miércoles, 31 de agosto de 2011

Muy mal. Por Toni Bolaño

Muy mal deben estar las cosas para que la política española nos regale una inédita foto de unidad entre PP y PSOE para reformar la Constitución. Muy mal deben estar las cosas para que Rajoy se moje. Muy mal deben estar las cosas para que este pacto llegue, en un abrir y cerrar de ojos, a tres meses de las elecciones.
Muy mal deben estar las cosas para que Zapatero le dé a Rajoy los argumentos y la justificación para aplicar recortes cuando llegue, si llega, al Gobierno. Muy mal deben estar las cosas para que Zapatero le haga este regalo envenenado a Rubalcaba en puertas del 20-N y que éste lo acepte como mal menor.

Muy mal deben estar las cosas cuando cedemos soberanía sin apenas debate. Muy mal deben estar las cosas cuando los partidos nacionalistas se limitan a hacer aspavientos ante la iniciativa de socialistas y populares pero su griterío no va más allá.

Muy mal deben estar las cosas cuando sindicatos y empresarios están dispuestos a prolongar la contención salarial por varios años. Muy mal deben estar las cosas cuando se acepta que se alargue la temporalidad de los contratos porque se piensa que más vale un empleo precario que un parado.

Dicen que todo se hace por el bien del país, pero el bien del país lo pagarán los ciudadanos rascándose, todavía más, su esquilmado bolsillo. Lo peor es que esto no ha hecho más que empezar. Todavía queda por venir «el tío Paco con las rebajas» en forma de Ley Orgánica. Lo dicho, muy mal deben estar las cosas para llegar hasta aquí en el enésimo intento de calmar la codicia de los mercados.


La Razón –Opinión

Rajoy. En confianza. Por Agapito Maestre

Si no aparece el capítulo más interesante, entonces el libro cojea por todas partes. ¿O acaso aparece en este libro su paso por La Moncloa?

He leído que Rajoy ha escrito su biografía. El título es En Confianza. Poner la palabra "confianza" con mayúscula en ese título es un error gramatical del editor, y quizá del autor, un poco bobalicón, absurdo, que pudiera hacer al lector entrar en desconfianza sobre un libro de campaña electoral. Pero, más allá de saltarse la regla ortográfica, no creo que el género literario elegido por Rajoy sea el más oportuno ni el contenido, los datos más o menos personales del biografiado, el más inteligente, sobre todo si tenemos en cuenta que El PP, según todas las encuestas, estudios y opiniones que he consultado, arrasará al PSOE el día 20-N.

A la altura de esta legislatura, y después de presentarse como candidato a dos elecciones generales, Rajoy no necesita crearse una "nueva" imagen. Es algo ocioso. Sobra. Hace tiempo que la tiene y, por cierto, muy bien construida con la ayuda de su oponente principal en las dos últimas legislaturas; Rajoy es la otra cara, por suerte para él, de la política calamitosa de Zapatero. Rajoy es el lado positivo de la política que esperan los españoles. Lo único que quieren de él los españoles es que haga con decencia lo que el otro ha hecho rematadamente mal. ¿Quién pondrán en duda a estas alturas que Rajoy es una buena persona? Pocos. Quizá nadie se preocupe por tal asunto, mientras que serán muchos a los que les gustaría saber de forma más detallada cuál es su programa. Algo que en una biografía difícilmente hallarán.

Creo que Rajoy se equivoca al publicar su biografía, entre otros motivos, porque falta el capítulo más interesante para el lector de libros biográficos. Y si no aparece el capítulo más interesante, entonces el libro cojea por todas partes. ¿O acaso aparece en este libro su paso por La Moncloa? Ese capítulo, obviamente, aún no está escrito, porque Rajoy aún no lo ha vivido. Difícilmente puede contarse en una biografía lo que no se ha experimentado. En verdad, creo que el capítulo más interesante de la vida de Rajoy será su paso por la presidencia del gobierno de España. Por eso decía que el género literario, la biografía era inoportuno, cuando la gente en una campaña electoral lo que demanda es un programa claro y conciso sobre las alternativas al socialismo de Zapatero. En fin, la confianza, ganarla o perderla, es más una cuestión de ejercicio que de origen. Tengo la sensación de que este ejercicio de Rajoy era prescindible; o peor, sospecho que la publicación de este libro ayudará más al editor que al autor, a pesar de lo que digan los mercachifles que asesoran a Rajoy en esta campaña electoral.


