miércoles, 7 de septiembre de 2011

Madrid. Los sindicatos de profesores se quejan. Por Carlos Jariod

Mucho me temo que lo que vuelve a pasar es que alguien desea convertir la educación en un instrumento de agitación social.

Nuestros sindicatos de profesores se quejan. No, no es por llamar la atención sobre nuestro fracasado sistema educativo. Tampoco se quejan por la falta de autoridad y prestigio del profesorado ante los alumnos y la sociedad. Bien calladitos han estado ante la sistemática entrada del peor pedagogismo en nuestras aulas. Con las debidas excepciones, nada hemos sabido de ellos cuando generaciones enteras de jóvenes terminaban la ESO o el bachillerato sin saber hacer la o con un canuto.

Hay que reconocer que hay que hacer grandes filigranas intelectuales para explicar a la sociedad española la anunciada huelga de docentes en la Comunidad de Madrid. La razón que se da es que habrá un significativo descenso de la calidad de la enseñanza. En efecto, eso de obligar a trabajar dos horas más a la semana a los profesores –dicen– es un atentado contra la calidad de enseñanza: además los tropecientos mil millones de interinos que se dejarán de contratar.... Los sindicatos hablan de tres mil o más.

Vayamos a los hechos. Trabajar más no quiere decir trabajar peor. Basta ya de sofismas. Trabajar más es trabajar más. Y quizá sea esto lo que moleste. En principio nadie desea trabajar más; no obstante, en Madrid, su presidenta ha prometido un incremento retributivo a los docentes (a lo que, por cierto, no está obligada). La calidad de la enseñanza no depende sólo de las condiciones materiales o laborales de los docentes, sino del compromiso personal del maestro con el alumno que tiene delante. Por supuesto que las condiciones laborales son importantes, pero un buen maestro, siempre, ha superado las dificultades profesionales con su amor –si digo bien: amor– a su vocación y a la persona a la que enseña.


Lo que les pasa a muchos profesores –no todos, afortunadamente– es que en ellos se ha instalado una mentalidad funcionarial que ha sustituido al deseo desinteresado por enseñar su materia; ven en el alumno un cliente o un ciudadano al que se le presta un servicio público y no una persona abierta a la verdad, al bien y a la belleza.

Seguimos pensando que la calidad de la enseñanza se mide por la cantidad de dinero invertido en las partidas educativas. Es una falacia. Si así fuera, nuestra enseñanza pública tendría un prestigio y unos resultados mucho mejores de los que tiene. Si así fuera, los padres no preferirían matricular a sus hijos en centros concertados, cuyos profesores en secundaria imparten veinticinco horas semanales de clase; centros que malviven con unos conciertos insuficientes, con unas instalaciones muchas veces obsoletas, sin departamentos didácticos, sin reuniones de coordinación recogidas en los horarios de los docentes, etc. Cuanto más dinero mejor, sí, pero no invirtamos el orden. Lo principal es un claustro unido e identificado con un proyecto educativo; lo esencial es un grupo de maestros y profesores comprometidos con vocación de entrega. Profesores que les fastidiará trabajar dos horas más, pero que saben muy bien por qué y para quién trabajan. Una huelga de profesores es como una huelga de médicos: un disparate lógico y moral, una contradictio in terminis, puesto que nadie en su sano juicio se niega a enseñar al que no sabe o a curar al enfermo.

Los sindicatos de profesores afirman además que más de tres mil interinos en Madrid dejarán de ser contratados. Faltan a la verdad. Desean trasladar la idea de que el Gobierno prescindirá de todos los interinos. Pero Lucía Figar, con sentido común, lo que ha afirmado es que, una vez que las plantillas de los centros se hayan revisado con los nuevos criterios, se contratarán los interinos necesarios. Nadie puede saber exactamente cuántos interinos se necesitarán, pero lo que es seguro es que se contratarán interinos. Insinuar lo contrario o dar cifras de miles de interinos que de repente no tienen trabajo es demagogia.

Mucho me temo que lo que vuelve a pasar es que alguien desea convertir la educación en un instrumento de agitación social. Como profesor, la sensación personal que tengo es que la mayoría de los docentes sabe muy bien que estamos en unas circunstancias excepcionales y que se nos pide un esfuerzo que en absoluto es desmesurado. Quien es buen profesor lo seguirá siendo; quien no lo es, seguirá siendo mediocre.

Los alumnos que tendremos delante de nosotros la próxima semana no saben de sindicatos, ni de luchas laborales. Esperan de nosotros, sus profesores, que seamos ventanas abiertas al conocimiento por las que ellos puedan asomarse. También lo esperan sus familias. No podemos defraudarlos.


