domingo, 3 de julio de 2011

Déficit. El círculo vicioso autonómico y local. Por Emilio J. González

En cuanto a los ayuntamientos, lo que tiene que hacer el Gobierno es diseñar de una vez por todas un plan de financiación de las corporaciones locales, que involucre también a las autonomías en un proceso de descentralización hacia abajo.

La gestión de la crisis que está haciendo el Gobierno de Zapatero constituye todo un catálogo de errores de política económica al que el Ejecutivo de ZP va a añadir uno más: la operación de salvamento de ayuntamientos y comunidades autónomas, que va a ser algo parecido a lo que antes se hacía cada cierto tiempo con los clubes de fútbol. Estos se endeudaban hasta las cejas y cuando estaban al borde de la quiebra el Estado tenía que salvarlos. Una vez saneadas sus cuentas, volvían a las andadas y el ciclo comenzaba de nuevo. Pues éste círculo vicioso se va a repetir con las autonomías y las corporaciones locales, lo cual no solo debe impedirse por lo pernicioso que resulta en sí mismo, sino porque existen otras soluciones.

No debemos olvidar que el sistema de financiación autonómica se basa en el principio de corresponsabilidad fiscal, es decir, que quien quiera gastar más tiene que subir los impuestos. Pues bien, los dirigentes autonómicos todavía no comprenden que nunca más podrán contar con ingresos tributarios tan importantes como en el pasado para financiar su inmenso derroche porque ni los impuestos ligados a la vivienda van a volver a ser lo que eran, ni su recaudación por los tramos cedidos del IRPF y del IVA, ya que tenemos desempleo para rato y estamos abocados a un proceso de congelación y/o disminución de los salarios para salir del pozo en el que estamos hundidos. Lo lógico, por tanto, es que ajusten sus pagos a esta realidad y si quieren gastar más, entonces que suban impuestos y den la cara ante sus ciudadanos de una vez por todas, explicándoles de verdad qué es lo que hacen con los dineros que sacan de sus bolsillos. Porque el Estado da muchas explicaciones, pero las autonomías pocas o ninguna. En consecuencia, el Gobierno central debería olvidarse del plan de rescate de las autonomías y obligarlas a recortar gastos o a subir impuestos para cuadrar sus cuentas. Así no volverán a las andadas. Lo que ocurre es que como Zapatero quiere salvar de la quiebra a la Andalucía socialista y es prisionero de la Cataluña insolidaria y egoísta que presiona en el mismo sentido, no tiene más remedio que acometer esa operación de salvamento que, para que no cante, se va a convertir en una especie de café para todos.

En cuanto a los ayuntamientos, lo que tiene que hacer el Gobierno es diseñar de una vez por todas un plan de financiación de las corporaciones locales, que involucre también a las autonomías en un proceso de descentralización hacia abajo, y que permita que los ayuntamientos dejen de especular con el suelo para poder financiarse. El régimen de financiación local es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia y este es un momento inmejorable para aprobarla. Lo que no se puede hacer es seguir con este sistema de incentivos perversos al gasto que, en el caso municipal, resulta además en una intervención perniciosa sobre el suelo que explica los disparatados precios de la vivienda en España.


Libertad Digital - Opinión

Capital del agravio. Por Ignacio Camacho

La lucha antiterrorista no contemplaba incentivos ni contrapartidas. Mucho menos, premios por adelantado.

SI siguen acumulando premios y prebendas por adelantado, los etarras no van a encontrar ninguna razón para dejar las armas cuando tan bien les va sin hacerlo; no sólo han conseguido un poder institucional sin precedentes para sus representantes políticos sino que el Gobierno se desvive por hacer que se sientan cómodos. Les permite con alegre tolerancia que incumplan la ley de banderas y retiren los símbolos del Estado, los colma de buenas palabras esperanzadoras y encima les regala sinecuras como la capitalidad cultural europea para que enseñen al mundo cómo el terrorismo puede lograr sus objetivos sin arrepentirse ni disolverse. Que no les falte de .

