miércoles, 1 de junio de 2011

El retorno de los zombis. Por Gabriel Albiac

El don nadie fue propulsado a presidente. Y ejerció su disparate de siete años.

PASADO ese momento vocinglero del navajazo en la tripa al colega inoportuno —a la colega—, ¿qué paisaje de intereses se abre ante el ejecutor Rubalcaba? Porque no puede decirse que sean claros sus motivos. Ni los de todos aquellos que en él ven salvación aún verosímil: la salvación de un partido que, en tierras más exigentes con sus electos, hubiera sido borrado hace bastante. Porque el saldo de este PSOE, el inventado a golpe de talonario tras la muerte del dictador, es una continuidad de atrocidades. Que culminaron en la locura de un presidente, éste de ahora, para dar cuenta de cuya andanza no hay más léxico funcional que el de los psiquiatras.

Con Zapatero fuera de sus cabales —o actuando como si lo estuviera, que es lo mismo—, Rubalcaba procedió a un asalto bien planificado. Ocupó el hueco. Sin que nadie se lo disputase. Y, más asombrosamente, sin que nadie —digo nadie— pareciera querer preguntarse por qué el presidente del Gobierno había desaparecido desde la primavera del año pasado. Hasta hoy, y a todos los efectos. No hubo una dimisión en el Gobierno. No hubo una resistencia. Parecían aceptar aquello como un accidente meteorológico más o menos desagradable. Hasta el día en que las elecciones del 22 de mayo pusieron en el escaparate lo que no debería haber sorprendido a ninguno: que el partido socialista estaba en saldo. Y que se enfrentaban todos ellos al riesgo más odioso: tener que trabajar para vivir, como el resto de los mortales. Entonces estalló la guerra. Duró sólo un par de días. El dispositivo de control trazado por el ministro del Interior en torno a sus colegas era ya infranqueable. Malos, pero no del todo tontos, optaron por rendirse. Y ofrecer al ganador sus buenos oficios. Blanco ha sido el paradigma, simplemente porque Blanco es la esencia intelectual y moral del socialismo español del siglo veintiuno.


¿Para qué tanto juego de masacre? Porque, en política, nadie despliega una estrategia tan costosa sin el proyecto verosímil de rentabilizarla. A estas alturas del juego, ser candidato electoral del PSOE es ponerse como víctima oblatoria para que la apisonadora de las urnas te pase por encima. La esperanza de ganar es cero. El riesgo de ser triturado, altísimo. ¿Qué puede aguardar un viejo profesional como Rubalcaba de su empeño por capitanear la deriva de su partido hacia el naufragio? ¿Qué pesadas inercias juegan sobre su maestría en sombras y alcantarillas para soñar que el reloj gire a la inversa, hasta aquellos dorados años de la impunidad perfecta, tras cuyo parapeto hizo fortuna el felipismo?

Muy pocos días antes de que un 11 de marzo cambiara irreversiblemente la historia de España, alguien cercano al clan felipista más estricto me explicaba el sacrificio de peón de 2008: Zapatero es un don nadie que durará poco; mejor que se pegue el bofetón electoral él y pague el coste; podremos pasar luego a las cuestiones serias y empezar de nuevo. Se equivocó en los tiempos. El don nadie fue propulsado a presidente. Y ejerció su disparate de siete años. Alguien logró infiltrarle a Rubalcaba. Alguien ha decidido que es la hora de volver a la casilla de salida. Puede que alguien haya olvidado que, en política, no hay tiempos reversibles.


ABC - Opinión

La crisis del pepino: un problema de Alemania que se paga en España. Por Antonio Casado

Como ayer dijimos en Cotizalia, aunque Alemania haya dado marcha atrás el mal ya está hecho. En pérdida de puestos de trabajo y cientos de millones de euros distraídos en la facturación de nuestros excelentes productos agrícolas. España paga la factura de la frivolidad germana. ¿O era algo más que una sobreactuación en nombre de la salud pública? Dicho sea por el estratégico beneficio de esos terceros que tantas ganas le tienen a los pujantes cultivos del sur de España.

La coartada de la “escherichia coli” era poderosa, con dieciséis muertos sobre la mesa y más de trescientos enfermos de gravedad. Pero endosársela a los pepinos españoles con tanta precipitación y con tan escandalosa ignorancia de los protocolos previstos por la normativa europea en este tipo de situaciones, fue una ignominia solo explicable por la enorme distancia que separa a Alemania de España en el cuadro de las relaciones de poder. No hubieran sucedido las cosas de igual modo si la sospecha hubiera recaído sobre productos agrícolas franceses, por ejemplo.

