jueves, 31 de marzo de 2011

Actas de ETA. El ajedrez de la Paz. Por Cristina Losada

La expectativa de negociar un precio engrasa su maquinaria. Hacerlo, con o sin engañifas, alienta la convicción de que el terror funciona y, entonces, ¿por qué lo van a dejar?

Tranquilícense, todo era un juego. Los negociadores del Gobierno mantuvieron con la ETA una partida de ajedrez con dos clases de piezas, a saber, medias verdades y mentiras completas. Así, por esa esquina lúdica, se evadieron los mensajeros de la Paz de la curiosidad del juez. Y, desde el mismo ángulo, se neutraliza ahora la publicación de las actas que los terroristas hicieron de aquellas sesiones de "a ver quién engaña a quién". En suma: nada de cuanto ponen en boca del trío de ajedrecistas oficiosos iba en serio. A tal aprendiz mayor, o sea, Rodríguez Zapatero, tales aprendices del difunto Bobby Fisher, Karpov y Kasparov. De haber algún cinéfilo entre ellos, igual se identificaría con el caballero que reta a la Muerte al ajedrez para alargar su vida en El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman. Con la partida que abrió el presidente, sin embargo, se alargaba la vida de una banda terrorista.

No conviene desechar la frívola analogía a primera vista. Como ha contado Mikel Buesa, hay una autoría intelectual de la negociación fundada en la teoría de juegos. Aunque la ingeniería social revestida de lenguaje matemático fascinaría a Zapatero en la medida en que se adaptaba a un puñado de prejuicios ideológicos y al interés rastrero. El problema es que nada de eso es aún materia para la arqueología. Y frente a la costumbre de pasar página, tan arraigada en la democracia española, será preciso instaurar el hábito liberal, cívico, de la responsabilidad. Sea política, sea penal. Por mucho que suenen ya la melodía de la salvación por las buenas intenciones, siempre supuestas, y la dulce nana de la unidad; esa que induce al olvido alegando que la división beneficia únicamente al terrorista. ¡Más le benefician las cesiones! Y la mayor de todas consiste en hablar de política con una banda tal. Es eso lo que alarga su vida. La expectativa de negociar un precio engrasa su maquinaria. Hacerlo, con o sin engañifas, alienta la convicción de que el terror funciona y, entonces, ¿por qué lo van a dejar?

Este retorno de un pasado insepulto corre, no obstante, el riesgo de degenerar en un episodio de vuelo bajo y nulo coste. A ello contribuye que el Partido Popular, de natural dispuesto a "mirar al futuro" y más cuando el futuro parece suyo, se incline por reducirlo a una escaramuza contra Rubalcaba, vislumbrando quizás la "sucesión". Pero no es asunto éste para un despliegue de agit-prop de amateur. Ni tampoco para acabar en el juego del gallina.


Libertad Digital - Opinión

El cuervo y el faisán. Por M. Martín Ferrand

Aquí, contra lo acostumbrado en los países auténticamente democráticos, la mentira engrandece al mentiroso.

EL escudo constitucional de España prescindió del águila que adornaba el de los tiempos de Francisco Franco y procedía del de los Reyes Católicos; pero, vista la marcha de los acontecimientos, salvo que nos favorezca una epidemia de sentido común, será inevitable que las plumas vuelvan a nuestra señal heráldica y no tardaremos en ver un faisán en nuestro blasón. Del águila de San Juan al faisán de Alfredo Pérez Rubalcaba tampoco hay muchas distancias, son pájaros de cuenta y conveniencia que se alimentan en la mentira, en el engaño a los demás. Una mala costumbre establecida entre nosotros y natural en una Nación que se enorgullece más de sus pícaros que de sus sabios y en la que la intolerancia, el más frecuente de los excesos colectivos, baja su guardia frente a los mentirosos, incluso si nos engañan y manipulan —nos perjudican— con cargo al Presupuesto. Aquí la sinceridad se entiende como simpleza y el manejo de las medias verdades, mentiras dobles, da carta y prestigio de astuto y sutil. Rubalcaba lo sabe y remonta su experiencia a los días del GAL.

