jueves, 23 de junio de 2011

Impresiones de un observador atónito. Por Fernándo Fernández

Más allá de la crisis económica y política hay una crisis institucional. España se enfrenta a su segundo noventa y ocho.

CADA día tengo más dificultades para entender lo que pasa en España. Un país con cinco millones de parados en el que el salario medio crece un 2,9 por ciento cuando la inflación media del año fue apenas 1,8 por ciento, con lo que los españoles que mantuvimos el empleo mejoramos nuestra capacidad adquisitiva a costa de los desempleados. Un país donde el Gobierno avanza una reforma de la negociación colectiva completamente insuficiente y la saca adelante gracias a la ruptura de la unidad del mercado de trabajo español y la consolidación del marco autonómico de relaciones laborales. Todo un triunfo de la eficiencia y un paso adelante hacia la flexibilidad del mercado de trabajo; una gran noticia para el diferencial de la deuda. Un país donde hemos convertido la salida a Bolsa de Bankia en un órdago a los mercados, y empeñados en demostrar que España no es Grecia corremos el riesgo de acabar escaldados si los inversores se retraen o exigen descuentos tan altos que muchas otras cajas en lista de espera se sienten empujadas al rescate del FROB. Aunque, bien pensado, quizá se trata de eso, de que el Gobierno tenga las manos libres para cerrar Cajas, como le pide el último informe del FMI, calificado de extraordinariamente positivo por la vicepresidenta Salgado en una muestra de profundo desconocimiento del lenguaje habitual de esta institución. Un país, en suma, que sigue empeñado en negar la realidad, que se pretende solidario y se afana en proteger derechos adquiridos y rentas de monopolio y donde la defensa de los intereses electorales de unos pocos se disfraza de supremacía de la democracia sobre los mercados.

Ahora que llega el verano y muchos españoles se disponen a viajar al extranjero para aprender esos idiomas que les niega el sistema educativo, sería deseable que muchos de nuestros políticos aprovecharan para darse una vuelta por el mundo, con el permiso de nuestro déficit de cuenta corriente, y preguntaran discreta pero decididamente cómo nos ven por ahí. Les recomiendo que se dejen el patriotismo en casa y que hagan buen acopio de su tranquilizante favorito. La imagen de España se ha deteriorado tanto que resulta ya irreconocible ese país que tanto y tan bien sorprendió en 1986 a la entrada en la Unión Europea y luego en 1996, cuando se la jugó a la carta del euro. La época de los nuevos conquistadores ha dado paso a la de los vagos del sur. Ambas imágenes son injustas, pero no me negarán que tienen un trasfondo de acierto. La diferencia que va desde la satisfacción por el trabajo bien hecho y la obsesión por cumplir los compromisos al gratis total y el todo es discutible como práctica política. El abismo que separa a un país orgulloso de sus logros de otro simplemente indignado, pero incapaz de superar sus complejos.

Porque más allá de la crisis económica y política hay una crisis institucional. España se enfrenta a su segundo noventa y ocho. El mito europeísta se ha derrumbado. Hasta ahora, el malestar social y ciudadano se ha cebado en los sospechosos habituales —el FMI, los políticos y los banqueros—, pero ya empieza a trasmutar en populismo disfrazado de la retórica habitual: no a la Europa de los mercaderes. El genio ha salido de la botella y hace falta un hecho catárquico que lo encorsete. Ese es precisamente el poder demiúrgico de unas elecciones en una democracia: que devuelven la legitimidad a quien le corresponde. Y con ella, la responsabilidad para poner fin al auto sacramental en que parece haberse convertido la acción del Ejecutivo.


ABC - Opinión

De nuevo los nacionalismos al rescate de Rodríguez Zapatero. Por Federico Quevedo

Hubo un momento a lo largo de la mañana de ayer que hizo pensar en el final de esta legislatura. No es que yo crea que va a durar mucho más porque, de hecho, cada vez son más las señales, los gestos que abundan en la idea de que habrá anticipo de las generales para noviembre como muy tarde, si no es en octubre. Pero la posibilidad de que el Gobierno no consiguiera ayer aprobar en el Parlamento la convalidación del decreto de reforma de la Negociación Colectiva hizo creer por unas horas en la posibilidad de un adelanto incluso al mes de septiembre, al verse obligado el Ejecutivo a dimitir.

