miércoles, 30 de marzo de 2011

Faisán. Por Alfonso Ussía

Se habla y se discute del problema sucesorio en la cúpula del PSOE. Se habla y se discute de los tiempos previstos y los momentos oportunos. Pudiera darse el caso de que los planes se derrumbaran por completo si se confirma la verdad de las actas etarras de la negociación. El faisán, a punto de ser abatido. Sistema democrático y Estado de Derecho son sinónimos. Independencia de los tres Poderes, con mayúscula. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por las actas etarras –hora es, por su bien y el nuestro, que el Gobierno haga pública las suyas–, el Poder Ejecutivo ha ayudado, a espaldas de la sociedad, al poder terrorista, aún después del atentado de la T-4 de Madrid. Según las actas etarras –hora es, por su bien y el nuestro que el Gobierno nos muestre las suyas–, el Poder Ejecutivo ha invadido sin sobresaltos ni prudencias los espacios reservados al Poder Judicial.

No sólo se trata de la repugnante gravedad que se reúne en un Gobierno que ha podido colaborar con la ETA. Se trata de un atentado contra el sistema democrático, al intentar convertir al Poder Judicial en un títere del Poder Ejecutivo. No es fácil, como recogen las actas, porque siempre existirán jueces honestos y decididos dispuestos a mantener intacta la independencia de la justicia. El antiguo Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional no ha tenido reparos en ser claro y contundente: «Fui cesado por exigencias de los terroristas». Hasta aquí podíamos llegar. Un Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional es cesado porque así lo exige una banda terrorista. Se ha confirmado la presencia del comisario Ballesteros en el Bar Faisán el día del soplo. Y se habla de la sucesión, de los tiempos oportunos, de las cajas de ahorro del plutonio del reactor de Fukushima, de la guerra de Libia y del patatal del estadio lituano donde va a jugar la Selección española. Se habla de todo, cuando de confirmarse el contenido de las actas de los terroristas –hora es, por su bien y el de todos los españoles, que el Gobierno las desmienta con las suyas–, nos hallaríamos ante el atentado antidemocrático más grave de nuestros tiempos de libertad. Más aún que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, de tan infausto recuerdo. Un Gobierno pactando con la ETA y avisando a los terroristas de los movimientos policiales que podrían dar lugar a su detención, es decir, un Gobierno que procura la fuga de los asesinos humillando a las Fuerzas de Seguridad del Estado, es un Gobierno que no puede continuar ni un día más con la responsabilidad de gobernar España. Entonces, de confirmarse la veracidad de las actas etarras, ni sucesión, ni tiempo, ni oportunismo ni reforma laboral ni vainas. Ese Gobierno, en una nación normal y democrática, caería por su propio peso de irresponsabilidad en menos de veinticuatro horas.

No confío en algunos jueces y fiscales, pero sí en la Justicia. La independencia de la Justicia personalizada en un juez que no se deja atemorizar ha sido la vía que ha abierto la puerta del escándalo. Eso y, no podemos olvidarlo, la impecable e implacable investigación de un periódico, «El Mundo», que ha suplido la nula investigación oficial. ¿Cómo va a investigar el investigado?

¿Cómo va a pretender que resplandezca la verdad quien no ha hecho otra cosa que mentir? Si el Gobierno de España no demuestra fehacientemente que las actas de la ETA son burdas mentiras –y no parecen tener ese cariz–, la única solución es la disolución inmediata del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. Y todos a la calle. El problema es que más de uno puede terminar en la cárcel.


La Razón - Opinión

ETA. Catarsis. Por Agapito Maestre

Rubalcaba no sólo ha desmentido lo publicado por El País, sino que incluso lo avala al decir: "Hice lo que tenía que hacer" y, precisamente, por eso ETA está acorralada por el Gobierno. ETA está más débil que nunca.

Gobierno y ETA estuvieron negociando, durante dos años, de igual a igual. No es nueva la información. Por el contrario, gracias al esfuerzo y dedicación de la prensa más seria y libre de España, era un secreto a voces que el Gobierno había negociado, cedido, transigido e incluso, presuntamente, colaborado con la banda criminal a través del "chivatazo del Faisán" para que los pistoleros de la banda no fueran detenidos. Entonces, ¿cuál es la novedad sobre esa negociación publicada ayer por El País? Quizá que haya sido publicada por primera vez el acta entera de la negociación. Quizá.

