sábado, 27 de agosto de 2011

Querido Pablo. Por Yoani Sánchez

La Habana y Miami son de esas ciudades que están muy lejos a pesar de solo ubicarse a unas millas de distancia. Las confrontaciones políticas a ambos lados, los impedimentos para viajar y un discurso de cinco décadas de enfrentamiento han provocado que el estrecho de La Florida nos parezca insondable. Tímidamente empiezan, no obstante, a levantarse puentes en cada orilla, todavía frágiles e incompletos, pero al menos son un atisbo de un posible y futuro reencuentro. Entre esos gestos de concordia, ninguno ha levantado tanta polémica como el concierto de Pablo Milanés que está programado para hoy, 27 de agosto, en el American Airlines Arena de Miami. Seguidores y antagonistas se enfrentan en un careo sobre la pertinencia o no de que el conocido cantautor se presente ante los exiliados cubanos.

La querella me ha hecho desempolvar algunos recuerdos de aquellos años de subsidio soviético, cuando el panorama de la música cubana era gris y chato. Todavía no había venido Ry Cooder a descubrir a los viejitos del Buena Vista Social Club, los videoclips extranjeros apenas se colaban en algunos espacios televisivos y tener un reproductor de casetes era algo tan remoto como poseer un trozo de meteorito. La existencia de una lista negra con cantantes exiliados y otros tantos prohibidos hacía que cada día desaparecieran más y más voces de nuestro ya menguado espectro sonoro. En las pesadísimas radios que se importaban de Europa del Este, al mover el dial solo era posible encontrar -una y otra vez- la voz de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés.


Con sus canciones ellos habían creado la banda musical de la utopía, los acordes que acompañaban a un proyecto social que muchos no habíamos ni siquiera podido elegir. Quienes crecíamos bajo esos estribillos, identificábamos a la Nueva Trova con el poder, el statu quo, el Gobierno.

Fuera de la Isla, sin embargo, las mismas canciones que a nosotros nos saturaban hasta el cansancio cobraban otras connotaciones. Fueron los himnos de miles de jóvenes que querían alcanzar ese espejismo del que muchos cubanos estábamos de ida y de vuelta. Las letras interpretadas por Pablo Milanés se convirtieron en verdaderos cánticos de protesta en países como Chile, Argentina y España. El cantautor -nacido en Bayamo en 1943- parecía estar en la cima de su popularidad internacional, pero el camino transitado para llegar hasta ahí no había sido nada fácil.

Pablo tropezó también con la intolerancia que expulsó a tantos colegas suyos de la radio y la televisión nacionales. A mediados de los años sesenta el autor del célebre tema Yolanda fue recluido en la UMAP (Unidades de Ayuda a la Producción), campos de trabajo forzado donde se pretendía reformar a golpe de disciplina militar y de labores agrícolas a religiosos, homosexuales y desviados ideológicos. Después de eso su periplo personal y artístico se mezcló con el de las instituciones, especialmente con la Casa de las Américas. Llegó incluso a convertirse en diputado de nuestra Asamblea Nacional. De ese periodo pocos le perdonan no haber roto la unanimidad de tantas manos levantadas y atreverse a decir en voz alta las opiniones críticas que ya tenía.

Pese a su silencio público, todos empezamos a notar que Pablo Milanés se separaba del oficialismo. No lo hacía con declaraciones altisonantes ni con evidentes tomas de posición, sino lentamente, sin rupturas. El punto climático de ese desgajamiento vino, sin dudas, cuando en 2003 se negó a firmar una carta donde se intentaban justificar las medidas represivas tomadas por el Gobierno cubano. Bajo el nombre de Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, varias personalidades de nuestro quehacer artístico y literario respaldaban hechos de una tremenda violencia judicial. Entre ellos, el fusilamiento de tres jóvenes que habían secuestrado una embarcación para emigrar y el envío a prisión de 75 opositores pacíficos. Pablo se desmarcó de tal compromiso político, aunque otras conocidas voces como Omara Portuondo, Amaury Pérez y Silvio Rodríguez sí suscribieron el documento.

En entrevistas a medios extranjeros, Pablo Milanés ha pronunciado críticas a la gestión del Gobierno cubano. Hasta ha llegado a decir que cree "en el sistema, pero no en los hombres que lo hacen". Herejía de grandes proporciones, si se habla de un proyecto político que durante 50 años se ha intentado hacer a la imagen y semejanza de Fidel Castro. Pero sería errado tachar a Pablo como un disidente. Aunque durante los meses del año que pasa en Cuba evita mezclarse en actos públicos demasiado ideologizados, tampoco ha roto lanzas desde aquí adentro para que se respete la discrepancia o se paren los mítines de repudio.

Sin embargo, su mérito mayor estriba en haber encontrado su propio espacio de inconformidad, su manera muy personal de ser él mismo. Ya no está en todos los puntos del dial de la radio cubana, es cierto, pero en unos días cantará en Miami y contribuirá con su voz al delgado y frágil puente que se levanta entre las dos orillas.


El País – Opinión

La crisis económica acaba por empujar a la izquierda al ostracismo. Por Federico Quevedo

Prohibir el déficit por ley, aún más, hacerlo en la propia Constitución -lo cual exige que para cambiarlo haya una mayoría de tres quintos-, es probablemente el último golpe que la propia crisis económica le asesta a la izquierda. El debate sobre el déficit es de las pocas cosas que todavía hoy diferencian a izquierda socialdemócrata y derecha liberal, pero ese debate muere a manos de una reforma de la Constitución que directamente sentencia a muerte la posibilidad de que las administraciones públicas puedan recurrir al déficit y al endeudamiento, aunque es verdad que a última hora se ha evitado el cifrar ese límite, pero también lo es que se deja en manos de la UE la cifra, y ya sabemos que en ese aspecto la ortodoxia comunitaria es férrea.

En el debate sobre quiénes son los culpables de la crisis, unos y otros se han tirado los trastos a la cabeza, y probablemente las responsabilidades haya que repartirlas por igual: ni los excesos del capitalismo han sido buenos, ni tampoco lo han sido los desmanes regulatorios y la obsesión por el gasto público. Eso que alguna vez hemos llamado capitalismo-socialdemócrata, o socialismo de mercado, no ha funcionado bien, o mejor dicho, ha funcionado fatal y nos ha llevado a la situación en la que estamos y nos obliga a replantear de nuevo los modelos económicos porque tal y como se están haciendo las cosas en lugar de poner remedio a la situación lo que estamos haciendo es empeorarla, y eso es exactamente lo que están descontando los mercados en este fatídico mes de agosto en el que las bolsas se han hundido sin remisión.


Todo está entredicho, pero por alguna razón es la izquierda la que más está sufriendo el efecto de este replanteamiento, quizás porque para ella es mucho más difícil aceptar errores y, sobre todo, avanzar en las reformas necesarias para intentar salir de este pozo en el que se ha sumido nuestra economía. El final de la historia es bien simple: la izquierda se hunde porque no ha sabido dar respuesta a los problemas que ella misma ha contribuido a crear, y ahora se ve obligada a adoptar medidas que chocan frontalmente con su ideario.

