martes, 30 de agosto de 2011

Reforma. ¿Por qué el socialismo no quiere límites al déficit? Por Ignacio Moncada

Por eso es que el socialismo se revuelve ante un límite en el déficit público. Porque trastoca el principal pilar de su política económica: el despilfarro.

En estos minutos de la basura del zapaterismo, el aún presidente del Gobierno está corriendo en dirección contraria a la que ha venido corriendo durante los pasados ocho años. Lo más curioso es que, cuando le preguntan, responde que lo hace por responsabilidad. Que lo hace por España. Sus asesores le habrán aconsejado que repita esa coletilla creyendo que le da dimensión de hombre de Estado. Sin embargo, no contaron con una duda que asalta a quien escucha el comentario: si ahora hace esto por el bien de España, ¿por qué antes hacía lo contrario?

La reforma constitucional para incluir un límite al déficit público en la más alta instancia legislativa ha sido un duro golpe para las aspiraciones socialistas en las próximas generales. Es como si Zapatero, inconscientemente, hubiera plantado explosivos en los pilares del PSOE. Ahora se ha desatado la carrera por desactivarlos antes de que el partido sea demolido. Es por eso que, como cuenta El País, una vez que Rajoy y Zapatero habían pactado incluir en la Constitución un déficit máximo del 0,35%, Rubalcaba bloqueó la negociación diciendo: "No quiero ni una cifra en la Constitución". Y sólo ha decidido apoyar la reforma una vez que el límite constitucional al déficit no incluye dicho límite. Es decir, cuando esa reforma ha dejado de tener sentido.


Dicen que no hay mayor arma de destrucción política que la división interna. Esta sombra sobrevuela actualmente el PSOE. A las lamentables perspectivas electorales y al cambio de discurso dado por el Gobierno al comprobar que estábamos al borde de la suspensión de pagos, se le suma ésta última iniciativa. Sobre el papel, a los ojos de cualquier ciudadano de a pie, la propuesta es razonable: tras ver que una mala gestión de las cuentas públicas ha provocado una gigantesca crisis sobre la economía española, tiene sentido enmendar el error y tratar asegurar legalmente que nadie pueda volver a incurrir en un despilfarro tan dañino. Entonces, ¿por qué el socialismo, incluidos partidos, sindicatos y candidato a la presidencia, se ha revuelto con tanta virulencia ante la reforma? ¿Por qué Rubalcaba dijo que "es una barbaridad"?

Sencillamente porque piensan que lo han hecho bien. Creen que durante una crisis económica, en la que lo que hay que hacer es reducir la deuda contraída durante la expansión crediticia y reestructurar los factores productivos, lo que debe hacer el Estado es gastar cuanto más dinero mejor. Que da igual en qué. Lo importante es que los políticos sigan teniendo el inmenso poder de gastar el dinero de los demás en lo que quieran y sin límite, llevando a un país hasta la suspensión de pagos si hace falta. Y que es así como se sale de la crisis. Da igual que tengamos que ser rescatados, pues entonces dirán que no se ha gastado suficiente. Por eso es que el socialismo se revuelve ante un límite en el déficit público. Porque trastoca el principal pilar de su política económica: el despilfarro.


Libertad Digital – Opinión

Salarios. No al pacto de rentas. Por Emilio J. González

El problema no son los beneficios altos, porque mayores beneficios implican también sueldos más elevados. El problema es una negociación colectiva centralizada que no tiene en cuenta la realidad de las empresas y las lleva a la ruina.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, como no podía ser menos teniendo en cuenta su militancia en la UGT, acaba de sumarse a las tesis de los sindicatos acerca de un gran pacto de rentas, que suponga también la moderación de los beneficios empresariales y la reducción de los márgenes de distribución. Defender semejante propuesta es no entender nada de la naturaleza de esta crisis ni saber una palabra de economía.