Pero, en mi opinión, lo genuinamente novedoso es que el propio diario de PRISA ofrezca ese acta de ETA. Aparece, sí, toda la información de la negociación por extenso y sin guardarse ningún dato relevante. Es como si este periódico tratase de pasar página sobre un asunto tan escabroso y duro. Se trata de contemplar la "tragedia" de un golpe y salir purificados. El País quiere que su candidato salga fortalecido a través de la katharsis. ¿Conseguirá El País ese objetivo catártico para su candidato? Desearía que fracasará, pero, por desgracia, y sin caer en ningún tipo de derrotismo, posiblemente, logren convencer al respetable de que fue lo mejor que pudieron hacer Zapatero y Rubalcaba. Contarán, sin duda alguna, con el apoyo de la oposición del PP a la "política antiterrorista" del Gobierno, que ha sido, aparte de tibia, muy poco inteligente a la hora de su coordinación con los medios de comunicación más críticos del Gobierno.

Por otro lado, no creo que los medios críticos con el Gobierno puedan hacer frente a los embates que vienen del bloque socialista, es decir, del Gobierno y todos sus medios de comunicación, que sigue funcionando sin fisuras y, sobre todo, alimentando con sus consignas a una población, casi salvaje desde el punto de vista democrático, que no ve mal que se negocie con ETA, si así se acaba con el problema. En fin, con la publicación del acta de ETA, El País entra, definitivamente, en la pelea electoral con una cuestión decisiva que afecta a su candidato, Pérez Rubalcaba, para zanjar el asunto de golpe. De acuerdo, dicen coordinadamente los socialistas y El País, negociamos con ETA, pero gracias a ese trabajo sucio hoy, y esa será una argucia clave de los socialistas en este período, ETA está más débil que nunca. Rubalcaba no sólo ha desmentido lo publicado por El País, sino que incluso lo avala al decir: "Hice lo que tenía que hacer" y, precisamente, por eso ETA está acorralada por el Gobierno. ETA está más débil que nunca.


Libertad Digital - Opinión

Negociación. La pedagogía del cinismo. Por José García Domínguez

El problema no consiste en que España merezca o deja de merecer un Gobierno que mienta. ¿Es España acreedora de otro Ejecutivo que tampoco se atreva a perseguir, procesar, juzgar, condenar e inhabilitar a los perjuros?

Años después lo reveló, divertido, un alto funcionario de la Policía que había participado en aquellas conversaciones de Zurich. Llegado el momento del primer encuentro, quienes allí encarnarían la dignidad del Estado comparecieron, como corresponde, impecablemente vestidos. Frente a ellos, tres gudaris adornados con sendas telas a cuadros de leñador, pantalones de pana con el sello inconfundible de Saldos Arias, y, huelga decirlo, las preceptivas chirucas, tan prácticas en el agro. Únicamente les faltaba un tractor Perkins aparcado a la puerta del hotel. Así, palmario, el contraste entre la elemental tosquedad abertzale y la plástica urbana de los emisarios del Gobierno conmovió, según parece, al vocero de ETA. Al punto de correr a comprarse aquella misma tarde varios trajes y sus respectivas corbatas.

En la segunda ronda, la civilización, aunque solo fuera estética, había ganado su primera escaramuza. Qué distancia infinita con esa promiscuidad ética, formal y retórica, la que certifican las actas del indiscreto grafómano Thierry, ya indistinguibles unos de otros. Tan complacientes, tan colegas, tan refractarios a los fundamentos mismos del Estado de Derecho, tan predispuestos de grado al delito y a la alta traición, diríase que a los emisarios de Zapatero apenas les faltaba un arete en cada oreja y la chupa siempre negra de Otegi. Acaso también el tatuaje de la serpiente en el antebrazo. En el fondo, nada nuevo. De antiguo se propala aquí la pedagogía del cinismo, ese permanente escarnio de las leyes frente al capricho del poder político que, poco a poco, ha carcomido la legitimidad de los cimientos jurídicos del régimen constitucional.

