sábado, 3 de septiembre de 2011

La caja de Pandora. Por Martín Prieto

Sólo gentes expertas en complicar lo difícil pudieron conquistar América a pie y en cuadrilla. Los españoles nunca hemos hecho ninguna revolución, ni la francesa, pero si el alcalde de Móstoles proclama un bando apocalíptico y utópico nos lanzamos en mesnadas al monte. Ahora entendemos por qué tanto temor a tocar la Constitución: es la caja de Pandora y al abrirla fluyen y escapan los males que afligen a la humanidad.

En cuanto se ha entreabierto la tapa para fijar un techo de gasto se ha empezado a exigir referéndum, la República, la federación y la confederación, con altisonantes palabras y grandes gestos. Nada de esto tiene algo que ver con la deuda española pero es que la Constitución más que enmendarla lo que quieren es practicarle la autopsia y donar sus órganos. Somos excesivos y los indignados se han quedado pidiendo caramelos. Nuestra partitocracia es de bipartidismo imperfecto en el que el PSOE aspira al unipartidismo como el Movimiento Nacional, el PRI mexicano o el peronismo, apoyado en partidos testimoniales o periférico-nacionalistas- ya que cree ser el único legitimado para gobernar.

Por una vez los dos grandes partidos nacionales se han puesto de acuerdo y los demás han advertido su pequeñez. Artur Más invoca el divorcio de España y Gaspar Llamazares dispara contra el Palacio de Invierno. ¡Qué algarabía porque no les han consultado previamente! Las ranas pidiendo Rey. El señor D´Hont convirtió residuos electorales en minúsculos partidos que sacan pecho y pretenden decidir los destinos del país entre amenazas y victimismos. Nuestra caja de Pandora es la Ley Electoral.


La Razón – Opinión

Reforma. La ideología socialista de la Constitución. Por Emilio J. González

El de la Constitución es un modelo más propio de la extinta Unión Soviética o del franquismo que de una democracia occidental.

La izquierda española se ha llenado de indignación debido a la reforma constitucional para establecer un límite al déficit público. La extrema izquierda se ha negado a votarla en el Congreso o ha votado en contra, mientras que el jefe del Grupo Parlamentario Socialista ha tenido que sacar el látigo para obligar a sus diputados a respaldar al Gobierno. Los críticos con la enmienda promovida por Zapatero dicen que se trata de una reforma ideológica, pero no dicen, en cambio, que la Constitución está plagada de ideología, de su ideología, y así nos va. Ciñámonos al terreno económico.

El artículo 1.1 reza que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho". Aquí empieza el problema porque al anteponer el término social al de democrático, en contra de todas las constituciones occidentales, la interpretación del artículo abre las puertas a una acción política mucho más amplia que puede desembocar en el socialismo real. Sin llegar a esos extremos, que también son posibles, lo que establece es la capacidad del Estado para intervenir en la economía (art. 38), de acuerdo con los principios del keynesianismo que tanto influyeron en la redacción de la Carta Magna y, encima, el artículo 132.1 obliga al Gobierno a contar con el asesoramiento de los sindicatos, los cuales, en este país, son organizaciones ideológicas que no representan a nadie excepto a ellos mismos. Este es un modelo más propio de la extinta Unión Soviética o del franquismo que de una democracia occidental.


Aunque la Constitución establece el derecho a la propiedad privada (art. 33.1) y a la libertad de empresa (art. 38), el artículo 33.3 permite la expropiación "por causa justificada de utilidad pública o interés social" y el artículo 128.2 faculta al Estado a intervenir empresas privadas "cuando así lo exigiere el interés general". Basta recordar la escandalosa expropiación de Rumasa para comprender que se entiende por "causa justificada", "interés social" o "interés general".

Además, el artículo 39 obliga al Estado a promover la protección social y el 40 a promover una distribución de la renta más justa, lo cual es socialismo en estado puro y se basa en la idea de que las desigualdades sociales derivan de la aplicación en el pasado de los principios liberales en la economía y, por tanto, hay que corregir esta situación.

Aún hay más, pero basta con esto como botón de muestra para demostrar que si la Constitución es algo, es una Constitución socialista y lo único que se hace con la enmienda para limitar el déficit es impedir que los políticos puedan seguir engañando a la sociedad y arrebatándole cuotas de libertad económica a través del déficit público. Otra cosa es que gasten más y para ello suban los impuestos y, después, los ciudadanos les sigan votando porque, en ese caso, sarna con gusto no pica.