No pasó, es verdad, gracias a la abstención cómplice de los partidos nacionalistas, PNV, CiU, CC y UPN. Estos dos últimos gobiernan sus comunidades gracias al apoyo del PSOE, lo cual hace lógico que le devuelvan al Gobierno el favor. Pero el caso de PNV y CiU empieza a resultar chocante, sobre todo porque en ese juego de permanente chantaje al que someten a un Ejecutivo débil, éste siempre acababa cediendo y admitiendo cosas que ya no es que vayan contra la integridad del modelo territorial, es que van contra el sentido común: pero, vamos a ver, ¿cómo puede ser que en un conflicto sobre negociación colectiva prevalezca el acuerdo autonómico sobre el estatal? Eso es lo mismo que garantizar por ley el agravio comparativo y condenar cada proceso de negociación colectiva a un permanente reajuste en función de lo que se pacte en cada comunidad. Vamos, un caos.
«Si hace nuevas reformas va a seguir sufriendo una hemorragia imparable en su electorado y, si no las hace, va a sufrir una presión brutal que puede conducirnos a la intervención.»
Pero da igual. El Gobierno cede a todo aquello que le piden los nacionalistas, con tal de seguir ganando un tiempo inútil aunque eso implique romper cualquier resquicio de unidad de mercado que quede en este país. Y eso que, encima, el Ejecutivo consiguió sacar adelante la reforma en medio, eso sí, de un mar de críticas dado que no hubo un solo portavoz parlamentario que dijera algo bueno de la reforma, una reforma contestada por lo tanto en el Parlamento y en la calle, lo cual debería hacer reflexionar al Gobierno sobre el camino que ha emprendido. Pero pedirle a este Gobierno y, sobre todo, a su presidente, que reflexionen sobre algo es como pedirle peras a un olmo.

En la situación en la que está este país, esa reforma no va a servir para nada porque ni camina en la dirección de mejorar las garantías de seguridad para los trabajadores, ni en la de facilitarles a los empresarios modelos más flexibles de contratación, y por esa razón la reforma es contestada por unos y por otros, y en este caso no vale decir que en el medio está la virtud, porque en este caso lo que hay en medio es el vacío más absoluto y la incapacidad de adoptar decisiones valientes como sería, por ejemplo, la eliminación de todas las modalidades de contrato para dejar un único contrato fijo o indefinido con una cláusula de rescisión de 20-25 días por año trabajado. ¿Quién no se tiraría en plancha hoy en día para firmarlo, cuando la mayoría de los jóvenes con trabajo firman contratos precarios con ocho días de indemnización?

El Gobierno ha perdido cualquier capacidad de reacción, no tiene ideas ni ganas de hacer las cosas. Es más que probable que en las próximas semanas se vea obligado por la presión de Bruselas a anunciar nuevas medidas de ajuste pero, ¿será capaz de asumir el reto de llevarlas a cabo? Si lo hace, sabe que va a seguir sufriendo una hemorragia imparable en su electorado y, si no lo hace, va a sufrir una presión brutal que puede conducirnos a la intervención, y Europa no se puede permitir que detrás del nuevo rescate a Grecia venga el rescate de España. Luego tiene pocas alternativas. De hecho, solo tiene una: convocar elecciones. Y no es una salida para el Gobierno, sino que es la única salida que le queda a este país. Lo curioso del caso es que si hablas con los portavoces nacionalistas también opinan lo mismo, y ya ni siquiera en privado, sino que lo dicen abiertamente en entrevistas y declaraciones ante los medios, pero luego mantienen esa especie de entubamiento terminal al Gobierno como si temieran que su caída les prive de nuevas prebendas obtenidas a cambio de muy poco, como ayer mismo reconocía Josu Erkoreka. Y tan poco, tan solo a cambio de una abstención. Hasta ese punto de pérdida de dignidad ha llegado este Gobierno. Que pena.


El Confidencial - Opinión

Indignados. La genuflexión de los políticos. Por Cristina Losada

Durante años, los grandes partidos han desoído las propuestas de reformas económicas y políticas que han presentado asociaciones, grupos de estudio y personas cualificadas. Ahora, en cambio, van a escuchar atentamente el popurrí de la charanga antisistema.

