domingo, 17 de julio de 2011

El combate. Por M. Martín Ferrand

Rajoy ya debiera haber optado, visto que la dimisión no parece entrar en los planes del acusado, por la expulsión de Camps.

AUNQUE cada vez estén más escondidas y postergadas, militan en el PP muchas inteligencias preclaras, procedentes de los más diversos campos de la actividad intelectual y profesional y, simultáneamente, forjadas por la experiencia. Gentes que, como dicen los castizos, saben lo que vale un peine. Muchos de ellos, me consta de varios, han leído con atención y aprovechamiento la obra magna de Carl von Clausewitz, De la guerra, y saben que, del mismo modo que el genial prusiano sostenía que la guerra es un «acto político», conviene entender la política, en lo que se refiere a su dimensión de enfrentamiento partitocrático, como un acto de combate. En el PSOE lo saben bien y, llegados a la decadencia a la que les ha conducido José Luis Rodríguez Zapatero, son frecuentes los líderes locales y militantes de base capaces de explotar sus fracasos. Como contrapartida, el PP, agazapado en la prudencia inactiva, parece indeciso a la hora de explotar sus éxitos que, en los últimos comicios municipales y autonómicos, han sido rotundos.

Un suceso previsible y no previsto, pura torpeza táctica —la situación procesal de Francisco Camps—, ha descompuesto el ánimo del partido de la gaviota y, si nos atenemos a las apariencias, podría pensarse que han perdido sus posiciones en la Comunidad Valenciana, donde su victoria, engrandecida por la endeblez y las circunstancias del renovado president, toma aires de derrota. Como ayer señalaba en estas páginas, con rotunda lucidez, Ignacio Camacho, Mariano Rajoy ya debiera haber optado, visto que la dimisión no parece entrar en los planes del acusado, por la expulsión de Camps. Uno de los dos o tres grandes líderes regionales del PP, presidente de su Autonomía, no puede sentarse en el banquillo para responder de un vestuario que dijo haber pagado en flagrante mentira pública. El coste podría ser inmenso, irreparable, para el PP.

Se entiende que Rita Barberá, su mentora y maestra, nos diga, para no decirnos nada, que Camps, el pobre, sufre mucho. Incluso se puede intentar comprender que el equivalente extremeño del valenciano, José Antonio Monago, no se sabe si por exceso o por defecto, defienda a su colega asegurando que son muchos los socialistas que quieren tomarle medidas al PP; pero que «no hay que hacerle un taje —cortarle, decían los clásicos— a quien hasta el día de hoy es inocente». Lo que ya no entra en los códigos de las costumbres democráticas establecidas, ni en los esquemas de la defensa y el ataque, es el huidizo silencio —irresoluto o prudente, es lo mismo— de quien en unos meses será el presidente del Gobierno de España.


ABC - Opinión

Se fugó. Por Alfonso Ussía

El juez Pedraz es un chollo para los etarras. Y para las etarras, además de un chollo, guapísimo. Ahora ha dejado en libertad al canalla de «Iñaki de Rentería» en contra del fiscal mientras se peinaba su rubia melena con los informes de la Policía y la Guardia Civil. El juez Pedraz de la Audiencia Nacional se parece a la famosa juez Elisabeth Huerta, tan añorada por los terroristas y su entorno. El tal Iñaki ha sido puesto en libertad por Pedraz porque según él –Pedraz, no el etarra–, no existe riesgo de fuga. Efectivamente ya no existe el riesgo de fuga. Se ha fugado. Nadie lo encuentra en Rentería. «Si me quieres escribir/ ya lo sabes, señoría./ En cualquier lugar del mundo/ que no sea Rentería». El terrorista beneficiado por la bondad y la confianza del juez Pedraz fue el responsable máximo del secuestro más largo y brutal de la historia de la ETA. El de José Antonio Ortega Lara. Ordenó la prolongación de la tortura, y su plan definitivo no era otro que abandonarlo en su inmunda celda de castigo y dejarlo morir como si fuera una rata. La rata es Iñaki el de Rentería, la rata fugada, la rata huida y la rata amparada por Bildu, que hoy tiene medios suficientes para burlarse no sólo del juez Pedraz, sino del Estado de Derecho.