Libertad Digital –Opinión

¿Será capaz Rajoy de hacer las reformas que hacen falta? Por Federico Quevedo

Para subir al Monasterio de Armenteira, en la comarca de Ribadumia, provincia de Pontevedra, se puede utilizar el coche por carretera -o la bici-, o se puede subir andando por la llamada Ruta de los Molinos. Son cinco kilómetros de una belleza considerable, en plena naturaleza, franqueando un río que a su vez alimenta con sus aguas las piedras de viejos molinos, algunos restaurados y todos en desuso, que se confunden con el paisaje.

El descubrimiento de esta ruta y su aprovechamiento hay que reconocérselo a la Diputación de Pontevedra, porque merece mucho la pena hacer el recorrido. Bien lo sabe Mariano Rajoy, que lo hace una y hasta dos veces al día acompañado de algún amigo con el que luego toma un café en la única taberna que da cobertura al caminante que llega al Monasterio de Armenteira, herencia románica que los monjes abandonaron hace siglos y que fue recuperado para su disfrute por un hijo de Valle Inclán, quien consiguió también que la Iglesia designara una orden de religiosas para habitarlo de nuevo. La subida, puedo asegurarlo, es maravillosa, y contribuye a la paz interior como pocas cosas lo hacen.


No es que Mariano Rajoy necesite mucha, no lo sé, pero dado que a lo que se enfrenta a partir de este final de verano es de una envergadura notable, supongo que no le habrán venido nada mal esos largos paseos por la Ruta de los Molinos, para aclarar ideas y dar firmeza a sus convicciones. Siempre le he escuchado decir que sabe qué tiene que hacer, y que lo va a hacer cueste lo que cueste... Es satisfactorio oírlo, porque no todos los políticos actúan así: todavía recuerdo cómo el PP utilizó en su provecho el escándalo del ático de José Blanco en Villa PSOE, en la Illa de Arousa, y cuando ganó las elecciones Feijóo y pudo corregir las ilegalidades que allí se cometieron, si te he visto ni me acuerdo.

El PP es muy de eso, de dejarse llevar por el qué dirán, por lo políticamente correcto... Ayer mismo, Cristóbal Montoro y Esteban González Pons volvieron a insistir en una idea muy interesante, la de penar por ley las irresponsabilidades en la gestión de los dineros que salen de los impuestos de los ciudadanos, como por ejemplo eso de dejar cientos de facturas de proveedores sin pagar, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha.
«Lo difícil es afrontar las reformas necesarias para reducir una administración sobredimensionada, para replantear el modelo de descentralización que nos dimos en el 78, para garantizar la transparencia en la gestión pública o para castigar comportamientos que deberían tener como consecuencia la inhabilitación.»
La sociedad reclama que los políticos actúen de otra manera, que sean transparentes, que sean honrados en la gestión de sus impuestos, y que si no lo hacen -y eso además contribuye a empeorar la situación económica de los ciudadanos- se les pueda castigar, y es algo en lo que parece que existe un amplio acuerdo social pero, ¿será capaz el PP, será capaz Rajoy, de hacerlo si gobierna?

Yo espero que sí, que en ese "yo sé lo que hay que hacer" que tanto repite se encuentren este tipo de reformas porque, no nos engañemos, cuando el PP llegue al poder no va a bastar con medidas de carácter puramente económico, por más que estas sean imprescindibles, sino que va a tener que afrontar reformas de mucho calado para sanear un sector público que desde todos los puntos de vista se encuentra muy deteriorado. Hacer gestos como el de recortar ministerios y reducir los gastos generales de la Administración, siendo necesarios, no deja de ser un recurso a lo más inmediato y a lo más visible y, si me apuran, fácil.

