martes, 29 de marzo de 2011

La guerra de los acomplejados. Por Edurne Uriarte

Los mismos argumentos que negaban el derecho de injerencia en Irak se ponen del revés para justificar Libia.

SI Libia es la guerra de los intelectuales progresistas como Irak fue la guerra de los neoconservadores, comparación de Margaret Wente en The Globe and Mail, añadamos que Libia es también la guerra de los acomplejados. Sobre todo en España, donde nos hemos quedado cortos quienes predijimos que Zapatero no usaría una sola vez la palabra guerra. Pues la izquierda, empezando por el Gobierno, no sólo evita la palabra, sino que niega incluso la existencia misma de la guerra.

Lo ha hecho el propio comandante al mando de las operaciones que ha dicho textualmente: «No hay ningún argumento técnico que diga que estamos en guerra». Un bochorno intelectual que tiene, en su caso, la excusa de la obediencia que debe un militar al Gobierno, pero que no la tiene en esa izquierda intelectual que ha planteado sin el más mínimo rubor el debate de si lo de Libia es o no es una guerra. Reflejo de los complejos ideológicos que le supone el apoyo a tal guerra. Consciente como es de que ha aceptado las tesis neoconservadoras sobre el uso de la fuerza militar, incómoda en su coincidencia con los neocon en el apoyo a la intervención en Libia.


E insegura con el diccionario progresista de la guerra elaborado a marchas forzadas para refrendar la guerra de Zapatero y de Obama. Diccionario sin la palabra guerra pero con mucho «multilateralismo» frente al «unilateralismo» de Irak, en la confianza de que nadie se tome la molestia de contar los casi 50 países que apoyaron la guerra de Irak, entre ellos la mayoría de los europeos, frente a los 15 que firmaron el documento de París. Con abundante «apoyo europeo» frente a la «división de Europa» y el «corazón de Europa opuesto a Irak», sin que ahora la oposición de Alemania cuente para el corazón europeo.

Y con la particular reconversión de las palabras «masacres» e «insurgentes». Si una masacre describía en Irak las acciones de los aliados y no las de Sadam Husein, en Libia se refiere a los actos del Ejército de Gadafi, mientras que los insurgentes son ahora los oponentes a Gadafi pero en Irak lo eran los hombres de Sadam, oponentes de los aliados.

Como colofón, la adaptación del derecho de injerencia. Los mismos argumentos que negaban el derecho de injerencia en Irak, no se puede intervenir en todas las dictaduras, es peor la guerra que la represión de Sadam, morirán muchos inocentes, se ponen del revés para justificar Libia. Quizá por eso haya decidido Almudena Grandes eludir Irak y recurrir a Franco, o el derecho de injerencia, de Franco a Gadafi. La comunidad internacional debe apoyar a los rebeldes libios como debió hacerlo a los republicanos españoles, asegura el sí, progresista, a la guerra.


ABC - Opinión

Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta. Por Federico Quevedo

Escribe Alfonso Merlos en su twitter (@alfonsomerlos), con mucha razón, que “en un país serio, con una oposición merecedora de tal nombre, la información de El Mundo habría provocado la caída entera del Gobierno de ZP”. Yo no sé si ustedes han leído lo que ayer relataba nuestra compañera Ángeles Escrivá en el citado diario, pero, francamente, me parece una de las informaciones más graves y de mayor trascendencia que hayamos leído en bastante tiempo, en la medida que pone en evidencia hasta qué punto un Gobierno, en este caso el de Rodríguez Zapatero, ha colaborado con una banda terrorista para buscar unos fines que, a estas alturas, se me antojan imposibles.

En efecto, si algo así hubiera ocurrido en Francia, en Alemania o en Estados Unidos, no duden ustedes de que ninguno de esos gobiernos hubiera resistido el envite de la oposición política y de la presión mediática y social. Pero estamos en España, aquí no solo no dimite nadie sino que encima el principal responsable de una de las mayores vergüenzas de nuestra política antiterrorista, es decir, el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, es el principal candidato a la sucesión de Rodríguez.


Ese mismo Rubalcaba que la noche del 13 de marzo de 2004 decía aquello de que “los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”, frase que ha pasado a la posteridad, pero que a él mismo le va a pesar como una losa, porque hoy esa frase cabe aplicársela sin lugar a dudas al Gobierno de Rodríguez Zapatero y, sobre todo, al ministro del Interior, el hombre que, como dicen algunos “miente con mayor sinceridad”. El Gobierno ha mentido. Rubalcaba ha mentido. Lo sabíamos, pero la constatación de que es así no deja de resultar profundamente decepcionante, sobre todo tratándose de algo tan dramático como es la lucha contra una pandilla de asesinos. Y todavía hoy, estos mismos que eran capaces de sentarse con ETA, de negociar con ETA y de ceder ante ETA, siguen empeñados en darle a ETA una última victoria permitiendo a los terroristas acudir a las urnas el 22 de mayo.
«Algunos dicen que las víctimas no deben tomar parte de estos procesos, porque están demasiado condicionadas. Si no hubiera sido por las víctimas, y por el PP, como bien ponen de manifiesto los negociadores del Gobierno en su diálogo con los terroristas, hoy estaríamos hablando de la derrota de la democracia y del Estado de Derecho frente a ETA.»
Miren, de las actas conocidas ayer hay detalles que repugnan, como ese momento en el que los negociadores gubernamentales se dirigen a los terroristas para explicarles por qué dos meses después del ‘chivatazo’ no han podido evitar las detenciones de Elosua y sus cómplices les dicen que se trata de “un accidente muy grave, un asunto que viene del juez”. Y uno de ellos añade: “No sé qué deciros, cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros lo estéis”.