No tomen esto como una crítica, porque simplemente pretendo hacer un análisis de situación, y a la vista del enconado debate interno que la reforma constitucional ha provocado en el seno del Partido Socialista, cada vez es más evidente, más claro, que después de las elecciones generales la izquierda española, toda la izquierda, debería llevar a cabo una profunda reflexión sobre su futuro y sobre los hechos que la han conducido a la situación de pérdida de poder real que está sufriendo.
«El final de la historia es bien simple: la izquierda se hunde porque no ha sabido dar respuesta a los problemas que ella misma ha contribuido a crear, y ahora se ve obligada a adoptar medidas que chocan frontalmente con su ideario.»
¿Significa esto el final de la socialdemocracia? No tiene por qué, pero a lo mejor significa que la socialdemocracia tiene que dar nuevos pasos en pro de la apertura a un modelo económico no basado en el keynesianismo y sí en una mayor apuesta por la libertad económica y la menor presencia del Estado en la sociedad. Liberalismo social, dicho de otro modo.

Es verdad que ese camino a la inversa ya lo ha recorrido la derecha, y que es probable que si la izquierda lo recorre ambas se acaben encontrando en un terreno muy parecido, y entonces las diferencias entre unos y otros tenderán a ser más de modelos de gestión que de contenido ideológico como ha venido
ocurriendo hasta ahora.

La otra opción es que la izquierda se radicalice en su discurso, como ha venido haciendo en estas últimas dos legislaturas, pero en mi opinión eso solo contribuiría a alejarla cada vez más de unos modelos sociales que parecen decantarse por la apuesta por la libertad frente al discurso de la igualdad. Es evidente que no podemos vivir como habíamos vivido hasta ahora, ni en el ayuntamiento más humilde, ni en el país más rico del mundo. No es posible mantener los estados del bienestar de la manera en que lo estábamos haciendo, ni podemos tener administraciones faraónicas que además duplicaban y triplicaban competencias. Hay que replantearlo todo, buscar nuevos modelos de financiación y acostumbrarnos a que no podemos ser tan aparentemente ricos como creíamos que éramos.

Esto no significa el fin del estado del bienestar, sino una reforma de la manera en la que lo sufragamos, y si no aceptamos ese debate y comprendemos que ya nada va a ser igual a como lo conocimos hasta ahora, los políticos se estarán engañando a sí mismos y estarán engañando a los ciudadanos. Y esto le va a costar a la izquierda unas elecciones, pero probablemente sea lo mejor que pueda pasar para introducir un poco de sensatez sentido común en el debate político nacional.


El Confidencial – Opinión

Perplejidad socialista. Por Charo Zarzalejos

El pasado martes en el Congreso y a medida que el Presidente desgranaba desde la tribuna de oradores su propuesta de reforma constitucional, la bancada socialista se convirtió en una constelación de rostros perplejos. No era necesario "hacer pasillos" para comprobar el ánimo de los socialistas en general y de aquellos que forman parte del comité electoral de Rubalcaba, en particular.

Con su propuesta, previamente consensuada con Mariano Rajoy, el Presidente lanzaba un auténtico torpedo al candidato socialista y al grueso de esta fase inicial de campaña. No sólo porque apostaba por algo que hace apenas unos meses habían denostado y de manera muy especial el propio Rubalcaba, sino porque durante días y días, esa reforma se va a comer el interés informativo. Apenas quedará sitio para otros asuntos y, como es natural, Rubalcaba quiere y necesita espacio.


Que los socialistas estén perplejos es más que lógico y no sólo porque crean que el gasto público es necesario en época de crisis, sino porque con esta reforma, es Mariano Rajoy quien se llena de razón, al que se convierte en "hacedor" de una propuesta que ahora, al parecer, es buena. Algunas voces ya han comenzado a surgir. Elena Valenciano, en su papel, quita gravedad a las desavenencias internas que ya están detectando y al final del todo nos encontramos con un Alfredo Pérez Rubalcaba obligado a gestionar no el poder, cosa que hace como nadie, sino el desánimo y la perplejidad de los suyos por una decisión tonada con carácter de urgencia y que sólo se entiende si ha venido impuesta de fuera. No creo que el Presidente del Gobierno, "motu propio", como Pablo cayéndose del caballo haya concluido que esta reforma es lo mejor que puede hacer. Lo hace porque, probablemente, no tiene más remedio y lo hace sin miramientos, sin pánico a dar la razón a Rajoy y con la libertad_no hay que descartar que también con disgusto_que le da el saber que sus próximos capítulos vitales los va a escribir en León.

Rubalcaba ya tiene sitio en la comisión negociadora PSOE-PP para concretar la fórmula que llevarán al Congreso, pero la tarea que tiene por delante es ingente. En el PSOE las aguas vuelven a bajar un poco revueltas y él, experto en convencer y atraer a los ajenos tiene, nada menos, que ilusionar a los propios cada vez más desanimado y más perplejos. ¿Por qué se ha metido en este lío?.


Periodista Digital - Opinión

Rectificar para empatar. Por Carmen Gurruchaga

La izquierda es partidaria de aumentar el gasto público para reactivar la economía (Keyness) y la derecha, todo lo contrario. Pero Zapatero, obligado por la UE, ha rectificado y ha cerrado un pacto con Rajoy para limitar el gasto público. La intención es que la economía española recupere la confianza. Una parte importante del PSOE se oponía a esta reforma y entre ellos Rubalcaba, quien en contra de lo afirmado el jueves, no ha estado al frente de la negociación. Así pues, el acuerdo se ha llevado a cabo independientemente de su opinión, que, por cierto, ha cambiado totalmente. Cuando el líder del PP lanzó la propuesta la consideró ridícula, insolidaria e inviable. Ayer, en cambio, dijo sentirse satisfecho porque «recoge una imprescindible estabilidad presupuestaria, cierta flexibilidad para cuando “vienen mal dadas” y una referencia europea». Sorprendentemente, coincide con el PP y ha modificado tanto su idea primitiva que ha invitado a sus compañeros críticos a leerse el texto acordado. Rubalcaba es muy listo y si el otro día en el Congreso la hemeroteca le pilló con el paso cambiado, ha sabido hacer de la necesidad virtud y enfatizar que, al final, incluye principios fundamentales para él. El equilibrio presupuestario y el control del gasto garantizan las políticas sociales al saber del dinero del que se dispone para llevarlas a cabo. En cambio, el descontrol termina por obligar a recortar prestaciones sociales, a congelar las pensiones… En fin, todo lo que llevamos viendo los últimos años.

MEDIO – La Razón

Reforma constitucional. A confundir, que algo queda. Por Maite Nolla

Tiene que contener a los rebeldes que han comprendido que el gesto de Zapatero hace innecesario celebrar elecciones el 20 de noviembre. Borrell existe y es del sector crítico, aunque nadie supiera nada hasta la fecha.

