miércoles, 27 de julio de 2011

La deuda pone en cuestión el Estado de las Comunidades Autónomas. Por Antonio Casado

Pensado con parámetros políticos, insostenible con parámetros económicos en tiempos de vacas flacas. Vale para la UE y vale para nuestro Estado de las Autonomías. A la luz del mismo imperativo político: cargar con los pecados de otros, o encubrirlos, para salvar el conjunto. El paradigma económico también ha venido siendo el mismo durante la forja del llamado Estado del Bienestar: endeudamiento como herramienta política. E idéntica la tensión entre el deudor y el acreedor, que transfiere a los mercados el papel clásico de las democracias representativas: el de control-limitación del poder.

Ya sea Barack Obama reclamando un mayor umbral de gasto ante el Congreso norteamericano o Grecia rogando a sus socios europeos, y consiguiendo, toda clase de facilidades para ponerse al día. Con su telón de fondo inevitablemente político: la cohesión entre los ciudadanos y los territorios. Prestación de servicios al ciudadano viva donde viva. En Alemania, sin pedir prestado. O en Grecia, que gasta muchísimo más de lo que tiene, como California. Sin que se sepa en el segundo caso porque lo tapa una misma bandera (EE UU), mientras que es piedra de escándalo en el primero. Lo de Grecia no lo tapa la bandera azul de las estrellas (UE) al ser la unidad política (y fiscal) un simple esbozo, una vocación unitaria confesada pero no consumada.


En nombre de la descentralización y el reconocimiento de la diversidad territorial en España la Constitución de 1978 alumbró el Estado de las Autonomías. Y hoy, hoy mismo, a la vista de cómo vaya el Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano de coordinación económica del gobierno central con los 15 gobiernos autonómicos de régimen no foral), sabremos si la bandera nacional tapa o no tapa los agujeros en las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas.
«A la vista de cómo vaya el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sabremos si la bandera nacional tapa o no tapa los agujeros en las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas.»
No solo eso. Sabremos también, o nos haremos una idea muy aproximada, si ha llegado el momento de revisar el modelo autonómico en nombre de la eficiencia y la racionalización del gasto público. En todo eso puede desembocar el temido choque de trenes entre el Gobierno de Zapatero, representado por los vicepresidentes Salgado (económica) y Chaves (político) y las Comunidades gobernadas por el PP, cuyos consejeros acuden a la reunión con una postura común consensuada ayer en una cumbre de presidentes autonómicos con su líder nacional, Mariano Rajoy.

El bloque de consejeros conservadores quiere facilidades para liquidar o mitigar la deuda contraída con la Administración central (liquidaciones por dineros públicos anticipados a cuenta en 2008 y 2009 que, en aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica, han resultado a devolver). Pedirán al Gobierno un aplazamiento a diez años para resolver sus problemas de liquidez. Y el Gobierno, que no anda sobrado de liquidez precisamente, ya ha dicho que nones por boca del secretario de Estado de Hacienda, López Carbajo. Porque necesita ingresos para alcanzar los techos de déficit público comprometidos (6% en 2011) y sobre todo, ay, porque quiere que las comunidades gobernadas por el PP (once de las quince de régimen no foral) asuman el coste político de las promesas incumplidas por falta de recursos.


El Confidencial - Opinión

Autonomías. La crisis institucional está servida. Por Emilio J. González

Para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, cosa que no hace ni de lejos.

Gobierno y autonomías andan de nuevo a la gresca a cuenta tanto de los dineros de más que el Estado adelantó a los ejecutivos regionales como del reparto de la carga del saneamiento presupuestario que tiene que llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas españolas para superar la actual crisis fiscal. Y, como el enfrentamiento está servido, la prima de riesgo vuelve a subir.

Al Estado ahora le han entrado las prisas por empezar a registrar ingresos en las arcas de Hacienda, no tanto para poder cuadrar mejor sus cuentas –porque esas devoluciones que reclama a las autonomías no contabilizan a efectos de déficit público– cuanto para disponer de recursos con los que financiar las ocurrencias del nuevo candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo ‘Paro’ Rubalcaba, a quien ahora no se le ha venido a la cabeza nada mejor que reeditar la política de los 400 euros como engañifa para 600.000 jóvenes que percibirían ese dinero en época electoral a cambio de seguir un curso de formación que, de paso les sacaría de las listas del paro y maquillaría las cifras de desempleo. Es decir, en tiempos de necesaria austeridad, el PSOE quiere recursos públicos para invertir en su candidato, con independencia de que ese sea un lujo que la economía española ahora no se puede permitir ni de lejos. No es de extrañar, por tanto, que las autonomías pongan el grito en el cielo y digan que necesitan más tiempo para devolver los dineros que adeudan a Hacienda.


