viernes, 26 de agosto de 2011

Reconstruir lo destruido. Por Carmen Gurruchaga

Los principales objetivos de los países que han apoyado la rebelión en Libia, pero también de aquellos que no lo hicieron, serían cazar al dictador e intentar sacar algún beneficio económico cuando termine una guerra civil en la que han muerto al menos 20.000 personas. El siguiente paso es encontrar a Gadafi, pues aunque el mandato de la ONU impedía desplegar tropas por tierra, no decía nada en contra de usar personal de los servicios de Inteligencia. Y después, controlar el petróleo o, por lo menos, no perder los contratos firmados con Gadafi, que, según aseguran ahora, los rubricaron con el país y no con el sátrapa.

A continuación llegaría la reconstrucción de la nación norteafricana, devastada por el conflicto. El eje franco-británico ha puesto en marcha la conferencia de amigos de Libia, que comenzará a gestarse el 1 de septiembre, y donde los rebeldes dirán cuáles son sus necesidades. Al encuentro acudirán representantes de países que han participado en la ofensiva, pero también China, Rusia, India y Brasil.

Y es que tras un conflicto armado hay que reconstruir lo destruido y eso es sinónimo de dinero para quien efectúe los trabajos. Probablemente ya no habrá sorpresas sobre el final de la guerra, pese a la proclama hecha ayer por Gadafi a sus seguidores. Pero aún existen focos de resistencia en el sur de Trípoli, en Sirte y en otras partes del país. Quizás se hayan precipitado, o no.


La Razón - Opinión

Pacto de estabilidad. Solución total: abolir lo público. Por Jorge Valín

La solución solo pasa por eliminar el robo, es decir, las "ayudas" o los rescates (a países, bancos, sectores estratégicos...), y otorgar más libertad a la sociedad, tanto es su vertiente civil como económica.

Todo ha empezado con una carta del Banco Central Europeo al Gobierno de España. Más o menos la misiva dice: o elimináis el déficit, o dejo de comprar vuestra deuda. Trichet no quiere gastar toda la munición para nada y pide algún tipo de garantía. Si el Gobierno y oposición son capaces de engañar legislatura tras legislatura a más de 40 millones de ciudadanos, ¿por qué no al Banco Central Europeo? Ya existía un pacto de estabilidad (a nivel europeo) que nadie ha cumplido. Si por constitución reducen el déficit a cero, y el Gobierno de turno no lo cumple, ¿qué harán? ¿Meterán en la cárcel al presidente del Gobierno o a sus ministros? No se puede ser juez y parte. Evidentemente, los inversores lo saben y se han tomado la medida de Zapatero y Rajoy como otro discurso vacío sin consecuencias reales. Más aún, cuando Salgado ha dicho que no veremos tal resultado hasta el 2018.

Después de leer la noticia sobre el "déficit cero constitucional" (y haberme reído un rato), veo en la prensa estas otras noticias del mismo día:
¿Nos creemos realmente que los responsables de estos desastres y locuras se van a volver, por arte de magia, austeros y comprometidos con sus ciudadanos? Los políticos serán unos inútiles, ladrones y caraduras, pero la ingenuidad del ciudadano se ha convertido es un delito mayor aún.

El Estado del Bienestar no solo es la mejor excusa del Estado Omnipotente para justificar el robo a gran escala, sino que es totalmente ruinoso e insalvable. Las medidas "pragmáticas" son las que nos han llevado a esto. El cáncer no se cura con aspirinas ni conjuros mágicos, sino que requiere de acciones agresivas.

La política es no la solución. Es que no es culpa de los políticos. Ni tampoco del "mercado", ni de los inversores, ni de la partitocrácia, ni del estado de las autonomías, del déficit privado y público... El problema es el sistema: consume más recursos de los que puede generar a la vez que ha vuelto al ciudadano en un rentista estatal enganchado a la droga gubernamental de las subvenciones y ayudas. El Estado del Bienestar nació muerto y ahora se pudre. Un 20% de desempleo no es bienestar. Políticos que regalan nuestro dinero por votos de otros ciudadanos es corrupción. Estados que se gastan lo que no tienen, sin control ético alguno, y ponen como avalistas al pobre obrero, abogado, kiosquero, vendedor... Es decir, al ciudadano, es un sistema corrupto y viciado; es éticamente intolerable y económicamente ruinoso.

Si el problema es el sistema, que se basa en el poder del Estado para "ayudar", rescatar, controlar y fiscalizar a la sociedad "por su bien", es que ha de ser reinventado. La solución solo pasa por eliminar el robo, es decir, las "ayudas" o los rescates (a países, bancos, sectores estratégicos...), y otorgar más libertad a la sociedad, tanto es su vertiente civil como económica. Dicho de otra forma: abolir lo público. Y no para el 2018, sino de inmediato. De lo contrario, si elegimos ser pragmáticos, el Estado del Bienestar se destruirá igualmente, porque ya no existe en realidad y solo haremos que alargar la agonía y miseria durante más tiempo.