Eso no es una vía de pacificación, sino una rendición entreguista que humilla al Estado y vilipendia la memoria de las víctimas. Las bases de la lucha antiterrorista consensuadas en treinta años de resistencia y sufrimiento no contemplaban incentivos ni contrapartidas. La simple existencia de ETA debería haber obrado como elemento de inhabilitación de la candidatura donostiarra; basta recordar la mala uva con que el recién casado Alberto de Mónaco utilizó la amenaza del terror para boicotear las aspiraciones de Madrid ante el Comité Olímpico. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado con prístina claridad su simpatía con el experimento de Bildu al otorgar a San Sebastián una prima decisiva de compromiso y legitimación que sella la alianza del Estado con sus enemigos bajo la advocación exhibicionista de una pazzzzzzz ficticia. La capitalidad cultural refuerza la condición de parque temático del independentismo violento que el zapaterismo y los batasunos reconvertidos han diseñado para el territorio guipuzcoano. Un grave agravio para las demás ciudades candidatas que no sólo no necesitaban apostar verbalmente por una paz que jamás han cuestionado, sino que a menudo han puesto algunos de los muertos sobre los que se cimenta el triunfo del brazo político de ETA.

Este perverso legado moral de Zapatero es mucho más negativo que el fracaso económico, la quiebra social y los cinco millones de parados. Representa una alianza de facto con los continuadores del terrorismo que insiste en los perniciosos errores de la negociación de la primera legislatura, con el agravante de los estímulos expresos a su conquista del poder. La estrategia gubernamental ha destrozado la principal premisa de la unidad antiterrorista, que consistía en no permitir que ETA obtenga por dejar de matar lo que jamás había podido obtener matando. Ha resultado aún peor: lo está obteniendo sin renunciar siquiera a la amenaza, erigida en garante tutelar de su propio éxito. Por este camino incluso puede resultar probable que en 2016 se haya disuelto —ojalá— tan siniestra custodia, pero será por haber alcanzado sus aspiraciones. Quién sabe si esa orgullosa capitalidad no la inaugurará un lendakari llamado Otegi con Txeroki como consejero de Cultura.


ABC - Opinión

ONU Mujeres. Por M. Martín Ferrand

Ni la ligereza con que Zapatero y su equipo se enfrentan al gasto público sirve para justificar este despilfarro.

YA es difícil de explicar, además de imposible de entender, que una personita del perfil y la experiencia de Bibiana Aído llegara a ser ministra en el Gobierno de España. Ni la partitocracia numantina que practican con tanto entusiasmo, al alimón, el PSOE y el PP sirve para razonar una ascensión tan vertiginosa de alguien cuyos méritos políticos, académicos, cívicos o de cualquier otra naturaleza están por debajo de la media de los de millones de españoles beneficiados por los estudios de rango superior. Tampoco entra en el capítulo de lo fácilmente asimilable que la tal Aído, designada como ministra, mermara, de la noche a la mañana y sin amago alguno de protesta o dimisión, a la también excesiva condición de secretaria de Estado; pero así son, y así brillan, las mañas políticas de José Luis Rodríguez Zapatero y su cómplice principal y mejor cualificado Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Gobierno se empeñó en que Aído tuviera cargo y sueldo en la entidad de nueva planta y crecido presupuesto, obra querida de Ban Ki-moon, ONU Mujeres y, no sin esfuerzo y gasto, consiguió para ella un puesto de asesora, canonjía dotada con cien mil euros anuales. El ABC de ayer —véase— pormenorizaba los detalles de tan poco sutil designación y tan burda entronización. También hay que anotar en la lista de lo inexplicable la falta de crítica del PP, y de los demás partidos del espectro, ante tan caprichosa decisión; pero, sobre todo, habría que conocer el argumento por el que España respaldó, el año pasado, la creación de esta nueva entidad de las Naciones Unidas que, desde septiembre, preside la que fue presidenta de Chile, Michelle Bachellet. Más todavía, por qué nuestro país, tieso como la mojama, se permite dotar a tan innecesaria entidad, con cargo al Presupuesto de 2011, y de momento, con más de 25 millones de euros. Noruega, en donde atan los perros con bacalao, es con 15 millones el segundo contribuyente para el sostenimiento de tan inútil oficina.

Así se va escribiendo la Historia, sin mucho alboroto para evitar la excitación colectiva que merecen el desmán y el despilfarro de quienes gobiernan o les socorren con sus silencios desde las trincheras dizque la oposición. España contribuye a ONU Mujeres —UN Woman— con una cantidad anual que es cuatro veces mayor que la aportada por EE.UU., doce veces más elevada que la de Alemania y setenta y cinco veces la de Francia. Ni la ligereza con que Zapatero y su equipo se enfrentan al gasto público sirve para justificar este capítulo del despilfarro nacional; pero, sobre todo, ¿qué puñetera falta le hace al mundo un engendro semejante?


