domingo, 28 de agosto de 2011

Reforma constitucional. Limitar el déficit sin poner un límite. Por Ignacio Moncada

Tras admitir que Zapatero le había convencido, tal vez enseñándole unas encuestas electorales, su obsesión fue la de introducir un matiz muy sutil: que la reforma para fijar un límite al déficit público en la Constitución no incluya el límite.

El Gobierno de Zapatero siempre ha visto las leyes como instrumentos de marketing. Elementos con los que dar forma a su imagen pública. Nunca le han preocupado los efectos que provocan los nuevos mandatos, ni ha tenido el menor interés por los incentivos que generaba cada decreto que llevaba al Parlamento. Lo fundamental de las leyes era el titular del día siguiente. Por un momento pareció que el aún presidente, en una especie de repentino arrebato de lucidez previo a su muerte política, había decidido hacer algún bien por su país. Haciendo caso a las recomendaciones de las instituciones europeas, anunció que iba a promover una reforma constitucional para incorporar a nuestra Carta Magna un límite al déficit público. Prueba de que Zapatero conserva íntegras sus facultades políticas es que ha vuelto a sorprendernos. El anuncio del límite constitucional del déficit se va a quedar en eso: en el anuncio.

Nada más oír dicha propuesta de pacto constitucional, el Partido Popular se lanzó a apoyarla. La principal ventaja política que empuja a Rajoy a defenderla no es que llevara años pidiéndola de forma insistente, cayendo ésta noticia como una especie de prueba de que llevaba razón. No. Lo que le empuja a apoyar el cambio constitucional es algo mucho más potente: el recuerdo que tiene el electorado de Rubalcaba mofándose de la idea cuando la expuso Rajoy. Ese golpe de hemeroteca vuelve como un boomerang, y hunde, un poco más si cabe, las aspiraciones socialistas de conservar el poder. Éste ha sido el motivo, además, por el que Zapatero ha decidido cambiar sus planes iniciales e introducir en el artículo constitucional la literatura dictada por Rubalcaba.

Conste que un límite al déficit no garantiza nada, pues va acompañado de una larga lista de excepciones por las que los gobernantes pueden saltarse la norma siempre que les convenga. Cosa, por otro lado, que revela que los políticos siguen sin entender que no se debe gastar más de lo que se ingresa, y menos durante una crisis económica. Pero pese a todo, el candidato socialista, acorralado por la hemeroteca, ha logrado imponer su criterio. Tras admitir que Zapatero le había convencido, tal vez enseñándole unas encuestas electorales, su obsesión fue la de introducir un matiz muy sutil: que la reforma para fijar un límite al déficit público en la Constitución no incluya el límite. ¿No es magistral? Así puede presumir, aún habiendo perdido la batalla en los medios, de haber logrado evitar cualquier tipo de limitación legal al despilfarro político. Resulta lógico, pues durante toda su trayectoria política ha demostrado que cree ciegamente en el despilfarro como método de gestión presupuestaria. Y así nos ha ido.


Libertad Digital – Opinión

Hacer el agosto. Por Alfonso Merlos

Son ya muchos años. Seamos claros. Cuando se apunta que ciudadanos próximos a la izquierda «abertzale» se manifiestan contra las imposiciones españolas se está señalando en realidad que los limpiabotas de ETA toman las calles. Vuelven a hacerlo. Para berrear, para brindar o para darse un homenaje gastronómico siempre como tributo a unos asesinos que están en prisión por sus matanzas y sus letales amenazas. Es una película muy vieja pero, lo más grave, es que este verano, con motivo de las fiestas de Bilbao, se está volviendo a rodar ilegalmente ante la indiferencia y la estulticia de un irreconocible Estado de derecho.

Con autos de la Audiencia Nacional o sin ellos, es escalofriante la impunidad desde la que operan día tras día grupos de facinerosos que reproducen en sus tétricas pancartas y en sus sucios discursos, letra a letra y palabra a palabra, las proclamas que la banda terrorista difunde en sus comunicados. Ya se sabe: la estrategia policial torturadora, la política penitenciara criminal… y demás morralla en forma de propaganda que vomitan con todas las facilidades y comodidades los colegas de Garitano con tanta alegría como los de Ternera, porque al final son todos socios que navegan en el mismo barco, el del totalitarismo.

Pero, ¿esto es democracia? ¿Esto es normalización? Sin ninguna duda, no. Al contrario. Es la constatación de un fracaso de las instituciones judiciales para combatir el entramado social de apoyo a ETA/Bildu. Y es la escenificación de la falta de voluntad de políticos como Rubalcaba para comprender, primero, que la causa del terrorismo es su propio éxito; y segundo, que todo el terreno que los terroristas pueden ganar es simplemente aquel que los demócratas les dejamos libre.