«Lo fácil, lo cómodo, era abrir una irresponsable causa general contra los pepinos españoles para disimular la desidia de las autoridades alemanas ante un serio problema de salud pública.»
Tratándose de España, no valía la pena tomarse la molestia de esperar los resultados de los análisis. No valía la pena concertarse con las autoridades españolas, ni siquiera con las europeas (ay, de nuevo, la inanidad de la Comisión y el descreimiento en el proyecto europeo). No valía la pena escuchar a los expertos, reconstruir los avatares de las partidas de pepinos en sus distintos pasos (producción, carga, transporte, distribución, venta y consumo) o analizar las partidas, una por una, con distintas fechas, con distintas procedencias.

No. Nada de eso. Lo fácil, lo cómodo, era abrir una irresponsable causa general contra los pepinos españoles para disimular la desidia de las autoridades alemanas ante un serio problema de salud pública.

Nuestra debilidad política respecto a Alemania no sólo es achacable a la proverbial arrogancia de los alemanes respecto a los países instalados en la periferia de la recuperación económica. Por supuesto que España y su Gobierno han hecho méritos para merecerlo. Lo cual no ha quedado desmentido durante la crisis del pepino, con una reacción oficial tardía y tibia.

Nadie entiende que a la sobreactuación alemana se respondiera con versallescas alegaciones y un bajo perfil de réplica, tanto por lo que se refiere a los argumentos como por lo que se refiere al rango de las personas encargadas de parar el tremendo golpe a los intereses nacionales. A estas alturas de la historia la visita al sur andaluz del vicepresidente Rubalcaba, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la teórica ministra de Agricultura, Rosa Aguilar, puede paliar de algún modo el hachazo a las cuentas de las grandes cooperativas agrícolas mediante la correspondiente habilitación de ayudas económicas de la Administración, pero el daño, insisto ya está hecho, sobre todo en los intangibles (el golpe a la imagen de España ha sido muy duro), a pesar de que ahora venga la tal Cornelia Storck a decir digo donde dijo diego. Lamentable.


El Confidencial - Opinión

Encuentros en la III fase. Por José maría Carrascal

Si Zapatero nos anunciaba brotes verdes, Rubalcaba nos promete unos encuentros en la tercera fase que no se vislumbran.

«NO ha habido conspiración ni dedazos» declaró rotundo el candidato socialista en las próximas elecciones. ¡Menuda forma de empezar la carrera! Porque hubo, no una, sino dos conspiraciones y dos dedazos. Que se lo pregunten a Carme Chacón. Hubo conspiración de Zapatero para imponerla al candidato previsto y hubo conspiración de los barones socialistas para deshacer tal maniobra. Como hubo dedo del presidente apuntando a su niña favorita y hubo dedazo de la cúpula del partido apuntando a Rubalcaba. Esto, que ha visto todo el mundo y ha denunciado entre pucheros la damnificada, lo niega el interfecto sin inmutarse.

Si su arranque fue malo, la continuación fue peor. Nos habían dicho que iba a exponer su programa de gobierno y nos salió con galimatías de vendedor de feria: «La crisis fue (ese “fue” es impagable) una tormenta perfecta de tres fases. Resistimos la tormenta (nadie lo diría, viendo el panorama económico español) y cuando amaine (¿y si no amaina?) cambiaremos el rumbo (¿por qué no hacerlo ya, vista la situación?)». El resto de su «programa» fue una mezcla de chistera de ilusionista y mesa de trileros: «En esa tercera fase se irá a otro modelo productivo, pues la economía española está entre la primera y la segunda». Escapismo, manipulación, ganas de marear la perdiz. Si Zapatero nos anunciaba unos brotes verdes que nunca llegaron, Rubalcaba nos anuncia unos encuentros en la tercera fase que no se vislumbran por ninguna parte. Y no se vislumbran porque intenta vendernos una cosa y la contraria al mismo tiempo: el cambio y la continuidad. La cuadratura del círculo. «Cuando salgamos de la crisis —y dale con el cuando—, tendremos que cambiar muchas cosas.» ¡Pero, ¡hombre de Dios!, si de lo que se trata es de salir de la crisis, no de lo que hagamos después!, dan ganas de gritarle, a ver si se entera de que es muy posible que no lleguemos a esa famosa tercera fase, si seguimos por el camino que vamos, conducidos por quien «se siente corresponsable de todas las medidas tomadas por Zapatero», la única verdad que dijo.