El Gobierno, además, pretende que los Ejecutivos regionales se aprieten todavía más el cinturón, cosa que me parece muy bien porque de lo que se tienen que dar cuenta los políticos españoles de todo signo es de que la fiesta se ha acabado y de que ya no pueden, ni podrán, seguir gastando como antes, como si todo lo que le pasa a la economía española, y por ende a la recaudación fiscal, fuera poco menos que una tormenta pasajera cuando, en realidad, se trata de un problema estructural. Pero para poder reclamar más frugalidad a las autonomías, el Estado tiene que empezar por dar ejemplo, cosa que no hace ni de lejos, y tiene que seguir por aplicar la misma vara de medir a todos. No se puede permitir que a unas autonomías se les pretenda obligar a reducir más y más sus gastos mientras con Cataluña y Andalucía hay manga ancha en todo momento simplemente por los intereses electoralistas del PSOE. Si el Gobierno central no actúa de esta manera, el conflicto con las autonomías estará servido y entonces no habrá forma de rebajar la prima de riesgo, porque Zapatero volverá a demostrar que ni cuenta con la capacidad necesaria para gobernar este país en estos tiempos difíciles, ni tiene la menor intención de que el Estado central haga la parte de los deberes presupuestarios que le corresponde.

Libertad Digital - Opinión

No hay un duro. Por José Antonio Vera

La situación en las autonomías empieza a ser dramática. A la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se le escapó recientemente, en un arrebato de sinceridad ante Gallardón, que la realidad es que su Gobierno no tiene «un puto duro». Y es verdad. Las administraciones públicas, particularmente las regionales y locales, están en situación de semiquiebra, acuciadas por unas deudas que no pueden pagar y, en algunos casos, como Castilla-La Mancha, ni siquiera refinanciar. No hay un euro de verdad y la situación es extrema porque se dan situaciones, como Andalucía, donde los medicamentos no se pagan desde hace más de dos años, o como Castilla-La Mancha, que lleva tres meses sin liquidar a las farmacias, o Valencia, con empresas que están teniendo que cerrar porque la televisión autonómica acumula meses de demora en la actualización de sus compromisos. Las comunidades están arruinadas y los ayuntamientos también. Lo peor es que el problema no se solventa ya sólo con recortes. Los recortes en el gasto corriente son completamente necesarios porque habíamos hinchado la Administración con una compleja maraña burocrática en gran medida inservible, saturada de altos cargos y asesores, despachos y coches oficiales, edificios y empresas públicas ineficientes. Ha sido tal el descontrol, que nadie sabe a ciencia cierta el volumen real de lo adeudado. Cada vez que se hurga en un cajón aparecen facturas sin pagar, algunas hasta en pesetas. El Gobierno toledano de Barreda dijo que el montante de impagados por su Gobierno, en lo que va de año, ascendía a 700 millones de euros, pero una vez vistas las cuentas y analizadas de verdad, resulta que son 2.000 millones más.

Sinceramente creo que en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ejecutivo no va a tener más remedio que buscar una fórmula para desbloquear esta situación de falta de tesorería que supone una amenaza real de suspensión de pagos. Pero abrir la mano significa incumplir la previsión de déficit para este año, y eso tendrá una repercusión inmediata en la imagen de España en los mercados.

La solución no es fácil, y en todo caso debería pasar siempre por un ajuste completo de gastos innecesarios. Pese a los últimos recortes, aún nuestras autonomías mantienen mucha incomprensible inversión en servicios improductivos, representación institucional, «acción exterior», televisiones gigantescas y otras camelancias innecesarias creadas a mayor gloria de los políticos.
Tendrán que recortar hasta quedarse con lo indispensable para gestionar bien, y en segundo lugar han de empezar a pagar lo que deben. La única manera de que nos dejen tranquilos los tiburones financieros es saneando las cuentas, volviendo a ponerlas como las tuvimos con Aznar. Si para pagar deudas hay que vender activos, que lo hagan. Tienen edificios, terrenos, locales, televisiones, empresas y mucho patrimonio que pueden colocar a quien esté dispuesto a adquirirlo. Ahora es difícil, pero no imposible. Sólo hay que ponerse manos a la obra. Y después, cuando hayamos conseguido equilibrar, no volvernos a endeudar a lo loco como se ha hecho en estos años de zapaterismo inconsciente.