Libertad Digital – Opinión

La solidaridad... de los demás. Por Luis del Val

Creo que la mayoría de los españoles estamos de acuerdo en que no se puede gastar más de lo que se recauda, y que habrá que hacer recortes. Que pintan bastos lo saben millones de personas que están en el paro o lo han estado en los tres últimos años, y le han visto el rostro auténtico de la crisis, cuando el piso que compraron con tanta ilusión fue embargado al no poder hacerse cargo de los plazos de la hipoteca. En teoría, hay una cierta aceptación para asumir que vivíamos por encima de nuestras posibilidades -sobre todo algunos- y que son necesarios algunos recortes. Repito: en teoría. Cuando de la teoría pasamos a la práctica desaparece la solidaridad y comienza "lo mío es fundamental e intocable".

Es muy probable que los trabajadores de la enseñanza tengan razón en sus reivindicaciones y en sus quejas. Y que, si en lugar de trabajar 34 horas a la semana -según el convenio- van a tener que dedicar dos horas más, no es un regalo, porque a nadie le gusta cobrar lo mismo por trabajar ciento veinte minutos más a la semana. Ahora bien, ya les hubiera gustado a muchos de los cientos de compañeros míos periodistas, que hoy se encuentran en la calle, y que llevaban a cabo jornadas de 50 y 60 horas semanales, que les hubieran dado la oportunidad de dedicar dos horas más gratis, con tal de conservar el empleo. Y lo mismo digo de cualquier otra actividad laboral.

También estoy de acuerdo en que la educación es un sector estratégico, pero no menos que el sanitario, donde depende la vida de todos nosotros, o el policial, o los bomberos, o el militar, que son gente donde a las muchas horas semanales han de añadir el riesgo de la existencia.

Ya sabemos que una cosa es predicar y, otra, dar trigo, y que la solidaridad es algo en lo que estamos de acuerdo siempre que la responsabilidad caiga sobre los otros. Como en el viejo chiste del comunismo: se reparte todo menos las bicicletas, porque yo tengo una.


Periodista Digital – Opinión

Crisis política. ¿Cómo defender al PP? Por Agapito Maestre

Reconózcase que lo más terrible de todo, a pesar de la situación de crisis económica, política y moral en que Zapatero deja a la nación española, es que el PSOE tiene todavía 8 millones de votos.

Estamos en campaña electoral. Todos los medios de comunicación están movilizados a favor de sus candidatos. La izquierda mediática sabe hacer a la perfección su trabajo: será inflexible y mostrará todas las debilidades del candidato popular y, por supuesto, será implacable con sus carencias ideológicas, culturales y políticas, dejo al margen la cuestión económica; por el contrario, la derecha mediática puede empezar a tener los mismos problemas que ha empezado a exhibir el candidato popular y su entorno: ¡Temor ante la conquista del poder!

Es raro, en efecto, no encontrarse en la calle a algún funcionario "ideológico" del PP, con pretensiones de mantenerse o situarse mejor en los aparatos ideológicos del Estado, que deje de advertirte que la cosa será difícil para los populares, y que Mariano Rajoy, nada más llegar al poder, tendrá que someterse a la movilización permanente de la izquierda. Es como si antes de llegar al poder, antes de ganar las elecciones, toda esta gente tuviera dudas sobre sus propias capacidades para defender sus posiciones. Las dudas de Rajoy, esas insistencias sobre lo difícil que resultará resolver la crisis económica, ya han sido interiorizadas por todos los palmeros del PP. ¡Cuidado, amigos, con ese miedo a ejercer el poder!


Esa actitud cobardona, ese ponerse la venda antes de producirse la herida, no sólo responde a la impericia y carencia de inteligencia política de muchos defensores del PP, sino también es el precipitado final de una falta de autonomía en su juicio que hace, o peor, convierte a estos periodistas e intelectuales en unos "arrastrados" de las consignas populares, incapaces de detenerse en los gravísimos déficits del programa del PP ni en reparar sus posibles soluciones antes de llegar al poder. No es el caso de entrar aquí en los límites ideológicos, culturales y políticos del actual PP, pero, por favor, quien defienda al PP tenga el valor de reconocer la situación trágica en la que llegará Rajoy a la presidencia del Gobierno.

Reconózcase que lo más terrible de todo, a pesar de la situación de crisis económica, política y moral en que Zapatero deja a la nación española, es que el PSOE tiene todavía 8 millones de votos; reconózcase que lo más dramático de la situación española, a pesar de que los españoles han tenido que soportar el peor presidente del Gobierno de los últimos treinta años, es que el PSOE aún tiene aún un suelo electoral de 8 millones de votantes. En fin, nadie se llame a engaño, reconózcase que tiene que ser lacerante e inquietante para el próximo presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, que todas las encuestas le den como ganador, a pesar de ser un candidato peor valorado, en todos los órdenes, que Pérez Rubalcaba. Esto es, se mire desde donde se mire, trágico.