La Razón – Opinión

Reforma constitucional. Podría haber sido un paso... Por José T. Raga

¿Por qué llamamos estabilidad al 0,4 % de déficit estructural más el que corresponda por causas coyunturales?

En el título reside mi preocupación. Entre "podría haber sido un paso" y "es un paso", hay una diferencia que supera la semántica de unas líneas que únicamente tratan de acercar a los lectores la opinión de quien no tiene otro atributo que su habitualidad en el medio en que se publican.

¿Por qué entonces ese escepticismo que subyace en el título? Las razones son varias. La primera, y me produce vergüenza mencionarla, es que la Constitución Española, como peso específico –entendiendo como tal, ese respeto pleno, en tanto esté vigente–, dista mucho de la Grundgesetz de Alemania Federal (1949), reformada en 2001; dista mucho también, al proteger a los individuos frente a los poderes públicos, de textos como la Magna Carta (1215) o la Bill of Rights (1689), ambas vigentes todavía hoy en el Reino Unido.

Para qué hablar de distancias con aquel Preámbulo de la Convención de 1787: "Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta... y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, promulgamos y sancionamos esta Constitución..." pueblo protagonista, sin intermediarios y por encima de quienes pudieran erigirse como tales.


Tan lejos estamos que, hoy, serán pocos los españoles que crean en la fuerza indiscutible de lo establecido en nuestra Constitución. Las muestras de la historia reciente son tan numerosas, que no es anecdótico el hecho de eludir su cumplimiento. Recordemos lo que algunos estatutos de comunidades autónomas han supuesto para quienes creían en la soberanía de la Constitución. Recordemos la premura con la que se reúnen el presidente de la Nación y el de una autonomía, para ver cómo hurtarse a la decisión del Tribunal Constitucional cuando admite la inconstitucionalidad parcial del Estatuto.

¿De qué sirve, pues, que la limitación del déficit y la deuda figuren en la Constitución? ¿Qué garantías tiene su cumplimiento? Esto no lo entienden los alemanes, ni los británicos, ni los americanos... aunque nosotros, sí; por eso me da vergüenza. Pero, además, ¿por qué estabilidad presupuestaria no significa estabilidad? ¿Por qué llamamos estabilidad al 0,4 % de déficit estructural más el que corresponda por causas coyunturales? ¿Por qué tenemos que esperar a que una ley orgánica nos desarrolle la metodología para el cálculo, la normativa para su aplicación, la forma y el plazo para las correcciones...? ¿Por qué en el límite a las comunidades autónomas hay que tener en cuenta sus estatutos?

En efecto, no se pretende repensar los excesos del sector público para que vuelva a sus funciones propias, eso sería tanto como el harakiri de quienes lo tiene que promover; así que aquella protección de la comunidad civil frente a los poderes públicos que veíamos en la Carta Magna, en momentos de monarquías absolutas, tendrá que esperar a otras democracias.

¿Ven porqué estoy pesimista? Y dice Rubalcaba que leamos el texto de la reforma para evitar nuestras reticencias. Pues si que...


Libertad Digital – Opinión

¡No lo hagan así! Por José Antonio Zarzalejos

En algún momento del fulminante proceso de reforma constitucional que, por sorpresa, planteó Zapatero el pasado martes, conoceremos el contenido de la carta que recibió Moncloa en julio pasado firmada por el presidente del BCE. Tras forzar sus estatutos, el Banco Central Europeo adquirió deuda soberana de Italia y de España por un importe de 22.000 millones de euros. Como el cartero siempre llama dos veces -la primera lo hizo en mayo de 2010-, Trichet pasó la cuenta: el Gobierno debía dar una vuelta de tuerca y atenerse a las indicaciones del directorio franco-alemán y garantizar al máximo nivel legal el pacto de estabilidad presupuestaria, es decir, constitucionalizar que todas las administraciones públicas se atendrán a unos gastos que se correspondan con sus ingresos, salvo en supuestos excepcionales como los contemplados en la Ley Fundamental alemana.

Dicho y hecho. Zapatero, culminando su franciscana docilidad a los "mercados", en pleno agosto, con la sociedad desmovilizada, aceptó por partida doble lo que le imponían Trichet, Sarkozy y Merkel y, aunque tardíamente, la reiterada petición del PP cuyo criterio al respecto ha sido avalado por las instituciones de la UE.