La Razón - Opinión

Stiglitz. Un Nobel con los indignados del 15-M. Por Agapito Maestre

Se puede adoptar ante los del 15-M cualquier posición, excepto el escapismo de decir que la cosa no va con nosotros.

Un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, se ha acercado a una asamblea de los del 15-M, en el Retiro, y les ha alentado a que insistan en sus reivindicaciones, entre las que ocupa un lugar importante que los mercados no dicten sus normas al margen de los intereses de los ciudadanos. Es obvio que para los organizadores de estas protestas –que, paradójicamente, gritan eslóganes contra todo el sistema institucional, pero no piden la dimisión del Gobierno de la nación– tiene que haber sido una inyección moral la visita del Nobel.

Nadie reste importancia, por otro lado, a la visita del Nobel, porque fuera invitado por un grupo de doctorandos de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense, que participaron en un curso de verano en San Lorenzo de El Escorial, en colaboración con la Fundación Ideas del PSOE, del que Stiglitz era ponente; por el contrario, esos datos dan aún más relevancia a la visita del Nobel a los acampados del Retiro. Son unos jóvenes estudiantes, en pleno proceso de formación, los que invitan a todo un Nobel a qué adopte una posición y éste acepta el reto. Bravo...


Esta visita del Nobel a los del 15-M revela, en mi opinión, la importancia de este fenómeno político. Su relevancia no sólo procede del número de personas movilizadas, tampoco de sus principios e ideas para proponer alternativas económicas al actual sistema, sino sobre todo en que este movimiento es ya un símbolo de protesta contra el sistema establecido. En efecto, y no me cansaré de repetirlo, el movimiento del 15-M, con todas sus idas y venidas, errores y falsificaciones, interpretaciones y manipulaciones, nos ha puesto ante nuestros ojos una serie de problemas, conflictos y quiebras políticas que no cabe eludir si no es al precio de negarnos a nosotros mismos como intelectuales o políticos.

Se puede adoptar ante los del 15-M cualquier posición, excepto el escapismo de decir que la cosa no va con nosotros. Esa posición escapista, que han adoptado muchos analistas políticos e intelectuales, vinculados de un modo u otro al PP, no es de recibo. Más aún, no critico esa posición por cobarde sino por estúpida. Negar los problemas no es una manera de resolverlos sino de acrecentarlos; por cierto, hay un asunto que este movimiento, independientemente de cómo juzguemos su forma de hacerlo, ha puesto en evidencia del que no podemos zafarnos. O lo aceptamos o lo negamos. No valen evasivas. O contestamos afirmativa o respondemos negativamente. Me refiero a que el sistema político vigente está, por decirlo suavemente, colapsado, entre otros motivos porque la "clase política" se considera dueña y señora del espacio público-político.

Precisamente, por eso, alenté y, por supuesto, seguiré alentando cualquier movimiento social y, finalmente, político, que critique con razones que el espacio público-político sea propiedad de los políticos profesionales. Y por eso, sin duda alguna, apoyé al principio al movimiento del 15-M. Y también por eso, obviamente, sigo la evolución de este movimiento con especial atención: unas veces, como aquí he expuesto, para criticar sin piedad sus tácticas de protesta, por ejemplo, la ocupación del espacio público en detrimento de las libertades de otros ciudadanos; otras veces, especialmente en el orden de los principios, he cuestionado su "cosmopolitismo" abstracto que les aleja de una nación llamada España y les acerca a posiciones de violencia revolucionaria; y, naturalmente, también he criticado la instrumentalización que de este movimiento está haciendo el PSOE en general, y el Gobierno de Rodríguez Zapatero en particular. En cualquier caso, y lo digo como aviso a mis críticos, ninguna de esas críticas me impedirá ver lo que ha puesto en evidencia este movimiento: no podemos dejar que la "clase política" –necesaria, dicho sea de paso, en cualquier sociedad civilizada– se considere la única propietaria del espacio público-político.