El presidente del Gobierno se ha convertido en un mentiroso compulsivo y sin remedio. Ya, sospecho, no es capaz de distinguir entre cuando nos dice la verdad o nos la falsea y, en concordancia, sus acompañantes en el Ejecutivo mienten con intensidad directamente proporcional a su capacidad de actuación y pensamiento. Es decir, algunos —de Leire Pajín a Valeriano Gómez— ni tan siquiera valen para decirnos lo contrario de lo que piensan o sienten, de lo que saben o intuyen. La suya es la misma razón que convierte en sinceras a las piedras y a buena parte de los vegetales.

El espectáculo que nos ofrece el paisaje político nacional —paisaje con figuras— es penoso. Deprime. El informe que ayer publicaba ABC sobre las mentiras de Zapatero, incontestable, solo podría disminuirse en su efecto demoledor si fuera capaz de provocar una generalizada respuesta ciudadana; pero hemos llegado a un extremo de desgaste representativo y ausencia parlamentaria —¿antidemocrático?— que a muy pocos les importa algo la mentira de quienes, en olvido de la confianza que en ellos tenemos depositada, se afanan en perpetuarse en sus sillones y mantener la grandeza de su sigla de identidad antes que en cumplir con la obligación específica que indica su cargo. Aquí, para nuestra desgracia colectiva y contra lo acostumbrado en los países auténticamente democráticos, la mentira engorda y engrandece al mentiroso. No basta para su repudio colectivo. Es el síndrome demoledor de la esperanza nacional. Podría haber sido peor. Un faisán es más noble que un cuervo.


ABC - Opinión

Actas de ETA. Traición sin consecuencias. Por Francisco José Alcaraz

He denunciado durante años que el arma más poderosa que tiene ETA contra el Gobierno son las actas de la negociación y así queda reflejado con el conocimiento que tenemos de algunas partes de las actas.

Cuando en el verano del 2004 empecé a denunciar el proceso de negociación del Gobierno con la ETA, algunos por incrédulos y otros por descubiertos empezaron a marcar distancias y ponerme en el punto de mira de sus críticas.

Después de la primera manifestación de la rebelión cívica convocada el 22 de enero del 2005 las posiciones empezaron a ser mucho más claras: había que deslegitimar a Alcaraz y para ello recurrieron a la calumnia. Pero hay un momento donde la campaña se recrudece coincidiendo con las elecciones en la AVT del año 2006 y donde se articula, con la complacencia del Ministerio del Interior, el asalto a la AVT utilizando a algunas víctimas del terrorismo que actuaban como punta de lanza del Gobierno.


Como la jugada no les salió bien pasaron a subir el nivel desde periódicos, shows de televisión, radios y revistas afines al poder, y algunas víctimas del terrorismo haciéndole el caldo al Gobierno iniciaron una campaña demoledora no sólo contra mi persona, sino también contra mi esposa.

Pero no era suficiente y encontraron en la asociación ADADE presidida por José Mariano Benítez de Lugo una oportunidad para acallarnos. Interpusieron una querella en la Audiencia Nacional contra mi persona por decir cosas contra el jefe del Ejecutivo como:

"El proyecto de ETA es el proyecto asumido por el Gobierno", "la declaración de tregua del ETA es una declaración consensuada entre el Gobierno y la banda" o "es indignante que encontremos al Gobierno y partidos afines defendiendo a terroristas".

Esa querella fue justamente archivada y El País, de forma abyecta, atacó sin escrúpulos a la sección cuarta de la AN integrada por Fernando Bermúdez, Teresa Palacios y Flor María Sánchez. De haber prosperado aquella querella mi defensa tenía previsto pedir a la Audiencia Nacional las actas de la negociación con ETA, actas que respaldarían todas y cada unas de las denuncias que realicé y que años después habiendo conocido algún dato más creo que aún está más justificadas si cabe.

En multitudes de ocasiones, tanto en entrevistas como en artículos, he denunciado durante años que el arma más poderosa que tiene ETA contra el Gobierno son las actas de la negociación y así queda reflejado con el conocimiento que tenemos de algunas partes de las actas.

Y ahora ¿que pasa? Esa es la gran pregunta y no podemos permitir que la respuesta sea que "no pasa nada", porque en la medida que estos hechos tan graves y bajo mi punto de vista delictivos puedan quedar impunes sin que tenga las consecuencias políticas y penales que merecen, estaremos destruyendo gran parte de nuestra democracia y la libertad estará condicionada a los pactos entre políticos y terroristas.