Los desplazados buscan su hueco. Los habituales perejiles de todas las salsas en los últimos años han quedado relegados en el asunto de la reforma. Pasada su propia confusión inicial, necesitan distraer para recuperar algo de protagonismo. Y es que Rubalcaba tiene muchos problemas y ninguno de ellos pasa por los veinticinco diputados del PSC. Son, con diferencia, los votos más seguros; los más disciplinados del grupo, por la cuenta que les trae. Tere Cunillera, vicepresidenta del Congreso, no se imagina a sí misma votando otra cosa que no sea lo que le mande el PSOE. Cuando le dieron el escaño lo pidió con todos los extras, menos el de la libertad de voto. Los problemas le vienen al candidato porque no puede discutir ni la necesidad, ni la forma, ni el tiempo de la reforma. Por eso miente y dice que ha impuesto no se sabe qué en el pacto. Además, tiene que contener a los rebeldes que han comprendido que el gesto de Zapatero hace innecesario celebrar elecciones el 20 de noviembre. Borrell existe y es del sector crítico, aunque nadie supiera nada hasta la fecha.

Y Duran ha dicho que la reforma es "esperpéntica", "surrealista", y hecha "de espaldas a la gente", y pide un referéndum, aunque antes de ser llamado al orden dijo que "compartía el espíritu" de la misma. Sin ánimo de ser muy crítica, pero imaginemos el siguiente escenario, como se dice ahora: supongamos que la reforma hubiera sido fruto de un debate previo con juristas, economistas y con aportaciones de todos los partidos, y no obligada por doña Merkel. Pongamos que la reforma se somete a referéndum, pero de los de verdad, no como los alegales que convoca CiU para que voten menores y extranjeros, y que el referéndum tiene una gran participación y que no es ridícula como en el del Estatut. Y que el resultado del referéndum es el del apoyo de la gente a la reforma. Vamos, supongamos que la reforma se hace bien, que se concreta en algo y que no remite su efectividad a una ley posterior y a nueve o diez años vista. ¿Apoyaría entonces el señor Duran la reforma? No, claro que no. Pues entonces, ¿qué necesidad tiene de crisparse tanto? El ceño y el sobrecejo tienen un límite, más aún con esas gafas rojas tan "agresivas". Duran puede que tenga razón en lo que dice, pero los nacionalistas no se oponen a la modificación de la Constitución por las formas precisamente, creo yo. Además, que yo recuerde, este señor y otros dos fueron los que reformaron la Constitución en una noche en La Moncloa por la vía del Estatut; y no se me ocurre una forma mayor de darle la espalda a la gente. Porque entonces nadie nos preguntó si queríamos o no queríamos adaptar la Constitución a los caprichos nacionalistas.

En fin, Rubalcaba y Duran, dos descolocados a los que sólo les queda intentar confundir al personal.


Libertad Digital – Opinión

Garitano. Por Iñaki Ezkerra

En dos años he coincidido dos veces con Garitano en la Euskal Telebista. La primera fue en vísperas de las autonómicas del 2009 que desalojarían al PNV del poder. Recuerdo muy bien su tono y su aspecto, vitalmente bajos, sombríos, funerarios. Garitano tenía el típico tono y el típico aspecto de la Batasuna amargada, deprimida, jodida de la ilegalidad y la marginalidad. Dijo algo de los presos que no interesó a nadie y lo dijo, además, sin convicción, como por obligación, sintiéndose desplazado y en contra de la sintonía general, no ya de la tertulia, sino del propio país; en contra de la realidad. Todavía se respiraba en el ambiente el sentimiento de decepción, de prudencia y de pudor que había dejado en los socialistas el atentado de la T 4, el fracaso estrepitoso de la negociación, el ridículo de Zapatero… La segunda vez que me topé con Garitano en la tele oficial vasca fue después de las recientes municipales y forales que le llevaron a la presidencia de la Diputación guipuzcoana. Su aspecto era la antítesis del encuentro anterior. Era la estrella de la tertulia y se le veía radiante. Garitano bromista y dicharachero. Garitano concesivo. Garitano campechano, paternalista, perdonador. Garitano de buen rollito, y más majo que las pesetas mientras todos los tertulianos, salvo un servidor, le reían sus gracias sin gracia en los descansos del programa. Garitano tenía cara de Drácula vestido de Primera Comunión, de acémila ilusionada, de concursante televisivo al que le entregan las llaves del apartamento en Torrevieja.

Si queremos tener una idea de cómo se encuentra hoy ETA, y de lo que ha supuesto para ETA la tristemente famosa sentencia del Constitucional, no tenemos más que ver ese antes y ese después de Garitano, el tipo que ahora nos hace la generosa concesión de dosificar su lamento por los asesinatos: los de Cataluña sí, los otros, ya veremos… Es un gamberro institucionalizado, un pisaflores de la democracia, un bocazas con sueldo oficial. Y en su borrachera de éxito nos concede ahora que quizá Hannibal Lecter, su jefe, no sea perfecto. No entro en el diagnóstico clínico de la salud de ETA. Entro en lo anímico, que es tanto o más importante. ¿Es un logro político que merece un premio conseguir hacer felices a los terroristas? A mí esto de hacer a ETA «reina por un día» no me parece un paso democrático, sino una cursilada macabra más del zapaterismo. Quizá no la última.


La Razón – Opinión

Reforma constitucional. Un fraude consensuado. Por Juan Ramón Rallo

Aprobaremos una norma que no sirve en absoluto para alcanzar su objetivo declarado. Vamos, un fraude en toda regla. Eso sí, un fraude consensuado. Albricias.

Si alguna función podía tener una limitación constitucional al déficit era la de contener algo ese timo del tocomocho llamado keynesianismo, a saber, la idea de que lo único que necesitamos para salir de una crisis es un incremento del gasto, venga de donde venga y se destine a lo que se destine. El problema de las depresiones, sin embargo, no es que gastemos demasiado poco en general, sino que nuestros patrones de gasto, de producción y de financiación no son sostenibles; a saber, el crédito hipotecario en España no podía seguir creciendo al 20% anual y el sector de la construcción no podía continuar fabricando 800.000 viviendas al año. Y esto no se arregla empujando al Estado a que gaste en lo que sea, endeudándose todavía más y frenando los reajustes: si idénticas recetas las aplicáramos a una empresa que atravesara una crisis sectorial, rápidamente la abocaríamos a la quiebra.

Pero nada, que da igual. La reforma consensuada entre PP y PSOE no sólo deja al albur parlamentario la fijación del techo de deuda y de déficit (qué eficaz ha sido semejante norma en EEUU), sino que para más inri en el texto constitucional se exceptúan a las "recesiones económicas" como situaciones críticas en las que se pueden rebasar esos límites.


