sábado, 26 de marzo de 2011

Libia. Aquí no hay estiércol. Por Maite Nolla

Lo que convirtió en legal esta intervención, lo que evita que te viertan estiércol ante tu sede, fue el consentimiento de los chinos en la ONU. Hasta la ex ministra Trujillo le moja la oreja a cualquiera con este rollo.

Supongo que ustedes no repararon en el detalle de que en el debate del martes pasado, en el que se aprobó de forma casi unánime que España participe de forma entusiasta en la guerra para no se sabe qué en Libia, la que presidió durante un buen rato el asunto fue la vicepresidenta del Congreso, la leridana Tere Cunillera. Y, claro, ver a Rajoy apoyar al Gobierno en este asunto con Tere Cunillera detrás, ha refrescado mis recuerdos y me ha llevado a 2003. Un año políticamente penoso y punto de partida de siete u ocho años que han cambiado España. Sólo con recordar que es entonces cuando se forma el primer tripartit, el del Pacto del Tinell, supongo que hay suficiente. Pero es que el pacto de exclusión política del PP en Cataluña no es más que el fruto de lo que había sucedido en la primavera de ese mismo año; es decir, el resultado de haber creado un estado de miedo y de violencia contra los votantes, militantes y candidatos del PP a cuenta de la guerra en Irak, que si en algún sitio alcanzó la cumbre fue en Cataluña, en general, y en Barcelona, en particular. Y el Pacto del Tinell, aunque fuera un revoltijo de diferentes pretensiones –ninguna buena– se firma pensando que la sociedad catalana ya estaba lo suficientemente madurita como para considerar que la exclusión política de un partido era algo necesario e incluso saludable.

Y claro, cuando sale Rajoy y la que preside el Congreso es Tere Cunillera, diputada por Lérida, ciudad en la que el PP tuvo que soportar que vertieran estiércol en su sede y que desde entonces deban habitar en otro local sin apenas signos externos, como si fueran una gestoría y no un partido político democrático en una democracia, y no aproveche la ocasión para pasar cuentas, da un poco de pena. Y también da pena que nadie en el PP recuerde que la gran baza del Gobierno en el asunto de Libia, que es la supuesta legalidad internacional, depende de la respetable dictadura China. Porque lo que convirtió en legal esta intervención, lo que evita que te viertan estiércol ante tu sede, fue el consentimiento de los chinos en la ONU. Hasta la ex ministra Trujillo le moja la oreja a cualquiera con este rollo.

En el PP son muy libres de mantener el rumbo que les va a llevar al poder total y no inmutarse ya vengan guerras, crisis, faisanes o lo que sea. También son muy libres de hacer como si lo de 2003 no hubiera pasado.


RESTO del ARTICULO

Libertad Digital - Opinión

La trampa. Por César Alonso de los Ríos

ZP no acaba de retirarse y Rajoy sigue a la espera. Entretanto ZP se entrevista con las direcciones de los dos grandes sindicatos para estudiar las exigencias sobre sueldos y productividad que nos exige Merkel; consigue el apoyo casi total del Parlamento para la intervención de España en la guerra de Libia e impone, gracias a la tragedia de Japón, su política energética anti nuclear. ¿Y la crisis económica? ¿Cuándo aparecerá algún signo que permita confiar en la recuperación del empleo? Es el terreno en el que ZP se hunde. Es la razón suficiente para la retirada de este según Rajoy.

Soraya Sáez de Santamaría ridiculiza la actitud de un gobierno que tiene puesto el pinganillo en conexión con Bruselas y no con el PP. Pero ¿acaso el PP le hace alguna propuesta que no sea la de abandonar la Moncloa? Porque Elena Salgado y Sancha hacen a pies juntillas todo lo que les recomienda la UE, medidas brutales para un gobierno socialdemócrata, impropias incluso de alguien que cree en un razonable Estado del Bienestar hasta el punto que por ello recibe todo tipo de plácemes por parte de todos los interesados en la marcha de la Unión Europea, ya se trate de Merkel o de Sarkozy o de Obama...

La dirección del Partido Popular puso sus ilusiones, hace ya dos años, en la renuncia inexcusable de ZP de tal modo que prácticamente durante este tiempo toda su actividad y la de sus comunicadores ha consistido en alimentar esta comidilla. Se han inventado batallas entre los sucesores de ZP, se han hecho apuestas sobre Rubalcaba y Chacón. Incluso últimamente se ha llegado a poner fecha al acto en el que ZP debería anunciar su retirada así como el nombre del «interino». Demasiado. ¿Pudo alguien ser tan iluso como para creer en un invento de este porte? Una vez más los dirigentes del PP han caído como niños en una trampa de ZP. Es indudable que para ellos será el reino de los cielos.