Libertad Digital – Opinión

Doble ataque de contrariedad de los nacionalistas de CiU. Por Antonio Casado

Quisieron traficar políticamente con su eventual incorporación al reciente consenso para reformar la Constitución, que finalmente no fue posible, y ahora sobreactúan en el debate sobre la llamada inmersión lingüística. De nuevo la invención del agravio como palanca negociadora. Alguna vez habrá que empezar a decir que los partidos nacionalistas no son una especie protegida en el régimen democrático alumbrado en 1978. Están tan expuestos como los demás a las vicisitudes del juego político. Unas veces se gana y otras se pierde. Con las mismas reglas para todos, incluida la canalización de la voluntad popular a través de los partidos políticos y la formación de mayorías.

Aplíquense el cuento los dirigentes de CiU (Convergencia y Unió), en funciones institucionales después de haber ganado en las urnas el democrático derecho a ejercer el gobierno de la Generalitat. Calificar de antidemocrática la reforma constitucional pactada por los dos grandes partidos nacionales (por innecesaria, redundante o inútil que a muchos nos pueda parecer) o interpretar como un ataque a Cataluña las sentencias del Constitucional y del Supremo sobre el uso de la lengua catalana en la enseñanza, es sacar las cosas de quicio.


El quicio de todo lo que ocurre en un Estado de Derecho es el imperio de la ley como expresión de la soberanía nacional y la obligación de los poderes públicos de cumplirla y hacerla cumplir. Eso parece haberlo olvidado el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien hace un par de días advertía de que se mantendrá firme en la defensa de la identidad catalana. ¿Y eso porque los más altos tribunales del Estado del que también forma parte la Generalitat han sentenciado que las dos lenguas oficiales de Cataluña, el catalán y el castellano, son vehiculares en los planes educativos?

Lo nuevo es el auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a la Generalitat a no demorar en más de dos meses la aplicación de las sucesivas sentencias del Constitucional (junio 2010) y el Supremo (diciembre 2010). La consejera de Educación del Gobierno de Cataluña, Irene Rigau, ha anunciado la intención de recurrir el auto. Lo que no puede recurrir es la doctrina del Tribunal Constitucional y la última palabra jurisdiccional del Tribunal Supremo. Por respeto y lealtad al ordenamiento jurídico-político que nos hemos otorgado el conjunto de los españoles, incluidos los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas.

“Ellos se lo guisaron, ellos se lo comerán” decía la semana pasada un airado Durán i Lleida, portavoz parlamentario de CiU, porque su partido no fue invitado a cocinar el pacto para convertir el equilibrio presupuestario en mandato constitucional. “Ellos”, como dice Durán en alusión a PSOE-PP, representan el 83,8% de los votos y el 92% de los escaños. Y aún así, los dirigentes de los dos grandes mostraron una casi obsesiva voluntad de incorporar al acuerdo a un partido nacionalista periférico que representa el 3 % de los votos y los escaños.

A escala nacional, claro. “Lo que ustedes llaman nacional”, dijo Durán la semana pasada en el Congreso. Esa forma de expresar su ataque de contrariedad lo explica todo. Todo menos la obsesión de los partidos centrales de seguir tratando a los nacionalistas como si fueran urogallos en peligro de extinción.


El Confidencial – Opinión

Vamos a crear empleo ¿pero cómo? Por Andrés Aberasturi

Y seguimos en el largo peregrinar de emisora en emisora, de plató en plató, de entrevista en entrevista para la vieja y querida prensa escrita. Ya se van perfilando los mensajes claramente y si por el lado del candidato Rubalcaba salen a relucir los ricos, por el del candidato Rajoy no se deja de hablar de los emprendedores; el PSOE habla de la motosierra del PP y el PP le contesta que para motosierra los cinco millones de parados. Y así.

Lo que no termino de entender son los conceptos exactos de todas estas cosas: no sé muy bien quienes son los ricos o cuando uno llega a esa categoría ni sé si me cruzo por la calle con un emprendedor o con un miserable chupatintas. No debe ser fácil distinguirlos a pie de obra porque siempre habrá un solo euro que separe al rico del que no lo es y una idea posiblemente brillante que nunca se hizo realidad vaya usted a saber por qué, privó al chupatintas de subir al escalón glorioso del emprendedor.