La derrota del Estado de Derecho

Y eso, según el fiscal general del Estado, no es colaboración con banda armada. No, eso debe ser irse a tomar unos txikitos. Durante semanas, meses y años, Rubalcaba y Rodríguez nos han mentido de manera sistemática. Negociaron con ETA, pactaron con ETA; y estaban dispuestos a llegar hasta donde ETA quisiera con tal de conseguir una victoria que no era sino una derrota del Estado de Derecho y de la Justicia, la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo.

Algunos dicen que las víctimas no deben tomar parte de estos procesos, porque están demasiado condicionadas… Hay que tener poca vergüenza… Si no hubiera sido por las víctimas, y por el Partido Popular, como bien ponen de manifiesto los negociadores del Gobierno en su diálogo con los terroristas, hoy tendríamos que estar hablando ya de la derrota de la democracia y del Estado de Derecho frente a ETA, gracias a un Gobierno que nos ha manipulado y mentido a su antojo para lograr un objetivo político que para Rodríguez era imprescindible ya que su consecución -creía él- le hubiera dado la mayoría absoluta en 2008. Es probable que fuera así, pero a cambio de entregar a ETA casi todo lo que se le había venido negando durante los 30 años anteriores, convirtiendo en polvo el sacrificio de casi mil víctimas de la pandilla de asesinos.

Rubalcaba debe dimitir, y como ayer decía González Pons, cada minuto que pasa sin que lo haga implica un poco más a Rodríguez en el asunto del chivatazo. No es que yo crea que no lo está, porque es seguro que nada de esto se hizo sin el conocimiento del propio presidente, como tampoco se hizo nada de lo que se hizo en tiempos de los GAL sin que González lo conociera, pero la dimisión de Rubalcaba podría rebajar la presión sobre Zapatero como la condena de sus colaboradores rebajó la tensión sobre González. Ahora bien, cada día que pasa sin que el Gobierno asuma sus responsabilidades políticas por este caso, que es uno de los más graves de nuestra corta historia democrática, ésta alcanza más alto. Que un Gobierno colabore con una banda terrorista, sea cual sea el fin último de esa colaboración, solo puede acarrear la dimisión de ese Gobierno, porque aceptar eso sería como aceptar la muerte misma de la Justicia y del Estado de Derecho. Y los españoles no se merecen un Gobierno que actúa al margen de la ley.


El Confidencial - Opinión

Comunión de intereses. Por Hermann Tertsch

Es admirable la empatía que revelan los hombres de Zapatero hacia las inquietudes de los terroristas.

SORPRENDE pero es habitual en las cataduras más torvas. Cuanto más soberbios y arrogantes son frente a los adversarios legítimos, más obsequiosos y serviles en turbios cambalaches clandestinos con socios vergonzantes. Resulta casi conmovedora la angustiosa necesidad de complacer a sus interlocutores que muestran los negociadores del Gobierno de España en la última entrega de la larga historia de la infamia de la negociación con ETA que ayer publicaba «El Mundo». Es admirable la empatía que revelan los hombres de Zapatero hacia las inquietudes de los terroristas. Con una mínima fracción de la misma hacia la oposición, en los últimos siete años, no estaría nuestro país en su actual estado de postración económica y social, crispación política ni deriva cainita.

Pero a cada uno hay que tratarlo como lo que es. Los etarras son unos socios para un proyecto conjunto, a llevar a cabo con discreción y malicia, no vayan a saber los españoles lo que estamos cocinando. «Hemos intentado minimizar ciertos hechos por y para el proceso; lo que perjudica al Gobierno os perjudica también a vosotros y al contrario». Lo que es malo para ETA es malo para Rodríguez Zapatero, le intentan convencer al etarra. Que no se fía mucho. No se le puede reprochar. ¡Menuda tropa! Si engañan así a sus electores y a la población. Si tratan a sus propias leyes y a la opinión pública como obstáculos para su negociado. ¡Cualquiera se fía de sus promesas de impunidad! Pero las hacen con insistencia. «Se les ha comunicado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertztaintza y a la Policía francesa que no hagan detenciones, y ha sido muy difícil pues estas órdenes no se dan por escrito». Ya saben, no se fíen de la Policía. Puede surgir un arrepentido y sacar un papel. Si no lo hay, basta con tacharlo de mentiroso y amenazar con liquidarlo profesionalmente. Alfredo es experto en esto del terror disciplinario en Policía y Guardia Civil. Al fin y al cabo, está para eso. «El Gobierno ha hecho modificaciones con la intención de blindar el proceso: cambios de Gobierno, cambio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional». Es cuando hubo que cargarse a Fungairiño, ya saben, el facha de la silla de ruedas que se empeñaba en derrotarles. En fin, todo por el buen rollo. «El Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura (…) pero el PP ha encontrado su agarradero en jueces y víctimas». Qué remedio, hay que hablar de los enemigos de la paz. «No contábamos con el nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT». «Los jueces se han convertido en un instrumento del PP y hacen cosas que en otra situación no harían». Por eso ETA debe saber que si cree que hay más represión, «de ninguna manera obedece a un plan diseñado por el Gobierno». Hay que recordarles que se les ayuda a ocultar el impuesto revolucionario. «El ministro tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pida». Y no preocuparse, que tenemos el erario público. «Si el problema es el dinero, siempre se podrá arreglar a través de una organización internacional». A cambio, un poco de comprensión para mantener las formas. «El Gobierno, por medio del fiscal ha actuado convenientemente, pero ante los jueces tiene un tope. Con la Policía, antes del juez, el Gobierno puede actuar, pero al revés no». Poco cabe añadir. Esto, señores, no es el protocolo de una colaboración, no. Esto es más. Es comunión de intereses.