Tal y como están las cosas en estos momentos, las empresas no tienen más remedio que bajar precios si quieren vender algo porque todavía continúa el desplome de la demanda interna. Es la crisis, en sí misma, la que está moderando los beneficios sin necesidad de pacto alguno, cuando no llevando a pérdidas a muchas empresas. Si a ello se añade que la economía española necesita ganar competitividad, reduciendo los precios en torno a un 30%, las presiones a la baja sobre los beneficios son más que evidentes. ¿Qué ocurre? Pues que, en este contexto deflacionista, para que muchas empresas puedan sobrevivir necesitan reducir sus costes drásticamente. Si tenemos en cuenta que el Gobierno, con su absurda política energética, ha disparado el coste de la energía, no queda más remedio que la gran carga del ajuste venga del lado de los costes laborales, bien mediante despidos, bien, si se quiere evitar dejar a más gente sin trabajo, mediante la moderación salarial o, incluso, mediante bajadas de salarios. Además, si los precios bajan, los trabajadores no tendrán por qué perder poder adquisitivo. Ahora, hay que permitir que los precios se puedan ajustar a la crisis, empezando por la moderación salarial y siguiendo por el precio de la vivienda, que sigue sin ajustarse porque los políticos lo mantienen artificialmente alto.


El problema, en contra de lo que dicen los sindicatos, no son los beneficios altos, porque mayores beneficios implican también sueldos más elevados. El problema es una negociación colectiva centralizada que no tiene en cuenta la realidad de las empresas y las lleva a la ruina. El problema es, también, pensar que parte de los beneficios se tienen que destinar a inversión cuando en estos momentos sobra capacidad productiva ante la falta de demanda tanto nacional como internacional. Pedir que parte de ellos se destine a crear empleo es sobrecargar a las empresas con más costes cuando lo que tienen que hacer es recuperar competitividad. Y en cuanto a los márgenes de distribución, lo que hay que hacer es introducir más competencia en todos los estadios del sector para que dichos márgenes se moderen.

Todo esto significa permitir que funcionen los mecanismos de ajuste de una economía de mercado. El resto es crear más problemas que los que se pretende resolver.


Libertad Digital – Opinión

Los líos del PSOE. Por Carmen Gurruchaga

El PSOE sigue sin cerrar el debate interno surgido por la discrepancia de algunos de sus dirigentes con el acuerdo pactado entre los dos grandes partidos para reformar la Constitución y limitar el déficit. Zapatero y Rubalcaba lo defendieron ante la Comisión Ejecutiva Federal y como gran argumento, el presidente echó mano de una perogrullada: es imprescindible para España tener sus cuentas públicas saneadas y estabilizadas. Parece que convenció a todos los presentes y ahora quedan por atraer a esa tesis diputados y senadores. Seguro que al final la votan favorablemente, aunque lo hagan a regañadientes. Pero éste no es el único lío que tiene este partido. De hecho, el candidato está teniendo algunos problemas con la confección de las listas, pues hay nombres conocidos que han renunciado a ir en las mismas: la ministra Elena Salgado, el ministro Sebastián y Carmen Calvo, entre otros. Y falta la tradicional bronca entre las distintas sensibilidades de la federación madrileña. De momento, ya ha cuestionado a Elena Valenciano, designada por Rubalcaba como «número dos» por Madrid. Mientras tanto, los «populares» llevan una existencia más tranquila, dedicados a preparar la campaña electoral. Ayer, Ana Mato dirigió la reunión del comité de estrategia en el que se abordaron los mensajes de campaña y la agenda del PP. Esta formación política lleva en su ADN la defensa del principio de disciplina presupuestaria y control del gasto. Es más, se trata de una propuesta de Rajoy realizada en el Parlamento hace poco más de un año y que fue ridiculizada por el PSOE. Pero el último que ríe es el que mejor.

La Razón – Opinión

El balance. La gran farsa constitucional. Por Manuel Llamas

Lo realmente trágico y miserable no es tanto la inutilidad de la modificación legislativa sino el enorme ejercicio de cinismo y desvergüenza protagonizado aquí por populares y socialistas a la hora de vender un cambio que no es tal.

Al fin PSOE y PP han alcanzado un gran pacto de Estado para limitar el déficit por vía constitucional. Muchos se han alegrado de tal hazaña e insisten en que éste es el camino correcto para sacar al país del atolladero. Pues lo siento, pero ni una cosa ni otra. El consenso político tan sólo es positivo si sirve para poner en marcha las reformas económicas precisas para potenciar el crecimiento y reinstaurar la cordura en las cuentas públicas. Y el problema aquí, sin embargo, es que ambas formaciones han pactado un cambio constitucional para que todo siga igual.