Sólo le faltó decirnos que mantener la ley del aborto —una de las pocas cosas que especificó— va a crear puestos de trabajo, a no ser pensando en los españoles que dejen de nacer, y a casi tan largo plazo fue su otra apuesta, la educación e investigación, sin acordarse de que esos capítulos se han transferido a las autonomías y, encima, se han recortado sus presupuestos. Si esto es todo lo que Rubalcaba puede ofrecer, hacen bien jóvenes y parados en esperar sentados en sus acampadas. Expuesto, además, sin convicción, decisión ni brillantez. Y es que, metidos en la camelancia, Zapatero lo hace mucho mejor. Ya decían que el terreno de Rubalcaba está tras los bastidores. En la tercera fase, vamos.


ABC - Opinión

Movimiento 15-M. Meditación sobre Sol. Por Agapito Maestre

La ocupación material e ininterrumpida de ese ámbito público por unos cuantos individuos, que incluso reconocen no representarse a sí mismos, tiene que ser vista como una agresión. ¿Qué hacer ante el agresor? Defenderse.

Nunca ha sido fácil hacer un buen uso de las pasiones, especialmente si pertenecen al género de las llamadas pasiones políticas. He ahí el ejemplo de la movida española de los indignados del 15-M, que ha pasado de ser una fuente de inspiración de protesta democrática, sensata y verosímil contra un régimen político mortecino, a una mascarada ideológica para esconder vicios mentales de una vieja y vulgarísima extrema "izquierda" llena de estulticia intelectual. Por fortuna, los mejores que había en Sol ya se marcharon. Sólo queda la espuma. Permanece una pequeña muchedumbre que hace mal, mucho mal, como diría Descartes, por poseer un bien que no merecen.

La indignación, la ira y la rabia son pasiones valiosas en la medida que están fundamentadas sobre una opinión política, sensata y ajustada a la realidad, unos argumentos sólidos, capaces de enfrentarse a la injusticia de modo proporcionado con el mal causado, y un juicio político, basado en el contraste de muchos pareceres. La pasión de la indignación, esa especie de odio o aversión que la naturaleza ha puesto en cada uno de nosotros con mayor o menor abundancia, contra los que hacen algún mal, sea del tipo que sea, desaparece si perdemos de vista al causante concreto de mal. Eso es, exactamente, lo que ha sucedido en la movida de Sol.


Quienes se han plantado en Sol, sin otro "fundamento" que reclamar una justicia universal contra todos los males de la humanidad, son unos impostores, o peor, gente que se autoengaña cobardemente y, sobre todo, son criminales de una de las principales pasiones del ser humano: la indignación, rabia, ira u odio que sentimos por naturaleza contra los que hacen algún mal. Eso es, repito, lo que yo siento ante los concentrados de la Puerta del Sol: indignación. Me siento indignado con ellos porque poseen un bien que no han merecido, a saber, participar en el proceso político de creación de bienes en común sin ninguna limitación, o sea, sin atender que su ocupación de un espacio público era simbólica o se convertía, directamente, en una agresión al resto de ciudadanos que viven en ese lugar.

Mis amigos de Sol, sí, los kiosqueros, los pasteleros, los camareros, los joyeros, los loteros y otros tantos profesionales del sector servicio se sienten maltratados. Los perroflautas han machacado sus negocios. En fin, mientras que la indignación de los comerciantes y ciudadanos de Sol está justificada, entre otras razones, porque el causante del mal está bien delimitado, la indignación de los acampados allí es pura filfa. En efecto, la indignación fundamentada sobre una abstracción, por ejemplo, sobre un sentimiento de injusticia universal, es, en verdad, un engaño. Una manera de asesinar una de las grandes pasiones políticas de todos los tiempos.

Cuando los del 15-M salieron a la calle indignados por la corrupción, o por la falta de representatividad democrática de nuestro sistema político, fueron vistos con simpatías por millones de ciudadanos que compartían esa pasión. La ocupación de un espacio público para convertirlo en un foro político de carácter simbólico fue bien visto por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, la ocupación material e ininterrumpida de ese ámbito público por unos cuantos individuos, que incluso reconocen no representarse a sí mismos, tiene que ser vista como una agresión. ¿Qué hacer ante el agresor? Defenderse. O sea, o Rubalcaba los desaloja o diremos que está colaborando con los delincuentes.


Libertad Digital - Opinión

Matar al loro. Por M. Martín Ferrand

Es urgente matar al loro para que no sea necesario, en aras de su chocolate, bajar las pensiones de los ancianitos.