Libertad Digital - Opinión

Las ayudas. Por Alfonso Ussía

El PSOE de Felipe González ganaba las elecciones por sí mismo, sin ayudas escalofriantes. En 1982, con una UCD desmoronada por la inconexión de sus barones y la dimisión de Adolfo Suárez, el PSOE consiguió 202 escaños en el Congreso de los Diputados. Y revalidó el triunfo con dos mayorías absolutas en las legislaturas posteriores. Su último tramo en el poder fue nefasto y nada ejemplar, pero los primeros Gobiernos presididos por Felipe González estuvieron compuestos de gente seria y preparada. El socialismo de aquellos tiempos miraba hacia el futuro y, como la derecha rebajada de pasión por Fraga Iribarne, renunció a mirar al pasado. No pueden sorprender las palabras de Felipe González de las últimas semanas. «Sigo siendo militante pero le he perdido la simpatía al PSOE». Y es lógico, por cuanto el PSOE de González era un partido con clara vocación europeísta y compacto en su sentido del Estado y de la unidad de España. Y este PSOE descalabrado representa un socialismo viejo y superado, con un concepto del Estado como el que puede tener una almeja y una capacidad para crear desunión y desilusión como pocas veces se ha visto en España. Una España, por otra parte, amenazada por independentismos alentados desde el propio Gobierno de Zapatero, que ha fomentado que los suyos gobiernen con los separatistas catalanes, los independentistas gallegos y ahora culmina su operación abriendo las puertas de Bildu a las instituciones democráticas y aguardando con enorme ilusión una carta de la ETA.

El PSOE de Felipe González ganaba con mayoría absoluta sin la ayuda de agentes escalofriantes. No se trata de una acusación sino de una evidencia. Zapatero ganó con mayoría simple las elecciones en 2004 gracias a Al Qaeda. No quiero decir con esto que Zapatero y Al Qaeda se pusieran de acuerdo, que no. Pero sin los atentados de los trenes y la manipulación vergonzosa de los medios afines y el ambiente de crispación social que crearon contra el PP, esas elecciones las hubieran perdido. Y ahora están a la espera de una declaración de la ETA para mitigar la esperada derrota electoral del próximo otoño, el próximo invierno o la próxima primavera. Intolerable ayuda que de nada les va a servir, pero que indica hasta qué límite de amoralidad ha llegado este Gobierno descabezado y esa candidatura encabezada por quien representa parte del peor pasado del PSOE.

Felipe González cometió en sus últimos años de Gobierno gravísimos errores. También los protagonizó, y contundentes, José María Aznar en los dos años finales. Anteriormente, Aznar fue el mejor Presidente de nuestra breve historia democrática, seguido muy de cerca por el primer Felipe González. Uno y otro son referencias respetadas e indiscutibles en la reciente Historia de España. Aznar cuenta con más cariño en el PP que Felipe González en el PSOE, aunque los dos políticos intuyan la realidad de una distancia establecida por sus sucesores. Menor la de Rajoy respecto a Aznar que la de Zapatero en lo que concierne a Felipe González. En el caso socialista, la distancia y el desprecio hacia la figura de González son más que una injusticia. Es una imbecilidad. Han renunciado a su experiencia. De ahí la poca simpatía que siente Felipe González, el que ganaba sin ayudas, por el PSOE de Zapatero, el que ganó por la manipulación que se hizo de un terrible atentado islamista y ahora espera ilusionado la cartita de la ETA.


La Razón - Opinión

Autonomías. El póquer del mentiroso. Por José García Domínguez

Huelga decir que nadie se cree ni una coma de las cuentas que sus muy honorables antecesores firmaron y rubricaron bajo palabra de honor. Ya se sabe, cosas de un país de caballeros donde rige reverencial temor al incumplimiento de las leyes.

Acaso por primera vez en su historia, la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera va a desenvolverse con arreglo a un principio exquisitamente democrático. Y es que todos sus integrantes, igual el Gobierno que las comunidades autónomas, compartirán idéntico grado de ignorancia sobre el volumen cierto de la deuda regional. La más absoluta de las inopias los equiparará, demoliendo cualquier jerarquía. Tal que así, la vicepresidenta Salgado desconoce a estas horas cuál haya de ser el déficit exacto de, pongamos por caso, Castilla-La Mancha. Ignoto arcano cuya efectiva cuantía aún supone un misterio para la misma Cospedal. Por algo, aquella estupefaciente naturalidad con que los ganadores de las elecciones de mayo anunciaron urbi et orbi la realización de auditorías a fin de esclarecer el enigma.