En este sentido, populares y socialistas han desempeñado una vergonzosa y lamentable función teatral, consistente en alabar las bondades de una reforma inexistente. Se trata, por tanto, de un fraude político, un patético engaño electoral coordinado entre Génova y Ferraz derivado de la profunda hipocresía que ambos profesan. Y si no observen las siguientes declaraciones:

Mariano Rajoy, líder del PP: el objetivo del pacto es que las administraciones públicas "no gasten lo que no tienen".


Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del grupo Popular: "Queremos lograr que todos los responsables públicos estén sujetos a la austeridad; que no se traslade a las generaciones futuras los excesos y la mala gestión de las cuentas publicas; ahora la austeridad y la responsabilidad se convierte [...] en una obligación".

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a la Presidencia del Gobierno: el pacto establece "unos límites razonables" de deuda, "unas finanzas estables" y una "deuda pagable".

Elena Valenciano, directora de campaña del PSOE: "La Constitución recogerá el principio de estabilidad presupuestaria a largo plazo para que España no incurra en un endeudamiento que acabe hipotecando gravemente nuestro futuro; esta ley va a garantizar, en todo caso, la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos".

La mayoría de la gente sigue pensando que los dos grandes partidos políticos han acordado una especie de techo presupuestario, por el cual el déficit público en ningún caso superará el 0,4% a partir de 2020 y la deuda no sobrepasará el 60% del PIB. Nada más lejos de la realidad. El único tope que se impone es sobre el "déficit estructural", es decir, el descuadre fiscal que registraría España en situación de pleno empleo. Dicho de otro modo, el pacto PSOE-PP tan sólo se refiere a una parte del déficit, ya que deja al margen los denominados "estabilizadores automáticos" –la natural caída de ingresos y aumento de gastos que se produce como consecuencia de una crisis–.

Si a ello añadimos que, según el texto acordado, "los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia [en donde cabe casi todo]", el resultado es que España volvería a registrar un déficit superior al 10% del PIB en caso de que la citada reforma hubiera entrado en vigor en 2007.

De este modo, lo realmente trágico y miserable no es tanto la inutilidad de la modificación legislativa sino el enorme ejercicio de cinismo y desvergüenza protagonizado aquí por populares y socialistas a la hora de vender un cambio que no es tal. Y es que los políticos seguirán gozando de manga ancha para disparar el déficit, tal y como ha acontecido estos últimos años, convirtiendo así la tan cacareada reforma en una gran farsa constitucional.


Libertad Digital – Opinión

Moción de autocensura. Por José Antonio Álvarez Gundín

Hay algo aún más aburrido que ver en diferido un partido de fútbol con empate a cero y es un debate parlamentario en el que PP y PSOE están de acuerdo en todo. Sin embargo, el riesgo que corre hoy el Congreso no es hastiar a los tendidos con una sesión versallesca, sino defraudar a los perplejos y darles munición a quienes gritan por las esquinas eso de «no nos representan». Es probable que tengan razón los dos grandes partidos cuando desestiman el referéndum para revalidar una reforma de la Constitución que no toca directamente derechos fundamentales, sino que alude genéricamente al control del déficit. Pero tienen que explicarlo con claridad y, si entra en el sueldo, ser sinceros con sus errores, que son muchos y muy graves. Porque esta reforma es, antes que nada, el reconocimiento paladino de un gran fracaso de la clase política: el de no haber manejado con responsabilidad, honradez y previsión los dineros públicos. Lo mismo desde el Gobierno de la nación que desde los gabinetes autonómicos y las alcaldías. Todos ellos dispararon con pólvora del rey, gastaron como cigarras e hipotecaron las tres próximas generaciones con pasmosa frivolidad. Espoleados por el «principio» económico «El dinero público no es de nadie», acuñado por la mente maravillosa de Carmen Calvo, a la sazón ministra de Cultura, se lanzaron sobre el botín con hambre atrasada y se carcajearon de Aznar, que como castellano viejo presumía de déficit cero y de techo de gasto. Una de las pancartas más inteligentes que este domingo pasearon los «indignados» de Barcelona decía así: «¿Cómo le explicarás a tus hijos que perdiste lo que ganaron tus padres luchando?» No se puede expresar mejor la incompetencia de unos gobernantes que en estos ocho años han despilfarrado una década de bonanza como no se recordaba en España. Si nuestros socios europeos han obligado a reformar la Constitución no es porque quieran recortarnos el Estado de Bienestar: es que no se fían de nuestros dirigentes como gestores de las arcas públicas. Por eso, sería signo de decencia y dignidad que Sus Señorías entonaran hoy en el Congreso el «mea culpa» y admitieran que el retoque constitucional es la primera moción de autocensura en la historia de nuestra democracia. De ahí que los del 15-M sigan en la inopia cuando exigen un referéndum como coartada para rechazar la reforma, pues deberían apoyarla por tratarse de un acto de legítima defensa de los ciudadanos frente a gobernantes irresponsables y vanos que estiraron más la mano que la manga.