En teoría, PP y PSOE promueven esta reforma porque no quieren que se repita una situación tan desastrosa de las cuentas públicas como la actual, ¿no? Bueno, pues hagamos un un muy sencillo ejercicio de política ficción: supongamos que esta reforma ya hubiese estado vigente en 2004, cuando Zapatero llegó el poder. ¿Habría cambiado algo el devenir de nuestra crisis merced a la limitación constitucional del déficit? En absoluto; desde 2004 a 2007, momentos de aparente (y ficticia) prosperidad económica, el PSOE cuadró sus presupuestos con superávit. Llegó la recesión en 2008 y empezaron a aparecer los números rojos: más de 300.000 millones de euros de déficit en cuatro años que de nada han servido salvo para acercarnos a la suspensión de pagos (¡gran éxito de la estimulación keynesiana!). Todos y cada uno de esos déficits, por surgir en medio de una recesión, habrían contado con respaldo constitucional; y, además, los socialistas podrían haberlos convalidado en el parlamento de idéntico modo a cómo sacaron adelante en las Cortes todos los presupuestos que generaron esos déficits.

Moraleja: aprobaremos una norma que no sirve en absoluto para alcanzar su objetivo declarado. Vamos, un fraude en toda regla. Eso sí, un fraude consensuado. Albricias. Para que luego se nos diga que nuestros problemas proceden de que PP y PSOE no han arrimado el hombro. No, todo lo contrario: nuestros problemas vienen de que ambos partidos han estado de acuerdo en casi todo, de que no ha habido una oposición real a ninguna de las grandes políticas económicas que han arruinado a este país (ni al rescate de la banca, ni al simulacro de reforma del mercado laboral, ni al estímulo keynesiano del gasto, ni ahora a este timo de reforma constitucional). Consenso socialdemócrata, lo llaman.


Libertad Digital – Opinión

El suicidio de la izquierda: a propósito de la reforma constitucional. Por Carlos Sánchez

Probablemente, uno de los mayores triunfos políticos de la derecha europea y estadounidense fue la de establecer una relación causa-efecto entre la izquierda y el déficit público. A partir de este argumento, comprado por buena parte de la opinión pública, cuando gobiernan los partidos socialdemócratas crecen el despilfarro, la mala gestión de la cosa pública y hasta el clientelismo político, toda vez que la izquierda cuando está en el poder alimenta con subvenciones todo tipo de iniciativas que en realidad benefician a unos pocos. Su obsesión por repartir el pastel, pero sin atender a la creación de riqueza mediante políticas de oferta, hace el resto.

Este argumento ha hecho furor. Hasta el punto de que la propia izquierda ha acabado por creerse este aparente axioma, convertido en una especie de verdad revelada. Hoy en día, amplios sectores de la izquierda están convencidos de que un país que se endeuda es mejor que otro que no lo hace. Hasta el punto de que ha convertido el gasto público en una de sus señas de identidad.


Aunque parezca mentira, se trata de un fenómeno relativamente nuevo. Tanto en el siglo XIX como hasta mediados del siglo XX, era la derecha tradicional ligada a los sectores oligárquicos quien reclamaba mayor presencia del sector público en la economía, por supuesto con aviesas intenciones, como pudo comprobar este país durante la Restauración y el franquismo.

El proteccionismo, los aranceles, las restricciones a la libertad de comercio han sido históricamente reivindicaciones de la derecha, pero la irrupción, en primer lugar, del estatismo soviético; y, en segundo lugar de las políticas keynesianas que cuestionaban los modelos de equilibrio macroeconómicos neoclásicos, cambiaron el discurso de la izquierda. Hoy, determinados partidos y dirigentes políticos que se proclaman socialistas o socialdemócratas reclaman el gasto público como un instrumento de reequilibrio económico y social. Incluso se sienten altamente contrariados por el hecho de que el Gobierno socialista y el Partido Popular hayan pactado poner freno constitucional al déficit público.
«El nivel de gasto público no tiene nada que ver con los número rojos. Se puede gastar mucho en bienestar social y, al mismo tiempo, equilibrar el presupuesto. De la misma manera, el hecho de gastar mucho no garantiza nada. Ahí está el caso de España, que combina el desgraciado mérito de ser el cuarto país con mayor déficit público y, al mismo tiempo, es el que tiene mayor tasa de desempleo.»
Esos argumentos serían ciertos si estuvieran basados en la verdad empírica. Pero la realidad dice todo lo contrario. En EEUU han sido históricamente los republicanos quienes han generado mayores déficits públicos. Ahí están los casos de Reagan o Bush (padre e hijo), que dejaron las finanzas públicas temblando, al contrario que Clinton, cuyo superávit fiscal todavía se recuerda hoy como una bendición. Y qué decir de Nixon con su guerra del Vietnam.

Conservadores y socialdemócratas

En Europa, al contrario, no ha habido coherencia alguna. Izquierda y derecha se han endeudado hasta las cejas sin rubor alguno, y por lo tanto no es fácil encontrar una pauta general de comportamiento. En los cinco países con mayor déficit en 2010 (Irlanda, Grecia, Reino Unido, España y Portugal) gobiernan o han gobernado tanto conservadores como socialdemócratas, lo que da a entender que no se trata de una estrategia común en función de criterios ideológicos.

La cantidad de déficit público hay que relacionarla, por lo tanto, con las políticas económicas practicadas. O dicho en términos más sencillos, el desequilibrio presupuestario tiene que ver con lo que decide de forma discrecional cada gobierno. Y así encontramos que países como Suecia, con uno de los mayores niveles de gasto público de Europa (53% del PIB) es, igualmente, un ejemplo de solvencia fiscal. El Gobierno de Estocolmo (conservador) consiguió en 2010 equilibrar el presupuesto público (déficit cero) y, al mismo tiempo, mantener elevados niveles de gasto social. Como dijo en estas mismas páginas el profesor Fernández-Villaverde, las reglas fiscales poco tiene de conspiración cavernícola. La seriedad fiscal no es ni de izquierdas ni de derechas (a fin de cuentas, a irresponsables fiscales no les gana nadie a los republicanos en EEUU).

Esto da a entender dos cosas. En primer lugar, que el nivel de gasto público (que en última instancia es lo que preocupa a algunos sectores de la izquierda y a los sindicatos) no tiene nada que ver con los número rojos. Se puede gastar mucho en bienestar social (y con amplia presencia del sector público en la economía) y, al mismo tiempo, equilibrar el presupuesto. De la misma manera, el hecho de gastar mucho no garantiza nada. Ni desde luego la cohesión social. Ahí está el caso de España, que combina el desgraciado mérito de ser el cuarto país con mayor déficit público y, al mismo tiempo, es el que tiene mayor tasa de desempleo (cerca del 21%).