Huelga decir que nadie se cree ni una coma de las cuentas que sus muy honorables antecesores firmaron y rubricaron bajo palabra de honor. Ya se sabe, cosas de un país de caballeros donde rige reverencial temor al incumplimiento de las leyes. Por cierto, ¿cabría mayor prueba de la efectiva inanidad de cuantos órganos de control financiero fueron reformados en su momento, empezando por la Intervención General del Estado y acabando por el Tribunal de Cuentas? Aunque no vaya por ello a inferirse que el sistema no funciona. Al contrario, funciona con eficacia admirable. Repárese sin ir más lejos en ese tribunal que se dice de cuentas. Su peligro potencial ha sido neutralizado con pericia en verdad notable.

Primero, hurtándole recursos humanos y materiales para que le deviniera imposible cumplir su misión con alguna diligencia. De ahí que sus informes, en el mejor de los casos, se demoren un lustro. Y luego, politizando hasta lo grotesco su composición. Al punto de cualquier perito en lunas puede formar parte de él. Razón de que el carné de un partido, ora el del PP, ora el del PSOE, sea la única acreditación profesional que se reclama a los "magistrados" que lo integran. Garantizar la impunidad de las diecisiete islas griegas era –es– la genuina tarea que le impuso el Gobierno. Y ha cumplido el empeño con creces. ¿De qué otro modo si no podríamos haber llegado a un colapso como el que nos ocupa?


Libertad Digital - Opinión

«Atroz, pero necesario». Por Ramón Pérez-Maura

Como si alguna confesión cristiana tuviera entre sus postulados el asesinato masivo de niños.

El pasado viernes por la mañana, horas antes de la bárbara carnicería perpetrada por el matarife Anders Breivik, él mismo dejó difundida en la red una afirmación que los hechos volvieron escalofriante: «Hoy os convertiréis en inmortales». Y parece que él quería decirlo en sentido literal, como tantas otras locuras salidas de su enfermo cerebro. Dado el cúmulo de filiaciones diversas a las que se ha intentado atribuir los actos del demente Breivik, no parece improcedente afirmar ahora, como lo ha hecho Bret Stephens en el WSJ, que esa afirmación no responde a impulsos religiosos porque si los hubiera tenido no está claro qué espacio dejaba para la vida en el más allá. Tampoco tiene nada de cristiano («terrorista cristiano» le llaman con regocijo). Como si alguna confesión cristiana tuviera entre sus postulados el asesinato masivo de niños. Eso era de Herodes y, según parece, no era seguidor de Cristo. Y tampoco parece tener nada de conservador, que es una ideología que entre sus postulados no tiene un ápice de utopía.

En cambio tiene mucho de algo que no es una ideología ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Una ideología que no es política en el sentido que damos a ese término y que ni siquiera puede ser comparada con el terrorismo islamista. La única conexión de Breivik con algo que se aproxime a un pensamiento estructurado es con el milenarismo, la demencial propuesta redentora de tantos trastornados necesitados de atención psiquiátrica que creen que toda posibilidad de redención llega por medio del caos y el sufrimiento. Y que, por si no estuviéramos dispuestos a sufrir por nuestra propia voluntad, están ellos preparados para infligirnos ese sufrimiento.

De ahí la afirmación de Breivik tras su detención: «Atroz, pero necesario». Stalin, hablando de las purgas en el Gulag, hubiera dicho lo mismo.


ABC - Opinión

Urgencias autonómicas

El Gobierno y las comunidades autónomas tienen hoy la oportunidad de enviar un mensaje a los mercados internacionales de compromiso con la austeridad. Mientras se mantiene la presión sobre nuestra deuda soberana y se fuerza al Tesoro a elevar sustancialmente el tipo de interés a pagar, los inversores y los organismos internacionales estarán hoy muy pendientes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de sus resultados. Hay una obligación de dar una respuesta favorable a los ajustes en línea con el objetivo del 6% de déficit para el conjunto de las administraciones del Plan de Estabilidad, pero también de atender a las exhaustas arcas autonómicas para no poner en peligro el funcionamiento de los servicios públicos y el pago a los proveedores. El cambio político del 22-M ha permitido conocer el estado crítico de algunas administraciones dirigidas por los socialistas. Los déficits ocultos, las facturas impagadas, serán también protagonistas en el encuentro de hoy, porque condicionan la capacidad de los nuevos gobiernos para afrontar su día a día. La propuesta de sancionar la estafa política que supone la ocultación de la deuda y el derroche debe ser tenida en cuenta. El vicepresidente Chaves respondió ayer que «no se pueden sacar presuntas deudas para justificar recortes». Su actitud es de un cinismo insólito. Fue su Gobierno y él mismo los que hicieron la vista gorda ante los dispendios del PSOE.