En unos meses, de seguir el juez Pedraz con sus debilidades, va a haber más etarras huidos que apresados. Y para colmo, peces gordos. «Josu Ternera» no anda lejos. De Juana Chaos y su mujer, la de los chupachús en la cárcel, parece que se mueven con toda suerte de facilidades por Canadá. Belfast es una ciudad muy triste. El Gobierno de Zapatero lo soltó porque no quería que se le muriera en una huelga de hambre más falsa que un billete de cuarenta euros. Me pregunto cómo puede un agonizante cumplir holgadamente con la que entonces era su novia y pedirle placeres complementarios. Un tipo que se muere, por muy puma que sea, no piensa en esas cosas. Lo llevaron a San Sebastián, se recuperó muy pronto, paseó con total chulería por el Paseo de la Concha, y cuando no había riesgo de fuga, se fugó. Asistimos a la descomposición absoluta del Estado de Derecho, con un Poder Ejecutivo que ordena y manda en numerosos ámbitos del Poder Judicial. No se entenderían muchas libertades «sin riesgo de fuga», ni legalizaciones como la de Bildu, de no ser así. Lo del «Faisán» sí les preocupa. Y no intuyo en ninguno de los altos mandos procesados por colaborar con banda armada la lealtad y el coraje de Barrionuevo. Al final van a cantar «La del Manojo de Rosas», siempre que la Fiscalía no consiga apartar del caso al juez Ruz, que lo apartará.

Para entender lo que hoy significa y representa el PSOE en la sociedad española hay que releer las palabras pronunciadas por quien gobernó en España catorce años como número uno del PSOE. «Soy militante del PSOE pero no le tengo ninguna simpatía». Se equivocó mucho –sobre todo al final– Felipe González, pero gobernó seriamente, con sentido del Estado y rodeado de personas preparadas y, muchas de ellas, honestas. Rubalcaba tiene que recordarlo porque fue ministro de González en diferentes departamentos. Aquel socialismo –Gal y Filesa aparte–, tenía estética y solidez. Se derrumbó a sí mismo en el tramo final de su cuarta legislatura obtenida en las urnas. El de hoy es sencillamente indignante. No es necedad la del Presidente prolongando su mandato. Tampoco obcecación. Necesita un tiempo para borrar toda prueba. De no hacerlo, podría visitar en el futuro el despacho de Pedraz. Y en ese caso, volvería a tener suerte.


La Razón - Opinión

Prima de riesgo. ¡Malditos mercados!. Por José T. Raga

En la mente de la izquierda cavernícola y retrógrada, esa que se quiere comer a los banqueros, cabe que exista una solución: prohibir los mercados, aunque no se sabe cómo redactar el decreto prohibitorio para que tenga eficacia.

Esta expresión ha podido estar presente, al menos en la mente de algunos de los que nos desgobiernan. Porque, ¡vaya semanita que nos han dado! El espectáculo era patético: ZP en estado comatoso y con dificultades para articular; la vicepresidenta abundando en las tonterías de rigor; el candidato Rubalcaba desaparecido en combate, buscando especuladores y banqueros que devorar; y, el Gobierno en pleno sin encontrar ya países a los que culpabilizar de nuestra astronómica prima de riesgo –llegó a alcanzar los 385 puntos básicos–, y tipos de interés correspondientes por encima del seis por ciento, acercándonos peligrosamente a la luz roja del siete por ciento, nivel insoportable para cualquier economía.