Empeñado Zapatero en repicar que España no es Grecia, como antes no era Irlanda, van a desmentirle esos okupas de la calle a los que ha dedicado elogios. Gritaban de noche en la plaza Syntagma que iba a arder "el burdel del parlamento" y de mañana, en Madrid, recibían a los diputados a la voz de "hijos de puta". Hasta Primo de Rivera, en el manifiesto que precedió a su golpe y su dictadura, orillaba declaraciones tan explícitas en su embestida contra los políticos. Se quedó en "la política de concupiscencia", vocablo hoy descatalogado por mandato de la Logse. En la revuelta o el revuelto, que más parece revoltijo, España y Grecia son primas hermanas. No se busque ahí resistencia a la "vieja política", sino resistencia a la realidad económica. El profundo programa oscila entre mantener el status quo, retornar al aislacionismo y acabar con el mercado maldito.

Qué poco agradecida es la tribu. La obsequiosidad de los miembros del Congreso hacia quienes los injuriaban había dado un salto cualitativo. Sus señorías decidieron por unanimidad hacerles la pelota a los iracundos. Será un jabón de pega, pero la gracia está en el gesto. Y vaya gracia la de premiar, una y otra vez, a quienes no respetan las reglas del juego. Durante años, los grandes partidos han desoído las propuestas de reformas económicas y políticas que han presentado asociaciones, grupos de estudio y personas cualificadas. Ahora, en cambio, van a escuchar atentamente el popurrí de la charanga antisistema. Qué gran lección de política. Los cívicos, relegados y los incívicos, regalados. Dar carta de interlocutor a quienes deslegitiman las instituciones, nutre la deslegitimación. Y ése es el legado explosivo que dejará el partido en el Gobierno al siguiente.

Tan peligrosa herencia se está acumulando, desde luego, con la aquiescencia de un sector del respetable, creído de que los movilizados y sus columnas representan su propio descontento. Un descontento que, a su vez, canaliza contra los políticos. Es significativo que el rasgo más celebrado del Movimiento sea que "no hay detrás ningún partido". Lo cual nos puede llevar de nuevo a Primo de Rivera, padre e hijo. Y, en cualquier caso, a un antipoliticismo visceral presto a derivar en antiparlamentarismo, al modo en que gritaban los griegos. Sólo falta que a ese caldo contribuyan los políticos con una genuflexión oportunista. Sería una nueva estocada a la ya maltrecha moral cívica.


Libertad Digital - Opinión

Mucho desparpajo. Por M. Martín Ferrand

Nada me inquieta más que la abnegación heroica y la entrega sublime en las cosas de diario.

CON el desparpajo ocurre en la política lo mismo que con la pimienta en la cocina. En pequeñas dosis mejora el discurso y sazona el guiso; pero, en demasía, el uno subraya el ridículo de los actores y la otra achicharra el paladar de los comensales. Así, por ejemplo, cuando un personaje tal que Rodríguez Zapatero, veedor de la Nación como «un concepto discutido y discutible», dice que no adelanta las elecciones porque «sufre» por España hay que echarse a temblar. ¿Llegó Francisco Franco a sufrir por España? Nada me inquieta más que la abnegación heroica y la entrega sublime en las cosas de diario. Entender el gobierno democrático de España, con las reformas que nos exige Bruselas y nos demanda la realidad, como si se tratara de la batalla de las Navas de Tolosa, es cómico y resulta trágico en razón del poder que le resta al personaje.

La sombra del inefable número uno del PSOE, como la de los cipreses de Miguel Delibes, es alargada y proyecta su extravagancia en su número dos en el Gobierno y aspirante a la presidencia. La gran diferencia entre Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando tratan de hacernos comulgar con ruedas de molino, es que al de León se le advierte la iluminación cuasi mística de sus fijaciones ideológicas retrospectivas y el cántabro juega de astuto y sagaz; pero por ahí se andan en el calado de las ideas. El pluriempleado candidato socialista, quizá, debiera dejar sus funciones en el Ejecutivo para que brille la estética procedimental. Es, en cualquier caso, algo discutible; pero no es de recibo que, para argumentar su permanencia, razone en sede parlamentaria que, en su momento, José María Aznar, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón fueron candidatos a sus cargos sin abandonar los que tenían en las vísperas electorales. Prodigioso Rubalcaba, maestro del difícil arte del bustrófedon. Los por él citados, por decirlo al modo boxístico, defendían su propio título. Mariano Rajoy hizo mutis de su vicepresidencia aznarita para convertirse en aspirante presidencial. No es lo mismo ni estética, ni ética, ni políticamente. Y lo sabe.