Libertad Digital - Opinión

La JMJ. Por Iñaki Ezkerra

Como doctrina, como «paraideología», como discurso, el zapaterismo se volatiliza al modo de una broma demasiado larga y pesada de la que los que menos se quieren acordar son los que nos la gastaron. Quedan todavía efectos de él, pero como brasas humeantes sobre el arrasado campo después de extinguido el incendio. Brasas que no niego que puedan volver a hacer fuego, sobre todo si hay una mano que las reaviva. Brasas como las movilizaciones que tuvieron lugar contra la JMJ, como su tediosa demagogia, su chulesca agresividad, su impenitente insistencia en un coste de la visita papal que no era tal porque nunca una iniciativa social ha tenido tanto apoyo privado y tan visible. Tiene su triste gracia que quienes quieren enterrar el zapaterismo –para que no le estorbe a Rubalcaba–, pero lo quieren hacer en sordina, coincidan de manera sospechosamente unánime en conceder al aún presidente del Gobierno la autoría de «ciertos avances en la sociedad civil» que, honestamente, uno no está dispuesto a pasar por alto en nombre de ninguna generosidad mal entendida que falsee la realidad que hemos vivido. Y es que el período que se abrió el 14 de marzo de 2004 y que ahora expira ha significado lo contrario exactamente al desarrollo del tejido cívico. Philip Petit era una simple referencia retórica en boca de Zapatero. El zapaterismo ha sido el virus más esterilizante que cabía imaginarse para un asociacionismo como el español que sigue hoy, como entonces, en un estado embrionario. Y la prueba es el propio «movimiento indignado». Sólo la precariedad, por no decir la inexistencia de una verdadera sociedad civil de carácter laico en España, puede explicar que la acampada de Sol y otros simulacros similares en otras ciudades constituyan la gran respuesta social y «organizada» contra el paro y demás efectos de la crisis. La paradoja es que la única pero a la vez extraordinaria muestra de que ese tejido cívico existe ha sido precisamente la JMJ, acosada por los incapaces de hacer algo lejanamente parecido. Es esta vitalidad asociativa de la ciudadanía católica la que señalaba José María Marco hace unos días en este periódico: «Todo este inmenso esfuerzo, tan sofisticado, ha sido coordinado por una organización mínima, sin burocracias pesadas. Si alguien está pensando en un modelo de sociedad civil autónoma y vibrante, éste es uno de los mejores ejemplos imaginables». La verdad es que esa inmensa, tranquila y ejemplar marea de creyentes que fue protagonista del mundo la pasada semana ha dejado en ridículo a sus provocadores. Se los ha comido con patatas. Y son la mejor respuesta al período político que está concluyendo.

La Razón - Opinión

Reforma constitucional. Los límites de la limitación del gasto. Por Agapito Maestre

Para España y Europa, en estos momentos, es más razonable, diría Keynes, la austeridad y el ahorro.

Soy de los que piensan que el despilfarro de nuestros políticos con los dineros públicos hay que ponerle límites, e incluso habría que habilitar todo un apartado del Código Penal para perseguirlos de oficio y que paguen con su propio patrimonio todos los desmanes que hayan perpetrado. Aplaudo, pues, la limitación del gasto público a través de la Constitución, porque trata de frenar los abusos de la casta política; sin embargo, nadie se engañe, eso no significa que esta medida sea la panacea que cure el principal mal de España, a saber, el actual sistema político y administrativo es inviable en un país tan relativamente pequeño, desde el punto de vista económico, como el nuestro. Tampoco creo que esta cláusula constitucional consiga reactivar de manera contundente y definitiva, si tengo que hacer caso a ciertos economistas de prestigio, la gran crisis económica que atraviesa la economía española en el contexto de la crisis mundial.

En otras palabras, el llamado Estado de las Autonomías por un lado, y cientos de instituciones y empresas públicas ineficaces e inservibles, repárese en órganos de carácter estatal, como el Senado, o provinciales, como las Diputaciones, o locales, como Ayuntamientos que podrían agruparse con otros de igual entidad, por otro lado, no pueden ser soportados por una economía nacional, reitero, tan escuálida como la española. El sistema político es insostenible en términos económicos. Naturalmente, los primeros en negar este problema es el grupo más beneficiado del tinglado político y administrativo. Esta crítica a la casta política le suena a sueños celestiales. Cree que sólo una hambruna, o algo parecido a un terremoto de carácter social, la desalojaría del poder. Puede que estos malos políticos no corran peligro inmediato; pero, hasta donde yo sé, cada vez este personal está más desprestigiado... Se les mueve la silla.


Y, luego, vienen quienes creen que la limitación del gasto por ley puede llevar a un colapso de la economía. Esta es la principal objeción de los economistas de corte neokeynesiano a la propuesta de Merkel de controlar el equilibrio presupuestario por vía Constitucional. La objeción, desde luego, no es para tomársela a bromas. Tiene fundamentos serios. Keynes sigue dando la principal baza a los críticos de la medida; su principal tesis, a saber, desmontar el tópico de que gastar lo que no se tiene y disponer de lo que aún no se produce está lejos, como los economistas clásicos creyeron, de ser una locura ilusoria para el buen funcionamiento de la economía. En otras palabras, la austeridad puede ser destructiva y, por el contrario, el endeudamiento creador. Eso es lo que dicen, casi literalmente, los que se oponen a las medidas de Merkel: "La noma constitucional que impone el equilibrio de los presupuestos es una medida de fuerza muy peligrosa para que crezca la economía".