Libertad Digital - Opinión

Credibilidades. Por Ignacio Camacho

El Gobierno otorgó credibilidad a los terroristas cuando se sentó con ellos en una negociación política.

ESTE Gobierno que niega toda credibilidad a los terroristas de ETA fue el primero en otorgársela cuando se sentó con ellos en una negociación política. Y muy amena, según los indicios. Cuando te sientas con un puñado de asesinos en una mesa formal, rodeado de intermediarios internacionales e intérpretes —de euskera, cabe colegir—, cualquiera pensaría que los tomas en serio. Ellos también lo pensaron, sin duda, al punto de que levantaron unas actas igual que los mediadores redactaron las suyas. Rubalcaba dice que esos papeles no tienen crédito porque los han escrito unos canallas. Puede ser. Pero más que creer o no creer, lo razonable es verificar si lo que dicen es falso o es cierto. Si nadie comprobase nunca las declaraciones de los malhechores, muchos crímenes, incluidos los de ETA, quedarían impunes porque la justicia se basa a menudo en los testimonios de los delincuentes. El caso GAL, sin ir más lejos, se aclaró gracias a la confesión de un rufián con todas las letras, un policía corrupto, un sicario cuya revelación resultó ser cierta. También entonces el portavoz del Gobierno se defendió diciendo que no había que creer a un truhán de esa especie. Y, qué casualidad, ese portavoz era… el mismo Rubalcaba.

En punto a credibilidad, y salvando las amplísimas distancias comparativas, este Gobierno tampoco tiene mucha que digamos. Ha mentido tanto y se ha contradicho tantas veces que resulta imposible encontrarle un discurso coherente. El propio presidente dejó dicho que para él las palabras están al servicio de la política. Es decir, que se utilizan a conveniencia finalista, al margen de su significado y, por supuesto, de su adecuación a la verdad. Verdad, mentira, qué conceptos tan elásticos, tan relativos en boca de un hombre para el que la política es la ultima ratio moral. Maquiavelo era un becario. ¿Tiene credibilidad un político capaz de pasarse un año entero negando una evidencia tan palmaria como la crisis? Si fue capaz de negar eso contra toda razón y toda lógica, ¿por qué no habría de negar una secuencia mucho más secreta y oscura como la de las negociaciones con ETA?

Las palabras al servicio de la política. Pongamos dos palabras, pronunciadas inmediatamente después del atentado de Barajas. Una: el sustantivo «accidente». Dos: el verbo «suspender», empleado respecto al diálogo con los terroristas. Sendos lapsus de un hombre abrumado por la tragedia, cabía pensar. ¿O tal vez se trataba de dos mensajes cifrados que daban a entender que estaba dispuesto a continuar negociando más allá de la línea roja de la tregua?

Conjeturas, sí. Pero conjeturas verosímiles e indicios acumulados que dejan el rastro de una amarga sospecha. Para disiparla no bastan abstractas negativas amparadas en secretos de Estado o epistemologías de cartón. Hacen falta explicaciones. Muchas. Contundentes. Claras. Es el precio que tiene haberse juntado con un hatajo de canallas.


ABC - Opinión

¿Se negoció tras la T-4?