Desde un punto de vista jurídico, la operación de reforma constitucional por el procedimiento rápido y expeditivo no tiene tacha, salvo que un número suficiente de diputados y senadores logren que se tramite mediando un referéndum popular. Cabía una alternativa más coherente con el momento presente: elaborar una ley -incluso orgánica- que obviase la alteración de la Constitución y estableciese el equilibrio fiscal en todas las escalas de las administraciones en España. Al parecer, las exigencias a las que debe someterse Zapatero son tan humillantes que no le permiten esa lógica alternativa.

El presidente ha urdido un acuerdo que satisface al PP -es lógico, porque le evita afrontar este tema después del 20N y le da la razón a Rajoy que venía reclamando esta medida-, pero que encrespa a su partido porque políticamente no tiene un pase. La reforma no va a ser fruto de un gran debate nacional (partidos, sindicatos, empresarios, sociedad civil); no logrará la adhesión de los nacionalistas porque la limitación del déficit incide en su autogobierno y quiebra al PSOE que, como todo socialismo, quiere jugar con el margen del déficit para vestir sus tan traídas y llevadas "políticas sociales".
«La Constitución solo se ha reformado una vez (en 1992 para otorgar el voto a los residentes comunitarios). La reforma que se propone no es menor, sino estructural porque conformará un modo distinto de administrar los recursos públicos, pero que tambien limitará las posibilidades de prestaciones del Estado.»
Esta es una política despótica que consiste en "todo para el pueblo pero sin el pueblo"; ésta es una política opaca y mentirosa porque no reconoce que se practica por imposición de los mercados y del directorio de la UE; ésta es una política descaradamente autocrática porque se aborda sin el más mínimo debate y por sorpresa; ésta es una política tardía porque, aunque el techo de gasto debió haberse establecido hace tiempo en la Constitución y/o en leyes ad hoc, se practica ahora para aplacar las fortísimas corrientes europeas de profunda desconfianza hacia la economía española que han mostrado su faz en agosto pero que volverán a hacerlo en septiembre y, en fin, esta política es propia de un hombre y de un Gobierno sin capacidad de previsión, sin criterio y sin convicciones.

La Constitución sólo se ha reformado una vez (en 1992 para otorgar el voto a los residentes comunitarios). Es un texto que responde a un consenso transversal del que sólo se apartaron el PNV y la Herri Batasuna de 1978. La reforma que se propone no es menor, sino estructural porque conformará un modo distinto de administrar los recursos públicos, pero que también limitará las posibilidades de prestaciones del Estado. En cierto modo -al afectar también a la capacidad de gasto de las comunidades autónomas- incide sobre la amplitud de su autogobierno. Por ello, esta reforma no debiera hacerse así sino de manera ampliamente consensuada, compartida y debatida. La Constitución requiere de otras reformas profundas que exigen referéndum. Esta no lo requiere estrictamente, pero establece un precedente muy negativo, agravado, además, por el hecho de ejecutarse de manera casi traicionera y, me atrevería a decir, casi clandestina.

Es, por lo demás, el definitivo naufragio del PSOE en su consideración de organización de izquierda, en su sensibilidad democrática y remite a Pérez Rubalcaba al peor de los fracasos electorales.

Aunque jurídicamente aceptable, el PP debiera tener en cuenta que su aquiescencia a la manera en que Zapatero le ha propuesto la reforma de la Constitución, supone una bofetada al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos políticos. Más aún cuando se trata de la norma de máximo rango legal. Los riesgos de acompañar a Zapatero y al PSOE en esta operación son muy altos. Podrían haberse evitado si Rajoy, aun aceptando la reforma, la hubiese remitido a enero de 2012 como un compromiso electoral indeclinable pero que se realizaría con la sensibilidad democrática que ahora se echa en falta. Es verdad que el PP ha querido la constitucionalización del equilibrio fiscal; es igualmente cierto que Rajoy lo ha manifestado dentro y fuera del Parlamento; es también cierto que el techo de gasto obligatorio ha sido vertebral en el planteamiento económico-financiero del Partido Popular. Pero siendo todo esto así, también lo es que esta última y descalabrada, dócil e improvisada medida que ha urdido Zapatero por imposición ajena, no merecía ni su apoyo ni su comprensión.

Si fuese posible, y quizás aún lo sea, ¡No lo hagan así! Porque de esta manera como actúa el PSOE y su Gobierno es la propia de los déspotas. Y son ya años -demasiados- de incompetencias, errores y decisiones torticeras. La democracia no está para vapulearla: consiste en procedimientos pautados de participación y referencias éticas que en estos años se han deteriorado hasta límites insospechados. Esta reforma constitucional fulminante, sorpresiva e impuesta es un colofón de la desgraciada trayectoria política del PSOE y de su máximo dirigente, Rodríguez Zapatero.