Los culpables, pese a lo cercanos, se buscan siempre en el exterior. Primero fue el problema de Grecia, después, el binomio Grecia-Portugal, ahora lo es el trinomio Grecia-Portugal-Italia, todo menos reconocer la culpabilidad del gobierno errático y malicioso de España que ha sumido a la nación en un endeudamiento endémico, porque endémico es el déficit que lo provoca. Frente a esto, el Presidente exige a Alemania que asuma su responsabilidad, lo cual no puede ser más esperpéntico –quien genera un endeudamiento exige a Alemania responsabilidades por él– ni más infantil, la relación David/Goliat sólo se dio una vez en la historia.


¿O quizá la responsabiliza de no mentir como él y asumir, con el engaño, la complicidad que precisa? España no será creíble hasta tanto no desaparezcan quienes han ganado a pulso el título de mentirosos. Anteayer se oía del presidente que estábamos en un crecimiento consolidado. El mismo día, el ministro de Trabajo hacía un encaje lingüístico afirmando que estábamos en la transición a la creación de empleo, y no dijo de pleno empleo porque no se le ocurrió. El mundo de la señora Salgado solucionará sus problemas por sí mismo, es decir, que no tiene problema.

Con todo esto, nadie creerá lo que salga de aquí. Es más, hay que saber que el mentiroso lleva sobre sí, para siempre, la lacra de la mentira. Por eso, el cambio es imperativo si pretendemos que se nos escuche y se nos crea. Con los actuales responsables del Gobierno y con quienes se hayan manchado en su acción de gobernar, nunca tendremos una opción a ser creíbles.

Tampoco añaden nada las comparsas que acompañan en el soniquete. Comprueben el ridículo del Presidente del Consejo Europeo, alabando las medidas del señor Zapatero, mientras los mercados financieros atacaban sin piedad a la deuda española. En la mente de la izquierda cavernícola y retrógrada, esa que se quiere comer a los banqueros, cabe que exista una solución: prohibir los mercados, aunque no se sabe cómo redactar el decreto prohibitorio para que tenga eficacia.


Libertad Digital - Opinión

Italia, mi ventura. Por José María Carrascal

Italia saldrá de esta crisis, como ha salido de tantas otras anteriores. De lo que no estoy tan seguro es de que salgamos nosotros.

«ESPAÑA, mi cuna; Italia, mi ventura; Flandes, mi sepultura», cantaban los soldados de los Tercios. No sólo de España, sino de Europa, Italia ha venido siendo su ventura. Codiciada por los bárbaros, amada por los poetas, admirada por los pintores, disputada por los reyes, Italia ha sido un derroche de cultura, ciencia, política, arte, amor y aventura. Zapatero dijo hace poco que la habíamos sobrepasado. Eso sólo demuestra su universal ignorancia. A caballo de una cordillera, Italia ha sabido sacar provecho incluso de las piedras, al tiempo que nos regalaba artistas, científicos, exploradores, diplomáticos todos ellos universales, y si no ha tenido más protagonismo después de aquel formidable despliegue que fue el Imperio Romano, puede deberse a que en tan pequeño espacio tantas inteligencias se anulan entre sí.

Se preguntará el lector a qué viene este lauro mío a Italia. Es muy sencillo: porque estoy seguro de que saldrá de la difícil situación en que se encuentra, como ha salido de otras más difíciles a lo largo de los siglos. Italia tiene una capacidad casi sobrehumana de sobrevivir, al ser capaz de adaptarse a las circunstancias. Piensen que estuvo la mayor parte de su historia ocupada por franceses, austriacos, españoles, y si no por más, fue porque éstos se lo impidieron. Pero Italia sobrevivió a todos. Su capacidad de supervivencia es tal que puede mantenerse incluso sin gobierno. Un colega italiano me decía que su país vive mejor sin gobierno que con él, «pues cuando no hay gobierno, no hay más impuestos, ni más restricciones, ni más corrupción, y los italianos podemos dar rienda suelta a nuestra inventiva, que es lo que nos va». Es como Italia, pese a los 60 ó 70 gobiernos que ha tenido desde 1945, siempre ha salido adelante y, aún hoy, sigue siendo la segunda mayor exportadora de Europa, sus productos se venden en todas partes y ha llegado a desplazar a Francia en estilo.