Pero lo que de verdad mosquea es la obsesión de unos y de otro por crear empleo. No es que no sea es objetivo el más importante de todos -tal vez el único para empezar a salir de este desastre-, sino que nadie explica la fórmula. Rubalcaba es fundamentalmente didáctico y gusta mucho preguntarse y responderse (para mí que estudió el catecismo del Ripalda); pues bien, afirma rotundo don Alfredo: "voy a sacar no sé cuántos millones a los ricos". E inmediatamente se pregunta él mismo: "¿Y saben a qué voy a de dedicar esos millones?" Pausa valorativa de forma que los oyentes estamos es ascuas. Don Alfredo se responde: "A crear empleo. A crear empleo". No me he equivocado, es que le gusta repetir las cosas un par de veces. Yo aplaudo entusiasmado en la cocina (que es donde oigo la entrevista) hasta que me asalta una duda: ¿Y cómo crea un gobierno empleo aun disponiendo de millones? Porque hasta donde yo sé el empleo, fundamentalmente, es cosa de la iniciativa privada en los regímenes que no son socialistas. Los gobierno lo que pueden hacer -y mal, como se ha demostrado- es crear empresas públicas ruinosas y subsidiar compromisos pero eso es un lastre y una contradicción cuando se ponen a la venta -por un gobierno socialista- AENA o las loterías que se apellida desde hace un millón de años "Nacionales". Que nos explique un día Rubalcaba cómo va a crear puestos de trabajo con los millones de los ricos.

El problema de la productividad y el empleo es que admiten toda clase de trampas: si yo tengo un restaurante y en lugar de hacer seis tortillas de patas hago doce, he aumentando considerablemente mi productividad. Y si en lugar de tener dos camareros, tengo uno para que abra la puerta, otro para que entregue la carta, dos para el agua y el vino y tres más para las comandas, he creado no sé cuantos puestos de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que en todo el día solo he vendido una tortilla de patatas. Puedo seguir aumentando mi productividad y mi plantilla hasta el absurdo y la quiebra definitiva. Eso se hacia en los países comunistas donde, efectivamente, no había paro (ni libertad) pero sobraba frío y hambre. Cuando de jóvenes vimos esa realidad, se nos cayeron a la vez lágrimas de utopía y vendas de irrealidad.


Periodista Digital – Opinión

No se trata de eso. Por José Antonio Vera

Quien piense que con anunciar cuatro leyes, tres ajustes y una reforma etérea de la Constitución ya está todo hecho, se equivoca. A los inversores (o sea, a los mercados) se les puede distraer unos días y unas semanas e incluso unos meses, pero al final siempre se acaban enterando de cómo está de verdad la situación.

Por eso no sirvió de mucho el primer paquete de medidas de hace un año y tampoco todas las demás anunciadas a bombo y platillo después, con escasa trascendencia real, por cierto. Por mucho que subamos los impuestos o reduzcamos el sueldo de los funcionarios o congelemos las pensiones, si la economía no funciona y no se crea empleo de verdad, el control del déficit no será más que cosmético.

Para bajarlo de verdad, y para aminorar la deuda, es necesario crear empleo. Por eso hay que reducir el gasto, pero no todo el gasto. El gasto burocrático e improductivo sí, pero aquel destinado a la inversión sigue siendo necesario, porque si no la economía se paralizará por completo.
Donde hay que recortar es en cargos públicos, dietas oficiales, embajadas autonómicas, publicaciones ministeriales, prebendas, chanchullos, amiguetes, televisiones públicas y subvenciones.

En eso se hace poco, mientras que se insiste en medidas contra los sueldos de los funcionarios, las pensiones y los colectivos más necesitados. Ellos son los que pagan de verdad la crisis. Y no se trata de eso.


La Razón – Opinión

Profesores. Mejorar la calidad educativa a golpe de huelga. Por Pablo Molina

Gobierno, partidos políticos, profesores, ilustre cuerpo sindical, alguien tendrá algún día que responsabilizarse del desastre de nuestra educación pública.

No es cierto, en contra de lo que afirma cierta sentencia popular, que si matriculas a una cabra en nuestro sistema público de enseñanza pueda llegar hasta el nivel universitario. Sus dificultades para coger el lápiz le harían suspender irremediablemente los exámenes de la selectividad, que en su mayoría son de tipo test, pero con todo, y adecuadamente disfrazado, un choto de natural sosegado sí podría perfectamente llegar hasta la ESO.

Gobierno, partidos políticos, profesores, ilustre cuerpo sindical, alguien tendrá algún día que responsabilizarse del desastre de nuestra educación pública, porque los documentos de las instituciones que se encargan de realizar estudios comparativos internacionales sobre la materia van a tener que incluir un suplemento en la parte inferior del informe para colocar a España, dado que ya hemos superado todas las barreras en depauperación educativa.

Pero en la España de ZP la irresponsabilidad es la norma, hasta el punto de que Rubalcaba, el Atila de la enseñanza española, autor de la maquinaria logsiana que puso en marcha esta empresa de derribos, en lugar de recluirse de por vida en un cenobio cartujo para pedir perdón por haber destrozado el futuro de los hijos de la gente pobre ahora se postula para presidente del gobierno.