El confidencial – Opinión

Picaresca de la crisis. Por Iñaki Ezkerra

Que la crisis llene las calles de pícaros; que regresen el Buscón y el Lazarillo de Tormes, los mecheras y los rateros de los que me hablaba mi abuela, o los tumbados de «La Colmena», es quizá inevitable. Lo que no me parece tan inevitable es que las chungas estrategias sacacuartos vengan de unas empresas que suponemos serias, aunque sólo sea por el capital que manejan y por su magnitud. Lo que no es de recibo es la picaresca organizada de los ricos, o sea la tabarra inclemente que te dan las compañías de telefonía móvil, con toda clase de ofertas opacas que se niegan a plantearte y a formalizarte por escrito. No es de recibo que ellos puedan llamarte a todas horas para importunarte, pero que tú tengas un problema con tu móvil y que no se te ponga nadie; que te hablen fantasmales contestadores; que te obliguen a teclear hasta la fecha en que te tomaste la primera papilla y te pidan que llames en otro momento porque las líneas están saturadas, o los asesores ocupados. No es de recibo –aunque luego el recibo no te lo perdonen– que, tratándose de una empresa que te está ofreciendo la telefonía más sofisticada del momento, no entiendas nada de lo que te están diciendo, porque el operador te habla desde el culo del planeta, ni que tal lejanía suponga el total desconocimiento, por su parte, de la legalidad de tu país.

No es ni siquiera constitucional que te digan que la conversación está siendo grabada, pero que tú no te puedas quedar con un documento de la tarifa que has contratado. Que la conversación se grabe les servirá a ellos, pero no a ti para poder hacer una reclamación. No es constitucional, porque vulnera el principio de igualdad de los españoles que esas tarifas, que en principio son invariables, varíen una docena de veces durante la conversación si a la persona con la que hablas le dices, por ejemplo, que te vas a cambiar de compañía. Hablo de un tema que merece la intervención del Defensor del Pueblo y probablemente del Tribunal Europeo de Defensa de la Competencia, porque es especialmente grave en un momento de recesión económica como el que vivimos, que acentúa más aún si cabe la indefensión del ciudadano. Aquí, unos señores que tienen en sus manos las tecnologías del siglo XXI quieren retrotraernos al acuerdo de palabra, al regateo y, al paso que vamos, al trueque medieval. El detalle más chusco y más gráfico de la extemporaneidad de esta picaresca tecnologizada es que habla a menudo como se hablaba antes en los pueblos. A menudo usa el tratamiento de señor delante de tu nombre propio. Yo es que, en cuanto me llaman «señor Ignacio», me temo lo peor.

La Razón – Opinión

Reforma constitucional. Una oportunidad perdida. Por Emilio J. González

El acuerdo PSOE-PP para limitar el déficit presupuestario a través de una enmienda constitucional supone una oportunidad perdida para empezar a poner orden en este tremendo disparate en que se ha convertido el Estado de las autonomías.

El acuerdo PSOE-PP para limitar el déficit presupuestario a través de una enmienda constitucional supone una oportunidad perdida para empezar a poner orden en este tremendo disparate en que se ha convertido el Estado de las autonomías. Sobre el papel, que todo lo aguanta, ese límite teórico va a existir, pero no así en la práctica, no ya por ese concepto tortuoso de déficit estructural que se ha introducido en el texto de la enmienda, que también, sino porque ambos partidos han renunciado a dotar al Estado de mecanismos constitucionales para imponerse a los Ejecutivos regionales que opten por líneas de actuación en materia presupuestaria contrarias a las establecidas por el Gobierno central.

El texto del acuerdo habla de un futuro techo de déficit estructural del 0,4%, a regular mediante una ley orgánica, que se reparte entre el Estado (0,26%) y las autonomías (0,14%). Lo que no se dice es cómo se va a obligar a las comunidades autónomas a refrenar sus gastos para cumplir con semejante objetivo cuando la tendencia que están manifestando a lo largo de toda la crisis es a seguir con su propia dinámica de gasto público y que el coste del ajuste lo asuman en su totalidad los Presupuestos Generales del Estado. Es más, en cuanto el Gobierno de Zapatero empezó a apretar las clavijas a las administraciones regionales para que ellas también redujeran su déficit, Cataluña se negó y aprobó para este año unas cuentas públicas con un desequilibrio del doble del que tenía permitido. La Generalitat, simplemente, no quiere renunciar a sus objetivos político-nacionalistas que se tienen que financiar con dineros públicos y, como tampoco quiere cargar las tintas sobre los contribuyentes catalanes a base de más impuestos, ni tampoco aplicar medidas impopulares o antisociales de recorte del gasto, pues a pasar olímpicamente de lo que diga el Gobierno central. Y ni socialistas ni ‘populares’ han aprendido de esta experiencia.