¡Qué diferencia con nosotros! Nosotros somos incapaces de vivir sin gobierno. Por malos que sean, los necesitamos, aunque sólo sea para echarles la culpa de todos nuestros males. Cuando puede que el primero de nuestros males sea esperarlo todo del gobierno, confiar en que los políticos nos resolverán nuestros problemas, elegir un partido, una ideología y ser ya incapaces de cambiar. O de reconocer nuestro error al aferrarnos a ella. Mientras los italianos saben que son como los kleenex: para usar y tirar.

Es por lo que Italia saldrá de esta crisis, mientras no estoy seguro de que salgamos nosotros. Las durísimas medidas que han tomado para atajarla indican que, a la hora de la verdad, saben lo que hacen y lo que necesitan. ¿Se imaginan ustedes la que aquí se hubiera armado de haberse establecido el copago para salvar de la bancarrota a la sanidad pública?


ABC - Opinión

Justicia. ¿Es necesario el Tribunal Constitucional?. Por Ramón Villota Coullaut

Es decir, que el origen del Tribunal Constitucional parte de que los jueces profesionales son vistos con desconfianza y ello implica crear un órgano político, ajeno al Poder Judicial, pero también ajeno a los otros poderes del Estado.

El Tribunal Constitucional –el legislador negativo, en palabras de Kelsen– es el máximo intérprete de nuestra Constitución, custodiando los principios básicos de nuestra democracia. Esta teoría, proveniente del periodo de entreguerras del siglo pasado, dio lugar a la Constitución austriaca de 1920 y a la existencia de un Tribunal que, fuera del Poder Judicial, defendiera los principios constitucionales, además de ser el árbitro entre los conflictos que pudieran existir entre las Comunidades Autónomas –o los länder– y el Estado.

Pero para ello el sistema kelseniano, del que proviene nuestro Tribunal Constitucional, se dotó de un Tribunal ajeno al Poder Judicial, algo que rompe con los criterios existentes hasta la fecha, en donde el Tribunal Supremo –EE.UU. es el ejemplo– se encargaba de esta función de garante constitucional, sin necesidad de crear otro órgano más. Fruto de ello, el sistema continental europeo ha creado unos tribunales específicos para la defensa de la Constitución, desde la idea de que los jueces profesionales no estaban, no están, preparados para esa función, puesto que, siendo jueces de carrera, su función y para lo que están preparados es para aplicar las leyes, no para interpretar la Constitución.


Es decir, que el origen del Tribunal Constitucional parte de que los jueces profesionales son vistos con desconfianza y ello implica crear un órgano político, ajeno al Poder Judicial, pero también ajeno a los otros poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, como pieza que finalice el sistema constitucional. Pero he aquí que lo que se presumía como un órgano independiente se ha convertido en un órgano en donde sus miembros se eligen por cuotas políticas, algo que entra dentro de lo normal, ya que tanto el Congreso de los Diputados, como el Senado, como el Gobierno, como el propio Consejo General del Poder Judicial –también éste–, son órganos controlados por los partidos políticos mayoritarios, y, dependiendo de la mayoría del momento, sus miembros y decisiones variaran.

Por tanto, si la crítica a los jueces profesionales era su timidez hacia el poder establecido, vía respeto al ordenamiento jurídico, la situación del Tribunal Constitucional se asemeja muchísimo a lo que Kelsen intentó evitar, un Tribunal cuya idea únicamente fuera la defensa de la Constitución, y no la idea de la Constitución que tenga la fuerza política imperante en el momento. Dos ejemplos de ello son tanto las sentencias referentes al Estatuto catalán como a Bildu, en donde los votos se han dividido según las preferencias ideológicas de los diferentes magistrados del Tribunal Constitucional, que han coincido con su interpretación de la norma constitucional.