La Razón – Opinión

Indignados. ¡Viva la dictadura de los mercados! Por Juan Ramón Rallo

Los lunes se levantan enérgicos en contra de que un Estado deficitario se endeude en los mercados, mientras que los martes salen a la calle para oponerse a que el Estado renuncie al déficit y deje de depender de esos mercados.

Clamaban hace apenas unas semanas los sindicatos, los indignados y demás grupos de extrema izquierda que resultaba del todo punto inadmisible que España sucumbiera a la dictadura de los mercados. ¿Qué era eso de que los ahorradores le exigieran al Estado unos tipos de interés crecientes para prestarle unos fondos que deseaba despilfarrar y que le iban resultando cada vez más complicados de devolver? Es lo que tenía gastar más de lo que uno ingresa: que ha de pedir prestada la diferencia. Y si uno pide prestado, pues depende del que le tiene que prestar.

Pero hete aquí que quienes bramaban contra nuestra inaceptable sumisión a los mercados protestan ahora también contra la limitación constitucional del déficit público. Y no porque haya sido un fraude consensuado por nuestra partitocracia que en nada restringirá la imprudencia financiera de nuestros mandatarios, sino porque la hinchada indignada dice estar convencida de que la norma se cumplirá a pies juntillas y nuestros políticos abandonarán su insana costumbre de cargar sus desproporcionados gastos sobre las espaldas de las generaciones venideras.


Vamos, que los indignados se manifiestan ahora en contra de que nuestros políticos busquen reducir la excesiva dependencia de la Administración Pública de los mercados. Los lunes se levantan enérgicos en contra de que un Estado deficitario se endeude en los mercados (y, dependa, por consiguiente de esos mercados), mientras que los martes salen a la calle para oponerse a que el Estado renuncie al déficit (y, por tanto, deje de depender de los mercados).

No hay quien les entienda. Bueno, en realidad sí: se les entiende todo demasiado bien. La izquierda, como corriente ideológica, busca incrementar todo lo posible el peso del Estado sobre nuestras vidas, esto es, que la cantidad de recursos que controle y maneje el Gobierno sea cada vez mayor. A su vez, estos lobbys de izquierda aspiran a que ese Estado hipertrofiado les otorgue una importante asignación monetaria que les permita vivir de la sopa boba, esto es, sin prestar ningún servicio que los consumidores valoren y por el que estén dispuestos a pagar voluntariamente. Todo cabe dentro de esa elástica categoría de "derechos sociales", que no es más que una excusa para arrebatarles la riqueza a los individuos y empresas que la producen para transferírsela a quienes ni lo hacen ni tienen la más mínima intención de hacerlo.

Por supuesto, en teoría la limitación del déficit no impide que el Estado siga creciendo y que estos grupos sigan mamando de la teta pública, pues el presupuesto puede cuadrarse incrementando los impuestos. Pero, en la práctica, toda la izquierda es consciente de que, en Occidente, la tributación ya se encuentra en unos niveles prácticamente confiscatorios, por lo que queda poco margen para trasquilar la oveja sin arrancarle la piel. Es mucho más sencillo endeudarse, gastar con cargo a los ingresos tributarios futuros... y el que venga detrás que arree.