ABC - Opinión

Las propuestas de Rajoy

Aunque la propaganda socialista esté volcada en repetir como un mantra que Mariano Rajoy no tiene un programa de gobierno de cara a las próximas elecciones generales, la verdad se impone y lo cierto es que el PP ya ha concretado el corpus programático que presentará a los españoles. La austeridad, los ajustes del gasto público y la preservación y potenciación de las políticas sociales serán los ejes vertebradores de este programa. Uno de los objetivos primordiales será invertir los recortes con los que el Gobierno socialista ha castigado a las familias, a los pensionistas, a los dependientes y a todos los trabajadores. Para ello, pondrá en marcha un ambicioso Plan Social para combatir la pobreza y se restablecerían las prestaciones por hijo a cargo para menores de tres años con una cuantía de 500 euros anuales. También se abordará la dependencia con medidas realistas y sensatas, ya que se prevé que la Administración General del Estado garantice la financiación del 50% del gasto realizado en función de la prestación y el servicio. Rajoy también recoge una demanda de miles de españoles que no es otra que la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF con el fin de dinamizar el mercado inmobiliario. En el programa del líder del PP la reactivación de la economía pasa por un apoyo decidido a los emprendedores, pymes y autónomos con distintas actuaciones como la simplificación administrativa, la unificación de la normativa autonómica –que es uno de los grandes lastres que sufren estos colectivos– e incentivos fiscales, como que pymes y autónomos no tengan que pagar el IVA de las facturas no cobradas o la aplicación de una deducción de 3.000 para la contratación del primer trabajador que lo sea por contrato indefinido y por tiempo de dos años. Porque una de las obsesiones de los populares y del propio Rajoy es articular una batería de fórmulas para potenciar la contratación indefinida. La estabilidad presupuestaria será otra de sus prioridades y ésta pasa por la austeridad. A Rajoy no le temblará el pulso para reducir al menos un 25% de los altos cargos, un 50% del personal eventual y un plan de ahorro del gasto corriente. En definitiva su programa es realista, consecuente con la situación económica que vive España y, sobre todo, perfectamente ejecutable. No hay cantos de sirena ni fuegos de artificio con medidas estrella que luego no se puedan llevar a cabo. El espíritu del programa responde al gran conocimiento que tiene el líder del PP sobre los problemas del país y sus iniciativas para abordarlos. Muchas de estas propuestas ya han sido presentadas en el Congreso y no han sido puestas en práctica porque el PP esta en minoría y el resto de los partidos no las han apoyado. Pero la mejor prueba de que son perfectamente aplicables la encontramos en la gestión de los gobiernos económicos del PP. Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid o la Generalitat Valenciana son ejemplos precisos de la buena gobernabilidad, con severas medidas de austeridad institucional y programas de eficiencia que deducen costes y plazos. Lo deseable es que, más pronto que tarde, se puedan aplicar al conjunto del Estado.

La Razón - Editorial

Tormenta en la SGAE.

La entrada de la Guardia Civil en la sede de la SGAE y la detención de nueve personas, entre ellas sus principales directivos, en una investigación sobre apropiación indebida y delitos societarios, reabre de manera dramática el debate sobre la transparencia de esta entidad. La presunción de inocencia protege por ahora a los sospechosos de estas supuestas conductas, pero la misma existencia de la investigación plantea interrogantes que, lamentablemente, no son nuevos.

Este grueso episodio alimenta nuevamente la necesidad de una reflexión urgente sobre el oligopolio de las sociedades de gestión en España, que ya fue denunciado el año pasado y no precisamente desde los márgenes de la sociedad. La Comisión Nacional de la Competencia defendió en un documento la necesidad de corregir el marco legal que ampara a estas sociedades para "evitar abusos e ineficiencias". La Comisión no suponía la comisión de delitos, pero mostraba preocupación por su opacidad.