El Consejo, que en principio debatirá la regla de gasto que quiere implantar el Ejecutivo y la distribución de 8.000 millones adicionales de la financiación de 2012 para Sanidad, debe alcanzar un consenso por la estabilidad presupuestaria y lo que ello supone. En ese aspecto, Mariano Rajoy definió ayer un razonable marco de actuación que pasa por la ampliación del plazo para que los gobiernos devuelvan los anticipos de ingresos adelantados por el Estado –19.000 millones–, lo que resolvería los problemas de liquidez sin afectar a la deuda ni al déficit público, y una apuesta por el equilibrio presupuestario, el recorte de los gastos corrientes y la transparencia con la deuda. Esas pautas generan confianza y son límites exigentes a la gestión de lo público.

A estas alturas parece complicado que todas las comunidades puedan cumplir con los objetivos de déficit, porque el volumen de números rojos es apabullante. El nuevo Gobierno extremeño, por ejemplo, anunció ayer que el desequilibrio contable duplicaba a 30 de junio lo estipulado por el Gobierno, el 1,3%. La posibilidad de que se incumpla el Pacto de Estabilidad es un hecho y eso tendrá un coste en los mercados, pero es preciso descontarlo cuanto antes y replicar con medidas creíbles y exigentes que generen solvencia. Las comunidades tienen que cortar y cortar hasta quedarse con lo indispensable. No existen milagros y el crédito internacional está agotado.
El próximo Gobierno estará obligado a afrontar una redefinición y revisión del estado autonómico que no puede descartar la recuperación de competencias ni nuevos mecanismos de supervisión estatal. Bajo los parámetros actuales se ha levantado un gigante con los pies de barro que amenaza la recuperación económica. El futuro pasa por un cambio profundo y racional.


La Razón - Editorial

Drama en Washington

El diálogo de sordos entre demócratas y republicanos acerca a EE UU a la insolvencia.

Barack Obama ha apelado a sus compatriotas ante la posibilidad de que Estados Unidos entre en suspensión de pagos el 2 de agosto. El presidente pretende que la implicación masiva de los ciudadanos convenza a sus representantes en Washington, demócratas y republicanos, de la imperiosa necesidad de llegar a un acuerdo antes de esa fecha, en la que el Gobierno se quedará sin dinero para atender sus compromisos. Después de extenuantes y estériles negociaciones, el Senado, de mayoría demócrata, y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, someterán a votación esta semana planes rivales para reducir el gigantesco déficit estadounidense y elevar el techo de su deuda.

El aumento de los límites de endeudamiento es vital para el servicio de la deuda y para mantener el funcionamiento del Gobierno federal. Una suspensión de pagos debilitaría la maltrecha economía de la superpotencia y representaría una pesadilla política y logística. Enviaría también, como ayer puso de manifiesto el apremiante mensaje de la máxima responsable del FMI, una señal gravísima a un sistema financiero global ya agobiado por la crisis europea de la deuda.


Más allá de sus muy serias repercusiones, el infructuoso diálogo a cara de perro entre demócratas y republicanos sobre un asunto crucial es un síntoma inquietante de cómo está cambiando el marco político en Estados Unidos; y hasta qué punto la casi nula capacidad de compromiso entre adversarios comienza a hacer disfuncional el sistema. Los ciudadanos asisten perplejos al espeso punto muerto al que se ha llegado tras un tira y afloja enquistado en una rancia intransigencia partidista, mayor entre los republicanos, según los sondeos.

