobre las bondades del programa del PP titulado Mejor sociedad, mejor Gobierno. También Artur Mas prometió que el suyo iba a ser el "Gobierno de los mejores" y ha acabado fichando a Maravillas Rojo como asesora económica, aunque al menos ha tenido el detalle de no nombrar a Celestino Corbacho secretario general de política lingüística. En fin, es lo que tienen los programas políticos: que son transversales. Al del PP le añades la frase "y reformar el Senado para convertirlo en una auténtica cámara de representación territorial" y te lo firma hasta uno de Izquierda Unida. Pero eso da para otro artículo.

De todas formas, les deseo mucha suerte; hasta la próxima regeneración.


Libertad Digital - Opinión

¡Que intervengan! Por Hermann Tertsch

Conmueve ver cómo piden ahora una inmediata intervención contra Gadafi aquellos que siempre han hecho bandera de la no intervención.

Resulta conmovedor ver cómo piden ahora una inmediata intervención contra Muammar El Gadafi aquellos que siempre han hecho bandera de la no intervención. Aquellos que aun hoy consideran una crueldad un leve embargo contra un asesino de la catadura de Gadafi como Fidel Castro. Ahora quieren que EE.UU. se lance con sus armas y sus hombres a intervenir en Libia para acabar con el dictador. Entre ellos nuestras dos aguerridas ministras de Defensa y Exteriores, Carmen Chacón y Trinidad Jiménez. A los tres meses, si las cosas se torcieran y las fuerzas internacionales se vieran inmersas en una guerra civil, serían capaces de hacer un nuevo llamamiento a la deserción y a dejar a los soldados americanos solos como la que hizo Rodríguez Zapatero en Túnez en el 2004 respecto a Irak. Las cosas no son tan fáciles. También porque Washington sabe lo poco fiable que puede ser parte de Europa en un esfuerzo continuado de guerra. Los más desleales en la alianza urgen acción para que ganen rápidamente los buenos. Ahora que el malo ya es intratable. Para evitar oleadas de refugiados y se reabra el suministro de crudo. Cierto que una mayor premura en el aislamiento total del régimen y en la implantación de la prohibición de vuelo sobre Libia habría acelerado la caída del tirano. Porque ha recibido ayuda por aire y porque los ataques aéreos contra los rebeldes están siendo decisivos en la defensa del bastión del régimen en torno a Trípoli. La situación da esperanzas a mucho dictador. Estaban asustados por la rapidez de las victorias populares en Túnez y Egipto. Gadafi ha logrado, con las matanzas, forzar la lealtad de parte de su entorno. El cálculo es que una rápida y masiva represión sangrienta —una solución Tiananmen— puede ahogar la revolución en el brote, forzar la lealtad del aparato y mantener el control, confiando en la falta de reacción exterior para la continuidad del régimen.

ABC - Opinión

110 Km/h. Hacia la cartilla de racionamiento. Por Pablo Molina

Como carecen del más mínimo sentido del ridículo, Zapatero y los ministros con competencias en la materia deciden por su cuenta cómo debe conducirse la sociedad para alcanzar un determinado objetivo que ellos mismos han fijado de antemano.

Cuando los socialistas llegan al poder es sólo cuestión de tiempo que aparezca el racionamiento de bienes y servicios, y si no nos dan a los españoles la cartilla familiar estilo años cuarenta es sólo porque en plena era digital existen otros mecanismos más avanzados para coaccionar a los ciudadanos.

Zapatero ha aguantado casi siete años sin poner en marcha el programa de recorte de libertades en el consumo que caracteriza al socialismo, pero es solamente porque recibió un país saneado y hasta a él le ha llevado su tiempo acabar con la prosperidad acumulada por los Gobiernos de Aznar, que no es que fueran el epítome de la sagacidad política, pero al menos en economía hicieron una faena muy aseada.

Esto de imponer a los ciudadanos todo un programa de restricciones, y además en parte improvisado como confesó Rubalcaba, es cosa de mucho progreso a lo que se ve, y raro es que "las gentes de la cultura" (sic) no hayan convocado ya un acto público de apoyo a la reducción del límite de velocidad en la autopista y a la sustitución de bombillas en las carreteras, las dos medidas estrella con que el Gobierno de Zapatero pretende solventar nuestra dependencia energética de los hidrocarburos. Debe ser que estamos en época de subvenciones y el culturamen anda muy ocupado.