ABC - Opinión

Actas de ETA. Un Gobierno de delincuentes y una tibia oposición. Por Guillermo Dupuy

¿Qué hacía Rubalcaba sino perpetrar un delito de encubrimiento cada vez que decía que "al Gobierno no le constan esas cartas de extorsión", aun cuando su existencia había sido reconocida y justificada hasta por la propia ETA en Gara?

Ante las actas de la reunión del 22 de junio de 2006 que mantuvieron los representantes del Gobierno y ETA, cuyo contenido publica el diario El Mundo este lunes, no se me ocurre mejor comentario que el que hiciera nuestro diario 19 días después de que se produjera esa infame reunión, aun sin tener conocimiento de ella, en un editorial que, precisamente, llevaba por título "un pacto entre criminales y mentirosos".

Y es que esas actas, en el fondo, no vienen sino a confirmar lo que desde hacia mucho tiempo era evidente: a saber, que el proceso de paz de Zapatero no se trataba de un error como el que había cometido Aznar y sus antecesores con otros "procesos de paz", sino ante un infame proceso de colaboración con una organización terrorista que, exceptuando Estella o Perpiñán, no tenía precedentes en nuestra historia. Esa infamia era evidente desde antes incluso de empezar oficialmente ese "proceso de paz"; pero por aquel entonces eran muy pocos los medios de comunicación que parecían ser conscientes de la extrema gravedad de lo que estaba pasando. Hasta el diario El Mundo se permitió reprochar editorialmente a Rajoy lo que este, en una buena tarde, le dijo a Zapatero en el debate sobre el Estado de la Nación de mayo de 2005: "usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda".


Ahora esas actas, que El Mundo tiene el acierto de publicar, simplemente confirman que el posterior "chivatazo" a ETA no es más que un capítulo de una historia de infamia que arranca desde mucho tiempo atrás, y en la que, en nombre de una paz envilecida y a las ordenes de un Gobierno aliado con formaciones separatistas, se perpetraron muchos más delitos que el que se cometió en el bar Faisán. En este sentido, ¿nos debemos sorprender ahora de que el Gobierno perpetrara el delito de eludir el deber de detener a delincuentes? Pero, ¿qué hacía Zapatero sino eso cuando, en lugar de dar órdenes de apresar, se dedicaba, por ejemplo, a enviar mensajitos a Josu Ternera a través de Eguiguren? Asimismo, ¿nos debemos sorprender, ahora, cinco años después, de leer que "el ministro tiene un montón de cartas [de extorsión] que no ha hecho públicas"? Pero, ¿qué hacia Rubalcaba sino encubrir ese delito etarra cada vez que decía que "al Gobierno no le constan esas cartas de extorsión", aun cuando su existencia había sido denunciada por sindicatos policiales, por empresarios que habían sido destinatarios de ellas, y hasta por la propia ETA, que los había justificado en Gara por razones de financiación?

Ahora lo que nos debe estremecer –aunque tampoco sea para nada novedosa– es la tibia reacción del principal partido de la oposición ante la confirmación de la infamia perpetrada por este Gobierno felón y delincuente. Sáenz de Santamaria se ha limitado, ante un corrillo de periodistas, a pedir explicaciones genéricas a Rubalcaba, a quien aun le ha concedido el beneficio de la duda. Rajoy ni siquiera ha querido hacer la más mínima declaración. En cuanto a las peticiones de dimisión de Rubalcaba que se han hecho desde el PP, además de vagas y ya conocidas, son improcedentes por cuanto lo que apuntan esas actas no es una responsabilidad política sino una responsabilidad penal del ministro y del Gobierno en ese proceso de colaboración con banda armada.

¿Se quiere acaso desde la dirección del PP pasar página a la "paz sucia" de Zapatero como en parte se hizo con los GAL? En ese caso, ¿cómo es posible que gente que arriesga su vida ante ETA la silencien ahora nauseabundas razones de Estado o cálculos electoralistas que recomiendan un perfil bajo de oposición, centrada exclusivamente en la crisis económica?

Yo no sé a ciencia cierta a qué se debe tan clamorosa falta de ponderación en la reacción del PP ante una asunto de tan extrema gravedad. Lo único que puedo hacer es recordar por enésima vez, y por este mismo asunto, lo que decía Julián Marías para no eludir los extremos cuando es menester: "Una estimación tibia ante lo que merece entusiasmo es un error; un débil desagrado o mohín de displicencia ante lo repugnante es una cobardía".


Libertad Digital - Opinión

El sucesor. Por M. Martín Ferrand

Entender a Rubalcaba como hombre de Estado mejor que como muñidor de partido significa una cierta miopía.