Quizá tengan algo de razón los socialistas españoles que se resisten a controlar el gasto por la Constitución, pero, en mi opinión, para que su argumentación tenga alguna validez no deberían de ocultar que el razonamiento keynesiano valía sólo "en determinadas circunstancias", es decir, las afirmaciones keynesianas de que la austeridad puede ser destructiva y el endeudamiento creador sólo tiene validez, en estricta lógica keynesiana, en ciertos casos. Para España y Europa, en estos momentos, es más razonable, diría Keynes, la austeridad y el ahorro. Algo, sí, que le cuesta ver y comprender a la casta política, especialmente la centrada en gastar y no ahorrar en las comunidades autónomas.


Libertad Digital - Opinión

Sí a la reforma. Por José Antonio Vera

Zapatero llegó de listo al Gobierno y se dedicó desde el primer momento a ir tumbando, una por una, todas las decisiones adoptadas con anterioridad por los gobiernos de Aznar, desde la ley de Calidad en la Educación al Plan Hidrológico pasando por la contención del déficit y la limitación de la deuda en las administraciones públicas. Lo hizo con altanería y desdén, despreciando los anteriores ocho años de prosperidad de España y saltándose a la torera el talante del que presumía. Ya hemos visto que el resultado no ha podido ser más que desastre, pues la evolución del país ha ido de mal en peor desde que los socialistas entraron de nuevo en La Moncloa. Y no es sólo por la crisis internacional. La recesión global importa y mucho, por supuesto, pero otros gobiernos (Alemania y Holanda, por ejemplo) han conseguido sacar rentas a base de austeridad. Justo lo contrario que aquí. Zapatero cogió el país con dos millones de parados y lo deja con cinco, con una deuda pública del 1,7 por ciento, y la ha subido al 13,8, y con una prima de riesgo cero, que ha llegado a subir por encima de los 400 puntos. Tal ha sido el despropósito que el Gobierno del «gasto social» se ha convertido en el gobierno del paro, lo más antisocial que hay, y hemos tenido que rectificar una tras otra todas las decisiones alocadas tomadas con gran irresponsabilidad, entre ellas los 400 euros, el cheque bebé, el plan E de aceras y farolas, las subvenciones a cineastas y sindicatos, y la tendencia suicida a crear unas administraciones públicas inmensas, saturadas de empresas públicas y cargos, hinchadas de funcionarios. Todo eso no podía continuar y primero Bruselas nos dio un hachazo obligando a un giro radical en la política económica, y ahora a esta reforma urgente de la Constitución para plasmar en ella justamente lo que los gobiernos socialistas aniquilaron: el déficit equilibrado y el techo de deuda para las administraciones. Lo pidió Rajoy en reiteradas ocasiones, pero la respuesta del trío Zapatero-Salgado-Rubalcaba fue siempre la chanza y la ofensa hacia el jefe de la oposición. Ahora han tenido que recurrir a él para que apoye una reforma que nos vuelve a imponer Europa como consecuencia de la compra masiva de deuda española por parte del BCE. Es el precio a pagar. Algo razonable y necesario, sobre todo para meter en vereda a unas autonomías que transitan por la vía del despilfarro. No puede ser que el Gobierno catalán haya triplicado sus organismos públicos desde 2003. Ni que Mas tenga unos gastos de representación más altos que los de Zapatero. Ni que las televisiones autonómicas contraten a más funcionarios que las privadas.

ZP se va obligando por vía de urgencia a implantar el objetivo de déficit cero que el mismo liquidó. Es una reforma necesaria que hay que apoyar. PP y PSOE representan a más del 80 por ciento de los votantes y tienen legitimidad para hacerlo, aunque no estaría mal que contarán también con el apoyo de CiU. Pero conviene recordar, en cualquier caso, por qué se ha llegado a la actual situación.


La Razón - Opinión

Reforma constitucional. ¿Cómo limitar el déficit?. Por Manuel Llamas

Una buena receta sería, pues, la aplicada por Georgia. Sus políticos introdujeron un límite constitucional, bajo el nombre "Ley de Libertad", para prohibir que el gasto público supere, en ningún caso, el 30% del PIB.

Si algo ha demostrado fehacientemente la historia es la cuasi ilimitada capacidad del poder político para endeudar y arruinar a sus súbditos bajo el difuso argumento del "bien general" cuando, en realidad, el único interés en juego es el suyo propio. Así aconteció en la antigua Grecia, cuyos "ciudadanos" se entregaban por entero a la polis (vida pública) al tiempo que el 90% de la población era esclava; en los tiempos del Imperio Romano, en donde las eternas campañas bélicas y el crecimiento del Estado acabaron colapsando la incipiente civilización occidental; durante la Edad Media las monarquías fueron ganando cuotas de poder hasta la culminación del Absolutismo; el siglo XX nos deparó el horror del fascismo y el comunismo; y en la actualidad, tras dos Guerras Mundiales y una Guerra Fría de por medio, se estudia, una vez más, cómo limitar de forma efectiva los excesos del sobredimensionado Estado del Bienestar.