Libertad Digital - Opinión

Vidas ejemplares. Por Ignacio Camacho

A día de hoy Camps y Curbelo continúan en sus cargos pero la presión sobre uno y otro es francamente desigual.

PARA demostrar el avasallador doble rasero con que se mide la conducta en la política española basta mirar el caso del senador Curbelo y compararlo con el del presidente Camps. Hay un factor común en ambos pese a su aparente alejamiento, y es la hemiplejía sectaria, el apretado cierre de filas que PSOE y PP han decretado en torno a sus nada ejemplares correligionarios. La abrumadora diferencia reside en la atención de la opinión pública sobre uno y otro, así como en el énfasis crítico del partido adversario. La consideración sobre la gravedad de los hechos pertenece desde luego al ámbito moral. Juzguen ustedes mismos.

Caso Camps: un presidente autonómico del PP se dejó regalar unos trajes por un grupo de empresarios corruptos y ha sido procesado por cohecho impropio. Caso Curbelo: un senador socialista se resistió a patadas al ser detenido por provocar borracho destrozos en una sauna de putas —a la que había acudido ¡con su hijo!— , invocando su inmunidad parlamentaria entre insultos soeces y racistas a las fuerzas del orden. A la hora presente ambos niegan los hechos y permanecen aferrados a sus respectivos cargos. Pero mientras el procesamiento de Camps ocupa primeras planas, editoriales, tertulias y minutos de apertura en los telediarios, al tiempo que la plana mayor del PSOE exige su renuncia en declaraciones altisonantes, el escándalo del representante canario apenas es materia de páginas interiores sin que la oposición haya alzado la voz, como si el carácter escabroso de su peripecia fuese objeto de una cierta piedad política e informativa.


A nadie se le escapan los ribetes de morbo, sensacionalismo y reprobación que alcanzaría un suceso así de tener como sujeto a un parlamentario de la derecha. Los detalles más truculentos aparecerían hasta en programas del corazón y es probable que hubiésemos leído u oído declaraciones de las masajistas. La dirección popular tendría que hacer frente a un juicio moral global sobre la hipocresía de sus miembros, los socialistas cargarían en tromba con feroz disciplina de grupo y el feminismo oficial emplumaría sin misericordia al putero. Lo sorprendente del caso real, sin embargo, no es tanto la clemencia periodística sino la inusual, silenciosa, casi solidaria benignidad de los adversarios políticos, inclinados a tratar el asunto como un incidente de índole privada que degradase más a quien lo critica que a quien lo motiva.

El manto de protección corporativa extendido por los dos grandes partidos sobre sus dirigentes en entredicho es, por desgracia, una constante demasiado habitual y conocida en nuestra escena política. Quizá lo novedoso de este episodio comparado está en la asunción por parte de la derecha de la doble medida de la ejemplaridad pública. La conclusión más plausible, aparte de la deplorable falta de asunción de responsabilidades, sería la de que cada cual tiene el trato que se merece.