HUBO un tiempo, cuando los trenes no tenían tanta prisa como tienen hoy, en que el ferrocarril asociaba sus encantos a los sabores típicos de cada una de sus estaciones. Entre París y Estambul, a finales del XIX, Wagon-Lits agasajaba a los viajeros del Oriente Express en el restaurante más lujoso del momento, que se lo pregunten a Hércules Poirot. Más modestamente, las estaciones españolas, las paradas de cualquier convoy —ascendente o descendente, según el lenguaje ferroviario— eran coreadas por vendedores que, según los casos, ofrecían «leche de las Navas del Marqués», «mantecados de Astorga» o «pantortillas de Reinosa». En Alcázar de San Juan lo suyo eran las «tortas» que, curiosamente, volvieron a ser notables, lejos de la estación y de su acepción nutricia, este pasado domingo, a mayor gloria aparente de José María Barreda y en propuesta de una opción sucesoria socialista.

Lo que estaba previsto como acto electoral a favor del citado Barreda se convirtió en exaltación de Alfredo Pérez Rubalcaba como sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero. Una auténtica torta —de Alcázar, pero sin huevos, harina ni azúcar— en la mejilla del todavía presidente del Gobierno. José Bono, más entusiasta que nadie, como corresponden a su desmesura, ofrecía al vicepresidente efectivo, cetrero con faisán en vez de halcón, «todo» su apoyo ya que es «un hombre de Estado» con gran «experiencia». Entender a Rubalcaba como hombre de Estado mejor que como muñidor de partido y aparato significa una cierta miopía política; pero, aún así, cabe la proclama como respuesta a Emilio Botín y sus tres acompañantes en el deseo de la perpetuidad de Zapatero.

Zapatero se ha sublimado. Ha pasado del estado sólido al gaseoso y, digan lo que digan sus beneficiados, el PSOE, que es una empresa además de un partido, tiene que cuidar la continuidad en el empleo de quienes han hecho profesión de su militancia. El debate sobre su sucesión, y la sucesión misma, es algo inevitable. Vista la diferencia de talla y peso entre las dos opciones cantadas, Rubalcaba y Carme Chacón, y la entrega alcazareña de Bono, un hipotético tercero en discordia, el también ministro de Interior debiera ofrecerle un homenaje al hombre que, con su vaciedad y contumacia parlamentarias, más ha contribuido a subirle al pedestal de su actual grandeza: Ignacio Gil Lázaro. En política, al margen de los méritos propios, que no suelen ser determinantes, la gloria de un personaje se labra con las torpezas del adversario mejor que con los aciertos de los afines. Sin los miércoles de Gil Lázaro, tonante y hueco, Rubalcaba sería un poquito menos grande.


ABC - Opinión

Actas de ETA. Los intestinos del trato. Por Cristina Losada

Entonces había que creer a los terroristas y los no creyentes eran escoria: mala gente que no deseaba el final de la violencia, ¡que quería que hubiera más muertos! Ahora, sin embargo, los criminales son mentirosos.

Parapetado tras dos principios respetables, que ha incumplido con tesón, el Gobierno quiere sacudirse el enojoso asunto de las actas incautadas a ETA sobre el episodio del Faisán. No es para menos. La exclusiva del diario El Mundo presenta a los enviados de Zapatero tan servil como intensamente dispuestos a contentar a los criminales. De todo les ofrecen a fin de apaciguarlos, igual que los aldeanos atemorizados por monstruos insaciables en fábulas y cuentos, y nunca jamás dicen basta. Ni honor ni orgullo, ya perdidos de antemano al acceder a tal descenso, a ese chalaneo en el que parten humillados tras reconocer que el asesino tiene la sartén por el mango. Aunque en el yermo moral que reflejan los papeles, sobresale el impúdico cinismo de quienes no conocen ley ni justicia que no puedan ser vulneradas y torcidas. Al punto de que cuando, por un mal azar, no es posible alterar su curso, ofrendan cabezas cortadas y enemigos a los que habrá que dar un tajo. Así son los intestinos del trato.

No veracidad, no publicidad. Tras esos burladeros se han refugiado el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, y el Gobierno en pleno, por tanto. No comment, pues, ya que no se puede dar credibilidad a una banda terrorista ni publicidad a sus notas ni comunicados. Qué tardía y oportunamente recuerdan esas elementales normas. Lástima que Zapatero, sus ministros y su partido las violaran una tras otra. Tanta veracidad confirieron a la palabra de la ETA y tanta publicidad le concedieron, que el propio presidente glosó, jubiloso, aquel comunicado de tregua y, con las campanas de la paz, verificó el "alto el fuego" y el engaño a la opinión pública. Entonces, había que creer a los terroristas y los no creyentes eran escoria: mala gente que no deseaba el final de la violencia, ¡que quería que hubiera más muertos! Ahora, sin embargo, los criminales son mentirosos. Claro. Por más que un tópico absurdo predique que "nunca mienten". Pero el atolladero del Gobierno se erige sobre las mentiras propias.

Desde el atentado de la T-4, los socialistas asumieron el papel de una caperucita que se encontró, de repente, sorprendida, con las garras, los dientes y la ferocidad del lobo. Quién nos iba a decir que eran tan malos. Pero su conducta, su decidido asalto al Estado de Derecho en beneficio de la negociación con ETA, desmiente la inocencia. Esas actas publicadas no desmienten, en cambio, los actos y los hechos vergonzosos.


Libertad Digital - Opinión

El cartero del bar Faisán. Por Ignacio Camacho

El caso Faisán es una factura perdida del «proceso de paz» que la justicia ha dejado en el vestíbulo del poder.