El control del poder político es, sin duda, una de las grandes cuestiones de las ciencias humanas y, por ello, se repite de forma recurrente en el tiempo bajo diversas formas e intensidad. La crisis de deuda pública ha vuelto a poner hoy sobre el tapete este particular debate. En esta ocasión, el problema consiste en cómo asegurar el equilibrio presupuestario para no incurrir en los mismos errores recién cometidos.


La receta propuesta por Bruselas, que no por Zapatero, consiste en reformar la Constitución para fijar un límite máximo de déficit y deuda. Y, sin embargo, se equivocan de plano. Se trata de una medida infructuosa, cuya buena voluntad es equiparable a su ineficiencia. Este tipo de límites constitucionales, simplemente, no sirven de nada. En primer lugar, porque su violación dependerá siempre en última instancia de la misma clase política que los ha instaurado. En segundo lugar, porque la clave del problema no radica tanto en el déficit como en el peso del gasto público. Y, en tercer lugar, dadas las premisas previas, porque la historia así lo demuestra.

La supervivencia del euro depende de una regla de oro denominada Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que impone a los estados miembros un déficit máximo del 3% y una deuda límite del 60% del PIB. Pues bien, dicha norma –de cumplimiento obligado, en teoría– nunca se llegó a respetar: hasta 2010, en la UE se registraron 97 casos (país/año) de déficits por encima del 3%; apenas un tercio (29) coincidieron con una gran recesión, con lo que se podían justificar sobre la base del mismo Pacto; es decir, no había base alguna para justificar los 68 casos restantes y, sin embargo, nunca se impusieron las sanciones pertinentes; los estados reinterpretaron y redefinieron el Pacto, una y otra vez, para suavizar cada vez más sus condiciones... En definitiva, la restricción que se habían impuesto entre ellos nunca funcionó.

Algo similar acontece en EEUU. Washington introdujo por primera vez un techo de deuda pública en 1917. Desde entonces, este límite legal se ha aumentado de forma constante –casi 80 veces sólo desde 1960–. La última ampliación se produjo este mismo mes de agosto. La excepción se ha convertido en norma. "Tan seguro como que el Sol saldrá mañana es que subirá el techo de la deuda", reza un dicho estadounidense. Y ello, en base a diversas excusas: al principio, el argumento esgrimido era la guerra, pero desde hace décadas es el creciente gasto corriente para sostener su enorme Estado.

Un ejemplo más cercano es el de España, donde las cuentas públicas se regían por una Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por Aznar, que Zapatero se encargó de tumbar tras llegar al poder. Así pues, ¿han servido de algo todos estos límites? La respuesta es no.

De hecho, la reforma propuesta ahora por PP y PSOE amenaza con convertirse en una broma de mal gusto en caso de que prospere la "flexibilidad" que pretende imponer Rubalcaba. Y es que, si el límite no incluye cifras no hay límite y, por lo tanto, los políticos ni siquiera tendrán que molestarse en cambiar de nuevo la Constitución o aprobar una Ley Extraordinaria de Déficit para saltarse a la torera su compromiso. Visto lo visto, de poco o nada va a servir el laureado techo. Y ello, básicamente, porque la clave no es el déficit sino el gasto público.

El peso del Estado español ronda el 45% de la riqueza nacional. La única solución radica en reducir su tamaño para que los siempre indeseados, pero habituales, abusos tengan el menor impacto posible sobre la economía productiva. Una buena receta sería, pues, la aplicada por Georgia. Sus políticos introdujeron un límite constitucional, bajo el nombre "Ley de Libertad", para prohibir que el gasto público supere, en ningún caso, el 30% del PIB. Así, el Gobierno que quiera subir impuestos tendrá que convocar un referéndum para contar con el visto bueno de los contribuyentes. Esto, al menos, sí es una reforma en la buena dirección. Lo demás son meras promesas incumplidas.


Libertad Digital - Opinión

Que por pagar no quede. Por Julia Navarro

Primero fue Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del mundo quién pidió que se suba los impuestos a gente precisamente como él, o sea multimillonarios.

Buffet explicaba que proporcionalmente pagan más impuestos algunos de sus empleados que él mismo y que eso le parecía intolerable. Y lo es, claro que lo es.

No sé si Warren Buffet es un hombre con conciencia o simplemente es que se da cuenta de que de seguir las cosas así llegará un momento en que la gente no pueda más y eso tenga consecuencias imprevisibles.

A Warren Buffet se le han unido dieciséis de las fortuna más importantes de Francia. Piden lo mismo: pagar más impuestos en estos tiempos de crisis. No sé si cundirá el ejemplo y los ricos, riquísimos de otras partes del mundo darán ese mismo paso al frente. Eso sí, mientras escribo estas líneas no sé de ningún multimillonario español que haya pedido lo mismo.