Lo difícil es afrontar las reformas necesarias para reducir una administración sobredimensionada, para replantear el modelo de descentralización que nos dimos en el 78 y que necesita una profunda reforma, para garantizar la transparencia en la gestión pública, para castigar comportamientos que aun no siendo delictivos sí deberían tener como consecuencia la inhabilitación, para garantizar la independencia de los poderes políticos, para mejorar la relación de la clase dirigente con los ciudadanos, para corregir los fallos del sistema electoral.

Todas estas cosas son la que la sociedad reclama, y me consta que Rajoy lo sabe y que en la paz de su corto retiro gallego ha tenido la ocasión de reflexionar sobre ello y de comentarlo con personas de su entorno que, si bien no están en la política activa, gozan de una notable consideración por su parte por su sentido común y sensatez. A Rajoy le gusta escuchar... Otra cosa es que, llegado el momento, haga de verdad lo que debe hacer, pero esa es la oportunidad que le van a dar los ciudadanos el 20 de noviembre, y en su mano está saber aprovecharla.


El Confidencial –Opinión

Candidato tocado. Por José Antonio Vera

No está teniendo suerte Rubalcaba. Las encuestas de verdad, no las oficiales, le dan menos de 120 escaños, la peor cifra del PSOE en toda su historia. Su imagen no es precisamente arrolladora, su discurso difícilmente separable al de estos años de desastre económico, y además no para de sufrir reveses en su estrategia electoral.

La baza de Eta, particularmente trabajada mientras estuvo en Interior, se le ha retorcido porque el precio que pagamos por la tregua temporal es el de tener a unos proetarras fortalecidos, con la calle tomada, controlando las instituciones, con dinero sobrado, que han llevado al País Vasco otra vez el ambiente borroko de años atrás.

La baza personal es casi inexistente. Carece el candidato de tirón de ningún tipo, no conecta con la gente de la calle y casi todo el mundo le ve como lo que en realidad ha sido: un peón destacado de Zapatero, co-responsable de sus políticas, actor en primera persona y cerebro de muchas de las operaciones fracasadas del actual Gobierno.


La baza de la izquierda, en fin, también se le está desarmando, y prueba de ello son las manifestaciones convocadas contra la decisión de reformar la Constitución para introducir la obligación de no incurrir en déficit y poner tope a la deuda. Difícilmente va a poder superar Rubalcaba el último empellón de Zapatero, que le ha devuelto así el golpe de las primarias. El todavía presidente, consciente de las presiones a que le sometió su ex vice, tiene más interés en quedar bien ante la historia que en ayudar a Alfredo a cosechar un buen resultado electoral. De ahí esta reforma impuesta al partido y al propio candidato, que no ha tenido más remedio que digerir pese a estar en contra, para luego travestirse de abanderado de la misma.

Difícil papeleta. Nadie se cree que ésta sea su «reforma», y nadie olvida como atacó a Rajoy cuando éste la propuso hace meses. Ataque con choteo. A Rubalcaba le va gastar como a casi todos los socialistas, y esto de que le obliguen a hacer presupuestos equilibrados le molesta sobremanera.

Extraño enfado estos días el de la izquierda. Bajo mi punto de vista, se trata de un error de planteamiento. El rigor en las cuentas públicas no debería ser una cosa de izquierdas o derechas. Las administraciones pueden invertir lo que tienen, pero no endeudarse sin ton ni son, a lo loco, endosando a generaciones futuras unos compromisos de pago que igual no pueden cumplir. Lo dijo ayer bien claro Soraya Sáenz de Santamaría en las Cortes: «A partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no es una opción; es una obligación». No incurrir en déficit debería estar en el «abc» de cualquier gobernante, sea del partido que sea. Por eso es tan importante esta modificación constitucional a la que Rubalcaba no ha tenido más remedio que sumarse tarde y a regañadientes.

El candidato socialista no pasa por un momento extraordinario. Se le va gente de relieve como Bono, Guerra, Salgado y Sebastián, y se queda con lo más corriente del partido. ¿Por qué será?