EL cartero de la política siempre llama dos veces a la misma puerta. Hay momentos en los que da la impresión de pasar de largo con las facturas del ejercicio del poder pero luego acaba llamando de nuevo para entregarlas a su destinatario. El sumario del bar Faisán es un envío postal perdido que la justicia ha depositado en el vestíbulo de La Moncloa con acuse de recibo; en su interior va la minuta del proceso de negociación con ETA que Zapatero y Rubalcaba habían dejado sin pagar en la primera legislatura.

El diálogo con los terroristas vascos fue el proyecto clave del anterior mandato zapaterista. El presidente salió indemne del fracaso de su apuesta porque la sociedad entendió que estaba decidido a rectificar y le otorgó una amnistía política. Sin embargo, en esos años ocurrieron cosas infames de las que ningún Gobierno se puede ir de rositas, y el chivatazo del Faisán representa el epítome de esos episodios de indignidad. Su explosión judicial puede reventar en plena cuenta atrás de la sucesión de Zapatero y será difícil que el principal candidato al relevo logre escapar de la onda expansiva. Aunque tal vez la cadena de mandos policiales sirva de cortafuegos en la delimitación penal de un delito execrable, unos hechos de esa índole ignominiosa exigen la depuración de responsabilidades en el plano moral y político. El asunto es muy desagradable, profundamente antipático, pero un Estado de Derecho no puede consentir que los representantes del orden público favorezcan por ninguna razón ni por ningún motivo la impunidad de los miembros de una banda armada.


Más allá del soplo a los extorsionadores de empresarios, los detalles conocidos de la negociación con ETA retratan a un Gobierno entregado, dispuesto a cualquier cosa para salvar su errático plan aventurerista. Es cierto que después rectificó pero lo hecho, hecho está, y además la rectificación no fue fruto de la convicción de un error sino del delirio de unos terroristas a los que se les antojaba escasa la humillación que les ofrecía un Estado democrático. Fueron ellos los que echaron por tierra el famoso proceso, en el que Zapatero llegó mucho más lejos de lo que aconsejaba la razón y dictaba la decencia: incluso a seguir hablando con la banda después del atentado de Barajas. Los preocupantes avatares de la crisis económica dejaron esa desgraciada peripecia en estado de aparente prescripción política, pero los posibles delitos que investiga la causa no han prescrito y además tienen la peligrosa propiedad de rescatar la memoria asociada de otras responsabilidades y compromisos.

Eso es lo que está ocurriendo con el caso Faisán, que vuelve del pasado como un fantasma con cuentas pendientes, y no sólo en el ámbito penal. En uno de los momentos más delicados de esta legislatura, Zapatero y su valido se enfrentan a un viscoso debate retroactivo con los más comprometedores demonios de su pretérito imperfecto.


ABC - Opinión

Concierto. El precio de CiU. Por José García Domínguez

Contra lo que quieren creer tantos aprendices de brujo tributario, el imposible concierto catalán no acarrearía privilegio alguno con respecto al sistema vigente, el establecido en la LOFCA. Ni un mísero euro extra. Nada.

Acaso la incapacidad congénita para entablar una mínima, elemental relación de eficiencia con el universo real, sea lo que aboca a los catalanistas a esa querencia tan suya por las quimeras fantasiosas y los delirios lisérgicos. Si bien se mira, les ocurre como a los firmantes de aquel célebre manifiesto insurreccional peruano que daba comienzo con la siguiente confesión de parte: "Estamos contra todas las leyes, empezando por la de la gravedad". Así Artur Mas, que se ha plantado en Madrit al objeto de anunciar a diestra y siniestra la nueva tarifa de los servicios parlamentarios de CiU a partir de 2012. Léase el concierto económico. He ahí, entonces, la enésima afrenta mítica que les permitirá seguir alargando hasta el infinito la tensión escénica con el taimado Estat espanyol, artero inductor de los males todos que padece la virginal cenicienta que responde por Cataluña.

Pues, al fin acampado extramuros de la semántica constitucional, el Muy Honorable finge desconocer el artículo 157.3 de la Carta Magna, ése que ordena de modo expreso, taxativo e indubitado que habrá de ser una ley orgánica quien determine la financiación de todas las comunidades autónomas de régimen común. Una ley orgánica, no la soberana y caprichosa voluntad solipsista de la Generalidad. Por cierto, fiebre imperial, ésa en la que ha vuelto a recaer Mas, cuya primera cura terapéutica corrió a cargo del Tribunal Constitucional, sentencia del Estatut mediante.

Al respecto, no otro era el propósito de injertar en el articulado los ignotos "derechos históricos" de la feligresía local: alumbrar con fórceps un nuevo arcaísmo fiscal, a imagen y semejanza de la impostura histórica que rige en el País Vasco y Navarra. Aunque, contra lo que quieren creer tantos aprendices de brujo tributario, el imposible concierto catalán no acarrearía privilegio alguno con respecto al sistema vigente, el establecido en la LOFCA. Ni un mísero euro extra. Nada. Razón de que únicamente la tan grosera como sistemática falsificación de las cifras del cupo permita que continúe en cartel el tocomocho impositivo euskaldún, esa chusca comedia de costumbres. Muy burdo engaño contable que, huelga decirlo, requiere del preceptivo chantaje político al Gobierno de turno para que el timo de la estampita foral devenga eficaz, año tras año. Y en esto llegó Artur.