La Constitución reconoce al Estado la capacidad para ordenar la actividad económica del país, lo que implica la aplicación de políticas económicas de carácter nacional, incluidas las necesarias para superar crisis. Esa capacidad se ha visto mermada una y otra vez tanto a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a la letra de la propia Carta Magna como de la realidad del Estado de las autonomías, manifestada en la forma en que las comunidades autónomas aprovechan las situaciones de debilidad del Gobierno central de turno para hacer de su capa un sayo hasta haber convertido a este país en un reino de taifas. La enmienda sobre los límites al déficit público constituía una ocasión ideal para empezar a recomponer la situación y que el Estado comenzara a recuperar poderes y capacidades que jamás debió perder. Pero entre que en el PSOE son federalistas y que el modelo de España del PP es un modelo acomodaticio según las circunstancias se ha dejado escapar una oportunidad de oro para poner orden en el creciente desmadre que es el Estado de las autonomías.


Libertad Digital – Opinión

Elegancia. Por Alfonso Ussía

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, no pretende que los periodistas y reporteros gráficos acudan al Parlamento elegantemente vestidos, sino con corrección. El baremo para distinguir lo correcto de lo incorrecto, que pasa por el respeto a los demás y a la institución que se visita, es fácil de establecerlo. Otra cosa es la elegancia, que se mueve por el gusto de cada uno. Escribió el gran Grover Whalen: «Míster Prower sorprendió con su elegancia.

Chaqueta verde con cuadros morados y unos pantalones naranjas que morían lánguidamente sobre el empeine de sus zapatos blancos». ¿Es elegante llevar todo a juego? Frank Case no lo considera así: «Muéstrame a un hombre que lleve pañuelo, calcetines y corbata a juego y te mostraré a un tipo que lleva puesto un regalo de Navidad». Bono no exige a los periodistas y reporteros que lleven puesto un regalo de Navidad, ni que las periodistas y reporteras vayan al Congreso como si fueran a desfilar en una pasarela. Pide corrección y respeto. Jamás será elegante quien pretenda serlo e invierta más de diez segundos en elegir la corbata. Se cuenta del barón de Segur, padre de José Luis de Vilallonga. Había sido invitado por Alfonso XIII al primitivo «Giralda». Desayuno, a las nueve en punto. Daban las diez y Segur no se presentaba. Al fin apareció, acicaladísimo. «¡Salvador!, ¿qué coño hacías?», le preguntó molesto el Rey.

«Vestirme, Señor». «¿Y para vestirte así necesitas una hora? Yo lo he hecho en cinco minutos». «Y se nota, Majestad, se nota». Lo cual no era cierto. Combates monárquicos y republicanos aparte, el Rey era elegante por naturaleza, en tanto que el barón de Segur era un elegante cosmético y bastante cursi, escrito sea con el perdón de sus descendientes. En resumen. Bono no pretende que los periodistas y reporteros que cubren la información en el Congreso de los Diputados vayan vestidos como el barón de Segur.


El duque de Bedford, elegante y algo arruinado, se presentó una noche de verano en su club londinense, el «Brooks & Woodles», perfectamente vestido y sin corbata. «Señoría; no puede permanecer con ese atuendo. El artículo 6º del Reglamento Interno lo explica con claridad. “Los señores socios están obligados al uso de la corbata”». El duque de Bedford se marchó sin protestar por respeto al Reglamento de su amado club. Al día siguiente, algo lluvioso, el duque se presentó con una elegante gabardina. Al quitársela, apareció completamente desnudo y una corbata anudada a su cuello. «Cumplo con el artículo 6º». Y cenó en pelota picada. Es decir, Bedford llevó hasta el límite el reglamentarismo, pero nada hubiera pasado de ser nuevamente puesto de patitas en la calle. Más por cumplirlo que por su inicial incumplimiento.