Lo cierto es que los Estados se complacen en apretar las tuercas a las clases medias, a los trabajadores liberales, a los pequeños empresarios, a todo aquel que tiene una nómina, a aquellos que con el fruto de su trabajo y esfuerzo han logrado ahorrar y tener una posición económica buena, deshogada, pero sin llegar a ser multimillonario como Buffet o tantos otros.


Curiosamente quienes más tienen son los que menos pagan, y quienes defienden que esto sea así lo hacen alegando que si no el "capital" se asusta y se va. De manera que los Estados se dedican a poner en su punto de mira a esas clases medias acogotándolas. Si es usted autónomo, un pequeño empresarios con dos o tres trabajadores, o un empleado que cobra una buena retribución póngase en lo peor, Hacienda le mirara los calcetines hasta del revés, pero eso sí, si es usted multimillonario no hay problema, porque tal y como están organizadas las cosas quienes más tienen más posibilidades tienen también de poder camuflar su dinero en sociedades.

En España tenemos las famosas Sicav, esas que tributan una cantidad ridícula por tener una especie de fondo con unos cuantos millones de euros. Y luego están los entramados de sociedades de quienes tienen realmente dinero.

Pero sea usted un contribuyente de andar por casa, un autónomo, pierda una factura, y verá cómo Hacienda cae sobre usted, mientras que quienes de verdad tienen dinero pueden defraudarlo incluso con la ley en la mano.

El caso es que la crisis económica es de tal magnitud que resulta insoportable que sean las clases medias quienes sustenten sobre sus hombros lo que va quedando del Estado. Por eso me parece importante el gesto y la petición que ha tenido Warren Buffet y ahora esas dieciséis grandes fortunas francesas, entre las que está Lliliana Betancourt, la dueña de LÖreal, o Danone, etc, pidiendo pagar más impuestos, primero porque realmente pueden hacerlo sin que sus fortunas mermen y ni siquiera lo sientan, segundo porque son conscientes de que si se continua agrandando el abismo entre quienes lo tienen todo y quienes cada vez menos tiene que llegar un momento en que eso se volverá en contra de ellos.

Lo que resulta paradójico es que sean éstos multimillonarios quienes piden pagar más impuestos porque los gobernantes no se atreven a pedírselos por no molestarles.

Sí, son las grandes fortunas, los que de verdad son multimillonarios los que deben arrimar el hombro en tiempos de crisis. Ya está bien de grandes ejecutivos que cobran grandes bonus al mismo tiempo que despiden a cientos de sus empleados o que sus empresa o bancos están al borde de la bancarrota por su mala gestión. Y ya está bien de exprimir y cargar sobre las espaldas de las clases medias el coste del Estado y de la crisis. Al fin y al cabo las clases medias son la espina dorsal del sistema.

Warren Buffet y esas dieciséis grandes fortunas francesas están dando toda una lección.


Periodista Digital - Opinión

Deprisa y corriendo. Por Victoria Lafora

Cuando parecía que el pleno del Congreso, en mitad de la canícula de agosto, iba a ser de trámite, Zapatero disparó con fuego real contra el estado del bienestar. La reforma constitucional, que fijará de forma inamovible en la Carta magna el tope de déficit, si se cumple, obligará a las administraciones a severos recortes de las prestaciones sociales.

Rajoy apoyó, en un gesto sin precedentes, esta reforma deprisa y corriendo porque es un trabajo sucio que le quitan de en medio y que le hubiera costado más de un enfrentamiento con los presidentes autonómicos de su partido, obligados a partir de ahora a apretarse el cinturón de verdad.

Ante la peor crisis económica que se recuerda, y con cuatro millones de parados, Rajoy se ha negado de forma sistemática, y con un objetivo claramente electoral, a apoyar ninguna medida que supusiera un alivio frente al acoso de los mercados. Sorprendentemente, a un mes de la convocatoria electoral, acepta consensuar nada menos que una reforma constitucional exigida por Bruselas y que, de momento, solo existe en la constitución alemana.


El objetivo de déficit cero ha sido incumplido por todos los estados de la UE. A partir de ahora, cuando se apruebe esta reforma exprés, España va a estar en cabeza de cola en cuanto a severidad normativa contra el déficit.

La penosa diferencia es que este país no es Alemania. Aquí hay cuatro millones de trabajadores que han perdido su empleo, en torno a un millón de familias con todos sus miembros en el paro. Miles y miles que se han quedado sin su vivienda por impago de la hipoteca. ¿Quién les va a ayudar? Porque la crisis va para largo. Diga lo que diga Rajoy de que va a arreglar España en un plís plas. Sin crecimiento económico sostenido no se crean puestos de trabajo y ese es el verdadero drama.

La cara de estupor de los diputados socialistas reflejó bien a las claras que Zapatero había pactado la medida previamente con Rajoy, pero que a los suyos les pilló por sorpresa.

El mismo desconcierto manifestaron los representantes de los grupos minoritarios que han reclamado cambios constitucionales diversos en estos cuatro años de legislatura como quien clama en el desierto.