Libertad Digital - Opinión

El inquietante futuro de Cataluña. Por Manuel Ramírez

«La Constitución hay que concebirla como un todo. Lo contrario bien puede quedar en algo parecido a una Guía de Ferrocarriles»

TENEMOS presente que, de entrada, habrá dos sectores, en Cataluña y fuera de ella, para quienes el título de estas líneas no ocasione ningún tipo de inquietud. En primer lugar, aquellos para quienes el citado futuro está bien claro: se está en el camino de la próxima obtención de la independencia. A fin de cuentas, al terminar el presidente Mas su discurso de toma de posesión y asomarse al balcón para saludar, las personas allí concentradas lo que hacían era gritar ¡independencia, independencia! A fin de cuentas, un sector de la opinión pública, sobre todo de jóvenes. Y, en segundo lugar, aquellos otros para quienes creen que se trata de mera campaña electoral y que todo se quedará en palabras que en nada se plasmarán. Por ello, para este segundo sector tampoco hay nada de inquietud: a la postre, no pasará nada.

Pero, a mi entender, tanto lo aparecido en la última campaña electoral, cuanto en posteriores declaraciones y discursos, sí arroja un cúmulo de factores que siembran dudas harto preocupantes. En el terreno puramente electoral, creo que puede mirarse de soslayo un resultado en el que el partido de Laporta, preconizando una consulta inmediata sobre la independencia, haya obtenido nada menos que cuatro escaños en el Parlamento catalán. Así. De inmediato y sin esperar más. Diga lo que diga el Estado central y la vigente Constitución. Y se retoma la para mí dudosa afirmación de que en nuestra democracia todo es posible y todo tiene cabida salvo el empleo de la violencia. Por supuesto, mi discrepancia al respecto, según se expondrá más adelante.


Sin embargo, quizá resulten más preocupantes las afirmaciones del presidente Mas. Anuncia en su discurso de posesión su decidida intención de «construir la nación de Cataluña», mediante, tras la ruptura «entre Cataluña y el Estado», iniciar una «transición catalana» con base en el derecho a decidir. Y añade: «Si Cataluña es una nación, y lo será mientras los catalanes lo quieran, y no es simplemente una derivación o un subproducto constitucional, los catalanes tenemos el derecho democrático a decidir sobre lo que nos conviene como pueblo». En la frase asoma ya algo que se sabía: la desconsideración de lo constitucional, actitud no exclusiva del presidente Mas. Esta pretensión resulta especialmente inquietante por tres importantes razones. Ante todo, su carácter claramente anticonstitucional. El art. 2º de nuestra actual Ley de Leyes, aprobada en su día por todo el pueblo español, lo establece sin lugar a dudas: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Obsérvese que esa unidad indivisible es algo previo a la misma Constitución, dado que ésta «se fundamenta» en lo anterior a ella. En segundo lugar, esta afirmación o similar se encuentra ya en el primero de nuestros textos constitucionales y desde entonces se ha mantenido inalterable, pese a los cambios de régimen político de nuestra historia política. Nada menos que la Constitución de 1812 establece ya este principio en su art. 3º: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». Al llegar a nuestro actual Estado de las Autonomías, se delegan competencias concretas, pero, como es lógico, nunca el principio de esa unidad de la Nación. Ningún órgano o parlamento autonómico, regional o local puede aprobar leyes ni acuerdos que vayan en detrimento de la unidad de la Nación soberana. Ya el mismo Bodino puso especial énfasis en el

carácter indivisible de la soberanía. Y, en tercer lugar, el supuesto básico de la unidad de la nación española se encuentra mucho antes de cualquier texto constitucional. Es una conquista histórica que nuestra patria hereda tras largos tiempos de Reconquista y mediante la unión que protagonizan los Reyes Católicos. Y ahora, una «transición catalana» para construir una nueva nación. ¿Alguien se puede imaginar que cualquier jefe de Gobierno del Estado, al tomar posesión dijera sin recato que venía a «construir la tercer República Española? Pues algo así es lo que hemos tenido que oír y sin que nadie diga nada, claro. El consuelo queda en el hecho de que en la misma Constitución se establecen los resortes para que no se pueda romper la indisoluble unidad de la Nación española, como única Nación.

Pero hay mucho más. En el acontecer de estos últimos meses, los hechos y no ya las palabras, siembran niveles mayores de inquietud. Pujol ataca frontalmente al Tribunal Constitucional. El desprestigio de esta instancia máxima aflora por doquier. ¡Hasta una multitudinaria manifestación «espontánea» grita contra la sentencia que dicho Tribunal logra aprobar sobre el nuevo Estatuto Catalán, negando la validez del término Nación para Cataluña! Da igual. No se le hace caso y en paz. Tampoco se cumplen las sentencias del Tribunal Supremo sobre materia educativa en Cataluña. El ahora presidente Mas hace caso omiso, junto al sorprendente aliado PSC, de la obligación de «introducir» el castellano en la Escuela. Y no conforme con ello, propone limitar las plazas de estudiantes no catalanes en las Facultades de Medicina mediante «pruebas adicionales», algo que rompe cualquier declaración de igualdad establecido también en la Constitución. Y esconden la inquietud cuando, con palabras, gritos y silbidos se recibe al Rey, quien es precisamente símbolo de la unidad del Estado (art. 56 de la Constitución), cuando aparecen agencias o embajadas de Cataluña en el extranjero, siendo la política exterior competencia estatal o, en fin y por cerrar de algún modo este triste repertorio, cuando ante cualquier acontecimiento con relieve informativo permanecen pancartas, por nadie molestadas, en las que se lee lo de que Cataluña «is not Spain» ¿Es que nada de todo esto produce algún grajo de inquietud? ¿Tampoco la quema de banderas de España ante la impasividad general? Un único punto para la esperanza: las declaraciones de Ciudadans hablando de lo peligroso del nacionalismo y rechazando el peligro de un nuevo Kosovo. O, desde algo más lejos, la rotunda afirmación de Vargas Llosa: «Los nacionalismos periféricos son una constante amenaza a la convivencia».