La Razón –Opinión

Reforma. Disciplina presupuestaria a la española. Por Leonardo Ravier

Si el poder político de facto de la UE es capaz de producir cambios constitucionales en materia económica, no cabe duda alguna que nos encontramos ante un grave peligro, a largo plazo, de centralización económica.

El 23 de agosto el presidente de Gobierno anunciaba, dentro de sus improvisadas y tardías medidas anticrisis, la necesidad de trasladar la disciplina presupuestaria de limitación del déficit público a la Carta Magna del Estado.

La idea, que ha generado división y malestar dentro del seno del PSOE y aceptación dentro del PP, en principio suena bien. Al menos habría una cláusula, dentro del título VII (y muy probablemente entre los artículos 134 y 136), que contrarrestaría la visión estatista de la economía que la constitución española promueve.

Sin embargo, y a expensas de que la reforma en términos relativos y aislados está bien encaminada, me temo que nos encontramos ante una medida insuficiente, probablemente inocua, y previsiblemente perniciosa.

Existen varias razones para dicha afirmación. En primer lugar la medida no se aplicará hasta el 2018-2020. En segundo lugar, desconocemos el tope de déficit que se incorporaría, aunque ya se está especulando que no llegará al techo alemán del 0,35%. Tercero, bajo la categoría de "déficit estructural" pretenden incorporar una reforma "flexible y equilibrada", que les permita modificar el desajuste presupuestario anualmente (o lo que es lo mismo, según le convenga o así lo requiera el Estado de bienestar). Y cuarto, se añadirán cláusulas excepcionales (que aún desconocemos y que serán claves), porque según Elena Salgado otra cosa sería "atarse las manos" y "no poder estimular la economía". ¿Y a esto llamamos disciplina?


Pero no sólo existe un problema evidente de criterio y sentido común a la hora de elaborar una reforma constitucional que realmente impida al Gobierno endeudarse a costa del ciudadano y generar déficit deliberadamente, sino que también existe un motivo dudoso, y unas previsibles consecuencias perniciosas.

El motivo es la creación de un "verdadero Gobierno económico para la UE" que está empujando a que éste cambio se produzca en 17 países de la zona euro. Si el poder político de facto de la UE es capaz de producir cambios constitucionales en materia económica, no cabe duda alguna que nos encontramos ante un grave peligro, a largo plazo, de centralización económica en Bruselas que bajo el mismo fondo estatista podría poner en mayor peligro el verdadero bienestar social de los ciudadanos españoles.

Y las consecuencias perniciosas porque ante esta nueva medida de tope constitucional al déficit, y supuestamente a la deuda pública, ya se está especulando en generar mayor presión impositiva alegando, por ejemplo, que el 35% español del impuesto de sociedades es muy bajo frente al 45% alemán. En pocas palabras, si se corta el gasto con topes a las deudas públicas, el Estado no tendrá inconvenientes en seguir gastando pero ahora a costa directa de empresas y ciudadanos. De ahí que una "disciplina presupuestaria" de limitación del déficit público tal como se pretende incorporar en la Carta Magna sea coja y perniciosa si no va acompañada, por ejemplo, de un tope tributario que realmente exija al Gobierno "apretar su cinturón" y no el de la sociedad española.


Libertad Digital –Opinión

La reforma constitucional. Por José Luis Gómez

La chapuza de la reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP no es solo de fondo. También puede serlo de forma. Veamos dos escenarios controvertidos en el nuevo artículo de la Constitución que recogerá la obligación de que tanto la Administración central como las comunidades autónomas estén sujetas a los criterios de convergencia de la Unión Europea. Traducido: comprometidas a limitar el gasto público.

Primero: no parece muy correcto hablar del Estado y las comunidades autónomas, ya que éstas también son Estado, según la propia Constitución. En el lenguaje político y periodístico se confunde a menudo Estado con Gobierno central o Administración general del Estado, pero en una constitución no deberían deslizarse imprecisiones así. La Real Academia Española lo dice bien claro: el Estado es el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano.