No hay certeza de que esta medida vaya a frenar en seco la desconfianza de los inversores internacionales sobre la deuda española pero, de cumplirse y debe hacerse como con toda norma que fije la Constitución, los duros recortes que se avecinan serán todavía mas dolorosos.


Periodista Digital - Opinión

Me ofrezco. Por Alfonso Ussía

Carmen Calvo se ha desmarcado por dignidad del futuro electoral socialista. No admite que Rosa Aguilar encabece la candidatura cordobesa. Y le sobra razón. Rosa Aguilar viene del comunismo y es una recién llegada, en tanto que Carmen Calvo jamás se ha travestido en la política. Alfonso Guerra, el más veterano de los diputados –lo ha sido en todas las legislaturas–, también se cae de las listas. Dice que tiene muchos años y necesita descanso, y calla que no le gusta nada Rubalcaba. Otro que tal baila es Manuel Chaves, presidente del PSOE. Y Antonio Gutiérrez, el diputado sindicalista que se abrazó a la rosa después de su paso por Comisiones Obreras. Pajín sí. Doña Leire se presenta como primera de la lista de Alicante, y hace muy bien, porque de no seguir en la política la veo abriendo un tenderete de «chuches» en Benidorm. Pero que a Rubalcaba le están dando la espalda en su propio partido es algo que no se puede discutir. Y cuidado, que el número de desencantados puede aumentar y ahí el candidato socialista se encontraría con un problema. En vista de ello, me ofrezco.

He consultado con mis amigos del PSOE y me han dicho que, por su parte, me recibirían con los brazos abiertos. No obstante, es Rubalcaba el que tiene que acceder a mi ofrecimiento. No exijo un puesto de elección segura y me importa un bledo la provincia que me asignen. Lo mío se puede y se debe considerar un acto de patriotismo. El que va a ser primer partido de la Oposición tiene que completar todas sus candidaturas por una cuestión de decoro. Y a este paso, no van a cubrir ni las de Ceuta y Melilla.


Otros amigos, conocedores de mi decisión, se han ofrecido también a Rubalcaba. Ninguno es socialista, pero todos creen que en una democracia joven e inexperta, la existencia y fortaleza del socialismo es fundamental. Porque de desaparecer el PSOE, muchos de sus votantes se consolarían en el comunismo, y en ese caso Carmen Calvo se reencontraría con su liderazgo en Córdoba, porque Rosa Aguilar daría el salto hacia la hoz y el martillo en menos que canta un gallo. Una sociedad seria se mueve en los parámetros del liberalismo, la democracia cristiana, la socialdemocracia y el socialismo pragmático. El comunismo es una reliquia graciosa de un pasado terrorífico, y no sería conveniente para nadie su recuperación social.

De ahí que un grupo de españoles, con la mejor intención, nos hayamos ofrecido a Rubalcaba para completar con nuestros nombres sus candidaturas. Eso no quiere decir que, en el caso de que nos acepte, optemos por votarnos. Eso sería demasiado. Si Rubalcaba, por poner un ejemplo, me incluye en su lista de Madrid yo no me votaría. El voto es secreto siempre que su emisor lo considere conveniente. No es mi caso. Aunque me presente por el PSOE mi intención no es otra que votar a Rajoy y al Partido Popular. Entiendo que quebraría una situación de normalidad democrática. Presentarse por un partido y votar a otro no es habitual, pero tampoco formamos parte de una nación regida por la coherencia. Además, que votarme a mí mismo en las listas del PSOE nada tendría de patriótico, porque estos socialistas han dejado a España tiesa, tísica y canina.

Esto es lo que hay. Me ofrezco sin reservas a rellenar una lista del PSOE liberado del compromiso de votarme. Más no se puede ofrecer. Y de salir elegido, que mucho lo dudo, me reuniría con Rubalcaba para templar gaitas y «negociar hasta los últimos flecos», como dicen los cursis, la utilidad de mi escaño. Ya lo sabe, don Alfredo.


La Razón - Opinión

Reforma constitucional. Spanien, länder de segunda. Por Emilio Campmany

Tiene gracia ver cómo nuestra soberanía se escapa por el desagüe de la crisis debido a los problemas de nuestra deuda soberana, que ya se ve que ni es soberana ni es nada.

En plena canícula agosteña, va Angela Merkel y ordena y manda que los españoles, sin excusa ni pretexto, modifiquemos echando virutas nuestra Constitución para establecer un límite al déficit tal y como Alemania ha hecho en la suya. Y eso, para anteayer. Y nuestro presidente de Gobierno, a quien no le preocupa ni la dignidad de los españoles ni la suya propia, va corriendo, dándose con los talones en el trasero, a obedecer como un servil lacayo y nos obliga al resto a hacer lo mismo. ¿Será verdad que España va a reformar su Constitución en dos semanas porque así lo ha ordenado la canciller alemana? Pues sí, es verdad.