Libertad Digital – Opinión

Entusiasmo incomprensible. Por Luis del Val

Llevar a la Constitución una norma en la que nos vamos a comprometer a no gastar más de lo que recaudemos se me antoja que es algo así como si lleváramos a la Constitución un párrafo específico en el que constara que meter la mano en la caja y usar el dinero público para fines particulares es algo reprobable. O como si en el reglamento de la Comunidad de propietarios incluyéramos un párrafo donde se especifica que los vecinos se comprometen a no escupir en el ascensor o en las escaleras.

Como el Cándido de Voltaire, yo creía que los gobernantes procuraban por todos los medios no gastar más de lo que se ingresa, de la misma manera que en casa de cada cual sabemos que las deudas excesivas nos pueden llevar a la ruina. Que eso sea motivo de alborozo para unos (PSOE y PP) y argumento de inmenso disgusto para otros (nacionalistas y sindicatos) es algo que me llama bastante la atención, y que me deja en la situación del tardo de entendederas, que no acaba de entender el chiste que tanta risas ha provocado en los demás.

A lo peor, por este camino, un día incluiremos en la Constitución que está feo blasfemar en público o que los españoles se comprometen a no hacer aguas mayores en calles y plazas públicas.

Pero suponiendo que los alborozados tengan razón, hay una duda que me corroe y me desazona: en este país las normas no se cumplen. O se incumplen con bastante frecuencia, salvo la ejecución de medios coercitivos.

¿Y si, a pesar de que incluso esté recogido en el texto constitucional, los dos grandes partidos se ponen también de acuerdo para incumplir lo acordado? Vamos que, de repente, ya se puede ir de nuevo a 120, y derogamos lo de 110 kilómetros por hora.

Se denomina norma a la regla a la que se deben ajustar las conductas y las actividades, pero también llamamos así a la escuadra que usan los artífices para ajustar de manera exacta piedras y maderos. Y así de rígida entienden, los alemanes, por ejemplo, que son las normas. Pero nuestros representantes políticos son, no lo olvidemos, tan españoles como nosotros. De ahí las enormes dudas.


Periodista Digital – Opinión

Cálculos electorales. Por Gloria Lomana

María Dolores de Cospedal ha dibujado la estela por donde gobernará el Partido Popular. Lo podía haber hecho Bauzá en Baleares tras suceder al catastrófico Antich, o Monago en Extremadura tras heredar la maltrecha economía de Fernández Vara, pero ha sido ella quien ha querido erigirse en la podadora número 1 del PP porque, al fin y a la postre, ella es la secretaria general. En apenas tres meses de gobierno, Cospedal ha contado coches, edificios, asesores, funcionarios, liberados, regalos y prebendas heredados, y ha visto que sólo cortando el derroche socialista podía ahorrar un 20%. Sin subir impuestos ni bajar servicios sociales. Claro que no lo ha tenido difícil porque en este caso el chivo expiatorio se llama Barreda y es de otro partido. Más difícil será ver a Fabra sacando los números rojos del despilfarro de Camps, o a Gallardón haciéndose una enmienda a la totalidad a sí mismo.

En todo caso este camino, el de la austeridad, parece que será por el que transitará Rajoy. Su círculo más cercano confiesa que el líder del PP tiene copia de la carta que el BCE ha enviado a Zapatero, urgiéndole a modificar la Constitución para poner coto al déficit público. Carta que Zapatero no ha enseñado a los españoles, como sí en cambio han conocido los italianos, receptores de idéntico apremio. Es de suponer, pues, que lo primero que hará Rajoy, cuando llegue a La Moncloa, será mostrar públicamente la carta europea que celosamente oculta Zapatero, para justificar los tijeretazos que tendrá que hacer su gobierno.