ABC - Opinión

Espíritu de concordia

Mañana se cumple el 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, para muchos el hecho histórico más importante del siglo XX español y cuyos rescoldos, que parecían apagados tras el colosal esfuerzo de la Transición y los gobiernos posteriores, se han reavivado en estas dos últimas legislaturas socialistas. Esta nueva efeméride es una oportunidad para lamentar el regreso de aquellos fantasmas de nuestro pasado, pero también para ensalzar lo mucho y bueno que administraciones de la UCD, el PP y el PSOE realizaron con el fin de cicatrizar las heridas que permanecieron abiertas durante cuarenta años. Olvidar, como se ha pretendido en estos últimos tiempos, el esfuerzo por la restitución de los honores militares a los fieles a la República, las compensaciones económicas y políticas para víctimas y familiares de víctimas y la devolución de su patrimonio a partidos y sindicatos es una injusticia y un error. Es necesario ponderar el justo esfuerzo de la democracia en este sentido. Pese a todo, hay que admitir que ha habido un retroceso evidente en el camino recorrido desde la Transición por la instrumentalización de la contienda por parte del Gobierno socialista mediante una política de memoria histórica revanchista sobre el bando que ganó la guerra. Exhumar, 75 años después del conflicto, la naturaleza de los odios desatados era del todo innecesario, pero el PSOE prefirió volcarse en un proceso propagandístico y partidista que nada tenía que ver con el interés general. Lo cierto es que 80 años después de la República, 75 después del comienzo de la Guerra Civil y 36 de la muerte de Franco, la Guerra Civil replica aún el drama de las dos Españas. Según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, a la pregunta de si ya se ha superado el enfrentamiento, el 46,3% responde que sí, mientras que el 44,8% dice que no. También se refleja esa fractura cuando se inquiere si la guerra aún divide a los españoles: el 47,8% opina que sí, y el 44,7%, que no. Hay, sin embargo, un matiz esperanzador cuando nueve de cada diez españoles consideran que es preciso dejar la guerra definitivamente atrás. De cara al futuro, el cambio político que se anuncia tras las elecciones generales debe fomentar espacios para la reconciliación y la cicatrización definitiva de las heridas. Los políticos tendrán que dar paso a los historiadores y dejar que la contienda fratricida se transforme de una vez por todas en objeto de estudio por los expertos y en una oportunidad para aprender de los errores. Se ha hecho un ingente esfuerzo durante años para la reconstrucción de la verdad al margen de pasiones ideológicas y existe una abundante y variada bibliografía que permite abordar aquella etapa con todo el rigor histórico. Debemos aprovechar todo ese esfuerzo en una misión pedagógica cuyo fin sea evitar que el recuerdo de aquella tragedia nacional se convierta en un elemento de confrontación ideológica. En la Transición, políticos de izquierda y de derecha se dieron reglas políticas y morales para impedir que el análisis de la Guerra obstaculizara el progreso y perjudicara la prosperidad de los españoles. El futuro pasa por recuperar y fortalecer aquel espíritu de concordia.

La Razón - Editorial

Sin sorpresas en los test de estrés

Estos exámenes de resistencia han servido también para comprobar los perjuicios que irremediablemente acaban produciendo unos procesos de reodenación del sistema financiero cuando se basan en criterios políticos y no económicos.

La banca española, prácticamente al completo, ha sido sometida a un riguroso examen por parte de la Autoridad Bancaria Europea con un resultado más que aceptable dadas las circunstancias. España es el país europeo que más entidades bancarias ha sometido a análisis, prueba de que hay un sincero interés por demostrar que el sistema financiero español está haciendo lo que se espera de él en un escenario de recesión como el que padecemos. Sólo cinco entidades han sido suspendidas en esta revisión internacional, algo que por otra parte ya estaba más que descontado vistos los antecedentes de todas ellas, suficientemente conocidos desde bastante antes de que se produjera este control externo.

Los resultados son, por esperados, aceptables, pero eso no debe impedirnos realizar algunas observaciones para mejor situar la cuestión que nos atañe.

En primer lugar, de las cinco entidades suspendidas, tres son el producto de las fusiones diseñadas por el ministerio de Economía, los famosos SIP, con el fin de que las cajas de ahorro se protegieran mutuamente frente a las consecuencias de la crisis económica, difuminando los riesgos que tal escenario conlleva para unas entidades en especial situación de debilidad. Puesto que el Banco de España ha sido el organismo encargado de tutelar estos procesos de fusión y de verificar su viabilidad, no parece muy oportuno que su gobernador lance las campanas al vuelo por los resultados de estos test sin hacer la menor autocrítica acerca de este hecho que pone de manifiesto las carencias de esta supervisión.