Por lo que sabemos, y a tenor de la facundia con que han decidido convocar una huelga contra la comunidad de Madrid, los sindicatos de la enseñanza pública tampoco tienen pensado asumir siquiera una ligera responsabilidad en el desfonde absoluto del sistema estatal de educación. Ajenos a la catástrofe provocada, de la que han sido grandes partícipes por su apoyo a los engendros curriculares surgidos la pedagogía progresista, cifran los problemas de la educación en el hecho de que a sus afiliados se les aplique con menos benevolencia la pauta horaria que establece la ley, a raíz de lo cual una parte de los actuales interinos en activo pasarán a la bolsa de trabajo a cobrar el subsidio de desempleo.

Desde los resorts de superlujo se elaboran grandes estrategias reivindicativas, pero los problemas de los padres que no tenemos más opción que la educación pública y queremos para nuestros hijos un futuro parecido al de los retoños de las clases pudientes continúan cada vez más acuciantes.

Afortunadamente, los sindicatos de clase (alta) tienen una escasa representación en el cuerpo sindical de la enseñanza, formado mayoritariamente por organizaciones profesionales a pesar de que en esta ocasión hayan decidido formar con la alegre infantería de la izquierda para sumarse a la convocatoria de esta huelga. De la lucidez de sus dirigentes y de la honestidad de los profesores de la educación pública depende que, en momentos de crisis brutal como los que atravesamos, el sistema estatal de enseñanza no haga aún más profunda la sima de su descrédito. Si la huelga prevista para el día 14 de este mes fracasa, significará que los padres españoles todavía tenemos alguna esperanza.


Libertad Digital – Opinión

Alvarez Cascos en Madrid. Por Magdalena del Amo

Esperanza Aguirre siempre manifestó públicamente que Francisco Álvarez Cascos era el mejor candidato del PP por Asturias, y el resultado electoral le ha dado la razón. Lo que no le gusta tanto es que pretenda arrebatarle votos en Madrid donde Foro Asturias concurrirá a las generales si consigue las firmas necesarias que impone la nueva legislación electoral.

Aguirre, siempre tan aguda y sin pelos en la lengua, propone que Rajoy cierre un acuerdo con Cascos y “cuanto antes, mejor […] todos tienen que dar pasos”. No es para tomar a broma el partido fundado por el Presidente del Principado, aunque algunos hablen de “partidillo”. Es cierto que son coyunturas distintas. El PP astur era un partido agonizante que se había acostumbrado al dolce far niente, amparando, de alguna manera, la corrupción de los socialistas. El conocido como “Caso Riopedre”, con varias personas del Gobierno socialista en la cárcel, entre ellos el consejero de Educación, es de vergüenza nacional; el apestoso asunto de Villa Magdalena y el aparcamiento de la calle Uría en pleno centro de Oviedo; el tema Vipasa por los minipisos de la Laboral que incluso salpicó a algunos populares; chanchullos varios en ayuntamientos, o el plan general de ordenación gijonés, ahí están, por si hay dudas.


Mientras todo esto ocurría, el PP hacía la vista gorda y seguía durmiendo en los laureles. Ítem más, antes de las elecciones del 22 de mayo se celebró una famosa reunión, que pasó a los anales como “el pacto de la Zoreda”, donde PSOE y PP se confabularon para pactar contra el enemigo Cascos. Y se pactó después de los comicios que dieron la victoria al de Luarca, y a Foro Asturias le arrebataron la presidencia de la Junta General del Principado al votar los socialistas al candidato popular Fernando Goñi, a cambio claro está de algunas prebendas. Total, que los socialistas, ahí siguen, aliados con el PP, resolviendo sus negocios.

Madrid, no obstante, es otra cosa. Esperanza Aguirre es una de las personas más valiosas y capaces del PP y lo demuestra en las urnas. Pero bien estaría llegar a un acuerdo aunque a la secretaria Cospedal no le guste nada. La actual Presidenta de Castilla-La Manche tuvo mucho que ver en la eliminación de Cascos y en el nombramiento de Pérez Espinosa. Cosas del feeling, y algo más, pues otro conflicto de intereses un tanto sombrío relacionado con las cajas bullía en ese momento. Ahora se teme que la concurrencia de Álvarez Cascos en Madrid pueda favorecer a Rubalcaba. Quizá mucho menos de lo que se piensa, por muchos asturianos nostálgicos que haya en la capital y muchos madrileños veraneantes en el país de las xanas.

Según el presidente del PP de Asturias, Ovidio Fernández, Cascos sólo pretende dividir el voto de centro-derecha y evitar que el PP tenga mayoría absoluta. No creo que sea esa la intención, y sí que Foro tenga representación en las Cortes Generales, cosa que conseguirá con los votos del Principado, más abundantes si cabe que el 22 de mayo, a juzgar por los cabreos tras el pacto PSOE-PP. En cualquier caso –aviso a la cúpula popular, Aguirre tiene razón—no estaría de más aparcar berrinches y cuestiones personales pasadas. Y no lo digo por el asturiano, que nunca le llamó cuarentona a Pérez Espinosa. Ya saben a qué me refiero.