A Zapatero le corresponde, con todo su equipo de Gobierno, abordar las reformas pendientes, aunque ello conlleve el precio del achicharramiento ante la opinión pública. ¿Le conviene al vicepresidente y titular de Interior quemarse en ese fuego o es que, sencillamente, ya está tomada la decisión de dejar pasar el tiempo y no hacer nada? Debe reconocérsele a este Gobierno que en eso de no hacer nada provechoso para la Nación y fortalecedor del Estado son magistrales. Virtuosos.


ABC - Opinión

Los nacionalistas, sin prisa de ir a elecciones generales. Por Antonio Casado

Con la abstención de CiU, PNV y CC (Coalición Canaria), el tambaleante Gobierno salvó ayer la primera de las mociones de censura que le esperan hasta el final del trayecto. Naturalmente, mediante el consabido pacto previo y sobrevenido en pleno debate. Oxígeno para Zapatero a cambio de retirar la primacía estatal sobre la autonómica en la aplicación de los convenios colectivos, como pidieron catalanes y vascos.

Ayer fue la contratación colectiva, cabo suelto de la reforma laboral. La siguiente será el techo de gasto, a mediados de julio. En las dos se retratan los nacionalistas sobre la prisa que tienen de ir a unas elecciones generales en las actuales circunstancias. Por lo visto ayer, no parece que tengan mucha.


Si la historia se repite con el techo de gasto, primer paso en el diseño de los Presupuestos Generales de 2012, el Gobierno se irá de vacaciones sin la reprobación parlamentaria que le obligaría a anticipar elecciones. Y si se cumplen los cálculos de Moncloa, que sigue contando con la resistencia de los nacionalistas a hacerle el pasillo al PP antes de tiempo, el cruce de Rajoy con Rubalcaba en las urnas se llevará a cabo cuando toca, en vísperas de la primavera de 2012.
«Ayer fue la contratación colectiva. La siguiente será el techo de gasto, a mediados de julio. En las dos se retratan los nacionalistas sobre la prisa que tienen de ir a unas elecciones generales. Por lo visto ayer, no parece que tengan mucha.»
De momento, Zapatero se cruza con Rajoy la semana que viene en el debate sobre el estado de la Nación. Y va dispuesto a distinguir entre temperatura política y sensación térmica. La temperatura se mide en las votaciones parlamentarias. Sólo con números podemos determinar si los partidarios de tumbar al Gobierno son más que los de agotar la Legislatura. La sensación térmica es otra cosa. Pertenece al ámbito de lo subjetivo. No se puede medir, contar o pesar, aunque sea fácil de detectar por ser ampliamente sentida como un final de trayecto que no debería prolongarse. Sensación de tramo final, minutos basura, esto no aguanta más, y todas esas expresiones al uso más o menos interesado de quienes ya han descontado el desalojo de los socialistas y el retorno del PP al poder.

Sobre los aires de quiebra política, una situación económica también percibida como si estuviéramos al borde de la bancarrota. Lo estuvimos hace algo más de un año, después del equivocado desembalse de dinero público decretado por el Gobierno. La presión de los mercados y de los organismos internacionales puso a Zapatero en la senda de los recortes. Además anticipó su propia ruina electoral con políticas que ahuyentaron a los votantes de izquierda y alfombraron el camino del adversario hacia la Moncloa.

El momento actual viene marcado por la necesidad de terminar los ajustes planeados en el mercado del capital y en el del trabajo iniciados hace un año, en nombre de los intereses generales pero letales para la causa electoral de Zapatero. Si hubiera pensado en la conveniencia de su partido, aquel hubiera sido el momento de anticipar las elecciones. Una vez embarcado en los planes de reforma (“Me cueste lo que me cueste”, decía entonces), lo suyo es terminarlos. Y los nacionalistas catalanes y vascos parecen dispuestos a facilitar la tarea. Sobre todo si la alternativa es uno de los dos grandes partidos con mayoría absoluta en el Gobierno central.