Las medidas anunciadas por Cospedal y otras comunidades autónomas del PP, a tres meses de las elecciones generales, parecen osadas por la contestación social que generan. Pero Rajoy ha pedido a los suyos que el PP se presente ante los españoles como el partido de la eficacia y el rigor, frente al desgobierno y el despilfarro socialista. Un camino arriesgado pero correcto. No es ético que, porque estemos en campaña electoral, los gobernantes dejen de tomar las decisiones que proceden. Por eso es reprobable que los socialistas estén esperando a que amaine el vendaval de la reforma de la Constitución para soltar las liebres más populistas con las que esperan mejorar en las encuestas. No es presentable que Zapatero anunciara hace cuatro meses la creación de un impuesto para las rentas más altas –como, por cierto, ya han hecho Francia, Alemania o Portugal– y que sin embargo espere a la campaña electoral para servir tan suculento plato a Rubalcaba. Ya vislumbro la jugada: el candidato socialista lleva en su programa un nuevo impuesto a los ricos y poco antes de las elecciones del 20-N le urge a Zapatero para que el Gobierno lo apruebe. Golpe de efecto que en otros tiempos habría sido maestro pero que ahora está por ver. Me temo que esta vez la mayoría de los electores buscan con su voto algo más que imagen y sonrisa.


La Razón – Opinión

Reforma. We, los catalanes. Por Maite Nolla

Lo que hemos votado los catalanes por una aplastante mayoría es que estamos de acuerdo con la reforma de la Constitución. A través de nuestros diputados, pero es lo que hay.

Parece que el refugio definitivo del nacionalismo catalán para hacerse los muy ofendidos por el asunto de la reforma será que, siendo ellos poco menos que socios fundadores de la Constitución, se les ha dejado de lado. El tema de la solidaridad interterritorial, aunque sea el "Espanya ens roba" de toda la vida, o que los parlamentos autonómicos sean los que fijen su déficit, son excusas que tienen peor explicación. Por eso, la marginación y el maltrato son mensajes más directos y fáciles de comprender. Podemos discutir si un socio fundador está legitimado para sentirse orillado si después del acto fundacional consagra su acción política a ser profundamente anticonstitucional, o si la experiencia recomienda que cualquier reforma que se lleve a cabo, se haga, al menos, al margen de estos desleales, cuando no en su contra; pero ya les digo, eso es discutible.

Lo que ha sucedido es que, como siempre, la interpretación del papel de CiU ha sido extensiva y donde pone CiU, ahora se lee Cataluña o los catalanes. Vamos, que no ha sido CiU la marginada, sino Cataluña entera. Nos quieren callados y pagando, han llegado a escribir. El problema de que un solo partido se arrogue tanta representación es que las cifras no cuadran. Aunque haya diputados del PP por Barcelona que van poco o muy poco por Barcelona –lo mismo que va por Cádiz Alfredo Pérez Rubalcaba, diputado por Cádiz, o un tal Bermejo por Murcia– lo cierto es que en el Congreso hay cuarenta y siete diputados elegidos por las cuatro provincias catalanas, y no sólo los diez de CiU y los tres de Esquerra. De esos cuarenta y siete, veinticinco son socialistas, ocho son del PP, diez de CiU, tres de ERC y uno de Iniciativa. Y en la votación sobre la reforma de la Constitución los veinticinco del PSC y los ocho del PP han votado a favor, frente a los otros catorce que han votado en contra o que no han votado. Y esos treinta y tres diputados que han votado a favor representan, más o menos, a dos millones doscientos mil votos, frente al millón doscientos mil representados por los otros contrarios. Vamos, un millón de votos más. Y si las encuestas aciertan, aunque el PSC pase de veinticinco a dieciséis diputados, CiU suba hasta quince o alguno más, y el PP pueda llegar a doce, la cosa no variará excesivamente. Es decir, que lo que hemos votado los catalanes por una aplastante mayoría es que estamos de acuerdo con la reforma de la Constitución. A través de nuestros diputados, pero es lo que hay. Así que ni choque de trenes, ni marginación, ni humillación, ni ruptura. Por eso, para la próxima vez que alguien se arrogue la representación de Cataluña, de los catalanes y de sus sentimientos, le recomiendo que se compre una calculadorita en el Vips. O mejor, en El Corte Inglés, que es patrocinador de esta casa.