Esto sugiere que el problema no está sólo en el gasto, sino también en los ingresos, como a menudo se olvida. No estará de más recordar, por lo tanto, que cuando en 2009 España alcanzó el mayor desequilibrio fiscal de su historia, el 11,2% del PIB, la mitad tuvo su origen en un aumento desbocado de los gastos (los famosos estabilizadores automáticos derivados del aumento del desempleo), pero la otra mitad esconde sus raíces en el desplome de la recaudación.
«El problema no está sólo en el gasto, sino también en los ingresos. Cuando en 2009 España alcanzó el mayor desequilibrio fiscal de su historia, el 11,2% del PIB, la mitad tuvo su origen en un aumento desbocado de los gastos (los estabilizadores automáticos derivados del aumento del desempleo), pero la otra mitad esconde sus raíces en el desplome de la recaudación.»
Al contrario de lo que se suele creer, el déficit público en España es de naturaleza eminentemente estructural. Se debe, sobre todo, a una pérdida permanente de ingresos como consecuencia del redimensionamiento del sector inmobiliario y a la existencia de altos niveles de desempleo, incluso en periodos de expansión. Algo que explica, por ejemplo, que un país en bancarrota como Grecia ingrese más que España.

¿Y Por qué España no recauda? Básicamente por la existencia de un sistema tributario ineficiente que hace descansar la presión fiscal en los asalariados. Pero al contrario de lo que cabe suponer, lo que han hecho las distintas administraciones no ha sido reformar la fiscalidad para ensanchar las bases imponibles o hacer reformas económicas de calado para actuar sobre la oferta y no sólo sobre la demanda; sino que, por el contrario, han hecho lo más fácil. Subir los impuestos por la puerta de atrás sin que nadie se entere. Al menos la presenta generación, porque las que vienen detrás tendrán que pagar el marrón, como se dice ahora.

Una financiación heterodoxa

¿Y cómo se hace esto? Pues pidiendo dinero a los célebres mercados financieros o, incluso, acudiendo al banco más cercano para que les presten pasta (mejor si es una caja de ahorros amiga). Dicho en otras palabras, como no se atreven a cambiar la fiscalidad (subiendo impuestos para financiar el nivel de prestaciones públicas que disfrutan los ciudadanos) lo que se hace es pedir dinero por la ventanilla de última instancia (los mercados). Sujetos a quienes nadie ve y que no piden nada. Claro está, salvo altas rentabilidades, en última instancia el origen de la actual crisis de deuda soberana.

Ni que decir tiene que se trata del camino equivocado. Y no sólo por la falta de transparencia que suscita esta heterodoxa forma de financiar las necesidades del sector público. O incluso por un mínimo sentido de la decencia democrática. También porque de esta manera se produce un fenómeno perverso. Son las administraciones públicas (efecto crowding out) quienes se endeudan y evitan que los agentes económicos privados se financien, lo que alimenta la crisis. Pero es que además, niveles elevados de déficit y ritmos crecientes de deuda pública (escenario previsible hasta 2018-20) suponen necesariamente un encarecimiento de los tipos de interés, sobre todo cuando los mercados se encuentran en estado de alerta frente a la posibilidad de que se produzcan crisis fiscales en algunos Estados.

El equilibrio presupuestario, por lo tanto, es algo más que una necesidad económica. Es el instrumento necesario para hacer una política auténticamente social, como bien han demostrado los países escandinavos desde la crisis de los años 80. La existencia de elevados déficits, por el contrario, sólo ayuda a aumentar el tamaño de los mercados financieros y para nada aumenta la cohesión social. Al contrario.

El gasto público hay que volver a financiarlo con impuestos, que son la columna vertebral de cualquier sistema democrático. Reivindicar lo contrario es el mejor camino para la autodestrucción, como de hecho explica que el 95% de los gobiernos europeos sean de centro derecha.


El Confidecial – Opinión

¿Por qué ahora? Por Isaías Lafuente

La reforma exprés de la Constitución planteada por el presidente Zapatero ha suscitado un aluvión de críticas dentro y fuera de las filas del PSOE que afectan al fondo y a la forma de la medida. Las de fondo pueden discutirse, pero las que afectan a la forma son tan de sentido común que son irrebatibles. Si un retoque tan sustancial era tan urgente, por qué no se ha planteado antes. Y si no lo es, qué necesidad hay de abordarlo por un gobierno que vive ya la cuenta atrás y por un parlamento al que apenas quedan días hábiles para afrontarla. Sobre el fondo, la vicepresidenta Elena Salgado se ha apresurado a calmar a los discrepantes con el argumento de que cuando lean la letra pequeña verán diluidas las reticencias. Pero aquí también el sentido común indica que si los artículos que consagren en la primera ley el equilibrio presupuestario son lo suficientemente ambiguos como para contentar a todos quizás lleguemos a la conclusión de que para ese viaje no serían necesarias estas alforjas. Y sólo faltaría que reformemos la Constitución y los mercados sigan atacando.

Pero hay otro argumento más que hace incomprensible esta situación. La Constitución española necesita un lifting desde hace mucho tiempo. Hubiera sido necesaria una reforma para eliminar la inconstitucional preeminencia del hombre frente a la mujer en la sucesión a la Corona, para reconocer la nueva realidad de España en el marco de la Unión Europea, para consagrar las comunidades autónomas ya constituidas y las competencias exclusivas del Estado antes de abordar la reforma de los Estatutos de Autonomía, y para cribar el Título VIII de artículos que con el desarrollo autonómico han quedado ya amortizados. Quizás en el marco de esa reforma, que hubiera requerido un procedimiento pausado y no de urgencia, se podía haber planteado alguna mención al equilibrio presupuestario, pero emprender un procedimiento tan extraordinario sólo para esto último, omitiendo otros aspectos que aguardan desde hace años, es difícil de entender.

Dicho esto, elevemos loas al equilibrio presupuestario - que no necesariamente es déficit cero - , preguntemos a quienes hoy quieren situarlo en el altar mayor de la legislación por qué no se aplicaron antes en su cumplimiento desde sus respectivos ámbitos de gobierno, y roguemos para que si llega a consagrarse en la ley fundamental no sirva de corsé ni de pretexto para aplicar la tijera al gasto social con una mano mientras con la otra se esgrime la Constitución.


Periodista Digital - Opinión

Ni en los peores sueños. Por Gloria Lomana

Se lo recomendó Felipe González: yo de Rubalcaba me iría del Gobierno ¡ya! Y el candidato se fue. Pero, como estamos viendo, eso no es, ni será, suficiente. En su sonriente cartel electoral trasluce la imagen de Zapatero junto a la suya, hasta el punto de que cada una de sus acolchadas promesas queda empañada por un bandazo zapateril. Cada carta del BCE a La Moncloa, cada requerimiento de Merkel, cada apremio de Sarkozy para evitar la quiebra de España es un baldón para el socialismo español que predica Rubalcaba. ¿Para esto ha demorado el presidente la convocatoria de elecciones hasta el 20-N? se preguntan en el PSOE. ¿Por qué no dar ya paso a la derecha para que sea Rajoy quien haga los ajustes?

Limitar el déficit por la vía constitucional significa que habrá que aplicar tijeras irremediablemente en conquistas sociales. Que se acabó el prometer becas, pensiones, cheques bebé, ayuda a los parados, pisos a los jóvenes y jaujas similares si eso descuadra las cuentas. No sólo se acabará en el Gobierno central; tampoco podrá ser en las comunidades autónomas. Ni siquiera en el País Vasco donde los socialistas gobiernan, ni en esa Cataluña a la que Zapatero prometió el oro y el moro.