Por algo, su sórdido corolario: el sometimiento del Estado de Derecho a la razón de Estado. Llámese GAL, Mister X o Carlos G., que tanto monta. ¿A qué extrañarse luego de que notorios estafadores y delincuentes comunes anden impartiendo magisterio moral en el foro público? Con lo que los viejos anarquistas llamaban la propaganda por el hecho, la recurrente impunidad de los gobernantes ha precipitado el descrédito del sistema todo. Que de ahí el esperpento. Y es que el problema no consiste en que España merezca o deja de merecer un Gobierno que mienta. ¿Es España acreedora de otro Ejecutivo que tampoco se atreva a perseguir, procesar, juzgar, condenar e inhabilitar a los perjuros? Ésa, don Mariano, es la cuestión.


Libertad Digital - Opinión

Acta final. Por Gabriel Albiac

Una vez más, un poder socialista se puso fuerade la ley y actuósin atenerse a norma.

ES 21 de mayo de 2007. Cinco meses después del atentado en la T4. La delegación de ETA, reunida con la del Gobierno español «en una ciudad europea», plantea su «última propuesta» de abrir «la tercera fase» —la pactada como conclusiva— en la negociación que se abriera el 2005. Fracasa. Extractos de las «actas» de aquello, a lo cual sus protagonistas se referirán elípticamente como «el proceso», serán publicados por Gara un mes más tarde, entre el 21 y el 24 de junio de 2007. De allí las tomé yo, al escribir en 2008 mi libro Contra los políticos. Pero cualquiera pudo consultarlas en estos años sin más que visitar la hemeroteca. Recuerdo cuatro pasajes:

—«El 21 de mayo se celebró la reunión definitiva… Ese día sólo se reunieron las delegaciones de PSOE y Batasuna. La primera rechazó el acuerdo político que se le proponía. Dos días antes, ETA se había comprometido, ante los mediadores internacionales, a desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares, si se lograba un compromiso global y el proceso llegaba hasta el final».


El «compromiso global» se asienta sobre dos cesiones que ETA explicita en su documento:

—«La unidad territorial de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa con un único marco jurídico-político que debe ser refrendado por el pueblo, y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro».

Fija también ETA un procedimiento de reforma constitucional, consensuado con el Gobierno, para conducir sin traumas ese trayecto:

—«Propone que todo se haga partiendo de la legalidad vigente, pero que ésta sea modificada en lo que sea preciso, de modo que no siga suponiendo un límite para la voluntad de la ciudadanía vasca, sino la garantía de su ejercicio».

La propuesta de culminar el camino de dos años era ya irrealizable: los dos cadáveres de Barajas pesaban demasiado. Llegarían tiempos mejores algún día. Es lo que, en su despedida ante los observadores internacionales, formula la delegación de ETA:

—«La organización armada vasca, en concreto, se despidió con el mensaje de que la solución al conflicto vendrá del acuerdo político que no fue posible cerrar el 21 de mayo».

Eso sabemos desde la primavera de 2007. Casi todo. Cuadra con los pasajes nuevos que ahora se hacen públicos de esas mismas «actas». El Gobierno de Zapatero siguió manteniendo conversaciones con ETA tras la T4. El hombre clave de ese juego, a caballo entre legalidad y delito, fue un ministro con larga experiencia en esa variedad de la «razón de Estado» que imperó en los años GAL de Felipe González: Alfredo Pérez Rubalcaba. Dar por toda respuesta que «ETA no es creíble» es tomarnos por idiotas: las actas de ETA no están dirigidas a nadie al cual engañar; son una constancia interna, y engañarse deliberadamente a sí mismo es un oxímoron.

Pero no podemos tampoco sorprendernos ahora. O hacer como que nos sorprendemos. Podemos y debemos confesar que, durante cinco años, nadie se ha atrevido a formular lo que los hechos imponen: que, una vez más, un poder socialista se puso fuera de la ley y actuó sin atenerse a norma. Avisar a los del «Faisán» del riesgo que corrían, les debió parecer una minucia después de todo lo hecho… También Al Capone tenía por minucia no pagar a Hacienda.