Segundo: ¿A qué Unión Europea se refieren? Lo normal sería que, como se habló en su día, la Constitución recogiese primero una referencia al tratado de la UE, de modo que después tuviese pleno sentido el artículo que se va a introducir. La Constitución es anterior a la existencia de las comunidades autónomas, que ni siquiera están mencionadas en la Carta Magna, y mucho más anterior aún a la entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE). La primera y hasta ahora única reforma constitucional solo había consistido en añadir, en el artículo 13.2, la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Sucedió en 1992, una vez firmado en Maastricht el Tratado de la Unión Europea. Con posterioridad, el PSOE promovió reformar la Constitución en cuatro aspectos que siguen aparcados: la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión a la jefatura del Estado, la reforma del Senado, la inclusión del nombre de las comunidades autónomas y la mención al Tratado Europeo.

Hasta ahora se decía que la tensión territorial y el miedo a un debate sobre la Corona bloqueaban las propuestas para modificar el texto constitucional de 1978. Visto lo "fácil" que ha sido constitucionalizar nada menos que un criterio de política neoliberal, ¿qué se dirá a partir de ahora?


Periodista Digital –Opinión

El conejo. Por Alfonso Ussía

Han entrado en veinte de sus madrigueras y todavía no lo han trincado. Me refiero a Gadafi, o mejor aún –gracias, Daniel Pipes–, a Mu’amar al Qadhdhafi, que después de 42 años de imponer su tiranía en Libia, se mueve de escondite en escondite. Se lee que los presumibles «rebeldes» han vencido. No es así. Los «rebeldes» le habrían durado a Gadafi tres cuartos de hora. Los que han triunfado han sido los europeos y la OTAN. Alain Juppé, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, ha pronunciado una frase bastante divertida: «La meta de Alemania y Francia ha sido la misma: devolver a los libios la libertad». Queda bien, superada la sonrisa. Pero no hay que ser tan hipócrita. A Juppé, a los franceses y a los alemanes, la libertad –por ahora, quimera inalcanzable– de los libios, les importa un pimiento. Y sus vidas. Han estado negociando con Gadafi durante cuatro décadas. También nosotros, los españoles, que lo hemos recibido con los brazos abiertos, comprado su petróleo y vendido nuestras armas. La libertad de los libios se la pasan los franceses y los alemanes por donde ellos acostumbran a pasarse las cosas. La meta de Alemania y Francia ha sido la misma. El petróleo. Los llamados «rebeldes» –que todavía ignoramos quiénes son, hacia dónde van y qué pretenden–, han garantizado las ventajas comerciales a las naciones occidentales que han intervenido en Libia. España, modestamente, está entre ellas, pero no apuesto por una tajada considerable en el reparto del botín.

A Gadafi lo encontrarán, hoy, mañana o en quince días. Y los europeos mirarán hacia otro lado. No lo llevarán ante el Tribunal Internacional. Se lo dejarán a los llamados «rebeldes» para que lo ejecuten. Muerto el perro se acabó la rabia. Eso creen. En Libia se librarán de un asesino, pero esa liberación no traerá la libertad. Otra tiranía sucederá a la de Gadafi, en un principio más vigilada, y al cabo del tiempo tan dura y ladrona como la del conejo escondido. Mientras el nuevo Gobierno libio garantice el cumplimiento del pacto comercial, Francia, Alemania, España, Italia y los Estados Unidos mantendrán su amistad y apoyo. El día que falte un barril de petróleo, los europeos y americanos buscaremos la menor excusa para apoyar a otros rebeldes con el fin de terminar con los rebeldes de ahora, que dejarían de serlo inmediatamente.