SEGÚN anuncia UPyD, el partido que lidera Rosa Díez, los cinco concejales de la formación que, encabezados por David Ortega, se disponen a tomar posesión de sus cargos representativos en el Ayuntamiento de Madrid renunciaron a los cinco coches oficiales que, uno por barba, les corresponde como ediles de la ciudad más endeudada de España. Además de celebrar un gesto de valor ético y rareza estética en nuestra despilfarradora vida política, la noticia me ha escandalizado notablemente. ¡Todos los concejales capitalinos tienen coche! Es decir, tienen conductor, o conductores, a su disposición y, sin introducir la amortización del vehículo que les corresponde, ello supone un gasto anual mínimo de 50.000 euros por persona, además de cuantas bicocas y gabelas hayan ido amontonando, con la mandanga bipartidista, a lo largo de los años.

Suele decirse, en un país en el que vale todo y en el que el poder y la oposición alcanzan fácil unanimidad en lo que respecta a sus retribuciones y privilegios, que eso del coche oficial es «el chocolate del loro». Y no lo es. En el orden de los principios, que es lo fundamental en una democracia no paródica, es algo importante. En lo económico, no se trata de nada baladí. En España tenemos hoy en los distintos planos de la Administración pública —nacional, regional, provincial y local— unos 35.000 coches públicos con sus correspondientes conductores, seguros, consumos y mantenimiento. La cifra es imprecisa, y pudiera ser mayor, porque nuestras Administraciones son opacas y no brilla el trabajo de la oposición de turno en cada una de ellas por pretender la transparencia detallada de los gastos; pero podríamos estar hablando de una cifra próxima a los 2.000 millones de euros anuales. En consecuencia, es urgente matar al loro para que no sea necesario, en aras de su chocolate, bajar las pensiones de los ancianitos.

En la medida en que los representantes de los nuevos partidos, como UPyD o FAC, implanten su presencia crítica en los órganos representativos para los que han sido elegidos puede producirse un efecto revulsivo que contribuya, aunque solo sea por el sonrojo de los ya instalados, a sanear viejos esquemas y presupuestos no exigentes con el gasto y, por ello, irrespetuosos con los ciudadanos que los proveen con su esfuerzo fiscal. Cuando los colchones eran de lana, resultaba imprescindible la figura del colchonero que, con una vara doblada en «L», por razones de higiene y de confort, apaleara la lana apelmazada por el uso. Por esa vía los pequeños se harán grandes después de conseguir matar a ese loro devorador de chocolate que tanto nos cuesta.


ABC - Opinión

Pulgas y serpientes. Por Alfonso Ussía

Las pulgas han invadido el campamento de los que no hacen nada. Las serpientes se han adueñado de las tierras vascas. Urkullu, el tiro –nunca mejor escrito–, por la culata. Los acampados en Sol han dejado de interesar. Son los tostones de Sol. Las serpientes se mueven. Ha vuelto el terror y la amenaza a muchas localidades de las provincias vascongadas. Como si en los límites territoriales del País Vasco hubieran abierto centenares de cajones repletos de ofidios. Los responsables de la apertura tienen nombre y apellidos. Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Luis Ignacio Ortega, Pablo Pérez Tremps y Adela Asúa Batarrita. Ocupan un lugar preferente en las páginas negras de nuestra libertad. Quizá les interese conocer a Carlos García, que ocupa un lugar de honor en las páginas heroicas de nuestra convivencia. Carlos García era concejal del Partido Popular en Bilbao. Se presentó en Elorrio, una localidad vizcaina gobernada por ANV hasta el pasado 22 de marzo. Pagó de su bolsillo la campaña electoral, sobreactuada de insultos y amenazas. Quizá les interese a esos seis lamentables personajes saber que los apoderados de «Bildu» mostraban en los colegios electorales fotografías de terroristas etarras estampadas en sus camisetas. Carlos García, con tesón y valentía ha conseguido un acta de concejal de Elorrio. Tiene la llave de la gobernación del áspero municipio. Seis concejales del PNV, seis de «Bildu» y él. Carlos sabe que se juega la vida. Lo ha asumido. Entre serpientes. Las pulgas sólo pican, y gustan de la mugre y la suciedad. Las serpientes han matado a mil inocentes y volverán a hacerlo cuando les llegue el dinero de los municipios y las diputaciones. De ser justos, que no lo son, los seis magistrados del Tribunal Constitucional que han abierto las cajas de las víboras enroscadas en el hacha, harían bien en prescindir cada uno de un escolta y encomendarles la seguridad de Carlos García. Aquí en Madrid, y después del favor concedido, ellos no necesitan que los cuiden. De ello se encargan sus favorecidos. Pero Carlos García, que va a apoyar, aunque no lo merezca, al PNV, y va a alejar de los proetarras la alcaldía de Elorrio, necesitará esos seis escoltas como mínimo para poder desarrollar la labor que sus votantes le han encomendado. Quizá les interese a los magistrados anteriormente relacionados, saber que los votantes del PP y del PSE en muchas localidades vascas no podían elegir libremente su papeleta en el colegio electoral, y tenían que llevarla desde su casa. No creo que les interese conocer a Carlos García, pero podría ofrecerle toda suerte de datos y hechos acontecidos que podrían avergonzarlos. Gracias a esos seis encantadores magistrados, «Bildu» va a controlar los impuestos, las cuentas corrientes y los domicilios de los contribuyentes vascos. Pulgas en Madrid que no pican a Rubalcaba ni a la Delegada del Gobierno y serpientes enroscadas en mil hachas ensangrentadas en el País Vasco. No dejen pasar la ocasión, señores magistrados y llamen a Carlos García. Él les contará con ejemplar sencillez las nefastas y terribles consecuencias de su decisión. Verán a un hombre como la copa de un pino que lucha en soledad por defender la libertad y la democracia en la tierra de los vascos. Resulta emocionante su palabra. Ejemplar. Grandiosa. Ya que no las serpientes, les deseo que al menos, les pique alguna pulga.