ABC - Opinión

El puto Cuco. Por Alfonso Ussía

Entiendo perfectamente la angustia, la tristeza y el estupor de los padres de Marta del Castillo. La sentencia que condena al canalla de El Cuco nada tiene que ver con la gravedad del crimen. Pero es la sentencia esperada. La crueldad y la frialdad de este grupo de amigos asesinos superan toda imaginación. Se confabularon para confundir a la Policía y a los jueces. Se adiestraron con gélida perversidad para que no fuera encontrado el cuerpo de la desdichada Marta. No se ha podido probar, sin los restos de la joven asesinada –asesinato reconocido por sus autores–, la responsabilidad directa de ese niñato asqueroso. Estamos en un Estado de Derecho y las leyes permiten, de cuando en cuando, trampas tan repugnantes como las de este menor de edad doctorado en salvajadas. «No confiamos en la Justicia de las salas. Sólo podemos esperar la justicia carcelaria», ha declarado el padre derruido, burlado y herido hasta el fin de sus días.

Pero no pueden hundirse los padres de Marta. Todavía no han ganado los criminales. Tienen a toda la sociedad detrás, empujándolos para que no se resignen. Y el puto Cuco no se va a ir de rositas.


Vivir escondido, huido y perseguido no es agradable. Este sinvergüenza tiene contados los días de su tranquilidad, precisamente, los pocos que pasará internado en una prisión para menores hasta que sea puesto en libertad. La libertad, queridos padres de Marta, será para el forajido el principio de su condena. Una condena de por vida. Además, que nadie dotado de tamaña cloaca moral vence sobre sí mismo y se arrepiente. El puto Cuco violará a otra chica de nuevo, y de poder hacerlo, la matará, y ese día la Justicia tendrá que taparse los dos ojos, avergonzada, alcanzada por su propia inefectividad, pero el asesino caerá para siempre. Miles de ojos seguirán sus pasos. Miles de ojos quebrarán su chulería. Miles de ojos estarán pendientes de cuanto haga. Y caerá, queridos padres, abuelo, familiares y amigos de Marta del Castillo. Esa podredumbre humana, ese homínido, contará las horas que le quedan de prisión, no para abrazar la libertad, sino para escapar de ella. ¿Se irá fuera de España con el fin de perderse y esperar el olvido? No habrá olvido. El Cuco no tiene el derecho al olvido. Allá donde vaya, lo estarán vigilando. Lo más probable es que un día, cualquier día entre los próximos años, El Cuco, que es un cobarde, adelantará voluntariamente el fin de sus días para no seguir sufriendo la libertad que los justos disfrutan. Las ratas gustan de las alcantarillas y las cloacas. Odian la luz. Mientras viva encerrado estará en su salsa. En el fondo, la cárcel es la alcantarilla de la sociedad decente. Pero le llegará la luz, y entonces, vosotros, queridos padres de Marta del Castillo, os podréis sentir consolados, porque ese malvado canalla no podrá asumir la libertad que la Justicia, por falta de pruebas, le ha regalado.

Tranquilos y a esperar. No os precipitéis, queridos y admirados padres de Marta, Eva y Antonio. La Fiscalía se propone recurrir. No todo está perdido. Tenéis razón sobrada cuando afirmáis que España se está convirtiendo en una escuela de delincuentes. ¿Cómo no, si durante años el Poder Legislativo ha admitido en su seno a representantes directos del terrorismo? Fuerza y firmeza ante la aflicción, Eva y Antonio. Los canallas que os quitaron, y nos quitaron a Marta, lo pagarán. El puto Cuco incluido. Con o a pesar de la Justicia. Y es de esperar que triunfe la primera opción.


La Razón - Opinión

El dilema del tirano. Por Hermann Tertsch

ENCABEZAMIENTO

Nadie podía pensar que las revoluciones de Túnez y Egipto, en general pacíficas, iban a ser la norma. Regímenes anquilosados pero firmemente arraigados durante muchas décadas, con inmensos intereses creados, multitudes adscritas como beneficiarios privilegiados y usurpación total del estado hasta el punto de convertir el poder en hereditario, no ceden el poder. Cuando lo pierden es porque se lo han arrebatado. Cada caso con sus circunstancias. Ben Alí no quiso lanzar a su ejército contra la población. O no pudo porque quizás sabía que no se acatarían sus órdenes. A Hosni Mubarak en Egipto le pasó algo similar. Aunque sí intentó aplastar violentamente las protestas. En su honor hay que decir que nadie los creyó capaces de llegar tan lejos como ha llegado Gadafi. Quizás habrían osado un «Tiananmen» de haber creído poder reinstaurar el orden y el miedo. Pero nadie imagina a Mubarak bombardeando Alejandría por mantenerse en el cargo.