El Confidencial - Opinión

Reforma electoral. Los satisfechos. Por José García Domínguez

Pues, contra lo que suponen los indignados, la fidelidad de los satisfechos al PP y al PSOE es lo que fuerza, mucho más que la Ley Electoral, el cuasi bipartidismo estructural en las Cortes.

"El problema de la clase dirigente americana era que creía lo que leía en los periódicos", cuenta Paul Johnson en Tiempos modernos a propósito del desastre de Vietnam. Un rapto de candidez que vino a coincidir con aquella densa niebla de marihuana que emergía de los campus universitarios donde sus hijos jugaban a la revolución, la misma humareda que les tapó por un instante el paisaje del país real. Lo narra Johnson en un capítulo que lleva por título El intento de suicidio de Estados Unidos. Y bien haría en leerlo nuestro establishment doméstico antes de prestar algún crédito a todas esas niñerías de asamblea de facultad que aquí postulan los del 15-M.

Como la cantinela, tan cara a cierto papanatismo mediático, que pretende dar con la solución a las carencias de la democracia en una radical, absoluta transformación del régimen electoral.

Algo, por lo demás, que obedece a una tradición muy castiza, ésa de inventar continuamente la sopa de ajo. Al punto de que los revoltosos presumen que un modelo proporcional más puro, a imagen del que encumbró a Berlusconi, nos llevaría al Nirvana de la representatividad. Como si el propio ejemplo italiano –o el francés de la Cuarta República– con sus caóticos gobiernos-menestra de siglas, eternamente en el filo de la navaja parlamentaria, no fuese el mayor estímulo para eludirlo. Algún alma caritativa debería explicarles, además, que, allá por 1996, Izquierda Unida llegó a disponer de 21 diputados en el Congreso, y con la norma vigente. Porque, a fin de cuentas, el "problema" no es la ley D’Hondt, sino la ley del rebaño.

Pues, contra lo que suponen los indignados, la fidelidad de los satisfechos al PP y al PSOE es lo que fuerza, mucho más que la Ley Electoral, el cuasi bipartidismo estructural en las Cortes. Y otro tanto cabe decir, por cierto, de los nacionalistas. Al respecto, es simplemente falso que estén sobrerrepresentados. Guste o no, CiU y PNV dispondrían de idéntica proporción de escaños con cualquier otro sistema. Así las cosas, mientras los satisfechos sigan avalando con su sufragio a la partitocracia reinante, ristras de imputados incluidas, nada habrá que esperar. Salvo, claro, que alguna cabeza rectora se atreviese con una misión que la calle ni sabe ni puede ni debe dirigir.


Libertad Digital - Opinión

Salamina. Por Ignacio Camacho

Aunque los indignados se nieguen a aceptarlo, hay algo peor que tener que pagar las deudas. Y es no pagarlas.

SI la estabilidad económica de Europa depende de la capacidad de resistencia de Grecia, basta con ver la cara azorada de Papandreu para temer la peor de las hipótesis. Su rostro es el retrato de un hombre sobrepasado por las circunstancias, desbordado por la catástrofe. Compone una expresión de zozobra que dice todo lo contrario de sus palabras: que no va poder levantar el marrón de la quiebra. Que no tiene modo de hacer frente a los pagos. Que está al frente de un Estado inviable.

Veinticinco siglos después de Salamina, el bienestar occidental se halla de nuevo vinculado a la suerte de Atenas. Entonces se trataba de la libertad y de la soberanía y ahora lo que hay en juego es la viabilidad de la unión monetaria, es decir, la clave de bóveda que sostiene la arquitectura económica de Europa. Si falla Grecia se producirá una hecatombe financiera que arrastrará en primer lugar a los países más endeudados, con España en primer plano de la amenaza. El problema consiste en que Papandreu, una especie de Zapatero calvo y más bien pusilánime, no es un genio de la estrategia como Temístocles; reacio a los grandes sacrificios estructurales parece empeñado en aguantar de cualquier modo hasta que le corten el suministro. Tampoco cuenta con el respaldo de un pueblo comprometido en la resistencia; los indignados se lo están comiendo por los pies y claman por una suicida renuncia al rescate. En eso coinciden con la mayoría de los alemanes, que tampoco quieren rescatarlos. Éste no es un tiempo de sacrificios ni renuncias y abundan los liderazgos propicios a las soluciones paliativas. Pero Grecia carece de ellas. Lo suyo es susto o muerte, ruina aceptada o ruina impuesta. Muchos expertos sostienen que no va a poder pagar aunque quiera hacerlo. Sencillamente, porque no tiene con qué; su capacidad productiva está bloqueada.