Para mí, y lamento mucho pensarlo y atreviéndome a escribirlo, que libertad y Korán son incompatibles. Libertad y medievo, no son adaptables. Libertad y miseria no pueden sostenerse. En las naciones árabes y musulmanas, más de la mitad de sus ingresos se reparten entre unos pocos, un cuarto entre unos poquitos más, y el resto entre centenares de millones de personas.
Eso lo sabemos los europeos y los americanos, y siempre nos ha parecido aceptable por la lejanía, aunque en Marruecos tengamos los españoles una cercanía peligrosa. La derrota del Gadafi, el gran criminal histriónico, no significa la victoria de la libertad. Se trata de otro triunfo. El del petróleo asegurado y a buen precio. Lo de Juppé es una vaina. Con Siria no hemos sido tan escrupulosos, y el dictador sirio es tan asesino como Gadafi. La valoración de la importancia de los conflictos y las intervenciones la establece la seguridad del abastecimiento del crudo. Si mañana, en los territorios gobernados por los palestinos y los terroristas de Hamas se hallara una buena bolsa de petróleo, Israel, a pesar de su poder y de ser la única democracia en Oriente Medio, haría bien en temblar. Diría Juppé: «Para Francia y Alemania la meta es devolver la libertad a los palestinos de Hamas». Lo de siempre. Europa, esa gran puta. Caerá el conejo.


La Razón – Opinión

PP y PSOE. Que devuelvan el dinero. Por Pablo Molina

Tal vez el motivo de tan aparente ingratitud tenga que ver con que ninguna de las dos ha dicho tener la menor intención de devolver parte del dinero que requisan de nuestros impuestos para financiar el derroche de sus respectivos partidos políticos.

En un gesto inédito del que las dos protagonistas seguramente se sienten muy orgullosas, las responsables de las campañas electorales del PP y PSOE han decidido que no van a ensuciar las ciudades y pueblos de España hasta que no comience la campaña electoral. Ejemplo de austeridad en medio de la recesión económica, le llaman a esto. Modelo de desvergüenza en tiempos de recesión moral, sería una definición más precisa.

Los partidos políticos deberían financiar sus actividades de proselitismo con los fondos de sus afiliados y donantes voluntarios, pero como en España ninguna organización vive de las aportaciones de sus miembros no iban a ser precisamente los inventores del latrocinio los que dieran ejemplo, ni siquiera en medio de la devastación económica actual de la que ellos precisamente son los primeros responsables.

Ana y Elena, Mato y Valenciano, han asegurado que sus partidos van a gastar algo menos en la campaña de las próximas elecciones generales y seguramente no se explican aún cómo las colas de ciudadanos agradecidos por el gesto no dan varias vueltas a la manzana.


Tal vez el motivo de tan aparente ingratitud tenga que ver con que ninguna de las dos ha dicho tener la menor intención de devolver parte del dinero que requisan de nuestros impuestos para financiar el derroche de sus respectivos partidos políticos. Porque si es cierto que quieren dar un ejemplo de austeridad, lo oportuno sería reintegrar a las arcas públicas el dinero que no van a derrochar en esa pre-campaña, pero, de nuevo, aquí nadie devuelve un euro al estado y mucho menos los partidos políticos, organizadores del saqueo ciudadano del que vive tanto parásito.

Ni Ana ni Elena, ni Mato ni Valenciano, tienen pensado devolvernos la parte que no van a gastar en propaganda electoral, sencillamente porque ya tienen pensado de qué otra forma se la van a pulir, pero eso sí, a nuestra salud (democrática). No habrá carteles antes del 4 de noviembre, pero a partir de esa fecha habrá el doble para compensar, con lo que los partidos se pulirán todo el dinero que reciben del presupuesto además del que reciban a través de unos préstamos bancarios que, ocioso es decirlo, no tienen pensado devolver.

Es como si te atracan por la calle y el delincuente, perdón "la víctima de la sociedad", te dice que por razones de austeridad ha decidido que no todo se lo va a gastar en vicios. Aunque bien mirado, lo de Ana Mato y Elena Valenciano es aún peor. Ellas encima quieren que les demos las gracias.


Libertad Digital –Opinión

Pacto por la confianza

El Congreso de los Diputados aprobó ayer tramitar la reforma constitucional que garantiza la disciplina presupuestaria por una amplísima mayoría de 318 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, y con un gesto inédito de protesta en la Cámara por parte de los diez parlamentarios de CiU, que se negaron a participar en la votación. El pacto entre socialistas y populares funcionó a la perfección y los portavoces de ambos grupos desgranaron un argumentario convincente y contundente sobre las razones y la urgencia de una medida de ese calado. El socialista José Antonio Alonso, en un tono frío, eso sí, hizo hincapié en que era la mejor manera de «despejar incertidumbres» en un contexto internacional tan adverso.