En sólo una semana, Zapatero ha dado dos tiros de gracia a lo poco que le quedaba de su programa rojo: con la limitación constitucional del déficit y con el permiso de encadenar contratos indefinidamente a los jóvenes, lo que equivale a perpetuarles en el empleo precario. Justo lo contrario de lo preconizado por los socialistas hasta ahora. Para ponerse rojos, pero de bochorno. A Rubalcaba en vez de Alfredo, P. o RbCb, podríamos llamarle ya San Lorenzo en la parrilla. Adiós a su PSOE obrerista. Se acabó la vuelta del puño y la rosa. ¿De qué le servirá incrementar los impuestos a los ricos o gravar a los bancos, si ya no queda derecho social que podar? ¿A cuántos partidarios del 15-M podrá el candidato convencer con un discurso si con el siguiente se opone al referéndum sobre la reforma de la Constitución?

Lo de menos es, pues, si Zapatero le hurta a Rubalcaba la negociación de la reforma constitucional con el PP. Eso ya es un mandoble que llega por añadidura. Ni en sus peores pesadillas, los socialistas podían imaginar que en el hundimiento de Zapatero iba a sonar la música del Titanic. Tres meses más a este ritmo y del barco sólo quedarán añicos.

Ya lo dijo Felipe: ya no es simpatizante del PSOE porque este socialismo no le gusta, y por eso, más que nunca, se siente un jarrón grande en un apartamento pequeño, un gran jarrón chino arrinconado en el trastero de la solución habitacional de 30 metros cuadrados en que va a quedar el PSOE. A donde irán a parar también Zapatero, y otros no menos vistosos adornos, como Salgado, Guerra, Chaves o Bono. Todos han elegido abandonar, quitarse de en medio, menos el propio Rubalcaba, atado de pies y manos junto a la pira en que le ha colocado Zapatero, esa hoguera en la que antiguamente se quemaban a las víctimas de los sacrificios. Lo dicho: ni en sus peores sueños...


La Razón – Opinión

Reforma constitucional. La izquierda quiere hacerle la autocrítica a ZP. Por Pablo Molina

José Luis Rodríguez Zapatero, siervo del capital, vendido al neoliberalismo, lacayo imperial, vasallo de los especuladores, mamporrero de los poderosos, quintacolumnista de la judería financiera, traidor de clase.

Las peleas entre las distintas facciones de la izquierda son un espectáculo notable que sus víctimas presupuestarias deberíamos celebrar como se merece. Tras más de siete años sometidos al dictado de unos totalitarios vocacionales sin escrúpulos a la hora de esquilmar nuestro bolsillo, es realmente divertido verles destrozarse entre ellos a cuenta de una fingida promesa de no endeudar demasiado a un país que han dejado en ruinas, pero eso sí, a partir de 2020 y eso siempre que no haya una catástrofe por medio como, por ejemplo, otra victoria electoral del PSOE.

Zapatero se definió a sí mismo como un rojo, por otra parte una aclaración innecesaria, y ahora el resto del rojerío lo acusa de traidor a la causa proletaria y de haberse vendido al "capital especulativo".


Por supuesto los que así se manifiestan ni saben qué es en realidad eso que ellos llaman con infantil displicencia el capitalismo neoliberal, salvaje, especulador etc. etc. Tampoco es que tengan una idea clara de lo que supondrá la reforma constitucional en ciernes en materia presupuestaria, pero como se trata de grupos políticos que fagocitan el esfuerzo común para atender a su clientela, cualquier sintagma que les suene vagamente a recorte del gasto público los pone de los nervios. Pues que le pidan a Zapatero un tranquilizante, porque parece que la absurda reforma constitucional que PSOE y PP han urdido, solos o en compañía de Rubalcaba, va a transcurrir por la vía de los hechos consumados.

A Zapatero lo acusan de alta traición los que en 2004 y 2008 celebraron con kalimotxo sus victorias electorales, unos convencidos de que el tipo era un fenómeno de la política y el resto agradecido por haber cerrado el paso al poder de la derecha. Mientras hubo dinero para financiar todo tipo de majaderías la fiesta siguió su curso en las filas de la izquierda. Ahora que ya no queda dinero se rebelan contra el gran líder a causa de los peajes que ZP tiene que pagar después de tanta francachela, sencillamente para que España no entre en suspensión de pagos y el PSOE pase un par de décadas en el ostracismo.

José Luis Rodríguez Zapatero, siervo del capital, vendido al neoliberalismo, lacayo imperial, vasallo de los especuladores, mamporrero de los poderosos, quintacolumnista de la judería financiera, traidor de clase. Por aquí andan unos cuantos que quieren hacerte "la autocrítica". Que no te pase nada, chaval.


Libertad Digital – Opinión

Delincuencia. Por Alfonso Ussía

Sus policías nacionales, los mismos que obedecían sus órdenes hasta trasanteayer, se han querellado contra usted. Entre sus policías, los agentes del orden, y sus perroflautas, usted no ha dudado con quiénes se queda. Con los segundos, contra los que no actuó cuando ocuparon ilegalmente los espacios públicos que a todos nos pertenecen. Con los segundos, los que insultan, amenazan, destrozan el mobiliario urbano y siembran de estiércoles y orina las plazas y calles de nuestras ciudades. Con los segundos, los que amenazan a unos policías cumplidores de unas órdenes inadmisibles. Usted, Rubalcaba, su sucesor y obediente Camacho y la Delegada de la Chusma en nombre del Gobierno han sido señalados ante la Justicia por una Policía harta y humillada. Hoy hemos sabido que el Ministerio del Interior ha dispuesto que la Policía dé un trato de favor a los llamados «indignados» indignantes. Usted está con ellos –con los perroflautas–, por un puñado de votos. Han prevaricado, han ordenado a la Policía que no actúe contra ellos, y cuando no tuvieron más remedio que repartir algún porrazo profesionalmente medido, usted, que era su jefe, se ha convertido en su acusador. No soy abogado, pero intuyo que tanto usted, como su obediente sucesor en el Ministerio del Interior, como la Delegada de la Chusma en nombre del Gobierno, están moviéndose a muy pocos centímetros de la delincuencia.

Jamás me figuré un deterioro tan acusado en los valores de una persona como el que ha experimentado la suya propia. Se está quedando solo con la mugre. Se le van los suyos como ratones asustados. Quien lo elevó hasta lo más alto, su Presidente del Gobierno en paro técnico, también le ha dado la espalda, hasta el gorro de sus deslealtades. Parece, Rubalcaba, que es usted un recién llegado sin responsabilidades pasadas, cuando su responsabilidad en el desastre es tan abrumadora como la del Presidente parado. También se le va Elena Salgado, su mano derecha, avergonzada de su deriva. Hasta su fiel Elena Valenciano principia a dar muestras de una desmoralización corrosiva. Y tan grave y desagradable es la desunión en su partido que hasta el Presidente ha decidido puentearlo y hablar con Rajoy de los pasos del futuro sin consultar con usted. ¿Para qué hacerlo con el seguro perdedor de las elecciones?