Periodista Digital – Opinión

Lentejas tortis. Por Alfonso Ussía

He leído con divertido estupor la formidable «canela fina» de Luis María Anson «Lo que yo quiero ser es amigo de Trinidad Jiménez». Me sumo a la pretensión. Y ruego ser nombrado vicepresidente de la «Fundación de la lenteja Renka Hormonada para la Estimulación Sexual de la Mujer Lesbiana», que disfruta de una generosa subvención del Ministerio que ocupa doña Trini, que a estas alturas de la cosa, vaya usted a saber de cual de ellos se trata. No obstante, es necesario advertir a las futuras consumidoras de tan interesantes lentejas de que aún no están bien distribuídas en los mercados, ni en las grandes superficies ni en los tradicionales comercios de ultramarinos. He vuelto de hacer la compra un tanto decepcionado, y en ese estado de melancólica desilusión me hallo cuando escribo estos renglones. La bella y simpática dependienta de un importante hipermercado ha solicitado mi demanda al notarme un tanto despistado en la zona dedicada a las papilionáceas. «Señor, ¿desea algo que no encuentra?»; «pues sí, señorita. Quisiera adquirir cinco kilogramos de lentejas Renka hormonadas para la estimulación sexual de las mujeres lesbianas. No pueden ser caras porque están subvencionadas por doña Trinidad Jiménez». La dependienta, gran profesional, ha reaccionado como el mítico vendedor de los almacenes «Harrod’s» de Londres, cuyo eslogan era «Nada hay en el mundo que no pueda comprar en Harrod’s», que se las vio con un cliente que deseaba un rinoceronte blanco. El cliente era un multimillonario tejano con ganas de enredar, pero se topó con un empleado modélico. «Lo sentimos señor. No nos quedan rinoceronres blancos, pero si lo desea, en la quinta planta puede formalizar la solicitud, y se lo enviaremos en pocas semanas». En efecto, en la quinta planta fue atendido, abonó una señal, dejó su dirección, y treinta días después recibía en su rancho tejano un gran cajón con un rinoceronte blanco. Pues la dependienta del hipermercado es de su escuela. «Lo lamento, señor. Se nos han acabado las lentejas tortis, pero si las necesita con urgencia nos ponemos en contacto con su distribuidor, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en dos días puede pasar a recogerlas».

Un gran fallo comercial. Si doña Trini, con el dinero de todos los españoles, subvenciona con decenas de miles de euros las lentejas Renka hormonadas para la estimulación sexual de las mujeres lesbianas, hay que atender a la libre demanda de las mismas y distribuir con más eficacia el ansiado producto, aunque sus potenciales compradores no seamos mujeres y tampoco lesbianas. La libertad es eso, doña Trini. Si con mi dinero usted subvenciona este producto leguminoso y específico, me sobra derecho para poder adquirirlo con el mismo desparpajo que sus futuras beneficiarias. No es admisible en la alta política social que usted practica, invertir en la lenteja Renka hormonada para la estimulacion sexual de las mujeres lesbianas, y no encontrar en establecimiento alguno lentejas Renka hormonadas para la estimulación sexual de las mujeres lesbianas. Se lo digo con toda seriedad, doña Trini. No hay derecho. Un hallazgo como el subvencionado por usted con el dinero de los contribuyentes no puede padecer el límite de la mera producción. Hay que distribuirlo posteriormente para redondear el acierto. Hoy nos hemos levantado con una mala noticia. La prima de riesgo española es de 341 puntos, la Bolsa está por los suelos, España se halla al borde de la quiebra y usted combate la situación subvencionando lentejas para estimular a las tortis sin distribuirlas en los mercados. Además de otras cosas, usted es más que mandada hacer de encargo. Después del «más» ponga el adjetivo que prefiera.


La Razón – Opinión

Rubalcaba. Zurremos a los ricos. Por José García Domínguez

Aunque, es sabido, en periodo de celo electoral nada puede la lógica económica frente al fetichismo fonético. Ah, la justicia poética. Ah, la espada flamígera del pueblo ensartando a los malvados ricachones.