Otro sátrapa está ya muy cerca de tener que tomar decisiones en uno u otro sentido. Son muchos los que le creen capaz y dispuesto a arrasar sus propias ciudades por preservar la férrea dictadura que heredó de su padre. Es Bashir el Assad. Su padre no dudó en matar en días a 30.000 civiles en Hama en 1982. Para aplacar revueltas menores a las actuales. Bashir es el dictador de la región al que de forma más verosímil se aplica esa presunción de ser menos cruel que su entorno. Algo frecuente en dictaduras. Los comunistas iban al paredón en las grandes purgas convencidos de que los mataban a espaldas del padrecito Stalin. Muchos sirios aún creen que es rehén de la camarilla de su padre. Pero ya da igual que dirija o cabalgue un tigre desbocado. Está en el dilema. Las concesiones pueden ser el fin. La guerra al pueblo también.


ABC - Opinión

Congreso. Un risómetro para el Hemicirco. Por Pablo Molina

Los oradores del Congreso, rollizos mamoncetes de la ubre presupuestaria, no compiten en rigor político o eficacia dialéctica, sino en ver quién provoca las mayores risotadas en su grupo parlamentario respectivo.

Si la actividad de los diputados en las Cortes Generales importara algo a los españoles que pagamos sus sueldos, probablemente hubiéramos asistido ya a alguna cacerolada de impresión en las escalinatas del Congreso en pago a los espectáculos, a cual más lamentable, que se vienen sucediendo en su interior a lo largo de los últimos días.

Con cinco millones de parados, un millón de hogares sin ingresos periódicos, los comedores sociales abarrotados y un Gobierno que colabora con una banda terrorista, los depositarios de la soberanía nacional se limitan a competir entre ellos a ver quién dice la soplapollez más ingeniosa, circunstancia desconocida en los países serios cuyos políticos, aún siendo tan desastrosos como los españoles, cosa improbable, todavía mantienen cierto respeto por los usos democráticos y la inteligencia de los ciudadanos que les votan y les pagan a fin de mes.


En cambio, aquí no se trata de que el Gobierno explique sus decisiones y que la oposición, en el ejercicio de su función democrática, critique las que considere perniciosas y denuncie con rigor las de apariencia delictiva, adoptando de paso las medidas, incluso judiciales, que cada caso exija.

No. Los oradores del Congreso, rollizos mamoncetes de la ubre presupuestaria, no compiten en rigor político o eficacia dialéctica, sino en ver quién provoca las mayores risotadas en su grupo parlamentario respectivo, algo que si fueran medianamente inteligentes deberían cuidarse mucho de llevar a cabo con tal asiduidad, porque el horno ciudadano está cada vez para menos bollos.

Pero ningún razonamiento ético parece hacer mella en la conducta de unos políticos cada vez más prescindibles, que siguen pasándoselo chupi especialmente en las sesiones de control al gobierno, precisamente la más alta función de un parlamento democrático. Sólo falta que José Bono instale un medidor de decibelios para determinar qué orador gana el debate en función del volumen de carcajadas que provoquen sus intervenciones. Un risómetro, vaya, que es lo que se utilizaba antaño en los programas televisivos más chuscos de aspirantes a cómico, para determinar quién era el chistoso más celebrado por el público del plató. Total, puestos a rivalizar haciendo el ridículo, al menos que la competición sea limpia.


Libertad Digital - Opinión

Buenas y malas noticias. Por Ignacio Camacho

El doble discurso socialista sobre Sortu empaña la claridad moral que requiere la derrota del terrorismo.