Como carecen del más mínimo sentido del ridículo, Zapatero y los ministros con competencias en la materia deciden por su cuenta cómo debe conducirse la sociedad para alcanzar un determinado objetivo que ellos mismos han fijado de antemano, ya sea la reducción del consumo de tabaco, de luz o de carburante. Naturalmente el problema que supuestamente quieren solucionar se agrava de forma dramática, porque resulta imposible que un grupo reducido de cerebros, aunque sean tan privilegiados como los de ZP, Pajín y Sebastián, pueda integrar los miles de millones de decisiones individuales que la sociedad entera genera a cada segundo y dar satisfacción a todas las necesidades que surgen constantemente, que no otra cosa es el mercado, a pesar de que los socialistas todavía crean que es una maquinaria aplastante dirigida por los especuladores, la judería internacional y el Papa de Roma.

Es lícito que algún dirigente socialista pueda pensar que es más inteligente que la media de los ciudadanos cuyos destinos administra, pero lo que resulta una locura es que los ungidos progresistas pretendan conocer a los casi cincuenta millones de españoles mejor que ellos mismos y los traten como a deficientes mentales necesitados de tutela. Esto ya no es la "fatal arrogancia" contra la que nos previno Hayek, esto es ya una chulería de ZP y sus muchachos. Y encima carísima, ya lo verán.


Libertad Digital - Opinión

Criaturitas. Por Ignacio Camacho

Confesión sin tapujos: montaron el tinglado de ERE para burlar «los caprichos del interventor». Es decir, de la ley.

NO van a lograr poner diques. El escándalo de los ERE es una marea que cada día deposita más restos de espuma sucia en la orilla del poder andaluz. Una oleada de corrupción que está poniendo de relieve lo peor del régimen tardochavista y muestra al descubierto la maquinaria del clientelismo. Cincuenta cofres de documentos, intervenidos por la Policía en las dos aseguradoras —sólo dos, y siempre las mismas— que hacían de puente en las operaciones, van convertirse en las cajas de Pandora de un sistema viciado. Más allá de los episodios chuscos de los intrusos y polizones, el caso revela el secreto de la hegemonía y deja al pairo el cartón que encubren los falsos discursos del estado de bienestar. Era un bienestar trucado, fullero, comprado con fondos de reptiles creados para disimular mediante derramas arbitrarias la tragedia de la destrucción de empleo.

El tipo que manejaba el tinglado, el capataz encargado de administrar los fondos opacos, se ha retratado en una impagable entrevista en «El País». Tratando de justificarse, el ciudadano Guerrero acusa directamente a sus superiores —los consejeros de Trabajo— de decidir el criterio de ayudas irregulares y revela el planteamiento de fondo que sustentaba el tinglado. Lo inventaron, dice, porque el ERE de una empresa jienense se atascó ante las pegas y reparos que ponía el funcionario encargado de vigilar que se adecuase al procedimiento. «No podíamos estar —declara con sinceridad escalofriante— al pairo de los caprichos del interventor».

Ésa es la cuestión clave. Decidieron crear un procedimiento paralelo —dotado con 647 millones de euros, más de cien mil millones de extintas pesetas— para escapar del control transparente del dinero. Por la cara, con dos cojones, el que manda, manda, y el que no es funcionario. Sin informes de viabilidad, al margen del funcionamiento reglado. No iban a permitir que un interventor de mierda les chafase el montaje. En vez de crear empleo se dedicaban a prejubilar gente mandándoles el sueldo a casa, para que no armasen lío y estuviesen contentos con el régimen. Si había que falsificar los papeles, se falsificaban y a otra cosa. Y de paso metían de matute a dos o tres «criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que estaban desempleadas» y que casualmente eran cargos del Partido Socialista y parientes cercanos. Exalcaldes y exconcejales que no podían dejar tirados para mantener la unidad de la familia. Criaturitas; el mismo término paternal, clientelista, caciquil, que usaba Ruiz de Lopera para referirse a su tropilla de incondicionales. Criaturitas que tenían que proteger por su bien de la arbitrariedad de las leyes, los caprichos de los interventores y demás minucias de gente de mal vivir. Puro peronismo proteccionista, al que sólo le faltaba el tambor y el estribillo: estos socialistas, qué buenos son, que nos arreglan la prejubilación.