Libertad Digital – Opinión

Al descubierto la otra ‘trama Gürtel’, para desesperación de RBCB. Por Federico Quevedo

Era, probablemente, de los pocos asideros que le quedaban a Alfredo Pérez Rubalcaba de cara a las próximas elecciones generales del 20-N: la ‘trama Gürtel’. Pero un auto demoledor del juez Pedreira -magistrado que, por cierto, está donde está no precisamente por decisión de la cuota del CGPJ nombrada por el PP para mayor deshonra de la actuación partidaria con la que el Gobierno ha manejado este asunto- ha desmontado la famosa trama en la que el Gobierno y el Partido Socialista habían puesto su máximo empeño, es decir, en pretender demostrar la financiación ilegal del PP. Pues no señor. No hay Filesa del PP. Aquí el único partido sobre el que la justicia ha demostrado que se financió ilegalmente sigue siendo el Partido Socialista Obrero Español, les guste o no les guste, y la famosa ‘trama Gürtel’ ni es ni ha sido nunca un montaje de financiación ilegal del partido que lidera Mariano Rajoy.
«¿Significa esto que no existe la ‘trama Gürtel’? No, significa que lo que existe es lo que siempre defendimos algunos, una serie de pillos que se quisieron aprovechar del PP y que consiguieron engañar a algunos cargos de este partido, pero lo que no hubo bajo ninguna circunstancia fue financiación ilegal.»
La verdad es que han sido casi tres años de persecución incansable, de montajes policiales y judiciales bajo la directriz del entonces ministro del Interior y hoy candidato socialista, que de manera irregular y, sobre todo, antidemocrática, utilizó las instituciones del Estado contra el PP y al servicio del PSOE. Es verdad que yo mismo defendí en su momento la conveniencia de que ante la avalancha de información y, sobre todo, ante la dureza de la campaña de acoso a la que estaba siendo sometido el PP, los imputados abandonaran sus cargos, como finalmente ocurrió. No porque fueran culpables de nada, sino porque era evidente que su permanencia estaba minando la imagen de Mariano Rajoy y perjudicaba sus aspiraciones y las aspiraciones de su partido. Así que por lealtad a las siglas y porque de esa manera podrían preparar mejor su defensa, era bueno que dimitieran. Hoy cabe afirmar que hacerlo así fue un acierto: la presión sobre el PP desapareció en cuanto abandonaron sus cargos, y su defensa ha conseguido demostrar su inocencia y que así lo vea el juez instructor al archivar las causas contra Bárcenas, Merino y Galeote.

¿Significa esto que no existe la ‘trama Gürtel’? No, significa que lo que existe es lo que siempre defendimos algunos, una serie de pillos que se quisieron aprovechar del PP y que consiguieron engañar a algunos cargos de este partido, pero lo que no hubo bajo ninguna circunstancia fue financiación ilegal. En el fondo, todo se ha basado en una pura campaña de marketing perfectamente orquestada: para que pareciera que había financiación ilegal, había que conseguir poner bajo sospecha a destacados miembros del partido y, sobre todo, a los que se ocupan de los dineros, en este caso Luis Bárcenas. Luego solo hacía falta contar con un juez sin escrúpulos -Baltasar Garzón- y medios de comunicación dispuestos a la causa, que de eso nunca le falta al Partido Socialista, y la verdadera trama, la otra ‘trama Gürtel’, estaba montada y lista para utilizarse contra el PP. Lo siguiente ahora debería ser pedir responsabilidades políticas a quienes pusieron esto en marcha, porque este tipo de operaciones de cloaca y estercolero hacen mucho daño a la credibilidad del sistema y al sostenimiento del Estado de Derecho.

Cuando un partido político y un Gobierno se saltan a la torera las más elementales normas de conducta democrática, y cuando desde las tribunas de opinión se juzga y se condena sin dar ni siquiera pie a la presunción de inocencia, el daño que se hace al sistema puede llegar a ser irreparables. Ya no se trata solo del daño personal que se le haya podido hacer al señor Bárcenas, al señor Merino, al señor Galeote… que también. Se trata de la esencia misma de un Estado de Derecho, que se fundamenta en el galantismo, y la primera de todas las garantías jurídicas es que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y lo contrario lo debe demostrar un juez en un juicio justo e imparcial. Y nada de eso ha habido aquí. ¿Quién pide ahora perdón? ¿Quién asume la responsabilidad? Nadie, por cierto. En estas mismas páginas digitales hay alguno que debería revisar muchas de las cosas que ha escrito sobre los ahora exculpados de delitos que para muchos eran inapelables. Al menos, espero que se les caiga la cara de la vergüenza.