Todas sus demagogias, sus deslealtades, sus mentiras, sus fugas de la responsabilidad y sus trucos de baratillo pueden ser protagonistas del olvido en unos pocos años. Pero su inaceptable reacción contra la Policía que le ha obedecido a usted hasta trasanteayer, y muy a su pesar según se ha sabido, no tiene perdón. Usted no puede valorar un puñadito de votos más que los derechos de la ciudadanía. Usted no puede respetar más la orina de un perroflauta que el establecimiento honrado y legal de un comerciante instalado en la Puerta del Sol. Usted no puede acusar a un policía insultado, humillado y zarandeado de extralimitarse cuando la extralimitación se produjo en las filas airadas y groseras de sus favorecidos.

Le ha salido muy mal la jugada y ha quedado usted peor. Usted carece de talla moral y ética para ser candidato de nada, y empiezan a verlo y sentirlo en su propio partido. No sirve para nada la simulación. Los que opinaron en mayo que ese presumible movimiento de «indignados» era uno de sus inventos no se equivocaron. Se valió de unos tontos útiles y de unos obedientes perfectamente dirigidos. ¿Cómo iban a actuar los agentes del orden contra quienes estaban amparados por quien da las órdenes? La lección de los jóvenes en la JMJ le ha desencuadernado. El Papa y usted se han puesto de acuerdo para acabar con su futuro político.


La Razón – Opinión

Miami. Bienvenido, Pablo Milanés. Por Carlos Alberto Montaner

Cuando Batista dejó la presidencia y viajó a Chile, el camarada Pablo Neruda lo saludó con un texto absolutamente obsequioso lleno de adjetivos entusiastas.

El sábado 27 de agosto actuará en Miami el cantautor Pablo Milanés. Es un acontecimiento lleno de contenido político que vale la pena analizar.

Pablo Milanés ha dicho tres cosas muy importantes en una excelente entrevista que le hizo Gloria Ordaz para Univisión. Dijo que ya no deseaba cantarle a Fidel Castro, que no tiene inconveniente en dedicarles una canción a las Damas de Blanco, y que es un revolucionario crítico comprometido con el sistema socialista.

Bravo. Eso quiere decir, primero, que el famoso cantautor rompió realmente con esa penosa subordinación moral e intelectual hacia el caudillo que caracteriza a las irracionales dictaduras personalistas; segundo, que acepta la pluralidad y las diferencias dentro de una sociedad en la que muchas personas honorables tienen posiciones distintas, sin que ello las convierta en enemigos execrables o en agentes de la CIA; y, tercero, que no ha dejado de ser comunista, pero no está dispuesto a callar ante los errores y los atropellos de su Gobierno. La militancia no exige ser ciego y mudo ante lo que está mal. Lo revolucionario es la rebeldía, no la aquiescente sumisión.


Mi impresión es que por la boca de Pablo están hablando cientos de miles de comunistas cubanos que se consideran verdaderos reformistas. Para ellos, no bastan los cuatro parches que Raúl le quiere poner al sistema productivo para continuar manteniendo su dictadura de partido único manejada por un grupúsculo elegido a dedo por el general entre el círculo íntimo de sus incondicionales. Ése, según se deduce de las palabras de Pablo, no es un gobierno moderno y legítimo, sino una banda al servicio de un jefe todopoderoso que ignora hasta los principios del "centralismo democrático" que supuestamente deben normar las relaciones entre los camaradas. Por eso Pablo quiere cambios reales.

Los demócratas de la oposición deberían hacer un esfuerzo por entender el fenómeno. Pablo Milanés, y con él seguramente cientos de miles de personas que se consideran "revolucionarias", no son enemigas. Son adversarios políticos dotados de ciertas ideas, a mi juicio disparatadas, pero con los que se puede y se debe convivir en una Cuba liberada del dogmatismo estalinista de los Castro. Al fin y al cabo, en las treinta democracias desarrolladas, prósperas y felices del planeta, las familias ideológicamente diferentes conviven en los parlamentos y son capaces de encontrar zonas de colaboración.

Tal vez los cubanos jóvenes no lo sepan, pero entre los años de 1940 y 1944, en un periodo democrático, el general Fulgencio Batista, acompañado y apoyado por los comunistas, fue libremente electo a la presidencia de la república por la mayoría de los cubanos. En esa época, de impetuoso crecimiento, por cierto, los comunistas-batistianos defendían la pluralidad y así llegaron al gabinete de gobierno dos ministros de esa cuerda política. Cuando Batista dejó la presidencia y viajó a Chile, el camarada Pablo Neruda lo saludó con un texto absolutamente obsequioso lleno de adjetivos entusiastas.

Tras más de medio siglo de descalabros, fusilamientos, exilios masivos, empobrecimiento progresivo, aventuras militares, violaciones de los derechos humanos y ejercicio arbitrario del poder por un caudillo iluminado empeñado en reinventar todo lo que existe, desde los seres humanos a las vacas, pasando por el café o la avicultura, ha llegado la hora de que la sociedad, toda la sociedad, asuma la dirección de su destino de forma pacífica, racional, plural y colegiada. Ese proceso comienza por un sobrio apretón de manos entre los comunistas reformistas y los demócratas de la oposición. Son, o deben ser, adversarios respetuosos, no enemigos. Bienvenido, Pablo Milanés.


Libertad Digital – Opinión

España es hoy más creíble

Cuesta encontrar en las dos legislaturas socialistas una decisión en política económica del calado de la reforma constitucional para limitar el gasto público. Sólo desde el equilibrio fiscal se pueden sentar unas bases sólidas que favorezcan la recuperación. Mariano Rajoy lo entendió hace muchos años, porque el Gobierno de Aznar cimentó su éxito económico en la disciplina y en la contención plasmada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Ejecutivo socialista derogó para favorecer el dispendio. Por eso, el presidente del PP propuso esta modificación de la Carta Magna hace un año, pero el Gobierno la despreció con especial displicencia por parte de Pérez Rubalcaba, que prácticamente se mofó de la misma.

El acuerdo, alcanzado en una negociación liderada por Rodríguez Zapatero y Rajoy y que fue registrado ayer en el Congreso, contempla la modificación de la Constitución para incluir un principio de equilibrio presupuestario que impida al Estado y a las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere lo establecido por la UE. Además, una futura ley orgánica precisará un déficit estructural global máximo del 0,4% para el conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020. Estas cifras, así como el proceso para alcanzar el objetivo de deuda dentro de nueve años, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018 para atender a las circunstancias de los ciclos económicos, de acuerdo con el texto pactado.


Es un paso adelante determinante que reportará credibilidad a una economía necesitada y fomentará la confianza internacional en España. La decisión, respaldada por el 90% de los representantes de la soberanía nacional, nos situará también en la vanguardia de los países comprometidos con la gobernanza europea. No es, sin embargo, una pócima milagrosa que solucionará los graves desequilibrios de un país que necesita reformas estructurales de amplio espectro, pero sí es un pilar decisivo sobre el que impulsar cambios imprescindibles.