Es cierto que en verano los reporteros gráficos –más que los informadores– llevan toda suerte de artefactos de un lado al otro. Y que el calor aprieta y agobia. Bono no les pide que se vistan como Segur. Lo que les pide es que no vayan como quien se presenta en una playa, con camisetas, pantalones cortos y chancletas. No hacen falta lecciones de urbanidad para saber si uno va vestido con respeto hacia los demás o, por el contrario, considera que el Congreso es un chiringuito costero. La elegancia no es obligatoria, pero sí el respeto. Los diputados no acuden al Congreso en camiseta y con chancletas. Ni las diputadas ataviadas para darse un chapuzón. Se va como se recibe. Eso es la corrección. No llamar la atención, pasar desapercibido y respetar las instituciones a través de la estética.


La Razón – Opinión

EEUU. Razones para callarse. Por Alberto Acereda

Los republicanos deberían preparar urgentemente un buen anuncio televisivo para su campaña presidencial. El título podría ser "¿Quién es el antipatriota y el irresponsable?" y poner aquel vídeo de Obama de campaña por Fargo en 2008.

Aquel proverbio español de que la perdiz por el pico se pierde define hoy perfectamente al actual mandatario norteamericano Barack Obama. En estos días vacacionales de mar y golf para Obama en el multimillonario y exclusivo enclave de Martha’s Vineyard, Obama tiene muchas razones para callarse aunque no lo haga. Su vicepresidente Joe Biden, el mismo que recientemente llamó terroristas a los ciudadanos norteamericanos del Tea Party, metió la pata en China hace unos días diciendo aceptar y comprender la inmoral ley china sobre la natalidad, la conocida política de hijo único. Otra aliada de Obama, la congresista negra de California por el Partido Demócrata, Maxine Waters, dijo pública y textualmente estos días que le encantaría que el Tea Party se fuera al infierno.

Esta misma semana, el Washington Post sacaba a la luz el escándalo de otro buen amigo de Obama: Jeffrey Immelt, el multimillonario presidente ejecutivo de la empresa General Electric y, a la vez, zar de empleos puesto a dedo por Obama. En un claro conflicto de ética profesional, Inmelt ha aceptado que su compañía firme acuerdos con el Gobierno de China para enviar tecnología aeroespacial –desarrollada en parte por la NASA con dinero público– a los ingenieros gubernamentales chinos y con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en EEUU. Junto a estos compañeros de viaje de Obama, con una economía en respiración artificial, con el susto del terremoto, el huracán Irene y con el aniversario del 11-S sin presencia de elementos religiosos por orden del Gobierno Federal y voluntad de Obama, al presidente le están saliendo los enanos. Cual perdiz hallada en su silbido, todo lo que fue diciendo en la campaña presidencial de 2008 le va saltando ahora a la cara.


Lo último y más sangrante es el recuerdo de unas palabras pronunciadas por Obama, y recogidas en vídeo, durante un mitin celebrado el 3 de julio de 2008 en Fargo, Dakota del Norte. Por entonces, el candidato Obama ya estaba despedazando al presidente George W. Bush y lo criticó por añadir cuatro billones de dólares a la deuda nacional, indicando que lo hecho por Bush era "antipatriótico" e "irresponsable", al arrastrar así una deuda que perjudicaría a futuras generaciones. Obama indicaba entonces que el problema era que Bush había pedido una tarjeta de crédito al Banco de China a nombre de los niños norteamericanos, elevando la deuda nacional de cinco billones de dólares –la deuda de los primeros 42 presidentes– a nueve billones.

Han pasado tres años desde aquel mitin y menos todavía desde que Obama llegó a la presidencia. Con Obama en la Casa Blanca, la deuda nacional se ha elevado ya en cuatro billones. Según el Departamento del Tesoro, cuando Obama fue inaugurado como presidente el 20 enero de 2009, la deuda nacional era exactamente de 10,6 billones de dólares (para ser exactos: 10.626.877.048.913,08). A día de hoy, la deuda es de 14,6 billones (exactamente: 14.612.435.498.338,62) y sigue aumentando. Con el fatídico aumento del techo de deuda y el incesante gasto de Obama, la realidad es que en tres años este presidente ha gastado más que su predecesor en ocho.

Los republicanos deberían preparar urgentemente un buen anuncio televisivo para su campaña presidencial. El título podría ser "¿Quién es el antipatriota y el irresponsable?" y poner aquel vídeo de Obama de campaña por Fargo en 2008. Y es que con Obama y su pandilla, además del proverbio de las perdices, cabe aplicar también aquel otro de que habló el buey y dijo mu. A fin de cuentas, el otrora senador de Illinois pasó toda su carrera política antes de llegar a la Casa Blanca votando "presente", en silencio, sin hacer ruido. Ahora que ha llegado a Washington, ahora que veranea con los ricos que tanto dice odiar en Martha´s Vineyard, el presidente va de buey a perdiz, de mu al silbo, al cuchicheo, o mejor –por lo cobarde– al ajeo.