La Razón - Opinión

Sinde.Contra Franco vivimos mejor. Por José García Domínguez

Rebajada primero a epíteto y luego a escupitajo, la voz "fascista" ya no remite a significado alguno más allá de su uso balístico en tertulias y circos televisivos. Razón última del afán ministerial por colgarle el mote al difunto.

Parece ser que en la entrada del Diccionario Biográfico Español referida a Franco Bahamonde, Francisco, se ha obviado el pleonasmo de decirle dictador. Asepsia adjetiva que habría provocado el muy airado enfado de la ministra Sinde, acaso presta a recibir las actas de un proceso sumarísimo con la quema en efigie del reo, tal como era costumbre antigua del Santo Oficio. Al respecto, y más allá de la ideología que en puridad nunca tuvo, si algo definió al franquismo fue una mentalidad. Unas actitudes, formas y modos llamados a sobrevivirle largos años, por cierto. De ahí, inconfundible, el eco del célebre "Usted no sabe con quién está hablando" en las palabras de la señora ministra.

Así, a la guionista de Mentiras y gordas le ha faltado tiempo para amonestar a la Real Academia de la Historia. Ocurre que a su conminatorio entender deben ser "revisados" ciertos enunciados "que no se ajustan a la realidad". Al Mando le incomoda el juicio de los historiadores y aconseja sea depurado al dictado de sus precisas indicaciones: franquismo en estado puro. Y duro. Entre esos desajustes presuntos con la realidad figura el aserto de que el de Ferrol "montó un régimen autoritario, pero no totalitario". Una proposición que ha empujado al senador Saura, paleocomunista, a exigir la retirada de los veinticinco primeros tomos de la obra por constituir "una recopilación de ideas que forman parte del pensamiento fascista español".

Eventualidad que casi le invita a uno a hacerse fascista. Aunque solo fuera por el contraste. Y es que todo el pensamiento del mentado Saura cabe holgadamente en veinticinco líneas. Por lo demás, rebajada primero a epíteto y luego a escupitajo, la voz "fascista" no remite a significado alguno más allá de su uso balístico en tertulias y circos televisivos. Razón última del afán ministerial por colgarle el mote al difunto. Pese a que Franco, un franquista convencido, nunca quiso ser cosa distinta. Por algo a Jiménez Caballero, el primer –y tal vez único– fascista que hubo en España, lo largó raudo al Paraguay (para que dejase de marear). En fin, ya en su día advirtió Ennio Flaiano que existen dos clases de fascistas: los fascistas y los antifascistas. Los de don Ernesto y los de Sinde y Saura, que tanto montan.


Libertad Digital - Opinión

Política a pie. Por Ignacio Camacho

El problema de muchos políticos no consiste en que vayan en coche oficial, sino en que no miran por la ventanilla.