En circunstancias como éstas prenden con facilidad los maximalismos, envueltos en la retórica incendiaria de la cólera popular: que paguen los banqueros, que nos saquen del pozo quienes nos han metido en él, etcétera. Es el discurso que se atisba en el 15-M y sus correlatos de otras naciones. Ya sucedió en la Argentina de 2001, con el resultado de un completo desastre. Es un camino que conduce al infierno, al hundimiento completo de lo que quede del Estado de bienestar. Pero posee el magnetismo de la desesperación y suele seducir a los que ya tienen poco que perder.

Grecia no es España, cierto. Pero se parece a lo que podría ser España si se impone la creciente tendencia de impugnación del sistema, la nostalgia del proteccionismo, la falsa utopía del rechazo. No hay soluciones viables en la ética indolora. Aunque los indignados —de aquí y de allí—no quieran aceptarlo, hay algo bastante peor que tener que pagar las deudas. Y es no pagarlas.


ABC - Opinión

Gobierno contra las cuerdas

El debate sobre la convalidación del real decreto de reforma de la negociación colectiva demostró de nuevo la extrema debilidad del Gobierno socialista, que está a merced hasta el último minuto del voluble criterio de los nacionalistas. Una reforma fundamental como la de los convenios fue ayer objeto de una negociación agónica que colocó al PSOE al borde del colapso. El Ejecutivo logró pasar el trago del Congreso gracias, sobre todo, a que el PNV se abstuvo a cambio de que los convenios autonómicos prevalezcan sobre los estatales si hay concurrencia. El resultado del mercadeo no es baladí, pues el Gobierno abrió un poco más la puerta de la desvertebración en las relaciones laborales al introducir un nuevo factor territorial al ya de por sí complejo marco de la negociación colectiva. La satisfacción de los diputados nacionalistas fue indisimulable, e incluso Josu Ercoreca se jactó de que nunca una abstención le había reportado tantos beneficios. Eso no le impidió reconocer que la reforma no favorecerá la creación de empleo ni posibilitará una mejora de la competitividad, lo que pone de manifiesto la discutible responsabilidad de unos diputados que se manejan únicamente en función de sus intereses particulares. Cabía esperar de un partido conservador como el PNV que la contrapartida a su abstención hubiera sido una mejora sustancial del decreto que beneficiara a la empresa, pero se ha quedado en su habitual reivindicación de campanario. Una lástima, porque la reforma clave para dinamizar el mercado laboral y la contratación nació moribunda. No fue respaldada por grupo alguno de la oposición ni tampoco por los agentes sociales tras una negociación de varios meses, frustrante y estéril a causa de la cerrazón de los sindicatos. El ministro de Trabajo definió su proyecto como «ambicioso, profundo, con vocación de estabilidad, planteado desde la eficacia y desde el equilibrio». La decripción no tiene nada que ver con la realidad. En la línea del último varapalo del FMI, la reforma, como todas las anteriores del Gobierno, es insuficiente y está lejos de suponer la cirugía que el mercado laboral espera con ansiedad. El Ejecutivo podrá presentar el proyecto a Europa y cumplir formalmente con la hoja de ruta impuesta por Bruselas, pero será ineficaz. El decreto no da los pasos necesarios ni en «ultraactividad» ni en flexibilidad interna ni en el descuelgue de los convenios, porque se ha articulado desde las tesis de los sindicatos: no en vano el ministro Gómez está afiliado a UGT. Hay un desmedido protagonismo del arbitraje vinculante que conduce a situaciones de pseudobloqueo que, por ejemplo, favorecerán la vigencia del convenio expirado en caso de desencuentro entre empresa y sindicatos. Es evidente que el decreto está marcado por las urgencias del PSOE, pero no por las de la economía ni por las de los cinco millones de parados. Los emprendedores necesitan un marco para arriesgar y éste no lo garantiza porque no facilita una flexibilidad interna real. La rigidez del marco laboral retrae la contratación y mina la productividad. Asistimos, por tanto, a otra reforma incompleta de un Gobierno que camina hacia su final arrastrando los pies.