El Confidencial – Opinión

¿A quién queremos engañar? Por Francisco Muro de Iscar

Otoño caliente porque sindicatos, indignados del 15-M, profesores y otros colectivos andan pidiendo que no se eliminen gastos ni inversiones en los presupuestos, que no se recorten derechos sociales ni se pida a los profesores de Madrid o de Castilla-La Mancha que den dos horas más de clase -ojo, no se trata de trabajar dos horas más a la semana sino de dedicar dos horas de otras actividades a dar clase- ni mucho menos que se modifique la Constitución -eso sí, con nocturnidad y alevosía- para poner límite de gasto a las Administraciones públicas. De lo que no se ha dicho nada por los sindicatos o los indignados es de la reforma laboral que ha hecho el Gobierno gracias a la cual las empresas podrán contratar en prácticas a los jóvenes y renovarles contratos temporales sin límite ¡hasta los 30 años! Un Gobierno que dijo que quería acabar con los contratos basura ha acabado haciendo basura con los contratos y haciendo lo que los empresarios ni se hubieran atrevido a proponer.

Necesitamos, ahora más que nunca, un debate sereno sobre la situación real de España porque da la sensación de que algunos agentes sociales, algunos partidos y muchos ciudadanos no son conscientes de la situación real: el doble de desempleados que la Unión Europea y hasta en agosto, con un gran año turístico, ha subido el paro; están cayendo los ingresos tributarios, es decir ingresamos menos de lo previsto a pesar de subir los impuestos, o tal vez por eso; cae el consumo de los ciudadanos; el superávit de la Seguridad Social, el colchón que garantiza pensiones y prestaciones sociales, baja a la mitad; no invierte nadie porque no hay confianza; la Bolsa está hundida; todos los organismos internacionales rebajan las previsiones de crecimiento de España para 2011 y 2012, fijados por el Gobierno; el euribor está por encima del 2 por ciento; los bancos no dan crédito; y, por si fuera poco, la reforma que fija límites al gasto de las Administraciones es un brindis al sol porque se aplicará a partir de 2020, no fija sanciones a los incumplidores y no pone cifras a ese límite porque se deja para una ley orgánica que se modificará cuando interese.

¿A quién queremos engañar? ¿Cómo no va a haber recortes de gasto y hasta de sueldos en todos los sectores? ¿Cómo mantener el Estado del bienestar si no hay ingresos para ello? ¿Cómo vamos a pagar la deuda si no tenemos dinero en la caja y no nos prestan más o, si lo hacen, tenemos que pagar unos intereses salvajes? ¿Cómo no reducir el número de asesores, interinos, funcionarios, etc. y exigir más trabajo a los que quedan? El nuestro es un problema de productividad y de competitividad, pero también de austeridad. No se puede repartir lo que no se tiene. Sobre todo si falta sentido común y voluntad de explicarlo y negociarlo.


Periodista Digital – Opinión

Mujeres. Por Alfonso Ussía

Nathalie Clifford Barney lo dejó clarísimo con su brillante sentencia: «Ni la feminidad ni el feminismo es cuestión de sexo, porque un francés es siempre más mujer que una inglesa». Lo mismo sucede con la masculinidad y el machismo. No por acostarse con mil mujeres se demuestra la hombría. Otra cosa es la virilidad. Don Gregorio Marañón puso en duda en un interesante ensayo la hombría de don Juan Tenorio, ya fuera el de Tirso de Molina o el de José Zorrilla. Aprovechando el debate, don Pedro Muñoz-Seca y su colaborador don Pedro Pérez Fernández estrenaron con gran éxito su comedia «La Plasmatoria», cuyo protagonista era un extraño instrumento que devolvía la vida a los muertos. El primer aparecido era el Tenorio, que se dirigía al patio de butacas, y bastante airado, preguntaba al público: «¿Dónde vive Marañón?».

He leído el último mensaje de Gadafi. «No vamos a rendirnos. No somos mujeres». Gadafi demuestra una mariconería elemental con su desprecio a las mujeres. Las sociedades islámicas y musulmanas tienen muy difícil su desarrollo social mientras se mantenga en la ley y en la costumbre el desprecio hacia la mujer. Las mujeres han sido, son y serán mucho más valientes que los hombres a lo largo de la Historia. El propio Gadafi encomendó su seguridad a unas centurias de mujeres durante sus cuarenta años de tiranía. Ahora empiezan a contar lo que antes callaron, y ya le han señalado dos de ellas de violador. Pero un hombre que desprecia a las mujeres no es un hombre. Para mí, que Gadafi le da al pelo y a la pluma, y más a la pluma que al pelo. Ese bótox, esas cremas, esos atavíos, esos movimientos, ese travestismo, ese histerismo de gacela herida, ensucia el paisaje de la hombría. Si estuvieran con él, allá donde se esconda, sus fieles mujeres guardianas, sus cobras leales, se sentiría más seguro y mejor defendido. Gadafi es más hiena que león, pero tiene de este último la melena y su dependencia de las leonas para sobrevivir.