Especialmente acertada fue la intervención de la popular Soraya Sáenz de Santamaría en defensa del equilibrio financiero y de una reforma que permite que «a partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no sea una opción; sea una obligación». Ésta es una clave fundamental para comprender y asumir de dónde venimos y hacia dónde debemos ir en la gestión de lo público. Pero además la portavoz popular incidió en otro propósito prioritario de esta modificación como es el de «restituir la confianza» en la economía española, imprescindible para asomarse al menos a un escenario de recuperación.


En ese aspecto, es importante destacar que la Comisión Europea reiteró ayer que limitar el déficit en la Constitución tendrá efectos inmediatos para reforzar la credibilidad española. Más aún si se tiene en cuenta que este gran acuerdo nacional está avalado por el Banco Central Europeo, que lo estableció como condición para comprar bonos españoles y tranquilizar a los mercados, lo que fue negado en su momento por el Gobierno, como ayer adelantó LA RAZÓN.

Aunque el respaldo a limitar el déficit en la Carta Magna concita a una inmensa mayoría de los representantes de la soberanía nacional, es bueno que socialistas y populares hayan manifestado su voluntad de ampliar ese consenso abrumador. En este punto, llamó la atención la actitud de los nacionalistas alineados con la izquierda en una directriz central de política económica, y con argumentos tan sonoros como que PP y PSOE habían hecho «añicos» el consenso constitucional. Sólo cabe encuadrar esa sobreactuación en una estrategia electoral. En cuanto a la previsible intención del PNV de forzar un debate sobre el derecho a decidir, es un despropósito por parte de un partido que parece competir en radicalidad con Bildu.

Para España, el consenso entre los dos principales partidos en política económica es un valor añadido. Rajoy, con sentido de Estado y responsabilidad, está dispuesto a acuerdos con el Gobierno en estos tres meses hasta las elecciones. Sería óptimo para la confianza y la imagen del país, lastradas por los parches, las improvisaciones y las ocurrencias del Ejecutivo. Veremos si el candidato socialista piensa en el interés general o en el suyo propio.


La Razón – Editorial

Equilibrar la balanza

Elevar la carga fiscal a los que más tienen es una manera de distribuir el coste de la crisis.

La crisis económica está resultando ser el revulsivo más eficaz para movilizar la vocación reformista de algunos Gobiernos. Desde luego, de su afán por revisar aspectos fundamentales en las finanzas públicas. Es el escrutinio, no siempre racional y eficiente, de los mercados financieros el que se sobrepone a los programas de los partidos políticos, gobiernen o no.

En apenas una semana el Gobierno español y el principal partido de la oposición han superado el tradicional desencuentro para convenir una reforma de la Constitución sin precedentes en la que inscribir una importante limitación al déficit de todas las Administraciones. Es probable que el Ejecutivo acabe importando igualmente otras iniciativas tendentes a elevar la carga fiscal que soportan las personas con mayor renta y riqueza. Si así lo hiciera, este histórico verano también dejaría como legado una alteración significativa de la estructura impositiva, aportado por el mismo Gobierno que no hace tanto reducía la presión fiscal sobre las rentas y eliminaba el impuesto sobre el patrimonio con la explicación, correcta, de que se centraba sobre todo en las clases medias.