A un joven ex ministro le oí una vez la confesión angustiada de que al dejar el poder sufrió un ataque de estrés porque no sabía dónde aparcar en el centro de Madrid. Padeció un bloqueo emocional; no estaba preparado para volver a ser una persona corriente. Y es que el problema de muchos políticos no consiste en que vayan siempre en coche oficial, sino en que no miran por la ventanilla. Ocultos tras los cristales tintados se pierden el latido de la calle, el pulso de la gente, la belleza del paisaje y el flujo mismo de la vida. Han dejado de escuchar y han renunciado a vivir la experiencia cotidiana de aquellos a quienes representan. Esos a los que obligan a ir andando por el centro de las ciudades que ellos transitan por carriles reservados. Esos que abarrotan los autobuses en los que jamás suben los altos cargos. El coche oficial no es sólo un privilegio: es una barrera. Una valla móvil de separación entre la política y la realidad.

Por eso el gesto de renuncia de los concejales madrileños de UPD tiene un interesante valor simbólico que trasciende la pequeña demagogia del ahorro. La austeridad no es tanto una cuestión de cifras como de principios. Para representar a los ciudadanos no se necesita un parque móvil. En España circulan demasiados vehículos de protocolo, bastantes más de los precisos y por supuesto muchos más de los que podemos mantener y pagar. Algunos ayuntamientos, como el de Málaga, tomaron hace tiempo la medida de prescindir de la mayoría de ellos y que se sepa ningún edil ha sufrido una merma funcional ni un menoscabo de su dignidad. En otros, Sevilla por ejemplo, se ha multiplicado la flota mientras se restringía el tráfico rodado al común de los ciudadanos. No se trata de que los ministros y los alcaldes vayan en metro, sino de evitar el abuso manifiesto de una nomenclatura de nivel medio que hace mucho tiempo que literalmente no pone los pies en el suelo. De director general para abajo es más que suficiente con la reserva de una plaza de aparcamiento.

Un antiguo alcalde de Montevideo solía decir que la ciudad es un libro que hay que leer con los pies. Nuestra dirigencia pública lee poco pero anda menos, y el resultado es que se aleja tanto del conocimiento intelectual como del práctico. Ha abandonado el roce, el diálogo, el aprendizaje. Sus integrantes se han construido para sí mismos una burbuja de confort y han perdido el anclaje con el conflicto diario de la existencia. Olvidan que hay hacer cola en los aeropuertos, que las tarifas de teléfono son caras, que muchos colegios no tienen plazas para los hijos y que a veces no quedan entradas para el teatro. O ignoran, como Zapatero, el precio de un café.

Es hora de volver a una política de a pie. La clase dirigente necesita un aterrizaje peatonal. No en la calle, sino en la vida.


ABC - Opinión

Pepino amargo

La crisis del pepino ha puesto de manifiesto la falta de pulso del Gobierno y su insuficiente peso en la UE. Tras la denuncia de las autoridades alemanas contra los pepinos españoles como el origen de la epidemia de la bacteria «E.coli», que ha causado ya 15 muertes, el Gobierno reaccionó cuando el perjuicio al sector estaba hecho. Su prioridad debió de ser abortar la crisis en su origen o al menos minimizar los daños. No hizo ni lo uno ni lo otro. Ni la ministra Rosa Aguilar ni la ministra Leire Pajín, en una desafortunadísima gestión, ni la ministra Trinidad Jiménez interpretaron de forma adecuada la trascendencia del contencioso, tal vez porque los socialistas tenían la mente distraída en los asuntos sucesorios del PSOE el pasado fin de semana. Se calcularon mal los riegos y no se rebatieron con celeridad las acusaciones temerarias e injustificadas de la responsable sanitaria alemana, lo que favoreció que la alarma se extendiera por el continente. La consecuencia fue que la confianza en las hortalizas y las frutas españolas quedó tocada y que seis países restringieron las importaciones de nuestro país. Los primeros cálculos de los productores han estimado las pérdidas en 200 millones de euros a la semana en un sector clave, en el que España es el primer exportador mundial, con una producción de unas 16 millones de toneladas y un valor en origen cercano a los 17.000 millones de euros, y que da trabajo a más de 300.000 personas. Hablamos del tercer sector en importancia en la exportación nacional, sólo por detrás del automóvil y la maquinaria industrial y, por consiguiente, de una gran relevancia para la economía. Por fortuna, ayer el negro panorama empezó a disiparse. La ministra de Salud de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, la misma que provocó la convulsión, confirmó que los pepinos españoles no son el origen del brote. Era un desenlace esperado, no sólo porque los productos españoles cumplen con exigentes protocolos de calidad y seguridad, como reafirmó Europa, sino también por el mero hecho de que no había habido problemas con los pepinos consumidos en España ni en otros países. La rectificación de Alemania es un paso imprescindible, pero no puede suponer un borrón y cuenta nueva. Primero, porque el pánico es un estado de ánimo muy complicado de revertir, y segundo porque el perjuicio a los productores y a la imagen del país ha sido demasiado importante y es obligado resarcirlo con justicia. Alemania se ha equivocado gratuitamente y debe un desagravio a los afectados. Una campaña nacional de las autoridades germanas a favor de las hortalizas y frutas de nuestro país y la compensación económica correspondiente son actuaciones obligadas. Además, las autoridades comunitarias harían bien en recordar a todos los socios, especialmente a Berlín, la existencia de unos protocolos de actuación y de unos canales oficiales para abordar estas situaciones. El Gobierno llegó tarde. El desánimo socialista merma su capacidad de respuesta, porque sus preocupaciones no están en la gestión pública. El país no atraviesa precisamente por un buen momento y necesita unos gestores atentos y eficientes.