«No somos mujeres». Idiota. Un ejército compuesto únicamente por mujeres sería casi invencible, y más aún, en las sociedades en las que se les abre una ventana de protagonismo porque toda la luz pertenece a los hombres. Se podrá haber beneficiado a sus cuatrocientas o quinientas centinelas, pero no es un hombre. Un hombre rodeado de mujeres, y Gadafi eligió su entorno, no puede concluir en el desprecio o el desafecto por ellas.

El misógino lo es, entre otros motivos, porque admira a la mujer y se siente acomplejado junto a ella. Margaret Thatcher, tan vilipendiada, acertó de lleno: «Si queréis discursos, pedídselos a los hombres. Si preferís los actos, a las mujeres». Lo demostró. Aquí en España los hombres montaron el GAL, y muy mal por cierto. Todavía siguen los discursos. En Gibraltar fueron abatidos unos terroristas del IRA. «Yo he disparado», le respondió Margaret Thatcher al típico parlamentario tonto de la Oposición, que en Inglaterra también existen. En una conversación a dos, Esperanza Aguirre metería a Gadafi debajo de la mesa. Porque los hombres de la izquierda española, aborrecen a Esperanza Aguirre por su valentía, que la mayoría de ellos sólo la conocen mediante el insulto y la descalificación amparados en el anonimato. La mujer habla y actúa, y el hombre murmura y se reúne. Se reúne para tomar, después de muchas reuniones, la decisión de actuar que ya ha tomado la mujer previamente sin reunirse con nadie. Ahí tienen, en un asunto menor, a Rita Barberá mostrando su bolso a los periodistas. «Sí, ha sido un regalo, ¿y qué?».

«No somos mujeres... para nuestra desgracia». No se le ocurrió. La que le espera al trucha.


La Razón – Opinión

Reforma. Y los alienígenas sin aparecer. Por Pablo Molina

Se acabaron las excusas para impiden a los gobiernos extender el déficit hasta el infinito y, de paso, solucionamos el problema del paro en España, con la industria bélica como nuevo modelo económico para tirar del PIB.

La desazón de la izquierda moderadamente radical y el nacionalismo radicalmente moderado a cuenta de la reforma constitucional que Zapatero y Rajoy han impuesto al resto de partidos, obedece a razones que tienen que ver más con la preservación de sus respectivas señas de identidad que con el contenido real de la modificación planteada y sus efectos en la economía y la política españolas.

La izquierda no quiere ni oír hablar de una reducción del déficit, incluso en términos tan inocuos como los del texto planteado, porque ante la amenaza de reducir el gasto público sus votantes salen a gritar a la calle como un reflejo pavloviano. Que lo hagan contra Esperanza Aguirre es lo que se espera de ellos, pero si acaban apedreando las sedes de IU por traidores de clase el negocio de sus dirigentes se acaba de inmediato, y eso es algo que los Llamazares, Lara y compañía pretenden evitar a toda costa. Los nacionalistas, por su parte, van a lo suyo, es decir a lo de siempre, a utilizar el simulacro de debate constitucional para esgrimir su inacabable memorial de agravios, al objeto trincar más trozos de la tarta nacional bajo la amenaza de una secesión que, por desgracia, nunca tienen las agallas de abordar en serio.


Zapatero no ha conseguido ahormar en torno a la reforma del 135 a tan variopinta concurrencia. A él ya le da igual ("para lo que me queda en la Moncloa...), pero Rubalcaba va a tener muchos problemas, todavía más, para alcanzar una derrota no demasiado abultada el próximo 20 de noviembre, algo que con la izquierda fetén en las calles protestando contra este "golpecito de estado" e indignándose contra la policía convierte ese objetivo en algo prácticamente inalcanzable.