Llegados a este punto, puede surgir la duda, antes señalada, de si todos estos desatinos no están amparados por el art. 20 de la Constitución que reconoce la libertad de expresión. Mi respuesta es claramente negativa. Todos los derechos tienen un límite. Y, en el caso de este artículo, se establece como límite, entre otros y «especialmente», el derecho al honor de los demás. Por «lo demás», ¿no puede entenderse el resto de los españoles y de no pocos catalanes? Pero hay más. En el art. 9 es posible leer que «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Sí: todos los ciudadanos y mucho más aquellos en los que la condición de ciudadano se una con la de poder público. Y nuestro argumento bien puede rematarse con el hermoso comienzo del art. 30 (por lo demás heredado nada menos que del famoso deber de «amar a la patria» que establecía nuestra primera Constitución de 1812) en el que se dice que «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Y es que la Constitución hay que concebirla como un todo. Lo contrario bien puede quedar en algo parecido a una Guía de Ferrocarriles. ¿Solución? Ninguna, afirmaba Azaña durante la guerra civil, tras denunciar el escaso apoyo que Cataluña prestaba a la República de todos, y se tuviera el régimen que el país tuviera. Y, con algo de más optimismo, de «conllevar» había hablado Ortega cuando el 13 de mayo de 1932 toma la palabra en el debate sobre el Estatuto de Cataluña: hay dos posturas irreconciliables y por ello no cabe una solución total. Lo correcto es conllevar, acoplando el tema a las circunstancias de cada momento. Puede que el siempre maestro llevara razón. Pero si así fuera, lo que no es posible negar es el enorme grado de autonomía que la Comunidad autónoma de Cataluña posee en nuestros días. ¿Ampliable? Es posible. Pero, por supuesto, sin dañar al todo que es la Nación española, alejando cualquier asomo de inquietud.


Manuel Ramírez es Catedrático de Derecho Político.

ABC - Opinión

Confianza en las pymes

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha tenido el acierto de reunirse con más de cien empresarios de pymes, la mayoría jóvenes con gran proyección de futuro. Lejos de ser un encuentro de trámite, el líder de los populares les ha anunciado la Ley de Emprendedores –que será presentada próximamente–, un paquete de medidas para reactivar a esta parte esencial del tejido económico que nadie ignora que ha sido uno de los más castigados por la crisis, ya que, desde el inicio de la crisis, según los datos de la Cepyme se han perdido 276.000 autónomos y 185.000 empresas. La batería de propuestas incluye la proposición de bonificaciones del 100% en las cuotas que abonan las pymes a la Seguridad Social para contratación de jóvenes durante el primer año. La propuesta es, en su conjunto, de largo recorrido puesto que se podría atajar el principal problema de España: la elevada tasa de paro, que supera ya el 20%. Pero, consciente de que España necesita más pymes para fortalecer la economía –Rajoy dijo que nuestro país necesita al menos un millón más de emprendedores– también anunció medidas concretas tanto para mantener a las ya existentes como para favorecer la creación de nuevas pymes. Para facilitar la financiación de la actividad, la Ley de Emprendedores contempla introducir también bonificaciones de intereses a los préstamos a los emprendedores, pymes y autónomos y potenciar la financiación con avales y microcréditos. En materia de incentivos fiscales, el PP quiere modificar el Impuesto de Sociedades, ya que mediante la reducción de los tipos se potenciará la recuperación de la exención por inversión. También se revisaría el sistema de módulos del IRPF y la reducción del tipo impositivo al ahorro. Sobre el IVA, defendió la aplicación del criterio de caja con el fin de que no se tributen las facturas que aún no se han cobrado. Con esta Ley de Emprendedores, el PP ha demostrado su compromiso y su confianza en que las pymes son el motor de la economía española. Y lo hace con unas propuestas bien articuladas y perfectamente viables sin que tengan ningún aspecto gravoso para nuestra economía. De lo que se trata es de muscular este importante tejido social. Sólo hay que ver sus cifras y volumen de negocio. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2010 había en España 3.283.495 pymes, el 99,88% de las 3.287.374 que conforman el censo. De ellas depende más del 80% de los empleos totales y su actividad representa el 87% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, el actual Gobierno no parece valorar en su justa medida a este sector clave. Todos los intentos de ofrecerles ayudas están siendo baldíos porque difícilmente llegan a concretarse. Mientras, los empresarios de pymes se están asfixiando económicamente ante la dificultad de acceder a los créditos de las entidades financieras. A cambio, el PP ofrece soluciones concretas y tangibles a las pequeñas empresas. Y es que, tanto los responsables de las pymes como el resto de la ciudadanía saben que cuando gobierna el PP se produce una reactivación de los indicadores económicos con la consiguiente creación de puestos de trabajo.