Ambos bandos admiten que EE UU no puede incumplir sus obligaciones económicas, y sus notables proclaman que en el minuto de la verdad se acabarán las poses. Pero el doctrinarismo acumulado en sus respectivas posturas, su desconfianza, hace heroica la marcha atrás sin perder la cara. Para la derecha, que lleva la iniciativa, es anatema la subida de impuestos que quieren los demócratas. Para estos, un eventual pacto no puede descansar exclusivamente sobre la reducción del gasto, sacrosanta para los republicanos. La tendencia de Obama al compromiso no surte efecto.

Elemento decisivo del nuevo y beligerante clima político es la irrupción del Tea Party. Su presencia creciente y sus expectativas están modificando el paisaje en una dirección próxima al fundamentalismo, que aleja, como es el caso, la posibilidad de acuerdos razonables. A sus representantes parlamentarios les suele mover más su condición de francotiradores de la causa que las lealtades al alma mater republicana. Resulta alarmante que, para los más obcecados entre ellos, la fecha del 2 de agosto represente básicamente una maniobra intimidatoria de la Casa Blanca, un mito sin consecuencias.


El País - Editorial

El fanático sectarismo de Tomás Gómez

Si Gómez confunde, ideológicamente, churras con merinas, no es porque esté loco, sino porque es un peligroso demagogo capaz de tener la indignidad de utilizar la matanza de Noruega para tratar de poner una mordaza a quien no comulgue con sus ideas.

Está visto que muchos dirigentes del PSOE no acaban de sentirse a gusto ni con la libertad de expresión ni con el pluralismo mediático. Buen ejemplo de ello es el secretario general del PSM, Tomás Gómez y su apenas velada incitación a la censura contra medios de comunicación críticos con el socialismo como Intereconomia, Veo7 o Libertad Digital TV, a los que acusado de alimentar el "odio" y "las ideologías de extrema derecha". El dirigente socialista, en su delirante sectarismo, ha llegado incluso a relacionar estos medios de comunicación, de línea editorial conservadora, liberal o democristiana, con la matanza terrorista perpetrada en Oslo y Utoya al asegurar que "no están tan lejos" ideológicamente del psicópata que la ha perpetrado.

"La obligación de los Gobiernos –afirma Gómez– es controlar cosas como éstas y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en lugar de adjudicar TDT y dar instrumentos a la extrema derecha, debería recortar estos instrumentos". Aparte de pasar por alto que la inmensa mayoría –por no decir práctica totalidad– de actos terroristas que se han llevado a cabo en Europa, en general, y en España, en particular, los han perpetrado grupos que se autoproclaman islamistas o de izquierdas y aparte de que el terrorista noruego sea un orate sin un programa ideológico distinto al de un popurrí de contradicciones, Gómez ha puesto como surrealista ejemplo de la falsa acusación lanzada contra el Gobierno de Comunidad de Madrid el hecho de que en Alcalá de Henares hay un partido que "defiende la xenofobia y es un partido que está al margen del Estado de Derecho".


Aunque Libertad Digital, ni ningún medio de comunicación que ha recibido adjudicaciones de TDT, simpatice ni mucho menos con un partido populista como España 2000, lo cierto es que esta formación ha condenado sin paliativos la matanza de Noruega, así como todo acto que implique violencia política. Si, pese a ello, Gómez considera que este partido está "al margen del Estado de Derecho", lo que no sabemos es qué hace arremetiendo contra el Gobierno autonómico de Madrid, en lugar de hacerlo contra el de Zapatero por su pasividad a la hora de no instar a la Fiscalía General del Estado su ilegalización en aplicación de la Ley de Partidos.

Asimismo, si Gómez considera que algún medio de comunicación ha incurrido en algo que pueda ser constitutivo de delito, tampoco entendemos por qué no lo denuncia ante los tribunales. El problema, claro, es que Gómez sabe perfectamente que es mentira lo que dice, y que si confunde, ideológicamente, churras con merinas, no es porque esté loco, sino simplemente porque es un peligroso demagogo capaz de tener la indignidad de utilizar la salvaje matanza de Noruega para tratar de poner una mordaza a unos medios de comunicación por el mero hecho de no comulgar con sus ideas.


Libertad Digital - Editorial

La Sección de Opinión de ABC "ahora es de pago".

A partir del 23 de Julio de los corrientes, para acceder a los artículos de opinión del ABC hay que suscribirse en una opción de pago. Y hay una limitación legal que impide la reproducción libre de los textos. A veces hay algún artículo de acceso libre. Posiblemente por error.

ABC - Opinión