ABC - Editorial

Libia...¿y Siria?

Mientras la guerra continúa sobre el terreno, las potencias preparan ya las líneas maestras de la era posgadafista en Libia. La trágica lección de Irak ha acelerado los preparativos para que el presumible desmoronamiento del dictador dé paso a un escenario planificado. Los representantes de unos 40 países y cinco organizaciones internacionales participaron ayer en la conferencia de Londres sobre Libia con el propósito de favorecer una salida política a la actual guerra. Más allá de otras conclusiones tangenciales, hubo consenso en la necesidad de mantener la acción militar hasta que Gadafi deje de atacar a civiles y retire a sus tropas, y también apoyo a la mediación de la ONU entre el régimen y los rebeldes sobre un proceso de transición democrática. El éxito o el fracaso de estas intenciones dependerá de los progresos militares de los sublevados y de hasta qué punto la coalición internacional mantenga el operativo con las limitaciones propias de la resolución de Naciones Unidas o vaya más allá si los sublevados se muestran incapaces de quebrantar la resistencia del dictador. En cualquier caso, el desenlace se presiente complejo y dramático porque los aliados apostaron por una intervención con condicionantes suficientes como para no ser definitiva, entre ellos la no presencia de tropas terrestres. Malo era pasarse, pero también no llegar. El enrocamiento del régimen ante el probable equilibrio de fuerzas podría enquistar un conflicto con incierto epílogo y dificultades para los países participantes. Mientras el foco internacional se sitúa en Libia, los aliados se mantienen ciegos y sordos ante los sucesos de Siria, país clave en una región cuya estabilidad está cogida con alfileres. El guión sirio parece en el origen igual que el de las revueltas sociales en Túnez y Egipto, pero en su desarrollo resulta evidente que Bashar el Asad no está dispuesto a correr la suerte de Ben alí o Mubarak y lo ha demostrado con una brutal represión que ha dejado ya más de 70 muertos, aunque ayer, también en buena medida a semejanza de los otros autócratas de la región con problemas, forzó el relevo del Gobierno, al tiempo que amagó con «anuncios importantes» para el país. La desatención internacional con Siria es imprudente e irresponsable. Ni el régimen de Damasco, ni su historia ni su ubicación geográfica animan a la tranquilidad. Siria no es Túnez ni Egipto ni Yemen ni Bahrein. Hablamos de un país muy hostil con Israel, distante y frío con occidente y que cobija grupos terroristas islamistas. Y de un dictador, heredero del brutal Hafez al Assad, que llegó al poder con la imagen de un tecnócrata reformista y se ha revelado tan duro como su padre. Todo ello sustentado en una estructura férrea de poder controlada por la familia presidencial, que alcanza al Ejército y al temible partido Baaz. No se puede olvidar que Siria es un país técnicamente en guerra con Israel. La creciente inquietud del Estado hebreo por el devenir sirio debería ser también la de las potencias occidentales, que están obligadas a estar en alerta y prevenidas ante un eventual deterioro del delicado equilibrio de una región geoestratégicamente trascendente.

La Razón - Editorial

El País maquilla la infamia

El País trata de encubrir con la "tensión" lo que esas actas vienen a reflejar: que el Gobierno pudo perpetrar, a favor de ETA, numerosos delitos. Todo para intentar contentar a los que no se iban a contentar.

Es lamentable que diversos diarios nacionales hayan ocultado este martes en sus portadas la enorme trascendencia que tienen las actas incautadas a ETA. Peor aún es, sin embargo, que El País haya hecho referencias a ellas, pero no para denunciar sino para maquillar el repugnante grado de degradación moral que alcanzaron los representantes del Gobierno con tal de mantener una falsa pero electoralista paz sobre la base de un mero alto el fuego que había sido previamente pactado con los terroristas a cambio de infames compromisos adquiridos.