Prueba de la definitiva bancarrota intelectual de nuestra socialdemocracia doméstica, mientras González anda suplicando los eurobonos a fin de dotar de respiración asistida al sistema financiero, un Rubalcaba travestido de Evita Duarte amenaza a la banca con gabelas punitivas. Tal que así, a falta de ideas, parece que vuelve a instalarse en Ferraz un gran clásico de la demagogia garbancera: la pirotecnia tributaria, ese vinagre agrio siempre tan caro al resentimiento social. Carnaza retórica para contento del vulgo. Fuegos de artificio fiscal sin eficacia recaudatoria digna de mención. Charlatanería huera de exclusivo consumo entre las capas más acéfalas del censo. Un género tarado y de contrabando, sí, pero mercancía bien rentable en las urnas. Y simulacro cara a la galería tanto más obsceno cuando se repara en la inminencia de Basilea III.

Basilea III, que no es un campo de fútbol como debe de barruntar el candidato de los descamisados, sino el acuerdo internacional que obligará a recapitalizar los bancos españoles en plazo tan perentorio como 2012. Cientos y cientos de millones de euros que, en nombre del sagrado mercado libre, acabarán desembolsando, quién si no, los contribuyentes. He ahí el genuino tributo no a los bancos, sino de los bancos, el que más pronto que tarde deberemos sufragar a escote. Por lo demás, mejor haría el PSOE poniéndole una vela a la Virgen en lugar de un impuesto a sus cajas de ahorros. Y es que con una "inversión" de 217.000 millones de euros enterrada en cemento suburbial –un 46% de ella "potencialmente problemática" según el eufemismo al uso– van a necesitar algo más que ayuda divina para salir de ésta.

Aunque, es sabido, en periodo de celo electoral nada puede la lógica económica frente al fetichismo fonético. Ah, la justicia poética. Ah, la espada flamígera del pueblo ensartando a los malvados ricachones. Esa alquimia semántica que permitirá transmutar el Impuesto del Patrimonio, aquel obsoleto castigo contra las clases medias –Zapartero dixit–, en inopinado azote de "los poderosos". La misma magia que igual habrá de convertir en siniestra plusvalía del "capital" la propiedad de tantos pensionistas, jubilados y demás potentados adictos al bono-bus, a las estufas de butano y a las cartillas de ahorros. Y encima con recochineo peronista.


Libertad Digital – Editorial

Obediencia a los tribunales

La Generalitat catalana está dispuesta a prolongar la polémica lingüística hasta donde la ingeniería procesal le permita, algo que, por lo demás, es lo que ha ocurrido en las últimas tres décadas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional han sido favorables a que el castellano fuera lengua vehicular, pero a día de hoy el modelo de inmersión lingüística de Cataluña discrimina a los castellanohablantes sin atender a las resoluciones judiciales. Asistimos ahora a otro nuevo capítulo de una polémica endémica derivada de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dado dos meses al Ejecutivo nacionalista para equiparar el castellano y el catalán en el sistema educativo de la comunidad. El Tribunal apremiaba a la administración a cumplir una sentencia concluyente del Supremo que había sido desobedecida. El conflicto con la lengua en Cataluña afecta de lleno a fundamentos nucleares del Estado de Derecho, por lo que cuesta creer que en pleno siglo XXI se mantengan actitudes maximalistas y resistentes por parte de la mayoría de los políticos catalanes, a excepción del PP. Que ayer mismo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, asegurara, en tono desafiante, que, digan lo que digan los tribunales, se mantendrá el modelo de inmersión lingüística en las aulas es una respuesta antidemocrática e irracional. Homs, como el resto de la Generalitat, no puede desconocer que en un Estado democrático y de derecho el sometimiento a la Ley no es cuestionable y que las decisiones de los tribunales no son interpretables, sino que son de obligado cumplimiento. Nadie está por encima de la Ley, ni siquiera los nacionalistas. El recurso a la resolución del TSJC es legítimo, así como la defensa del modelo que entienden mejor para la sociedad, pero ir más allá es situarse en una posición de desobediencia que no es propia de políticos rigurosos. La polémica lingüística no tendría recorrido en ningún país de nuestro entorno. Los nacionalistas, que han instrumentalizado históricamente el catalán en favor de su estrategia, que no de los ciudadanos, han manejado como un dogma que los idiomas tienen derechos. No es así, los ciudadanos son sus titulares y, en este caso, los padres son los poseedores del derecho a elegir en qué lengua deben ser educados sus hijos. Y, mal que les pese a los nacionalistas radicales, la realidad es que el castellano es la lengua oficial del Estado y Cataluña es una parte de España. Ha causado también perplejidad cómo los políticos nacionalistas y socialistas se han lanzado en tromba contra el PP en este asunto con el falso victimismo y la retórica trasnochada habituales. Es evidente que toda esa sobreactuación contra los populares responde a un interés electoral. El PSOE y su candidato quieren pescar en este río revuelto con la esperanza de que el globo se hinche y la mayoría absoluta del PP se complique. Los populares no han aparcado ni la moderación ni el buen criterio en un debate que algunos quieren abordar de forma visceral. La posición del PP se ciñe al cumplimiento de las decisiones judiciales y al respeto al derecho constitucional de los padres. Una actitud equilibrada y, sobre todo, justa.