ABC - Opinión

Un plan a media luz

Tras recibir el rechazo frontal de los expertos, de la opinión pública y de un importante segmento de la oposición a su decisión de limitar la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora, el Gobierno aprobó ayer un plan de ahorro energético integrado por 20 iniciativas que buscarán reducir en un 5% las importaciones de petróleo. Según avanzaron el vicepresidente Rubalcaba y el ministro Sebastián, la inversión prevista será de 1.151 millones de euros y estará financiado en un 80% por las eléctricas. Con estas actuaciones, que afectarán al transporte, la iluminación y al consumo eléctrico, el Ejecutivo estima un ahorro de 2.300 millones.

La aprobación de este plan tiene su origen en la posibilidad de que la inestable situación que padece el mundo árabe, y que afecta ya de lleno a algunos países productores de petróleo, desencadene problemas de desabastecimiento. Este escenario tendría consecuencias especialmente negativas para un país que, como España, soporta una dependencia energética del 80%. El Gobierno, que en otras ocasiones ha demostrado una falta de reflejos alarmante a la hora de hacer frente a los problemas, hace bien en anticiparse a esta amenaza. Sin embargo, la cuestión es saber si las medidas puestas en marcha constituyen una solución a largo plazo. Y, ciertamente, un análisis en conjunto del plan de ahorro aporta más incógnitas que certidumbres. No cabe duda, por ejemplo, de que la renovación del alumbrado público en los municipios de más de 25.000 habitantes en los próximos cinco años ayudará a rebajar la abultada factura energética que lastra a las administraciones públicas. Del mismo modo, el establecimiento de una línea ICO para empresas de servicios energéticos o la mejora en la eficiencia del transporte de mercancías suponen pequeños pasos en la dirección adecuada. Pero, al mismo tiempo, son medidas a todas luces insuficientes para un país que no necesita parches en su política energética, sino un cambio de modelo. Porque sólo puede calificarse de parche improvisado la decisión de limitar la circulación a 110 km por hora cuando, en realidad, como demuestra un estudio que hoy publica LA RAZÓN, el ahorro es mayor si se circula a 130. En esta misma línea hay que ubicar el plan de ayudas a la compra de neumáticos eficientes, que sólo afectará al 1,3% de las unidades que se venden cada año. Que a última hora se hayan quedado fuera algunas medidas que el propio Gobierno ya había defendido, como limitar el acceso del tráfico al centro de las ciudades o reducir la velocidad en algunas calles de 50 a 30 kilómetros por hora, no hace sino reforzar el aroma efectista que suele acompañar a sus actuaciones. Una constante que se repite con este plan, cuya inversión, de 1.151 millones, sólo generará un ahorro anual de 2.300 millones. La cerrazón del PSOE en materia nuclear impide a España sentar las bases de un modelo energético de futuro que nos equipare con nuestros socios europeos. En lugar de ello, el Gobierno prefiere buscar culpables. Ayer, casi siete años después de llegar al poder, responsabilizó a los gobiernos del PP del atraso energético español.


La Razón - Editorial

Sí podemos ahorrar por ti

Con idéntica argumentación, el Gobierno bien podría restringir el número de desplazamientos internos que cada español efectúa al año o contingentar el número de ciudadanos que pueden tomar un avión.

Muchas de las medidas que componen ese batiburrillo legislativo con el que el Gobierno pretende solucionar un problema energético que en gran medida ha engendrado él solito entran dentro del absurdo de la lógica intervencionista: buscar beneficios aparentes o a muy corto plazo, desatendiendo sus consecuencias a largo plazo o que vayan más allá del ámbito concreto en el que se apliquen.

Por ejemplo, dado que la sabiduría convencional sostiene que demandamos demasiada energía, el Ejecutivo ha optado por renovar todo el alumbrado municipal público colocando bombillas de bajo consumo. La idea podría tener sentido si consistiera en ir sustituyendo el stock actual de bombillas por las nuevas conforme éstas se fueran estropeando. Sin embargo, carece de toda lógica anticipar todo el gasto de su renovación, especialmente apelando al alto precio del petróleo, cuando el crudo apenas representa el 5% de la producción eléctrica española. La medida es pura propaganda cortoplacista con evidentes perjuicios para la hacienda pública.