Rayando en la complicidad con el Gobierno, la "información" del periódico progubernamental destaca en titulares que "los documentos incautados prueban la tensión de los contactos y que muchas supuestas cesiones del Gobierno no se llevaron a cabo". Reconoce en letra más pequeña que "las actas prueban algunas cesiones que el Gobierno hizo a ETA (supuestas órdenes a la Policia y Guardia Civil para que no hubiera detenciones, dejar en libertad a presos de ETA enfermos, prometer reformas jurídicas para favorecer a reclusos de la banda), aunque en muchas ocasiones esas cesiones no se hicieron o fueron incompletas". Así, pone de surrealista ejemplo de ello que "mientras Thierry escribe que el Gobierno se comprometió a derogar la doctrina Parot, que perjudicaba a presos de ETA, la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en este sentido".


Para empezar, que el Gobierno no cumpliera con todos y cada uno de los infames compromisos con ETA a cambio de su tregua no prueba, en modo alguno, que el Ejecutivo no los hubiera adquirido. Y que el Gobierno, a cambio de una tregua, estaba dispuesto a ofrecer a ETA "una salida a los presos", así como un "cambio del marco juridico-político" del País Vasco, para el que se contaría con la entonces "ilegalizada izquierda abertzale", es algo que las actas de dichas reuniones no vienen más que a confirmar. Si no es cierto ese compromiso, ¿por qué el Gobierno de Zapatero no lo negó tajantemente cuando así lo publicó, precisamente El País el 25 de mayo de 2005, meses antes de que ETA anunciara oficialmente el "alto el fuego" y citando a "fuentes socialistas"? ¿Por qué no negaron los emisarios del Gobierno que éste hubiera adquirido esos y muchos otros infames compromisos en el momento, una vez llegada la tregua, en el que los etarras les reprochaban sus incumplimientos?

Por lo demás, el vergonzoso nivel de detenciones a etarras durante el alto el fuego, al contrario de lo afirma El País, es un hecho que queda demostrado por las propias estadísticas, tal y como denunciaron los sindicatos policiales. Las actas sólo vienen a demostrar que era otro compromiso que el Gobierno intentaba cumplir, pero que no siempre lograba gracias a lo que quedaba de Estado de Derecho en nuestro país.

Lo más vergonzoso, sin embargo, es que El País diga, respecto a la decisiva cuestión de la derogación de la doctrina Parot que "la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en este sentido". Miente El País. La realidad es que el Gobierno, a traves de su servil Fiscalía, se alineó con la defensa de los etarras enjuiciados en contra de esa doctrina desde meses antes del inicio oficial del "proceso de paz". Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo lo impidió.

El periodista de El País comete también el inusitado ejercicio de comparar los acercamientos de presos que hizo Aznar (como también se hizo antes, después y ahora mismo) con los compromisos de impunidad ofrecidos por Zapatero a la banda terrorista. Se silencia así que los compromisos que llevaron a ETA a declarar la tregua del 98 no los adquirió el Gobierno de Aznar, sino los partidos separatistas de Estella a los que luego se sumaría Zapatero invocando la expresión batasuna del "derecho de los pueblos a decidir por sí mismos". Pero lo más grave, al tiempo que inútil, es que se trate de encubrir con la "tensión" de esas reuniones, lo que esas actas vienen a reflejar: que el Gobierno pudo cometer, a favor de una organización terrorista, numerosos delitos tales como colaboración con banda armada,prevaricación, revelación de secretos o incumplimiento del deber de perseguir a delincuentes. Y todo para intentar contentar a los que no se iban a contentar. Como para no estar "tensos".


Libertad Digital - Editorial

La rendición del Estado

La memoria de las víctimas, mil muertos y miles de heridos física y moralmente, no permite dejar pasar este episodio de corrupción institucional como una etapa caduca.