La Razón - Editorial

Los límites del Gobierno

La negociación colectiva muestra la debilidad del PSOE en el Congreso y acota la reforma laboral.

El Gobierno salvó ayer en el último suspiro el decreto de negociación colectiva que incluye las modificaciones establecidas en el Consejo de Ministros del pasado 10 de junio. La abstención de CiU y PNV, después de horas de negociación que presagiaban un no rotundo, permitió aprobar la norma con los votos del PSOE y a partir de este momento se tramitará como proyecto de ley para permitir que se incorporen los acuerdos (si los hay) entre empresarios y sindicatos, o los que puedan cuajar con los partidos políticos. Las vicisitudes de la negociación colectiva ilustran la debilidad parlamentaria del Gobierno. No hay razón para que un Ejecutivo adelante las elecciones siempre y cuando disponga de estabilidad en las Cámaras; pero las reticencias de CiU y PNV avanzan una etapa parlamentaria tormentosa en la que no se garantiza que el PSOE pueda gobernar hasta marzo de 2012.

El problema del trámite parlamentario de la nueva negociación colectiva es que ningún grupo supo analizar el contenido del decreto en función de los objetivos que persigue, es decir, el de flexibilizar las relaciones entre trabajadores y empresarios para ajustar los costes salariales y la carga de trabajo en función de la situación objetiva de la empresa. Quienes se oponen al decreto esgrimieron argumentos retóricos (según el PP, el principal problema del decreto es el "espectáculo" que ha dado el Gobierno en la negociación con PNV y CiU) y los que dudaban sobre su posición lo hacían porque en él los convenios estatales prevalecen sobre los autonómicos. Sin embargo, el proyecto responde a tres necesidades objetivas: era necesario dar una respuesta a quienes piden, dentro y fuera de España, una reforma de los convenios para que deje de ser un freno a la supervivencia de las empresas; era urgente moderar la ultraactividad de los convenios y era necesario flexibilizar las cláusulas de descuelgue, para que los convenios de empresa tengan preeminencia sobre los sectoriales o territoriales.


Visto desde esta perspectiva, el decreto que se convertirá en proyecto de ley parece más bien una norma transitoria, mejor que la legislación anterior, pero lejos de las expectativas de quienes entienden que debe acabarse radicalmente con la ultraactividad de los convenios para crear empleo y que el contrato fijo con 20 días de despido es la única solución para ello. La transitoriedad se manifiesta además por la convicción general de que el PP, si llega a gobernar, actuará en línea con las exigencias de la CEOE en materia de negociación colectiva.

El ministro de Trabajo, agobiado además por la petición del FMI para que España abarate el coste del despido y vincule el crecimiento salarial a la productividad, tampoco aclaró ayer las dudas sobre la posible inconstitucionalidad del arbitraje obligatorio. Pero sí dejó claro que las peticiones del Fondo no son la opción del Gobierno en los próximos meses. Al menos, la sociedad española tiene muy claro cuáles son los límites de este Ejecutivo.


El País - Editorial

El coste de la respiración asistida de Zapatero

Si de verdad fuera un afán reformista lo que le mueve en sus últimas horas, Zapatero habría propuesto al principal partido de la oposición un pacto de Estado en esta materia, en lugar de acordar con los nacionalistas un simulacro de reforma.

Ya hemos señalado en numerosas ocasiones que el mayor problema de nuestra legislación laboral son los convenios colectivos, corsés que obligan a empresas muy diferentes y de muy distintos tamaños a gestionar su personal del mismo modo, sin la flexibilidad necesaria para sobrevivir, especialmente en época de crisis. Si el borrador de reforma presentado por el Gobierno hace unas semanas, lejos de erradicar, mantenía prácticamente intacta esta rémora para la supervivencia y la creación de puestos de trabajo, no menor tomadura de pelo supone la "modificación" que ha introducido el Ejecutivo para lograr, no ya el apoyo, sino la mera abstención del PNV y CiU en su convalidación como Real Decreto-Ley. Nos referimos a la prevalencia, en caso de conflicto, del convenio colectivo autonómico sobre el estatal.

Ni qué decir tiene que esta delirante "modificación", lejos de introducir la necesaria flexibilidad en el seno de las empresas, lo que va a producir es una fragmentación de la legislación laboral, que ni siquiera será capaz de generar una sana competencia autonómica que aboque a una mayor liberalización. Tan solo servirá para que un Zapatero moribundo gane un poco más de tiempo, haciéndonos creer que su negativa a celebrar elecciones anticipadas se debe a su voluntad de sacar adelante las reformas que requiere nuestra economía.