Por otra parte, estos exámenes de resistencia han servido también para comprobar los perjuicios que irremediablemente acaban produciendo unos procesos de reodenación del sistema financiero cuando se basan en criterios políticos y no económicos, como ha ocurrido principalmente con las cajas de ahorro catalanas. No es casual que dos de las cinco entidades españolas suspendidas, Catalunyacaixa y Unnim, sean el fruto de fusiones realizadas entre las cajas de ahorros de esta comunidad autónoma, con el fin de preservar los centros de decisión dentro del territorio por exigencia de unos dirigentes más preocupados de obedecer a la consigna nacionalista que a la lógica empresarial.

Con todo, los resultados de este examen a nuestro sistema financiero confirman los análisis que los lectores han seguido en nuestro periódico, en el sentido de que, si bien la posición de partida de nuestro sistema bancario era especialmente vulnerable por su sobreexposición al riesgo inmobiliario, lo cierto es que dentro del mismo se está actuando con el rigor necesario para sobreponerse a una situación que hace sólo dos años no presagiaba nada bueno.

El Banco de España y la vicepresidenta económica, con escaso sentido de la mesura, todavía no han dejado de felicitarse por los resultados de estas pruebas de resistencia. Si ambos hubieran sido más diligentes en su labor supervisora muchos más se sumarían a esos parabienes. Nosotros los primeros.


Libertad Digital - Editorial

Responsabilidad compartida

El Ejecutivo no puede lavarse las manos cuando el control del déficit autonómico es determinante para cumplir los planes de estabilidad presupuestaria que exige la lucha contra la crisis.

AUNQUE actúan ya con mentalidad de interinos, los miembros del Gobierno tienen el deber inexcusable de cumplir con sus obligaciones hasta el último momento. Sin embargo, parece que la vicepresidenta económica intenta eludir su responsabilidad al negarse a recibir a la nueva presidenta de Castilla-La Mancha para abordar al máximo nivel político el problema de la deuda pública oculta que denuncia el Ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal. Ante un asunto tan grave, no sirven excusas ni dilaciones, con el pretexto de que primero tendrán que reunirse los interventores o los altos cargos del Ministerio y la comunidad autónoma. La «herencia» del PSOE en Castilla-La Mancha es fiel reflejo de una forma de gestión lesiva para el interés general, por mucho que José María Barreda se descuelgue a última hora con explicaciones peregrinas. Más aún, el Ejecutivo no puede lavarse las manos precisamente ahora que el control del déficit autonómico es determinante para cumplir los planes de estabilidad presupuestaria que exige la lucha contra la crisis económica y los compromisos adquiridos por Rodríguez Zapatero ante nuestros socios europeos.

Elena Salgado tiene que rectificar de inmediato y reunirse cuanto antes con Cospedal. Es comprensible que la derrota en feudos tradicionales como Castilla-La Mancha o Extremadura resulte especialmente dolorosa para el PSOE, pero ello no justifica de ninguna manera que se abandone a su suerte a las comunidades que el 22-M optaron por un cambio de rumbo. Por lo demás, las «cuentas» que realiza el nuevo Ejecutivo popular ponen de manifiesto la necesidad ineludible de un análisis riguroso y objetivo de las finanzas públicas después de una larga etapa de monopolio en el poder autonómico. La gestión del dinero público debe realizarse siempre con criterios de austeridad y eficiencia. En nombre de los ciudadanos que la han elegido, Cospedal pretende llevar a cabo una política razonable basada en el control del dinero de todos. Por ello, la negativa de Salgado supone un desprecio a los votantes castellano-manchegos. Nadie espera nada a estas alturas de un Ejecutivo políticamente agotado, pero la máxima responsable de Economía y Hacienda tiene el deber de ocuparse personalmente de un asunto muy grave que pone en entredicho la gestión de los socialistas en Castilla-La Mancha.

ABC - Editorial