ES una buena noticia que el Tribunal Supremo haya cortado el paso de Sortu-Batasuna a las instituciones, y es otra buena noticia que el veredicto judicial se haya basado en los alegatos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, respaldadas a su vez en exhaustivos informes de la Guardia Civil y la Policía. Y lo es porque demuestra que el Estado de Derecho no se deja engañar con falsos arrepentimientos de niño malo que quiere postre, porque las víctimas del terrorismo se merecen algo más que vagas promesas de condenas futuras y porque cuando el aparato jurídico y el policial trabajan juntos —al revés que en el caso Faisán, por ejemplo— logran éxitos incontestables que frenan las continuas maniobras del frente proetarra para burlar las barreras de defensa de las instituciones. No es una buena noticia, en cambio, que el fallo se haya producido por una apretada mayoría de nueve a siete magistrados, y que tres de los que se han quedado en minoría hayan anunciado un voto particular de disconformidad que puede servir de base al recurso de los afectados al Tribunal Constitucional. Y no lo es tampoco que el lendakari vasco, Patxi López, se haya apresurado a sugerir que los interesados tienen abierta esa vía de apelación, en una especie de lamento implícito por una sentencia de la que como máximo representante del Estado en Euskadi debería felicitarse.

No es una buena noticia la abierta división de opiniones y criterios que refleja, con claras notas de deliberada ambigüedad, el discurso socialista. No lo es porque empaña la claridad moral que exige el pulso de la democracia contra el terrorismo, único ámbito de nuestra escena pública en que no caben casuismos ni matices. No es en absoluto una buena noticia que personas de intachable trayectoria de resistencia como López o su consejero de Interior, Rodolfo Ares, mimeticen la actitud complaciente y pactista de los Eguiguren o Elorza, porque esa benevolencia hacia la presunta reconversión de los batasunos siembra la confusión en torno al papel del Gobierno vasco en particular, y del PSOE en general, ante la estrategia de camuflaje del conglomerado proetarra. Y permite pensar en un doble lenguaje y en un doble juego en el que mientras el Gobierno de la nación representa —hasta ahora impecablemente— el rol de contención y firmeza que demanda la sociedad española, el del País Vasco tiende amistosos puentes de comprensión hacia la voluntad de los filoterroristas de colarse en las instituciones sin pedir perdón, sin que se disuelva ETA y sin formular rechazo explícito a su largo historial de sufrimiento y de sangre.

Cierto es que en todo este asunto las buenas noticias prevalecen sobre las malas por su carácter decisorio y ejecutivo. Pero el conjunto deja un sabor agridulce que presagia tiempos difíciles y proyecta sobre el futuro inmediato sombras de ambigüedades políticas y claroscuros morales.


ABC - Opinión

Más recetas sin sustancia

Aunque el presidente del Gobierno subrayó la trascendencia del Consejo Europeo que aprobó el Pacto del euro, y en el que los gobiernos anunciaron nuevas medidas contra la crisis, los resultados concretos no permiten ser tan optimistas. En primer lugar, porque los Veintisiete fueron incapaces de sacar adelante piezas esenciales del plan, como el refuerzo del actual mecanismo de rescate y la flexibilidad en su utilización después de que acordaran la creación de un fondo de socorro permanente que entrará en funcionamiento en 2013. Y después, ya en clave doméstica, porque las iniciativas anunciadas por Zapatero son insuficientes para abordar con garantías las carencias estructurales de la economía española. Es positivo, en cambio, que el Gobierno haya logrado que los socios europeos interiorizaran que España no es Portugal, porque carece de nuestra resistencia y capacidad. O que se haya valorado el esfuerzo de España, con notables sacrificios de la sociedad, para alcanzar los compromisos de ajuste fiscal. Ello favorece nuestra credibilidad como país. Todo eso es cierto, pero también lo es que las nuevas propuestas de Zapatero son conocidas y poco prometedoras. El presidente hizo hincapié en las medidas para cumplir con el compromiso del Pacto del euro de mejorar el nivel del empleo.

Entre ellas, el plan contra el trabajo sumergido, la sempiterna apuesta por la formación y la reforma de la negociación colectiva. Precisamente, este Gobierno ha fracasado en su lucha contra el paro por una política laboral parcheada de iniciativas que, siendo positivas en sí mismas, carecían de eficacia por no estar enmarcadas en un plan económico global; el resto de las iniciativas han sido o electorales o cosméticas. La lucha contra la economía sumergida es necesaria, pero no aliviará el drama laboral del país, por más que el Gobierno trate de convencernos de lo contrario. Por otra parte, el presidente se comprometió a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para limitar el gasto estatal y regional vinculándolo al PIB nominal. Será de obligado cumplimiento para el Estado, pero no para las autonomías, con las que el Gobierno intentará consensuar el freno a la desmesura con la ayuda del PP. Estamos ante otra respuesta a Merkel y a los mercados, que habían cuestionado el creciente descontrol de las comunidades.