Libertad Digital – Opinión

Grave deriva proetarra

La deriva alarmante para el País Vasco que arrancó con la legalización de Bildu y el copo de un notable poder institucional de la marca proetarra fue interpretada por una parte no menor de la clase política, incluido el Gobierno y los socialistas, como una oportunidad para avanzar hacia el final del terrorismo. Era una lectura interesada y sesgada que no compartimos en momento alguno. Más bien al contrario, hemos defendido que los acontecimientos de los últimos meses han servido a un proceso tutelado por la banda terrorista que sólo podía interpretarse como una victoria de ETA y en consecuencia como un revés grave en la lucha por la libertad.

En estas semanas, especialmente en los días de fiesta grande en las capitales vascas, se ha percibido con claridad la intención del Gobierno vasco y de los partidos nacionalistas de alimentar un clima de opinión particularmente tendencioso, en el que se ha incidido en la tranquilidad y la normalidad en las calles en contraste con la mayoría de veranos especialmente convulsos, reivindicativos y violentos. Obviamente, se ponía así en valor la presencia de Bildu en la vida política vasca y su influencia en este aparente proceso de normalización. La insistencia en ese mensaje, aderezado ayer con manifestaciones desde el Gobierno vasco sobre que las víctimas no ven con preocupación la presencia de Bildu en las instituciones, responde a una planificación y una intencionalidad que sólo podemos lamentar.


El País Vasco no está en calma ni está mejor con los proetarras en las instituciones. En este verano, especialmente en la última semana, como ha denunciado en solitario La Razón, han sucedido hechos gravísimos como que la Ertzaintza permitiera un almuerzo de homenaje a los terroristas prohibido por la Audiencia Nacional y que luego la Consejería de Interior mintiera y negara que se jaleara a ETA en ese almuerzo como así sucedió y este periódico pudo comprobar in situ. O que los batasunos se manifestaran en Bilbao con gritos a favor de los presos de ETA sin que nadie hiciera nada al respecto.

Existe una sensación de impunidad fundamentada. La democracia ha retrocedido. Es un hecho incuestionable. Hoy, los gritos y los carteles de respaldo a la banda son realidades no castigadas y se ha impuesto una actitud contemplativa con flagrantes actos de enaltecimiento del terrorismo. En este contexto, la respuesta del Gobierno ha sido otro elemento para la inquietud. El ministro Ramón Jáuregui confirmó hace unos días que el Ejecutivo no actuará para ilegalizar Bildu ni sacar a sus representantes de las instituciones, como prevé la Ley Electoral. Ni siquiera después de que el diputado general de Guipúzcoa lamentara sólo los atentados de ETA en Cataluña o de que los representantes de la coalición no condenaran los crímenes de la banda ni pidieran su desaparición.

El Estado de Derecho no puede renunciar a la derrota del terrorismo ni a imponer su superioridad moral. No puede admitir un final sin vencedores ni vencidos. Si este Gobierno no actúa, será el siguiente el que deba hacer justicia.


La Razón – Editorial

Libia sin Gadafi

Construir una nueva democracia exige aplicar la justicia a los crímenes de ambos bandos.

La toma de Trípoli por las tropas rebeldes pone al Consejo Nacional de Transición ante sus primeras responsabilidades en la construcción de la nueva Libia. Los combates continúan en torno a Sirte y Muamar el Gadafi sigue sin aparecer, pero son los últimos episodios de una guerra civil que condicionará el futuro del país y de las revueltas árabes. La caída de Sirte es cuestión de tiempo; también la de Gadafi, y ese será el momento en que, si aparece con vida, las nuevas autoridades libias tomen la decisión de juzgarlo en el país o de enviarlo ante la Corte Penal Internacional. Ni en un caso ni en otro existiría la opción de la impunidad para quien sojuzgó Libia durante 42 años y prefirió la guerra civil antes que abandonar el poder.

Las primeras horas del control de Trípoli por parte de los rebeldes han sembrado la inquietud. La aparición de cadáveres que evidencian ejecuciones sumarias llevadas a cabo por los leales a Gadafi ratifican que era necesario acabar con un régimen de terror. Pero, de confirmarse los indicios de que los rebeldes podrían estar haciendo otro tanto con los gadafistas, Libia se precipitaría al peor de los infiernos: la caída de un tirano a costa de mantener la tiranía. Para el futuro Gobierno libio, el derecho a un juicio justo para Gadafi y los suyos tendría que ir acompañado por el deber de un juicio equivalente contra los rebeldes que pudieran haber cometido crímenes en el momento de aproximarse la victoria.