El importante grado de consenso político es también un valor añadido que fortalece el mensaje enviado a Europa. La polémica sobre la tramitación urgente de la reforma de la Carta Magna y la no convocatoria de un referéndum es baladí. No hablamos de intervenciones en el texto que afecten a derechos fundamentales, sino a retoques de carácter técnico que requiere un procedimiento ordinario.

Aunque no afecte al fondo del asunto, existe una lectura política que salpica a Rubalcaba y al propio PSOE. Veremos el alcance de la oposición interna a la reforma, pero esa contestación desconocida hasta hoy no es una buena noticia para un líder socialista que además ha tenido un rol marginal en una negociación relevante.

La reforma constitucional debe ser un punto de inflexión que culmine con el cambio político y una nueva directriz para España. La disciplina presupuestaria o, lo que es igual, el saneamiento de las cuentas públicas, es una cuestión de Estado. Unas arcas públicas solventes proporcionan prosperidad y facilitan el desarrollo de políticas de fomento de empleo y de creación de riqueza. De todo ello nos ha privado el gasto público incontrolado de los socialistas y ésa ya es una responsabilidad histórica.


La Razón – Editorial Opinión

A la defensiva

El Gobierno estimula el empleo temporal y limita su capacidad inversora en busca de estabilidad.

No se podrá acusar al Gobierno de estar de brazos cruzados durante el verano. Desde la convocatoria de elecciones anticipadas, han sido numerosas las medidas económicas adoptadas. La mayoría, en respuesta a la intimidación de los mercados de bonos y las exigencias de las autoridades europeas. La complacencia de las políticas económicas en la mayoría de las dos últimas legislaturas ha dado paso a una hiperactividad sin precedentes. La decisión de mayor significación es la destinada a modificar la Constitución para introducir un límite al déficit público. Esa extrema diligencia, con la que el Gobierno asumió las orientaciones del encuentro entre Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, ya ha generado perturbaciones políticas suficientes como para que se valore si el propósito perseguido requería del método empleado. Y si encontrará la compensación de los mercados financieros, ahora más pendientes de las posibilidades de crecimiento que del radicalismo fiscal de los Gobiernos.

Limitar el déficit público es una señal que reduce incertidumbre para los inversores en bonos públicos. Fomentar esa medida expresa, de hecho, una insuficiente confianza en los Gobiernos para conducir prudentemente la política fiscal. Afortunadamente, el acuerdo alcanzado no introduce en la Constitución cifras concretas de esos límites. En su lugar se ha optado por impedir que Estado y comunidades autónomas incurran en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. Es en una ley orgánica donde se concretarán esas cifras, que no dejan de ser arbitrarias: el déficit estructural máximo será del 0,4% para el conjunto de las Administraciones Públicas y no superará el 0,26% del PIB en la Administración del Estado, ni el 0,14% en cada comunidad autónoma.


Son límites sin duda exigentes para un país con un gasto público por debajo del promedio de las economías avanzadas de Europa, sin niveles de bienestar o de capital público equivalentes. Dada la especialización sectorial de la economía española, distante de la modernización de las más desarrolladas, limitan la participación pública en la inversión en capital tecnológico o humano. La experiencia de otros países desarrollados, desde EE UU hasta Alemania, señala que la inversión pública ha sido determinante en la modernización económica. No es lo mismo poner un corsé a la actuación inversora del Estado para una de las economías más competitivas del mundo que hacerlo cuando se exhiben carencias de gran calado, como es el caso de España.

Las medidas laborales anunciadas en el Consejo de Ministros de ayer no son la panacea para reducir inmediatamente el paro, pero pueden favorecer la creación de empleo. Es el caso de la suspensión durante dos años del límite al encadenamiento de contratos temporales, que obligaba a hacer fijos a los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran encadenado contratos temporales durante 24 meses. También merece una valoración favorable la medida que prevé la creación de un contrato de formación y aprendizaje para menores de 30 años. Con ella se trata de aliviar esa tasa de desempleo juvenil, superior al 46%, que constituye una de las manifestaciones más explícitas del drama laboral español.

La prórroga por seis meses de la ayuda de 400 euros para parados que hayan agotado la prestación por desempleo es apenas un paliativo. Es verdad que podría haberse aprovechado para introducir otras reformas en el mercado de trabajo. La de la contratación a tiempo parcial, por ejemplo. Pero el Gobierno parece haber optado por una dosificación de las reformas que favorece las críticas, como las de las organizaciones empresariales y los sindicatos. Pero es una insensatez desautorizarlas completamente, como ha hecho el Partido Popular.


El País – Editorial Opinión

Una simple declaración de buenas intenciones

Si PP y PSOE buscaban transmitir algún tipo de seguridad adicional en la solvencia del Reino de España mediante esta reforma constitucional, desde luego no lo han conseguido.

El parto de los Montes ha terminado dando a luz un ratón o, dicho de otra manera, las negociaciones entre PP y PSOE a propósito de la reforma constitucional han concluido en un nuevo artículo 135 vacío de contenido. Rubalcaba le ha terminado ganado la partida al PP –si no en la forma, sí en el fondo– y ha conseguido aguar lo que, con todas las cautelas, habría podido ser un paso en la buena dirección.

Al cabo, PP y PSOE quieren convencernos de que pretenden limitar el déficit en la Constitución sin especificar ningún límite. Por el contrario, nuestros mandatarios relegan ese dato, que es el básico para que podamos hablar de restricciones propiamente dichas, a una ley orgánica aprobada por las Cortes que, según nos adelantan, ubicará ese déficit máximo en el 0,4% para el conjunto de las Administraciones Públicas. Una situación que, en última instancia, en nada se diferencia a la que ya imperaba con la ley de equilibrio presupuestario de Aznar y que no impidió a Zapatero derogarla de facto y colocar nuestras cuentas públicas al borde del abismo.


Todo apunta a que, cuando sea menester, la historia se repetirá, especialmente si tenemos en cuenta que la nueva redacción del artículo 135 permitirá a las administraciones incurrir en déficits superiores al 0,4% en caso de catástrofes o recesiones económicas. Traducido al román paladino: no habrá restricciones constitucionales a aprobar ruinosos Planes E en momentos de crisis aun cuando el sector público ya acumule un enorme agujero presupuestario.

En definitiva, si PP y PSOE buscaban transmitir algún tipo de seguridad adicional en la solvencia del Reino de España mediante esta reforma constitucional, desde luego no lo han conseguido. Primero, porque retrasan su plena aplicación hasta 2020, momento en el que, esperemos, la crisis ya se haya superado y en el que ya no habrá problemas de solvencia (bien porque ya hayamos reestructurado nuestra deuda o porque hayamos logrado superar las dificultades). Y, segundo, porque la reforma sigue dejando manos libres a los políticos para hacer y deshacer a su gusto. Justamente aquello que no deberían ser las constituciones: una mera declaración de buenas intenciones.


Libertad Digital - Editorial