La Razón - Editorial

Rumbo vacilante

El Gobierno cumple con el objetivo de déficit, pero las autonomías no se implican en la austeridad.

La corrección del déficit público es una de las exigencias ineludibles para mantener la solvencia de la deuda española en niveles aceptables. Los inversores vigilan atentamente la ejecución presupuestaria para comprobar si el Gobierno español cumple con los planes de ajuste comprometidos en Bruselas. La vicepresidenta Salgado presentó ayer unas cuentas de la Administraciones públicas correspondientes a los primeros meses del año que cumplen las expectativas de austeridad, pero no alejan del todo la sensación de que las comunidades están solo parcialmente implicadas en el control del gasto. Mientras el Estado presentaba un déficit del 0,22% del PIB en el primer cuatrimestre de 2011, el conjunto de las autonomías tenía un déficit trimestral del 0,46% del PIB, tasa que, elevada a anual, superaría el límite del 1,3% establecido.

La Generalitat catalana presentó, además, un Presupuesto para 2011 que duplica el límite del 1,3% de déficit permitido, a pesar de que las cuentas autonómicas presentan una reducción del gasto del 10%. Los recortes del gasto que se aplicarán en sanidad y educación han sido muy protestados (y con razón) por la opinión pública catalana, pero es evidente que la austeridad fiscal tiene que aplicarse en todos los presupuestos autonómicos sin excepción.


Quienes exigen desde las consejerías autonómicas o desde el Gobierno que no se recorten los gastos sociales, tendrían más credibilidad si, en periodos de elevado crecimiento económico y alta recaudación fiscal, hubieran defendido con el mismo énfasis la necesidad de superávits primarios en el presupuesto. Y deberían exigir el recorte drástico o la desaparición de las partidas que no contribuyan a los gastos sociales y a la inversión. Tienen muchas donde elegir. Las Administraciones autonómicas han crecido desmesuradamente en los últimos años, hasta convertirse en algunos casos en cortes suntuarias cuyo coste para los ciudadanos es prohibitivo.

Por lo tanto, el control estricto del déficit que el Gobierno debe exigirse a sí mismo y reclamar al resto de las estructuras regionales tiene que servir en teoría para cercenar el coste de las Administraciones autonómicas. La tarea es difícil, porque no puede hacerse sin enfrentamientos con los poderes autonómicos; y más ahora, con una mayoría de autonomías en manos de la oposición y la percepción de que el Gobierno central ha perdido margen de presión. Los acreedores de los activos financieros españoles temen que la deuda autonómica se desborde y comprometa un poco más la estabilidad de los balances bancarios del país.

La vicepresidenta es optimista y entiende que en el curso de 2011 se rectificarán los excesos de gasto que los déficits actuales parecen proyectar para el conjunto del año. Hay que confiar en que las autonomías cumplirán sus compromisos, pero no es buena idea fiarlo todo solo a la confianza. Los controles periódicos y las advertencias públicas también son un instrumento imprescindible de gestión pública.


El País - Editorial

La crisis del pepino deja en evidencia al Gobierno

El Ejecutivo de Zapatero, con su falta de reacción ante esta crisis, ha dejado nuevamente en evidencia que no es más que un Gobierno en funciones, cuyos miembros, más que en gobernar, parecen exclusivamente interesados en asuntos de partido.