La guerra civil supuso un punto de inflexión en las revueltas árabes, al fijar una pauta de comportamiento para los autócratas. Dependiendo de los pasos que dé a partir de ahora el Consejo de Transición, Libia podría convertirse de nuevo en un modelo negativo para las transiciones democráticas en curso. Nada debería impedir que los ciudadanos de los países árabes accedan a una democracia plena y sin adjetivos, algo que depende en exclusiva de las decisiones que adopten los dirigentes encargados de gestionar la nueva legitimidad que han fundado las revueltas. El camino es más fácil en los países que no derrocaron a sus dictadores por las armas. Pero tampoco es imposible en Libia, siempre que las nuevas autoridades sean conscientes de que no solo lucharon contra Gadafi, sino también a favor de un régimen de libertades.

Ante estos países, la comunidad internacional tiene tendencia a dejarse llevar por actitudes paternalistas que, en el fondo, responden a un resabio racista. Los nuevos dirigentes árabes, incluidos los libios, no pueden beneficiarse de una actitud de condescendencia similar, por lo demás, a la que se dispensó ante los antiguos dictadores. Las mismas responsabilidades que se exigen a cualquier Gobierno del mundo incumben a quienes tienen ahora la ocasión, ofrecida por los ciudadanos árabes que se han jugado la vida, de demostrar que ni la pobreza ni el credo religioso ni, incluso, la historia son incompatibles con la democracia.


El País – Editorial

El PP se suma a la demagogia fiscal del PSOE

Si los ricos tienen tanto interés en contribuir en mayor medida a "sacar al país adelante", sólo deben presentarse en la ventanilla de cualquier delegación de Hacienda y realizar un pago voluntario por la cantidad que estimen conveniente.

Siguiendo el dictado demagógico de los socialistas en materia fiscal, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, también ha animado a los "ricos" españoles a hacer un gesto similar al de los 16 dueños de grandes fortunas de Francia, que públicamente han pedido a su Gobierno pagar más impuestos. A juicio de González Pons, sería un detalle muy de agradecer, puesto que la clase media y los trabajadores ya llevan mucho tiempo haciendo un gran esfuerzo para "sacar al país adelante".

En efecto, la clase media y los trabajadores españoles llevan ya muchos años, demasiados, soportando un régimen fiscal que les priva de una parte importante de la riqueza que producen, no para levantar a ningún país, sino para que su clase política, a la que pertenece el siempre sonriente González Pons, dilapide todo ese esfuerzo conjunto con una gestión hipertrofiada que ha llevado a España al borde del precipicio. Esa clase media y trabajadora jamás ha pedido a sus gobernantes que la esquilmen y, sin embargo, esa es la realidad con que tienen que convivir, así que ¿por qué ha de esperar la casta política a que los ricos otorguen su permiso para hacer con ellos lo mismo?


La respuesta es que "los ricos" cuentan con las más diversas vías para evitar el pago de impuestos, tales como la creación de sociedades en lugares a salvo del fisco de sus países, la donación de grandes cantidades a fundaciones que suponen la correspondiente desgravación y un tratamiento fiscal generoso para las rentas distintas del trabajo; aspectos todos ellos que los gobiernos no van a modificar entre otras cosas por su evidente inutilidad, puesto que quien tiene los recursos suficientes siempre va a tener a su alcance métodos legales para evitar ser despojado en demasía.

La propuesta de esas grandes fortunas "progresistas" a uno y otro lado del Atlántico es gravar aún más pero sólo las rentas personales, olvidando añadir que a ellos no les afectaría en realidad puesto que perciben la mayor parte de sus ingresos de otras fuentes. En cambio, el aumento de la presión fiscal que solicitan con aparente "generosidad" la padecerían aquellos que con su esfuerzo, talento y disciplina ahorradora están en el camino de ingresar en tan selecto club.

Si los ricos tienen tanto interés en contribuir en mayor medida a "sacar al país adelante", sólo deben presentarse en la ventanilla de cualquier delegación de Hacienda y realizar un pago voluntario por la cantidad que estimen conveniente. Pero como la política española se ha convertido en un reflejo suicida de las propuestas de los "indignados", a los que hay que lisonjear ahora que se acercan fechas electorales, el español medio tiene que asistir con asombro a este festival demagógico al que alegremente se ha sumado también el PP.

Como siempre, las consecuencias las pagarán los trabajadores y modestos propietarios que forman nuestra clase media. La misma que el PP dijo un día estar dispuesto a defender.


Libertad Digital – Editorial