El debate político, ocupado casi en exclusiva por la situación económica y la sucesión de Zapatero, ha dado un giro radical al irrumpir en la Prensa aspectos desconocidos de la fallida negociación entre el Gobierno y ETA. La publicación de unas supuestas actas de las reuniones, incautadas al dirigente terrorista «Thierry», ha causado asombro y sembrado la perplejidad entre los ciudadanos. El contenido de los diálogos, la catadura moral que demuestran algunos negociadores, así como las presuntas cesiones que el Estado estaría dispuesto a hacer a la banda forman un «tótum revolútum» que requiere ser expurgado y valorado en su justa medida. Igual de improcedente es equiparar las «actas» a la fe notarial que despacharlas como «bazofia llena de mentiras». Es cierto que los terroristas, además de asesinar y extorsionar, mienten y difaman para ayudar a sus propósitos. Pero también es verdad que la documentación intervenida estaba destinada al consumo interno, por lo que no necesitaban tegiversar el contenido de los diálogos. En todo caso, la versión de una parte nunca es la verdad completa. Y, por otro lado, debe tenerse en cuenta lo que supone una negociación: un tira y afloja donde cada cual sobreactúa para vender su mercancía o para descalificar al contrario. Que los representantes del Gobierno hicieran promesas imposibles o ilegales no significa que tuviera el ánimo real de concederlas, como fue el caso de la anexión de Navarra. Es deplorable, ciertamente, que los negociadores gubernamentales utilizaran un lenguaje ruin y cobardón, lo que revela que el Gobierno no eligió bien a quienes debían representarle con más dignidad y coraje. Lo más preocupante, sin embargo, no es esa pequeña crónica de infamias que los etarras se regodean en describir para ponerse ellos mismos en valor. No; lo más inquietante son los datos que demostrarían que el Gobierno reanudó la negociación tras el atentado mortal de la T-4. En la memoria de todos están las afirmaciones solemnes de Zapatero y Rubalcaba en los días siguientes a aquella voladura que mató a dos personas de que se ponía «punto y final» a la negociación. De confirmarse la versión etarra, no sólo no se habrían cortado de raíz los contactos, sino que el Gobierno se habría reunido para «retomar el proceso» sólo tres meses después del atentado y habría vuelto a hacerlo más veces en mayo, hasta que la propia ETA decidió romper la baraja. Ni que decir tiene que estamos ante un asunto de la máxima gravedad que exige una explicación detallada, exhaustiva y sin asomo de dudas por parte del ministro del Interior y del presidente del Gobierno. Los ciudadanos tienen derecho a saber si son los terroristas los que mienten y los que se inventan nuevas rondas negociadoras después de que sus gobernantes les garantizaran lo contrario. Como es natural, el beneficio de la duda debe favorecer al Gobierno, pero si éste no demuestra que los terroristas mienten o que los negociadores actuaron por su cuenta y riesgo, todo el peso de la condena recaerá sobre él. Por higiene democrática, por respeto a las víctimas y por dignidad, Zapatero y Rubalcaban tienen la obligación de aclarar este grave episodio en sede parlamentaria sin dilación y sin rodeos.

La Razón - Editorial

A despejar la Z de la colaboración con ETA

La publicación de las actas de las reuniones entre el Gobierno y ETA sólo nos recuerdan que durante la "paz sucia" pudieron perpetrarse por orden del gobierno un número mucho mayor de delitos que los que se cometieron en el Bar Faisán.

"A despejar la X del chivatazo a ETA" fue el título del editorial con el que comentábamos no hace mucho la decisión del juez Ruz de impulsar la investigación del "caso Faisán" bajo la fundada sospecha de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no sólo era responsable político sino también penal de tan infame soplo policial.

Ahora, al hacerse públicas las actas de las reuniones entre el Gobierno y ETA, que nos recuerdan que durante la "paz sucia" pudieron perpetrarse por orden del gobierno un número mucho mayor de delitos, debemos, sin embargo, volver a ampliar nuestro enjuiciamiento periodístico contra todo el mal llamado "proceso de paz" -en realidad, un inmenso proceso de colaboración con una banda terrorista-, del que tampoco puede quedar al margen el presidente del Gobierno.

La multitud de delitos que el Gobierno de Zapatero presuntamente cometió en su abyecta –y contraproducente- forma de apaciguar a los terroristas con el objetivo de anestesiar con los ropajes de la paz a los electores ante sus públicas alianzas con formaciones separatistas, van desde la omisión del deber de impedir delitos y perseguir delincuentes, pasando por el de encubrimiento, financiación ilegal, revelación de secretos o el ya citado, y que engloba a todos, delito de colaboración con banda armada.


Que el Gobierno, por obtener y mantener la tregua de los terroristas, se había comprometido con ETA a tratar de derogar la doctrina Parot como vía, ciertamente eficaz, de cumplir ese genérico pero público compromiso de Zapatero de "dar una salida a los presos", no lo demuestran sólo las actas, sino el hecho, y ahí están las hemerotecas, de que la Fiscalía, con el beneplácito del gobierno, se alineó efectivamente con los abogados defensores de Parot y de otros presos de ETA en su pública pretensión de derogar esa doctrina. Lo que es un hecho es que cuando el Tribunal Supremo se negó a ello, su entonces presidente fue denigrado por el Gobierno y sus aliados nacionalistas, y hasta fue exigida su comparecencia en el Congreso para que diese explicaciones.