Desde que el pasado jueves la consejera de Sanidad de Hamburgo vinculara, sin base alguna, la mortífera variedad de la bacteria E. Coli con los pepinos españoles, nuestros agricultores han sufrido cuantiosas pérdidas que podrían alcanzar los 200 millones de euros semanales.

Mucho se podrá decir de la incompetencia de la novata consejera de Sanidad de Hamburgo, que ha terminado por reconocer este martes la "inocencia" de nuestros pepinos, así como de las responsabilidades e indemnizaciones que cabe exigir de manera inmediata a Bruselas y a Berlín por no haber cortado a tiempo este bulo. Pero no menos criticable es el Gobierno de Zapatero que, con su falta de reacción ante esta crisis, ha dejado nuevamente en evidencia que no es más que un Ejecutivo en funciones, cuyos miembros, más que en gobernar, parecen exclusivamente interesados en asuntos de partido.

Durante todos estos días, en los que nuestros camiones repletos de hortalizas se veían obligados a regresar a España, y países como Rusia se sumaban al veto a nuestras exportaciones, no se ha visto más que a un Zapatero en retirada y a un Rubalcaba muy ocupado en dar un falso de aire de primarias a su digital designación como próximo candidato del PSOE. Eso, por no hablar de las desaparecidas ministras de Sanidad, de Exteriores y de Agricultura que, con su incompetencia y falta de reacción, han ejercido más que nunca como decorativas "ministras de cuota".

No contenta con el tiempo que nuestro Gobierno ha dejado pasar sin abortar este infundio que tanto ha hecho perder a nuestros agricultores, lo único que ha sabido hacer la ministra de Agricultura ha sido decir este martes que "ya tendremos tiempo de demandar".

Y es que al desprestigio y a la falta de firmeza, ya conocidas, de nuestra política exterior, se ha sumado la debilidad de un partido que se resiste a dejar el Gobierno tanto como a gobernar.


Libertad Digital - Editorial

Los pepinos y el desgobierno

Más allá de la temeraria denuncia sin pruebas de Alemania, lo que queda claro es que la parálisis del Gobierno ha planeado sobre una crisis de incalculables daños para España.

LA crisis de los pepinos supone muchos millones de pérdidas para el sector hortofrutícola y contribuye a que se agrave —todavía más— la crisis económica. La restricción impuesta por varios países comunitarios a las verduras españolas sin contar con el aval de la Comisión Europea ha puesto en evidencia la debilidad del Ejecutivo ante una injusticia manifiesta. A pesar de su rectificación de ayer, las autoridades alemanas han culpado sin pruebas durante varios días a los productos de origen español, en un temerario ejercicio que merece mucho más que una disculpa, porque los daños son irreversibles. Ahora tendrán que examinar —como deberían haber hecho desde el principio— las posibilidades de contaminación durante el transporte o en destino y asumir, si corresponde, la culpabilidad que quisieron endosar sobre los hombros de España. Mientras Alemania daba el primer golpe, el Gobierno permanecía perplejo y pasivo, porque el presidente y sus ministros están demasiado ocupados en las maniobras internas del PSOE y no tienen tiempo para atender al interés general. Es lógico que el sector exprese su indignación, ya que las pérdidas son muy cuantiosas y las cosas no se arreglan con unas declaraciones de las ministras Rosa Aguilar o Leire Pajín, que no parecen impresionar a nuestros socios comunitarios. Hace días que el Ejecutivo tendría que haber ejercido presiones políticas y acciones jurídicas ante la UE, exigiendo responsabilidades y aportando informes técnicos objetivos que se han retrasado más de lo tolerable.

España es el primer exportador mundial de pepinos y de otras frutas y hortalizas, de manera que no es lícito poner en duda —con notable ligereza— la calidad de unos productos acreditados desde hace mucho tiempo. Por eso, el propio Rodríguez Zapatero tendría que haber intervenido al más alto nivel para frenar una campaña que, según reconocen ya desde Hamburgo, carece de bases científicas. Aunque sea particularmente grave, esta crisis es solamente un ejemplo de las consecuencias lamentables para el interés público del desgobierno por la falta de impulso de un Ejecutivo políticamente agotado. Mientras tanto, los agricultores españoles quedan en total desamparo y Alemania encuentra un «culpable» que apenas se defiende. En la UE todos saben ya que el Gobierno español está paralizado por sus problemas internos, y algunos intentan sacar provecho de esa pasividad irresponsable. Lo malo es que esta vez lo han conseguido a medias, y es de temer que lo vuelvan a intentar en el futuro si Rodríguez Zapatero no pone fin a una situación ya insostenible.

ABC - Editorial