La Ley de Propiedad Intelectual atribuye al Ministerio de Cultura la facultad de autorizar la creación de estas entidades -en un sentido que "favorezca los intereses generales"-, de fiscalizar sus conductas y, en su caso, retirar la autorización de gestionar los derechos de los creadores. La primera reacción de Cultura ha sido recordar que una sentencia del Constitucional, a raíz de un recurso de los Gobiernos vasco y catalán, consagró que la fiscalización era competencia autonómica. Ya es chocante que se reclamen competencias para luego no ejercerlas, pero el Gobierno español, en 2008 y 2009, encargó dos informes sobre las sociedades de gestión a la Agencia de Evaluación que no detectaron nada sospechoso. El mismo viernes, un ejecutivo de la SGAE recurría a estos informes para defender que "siempre hemos salido limpios" y apuntar a una tesis conspirativa sobre la investigación en marcha.

El registro se produjo el día en que se conocían los resultados de las elecciones a la entidad. La mecánica electoral se basa en un insólito sufragio censitario. La candidatura que obtuvo el 43% de los votos no tendrá ningún representante en la directiva. Una sociedad que administra 365 millones de euros al año y lo hace sin ánimo de lucro, debe ser particularmente escrupulosa. Sobre todo cuando una fuente de sus ingresos se basa en la recaudación del canon digital, discutido por internautas e industria del sector y cuyo carácter abusivo obligará al Gobierno a cambiar su normativa tras una sentencia del Tribunal Europeo.

El origen del caso está en una denuncia, de 2007, de organizaciones opuestas al canon, que pedía esclarecer presuntas y graves irregularidades de la SGAE. Lo solicitaron aquí y en Bruselas. Ahora, no bastará con castigar, si así ha ocurrido, a administradores fraudulentos. Han de cambiar tanto personas como un trasnochado statu quo sobre la gestión de los derechos de autor.


El País - Editorial
Libertad Digital

El fracaso de la política exterior

La reconstrucción de una política exterior anclada en los intereses estratégicos de España es una de las tareas urgentes para el próximo gobierno, que heredará una situación lamentable.

LA visita a Madrid de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, debería considerarse un acontecimiento habitual dentro de las relaciones de España con uno de sus más importantes aliados, pero actualmente se convierte en un hecho extraordinario, hasta el punto de que, en términos políticos, se puede decir que se trata de uno de los gestos más relevantes intercambiados entre el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y la Administración Obama. El mismo dirigente que se negó a ponerse en pie al paso de la bandera norteamericana ha dedicado sus dos mandatos a gestionar un simple guiño de simpatía por parte de la Casa Blanca, pero el célebre «acontecimiento planetario» no sucederá y la política exterior socialista pasará a la historia como uno de los periodos más deslucidos de la democracia, que está terminando con secuelas que rayan el ridículo, como la compra de prebendas en el organigrama de la ONU para políticos de la talla de Bibiana Aído.

La reconstrucción de una política exterior seria y anclada en los intereses estratégicos de España es una de las tareas urgentes para el próximo gobierno, que heredará una situación lamentable. ¿Quién se acuerda ahora de todo el esfuerzo invertido para lograr que España fuera invitada —aunque fuera por la puerta de atrás— a las reuniones del G-20, cuando con la otra mano el mismo Gobierno ha puesto a nuestro país en la lista de los que pueden amenazar la estabilidad de la zona euro? ¿Para qué ha servido todo el dinero y los recursos invertidos en esa fantasía llamada Alianza de Civilizaciones, incluyendo la cúpula de Barceló regalada a la sede de la ONU en Ginebra? El barco de la política exterior española ha navegado sin rumbo ni principios, y uno de los pocos componentes que ha escapado de esa sensación general de improvisación ha sido la complacencia estéril con la dictadura castrista, que no es algo de lo que un país democrático pueda enorgullecerse.

La imagen que transmiten los altos funcionarios que dejan el Gobierno y se apresuran a buscar un acomodo en las instituciones internacionales forma parte de esa sensación de final de ciclo, sólo que en este caso sirve de termómetro para medir la irrelevancia en la que ha dejado a España esta política exterior insensata. Bernardino León, tal vez el mejor de los funcionarios y con cierta influencia —sobre todo para apagar incendios—, va a tener un cargo relevante en la UE que, sin embargo, en otros tiempos sería equivalente al de un subordinado de Javier Solana. Y no de los más importantes.


ABC - Editorial