Ahora que todo podría tener solución, claro. Tan sólo ha de cumplirse el deseo de Paul Krugman, keynesiano de pro y un genio de la economía, que para eso tiene un Nobel, y que los cielos de las grandes capitales del planeta aparezcan mañana llenos de naves nodriza procedentes de civilizaciones extragalácticas como en las mejores películas de Hollywood. Se acabaron las excusas para impiden a los gobiernos extender el déficit hasta el infinito y, de paso, solucionamos el problema del paro en España, con la industria bélica como nuevo modelo económico para tirar del PIB.

El problema es que resulta más que dudoso que algo así suceda. Además, con la mala suerte que viene tiene la izquierda en lo que va de siglo, si finalmente se presentan los visitantes igual vienen en son de paz y en lugar de una guerra en condiciones el argumento sólo nos da para una mala secuela de ET.


Libertad Digital – Opinión

Juicio político

España se ha acostumbrado con sorprendente naturalidad a aceptar como verdades tangibles las conclusiones de los juicios paralelos montados sobre el arranque de procedimientos judiciales e incluso sin ellos. La izquierda se ha convertido en una instigadora profesional de los procesos inquisitoriales con finalidad política en los que las salvaguardas y las garantías inherentes a un Estado de Derecho saltan hechas añicos. El cerco al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y al diputado popular Jesús Merino por el sumario Gürtel ha sido un paradigma de esa contaminación política de la Justicia. El PSOE montó y explotó un juicio político, con la colaboración de sus terminales mediáticas, para presentar al PP ante la opinión pública como un partido corrupto. Falsedades, manipulaciones y montajes sirvieron para levantar una tramoya que el tiempo y el Estado de Derecho han desarbolado en buena medida.

El archivo de la causa contra Bárcenas y Merino, decidido por el juez del «caso Gürtel», ha puesto en evidencia las maquinaciones socialistas que, lejos de esperar y atender al desarrollo de la instrucción judicial, sentenciaron y condenaron a Bárcenas y Merino y, por elevación, al PP. Hoy, tras largas e intensas investigaciones y un enrevesado deambular por distintos tribunales, la Justicia ha determinado que no existen pruebas de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que se le imputaban al ex tesorero ni de fraude fiscal y cohecho que se le atribuían al ex diputado.


La respuesta del PSOE a la exculpación, mediante un comunicado oficial, ha sido todavía peor que su negativo papel instigador en este asunto. Para el partido del Gobierno y para su candidato a las elecciones generales, el auto de sobreseimiento del instructor ha sido irrelevante. Lejos de hacer autocrítica, asumir errores y mostrar su respeto a la decisión del juez, la dirección socialista no se ha dado por enterada y ha exigido explicacionesy dimisiones al Partido Popular por Gürtel.

El PP ha denunciado que la causa abierta contra sus antiguos cargos fue un «montaje político» cuyo «principal director» fue Alfredo Pérez Rubalcaba. La génesis, el desarrollo y el epílogo del caso refuerzan una hipótesis veraz a la vista del papel protagonista de policías de la confianza del ex ministro del Interior y ex vicepresidente y de la contribución decisiva de la Fiscalía General del Estado, siempre en línea y conforme con la estrategia del Gobierno y del PSOE.

Los juicios políticos son una disfunción en democracia que socava las garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Estas confabulaciones partidistas contra el adversario, en las que se da por hecho que los imputados deben probar su inocencia y no la Justicia demostrar la culpabilidad, perjudican la credibilidad del sistema y la confianza de los ciudadanos en la clase política. El PSOE, con su candidato al frente, debe replantearse hasta dónde está dispuesto a llegar para debilitar al adversario y si compensa el desprestigio que suponen estas malas prácticas.


La Razón – Editorial

Minimizar los daños

La reforma constitucional, para reforzar la zona euro, sale adelante con un grave coste político.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la primera reforma sustancial de la Constitución de 1978, que ahora deberá seguir su trámite en el Senado. El acuerdo entre socialistas y populares impidió que prosperasen las enmiendas de los restantes grupos parlamentarios, algunos de los cuales se ausentaron de la Cámara durante la votación para expresar su oposición. Los intentos de los partidos mayoritarios para que CiU se sumara al acuerdo concluyeron en fracaso. Y aunque los diputados socialistas aceptaron la disciplina de voto con solo dos excepciones, la fijación de un techo de gasto en la Constitución ha abierto heridas que transmitieron una imagen de resignación y de fractura interna.