Pero bueno, que no se preocupe nuestra izquierda. Si el Estado deja de endeudarse no será por el nuevo artículo 135 de la Constitución, sino porque esos despóticos mercados de los que no quieren depender nos habrán cerrado definitivamente el grifo. Y entonces sí, los déficits desparecerán por necesidad y los privilegios de la casta política y de los grupos de presión adyacentes (sindicatos e indignados) sólo podrán mantenerse sangrando todavía más a la muy sufrida clase media española. Ya no dependeremos de los mercados y la nomenclatura y sus apparatchiks podrán vivir a cuerpo de rey parasitando a la empobrecida sociedad española. Solidaridad, lo llaman.


Libertad Digital – Opinión

A tres meses del Gobierno

El Partido Popular arrancó ayer un curso político que acabará en las elecciones generales del 20-N con grandes probabilidades de que los españoles le otorguen la responsabilidad de formar Gobierno. El comité de dirección del PP, presidido por Mariano Rajoy, definió ayer las líneas fundamentales de su política en estos tres meses que restan para la cita con las urnas. Fue un encuentro con propuestas en positivo y propio de una formación que sabe que en un plazo breve asumirá una importante responsabilidad al frente de un país que atraviesa una situación difícil.

Rajoy estableció que la prioridad del PP será la economía. No perderse en debates estériles y tangenciales que no responden al interés general nos parece una actitud acertada. La opinión pública espera que el PP se mantenga en esa primera línea con soluciones económicas, como ha sido su trayectoria en esta legislatura, y con la voluntad de sumar esfuerzos. En este sentido, resulta especialmente encomiable la voluntad de la dirección del PP de colaborar con el Gobierno en estos tres meses en la línea de la reforma de la Constitución que impone el límite de déficit y una disciplina presupuestaria. Los populares incidieron, y con razón, en la trascendencia política del compromiso que ha generado una importante corriente de apoyo tanto dentro como fuera de nuestro país. En este punto, conviene reiterar que esa modificación constitucional fue propuesta hace un año por Rajoy y que fue rechazada por el Gobierno. Pero más allá de pasados desencuentros, que el PP y el PSOE sean capaces de articular iniciativas conjuntas limita las incertidumbres y genera confianza.


En esa trayectoria de rigor y seriedad, los populares han insistido en defender la idea de un plan global para la economía que incluya una reforma fiscal general. Ésta ha sido su respuesta al demagógico discurso del candidato socialista sobre la creación de un impuesto para ricos y la intención del Gobierno de recuperar el Impuesto de Patrimonio, que él mismo derogó en 2008, entre otras ocurrencias e improvisaciones.

El PP dejó ayer en evidencia las contradicciones del PSOE en materia fiscal al insistir en que sus políticas han gravado, sobre todo, a las clases medias. Las subidas de impuestos, como la que defienden los socialistas, responden a una estrategia equivocada y más todavía en un país en crisis. El PP apuesta por la bajada de la presión fiscal como una forma de estimular la actividad económica y de aumentar así la recaudación. Es una fórmula avalada por los gobiernos de Aznar. El otro gran objetivo de una política que persiga el equilibrio debe ser reducir el déficit estructural. Los socialistas han practicado lo contrario: gasto público, déficit y subida de impuestos para paliar los números rojos. El resultado ha sido el escenario actual, con asfixia de las arcas públicas y colapso de la demanda interna y, por tanto, de la actividad.

Por tanto, Rajoy arranca el curso como la alternativa sólida y fiable para una gran mayoría de españoles, y con la convicción general de que sabrá responder al gran desafío que le espera.


La Razón – Editorial

Una iniciativa peligrosa

Un referéndum sería un factor adicional de incertidumbre que penalizaría los mercados.

El Congreso de los Diputados decide hoy sobre la toma en consideración de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución, que se vota el viernes. Entre el anuncio por parte de Zapatero de la propuesta, previamente consensuada con Rajoy, y la sesión de hoy se han producido dos hechos que añaden ruido innecesario a la medida: el surgimiento de voces que reclaman aprovechar la reforma para introducir otras modificaciones en la Carta Magna; y la petición de que, en todo caso, la decisión sea sometida a referéndum.

Ambos planteamientos van en sentido contrario al objetivo más inmediato de la reforma: constitucionalizar el compromiso de equilibrio presupuestario como garantía reforzada ante los inversores internacionales. La vicepresidenta del Gobierno catalán plantea que, "puestos a fijar topes, se acote la solidaridad de Cataluña con el resto de España"; el principal partido del País Vasco, el PNV, anuncia que aprovechará el viaje para introducir el derecho de autodeterminación, y los nacionalistas canarios para que se reconozca su singularidad insular. Lo que transmiten esas salidas en tromba es falta de seriedad de los responsables políticos. Sobre todo porque banalizan la reforma misma y el objetivo que persigue.