La Razón - Editorial

Al servicio de ETA

Pedir explicaciones a Rubalcaba sobre esas negociaciones es un esfuerzo que no por inútil deba dejar de practicarse, así como exigir su dimisión, otro desempeño tan frustrante como inevitable ante el cariz del caso Faisán.

Las nuevas revelaciones sobre el soplo a ETA en el bar Faisán muestran con toda su crudeza la claudicación del Gobierno y de los aparatos del Estado que controla ante la banda terrorista. En síntesis, las actas que minuciosamente levantaban los negociadores de ETA de sus conversaciones con los interlocutores del Gobierno desvelan un amplio repertorio de concesiones: desde una supuesta orden a las fuerzas de seguridad, tanto españolas como francesas, para que no se produjeran más detenciones hasta la posibilidad de engordar las finanzas etarras al margen del mal llamado impuesto revolucionario, así como las quejas del propio Gobierno sobre las víctimas, algunos jueces, el PP y determinados medios de comunicación o los cambios de ministro y de fiscal como pruebas evidentes de la voluntad gubernativa de superar cualquier obstáculo en la negociación con ETA.

La única reacción del ministro Rubalcaba ha sido el silencio, un espeso mutismo con el que pretende desacreditar la fuente de estas informaciones. Es obvio que ETA carece de toda credibilidad democrática, pero también es obvio que sobre la veracidad de las actas de ETA hay un consenso generalizado en atribuirles características cuasi notariales. Sobre esa premisa, los nuevos datos procedentes de los documentos incautados a la banda describen un contexto en el que todo valía con tal de asegurar el éxito de una negociación que la banda decidió abandonar con la bomba en la T-4 que causó dos víctimas mortales.


Pedir explicaciones a Rubalcaba sobre esas negociaciones es un esfuerzo que no por inútil deba dejar de practicarse, así como exigir su dimisión, otro desempeño tan frustrante como inevitable ante el cariz del caso Faisán y las grotescas y groseras implicaciones del titular del ministerio, de su número dos y de algunos responsables policiales.

No parece factible que el ministro deje de cantar bajo la ducha para cantar ante un juez, pero eso no debería ser óbice para que el jefe de la oposición le dedicara algo más que una pregunta de rigor en la próxima sesión de control. Los últimos datos sobre esa negociación con ETA deberían provocar en el PP una seria reflexión sobre el apoyo que Rajoy presta al Gobierno en materia antiterrorista. No se trata de romper ningún consenso entre otras razones porque el propio Rubalcaba y los enviados gubernativos hacen befa y mofa del Pacto Antiterrorista, sino de ejercer la oposición con la contundencia necesaria para que, al menos, Rubalcaba no se crea que está por encima del bien y del mal, que no le afectan los supuestos delictivos que se infieren de lo acontecido en el bar Faisán y en los contactos con la banda armada.


Libertad Digital - Editorial

El Gobierno que no iba a mentir

Ya es hora de que el Gobierno se sincere ante este escándalo que tiene comprometidos a posibles responsables políticos del «Caso Faisán»

EL levantamiento del secreto de otra parte del sumario del «Faisán» viene a consolidar, ya con imágenes, la gravedad del caso: un funcionario del Ministerio del Interior, que ya dirigía Pérez Rubalcaba, entrando hasta tres veces en ese bar de Irún a la misma hora en la que se alertaba al propietario del establecimiento (un sujeto conocido como facilitador del pago de la extorsión a los etarras) de que se preparaba una redada policial al otro lado de la frontera. No es sencillo imaginar a un inspector de Policía abortando por su cuenta una operación antiterrorista, a sabiendas, además, de que había cámaras grabando todo. Es más sencillo adivinarlo cumpliendo una orden.

El «caso Faisán», por tanto, ya tiene un soporte visual que hará difícil que el Ejecutivo persevere en la ocultación del asunto. Ahora más que nunca es necesario que se sepa la verdad. Y la verdad debe tener nombres y apellidos, para que la Justicia, las Cortes y los ciudadanos puedan depurar las responsabilidades que corresponda. ¿Aceptaría el Gobierno una comisión de investigación? La parodia de control político que protagoniza Rubalcaba los miércoles en el Congreso —con sus chistes y canturreos para eludir las preguntas de la oposición— ha quedado reducida al ridículo por el cúmulo de datos que tiene la investigación judicial, apoyada además en las actas del anterior proceso de negociación con ETA.


Porque si ha habido un Gobierno y un partido que han dado veracidad a los documentos etarras son el de Zapatero y el PSOE. La negociación entre socialistas vascos y Batasuna entre 2002 y 2005, y la del Gobierno con ETA entre 2005 y 2007, demuestran esa carta de interlocutores fiables que recibieron los terroristas. Por eso, no basta con que el Ejecutivo apele a la desconfianza hacia ETA para negar la autenticidad de las actas que recogen una reunión entre los negociadores de Zapatero y de la banda, donde se explica el acto deliberado del Gobierno para sabotear la operación del «Faisán». Durante la negociación política entre 2005 y 2007, en la que se engañó al PP y a las víctimas y su usó ad nauseama la Fiscalía, la opinión pública tuvo más conocimiento del desarrollo del infausto «proceso de paz» por los comunicados de ETA que por el Gobierno de la Nación. De nuevo, los ciudadanos están en el trance de saber la verdad de uno de los mayores escándalos de la democracia en versión de los terroristas, en vez de tener ese Gobierno transparente que siempre iba a decir a la verdad.

ABC - Editorial