Pero dejando de lado las medidas disparatadas y otras cuya conveniencia entendemos que podría discutirse, es menester que regresemos a la medida estrella de limitar la velocidad de circulación a 110 Km/h. Muchos han sido quienes han considerado que tan arbitrario es fijar la velocidad máxima en 110 o en 120 Km/h., de modo que nada habría que objetar al cambio. La diferencia, sin embargo, reside en la dispar justificación que se ha ofrecido para ambas limitaciones.


Apelar a una limitación por cuestiones de seguridad sería un asunto a discutir, en la medida en que el Estado es el propietario de las carreteras y autovías. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero ha respaldado la reducción del límite de velocidad en la necesidad de que los ciudadanos ahorren gasolina; esto es, el Ejecutivo pretende decretar cuáles son los fines vitales que cada español debe elegir y qué medios debe alcanzar para ello. Se arroga, de tal modo, señorío sobre nuestra autonomía de la voluntad en unos terrenos en los que, al menos hasta el momento, carecía de él.

Es cada ciudadano quien debe elegir entre pasar unos minutos menos al día conduciendo –actividad que muchos de ellos pueden perfectamente detestar– o ahorrarse unos pocos euros al cabo del año: se trata de una disyuntiva como la que puede enfrentar quien decide ir a cenar todos los fines de semana o pagarse unas buenas vacaciones en agosto. Con idéntica argumentación, el Gobierno bien podría restringir el número de desplazamientos internos que cada español efectúa al año o contingentar el número de ciudadanos que pueden tomar un avión. Si ambas medidas deberían resultar inadmisibles para un liberal, también debería serlo la limitación de la velocidad máxima en autovía so pretexto de promover el ahorro privado de combustible.

La Dirección General de Tráfico, entre compungidos sollozos liberticidas, se quejaba hace años de que, por mucho que le apeteciera, no podía conducir con nosotros. Parece que este Gobierno se ha saltado todas las barreras éticas y ha decidido que sí puede ahorrar por nosotros.


Libertad Digital - Editorial

Apagón en el Gobierno

La crisis en cadena del mundo árabe descubre, nuevamente, la incapacidad del Gobierno para respuestas de alto nivel.

EL incremento del precio del petróleo ha provocado una reacción improvisada del Ejecutivo, que ayer tomó forma legal en varios reales decretos del Consejo de Ministros para el ahorro de energía. La reducción a 110 kilómetros por hora de la velocidad máxima en autovías y autopistas, junto con restricciones del alumbrado público, entre otras medidas, elude el problema de fondo, que no es otro que la ausencia de un modelo de política energética que reduzca la desproporcionada dependencia exterior de España. Si no hay crisis de abastecimiento, como dice el Gobierno, la decisión de gastar más o menos dinero en combustible corresponde a cada ciudadano en función de sus recursos; y si, como declaró Zapatero, la reducción de velocidad salva vidas y contamina menos, no se entiende por qué solo va a durar cuatros meses y no es definitiva. Estas contradicciones sobre las razones últimas de tales decisiones comparten la misma causa que tuvieron otras tantas cometidas por el presidente del Gobierno y sus ministros, esto es, el desplome político del Ejecutivo. Ante el evidente problema de España con su modelo energético, el Gobierno socialista ofrece un debate y unas propuestas de puro remiendo, confundiendo mensajes y equivocando diagnósticos, pasando de largo ante el hecho de que el precio del barril de petróleo, si sigue subiendo, atacará duramente la inflación, con un alza de precios que se suma al incremento del IVA vigente desde el año pasado. Parece que el frente de los precios es el que debería ocupar al Gobierno.

Nuevamente una situación sorpresiva, como la de la crisis en cadena del mundo árabe, descubre la incapacidad del Gobierno para respuestas de alto nivel, tanto en lo económico como en lo diplomático. Superado por las dimensiones de su fracaso, intenta escabullirse de los problemas creando otros nuevos. Y, sin duda, aquella remodelación que debía convertir al Gobierno, con el depósito de ideas agotando la reserva, en una fábrica de propaganda y comunicación imbatible se ha quedado reducida a un coro de solistas desafinados en el que cada uno tiene una opinión distinta sobre la última ocurrencia. El único valor político que conserva el Gobierno es la potestad de su presidente para disolver anticipadamente las Cámaras y convocar elecciones generales, expectativa que genera una coalición de intereses oportunistas con los nacionalismos vasco y catalán, pero que aboca a España a la perpetuación de su crisis, cada día más estructural, cuando las principales economías europeas consolidan su recuperación y agrandan la brecha con nuestro país.


ABC - Editorial