En la valoración de iniciativas tendentes a elevar la presión fiscal de los más ricos no es fácil sustraerse a esa suerte de precipitación que está orientando decisiones fundamentales de política económica. Esta, en todo caso, sería oportuna. La razón de ese aumento de las cargas fiscales a los que más tienen no debería ampararse en esa inusual, aunque inteligente, propuesta de algunas grandes fortunas estadounidenses, francesas o alemanas. En España no se ha producido, a pesar de la sugerencia que les hacía a los ricos españoles el popular González Pons. Sin embargo, existen fundamentos para llevar a cabo esa imposición adicional en un país donde la distribución de la renta y de la riqueza es mucho más desigual que en el promedio de las economías avanzadas de la Unión Europea. Una razón adicional no menos relevante es que la economía española dispone de un grado de desarrollo, de modernización y de capital público muy inferior a aquellas otras en las que todavía el sistema tributario es más progresivo que el nuestro. También encuentra justificación esa contribución de las rentas más elevadas en el hecho de que la distribución de costes de esta crisis y, en todo caso, las posibilidades de superación de sus efectos, son muy desiguales en España. La excepcional tasa de paro alcanzada, y las muy serias dificultades para reducirla en el corto plazo, habla por sí sola.

Sería muy razonable que la misma diligencia con que se acuerdan restricciones presupuestarias, que seguirán afectando a los gastos sociales y de inversión pública, se aplicara a la elevación de la fiscalidad a las fortunas y a las transacciones financieras. Una revisión de la distribución de las cargas impositivas no debe impedir en todo caso la mejora de la eficacia en la persecución de las distintas formas de fraude y ocultación, en la que España también ocupa una posición destacada.


El País – Editorial

Los nacionalistas no son imprescindibles

Es posible que la reforma constitucional tenga un efecto positivo: dejar en evidencia que PP y PSOE representan a más del 80% de los españoles y que la aquiescencia de los nacionalistas para modificar la Constitución no es ni mucho menos imprescindible.

Por desgracia para las libertades de todos los españoles, nuestra Constitución hace mucho tiempo que dejó de ser respetada por la mayoría de nuestros partidos políticos. Un texto que pretendía colocar límites a la expansión del Estado se convirtió en papel mojado que en nada la frenaba.

Los principales responsables de esta labor de demolición controlada del Estado de Derecho han sido fundamentalmente el PSOE y los partidos nacionalistas. El primero por socavar la separación de poderes, acabar con la independencia de aquellas instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento y sometimiento a la Carta Magna, y por ceder a las pretensiones centrífugas de los nacionalistas. Y los segundos, por atacar continuamente la idea de la unidad nacional, base indispensable de todo el edificio constitucional: sin unidad nacional no existe pueblo soberano y sin pueblo soberano no puede haber Constitución.

Pero, pese a su continuad deslealtad hacia España y hacia su Estado de Derechos, los socialistas han tenido que rendirse a Bruselas e incorporar en el articulado de nuestra Carta Magna una limitación constitucional al déficit. Ya hemos tenido ocasión de criticarla por su laxitud a la hora de lograr su presunto objetivo: controlar el desequilibrio presupuestario. Pero también hemos constatado la inconsistencia de las críticas que se le lanzan desde la extrema izquierda.


No menos absurdas son, por su parte, las críticas procedentes desde la bancada nacionalista. Ya de entrada es contradictorio que quienes incumplen sistemáticamente partes muchísimo más relevantes de la Constitución y quienes ni siquiera reconocen su legitimidad pretendan ser parte indispensable a la hora de reformarla. Pero, además, sus ataques al nuevo artículo 135 –referentes a que limitará la discrecionalidad de los gobiernos autonómicos– son improcedentes: primero, porque la Constitución ya dispone, sin necesidad de ningún cambio, de suficientes preceptos como para justificar la intervención de la Administración central en los presupuestos autonómicos; y segundo, porque aun cuando no los contuviera, sería esencial que lo hiciera: un Estado no puede mantenerse solvente si algunas de sus partes tienen barra libre para el despilfarro.

Al final, es posible que la reforma constitucional tenga un efecto positivo: dejar en evidencia que PP y PSOE representan a más del 80% de los españoles y que, por tanto, no es ni mucho menos imprescindible la aquiescencia de los nacionalistas para modificar la Constitución. Esperemos que a éste le sigan otros cambios fundamentales: empezando por la delimitación del Estado de las Autonomías y la devolución al Gobierno central de numerosas competencias.


Libertad Digital – Editorial