Ningún partido político ha puesto un pero a que la reforma propuesta, con independencia de la bondad de la norma, tenga que ser adoptada aprisa y corriendo porque nos lo ordena una potencia extranjera. El PP está encantado de que sea Zapatero quien arrostre el desgaste de hacer una cosa que Rajoy hace un año que propuso. Los nacionalistas se quejan, pero no de que estemos a órdenes de Merkel, sino de que el límite pueda afectar a las Comunidades Autónomas que gobiernan o que aspiran a gobernar porque a ellos les chifla gastar lo que no tienen. Buena parte del PSOE e IU, junto con los sindicatos, se oponen a la reforma porque no les gusta que se limite el derecho al despilfarro no vaya a ser que el Gobierno de turno se vea obligado a cortarles las subvenciones a la marabunta de progres que chupan del presupuesto de una u otra forma. El caso es que aquí nadie se queja de lo obvio, que hemos dejado de ser un país independiente.


Tiene gracia ver cómo nuestra soberanía se escapa por el desagüe de la crisis debido a los problemas de nuestra deuda soberana, que ya se ve que ni es soberana ni es nada. Hemos dejado de ser ciudadanos españoles para pasar a ser alemanes de segunda, sin derecho ni a voz ni a voto, a cambio de poder seguir tomándonos las cervezas, pero renunciando a las raciones de gambas. Y unos están tan contentos de que al menos hayamos salvado las cervezas y otros se quejan de que haya que olvidarse de las gambas, que están tan ricas. Y nadie manifiesta la necesidad de prescindir de unas y de otras y pagar nuestras facturas y, con ello, conservar el derecho a ser soberanos en nuestro país.

Y Rubalcaba, mientras, está a ver cómo engaña a la Merkel y propone modificar la Constitución, sí, pero dejando que el límite del gasto lo concrete una Ley Orgánica, que cualquier Gobierno que quiera saltárselo podrá modificar con mayoría absoluta. Rubalcaba debe creerse que puede engañar a los alemanes con la facilidad con la que emboba a sus compañeros. Es que Freddy es muy listo, pensarán los muy ciruelos.


Libertad Digital - Opinión

Otro parche, ahora fiscal

El carrusel de improvisaciones de la política económica socialista vivirá hoy un nuevo episodio. Aunque el oscurantismo ha caracterizado las nuevas decisiones de Economía, el Consejo de Ministros puede recuperar hoy el Impuesto de Patrimonio, algo que ya fue sugerido por la vicepresidenta Elena Salgado y el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. La reactivación del Impuesto de Patrimonio es otra prueba de la política errática del Gobierno, pero, sobre todo, constituye un fenomenal error motivado por la desesperación de un Ejecutivo que es incapaz de cumplir con el objetivo de déficit del 6% pactado con Europa debido a su renuncia a cortar por lo sano en el gasto superfluo del Estado y su incapacidad para contener los excesos autonómicos.

Tras la renuncia a la austeridad en el control de las cuentas de las administraciones, la solución para templar los números rojos pasa por estrujar a las economías particulares y las empresariales. El Ejecutivo lo hizo con las segundas hace una semana, con las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, un aumento de la presión fiscal que mermará su liquidez y su capacidad de financiación. El Impuesto de Patrimonio hará lo propio con las primeras. El Gobierno acude a una figura que él mismo eliminó en 2008 como un compromiso electoral establecido en el programa del PSOE. El argumento fue entonces que se había convertido en un impuesto para las clases medias, obsoleto y que adolecía de equidad. Y nada de eso ha cambiado en estos tres años salvo la asfixia financiera del propio Gobierno. Los 2.000 millones que se recaudaron con este instrumento en su último ejercicio de vigencia han sido definitivos para dar el enésimo volantazo.


El Impuesto de Patrimonio es fundamentalmente injusto por gravar rentas y activos que han sido afectados por otros instrumentos como el IVA y el IRPF, y como casi todo incremento impositivo resulta también un freno para la recuperación al penalizar el ahorro y la inversión. La medida tiene además tintes populistas que el candidato socialista se ha encargado de explotar. Lejos del discurso demagógico de la izquierda, no es un impuesto para los ricos porque las grandes fortunas disponen de sofisticadas soluciones para esquivar el pago.

Europa no ha sugerido ni requerido un aumento de la presión fiscal, sino la máxima disciplina presupuestaria, saneamiento y reformas profundas y no superficiales. Justamente lo que el Ejecutivo no ha hecho. Las nuevas modalidades de contratos para la formación y el aprendizaje y el fomento de la contratación temporal, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, suponen reconocer el fracaso de una reforma del mercado de trabajo limitada, así como un bandazo más, como hace siete días lo fue la rebaja del IVA para la compra de vivienda nueva trece meses después de haberlo subido. Los parches y las contradicciones han mermado el crédito y la confianza en una economía que demanda intervenciones estructurales profundas que alcancen hasta donde el Gobierno no se ha atrevido. Más rigor, en definitiva, y menos electoralismo.


La Razón - Editorial

Camino del acuerdo

Gobierno y PP buscan una fórmula que permita reformar la Constitución con el mayor consenso.