Es, además, la enésima rectificación de Zapatero, pues él derogó la ley que estuvo vigente con los gobiernos de Aznar y que imponía un techo de gasto y un límite de endeudamiento, y que nos habría evitado hoy un panorama tan sombrío. El control y la exigencia son imprescindibles para una gestión eficaz y solvente. Que el Gobierno no se dote de la capacidad para imponer esas condiciones a las comunidades es un error a la vista del incumplimiento mayoritario del compromiso de estabilidad. España no saldrá adelante sin una política económica compacta que actúe sobre el empleo, la productividad y la competitividad, que agilice el crédito y que se defina por la austeridad en el gasto y en el control del déficit. Sólo así se recuperará la confianza, imprescindible para que la economía funcione.


La Razón - Editorial

Una Europa más unida

Los 27 pactan un gran paquete económico, ensombrecido por la crisis de Portugal

La crisis política y económica de Portugal ha ensombrecido los resultados más que notables de la cumbre de la UE celebrada ayer y anteayer. El paquete de gobernanza económica aprobado supone un indiscutible avance hacia una mayor unión económica. Los 27 ratificaron el fondo de rescate definitivo, que empezará a funcionar ya en 2013, para los países atenazados por la crisis de su deuda soberana, con un volumen suficiente y una flexibilidad mejorada, aunque todavía no óptima: hubiera sido mejor que el fondo pudiera adquirir bonos nacionales en cualesquiera mercados y no solo en el primario.

Junto a ello, y en el envés, la Unión se ha comprometido a un mayor rigor en el camino hacia una convergencia económica real, que no otra cosa son las estrategias de mejora de la competitividad incluidas en el Pacto del Euro; en la política presupuestaria, mediante el incremento de la vigilancia preventiva del semestre europeo y de las sanciones para los incumplidores; y en la imposición de mayor transparencia y dureza para las nuevas pruebas de resistencia de la banca.


Conclusiones tan significativas permitieron a algunos líderes adjetivar los logros de "avance gigantesco" (Sarkozy) o de constituir el verdadero "pilar económico" de la unión económica y monetaria (Durão Barroso). Se comprende que los líderes subrayen sus propios resultados, pero no hay que hipertrofiar el optimismo. Parte de esas medidas llegan con retraso, como es el caso de la formalización del fondo de rescate definitivo. Y en cuanto al interino (de aquí a 2013), parece poco honorable que se haya aplazado hasta junio por culpa de la coyuntura electoral finlandesa. No solo eso: resulta perjudicial, pues los mercados se han estado fijando en ese punto para modular su castigo a Portugal.

La insinuación de que Lisboa está abocada al rescate, realizada por el habitualmente hábil presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, está fuera de lugar. Ni los primeros ministros son analistas, ni tampoco profetas, y frases como la aludida contribuyen a empeorar una situación de por sí difícil, y ya agravada por el cortoplacismo de la oposición interna en Portugal. Fue, en cambio, más que pertinente el apoyo rotundo de la canciller alemana al primer ministro en funciones, José Socrates: quizá si lo hubiera empleado antes para convencer a la oposición portuguesa, no habría que lamentar ahora el endurecimiento del escenario. Por eso también hizo bien el presidente Zapatero al presentar una nueva serie de medidas domésticas: todo esfuerzo por sustraer a España de las tormentas cercanas merece ser endosado.

En el lado político hay que destacar el apoyo de los 27 a los aliados que intervienen en Libia y el endurecimiento de las sanciones al régimen de Gadafi. Pese a los múltiples errores históricos de la Unión en el norte de África, esta situación es sin duda mucho mejor que la que la resquebrajó cuando la guerra de Irak.


El País - Editorial

Cómo descafeinar un pacto ya descafeinado

Zapatero ha presentado en La Moncloa dos medidas que pretenden atacar los grandes problemas de nuestra economía cuando, en realidad, sólo buscan dejar las cosas tan mal como están.

Puede que no haya mejor indicador de la renuencia de este Ejecutivo a adoptar las reformas correctas que esa sucesión interminable de nuevos parches que vienen a corregir otros parches. Si las cosas se hubieran hecho bien desde el comienzo, habría resultado innecesario enmendarlas mes a mes; pero como las cosas se hacen mal de manera deliberada, se vuelve imprescindible ofrecer la apariencia de que nos movemos lentamente hacia delante cuando en muchos casos estamos retrocediendo.