LA revelación de los entresijos de la negociación política entre el Gobierno y ETA demuestra que Rodríguez Zapatero puso en quiebra moral y jurídica al Estado para facilitar un acuerdo con los terroristas. Las actas de las reuniones con los etarras prueban que los representantes gubernamentales atacaron a los jueces que mantenían la lucha antiterrorista, exhibieron como muestra de colaboración los cambios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ofrecieron cambiar la «doctrina Parot» en el Tribunal Constitucional, comprometieron beneficios penitenciarios para De Juana e incluso para delitos de sangre posteriores al atentado de la T-4, confirmaron que habían dado órdenes de no practicar detenciones y lamentaron no haber podido parar finalmente la operación del bar Faisán. Estos «gestos» del Gobierno hacia ETA no eran otra cosa que una estrategia para bloquear la Justicia, y se corresponden con las decisiones tomadas en el curso de la negociación, como la excarcelación vergonzosa de De Juana Chaos, la manipulación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la retirada de acusación contra Otegui por enaltecimiento del terrorismo y el chivatazo a la red de extorsión etarra en el Faisán.

Y el Gobierno no solo torpedeó el Estado de Derecho, utilizando como propaganda aquellos inefables informes policiales de verificación del alto el fuego que presentaba Rubalcaba. Además blindó el proceso con un método de engaño sistemático que le llevó, según las actas de las reuniones con ETA, a ocultar que sabía que los etarras habían robado 350 armas cortas en Vauvert (Francia), en octubre de 2006, y que las cartas de extorsión que seguían recibiendo los empresarios tras la declaración de tregua de 2006 eran auténticas. Las actas revelan además la disposición del Gobierno a facilitar la financiación de ETA a través de organizaciones internacionales, tras el cese de la extorsión, lo que pone de actualidad las sospechas del ex director general de la Policía, Juan Cotino. Hubo, sin duda, una negociación política a fondo, primero entre Jesús Eguiguren y el etarra Josu Ternera, y luego directamente entre el Gobierno y ETA, con la irresponsable decisión de utilizar a gobiernos extranjeros como mediadores en las reuniones, lo que dio a ETA legitimación internacional. Esta sucesión de actos del Gobierno fue mucho más allá que una mera toma de contacto con una banda terrorista en tregua. Ha habido cooperación con ETA, consumada o en grado de tentativa, mediante chivatazos policiales, el ofrecimiento de financiación e impunidad o la instrumentación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Actos de negociación que, como informó ABC en su portada de 24 de junio de 2007, continuaron después de los asesinatos de la T-4 de Barajas, pese a los desmentidos que realizó entonces el Gobierno. Y este dato demuestra la falta de escrúpulos del Ejecutivo para retomar las negociaciones políticas con los que acababan de asesinar en Barajas a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.

Los apologistas del Gobierno dicen que este no cedió a los objetivos de ETA y por eso se rompió el «proceso de paz». No es cierto. La negociación se rompió porque el Gobierno se encontró con la oposición efectiva del PP , la fortaleza moral de las víctimas y la independencia de determinados jueces de la Audiencia Nacional. Para ejecutar el acuerdo con ETA, el Gobierno necesitaba la deslegitimación del PP, a lo que se aplicó desde el comienzo de la legislatura, responsabilizándolo políticamente de los atentados del 11 de marzo de 2004, recuperando la «memoria histórica» antifranquista contra la derecha y creando a su alrededor un «cordón sanitario» antidemocrático. A las víctimas de ETA quiso neutralizarlas promoviendo arteramente la división con las víctimas del 11-M y acallando a los grupos cívicos que habían contribuido a la lucha ideológica contra la banda. Y endosó a los pocos jueces de la Audiencia Nacional que mantenían la lucha contra ETA el estigma de colaboradores del PP.

No hubo mérito alguno en negar a ETA la autodeterminación del País Vasco o la integración de Navarra en él, porque ambos objetivos estaban fuera del alcance del Gobierno. La claudicación de Rodríguez Zapatero ante ETA hay que medirla en función de lo que estaba en su mano dar a los terroristas y realmente les dio. Tan grande es la degradación que revelan estas actas que la responsabilidad del Gobierno no puede saldarse con tres minutos de arenga en una sesión rutinaria de control parlamentario. La memoria de las víctimas no permite dejar pasar este episodio de corrupción institucional como una etapa caduca. No hay precedentes en el mundo democrático de un Gobierno capaz de ofrecer la rendición del Estado a una banda de asesinos. Lo ocurrido coloca al Ejecutivo de Zapatero en el filo mismo del abismo.


ABC - Editorial