Agravan también la tacha de improvisación con que ciertamente nació la iniciativa. Especialmente si se añade la incertidumbre asociada a la demanda de referéndum, que la reforma no requiere pero es posible celebrar si consigue el aval de al menos el 10% de las Cámaras. Ese porcentaje se alcanzaría en el Congreso si recibe el apoyo de 35 diputados. PSOE y PP suman 323, por lo que el resto, 27 diputados, no alcanza el mínimo. A no ser que haya fuga de votos en alguno de los dos partidos, lo que no es del todo imposible en el PSOE.

Las voces críticas surgidas en su interior contra la iniciativa cuentan con argumentos defendibles, pero también lo son las de signo contrario, dadas las condiciones especialísimas en que se ha planteado, en respuesta a exigencias exteriores difícilmente soslayables. Lo que no tendría sentido es convertir el debate sobre el contenido de la reforma consensuada entre los dos principales partidos en una pugna por el referéndum. Si llegase a celebrarse -con el despliegue y el gasto correspondiente- la participación sería probablemente muy escasa, lo que añadiría incertidumbre al desenlace. Pero ¿cómo evitar que la mera posibilidad de su celebración sea considerada por esos mercados tan sensibles a lo imprevisto un factor añadido de riesgo que penalice nuestra deuda soberana?

El sistema acordado, que remite a una ley orgánica el desarrollo de los principios plasmados en la reforma, permitirá afinar los aspectos más polémicos de la misma, como la distribución de los límites de déficit y deuda entre las diferentes Administraciones, los supuestos excepcionales en que podrán superarse esos límites y las sanciones en caso de incumplimiento: una ley orgánica, lo que posibilitará la deliberación sosegada y las matizaciones que un referéndum no permite.


El País – Editorial

Movilizaciones a favor del despilfarro

Si de algo deberíamos estar molestos los españoles es de que nuestros políticos no se hayan atado lo suficiente las manos como para evitar que se repitan episodios tan lamentables como la gestión de los sucesivos Ejecutivos de Zapatero.

Pese a que Rubalcaba se haya salido con la suya y haya conseguido aguar lo que podría haber sido una gran reforma constitucional, la movilización de la extrema izquierda, tanto sindicatos como indignados, no resulta ni mucho menos de recibo en estos momentos de crisis económica. La izquierda no sólo yerra en el fondo de la cuestión, sino también en las formas.

Se equivoca en el fondo porque insiste en reclamar dos objetivos incompatibles: que no dependamos de los mercados (y por tanto que no tengamos que colocar nuestra en el mercado) y que no dejemos de endeudarnos (y por tanto que sigamos dependiendo de los mercados a la hora de colocar nuestros bonos). Lo ideal, por supuesto, sería que nuestros políticos no gastaran más de lo que ingresan, pero amplios sectores de la izquierda prefieren la prodigalidad a la austeridad, sobre todo cuando el despilfarro lo pueden cargar, mediante la deuda, a la cuenta corriente de nuestros hijos y nietos.


Pero sindicatos e indignados yerran también en las formas. En unos momentos en los que los inversores extranjeros observan con extrema desconfianza no sólo nuestra capacidad para devolverles el dinero sino también nuestra determinación para hacerlo, estas manifestaciones que promueve la izquierda para el próximo día 6 de septiembre sólo conseguirán acercar a nuestro país, dentro del imaginario de los ahorradores internacionales, a las algaradas callejeras que se han vivido en Grecia durante los últimos meses.

No, si de algo deberíamos estar molestos los españoles es de que nuestros políticos no se hayan atado lo suficiente las manos como para evitar que se repitan episodios tan lamentables como la gestión de los sucesivos Ejecutivos de Zapatero. De salir a la calle, deberíamos hacerlo para exigir que nuestros políticos sean lo suficientemente diligentes como para honrar hasta el último céntimo de sus deudas y para reforzar nuestra credibilidad como país. La alternativa izquierdista de acabar de hundirla no puede ser más ruinosa.


Libertad Digital – Editorial