Con tal de hacer valer ese descafeinado Pacto por el Euro que los jefes de Estado y de Gobierno europeos suscribieron hace dos semanas, Zapatero ha presentado hoy en La Moncloa dos medidas que pretenden atacar los grandes problemas de nuestra economía cuando, en realidad, sólo buscan dejar las cosas tan mal como están.


La primera de ellas es ligar la evolución del gasto público al PIB, de modo que si éste cae aquél deba reducirse. La partitura puede sonar bien, pero la interpretación que de ella haga el Ejecutivo es otra cosa muy distinta. Al cabo, si miramos desde otro ángulo la medida, lo que viene a decir es que cuando el PIB suba, habrá que aumentar el gasto. Y si algo ha mostrado esta crisis, es que en los períodos de estancamiento y recesión, la recaudación fiscal se hunde mucho más rápidamente que un volumen de gasto que se ha hipertrofiado y consolidado durante los años de ficticia bonanza.

En estos momentos, el estado de las cuentas públicas, especialmente el de unas autonomías que no están sujetas a esta reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es tan crítico –con alrededor de 100.000 millones de euros de endeudamiento adicional al año– que debemos tratar de dirigirnos lo antes posible hacia un superávit que permita amortizar nuestra deuda. Ése debería ser el auténtico objetivo de la ley: que en todo momento, con independencia de la coyuntura, mantengamos el superávit y no que el Gobierno cumpla con sólo bajar algo el gasto en momentos de crisis.

La otra brillante ocurrencia del Ejecutivo ha sido la de atacar a la economía sumergida. En lugar de plantearse por qué motivos nuestra rigidísima regulación laboral impide que las mismas personas que son capaces de encontrar un empleo de manera informal regularicen su situación, Valeriano Gómez ha optado por amenazar a una de las escasas válvulas de escape que les quedan a nuestros casi cinco millones de parados. En lugar de levantar reglamentaciones absurdas y pauperizadoras, el Gobierno las mantiene y ataca con saña a quien se las salta para tratar de sobrevivir.

En definitiva, dos reformas que sólo servirán para apuntalar la preocupante situación actual, ya sea, en un caso, por claramente insuficiente, ya sea, en el otro, por profundamente desnortada. Zapatero ha conseguido lo que parecía imposible, descafeinar el ya de por sí descafeinado Pacto por el Euro.


Libertad Digital - Editorial

La vida, una causa justa

ABC se une a esta expresión social en defensa de los valores que dignifican la condición humana frente a las ideologías trasnochadas.

LAS calles de Madrid y de otras muchas ciudades españolas serán hoy escenario de una nueva expresión del clamor social en favor del derecho a la vida. Nada menos que 49 asociaciones convocan actos para reivindicar la dignidad de la condición humana, con un criterio apolítico y aconfesional, pero muy firme en cuanto a sus convicciones éticas. El respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte es una exigencia inexcusable que no puede ser desconocida en nombre de ideologías sectarias. Las leyes impulsadas por el laicismo radical permiten el aborto sin límites objetivos durante un amplio periodo y favorecen la eutanasia bajo un eufemismo de «muerte digna» que apenas encubre una tendencia hacia el suicidio asistido. El derecho a la vida está reconocido por el artículo 15 de la Constitución, y la jurisprudencia del TC deja muy claro que la vida del «concebido pero no nacido» es un bien que merece protección jurídica. A su vez, el artículo 10 de la propia Constitución proclama que la dignidad de la persona y sus derechos inviolables son el fundamento del orden jurídico y la paz social. Una política deliberada en contra del reconocimiento de estos derechos supone la búsqueda de una confrontación moral de largo alcance que el Ejecutivo impulsa ya sea por sus objetivos de «ingeniería social» o por hacer guiños a la izquierda radical en busca de votos.

La respuesta de muchos miles de personas demuestra la vitalidad de la sociedad española en favor de una causa justa. Hacen bien los organizadores en desvincular su llamamiento de cualquier enfoque político o incluso religioso, porque se trata de una cuestión de sensibilidad humana hacia un derecho que no puede ser desconocido por las leyes positivas sin grave quebranto de los principios éticos más elementales. Además, las normas aprobadas en esta materia producen efectos irreversibles, con independencia de lo que diga en su día el TC, como ocurre con la ley del Aborto. Una vez más, muchos miles de ciudadanos van a reclamar que los gobernantes atiendan una reivindicación en favor de aquellos que carecen de voz propia. ABC se une a esta expresión social en defensa de los valores que dignifican la condición humana frente a las ideologías trasnochadas que pretenden identificarse con un falso progresismo.

ABC - Editorial