Si de verdad fuera un afán reformista lo que le mueve en sus últimas horas, Zapatero habría propuesto al principal partido de la oposición un pacto de Estado en esta materia, en lugar de acordar con los nacionalistas un simulacro de reforma que ni siquiera a estos convence y que será abandonado tan pronto como se celebren las elecciones generales.

La única incógnita es saber cuál es el precio que Zapatero se ha ofrecido a pagar a los nacionalistas por esta respiración asistida a su moribundo Gobierno. Y lo decimos porque ni siquiera nos creemos que la introducción de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales sea la auténtica razón por la que los nacionalistas han decidido a última hora no votar en contra. Prueba de ello es que, introducida la modificación de marras, el portavoz del PNV en el debate, Emilio Olabarria, ha seguido manteniendo que la supuesta reforma "no va a posibilitar una mejora de la competitividad" de la economía española, "ni va favorecer la creación de empleo", mientras que su compañero de partido, Josu Erkoreka, se jactaba de no haber conseguido nunca tantas concesiones del Ejecutivo a cambio de la mera abstención de su grupo en el Congreso.

Es por ello por lo que nos debemos preguntar cuál es la auténtica "oferta irresistible" que Zapatero ha hecho a los nacionalistas para dar un poco más de oxígeno a esta falsa reforma con fecha de caducidad y que no contenta a nadie.

Tiempo habrá para saberlo. Pero de lo que ya estamos seguros es de que nada tendrá que ver con las reformas que requiere nuestra economía, en general, y nuestro mercado laboral, muy en particular.


Libertad Digital - Editorial

Mercado persa

Todo vale, hasta sobrepasar las líneas rojas, convirtiendo a los españoles en ciudadanos desiguales ante la ley.

RECHAZADO en las urnas por los ciudadanos y humillado en el Congreso de los Diputados. Esta es la creciente situación de desamparo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, sometido a la presión y el chantaje de los nacionalistas. Antes pagaban apoyos, pero hoy compran abstenciones, lo que, en el colmo del sarcasmo, llevó ayer al PNV a jactarse de sacar tajada de una debilidad parlamentaria que pone de manifiesto la incapacidad de los socialistas para legislar con la coherencia y la libertad de movimientos que exige la crisis actual.No es posible ejercer el poder ni un día más en estas condiciones, porque no se puede entregar el Estado para mantener el Gobierno unos meses. El Ejecutivo agoniza, preso de sus propias contradicciones y sometido al chantaje de unos «socios» que ni siquiera se molestan ya en apoyar —a estas alturas se admite la abstención como moneda de cambio— iniciativas de la talla de la reforma de los convenios colectivos, sometidos a una suerte de virreinato autonómico donde los territorios priman sobre el Estado para configurar una ley caótica que rompe el principio de igualdad de mercado y establece diferencias perversas entre empresas, según se asienten en una u otra Comunidad. Se rompen principios inviolables con la misma facilidad con que funciona el trueque en un mercado persa y se abdica groseramente a las primeras de cambio.

Todo vale, hasta sobrepasar las líneas rojas, convirtiendo a los españoles en ciudadanos desiguales ante la ley. Todo por cumplir el calendario fijado por el PSOE y sus intereses electorales, marcados por la carrera de Alfredo Pérez Rubalcaba en una estrategia contraria a la necesidad nacional. Zapatero se justifica con el argumento de que se queda hasta el final para culminar las reformas, que son meros parches con los que trata de tranquilizar a los mercados. Gana tiempo para su huida hacia adelante y no repara en medios. Es la hora de la responsabilidad y ya ha causado demasiado daño como para seguir mercadeando, entre otras cosas porque el interesado apoyo del PNV no le garantiza su objetivo de acabar la legislatura a toda costa. Haría bien, en un último arrebato de dignidad, en observar el paisaje y comprobar que su soledad es total. Y si se empecina en seguir tapando fugas de agua en esta España al borde del naufragio, la historia demostrará hasta qué punto los españoles le pedirán cuentas el día que apague la luz y cierre la puerta de una etapa funesta.


ABC - Editorial