Por las actas también sabemos que el representante del gobierno ofreció a los etarras hacerles llegar dinero "por medio de una organización internacional". Pero lo que ya sabíamos desde mucho antes es que el gobierno ocultaba la existencia de las cartas de extorsión que, pese a la tregua, ETA seguía enviando a empresarios vascos y navarros. Y lo sabíamos porque así se lo oímos decir a Rubalcaba, con esas mismas palabras, que "al gobierno no le consta la existencia de estas cartas", aun cuando los destinatarios de las mismas y los sindicatos policiales ya habían denunciado su existencia y hasta la propia ETA la habia justificado públicamente en Gara por razones de financiación.

Por otra parte, y muy relacionado con la financiación de ETA, está la forma con la que el Gobierno de Zapatero propuso durante la tregua a la organización terrorista colarse en las instituciones, gracias a la cual seguiría –como por cierto, sigue teniendo- acceso al dinero público. Había que suprimir la palabra Batasuna de la nueva marca electoral de ETA. La Fiscalía instó la ilegalización del señuelo que constituía Abertzale Sozialisten Batasuna para colar, para desesperación del Supremo, la mas disimulada marca proetarra de ANV.

Por las actas sabemos las palabras con las que los representantes del Gobierno reafirmaban su compromiso de no detener a los etarras, pero la existencia de ese compromiso era evidente desde que se constató estadísticamente el escalofriante descenso de las detenciones durante el tiempo en que duró aquella tregua; Eso, por no hablar de los conocidos y no desmentidos mensajes que el presidente del Gobierno le hacia llegar a través de Eguiguren al más célebre de los terroristas prófugos de ETA como es Josu Ternera. Con esa comunicación, que hacía caso omiso a la vigente orden de detención y captura dictada por el Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno, como máxima autoridad del Estado, fue el primero en incurrir, ¿presuntamente?, en el delito de omisión del deber de detener a los delincuentes tipificado como tal en nuestro ¿vigente? Código Penal.


Libertad Digital - Editorial

La Justicia, rehén del proceso de paz

El Ejecutivo socialista frenó la acción de los Tribunales contra ETA y puso a la Fiscalía al servicio de la negociación con los terroristas.

LOS intentos de ver equivalencias entre la reacción del Gobierno de Aznar ante la tregua etarra de 1998 y la negociación mantenida por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero con ETA son un ejercicio de imaginación calenturienta. Por lo pronto, la tregua de 1998 fue una estrategia concertada de ETA y PNV; la de 2006, de Zapatero con ETA. Y si en algún apartado las diferencias se hacen más nítidas es en el de la relación de uno y otro Gobierno con la Justicia. El Ejecutivo socialista frenó la acción de los Tribunales contra ETA y puso a la Fiscalía al servicio de la negociación política con los terroristas. Lo hizo antes y después del atentado terrorista de la Terminal 4 de Barajas.

Empezó con el cese de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, aun antes de que ETA anunciara oficialmente la tregua el 24 de marzo de 2006. El Gobierno sabía que Fungairiño no iba a prestarse a componendas. En su lugar fue nombrado Javier Zaragoza. Pronto empezaron a notarse los efectos. La Fiscalía dejó de apoyar la imposición de medidas cautelares contra actos de la izquierda proetarra y facilitó actividades políticas de la ilegalizada Batasuna, por ejemplo, en su reunión pública con el Partido Socialista de Euskadi, en julio de 2006. La compenetración de esta nueva Fiscalía con el juez Garzón fue absoluta —descompensando la independencia del Juez Grande-Marlaska y de otros—, alumbrando trampas como el auto de 26 de enero de 2007, que declaraba la impunidad de la «izquierda abertzale», con la consecuencia de que los Otegi, Permach y otros del mismo jaez podían dedicarse impunemente a la política. Así es como el 23 de marzo de 2007 se produjo uno de los hechos más bochornosos de la historia judicial española, con la absolución forzosa de Otegi, pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional declaró que había cometido un delito de enaltecimiento. El fiscal retiró la acusación en el acto del juicio oral. Hubo fiscales que no pasaron por el aro y fueron retirados del caso, como el que se negó a rebajar la pena pedida para De Juana Chaos por un delito de amenazas en octubre de 2006. El mismo De Juana que el 1 de marzo de 2007 fue puesto en libertad, logrando el chantaje que había planteado con su huelga de hambre. No, no todos hicieron lo mismo. Lo que hizo el Gobierno de Zapatero no tiene precedente.


ABC - Editorial