La Razón – Editorial

Batalla insensata

El Supremo no cuestiona el modelo lingüístico catalán; insta a que no se excluya el castellano.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a la Generalitat a revisar el modelo de inmersión lingüística en la enseñanza, en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, está abriendo una indeseable guerra política. A escasos días del 11 de septiembre, Diada de Cataluña, y a dos meses de las elecciones del 20-N, los partidos han hallado un buen arsenal propagandístico con el que cargar sus baterías dialécticas. El PP y Ciutadans, por un lado, y el resto de partidos, por otro. Se trata de una batalla que en nada beneficia a una sociedad que convive desde hace casi 30 años en armonía con un modelo de inmersión lingüística ampliamente aceptado, aunque con algunas dificultades para dar satisfacción a las demandas minoritarias de ciudadanos que desean una enseñanza en castellano para sus hijos.

La inmersión lingüística parte de la Ley de Normalización de 1983, que el Parlamento catalán aprobó sin un solo voto en contra. El Supremo dio luz verde a la ley en 1988 y el Constitucional la avaló en 1994. Pero en 2010 la sentencia sobre el nuevo Estatuto introdujo de manera explícita un matiz que hasta entonces solo se daba por supuesto: el carácter del castellano también como lengua vehicular de la enseñanza, aunque sin cuestionar el lugar central que la ley y los propios tribunales atribuyen al catalán en su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo. En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo admite la demanda de una familia a favor de la escolarización en castellano para sus hijos, pero, por primera vez, vincula este derecho subjetivo a su dimensión también como lengua vehicular, además del catalán. A este reconocimiento explícito se debe el revuelo creado por la sentencia del Supremo que el Tribunal Superior de Cataluña ha ordenado ejecutar a la Generalitat en el plazo de dos meses.


Al contrario que en otras comunidades que cuentan con varias líneas escolares en razón de la lengua, Cataluña optó desde el tardofranquismo por una sola para evitar, tras el aluvión de inmigración del resto de España en los años sesenta, que nadie se sintiera discriminado por su lugar de nacimiento. Y el tiempo ha avalado un modelo al que, poco a poco, se fueron sumando todas las fuerzas políticas parlamentarias. El informe PISA y los estudios de los expertos constatan que los alumnos catalanes, al concluir la enseñanza obligatoria, tienen un grado de conocimiento del castellano igual al que tienen los de otras comunidades autónomas monolingües.

El Gobierno catalán ha anunciado un recurso contra el auto, pero, entretanto, deberá cumplirlo en los términos que considere más ajustados a la sentencia del Supremo. Reforzar en alguna medida el castellano en la enseñanza no cuestiona el modelo de inmersión lingüística vigente desde hace 30 años, como tampoco lo hace el Supremo. En determinadas zonas y sectores educativos catalanes ya se hace mediante una aplicación inteligente de la ley. Es lo que el Gobierno catalán debe hacer en cualquiera de los casos.


El País – Editorial

La imprescindible reforma de las autonomías

España tiene pendiente cerrar y racionalizar este sumidero de recursos en el que se ha convertido el Estado autonómico.

Más de 30 años después de recuperar la democracia, el modelo de Estado sigue sin estar cerrado en España. El chantaje de los nacionalistas ha conseguido que el Gobierno central no deje de transferir recursos y competencias a unas autonomías que se han convertido en unos reinos de Taifas que ya gastan y despilfarran mucho más de lo que lo hace el Estado central.

España tiene pendiente cerrar y racionalizar este sumidero de recursos en el que se ha convertido el Estado autonómico. Si en las épocas de prosperidad no tenía ningún sentido que despilfarráramos los recursos –en lugar de devolverlos allí de donde nunca debieron salir: el bolsillo de los ciudadanos–, en tiempos de crisis, cuando carecemos de esos recursos y hay que pedirlos prestados a altísimos tipos de interés, no es que no tenga sentido, es que resulta suicida.

De ahí que haya que celebrar que, según González Pons, una de las primeras reformas que acometerá el PP sea la de las autonomías, buscando eliminar todas aquellas duplicidades, ineficiencias y funciones espurias que ni nos podemos permitir ni convendría que se dieran aun cuando pudiéramos. No olvidemos que, según un estudio de la Fundación UPyD, cada año se dilapidan 26.000 millones de euros en duplicidades e ineficiencias autonómicas: casi un tercio de nuestro déficit público.

Desde luego, los cambios anunciados por Pons no supondrán la solución definitiva que nos permita levantar cabeza en medio de esta grave crisis, pero sin duda son uno de los requisitos esenciales para que este país recupere algo de cordura y sensatez, tanto en el terreno económico como, sobre todo, en el político.


Libertad Digital – Editorial