El Gobierno y el Partido Popular han justificado la reforma por la necesidad de incrementar la confianza en la economía española. Se trata de un discurso para salir del paso, en la medida en que solo de manera remota puede tener influencia sobre las actuales necesidades de financiación una medida que no entrará en vigor hasta 2020, y que además depende para su concreción de lo que establezca una ley orgánica. La reforma no es un mensaje a los sedicentes mercados, sino a los dos miembros de la eurozona que han sido más reticentes a la compra de deuda española e italiana por parte del Banco Central Europeo y que también se han mostrado más reacios a la imprescindible creación de los eurobonos. Es decir, Francia y Alemania.


Poco ganan socialistas y populares sustituyendo la explicación política de la reforma por un lenguaje mágico que ofrece sacrificios para conjurar los males que acechan a la economía española. Si la inclusión del artículo 135 en la Constitución era una condición necesaria para avanzar en la eventual creación de los eurobonos, los ciudadanos, que además no podrán expresarse en referéndum, tenían derecho a saberlo. La maltrecha construcción europea también habría ganado si, en lugar de adoptar una medida aislada y en un único país, la reforma se hubiera enmarcado en una estrategia común a la eurozona. Es probable que, tras el gesto español, otros países sigan esa senda, necesaria por lo demás. Pero el orgullo de pioneros no es razón suficiente para renunciar de antemano a un acuerdo de la eurozona. En Europa hoy, no son las instituciones y los procedimientos lo que impera, sino que es posible que dos Estados miembros formulen algo parecido a un ultimátum y que los demás emprendan una desordenada carrera para plegarse a él.

En cualquier caso, la reforma está lanzada y el objetivo es ahora minimizar los daños políticos que ha provocado, sean muchos o pocos los beneficios económicos que reporte. Hasta ahora, la Constitución había soportado la desafección de grupos heterogéneos, desde los nacionalistas hasta los críticos de la transición, tanto de derechas como de izquierdas. A partir de este momento se puede enfrentar, además, a una desafección social, la de quienes, pese a la reforma, seguirán pagando las consecuencias más graves de la crisis.


El País – Editorial

Un ultimátum también para PP y PSOE

Si no hay cumplimiento voluntario del ultimátum del Tribunal Supremo, corresponderá al PSOE y al PP defender la división de poderes en nuestro país y garantizar los derechos de los catalanes, aun en contra de los deseos de CiU.

El desacato de la Generalitat de Cataluña a las reiteradas resoluciones del Tribunal Supremo, inspiradas a su vez en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el encaje del Estatut en nuestro ordenamiento jurídico, pone de relieve dos graves deficiencias de nuestro Estado de Derecho.

La primera es que, al parecer, una parte de la administración pública –en concreto el Gobierno autonómico de Cataluña– parece estar exenta de cumplir las leyes y las sentencias de los tribunales. La Generalitat ha hecho caso omiso al mandato del Tribunal Supremo y nada se ha intentado para forzar su cumplimiento. No olvidemos que el sometiendo forzoso a las leyes no es ningún prejuicio reaccionario que limite la "libertad" o la "autonomía" de los incumplidores; al contrario, es una garantía de que la administración no violentará las libertades de los ciudadanos. Cada día que pasa sin que la Generalitat acate la sentencia del Supremo es un día más que ésta viola impunemente las libertades y los derechos de los catalanes.

El segundo es que ese exceso de celo de la Generalitat por incumplir las leyes tiene como propósito prolongar un proceso de imposición lingüística en el ámbito educativo. Es decir, los nacionalistas ni siquiera incumplen la ley para obtener un lucro personal directo, sino que lo hacen por motivos puramente colectivistas: utilizar a los ciudadanos catalanes como peones en la construcción de la Gran Cataluña. Tal es el fanatismo identitario de los nacionalistas –fanatismo que, como es obvio, impregna todas sus acciones de gobierno, no sólo las que afectan a la educación– que están dispuestos a rebelarse contra las órdenes del más alto tribunal de España con tal de no dar su brazo a torcer.

Si no hay cumplimiento voluntario del ultimátum del Tribunal Supremo, corresponderá al PSOE y al PP defender la división de poderes en nuestro país y garantizar los derechos de los catalanes, aun en contra de los deseos de CiU. En este caso, no caben componendas electorales ni medias tintas conciliadoras; lo que está en juego es demasiado importante, mucho más que un eventual apoyo parlamentario del nacionalismo catalán.


Libertad Digital – Editorial