El Gobierno y el Partido Popular seguían discutiendo al cierre de esta edición los términos concretos de la propuesta que presentarán hoy en el Congreso para introducir en la Constitución un límite al déficit público. Una de las fórmulas manejadas indicaba la voluntad de establecer en la Carta Magna un compromiso genérico de estabilidad presupuestaria que se desarrollaría, tras las elecciones del 20 de noviembre, en una ley orgánica que incluiría los detalles y las cifras concretas. Elegir este camino, con sus flecos cerrados, podría ayudar a desbloquear la tensa situación política que ha producido esta iniciativa de Zapatero. Tanto los nacionalistas como los partidos de izquierda, además de muchos socialistas, manifestaron graves reservas, que iban desde la oposición cerrada a incluir ningún límite en la Constitución hasta la suspicacia por los posibles efectos que pudiera tener sobre las cuentas autonómicas.

Esta reforma será la primera de gran calado en los 33 años de vigencia de la Carta Magna. Con anterioridad, solo se había introducido una modificación para ampliar el derecho de sufragio a los extranjeros, obligada por la ratificación del Tratado de Maastricht. El paso dado por Zapatero ha provocado una profunda división en las filas del Partido Socialista. Actuando con plena legitimidad institucional como presidente del Gobierno, ha perjudicado sin embargo la campaña del candidato Rubalcaba. La divergencia de intereses entre un líder y otro era previsible desde el momento en que Zapatero optó por permanecer en la Secretaría General y por anunciar la disolución de las Cámaras con dos meses de anticipación, creando un tiempo muerto en el que solo podrían aflorar las contradicciones. En este caso, Zapatero ha vuelto a cometer un error: lanzar medidas de gran calado sin forjar un consenso previo con el resto de los dirigentes de su partido ni con el grupo parlamentario. El acuerdo que se negociaba ayer es un primer paso para recuperar esos imprescindibles acuerdos.


Desde el mismo momento en que salió adelante en el Congreso la propuesta de incluir en la Constitución un techo al déficit, lo que importaba era abrir mecanismos para que los términos concretos fueran discutidos por todas las fuerzas parlamentarias. La negociación que continuaba ayer buscaba la mejor fórmula para responder a dos desafíos. De un lado, enviar la señal a Europa de que existe un compromiso sólido de combatir el déficit. De otro, ampliar los márgenes para conseguir el mayor consenso durante la tramitación de la correspondiente ley orgánica.

Se ha excluido la convocatoria de un referéndum para ratificar la reforma constitucional, lo que seguirá siendo objeto de debate. La urgencia de la medida tampoco está exenta de polémica. El Gobierno debe explicar cuál es la causa por la que, con la legislatura prácticamente agotada, era necesario adoptar una medida de tanta trascendencia jurídica pero de escasos efectos económicos inmediatos.


El País - Editorial

Rubalcaba desactiva la reforma constitucional

Si la limitación del desequilibrio presupuestario se especifica en una ley orgánica, bastará con que una eventual mayoría del PSOE y de sus aliados nacionalistas la modifique para que vuelvan a las andadas.

Tras el anuncio de Zapatero de reformar la Constitución para limitar el déficit público, no era difícil encontrarle bastantes puntos oscuros a la medida: todavía no conocíamos en qué consistiría, a qué administraciones públicas afectaría o las sanciones que llevaría aparejadas en caso de incumplimiento. Con todo, el gran problema de fondo de esta buena idea era que todo apuntaba a que se trataba de un nuevo gesto de cara a la galería que los socialistas no tenían ninguna intención de cumplir. A la postre, el PSOE ha acreditado a lo largo de su historia un nulo respeto hacia nuestra Carta Magna en todos los campos imaginables; no había motivos para pensar que fuera a ser distinto en el área económica.

Mas si ya cabían pocas esperanzas de que los socialistas se fueran a someter a una rígida limitación del déficit el pasado martes, ninguna cabrá en caso de que prospere la idea de Rubalcaba de no especificar en la Constitución la cifra a la que debe quedar restringido ese déficit. Precisamente, las constituciones sirven para crear normas muy estables que no sean disponibles por mayorías políticas transitorias; si, como propone el candidato socialista y parece aceptar el Partido Popular, la limitación del desequilibrio presupuestario se especifica en una ley orgánica, bastará con que una eventual mayoría del PSOE y de sus aliados nacionalistas la modifique para que vuelvan a las andadas.

A la postre, no otra cosa hizo Zapatero nada más llegar al poder: enterrar la ley de equilibrio presupuestario que con tanto sentido común sacó adelante el Gobierno de José María Aznar. ¿Hay motivos para pensar que el futuro será distinto del pasado? Por desgracia no. En cuanto superemos la crisis, nuestros gobernantes olvidarán las valiosas lecciones que deberían haber aprendido y volverán a endeudarse sin control y sin ninguna limitación constitucional. No sabemos si con este simulacro de reforma lograrán engañar a algún votante, pero desde luego a los mercados, no. El buen estado de nuestras cuentas públicas seguirá dependiendo, como hasta el momento, de la diligencia del gobernante de turno. La reforma constitucional no evitará que los Zapateros del futuro nos sigan arruinando.


Libertad Digital - Editorial